Abriendo la norma
TOMO: XXIII REGISTRO: 005 FOLIO: 047/060
Caleta Olivia, 29 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” Expte. Nº 66984/18, N° de Juzgado de Recursos 8580/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 350/363, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…I.-ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de:
SEBASTIAN ALEJANDRO BENITEZ, filiado en autos en relación delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE, AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN CALIDAD DE AUTOR EN PERJUICIO DE M.M.C., BAJO LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO; EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN CALIDAD DE AUTOR EN PERJUICIO DE M.M.C. EN GRADO DE TENTATIVA (Art. 119 primer párrafo y cuarto párrafo inc. f; 119 tercer párrafo y cuarto párrafo inc. f.; 55, 42 y 45 del C.P.)”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Público Oficial N°3 de Caleta Olivia, doctor Marco Sjostrom, interpone recurso de apelación a fs. 371/373, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 383. En esta instancia es mantenido a fs. 390 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que, la errónea valoración de la prueba, la orfandad probatoria aportada en autos es insuficiente para dar sustento a una resolución tan gravosa.
Indica que los únicos aportes probatorios concretos que incriminan a su defendido son los dichos de la supuesta víctima.
Refiere que la pericia psicológica de fs. 66/67 fue declarada nula. No hay una nueva pericia psicológica que dé respaldo a lo resuelto en el auto de procesamiento, agregando que llama la atención a esa defensa que el Juez catalogue como pericia al simple informe obrante a fs. 338/vta., elaborado por la profesional psicóloga, en el cual esta se limita a exponer la imposibilidad de llevar adelante la prueba pericial que le había sido encomendada. Argumenta esa defensa que resulta grave que el magistrado haya extraído de dicho informe conclusiones favorables a su hipótesis incriminante. Concluye que una pericia no realizada no puede extraerse conclusiones periciales, y mucho menos utilizarse tales conclusiones inexistentes como elemento de cargo contra el imputado. Por otra parte esa defensa se siente agraviada por la excesiva duración que ha tenido el presente proceso. Indica que la denuncia que dio origen a estas actuaciones fue formulada en el mes de ** del año 2017, de modo que han transcurrido ya más de ocho años y medio sin que el proceso haya alcanzado siquiera una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de su asistido. La extensión temporal excede ampliamente aquello que razonablemente puede admitirse para la sustanciación de un proceso penal y compromete la garantía de toda persona imputada a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Cita doctrina.
Concluye esa defensa expresando que la hipótesis sostenida por el Sr. Juez de Instrucción en el auto de procesamiento carece totalmente de respaldo probatorio, la único fuente de imputación radica en el testimonio de la supuesta víctima, sin que exista corroboración por otros medios que permita darle la entidad necesaria para desvirtuar el principio de inocencia que ampara a su defendido.
Expresa que ningún otro elemento objetivo (sea pericia médica, pericia psicológica, testimonio directos, prueba digital/electrónica o documental) respalda la existencia del abuso sexual atribuido, lo que torna absolutamente insuficiente, aún para esta etapa del proceso, para endilgársela a su defendido.
Por último solicita esa defensa que atendiendo al derrotero probatorio de autos, en caso de que no se admita los agravios formulados precedentemente, peticiona se dicte la falta de mérito a favor de su representado.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Así analizando los agravios expresados por la defensa en cuanto a ser el testimonio de la víctima el único aporte probatorio que incrimina a su defendido, en este sentido, a los efectos de la valoración probatoria, dentro de los lineamientos de la sana crítica, ha sido erradicado el vetusto "testis unus, testis nullus".
