Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, concordando con los argumentos vertidos por el Fiscal de Cámara, considero que la resolución en crisis se encuentra debidamente fundada en derecho y cumple con los requisitos del art. 116 del CPP, así como también la plataforma fáctica imputada resulta conforme a derecho.
En este sentido, teniendo presente la dirección fáctica y secuencial, a los fines de historizar de manera cronológica el hecho punible, cuando la víctima se encontró con el imputado en el interior de la vivienda de este último, se produjeron los hechos que a la fecha han quedado acreditados con el grado de probabilidad exigido para esta instancia, nótese que la misma al lograr egresar de la vivienda fue vista visiblemente alterada, en estado de shock y angustia, conforme los testimonios aportados en autos y el informe psicológico, por lo que entiendo que el procesamiento debe ser confirmado.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. …
TOMO: CXXV REGISTRO: 001 FOLIO: 001/020
Caleta Olivia, 17 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “JUZGADO S/ INSTRUCCIÓN (A.B)” Expte. Nº 81.449/23, N° de Juzgado de Recursos 8483/26, procedentes del Juzgado de Instrucción N º 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 95/105, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…I.-ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVAde: B. H.
A.,filiado en autos en relación delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE en calidad de autor (ARTÍCULO 119 1° párrafo y 45 del CP)”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular doctor Carlos Enrique Linares y la Sra. Defensora Particular doctora Melina Elizabeth Burgos Aranda, interponen recurso de apelación a fs. 123/126, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 127.
En esta instancia es mantenido a fs. 138 por el Dr. Linares, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que no se dan los elementos prima facie como para procesar por abuso sexual simple a su defendido. Resalta el apelante, luego de repetir los términos de la denuncia de la víctima, que le llama la atención la secuencia en que ocurrieron los supuestos hechos, refiriendo que dice la víctima "B. A. " se abalanzo sobre ella intentando besarla, que cubría su rostro con sus manos pero no dice en ese instante donde tenía las manos B. A., si la tomó de la cintura, los hombros o la cabeza, si la tenía abrazada para que ella no pudiera defenderse de los besos que intentaba darle B. A., en la cara. Continúa la defensa alegando que posteriormente menciona que B. A. “con sus manos tomó sus glúteos”, es decir, con ambas manos “atrayéndome sobre su cuerpo”, es decir que ¿en ese instante, estaban separados?, esgrimiendo que no se entiende bien el relato. Subraya el recurrente que la víctima manifestó que su defendido utilizó su pene para refregarse sobre sus ropas, pero que no recordó si el mismo se encontraba erecto o no, expresando que la denunciante da detalles muy precisos sobre el problema que tuvo con el lavarropas, con la moto, con la ropa, las palabras que pronunció el imputado, pero no recuerda si estaba con una erección, ni menciona si estaba dentro o fuera del pantalón.
Hace hincapié en que la víctima expresó que el imputado le daba besos en la cabeza ya que era alto, entonces se pregunta la defensa como hizo para apoyarle su pene en la vagina, si se agachó o la levantó, considerando los dichos de la señora V. ella se resistía en todo momento, concluyendo que es una falacia.
Luego copia fragmento de la declaración testimonial del testigo R., concluyendo que el mismo no puede precisar fecha ni hora del suceso.
Sigue la defensa copiando un fragmento de la declaración testimonial de la Sra. G. M. M., quien refiere que B. A. la había encerrado, que había cerrado la puerta con llave, remarcando que V. no dijo eso en su declaración y que B. A. por su parte, en su declaración indagatoria aclaró que dejó la puerta entreabierta y que según la denunciante los hechos ocurrieron espontáneamente por lo que no existe un lapso de tiempo en que B. A. haya podido realizar esta maniobra de encierro.
Enfatiza el recurrente que la denunciante jamás dijo que le haya cerrado la puerta con llave, y resalta que la testigo G. M. M. manifestó que los hechos ocurrieron a la mañana y que ellos se encontraban tomando mate como personas normales sentados, dato que la víctima nunca mencionó en su declaración, marcando que ello es una gran contradicción entre ambos testimonios, toda vez que surge de su relato que los hechos ocurrieron espontáneamente, por lo cual entiende la defensa que o la denunciante contó un hecho totalmente diferente al denunciado o la testigo incurrió en falso testimonio por lo cual el mismo no tiene valor probatorio.
Cita jurisprudencia el apelante del tribunal Superior de Justicia de Río Negro, por el cual se determina que la condena resulta arbitraria al otorgar credibilidad a testimonios contradictorios.
Analiza la defensa particular el testimonio de la Sra. G. N. R., expresando que la denunciante en ningún momento le relato el hecho, solo le dijo que B. A. “la había querido acosar”, y al contar eso no estaba nerviosa ni llorando, es decir que no existía ningún síntoma de angustia ni de malestar emocional ni psicológico que evidencie que había pasado por un momento traumático. Se pregunta la defensa, porque se reunió con la Sra. G. N. R., cual fue la intención, así como también, si al día siguiente del hecho en la entrevista con la Sra. G. N. R. no se mostró angustiada cómo es posible que 7 meses después se muestre angustiada con la psicóloga. Sigue la defensa con un cuestionamiento a la pericia psicológica, primero cita los puntos de pericia dispuestos por el Juez de Grado, segundo cita los artículos del Código Procesal Penal que la regulan y finalmente reseña que la perito hace un escueto informe, que se basa en una única entrevista, en la que nada refiere sobre el hecho motivo de instrucción, citando lo que a su entender es la única mención del mismo “el relato de la denunciante es compatible con lo vertido en la denuncia”, no señalando cuales fueron esas cuestiones compatibles que encontró. Realza el apelante que la perito no contesta, si la capacidad de descripción de los hechos vivenciados encuentra limitación de índole psíquica, por condicionamientos de su inteligencia, memoria por estrés post traumático y algo fundamental si se encuentra indicadores en términos de ideación de tipo delirante, no indica si el relato es veraz, si ha sido manipulada o si esta fabulando. En cuanto a la motivación refiere que la profesional dice “No manifiesta otras motivaciones que no sean la de poner un límite a los excesos denunciados en pos de preservarse ella y otras potenciales víctimas”. Con ello, remarca la defensa particular que expresa lo que la denunciante dice y no lo que la profesional puede advertir conforme a su ciencia, por lo que solicita su impugnación.
Pone de relieve el recurrente que la resolución judicial expresa que B. A. no le informo a sus superiores el hecho, resaltando que no está obligado a informar hechos de su vida privada que en ningún modo afecta el cumplimiento de su función pública y además aclara que no lo hizo por no causar una posible ofensa a la Sra. V. con comentarios de esta índole.
Expone la defensa que los medios de prueba aportados por B. A. al momento de prestar declaración indagatoria, en lo referente a un pendrive que contiene conversaciones entre el imputado y la Sra. V., fue desestimado por el Juez de Grado, debido a que resulta cuestionable su autenticidad, entendiendo el apelante que de esta forma se ha vulnerado su derecho de defensa en juicio. Explica que los audios y textos ocurrieron con anterioridad y posterioridad a los hechos denunciados y que por ello son importantes para su defensa, ofreciendo entregar el celular personal del Sr. B. A. a los fines de ser peritado, resaltando que por otro lado confirmó los hechos de la víctima basado en las capturas.
Asimismo, refiere que solicitó un informe ambiental en el departamento donde ocurrieron los hechos, lo que también fue denegado por el Juez de Grado basado en que ello no alcanza para desvirtuar la plataforma fáctica, subrayando que el juez refiere “no alcanzaría” con lo cual enfatiza en que no está seguro de ello, y la defensa insiste en su importancia, solicitando que se realice y además peticionando se confeccione un plano a escala del interior de la vivienda, con fotografías y reconstrucción del hecho conforme lo prescripto por el art. 205 del CPP. Por último, entiende el recurrente que el auto de mérito carece de fundamentación, toda vez que surgen graves contradicciones entre los testimonios, en los que se vislumbra falta de coherencia y vulneración del debido proceso, y que la pericia psicológica en la que se basa carece de formalismo y rigor científico.