Señala Jauchen, con relación a la cantidad de testigos cabe recordar los términos de Bentham: "...los testimonios se pesan, no se cuentan...". En verdad las cualidades y capacidades del testigo deben predominar sobre la cantidad de ellos a los efectos de su valoración. En este sentido en los autos caratulados “G. L. D. C. S/ Denuncia” Expte. Nº 15.587/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "El testimonio de la víctima, en casos como el que nos ocupa, cobra un valor probatorio fundamental, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar convicción. Ello no puede ser nunca óbice para acreditar o desacreditar un hecho prima facie. Como es unánime la doctrina procesal, y en especial los nuevos enfoques procesales cuando tratan sistemas adversariales, la cantidad de prueba no es sinónimo de hecho probado. En nuestro sistema impera la valoración de la sana crítica racional, es decir que se debe explicar racionalmente, por qué se entiende probada una causa y por qué no, en su caso. Pero estamos en un sistema de libertad probatoria, no existe prueba tasada ni se exigen mínimos probatorios (dos o tres testigos, prueba pericial, etc.) para tener por acreditado un hecho. Puede haber una testigo víctima que señale que fue lo que le sucedió, y el juzgador desarrollar un análisis contextual y de los hechos, sumado a otra evidencia, y definir la situación procesal de una persona. El valor probatorio del testimonio de la víctima ha sido resaltado por la CIDH en numerosos precedentes entre los que cabe destacar “Fernández Ortega y otros vs. México”, y “Rosendo Cantú y otros vs. México”, entre otros. Y ello se aplica no solo a la exigencia de probabilidad positiva como en el caso de marras, sino y además al momento de dictar sentencia. La certeza se basa en el convencimiento que genera el análisis directo que surge de la prueba y de su calidad, no es su cantidad.".
Así, conforme surge de audiencia testimonial prestada por la Srta. M. M. C., los dichos de la denunciante son claros, expresando detalles de tiempo y lugar de las situaciones abusivas vividas, indicando claramente al Sr. S. B. como el autor responsable de esos actos.
El hecho de que únicamente la menor víctima esté en condiciones de declarar respecto de los hechos investigados no justifica, por sí mismo, la descalificación de sus declaraciones cuando se estimen creíbles, y menos aún, cuando el propio modus operandi excluye la presencia de testigos.
Dicha valoración debe efectuarse a la luz de la lógica, la psicología, la experiencia y el sentido común. Conforme al principio de libertad probatoria que rige nuestro proceso penal, y respetando las reglas de la sana crítica, cualquier hecho relevante puede acreditarse por cualquier medio probatorio idóneo.
Querer minimizar el testimonio de la víctima, como insuficiente para acreditar la existencia de los hechos investigados, es desconocer las circunstancias que rodean a este tipo de delitos que se cometen alejado de la vista de terceros y así evitar ser descubierto, en donde el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental. Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos.
En autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº ****/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que:"En relación a la falta de motivación de la autoría y de la participación de B.M.R. en los hechos investigados, planteada por la Defensa Oficial, del análisis efectuado de la sentencia dictada, ello no se advierte pues nos encontramos frente a la investigación de un delito de muy difícil comprobación que en la mayoría de los casos –como ocurre en la presente causa- solo se cuenta con el relato directo de la víctima.Esto lleva a que la prueba que pudo recolectarse deba ser valorada en forma rigurosa y con una visión global de todos los elementos existentes.Este criterio igualmente fue sostenido por diferentes autores que refieren que: “…a la hora de resolver, se debe tener particularmente en cuenta la dificultad probatoria que impera en este tipo de delitos, teniendo en cuenta el ámbito de intimidad en donde suelen ser realizados. Así es importante observar lo manifestado por nuestro más Alto Tribunal al sostener que 'la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados' (CSJN, V.120, XXX, 'Vera Rojas, Rolando', del 15/5/97). Por lo tanto, considero que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos 'únicos'. Es que ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que ellas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo…” (O. P., (2020), Medios de prueba, t. 2. (1ª Edición).
Hammurabi. Pág. 220). En este caso, los magistrados de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial tuvieron especialmente en cuenta el relato de las cuatro víctimas -el cual fue obtenido mediante la técnica de Cámara Gesell-, el testimonio de sus respectivos progenitores y los informes psiquiátricos y psicológicos que dan cuenta que los relatos de las niñas contenían criterios de fiabilidad y veracidad. Todos ellos constituyen elementos probatorios concurrentes que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad, autoría y participación en los hechos, por parte de B.M.R.- Ello es así pues de la lectura de la sentencia, en lo que se refiere concretamente al aspecto que se está analizando, se advierte que la misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 382 del Código Procesal Penal de la provincia y que la valoración efectuada por los Magistrados de la prueba producida en el debate para fundar la sentencia fue conforme a las reglas de la sana crítica. Entendiendo esta como “…la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común… por lo que es exigible que las conclusiones a que se arribe en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que aquélla se funde sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otra…” (Daray Roberto R. y Navarro Guillermo Rafael, 'Código Procesal Penal de la Nación', 3 tomos. Argentina: Hammurabi, 2019. Tomo 3, págs. 187/188)." (La negrita es de mi autoría).-
Las declaraciones del progenitor Sr. C. A. C. a fs. 17/18, como así de la Sra. R. V. L., actual pareja del Sr. C. A. C. a fs. 34/36, son contestes del momento en que la víctima efectúa la develación de las situaciones abusivas que venía padeciendo por parte y a manos del imputado, expresando de manera clara el estado emocional en el que se encontraba M..
Esto también ha quedado demostrado en el informe al que hace referencia la defensa en cuanto que el mismo no tiene valor pericial, y que obra a fs. 338/vta. surgiendo de su lectura el estado emocional que atraviesa la víctima ..."que inicialmente expuso cierta resistencia y un claro malestar que después devino en llanto, por ser convocada a repetir un proceso ya realizado en el pasado, y por tener que repasar esos pasajes de su vida. "." Dijo que se vio apremiada a regresar por circunstancias adversas en su vida, posteriores a la realización de la presente denuncia, frente a lo cual siente no tener otra alternativa...""...Teniendo en cuanta que su situación actual condiciona indefectiblemente su posición frente al presente tramite, no solo por ser auxiliada en sus necesidades básicas por la persona sindicada en su denuncia, como presunto autor de los hechos denunciados (su madre la aloja y la casa es del denunciado), sino entre otras cosas, por haber sido responsabilizada por supuestas amenazas de suicido de su madre en el pasado como efecto directo del presente."
Es claro del informe realizado por la perito interviniente Licenciada Vanesa Schrager, del cual se denota el estado emocional de M., expresando claramente su vulnerabilidad y su resistencia a revivir eventos traumáticos y/o estresantes que ya fueran expresados por ella, quien atravesara todo el proceso judicial iniciado mediante denuncia efectuada el día **/**/2017. La expresión y la sobrecarga de emotividad y enojo, dan cuenta del evento traumático y del grado de estrés provocado a la víctima. Respecto a la existencia de estrés post traumático, en las páginas 297 y ss. el Dr. ALFREDO H. CÍA en "LA ANSIEDAD Y SUS TRASTORNOS, MANUAL DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO", editorial POLEMOS, primera edición del año 2002, destaca que:
"Entendemos por trauma a la presencia de trastornos emocionales de un sujeto, producto de la exposición a eventos de naturaleza grave o catastrófica. Cualquier hecho grave, de carácter amenazante, exige un esfuerzo importante de afrontamiento, el cual se manifiesta en la víctima de distintas maneras, como ser: pesadillas o reminiscencias, apatía, irritabilidad, perturbaciones emocionales, trastornos del sueño, entre otros. A lo largo de la historia, los seres humanos se han visto expuestos a acontecimientos terribles: guerras, genocidios, migraciones masivas forzadas, torturas, mutilaciones u otros hechos criminales, catástrofes meteorológicas, topológicas, y tectónicas; eventos traumáticos como: accidentes, violaciones o abuso sexual, actos criminales y otras adversidades. Frente a ellos, muchos individuos han podido, una vez superado el sufrimiento inicial, adaptarse con creatividad y flexibilidad, mientras que otros han quedado afectados por estas situaciones traumáticas, sufriendo las consecuencias biopsicosociales de las mismas, entre las que se encuentran diversas