III.-Al contestar la vista oportunamente conferida, el Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte,expresa que, conforme surge del planteo esgrimido en relación a la nulidad de la pericia psicológica de fs. 34 y vta., entiende que el dictamen pericial goza de las formalidades de contenido exigidos en el art. 247 del C.P.P. en cuanto a que se describe la metodología, las operaciones técnicas utilizadas, su resultado y los puntos de pericia ordenadas por el juez de instrucción a fs. 21 y vta., las cuales fueron evacuadas en dicho informe pericial y, que no representa perjuicio procesal alguno al ejercicio de derecho de defensa que tuvo el imputado.
Luego, advierte que la defensa estuvo notificada de la realización de la pericia con antelación a fs. 31, de manera tal que pudo proponer perito de parte a los efectos de controlar dicha medida probatoria y proponer puntos de pericias.
En lo que respecta a que el auto de mérito del procesamiento carece de motivación y que resulta arbitrario, considera el Fiscal que el juez instructor dio trámite a la normativa vigente del art. 116 del C.P.P., debido a que ha valorado el hecho intimado con las pruebas incorporadas a la causa, fundamentalmente el testimonio de la víctima incorporado a fs. 26/28, la pericia psicológica de la Lic. Schrager de fs. 34/35 y los testigos de fs. 43/44, 46/47 y 79/80. En este sentido entendemos que el procesamiento ha comprendido tanto lo relativo al tipo objetivo (hecho, resultado, relación de causalidad e imputación objetiva) como al subjetivo (intencionalidad y elementos subjetivos), por lo que se evidencia falta de motivación.
En relación a la plataforma fáctica contenida a fs. 65/68 y vta., entiende el Fiscal que el acto procesal goza de las formalidades de contenido exigidas en el art. 281 del C.P.P., esto es un relato detallado del suceso con las circunstancias de criminalidad, las pruebas incorporadas al proceso y la calificación legal, de manera tal que el imputado pudo defenderse, contestar eficazmente sobre el hecho y ofrecer las pruebas pertinentes, por lo que no se observa perjuicio procesal a los intereses defensistas del imputado.
IV.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
En primer término,con la información agregada en autos, se encuentra acreditado que el día FECHA_2, el encartado en autos B. A. y la denunciante V., se encontraban en el departamento sito en el LUGAR_1 calle DIRECCION_1, de esta Ciudad de Caleta Olivia, lo que no ha sido objeto de discusión.
Así también, y en el mismo orden, se encuentra corroborado que a las 21.00 hs., aproximadamente, ambos coincidieron en el departamento en el que residía el Sr. B. A., en virtud de que este último le iba a hacer el favor de centrifugar la ropa de la Sra. V., y en ocasión de ello se desencadenaron los hechos motivo de instrucción en los presentes actuados.
Hasta aquí, todos los testimonios vertidos en la causa, incluso en la declaración indagatoria recepcionada en autos, resultan coincidentes y no han sido motivo de controversia alguna.
Respecto del cuestionamiento de la defensa en cuanto al testimonio de la víctima, debo advertir que el mismo se mantiene incólume en lo central de su relato, a lo largo de las distintas declaraciones recabadas.
Así relató lo sucedido la víctima al ser citada a prestar declaración testimonial, en Sede Judicial (fs. 26/28), "... Yo le había escrito a . B. A., que trabaja en el Comando de Patrulla, creo que era jefe de personal, trabajaba en la parte administrativa. Él me había dicho que si yo tenía que ir a buscar a mi nene a la escuela, que cuando yo llegara del colegio, ahí le alcanzaba la ropa ... llegue al rededor de las 20.30 hs a mi casa. ... y le lleve mi ropa a B. A. en una bolsa de residuos. Entonces me acerque a su departamento que queda en el mismo predio ... Fui le golpeé la puerta, él abrió la puerta y me recibió bien ... Entonces entre, le digo, le mostré la campera y el pantalón y él colocó la campera y el pantalón en el lavarropas mientras yo me apoyé en la mesada. Me dijo ¿Qué onda vos, en que andás?. Le contesté "no nada", le comenté que había ido a buscar a mi nene al colegio y que al otro día tenía guardia por lo que necesitaba centrifugar mi ropa, dado que solo era centrifugar y no lavar. Y cuando me pregunta esas cosas se dirige directamente hacia mi, me intentó besar y yo atiné a cubrirme el rostro con ambos brazos, diciéndole "no, no, no" cubriéndome el rostro en todo momento. Él es alto. Mientras yo me cubría la cara, él tomó mis glúteos con ambas manos, atrayéndome hacia su cuerpo mientras que con su pene comenzó a refregarse sobre la zona de mi vagina por sobre mis ropas. Mientras hacía esto como era alto me daba besos en la cabeza, en diferentes lugares, como intentando dármelos en la cara pero como yo tenía ambos brazos cubriéndome no pudo hacerlo. Yo enseguida lo empuje con ambas manos y le grité "no, no, no lo hagas". Después de eso él se para normal y me dice "che que onda ¿andas de novia? y le conteste "si estoy con un chico" como para que desistiera de su acción, para que no lo hiciera más. Y cuando le termine de decir eso, él volvió a abalanzarme hacia mi y lo volví a empujar diciéndole "no" entonces yo me molesté mucho y me dirigí hacia la puerta para irme, él me grito "pará, pará" se volvió a abalanzar sobre mí y me intentó sacar la campera que tenía puesta. Entonces lo empujé y le dije ¿en qué momento yo te di la iniciativa para que me hicieras esto?" Y él me decía "No pero pará no te enojes, no te enojes". ...".-
La denunciante aquí, no solo realizó una descripción detallada del hecho, sino que además brindo detalles del domicilio, de la vestimenta y condiciones físicas del imputado e incluso de las sensaciones que tal evento provocaron en la misma.
Hace hincapié la defensa en que la Sra. V. no recordó si el imputado al momento del hecho, presentaba o no su miembro erecto, lo que así manifestó en la audiencia testimonial la Sra. V., en los siguientes términos "...PREGUNTADA: Para que Ud. si pudo percibir si durante el momento en el que él apoyo su miembro viril sobre su vagina, se encontraba erecto. CONTESTA: la verdad no recuerdo, yo solo sentía como refregaba su miembro viril sobre mi vagina, por sobre las ropas. ...", debiendo en este punto resaltar que el delito instruido en autos no exige tal requisito, por lo cual nada obsta a las presentes el dilucidar ese punto, que resulta más un detalle para intentar descalificar el relato de la víctima que vivenció un hecho traumático con un superior jerárquico.
De ello, da cuenta lo manifestado por la Sra. V. en la audiencia testimonial celebrada en Sede Judicial (fs. 26/28) "... Yo quería salir huyendo de ahí, me fui a mi departamento y me largue a llorar desconsoladamente, estaba re asustada, temblaba ..."
Respecto de la angustia experimentada y el agravio sobre este punto de la defensa, cada persona elabora los hechos traumáticos de la forma en que puede y con las herramientas con las que cuenta, y en un gran número de veces condicionadas al tratamiento que puedan realizar. No hay, como pretende la defensa, una reacción lógica e inmediata frente a un hecho traumático y que conmociona a un ser humano. En los autos caratulados:
“INC. DE COPIAS EN AUTOS: T. R. A. Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A. ( RECARATULADO)
” Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Profundizando el planteo relacionado con las formas de entablar una relación, la argumentación realizada por la defensa tiene un error en el razonamiento, desde el punto de vista de las reglas de la lógica, pues adelanta las categorías del análisis del delito, a los momentos previos a que el mismo hubiese tenido principio de ejecución. Las modalidades actuales de vinculación entre personas no pueden trastocarse para decir que la “la supuesta víctima busca a su victimario” descartando de la afirmación encomillada cualquier pretensión de la defensa de utilizar la ironía, pues estas categorías de análisis surgen a partir de la comisión de un delito, no antes.