enfermedades. Esto implica que la vivencia de ciertos traumas constituye una parte indisoluble del ser humano y su devenir, pero que no todos los sujetos que viven estas experiencias desarrollaran luego un Trastorno de Estrés Postraumático. Un 8% en un promedio de la población general, aproximadamente, sufrirá de estrés postraumático a lo largo de la vida (Kessler y col 1995). Ello demuestra el hecho de que una gran parte de las personas que se han visto enfrentadas a un hecho de carácter traumático han sido capaces de continuar con sus vidas sin ser afectadas crónicamente por los recuerdos y otras perturbaciones consecuentes, mientras que en promedio, el 31 % de las mujeres y el 19% de los hombres expuestos a un trauma sufren de Trastorno de Estrés Postraumático. Janoff-Bulman (1992)
informó que los sucesos traumáticos tienen un impacto determinante en los sentimientos y en los sistemas de creencias de las personas y son capaces de producir una sensación de pérdida en diversas áreas: en la creencia en uno mismo, en la seguridad del mundo, en la confianza hacia los demás y en la propia identidad. En un primer momento, luego de ocurrido el hecho, la mayoría de los afectados muestran sentimientos de ansiedad y preocupación (así como síntomas disociativos).DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO:
Definición del TEPT, según la CIE-10 (OMS, 1992) y diferentes versiones del DSM (APA) El trastorno de estrés postraumático refiere a la exposición del sujeto a un agente estresante y a las consecuencias posteriores del mismo. Un agente estresante, según el DSM-III (1980), es un estrés reconocible capaz de provocar síntomas significativos en las personas. Posteriormente, el DSM-III-R (1987) lo definió como un acontecimiento ajeno al marco habitual de las experiencias humanas. El DSM-IV (1994) afirma que son experiencias relacionadas con la muerte, o amenazas a la propia integridad física o la de otros. El sujeto, frente a ellas, responde con temor, desesperanza u horror intenso. La CIE-10 (1992) lo define como una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica que causaría, por sí misma, malestar generalizado en la mayoría de los individuos.
En síntesis, se entiende por Trastorno de Estrés Postraumático a una severa reacción patológica, cuyo factor causante es un suceso traumático. El efecto de éste último se plasma en el interior del organismo, cronificándose y modificando su neurobiopsicología. Debemos señalar, además, que un Trastorno de Estrés Postraumático no se genera sin un acontecimiento traumático, pero el agente estresante por sí mismo no garantiza el desarrollo del cuadro, para que ello ocurra debe existir en el sujeto una vulnerabilidad previa, o factores de riesgo. Finalmente, los síntomas de la enfermedad sin tratamiento y, según su evolución, pueden persistir o resurgir periódicamente. Criterios diagnósticos según el DSM-IV (APA, 1994) Y EL DSM-IV-TR (APA, 2001) para el Trastorno de Estrés Postraumático.
(F 43.1 o 309.81) En primer lugar, estableceremos los distintos criterios que el DSM-IV (1994) específica para el diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático. El DSM-IV (APA, 1994) reúne una serie de pautas a fin de diagnosticar el Trastorno de Estrés Postraumático, las cuales no han sido modificadas por la nueva versión revisada o DSM-IV- TR (APA 2001). Comprobar la presencia del mismo implica conocer, en primer término, las características del evento traumático, ante el cual se vio expuesto el paciente. Este último tiene que haber experimentado o presenciado una situación en donde la integridad física, propia y/o ajena resulten seriamente comprometidas, incluyendo dentro de este marco, la muerte como acto de gravedad relevante.El evento traumático determina, en los sujetos vulnerables, el desarrollo de una compleja trama sintomática, con alteraciones clínicas significativas que generan un deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad cotidiana.
Los síntomas comprenden: 1) la reexperimentación del acontecimiento traumático; 2 la evitación de estímulos asociados al mismo, 3 el incremento de la activación (arousal) en el sujeto. Estas alteraciones deben prolongarse por más de un mes. En los casos en que los síntomas perduran durante tres meses o más, refieren a un T.E.P.T. de naturaleza crónica. Por el contrario, se lo considera de carácter agudo, cuando los síntomas duran menos de tres meses. Puede suceder que entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas, transcurran, como mínimo, seis meses, de ser así se especifica un T.E.P.T. de inicio demorado. Finalmente y, de acuerdo a lo expuesto, podemos sintetizar los criterios diagnósticos en: criterio A: (A1) Exposición a un evento traumático.