Cientos de miles de vínculos, en cada momento, en todo el mundo se suceden de estas formas y las relaciones entre personas se inician de innumerables modos, y ese inicio no implica adelanto de consentimiento alguno para la realización de un acto sexual, el que deberá verificarse en el momento previo a su inicio o durante el mismo si se pretende una práctica distinta de la consentida. Tampoco puede establecerse presunción alguna sobre el consentimiento de un acto sexual, por la forma o modalidad en que se inicia el vínculo entre personas, pues quien desea e inicia un vínculo, no implica que por ello, desee o consienta cualquier práctica para conservarlo. Mucho menos aún, pues sería ya un prejuicio de género, que si el mismo es iniciado por una mujer o persona de otra diversidad, la misma, por ese solo hecho, consintió cualquier práctica sexual sobre su cuerpo, más allá que no es el argumento utilizado por la defensa, pero que entiendo debe ser aclarado a todo evento.
Debe existir, de parte de las personas que concurren al acto sexual, conforme nuestro ordenamiento penal, consentimiento para el mismo, y ese es el centro de discusión. Invertir el razonamiento, como señalé, implicaría que la mujer y cualquier persona perteneciente a otra diversidad sexual, no pueda nunca entablar una relación con otra persona pues solo por el hecho de hacerlo, su credibilidad y consentimiento quedaría disminuido, ello es un error claro de la lógica interna del mismo. Reitero las categorías de víctima y victimario o autor las podemos verificar una vez acaecidos los hechos, no antes. Asimismo, lo que se debe analizar a los fines de determinar, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa, no es la forma en que la persona concurre o como se va del lugar, sino, el lapso de tiempo en el cual la víctima se encuentra con sus eventuales agresores y, sobre este centro de valoración, analizar si hubo una situación de sujeción entre ambas partes, pues la diferencia entre una acción atípica y típica, en el caso del delito de abuso sexual, se centra fundamentalmente, superada la edad establecida en el primer párrafo del art. 119 del C.P., en el consentimiento de la persona o su falta de consentimiento libre, lo que la hace víctima.
Es la coyuntura fáctica de la situación particular la que limita el análisis, pero el mismo siempre se ciñe, en este universo de casos, al consentimiento libre de la persona.- Por otra parte, cabe señalar que, frente a hechos graves que conmocionan a una persona, por el fuerte contenido traumático que los mismos implican, no existe un lapso o período de tiempo común para que se pueda “asimilar” o “elaborar”, la afectación y que establezca una media general para que el suceso vivenciado pueda ponerse en palabras y de esa manera llegar, finalmente, a la decisión de iniciar una denuncia. En las páginas 297 y ss. el Dr. ALFREDO H. CÍA en "LA ANSIEDAD Y SUS TRASTORNOS, MANUAL DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO", editorial POLEMOS, primera edición del año 2002, destaca que: "Entendemos por trauma a la presencia de trastornos emocionales de un sujeto, producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastrófica.
Cualquier hecho grave, de carácter amenazante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, el cual se manifiesta en la víctima de distintas maneras, como ser: pesadillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño, entre otros. A lo largo de la historia, los seres humanos se han visto expuestos a acontecimientos terribles: guerras, genocidios, migraciones masivas forzadas, torturas, mutilaciones u otros hechos criminales, catástrofes meteorológicas, topológicas, y tectónicas; eventos traumáticos como: accidentes, violaciones o abuso sexual, actos criminales y otras adversidades. Frente a ellos, muchos individuos han podido, una vez superado el sufrimiento inicial, adaptarse con creatividad y flexibilidad, mientras que otros han quedado afectados por estas situaciones traumáticas, sufriendo las consecuencias biopsicosociales de las mismas, entre las que se encuentran diversas enfermedades.
Esto implica que la vivencia de ciertos traumas constituye una parte indisoluble del ser humano y su devenir, pero que no todos los sujetos que viven estas experiencias desarrollaran luego un Trastorno de Estrés Postraumático. Un 8% en un promedio de la población general, aproximadamente, sufrirá de estrés postraumático a lo largo de la vida (K. y col 1995). Ello demuestra el hecho de que una gran parte de las personas que se han visto enfrentadas a un hecho de carácter traumático han sido capaces de continuar con sus vidas sin ser afectadas crónicamente por los recuerdos y otras perturbaciones consecuentes, mientras que en promedio, el 31 % de las mujeres y el 19% de los hombres expuestos a un trauma sufren de Trastorno de Estrés Postraumático.
Janoff-Bilman (1992) informó que los sucesos traumáticos tienen un impacto determinante en los sentimientos y en los sistemas de creencias de las personas y son capaces de producir una sensación de pérdida en diversas áreas: en la creencia en uno mismo, en la seguridad del mundo, en la confianza hacia los demás y en la propia identidad. En un primer momento, luego de ocurrido el hecho, la mayoría de los afectados muestran sentimientos de ansiedad y preocupación (así como síntomas disociativos).DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: Definición del TEPT, según la CIE-10 (OMS, 1992) y diferentes versiones del DSM (APA) El trastorno de estrés postraumático refiere a la exposición del sujeto a un agente estresante y a las consecuencias posteriores del mismo.
Un agente estresante, según el DSM-III (1980), es un estrés reconocible capaz de provocar síntomas significativos en las personas. Posteriormente, el DSM-III-R (1987) lo definió como un acontecimiento ajeno al marco habitual de las experiencias humanas. El DSM-IV (1994) afirma que son experiencias relacionadas con la muerte, o amenazas a la propia integridad física o la de otros. El sujeto, frente a ellas, responde con temor, desesperanza u horror intenso. La CIE-10 (1992) lo define como una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica que causaría, por sí misma, malestar generalizado en la mayoría de los individuos. En síntesis, se entiende por Trastorno de Estrés Postraumático a una severa reacción patológica, cuyo factor causante es un suceso traumático.
El efecto de éste último se plasma en el interior del organismo, cronificándose y modificando su neurobiopsicología. Debemos señalar, además, que un Trastorno de Estrés Postraumático no se genera sin un acontecimiento traumático, pero el agente estresante por sí mismo no garantiza el desarrollo del cuadro, para que ello ocurra debe existir en el sujeto una vulnerabilidad previa, o factores de riesgo. Finalmente, los síntomas de la enfermedad sin tratamiento y, según su evolución, pueden persistir o resurgir periódicamente. Criterios diagnósticos según el DSM-IV (APA, 1994) Y EL DSM-IV-TR (APA, 2001) para el Trastorno de Estrés Postraumático. (F 43.1 o 309.81) En primer lugar, estableceremos los distintos criterios que el DSM-IV (1994) específica para el diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático.
El DSM-IV (APA, 1994) reúne una serie de pautas a fin de diagnosticar el Trastorno de Estrés Postraumático, las cuales no han sido modificadas por la nueva versión revisada o DSM-IV-TR (APA 2001). Comprobar la presencia del mismo implica conocer, en primer término, las características del evento traumático, ante el cual se vio expuesto el paciente. Este último tiene que haber experimentado o presenciado una situación en donde la integridad física, propia y/o ajena resulten seriamente comprometidas, incluyendo dentro de este marco, la muerte como acto de gravedad relevante. El evento traumático determina, en los sujetos vulnerables, el desarrollo de una compleja trama sintomática, con alteraciones clínicas significativas que generan un deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad cotidiana.
Los síntomas comprenden: 1 la reexperimentación del acontecimiento traumático; 2 la evitación de estímulos asociados al mismo, 3 el incremento de la activación (arousal) en el sujeto." (La negrita es de mi autoría).- Sobre este piso, puede haber personas que ante la dificultad del comienzo de elaboración del suceso traumático, previo a poder decirlo, evidencian síntomas que nunca antes habían registrado en su existencia psíquica. O a la inversa, personas que pueden hablar de ello, y que los síntomas aparecen a un tiempo de su puesta en palabras. Es decir que hablar del hecho traumático, tiene fundamentalmente relación directa con la persona afectada por el mismo, su estructura de personalidad y su historia vital.