(A2) Distrés emocional consecuente con dicha exposición. Criterio B: Síntomas de reexperimentación del trauma (1 o más) criterio C: síntomas de evitación y embotamiento (tres o más). Criterio D: síntomas de hiperactivación autonómica (dos o más), Criterio E: síntomas de los criterios: B, C, y D, con duración mínima de un mes. Criterio F: estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas vitales del individuo. Análisis de los criterios diagnósticos del DSM-IV, DSM-IV-TR: Criterio A: evento traumático. La persona ha estado expuesta a un evento traumático en el que:
1. ha experimentado, presenciado o confrontado, acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás.
2. responde con temor, desesperanza o un horror intenso. En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o desorganizados. Criterio B: síntomas de reexperimentación: el acontecimiento traumático es reexperimentado a través de las siguientes formas: 3) recuerdos de carácter intrusivo que provocan malestar, y comprenden imágenes, pensamientos o percepciones. En niños esto puede expresarse en juegos repetitivos. 4) sueños recurrentes sobre el hecho traumático. Los niños suelen presentar sueños atemorizantes sin contenido reconocible, en las cuales se expresan diferentes aspectos del trauma. 5) el sujeto tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (esto se debe a que revive la experiencia a través de ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de Flashbacks).
Los niños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico. 6) cuando el sujeto se enfrenta a estímulos internos o externos que simbolizan el suceso traumático presenta intensa molestias psicológicas. 7) expuesto a la situación arriba mencionada, también presenta respuestas fisiológicas. Las instrucciones de recuerdos traumáticos pueden adoptar diferentes modos de manifestarse: emociones intensas, pánico, rabia incontenible, reminiscencias, pesadillas, sensaciones somáticas, ideas intrusivas, sensación de que el acontecimiento se repite una y otra vez, respuestas físicas y emocionales exageradas ante estímulos que recuerdan el evento. Las pesadillas son un modo común de reexperimentar el acontecimiento estresante, presentándose como meras repeticiones del evento traumático o referir a él simbólicamente.
Los Flashbacks son otras formas de reexperimentar el trauma. Se caracterizan por expresarse visualmente, aunque suelen incluir emociones, sensaciones y conductas. Son gatillados muchas veces, por el insomnio, la fatiga y las drogas estinmulantes. En ellos, el sujeto experimenta la sensación de volver en el tiempo y revivir el hecho (revivisencias). A los individuos con TEPT. Les resulta imposible integrar las experiencias traumáticas a su vida actual, y considerarlos un hecho histórico. Por consiguiente, sus recuerdos no son relatos coherentes, sino que consisten en impresiones somátosensoriales, o intensas emociones, que se activan cuando la persona se expone a recordatorios directos del evento, o situaciones similares del mismo.
Las personas que padecen de TEPT. (Van Der Kolk, 1989), tiene una percepción selectiva, esto es: responden preferentemente a los desencadenantes del trauma, a expensas de las percepciones cotidicanas. En consecuencia, las sensaciones internas, o aquellas provenientes del entorno, que les resulten neutrales o placenteras y, por consiguiente, restitutivas y gratificantes, se encuentran disminuidas significativamente. Lo cual agrega más elementos al cortejo sintomático de la enfermedad. Criterio C: síntomas evitativos y anestecia emocional. Este criterio refiere a la evitación persistente de estímulos asociados al trauma y al emotamiento de la reactividad general del individuo (ausentes antes del trauma) tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas:
8. evitación de pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. 9)
evitación de actividades, lugares o personas, que reflejan el trauma. 10) incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 11) disminución del interés o de la participación en actividades importantes. 12) Despego o indiferencia frente a los demás. 13) Restricción de la vida afectiva, 14) pérdida de expectativas furutas. La evitación puede tomar formas muy diferentes, por ejemplo: el mantenerse alejado de los recordatorios, emplear la disociación para no tomar consciencia de las experiencias displacenteras, o ingerir drogas o alcohol para embotar los sentidos. Se caracteriza por la evitación activa de lugares, pensamientos y actividades, que se relacionen de alguna forma con el trauma o que gatillen su recuerdo, por una pérdida del interés, o por la sensación de estar aislado, o alejado afectivamente de otros individuos.