Ahora bien, en una segunda etapa de decisión, se encuentra la de dar conocimiento al Estado de lo que le ha sucedido. Tan delicado es este momento de decisión, que puede haber víctimas que no lo denuncien, o que haciéndolo no instan la acción penal. El Legislador le ha dado esa posibilidad de decisión a la víctima, a los fines de reservar su intimidad y la posibilidad de una decisión libre sobre si avanzar o no en una causa penal que la tendrá como eje central del sistema probatorio, siendo, una vez iniciada, considerada un órgano de prueba en el marco del proceso penal."
Así también cuestiona la defensa que la Sra. V. es de baja estatura y B. A. es muy alto, por lo que se pregunta cómo fue posible que B. A. pasara su miembro viril sobre la vagina de la víctima. Frente a ello, se debe remarcar que la Sra. V. hizo un detallado relato de cómo sucedieron los hechos sin obviar la descripción de la estatura, lo que resulta coherente con la mecánica del hecho investigada. No se observan contradicciones en lo sustancial del testimonio brindado por la víctima, es verdad que en el caso de autos existe una única testigo mayor del momento en que se producen los hechos.
Sobre el particular, en los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCIÓN C.D.C.” Expte. Nº 74.920/20, N° de Juzgado de Recursos 7052/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "A diferencia de la Defensa, entiendo que el testimonio de la niña que denuncia el delito a manos de su padre, si bien es creíble, debe además, fundarse en información que, reitero, en la presente causa no se encuentra agregada y que deberá ser motivo de continuidad de la investigación. Sobre este piso de marcha, en los autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte.
Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que:"En relación a la falta de motivación de la autoría y de la participación de B.M.R. en los hechos investigados, planteada por la Defensa Oficial, del análisis efectuado de la sentencia dictada, ello no se advierte pues nos encontramos frente a la investigación de un delito de muy difícil comprobación que en la mayoría de los casos –como ocurre en la presente causa- solo se cuenta con el relato directo de la víctima.Esto lleva a que la prueba que pudo recolectarse deba ser valorada en forma rigurosa y con una visión global de todos los elementos existentes. Este criterio igualmente fue sostenido por diferentes autores que refieren que: “…a la hora de resolver, se debe tener particularmente en cuenta la dificultad probatoria que impera en este tipo de delitos, teniendo en cuenta el ámbito de intimidad en donde suelen ser realizados.
Así es importante observar lo manifestado por nuestro más Alto Tribunal al sostener que 'la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados' (CSJN, V.120, XXX, 'Vera Rojas, Rolando', del 15/5/97). Por lo tanto, considero que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos 'únicos'. Es que ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que ellas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo…”
(Ordoñez Pablo, (2020), Medios de prueba, t. 2. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 220). En este caso, los magistrados de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial tuvieron especialmente en cuenta el relato de las cuatro víctimas -el cual fue obtenido mediante la técnica de Cámara Gesell-, el testimonio de sus respectivos progenitores y los informes psiquiátricos y psicológicos que dan cuenta que los relatos de las niñas contenían criterios de fiabilidad y veracidad. Todos ellos constituyen elementos probatorios concurrentes que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad, autoría y participación en los hechos, por parte de B.M.R.- Ello es así pues de la lectura de la sentencia, en lo que se refiere concretamente al aspecto que se está analizando, se advierte que la misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 382 del Código Procesal Penal de la provincia y que la valoración efectuada por los Magistrados de la prueba producida en el debate para fundar la sentencia fue conforme a las reglas de la sana crítica. Entendiendo esta como “…la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común… por lo que es exigible que las conclusiones a que se arribe en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que aquélla se funde sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otra…” (Daray Roberto R. y Navarro Guillermo Rafael, 'Código Procesal Penal de la Nación', 3 tomos. Argentina: Hammurabi, 2019. Tomo 3, págs. 187/188)." (La negrita es de mi autoría).- Con el rigor exigido por el Cimero Tribunal Provincial, la información aportada por el testigo único debe ser valorada con el resto de la información aportada por los distintos medios probatorios, para determinar los hechos, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. El criterio valorativo impuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implica apartarse de todo dogmatismo y prejuicio al resolver una causa y analizarla conforme la información que la misma posea.".
Nótese que todos los testigos son coincidentes en el hecho que V. le pidió un favor a B. A. referente al lavado o secado de su ropa de trabajo, así también son contestes en que minutos después del hecho ese mismo día la víctima se encontraba llorando, en estado de shock y que les relató lo sucedido en cuanto a lo central del hecho en los mismos términos.
El testigo Sargento de la Policía de Santa Cruz, Sr. R. S. R., al ser citado a Sede Judicial, expresó (fs. 43/44) "... Tengo recuerdos vagos de lo que paso ese día, recuerdo que me llamo, me llama llorando y no le entendí muy bien lo que me dijo pero lo nombró a B. A.. No recuerdo palabras textuales pero fue como diciéndome "el otro me quiso tocar" o "me tocó" algo así, no recuerdo bien. Porque fue por llamado y como ella estaba en llanto no se le entendía bien lo que quería decir ... Ese día me llama ... fui a verla en el domicilio. Ella salió con su nene, la vi que estaba con los ojos llorosos, con los ojos hinchados. ... Después si me comentó algo, no detalladamente pero me comentó , que ella le pidió que como estaba sin lavarropas, le pidió que le lave la ropa. En ese momento eran vecinos, vivían en unos departamentos estaban a metros. ... él se ofreció a ayudarle con el tema de la ropa y ahí es que él aprovechó la situación y se le tiró encima. ...". Sin perjuicio de ello, alude la defensa particular que la Sra. G. M. M. expresa que según ella recuerda, la Sra. V. le habría contado que B. A. la tuvo encerrada en su casa y que estuvieron tomando mate, pero ello no surge de ninguna otra declaración y tampoco fue dicho por la víctima, con lo cual no puede ser objeto de análisis en ese punto, lo dicho en referencia a ello, por lo demás su alocución resulta concordante con los otros testigos. En ese mismo lineamiento continúa el defensor particular expresando que no entiende porque la denunciante llamó a la Sra. G. N. R. y como le contó el hecho a la misma obviando algunos detalles.
La Defensa en este aspecto, allende su teoría del caso, minimiza la afectación a la integridad psicofísica que implica una agresión sexual. No puede relatarse como un suceso de carácter informativo, pues reeditar el suceso traumático implica dolor psicológico y revictimización, razón por la cual, corresponde rechazar dicho agravio. Respecto del agravio esbozado por el apelante que solicita la impugnación del informe psicológico, debo decir en primer lugar, que la defensa se encontraba notificada de dicho acto pericial con la antelación exigida por ley conforme surge de las constancias de fs. 32 vta., y del resultado de la misma según fs. 36 vta., no recibiendo dicho acto procesal cuestionamiento alguno por parte del recurrente.
Sin perjuicio de ello, respecto del agravio defensista que la perito Licenciada en Psicología no respondió los puntos de pericia propuestos desde la instrucción, entiendo que ello no es procedente, toda vez que si se evacuó lo solicitado, allende la posición contraria de la defensa sobre el mismo.
Nótese que del informe pericial surge, que a los interrogantes vertidos en la instrucción a fs. 21 in fine y vta., responde, al N° 1, Informe si se observan en la evaluada secuelas emocionales, cognitivas y/o efectos postraumáticos que pudieran ser compatibles con el hecho investigado "... El relato de los hechos la expone visiblemente angustiada y son compatibles con los vertidos en la denuncia. ..."; al N° 2 Describa si la capacidad de descripción de los hechos vivenciados encuentran limitaciones de índole psíquicos, por condicionamientos de su inteligencia, memoria por estrés post traumático, etc., "... Daiana no expone limitaciones en su capacidad para describir los hechos, ..."; al N° 3 Si se advierten indicadores de fabulación en términos de ideación de tipo delirante "... tampoco alteraciones en la ideación compatibles con proceso delirante... "; al N° 4 Si se pueden advertir en el relato otras motivaciones que lo condicionen "... No manifiesta otras motivaciones que no sean la de poner un límite a los excesos denunciados en pos de preservarse ella y a otras potenciales víctimas…”. Amén de ello, realiza la Licenciada en Psicología Vanesa Schrager un informe de la entrevista que se encuentra agregado a fs. 34, por lo que se evita su reproducción en la presente.
En lo que hace al agravio respecto de la prueba que aún no se ha realizado, formulado por la Defensa, cabe señalar que nos encontramos en plena etapa de instrucción, por lo que no existe óbice para que el a quo realice la prueba que peticiona la Defensa, de considerarla útil y pertinente.
En este sentido, tanto las citas realizadas por el propio imputado como la prueba ofrecida por la defensa, deben ser analizadas antes de su ordenamiento. Así lo he resuelto en los autos caratulados: “F. J. Y OTROS S/ AMENAZAS CALIFICADAS” EXPTE. Nº 33695/22-F, N° DE RECURSOS 6649/22, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Como primer parámetro se analizará el planteo de nulidad efectuado por la defensa técnica. Al respecto, debo agregar que en los autos caratulados: “DIV. CRIA. QUINTA S/ Investiga ” Expte. Nº 31952/22, N° de Recursos 7035/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Estudiadas las actuaciones, corresponde en primer término dar tratamiento al planteo de nulidad formulado por la defensa.
En esa tarea, previo a todo, cabe recordar lo que sostuve en los autos “DIV. CRIA. 3ERA. S/Inv. Robo Calif. ” Expte. Nº 31194/22, N° de Recursos 6694/22, en los que me expresé de la siguiente manera: “Liminarmente débese sentar que la instrucción resulta ser competencia del Sr. Juez de Instrucción. Las citas realizadas en las declaraciones indagatorias están alcanzadas por los artículos 282 y 287 del CPP. El primero de ellos establece en su parte pertinente que: "Si el imputado no se opusiere a declarar, el Juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas" (el subrayado me pertenece). Por su parte la segunda norma establece que: "El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado" (el subrayado me pertenece).
Estas dos normas deben interpretarse con la facultad-deber establecida en el artículo 190 del CPP. De todo ello surge que las citas sobre hechos o pruebas, cuando fueran pertinentes y relevantes, deberán ser evacuadas teniendo la misma lógica que cualquier medida probatoria requerida por la defensa en cualquier estado del proceso penal. Las coartadas esgrimidas por ambos coimputados fueron imprecisas, y si bien esta claro que los mismos buscaron establecer la imposibilidad de estar en el lugar y momento de los hechos que les fueron imputados, o al menos arrojar dudas, lo cierto es que la información que aportaron fue, al menos escasa, siendo valorados sus dichos por el A quo de manera crítica y racional.
Sin perjuicio de ello, entiendo que el Sr. Juez de Instrucción deberá ordenar la intervención de la DDI. a los fines que realice las tareas investigativas para poder dar con las personas nombradas por los imputados en sus declaraciones, lo que así recomiendo. Pero y si bien están claras las competencias judiciales, la defensa, sea pública o privada, no debe perder de vista que además de realizar la defensa técnica de su asistido, tiene el deber de realizar una defensa efectiva del mismo. Es quien puede y debe tener una relación directa con el imputado por lo que, allende la facultad-deber del Estado de investigar y probar los hechos a través de la acusación pública, la defensa debe realizar todos y cada uno de los actos a su alcance para concretar una correcta defensa de su cliente.
En autos puede, además de la investigación que deberá realizar el Sr. Juez, aportar los datos que sus defendidos o allegados puedan brindar sobre el domicilio de los testigos que conforman prueba de descargo. (Argumento Art. 106 del CPP., Art. 18 de la C.N. y Causa "Núñez" CSJN. Fallos: 327-5095 del 16-11-2004) Bajo estas pautas hermenéuticas, he de decir que el planteo de nulidad de la resolución impugnada formulado por la defensa debe ser rechazado. En efecto, en el caso concreto alega el letrado una afectación al derecho de defensa en juicio por la negativa u omisión del A quo de evacuar las citas del imputado, en función de lo dispuesto por el art. 287 del C.P.P. Aún cuando, reitero, en el caso específico pueda asistir razón a la defensa en cuanto a que alguna prueba denegada no resulta razonable, pues hace a su teoría del caso esgrimida en el ejercicio legítimo de la garantía de defensa en juicio, la solución para estos casos no es la sanción de nulidad, sino la revisión a través de los mecanismos procesales pertinentes, cuando ello cause un gravamen irreparable.
(Conforme Libro IV del CPP.) En el supuesto bajo análisis, además, declarar la nulidad del auto impugnado implicaría una declaración de nulidad por la nulidad misma, en el solo interés de la ley, lo que contraría los principios de conservación y trascendencia que rigen en la materia. Es preciso recordar, en éste orden de ideas, lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que “aún la nulidad declarable de oficio está sometida al principio del interés legítimo en su declaración, porque sin un perjuicio concreto para alguna de las partes, sin consideración a sus efectos en la causa, importaría un manifiesto interés ritual incompatible con un buen servicio de justicia.” El cimero Tribunal Federal consideró que: “la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del cumplimiento formal de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 291:961. 298:312; 311:237).
Así lo entiendo pues una declaración de nulidad del auto impugnado retrotaería el proceso al auto de procesamiento con prisión preventiva de fs. 273/297, confirmado por en esta instancia a fs. 343/357. Es decir, la situación del imputado no se modificaría, ningún beneficio traería al encartado esa declaración, más que la producción de la prueba pretendida, la que puede de todos modos llevarse a cabo, sin necesidad de la declaración de nulidad pretendida. Ello, por cuanto, reitero, en el caso analizado, es posible la reparación del perjuicio por otra vía distinta a la declaración de nulidad... Sin perjuicio de ello, entiendo que le asiste razón a la Defensa cuando plantea la necesidad y solicita se ordene la producción de un careo entre los testigos S.
A. S. y M. C., medida de prueba denegada, la que resulta pertinente y relevante, pues existe discrepancias sobre los hechos y circunstancias importantes en sus declaraciones, ello tanto para el cumplimiento de los fines de la Instrucción (art. 185 inciso 1° del CPP.), como para la teoría del caso expuesta clara y francamente por la defensa. A fs. 559 el Defensor Particular Dr. Heraldo Nanni solicita se fije día y hora a efectos de llevar adelante un careo entre los testigos S. A. S. y M. C.. Señala la contradicción entre ambos testimonios en estos términos: “En efecto, la Sra. S. A. S. declaró que cuando ocurrió el hecho de autos, estaba dentro de la vivienda con el Sr. M. C. y una beba y que solo escucharon los disparos y se metieron dentro de una habitación de la vivienda.
El Sr. M. C. declaró que él pudo visualizar fuera de la vivienda cuando arribó el vehículo Peugeot, las maniobras efectuadas y que pudo visualizar a mi defendido disparando un arma de fuego”. A fs. 560 el Sr. Juez decide, previo a resolver sobre el careo, se fije audiencia a fin de que comparezca la testigo S. A. S. a ampliar su declaración, la que se lleva a cabo a fs. 565 y vta. A fs. 583 el letrado defensor insiste en la necesidad de producción del careo por mantenerse las contradicciones, que vuelve a señalar, todo ello mediante escrito de fecha **/**/2023. Ante la falta de respuesta a fs. 584, el **/**/2023, solicita la ampliación de indagatoria de su asistido, reiterando la petición de que se fije día y hora para la producción de un careo entre los testigos S.
A. S. y M. C., volviendo a señalar las contradicciones entre ambos testimonios. Peticiona en subsidio, se cite a prestar nueva declaración testimonial a M. C.. A fs. 585 el A quo da respuesta a la solicitud de careo efectuada por la defensa particular, denegando el pedido señalando que “si bien la contradicción resulta evidente, no puede soslayarse, que la contradicción en sí misma no se constituye en un fundamento serio que permita dotar de utilidad a la probanza que peticiona la Defensa”. Asimismo, entiende el Sr. Juez de Instrucción que los cuestionamientos acerca de la credibilidad del testigo fueron zanjados por la resolución de este Juez de Recursos a cuyos argumentos remite. Luego refiere que en tanto la testigo S.