Los pensamientos intrusivos son tan displacenteros que, por lo general, las personas con TEPT. Intentan evitar todo lo referido al trauma. Se rehúsan a ha blar de él, bloquean sus recuerdos, imágenes y sensaciones, evitan actividades, lugares y personas que evoquen ese momento. Hay quienes bloquean totalmente los recuerdos traumáticos (amnesia disociativa). Cuando los recuerdos son tan dolorosos las personas no pueden bloquear las emociones tristes sin hacerlo también con las alegres. En consecuencia, deben anular todos sus sentimientos para poder evitar así los displacenteros. Por esto, los pacientes que sufren de TEPT. Se encuentran muchas veces aislados afectivamente (anestesia emocional).
Criterio D: síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) síntomas persistentes y aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y como indican tres o más de los siguientes síntomas: 1) dificultades para conciliar o mantener el sueño. 2) Irritabilidad o ataques de ira. 3) dificultades en la concentración. 4) hipervigilancia. 5) Respuestas exageradas de sobresalto. Al igual que en otros trastornos de ansiedad, el TEPT. Se caracteriza por una hiperactivación autonómica generalizada, la cual es mayor aún luego de la exposición a eventos disparadores. A pesar de la anestesia emocional, el cuerpo de quienes sufren TEPT. Continúa reaccionando a diversos estímulos como si hubiese una amenaza que pone la vida en peligro.
Esto se manifiesta a través de los siguientes síntomas: la dificultas en conciliar y mantener el sueño, levantarse sin haber descansado, despertarse por pesadillas, miedo a tenerlas al acostarse. Irritabilidad y estallidos de ira, puestas de manifiesto en discusiones intensas, roturas de objeto, gritos, críticas severas, impaciencia, o actos impulsivos. La ira suele aparecer acompañada de culpas, frustración, sensaciones de traición y otras emociones displacenteras, que pueden llevar a malos humores y estallidos tempetuosos. Problemas en la concentración y en los recuerdos. Hipervigilancia y respuestas sorpresivas e inesperadas, que provocan movimientos involuntarios ante un estímulo que las gatilla.
Los sujetos que vivenciaron un trauma de éste tipo se encuentran en permanente alerta, buscando evitar memorias intrusivas. Respuestas exageradas de sobresalto ante estímulos. El SNC, sensibilizado por un trauma avasallador, provoca una excitación general del SNC. (hiperactivación autonómica) lo que lleva al individuo a sobreactuar frente a estresantes menores o a estímulos relacionados con el trauma. El conjunto sintomático es similar al de una crisis de pánico. Los afectados tienden a sufrir intensas emociones negativas, como miedo, ansiedad, rabia o pánico frente a estímulos menores. El aspecto más dañino de la hiperactivación continua, es que todo se torna amenazante. Los indicadores triviales comienzan a ser vividos como signos de peligro, sonidos inocuos provocan una respuesta de sobresalto.
Así, las sensaciones físicas habituales, como los estímulos del entorno, adquieren un significado negativo, contribuyendo a generar sentimientos intensos de temor. Criterio E: duración de los síntomas de los criterios B, C y D es mayor a un mes…“ (La negrita es de mi autoría).
De la información agregada en autos por las probanzas materializadas, corresponde confirmar el análisis efectuado por parte del Juez, para tener acreditados los hechos investigados con el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal. Respecto del planteo de plazo razonable, cabe señalar que la instrucción de la causa demandó mayor tiempo por las distintas irregularidades subsanadas, pero que en ningún modo ello implica una vulneración a la garantía de plazo razonable invocada.
En este sentido, en los autos caratulados: “C. C. A. S./ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA” Expte. Nº 63587/16, N° de Juzgado de Recursos 6904/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.B.- Sobre el análisis del transcurso de la garantía de plazo razonable corresponde iniciar el análisis sobre el siguiente tópico. Lo primero a señalar es que la actividad que durante la etapa de Instrucción, de Juicio y de Recursos frente a la sentencia, que realiza la Defensa, nunca puede ser cuestionado por el poder jurisdiccional. Descartando el estado de indefensión de una persona, que obliga a cualquier Juez, de la etapa y/o grado que fuere, a proveer de una defensa técnica eficaz al imputado, nunca puede establecerse, allende las incidencias en general y las acciones, escritos y pedidos en particular, presentados por la Defensa, a éstos como motivadores del transcurso de plazo razonable o de la demora en la resolución de los mismos.