A. C. no se constituye en testigo presencial, dado que no ha presenciado en forma directa el acontecer del hecho endilgado en autos a L. S.; por lo que corresponde analizar la calidad de la información que proporcionó en autos. En función de ello, efectúa un análisis de sus dichos bajo los criterios de coherencia, verosimilitud y contextualización; y expone que no existe otro testigo de referencia ni datos objetivos que corroboren los dichos de S. A. S..
Por ello decide no hacer lugar a la medida probatoria de careo peticionada por la defensa por resultar inútil, en los términos del art. 190 del C.P.P. Ello así y como adelante al inicio del tratamiento de la presente cuestión, considero que, en primer lugar, el mismo magistrado ha admitido la existencia de una contradicción o discrepancia entre ambos testimonios, allende quitarle relevancia, la que a mi juicio surge palmaria. M. C. es uno de los dos únicos testigos que identificaron al imputado portando un arma de fuego y efectuando disparos en dirección al vehículo Peugeot en el que se trasladaba la familia P.. Es un testimonio importante, que como bien lo expresa el A quo se condice con lo relatado por la otra testigo presencial V.
N. en cuanto a la autoría de L. S.. Ahora bien, la testigo S. A. S. (fs.565 y vta.), manifiesta que ella se encontraba dentro de la casa Nro. 63 junto a M. C. cuando escucharon los disparos, que en ese momento estaban arreglando una cocina. En esto existe coincidencia con lo relatado por M. C. (fs. 245/246), pues él también admite haber estado arreglando una cocina cuando escuchó los disparos. Sin embargo, M. C. afirma haber visto a la persona que disparó identificándola como L. S., y S. A. S. niega que ella o M. C. hayan visto algo, textualmente dice: “No, estábamos concentrados con la cocina, ni él ni yo vimos. Además en el lugar que estábamos hay una pared donde estábamos sacando la cocina que tapaba todo” (fs.433 vta.); y “Cuando pasó eso, cuando escuchamos los disparos, a lo lejos, con Mauricio Corzo estábamos sacando la cocina.
Y bueno, cuando escuchamos los impactos agarramos y nos fuimos a la pieza y ya cuando no escuchamos nada nos fuimos en la camioneta, por el susto, estábamos con la bebé” (fs. 465 y vta.) Considero que la discrepancia apuntada por la defensa es importante y debe ser desentrañada y aclarada, para lo cual la medida peticionada resulta pertinente y útil, a los fines que ambos testigos puedan indicar el lugar concreto en el que se hallaban en el momento en el que escuchan los disparos, visibilidad hacia el exterior desde dicho lugar, y concretamente cómo fue que M. C. observó la escena. Denegarle esa posibilidad a la defensa en especial y a la Instrucción como parte del juicio previo constitucional, en general, constituye una afectación a la garantía de la defensa en juicio y al debido proceso adjetivo y sustantivo, quitándole la posibilidad de realizar prueba que hace a su teoría del caso y a su descargo e impacta sobre el fin de la averiguación de la verdad, lo que debe ser subsanado.
Como ya expresé anteriormente, en la resolución citada supra, el art. 190 del C.P.P. brinda al Juez una facultad discrecional pero no arbitraria, de acoger o denegar medidas de prueba, por lo que la decisión de rechazo, por lo que implica para el debido proceso adjetivo y sustantivo y para la garantía de defensa en juicio, cuando la misma es peticionada por el imputado, debe estar fundada en la falta de pertinencia y utilidad para la causa, como así en cuestiones de legalidad expresa, cuando la medida propuesta atenta contra el orden jurídico. De lo contrario y aún en caso de duda sobre su procedencia, a los fines de garantizar la legalidad estricta del proceso, se debe estar a su producción.
Ello así, pues el análisis de pertinencia hace a su condición de procedencia objetiva, y consiste en establecer si la medida tiene un vínculo directo, indirecto, accesorio, etc. con el objeto procesal integrado por la imputación, la posición de la Fiscalía y la teoría del caso de la Defensa. Si existe dudas, reitero, a los fines de asegurar el derecho constitucional a un juicio previo en legal forma, corresponde ordenar su producción. Respecto de la utilidad, ésta constituye una decisión sobre la probabilidad del aporte que pueda brindar el resultado de la medida peticionada, y aquí también se impone la misma lógica en caso de duda, la diligencia probatoria debe sustanciarse allende el resultado que en definitiva aporte para la averiguación de la verdad.
(Art. 185 inc. 1° del CPP.) La valoración de la prueba conglobada, es decir de la información que los distintos medios de prueba sustanciados aporta a la causa para averiguar la verdad, es un juicio posterior a su producción y que impacta en la decisión de mérito que debe tomar el Juez. Ello es distinto al planteo y decisión de pertinencia y utilidad de la medida probatoria. Como señalé, la decisión de su procedencia debe ser analizada de forma particular, teniendo en cuenta que son dos razonamientos diferentes, uno es el juicio de admisibilidad de una prueba (pertinencia y utilidad) y otro es valorar la información que toda la prueba aportó a la causa para fundar una decisión. Sobre la pertinencia de la prueba ha sostenido la doctrina: “La discusión sobre la pertinencia de la prueba es delicada, ya que los grises que se encontrarán en las decisiones serán mayores.
En tanto podría pensarse en una regla no escrita que diga que “ante la duda en la legalidad de la obtención de la prueba, esta debe excluirse por el riesgo de vulneración de derechos del acusado”, en términos de pertinencia la situación se invierte: si existe sólo una duda sobre la pertinencia o no de la prueba, es preferible que la misma sea admitida y que sean los jueces de juicio quienes realicen la correspondiente valoración…. Por ello, decidiendo caso a caso, deberán recordar siempre que en términos de pertinencia, será impertinente aquella prueba que no permita ningún tipo de avance de la teoría del caso sostenida por la parte que la propone; pero deberán considerar también que es preferible tener en este ámbito de discusión una tolerancia mayor con la prueba autorizada a juicio” (MANUAL DE LITIGACIÓN, Dra.
Leticia Lorenzo, Ediciones Didot, año 2012 página 158, el subrayado me pertenece.)...".- De esta manera, entiendo que el Juez de grado ha dispuesto la producción de las pruebas que estimó correspondientes a los fines útiles del curso de la investigación que fue llevando a cabo, allende que en el transcurso de tal proceso pueda disponer que se llame a declarar a los testigos ofrecidos por el imputado, siempre que lo estime útiles y pertinentes. Sin perjuicio de ello, entiendo que los testigos propuestos por la defensa, en términos generales, y en este caso en particular, deben ser oídos a los fines de garantizar el debido proceso adjetivo y sustantivo.- El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidimensional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva".
(Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) La competencia atribuida al Sr. Juez de Instrucción en el art. 190 del CPP. debe ser ejercida de modo razonable, siendo el rechazo una medida que debe acreditarse con las constancias de la causa y no de manera infundada. Ello así, pues el análisis de pertinencia y de utilidad, no solo puede tener la visión del Juzgador como tercero imparcial, sino que debe abarcar la posición de la parte que la ofrece y solicita y la teoría del caso de la misma, para poder en definitiva resolver dando el curso correspondiente. Pero y a todo evento, tal y como señale en la cita realizada, cuando surgen dudas sobre el juicio de utilidad y pertinencia, debe estarse siempre a la realización de la misma, como forma de garantizar el debido proceso legal y constitucional convencional, sin emitir juicios de probabilidad sobre su posible resultado.
Por ello, entiendo que, devueltos que fueran los presentes autos, deberá sustanciarse la prueba requerida por la defensa, sin que ello implique sanción de nulidad alguna pues no existe un acto irregular. Lo que está en juego es la dirección estratégica y razonable de la instrucción... En tal sentido, conforme lo agregado precedentemente, no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad argumentado por la defensa pues, tal cuestión, no constituye una afectación a las garantías constitucionales del imputado y no existe acto irregular alguno, recomendándose, como se señaló, la sustanciación de la prueba testimonial ofrecida por la defensa.".
Es central la garantía de defensa en juicio en el ordenamiento constitucional-convencional, que establece los fundamentos del proceso penal. Así lo entendí cuando resolví el derecho al recurso contra medidas probatorias rechazadas por los Jueces de Instrucción.
En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 2° S/INV. ROBO CALIF.” Expte. Nº 29666/21, N° de Juzgado de Recursos 7450/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.B.-Por último, se agravia la defensa en cuanto a que la prueba ofrecida por su parte en el acto de recepcionársele declaración indagatoria al imputado, ha sido denegada por el Juez de grado. En este sentido, la petición de prueba que pudiera formular cualquiera de las partes, encuentra un límite establecido en el artículo 190 del CPP, que es la valoración del Juez en cuanto a su pertinencia y utilidad a la causa, señalando la parte final del artículo que "...su decisión será irrecurrible." Cabe señalar que, si bien la manda legal es clara, lo cierto es que el Código Procesal Penal de la Provincia, es un sistema y como tal, debe ser interpretado de manera razonable con el resto de las normas que se contemplan en su articulado, sumado a que dicha hermenéutica debe estar guiada por el Derecho Constitucional- Convencional.
En este sentido, la norma señalada debe interpretarse conjuntamente con el artículo 432 "in fine" del CPP. que establece la posibilidad de apelar cualquier decisión jurisdiccional "...que causen un gravamen irreparable". En esta base, entonces, si la medida probatoria denegada por el Juez, no se funda ni se deduce de manera razonable, en los criterios de pertinencia y utilidad de la prueba, o en la finalidad de la investigación (art. 185 del CPP.), o afecta directamente, el rechazo, la teoría del caso de alguna de las partes, o su negativa puede traer aparejada un gravamen irreparable a la parte peticionante, la afectada podrá interponer recurso de apelación. De lo contrario, interpretar de manera aislada y absoluta dicha norma, implicaría dejar sin virtualidad la garantía y el derecho al recurso que establece y se infiere del art. 432 del CPP. citado y de la normativa constitucionalconvencional que regula el derecho a la doble instancia, que no es otra cosa que asegurar la posibilidad de revisión de las decisiones jurisdiccionales.
La dogmática procesal penal al comentar el artículo 199 del CPPN. de idéntica redacción al art. 190 del CPPProv. ha establecido que: "Sin embargo, más allá de lo usualmente sostenido por una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, esta facultad no es absoluta, reconoce límites y puede ser discutida por vía de apelación. Algunos de ellos están expresamente contemplados en la ley como lo es el caso del artículo 304 que impone la evacuación de todas las citas que haya efectuado el imputado al momento de prestar declaración indagatoria, obligación ésta que, a su vez, también ha sido relativizada por la jurisprudencia. Otra de las limitaciones que se ha impuesto también de manera pretoriana es la recurribilidad de la denegatoria de realización de pruebas sugeridas en ocasión de cumplirse con la vista contemplada en el artículo 346, considerándose que en ese momento procesal no sería de aplicación lo preceptuado por el art. 199.
No obstante aquel carácter escasamente contradictorio de la instrucción y más allá de lo asentado en los párrafos precedentes, resulta correcto fijar como pauta rectora para medir la recurribilidad, la naturaleza del acto cuya producción se deniega. Desde tal perspectiva, parece correcto sostener que si el acto solicitado por las partes es de naturaleza definitiva e irreproducible, o si enriquece necesariamente la pesquisa, y hace a los fines básicos de la instrucción, conforme las previsiones del artículo 193, se impone la discusión sobre la pertinencia y utilidad por vía de apelación. En ese caso podría existir un gravamen de imposible reparación ulterior que haría prevalecer en la especie las disposiciones del art. 499 por sobre las de la norma comentada.
En ese sentido resulta esclarecedor afirmar que: "El tópico debe ser analizado a la luz del principio de contradicción. Su vigencia -reclamada por la garantía constitucional alojada en el art. 19 de la C.N.- admite postergación pero no eliminación. De manera que cuando se colisione, en forma manifiesta, con alguna garantía constitucional, pareciera carecer de sentido posponer el análisis hasta el momento del procedimiento intermedio o sólo llevar la discusión a juicio". (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO II, LA LEY, Págs. 123/124) En cuanto a las citas del imputado en su declaración indagatoria y el alcance del artículo 287 del CPP., tuve oportunidad de expedirme y precisé el alcance de las mismas y los conceptos de pertinencia y utilidad de la prueba.
En los autos caratulados: “DIV. CRIA. QUINTA S/ Investiga” Expte. Nº 31952/22, N° de Juzgado de Recursos 7035/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que:
"Estudiadas las actuaciones, corresponde en primer término dar tratamiento al planteo de nulidad formulado por la defensa. En esa tarea, previo a todo, cabe recordar lo que sostuve en los autos “DIV. CRIA. 3ERA. S/Inv. Robo Calif. ” Expte. Nº 31194/22, N° de Recursos 6694/22, en los que me expresé de la siguiente manera: “Liminarmente débese sentar que la instrucción resulta ser competencia del Sr. Juez de Instrucción. Las citas realizadas en las declaraciones indagatorias están alcanzadas por los artículos 282 y 287 del CPP. El primero de ellos establece en su parte pertinente que: "Si el imputado no se opusiere a declarar, el Juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas" (el subrayado me pertenece).
Por su parte la segunda norma establece que: "El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado" (el subrayado me pertenece). Estas dos normas deben interpretarse con la facultad-deber establecida en el artículo 190 del CPP. De todo ello surge que las citas sobre hechos o pruebas, cuando fueran pertinentes y relevantes, deberán ser evacuadas teniendo la misma lógica que cualquier medida probatoria requerida por la defensa en cualquier estado del proceso penal. Las coartadas esgrimidas por ambos coimputados fueron imprecisas, y si bien esta claro que los mismos buscaron establecer la imposibilidad de estar en el lugar y momento de los hechos que les fueron imputados, o al menos arrojar dudas, lo cierto es que la información que aportaron fue, al menos escasa, siendo valorados sus dichos por el A quo de manera crítica y racional.
Sin perjuicio de ello, entiendo que el Sr. Juez de Instrucción deberá ordenar la intervención de la DDI. a los fines que realice las tareas investigativas para poder dar con las personas nombradas por los imputados en sus declaraciones, lo que así recomiendo. Pero y si bien están claras las competencias judiciales, la defensa, sea pública o privada, no debe perder de vista que además de realizar la defensa técnica de su asistido, tiene el deber de realizar una defensa efectiva del mismo. Es quien puede y debe tener una relación directa con el imputado por lo que, allende la facultad-deber del Estado de investigar y probar los hechos a través de la acusación pública, la defensa debe realizar todos y cada uno de los actos a su alcance para concretar una correcta defensa de su cliente.
En autos puede, además de la investigación que deberá realizar el Sr. Juez, aportar los datos que sus defendidos o allegados puedan brindar sobre el domicilio de los testigos que conforman prueba de descargo. (Argumento Art. 106 del CPP., Art. 18 de la C.N. y Causa "Núñez" CSJN. Fallos: 327-5095 del 16-11-2004) Bajo estas pautas hermenéuticas, he de decir que el planteo de nulidad de la resolución impugnada formulado por la defensa debe ser rechazado. En efecto, en el caso concreto alega el letrado una afectación al derecho de defensa en juicio por la negativa u omisión del A quo de evacuar las citas del imputado, en función de lo dispuesto por el art. 287 del C.P.P. Aún cuando, reitero, en el caso específico pueda asistir razón a la defensa en cuanto a que alguna prueba denegada no resulta razonable, pues hace a su teoría del caso esgrimida en el ejercicio legítimo de la garantía de defensa en juicio, la solución para estos casos no es la sanción de nulidad, sino la revisión a través de los mecanismos procesales pertinentes, cuando ello cause un gravamen irreparable.
(Conforme Libro IV del CPP.) ...