Cada Defensor, sea Públio Oficial o Particular, tiene libre decisión para elegir la estrategia que entienda asegura y garantiza la defensa efectiva técnica de su cliente, y si el ejercicio es persistente, el tiempo que demande su sustanciación y decisión jurisdiccional no puede transformarse en una carga para el imputado. Dicho esto, y descartando las acciones que pueden entenderse como simplemente obstaculizadoras del proceso, conforme la doctrina judicial citada en el acápite anterior; para valorar el plazo razonable, si debe tenerse en cuenta no solo las presentaciones de las partes, sino y además el hecho que se investiga, las persona o personas investigadas, la conducta de las mismas respecto del proceso, la subsunción del hecho, la complejidad de la causa y en especial la materia probatoria indispensable para recolectar la información, lo que demandó la propia investigación, entre otros parámetros.
A manera de guía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la emblemática causa "Acosta" al señalar el plazo de prórroga de la Detención Cautelar (Prisión preventiva), estableció una serie de criterios que no solo proceden para el computo de la prisión preventiva y su prórroga, sino que, y teniendo en cuenta la naturaleza de la causa que se investigue, también pueden ser parámetros a seguir para la aplicación de la garantía del plazo razonable, siendo ésta, por supuesto, más amplia que la valoración de la restricción de la libertad ambulatoria. Vale decir que el análisis de la detención cautelar siempre es mucho más riguroso, que el análisis de plazo razonable, sin perjuicio de lo cual, cuando se evalúa esta última garantía, la existencia o inexistencia de encierro cautelar de una persona, tiene una incidencia e impacto central.
Todo proceso penal en contra de una persona implica una relación sujeción del investigado a la potestad punitiva del Estado que impacta en su libertad, pero va de suyo, que cuando existe encierro personal, la influencia sobre el plazo hasta la sentencia que defina la situación de fondo, adquiere una relevancia central. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido "in extenso" sobre los requisitos necesarios para extender, como dije, la prisión preventiva en casos de delitos de "Lesa Humanidad", los que además pueden ser analizados para la procedencia de dicha medida de coerción y también de la garantía del plazo razonable, en el precedente "ACOSTA, JORGE EDUARDO Y OTROS S/ RECURSO DE CASACIÓN del 8/5/2012, Fallos 335:533 CSJN.
En dicho fallo, el cimero Tribunal Nacional si bien y como se dijera en el párrafo anterior, se expidió sobre la prórroga del plazo de la medida cautelar en casos de crímenes contra la humanidad, sienta en el considerando 24 supuestos de hecho y jurídicos que pueden aplicarse a "crímenes comunes", como lo es el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales y de gravedad existentes entre ambos. Señaló que: "24) Que en consecuencia convergen en estos supuestos de delitos con multiplicidad de resultados graves y en concursos reales plurales, cuestiones de hecho y de derecho que deben valorarse para decidir acerca del plazo de prisión preventiva en cada caso. Como cuestiones de hecho hallamos: a) La complejidad del caso, que en muchos de estos procesos excede la de los supuestos corrientes de delitos contra la vida y la integridad física. b) Los obstáculos que pueden oponerse a la investigación, entre los que cuenta la circunstancia de que han sido cometidos desde el Estado y conforme un aparato con participación de múltiples personas, que pueden contar aún hoy con encubridores y partícipes desconocidos. c) La edad, condiciones físicas y mentales de las personas, que condicionan la mayor o menor capacidad para intentar eludir la acción de la justicia. d) el menor rigor de algunas privaciones de libertad, en casos de beneficio de detención domiciliaria. e) el grado de avance de la causa, o sea, si esta próximo el juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme. f) La enorme cantidad de obstáculos con que ha chocado en el juzgamiento de estos delitos, que permanecieron impunes durante décadas, lesionando en consecuencia la seguridad y la vivencia colectiva de garantía frente al poder estatal que han provocado estos delitos y la enorme gravedad de algunas imputaciones, que superan en mucho la de los delitos comunes contra las personas.
Como cuestiones de derecho consideramos las siguientes: a) la normativa internacional que impone que la prisión preventiva no exceda un plazo razonable. b) la de no permitir la impunidad de crímenes de lesa humanidad impuesta por la misma normativa. c) el general deber de afianzar la justicia emanado de la Constitución Nacional. d) El principio republicano que impone la racionalidad de los actos de gobierno, lo que impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva." Además de ello, en varias oportunidades me he expresado en relación al carácter ordenatorio de los plazos procesales, por lo cual comparto los argumentos esgrimidos por el A quo en el auto apelado, en especial en el racconto que realizó del derrotero de la causa.
En esa tesitura, en los autos caratulados: “SR. JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LAS HERAS S/ SOLICITA PRORROGA EN AUTOS CARATULADOS: DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y NARCOCRIMINALIDAD P. M. S/ Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A., Expte. Nº 34243/22-D; Nº de Recursos 7346/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "II.-Atento lo informado por S.S., considero que resulta procedente conceder la prórroga solicitada por el término de dos meses, conforme lo dispuesto por el art. 197 del C.P.P., sin perjuicio de lo cual entiendo que los plazos, como lo he sostenido en otras oportunidades, son ordenatorios.- En los autos “A. L. E./ DENUNCIA LESIONES LEVES” Expte. Nº A-51496/20, N° de Recursos 6548/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve: "En relación al alegado incumplimiento del plazo para resolver a situación procesal de su pupilo, más allá de que ello no se encuentra previsto por la normativa procesal como causal de nulidad (principio de especificidad), debe tenerse en cuenta que se trata de un plazo ordenatorio.
Se ha entendido sobre el particular que: "...Los plazos que, como se dijo, suelen ser definidos como el período de tiempo dentro del cual debe cumplirse un acto procesal o como: "...el lapso que emplaza el acto dentro de él o lo desplaza después de él, imperativa o no imperativamente. Se extiende al emplazamiento de un momento del proceso y también a un tiempo de no actividad para la obtención de determinados efectos, regulan el impulso procesal y facilitan su progresivo desarrollo, haciendo efectiva la preclusión de las sucesivas etapas del proceso. Es así como a la etapa de la instrucción sigue el plenario, con la acusación, la defensa, la prueba, el alegato y la sentencia. Para todas estas etapas la ley fija plazos y marca términos, y la causa va pasando de una a otra mediante el impulso procesal...Asimismo pueden ser perentorios o meramente ordenatorios, según que su vencimiento produzca la decadencia o no de un derecho o facultad; dado que los primeros ocasionan, además de la decadencia del poder que importa la preclusión, aniquilando la posibilidad de realizar el acto previsto ya que el que pretenda realizarse con posterioridad será inadmisible.
Con ello impide la indeterminación de la duración del proceso. Por el contrario, la inobservancia de un plazo ordenatorio no da lugar a sanción procesal y generalmente pueden ser pasibles de sanción disciplinaria los funcionarios que dirigen el proceso..." (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION LA LEY COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR ALMEYRA, COORDINADOR BAEZ, T. I PÁGS. 692/693) Cierto es que el A quo se ha excedido en el plazo establecido por el art. 289 del C.P.P., pero la norma es clara en cuanto a que esa situación no invalidad el procesamiento. Clariá Olmedo, al clasificar los términos por los efectos del vencimiento, habla de términos perentorios y meramente impuestos u ordenatorios; y al tratar los primeros expone: “Son perentorios, por tanto, los términos que no toleran la realización del acto después de su vencimiento, sea que esto suceda de pleno derecho o que el efecto se produzca por instancia de parte interesada en la caducidad.
Si el acto se pretende cumplir inoportunamente, estará amenazado de inadmisibilidad. El momento procesal que ese término mantenía abierto precluye, permitiendo la continuación del procedimiento. En general, estos términos son los concedidos a favor de las partes para el ejercicio de sus facultades procesales, pero en materia procesal penal quedan excluidos aquellos que regulan una actividad indispensable en el proceso, como es la acusación y la contestación de ella.” (Tratado de Derecho Procesal Penal, Jorge A. Clariá Olmedo