Sobre la pertinencia de la prueba ha sostenido la doctrina: “La discusión sobre la pertinencia de la prueba es delicada, ya que los grises que se encontrarán en las decisiones serán mayores. En tanto podría pensarse en una regla no escrita que diga que “ante la duda en la legalidad de la obtención de la prueba, esta debe excluirse por el riesgo de vulneración de derechos del acusado”, en términos de pertinencia la situación se invierte: si existe sólo una duda sobre la pertinencia o no de la prueba, es preferible que la misma sea admitida y que sean los jueces de juicio quienes realicen la correspondiente valoración…. Por ello, decidiendo caso a caso, deberán recordar siempre que en términos de pertinencia, será impertinente aquella prueba que no permita ningún tipo de avance de la teoría del caso sostenida por la parte que la propone; pero deberán considerar también que es preferible tener en este ámbito de discusión una tolerancia mayor con la prueba autorizada a juicio” (MANUAL DE LITIGACIÓN, Dra. Leticia Lorenzo, Ediciones Didot, año 2012 página 158, el subrayado me pertenece.)...".- Sintetizando, las pautas rectoras explicitadas para habilitar la instancia recursiva en materia probatoria, no hacen otra cosa que asegurar el derecho al recurso que se entronca con las garantías del debido proceso adjetivo y sustantivo. Estas ideas las he desarrollado en distintas causas, abarcando la posibilidad de recurrir, a las partes del proceso, los autos de mérito, las denegatorias de suspensión de juicio a prueba, las resoluciones de archivo, por lo que transcribo las motivaciones para asegurar el derecho constitucionalconvencional al recurso. En los autos caratulados:
"VARAS VALERIA SUSANA S/DENUNCIA AMENAZAS E INFRACCIÓN ART 119 DEL CPA"
Expte. Nº 77.775/22, N° de Juzgado de Recursos 7352/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que:"..." Por todo lo expresado, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios de la Defensa, los que hacen, en especial, foco en el rechazo de las medidas probatorias requeridas."
Sin perjuicio de ello y a los fines de evacuar los requerimientos de la defensa particular, entiendo que nada obsta a la realización tanto del informe socio económico ambiental en el domicilio en que ocurrió el hecho, como así también el plano del predio y domicilio sin que ello implique una demora irreversible en las actuaciones.
Sin embargo, el pedido de reconstrucción del hecho es manifiestamente improcedente además de estar infundado. La teoría del caso de la Defensa, se basa en que existiría una imposibilidad física por la diferencia de estatura, en la conducta imputada, pero ello debe inferirse, ya que reitero, el mismo no tiene argumento alguno.
Lo primero en señalar es que en un acto de abuso sexual la reconstrucción del hecho con la participación de la víctima sería una vulneración directa del más básico derecho humano a la integridad psicofísica personal de ella y ya por ello improcedente por iatrogénico. En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE O. N. G. EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte. Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Asimismo, y atento a lo señalado por la defensa respecto al grado de adicción a sustancias prohibidas que tiene su pupilo, por imperio del primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.) que establece que la persona humana es el centro de todo el orden jurídico al consignar que: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la Familia humana”, a lo que se agrega lo expresado por el Dr. GERMÁN J. BIDART CAMPOS en la obra: “NOCIONES CONSTITUCIONALES. LAS INTERACCIONES IUSNATURALISTAS DE LA CONSTITUCIÓN”, editorial EDIAR, pág. 105, que expresó: ”…que es así porque siempre hay que priorizar a la persona como centro y fin del ordenamiento jurídico, y tal centralidad y primacía de la persona, viene aliada a la libertad y a los derechos”.
Descartada por manifiestamente improcedente la medida y por violentar, además la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (CEDAW)
aprobada por ley 23.179 e incorporada en nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22 con rango constitucional que establece en su artículo 1º: “A los efectos de la presente convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”, y en su artículo 2º dispone: Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto se comprometen a:…c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación…”, la medida probatoria requerida, tampoco es pertinente y útil, fundada solo en la diferente contextura física, reitero lo que se puede inferir ya que no emitió la defensa, juicio alguno para pedir la medida y fundar su pertinencia e utilidad.
En este sentido, de no mediar algún dato que permita entender que existe una imposibilidad física concreta por parte del imputado, la medida pedida es dilatoria e infundada, además de vulnerar, como dije, los más elementales derechos de la víctima, y carente de cualquier perspectiva, no solo de género, sino y además, victimológica. Pero y yendo más allá, para el hipotético caso de que existiera alguna motivación, tampoco la reconstrucción del hecho es el medio idóneo.
En ese hipotético caso, un estudio médicomorfológico a través del cuerpo médico forense y biomecánico a través de un experto en criminalística, serían los adecuados.
No se advierte en el pedido realizado por la defensa, otra finalidad que no sea la revictimización de quien ya fue víctima del hecho punible investigado en autos, por lo que corresponde su rechazo.
En este caso, con buen tino como lo ha realizado el a quo, deben aplicarse las máximas de la experiencia para establecer si el hecho imputado pudo ser cometido tal y como le fuera enrostrado al acusado. En los autos caratulados: “P. G. M./ ROBO CALIFICADO”, Expte. Nº 41717/25-F, N° de Juzgado de Recursos 8047/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: “Respecto de los agravios a la hora de analizar y valorar la información para la reconstrucción histórica de un hecho punible, en los autos caratulados: “O. J. S. S/ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr.
O. (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8… Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. P. A. V., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo…” En este orden, la reconstrucción material de una conducta o hecho punible, puede centrarse en la evidencia que establece la modalidad de manera previa al hecho, o durante su desarrollo o a partir de su consumación y/o agotamiento. Esta evidencia, puede establecer la inferencia necesaria para confirmar en un caso, una modalidad de acción y conducta histórica que configura un hecho punible. Asimismo, y tal como señaló la Corte suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal”, el método histórico es el que mejor se ajusta a la reconstrucción de un hecho.
En autos “N. X. B. S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, sostuve que: "...Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación. En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién.
Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...". (CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) ... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez.
Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco Wilhelm Bauer (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos.
Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor. La heurística procesal penal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas.
La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente.
Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia." No siempre existe evidencia directa de todo el iter críminis, pero el mismo se infiere de la evidencia y resultados que toda conducta tiene y deja a lo largo de su desarrollo, no siendo posible, en muchos casos, contar con un testigo presencial de los mismos, por ello adquiere siempre relevancia y trascendencia los dichos de una víctima que ha sufrido el accionar delictivo. Entonces, la materialidad histórica de un hecho se demuestra con la reconstrucción histórica de la conducta, a partir de todo tipo de rastro de evidencia (física, digital, etc.) de los aportes de víctimas y testigos, como así de todo proceso pericial y medidas en general que tiendan a aportar información para su acreditación.
Y su valoración debe ser mediante las reglas de la sana crítica racional y las máximas de la experiencia, y las explicaciones y coartadas que integran una teoría del caso, no pueden prescindir de ellas, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de supremacía de la realidad. En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto".
Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional.
Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".
Conforme surge de lo expuesto, la conclusión sobre la información incorporada en este legajo que realiza el A quo, es una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.”
Por último, teniendo presente lo expuesto respecto de que el imputado no informó debidamente lo sucedido a sus superiores, tal situación se analizó en el marco de la declaración indagatoria del imputado, quien a través de su abogado defensor expresó que la Sra. V. denunció por miedo a que B. A. la expusiera con sus superiores y que él lo informó cuando su Jefe lo notificó de la prohibición de acceso y acercamiento.
Por todo lo expuesto, concordando con los argumentos vertidos por el Fiscal de Cámara, considero que la resolución en crisis se encuentra debidamente fundada en derecho y cumple con los requisitos del art. 116 del CPP, así como también la plataforma fáctica imputada resulta conforme a derecho.
En este sentido, teniendo presente la dirección fáctica y secuencial, a los fines de historizar de manera cronológica el hecho punible, cuando la víctima se encontró con el imputado en el interior de la vivienda de este último, se produjeron los hechos que a la fecha han quedado acreditados con el grado de probabilidad exigido para esta instancia, nótese que la misma al lograr egresar de la vivienda fue vista visiblemente alterada, en estado de shock y angustia, conforme los testimonios aportados en autos y el informe psicológico, por lo que entiendo que el procesamiento debe ser confirmado.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el resolutorio obrante a fs. 95/105, en todo cuanto fuera materia de recurso.-
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia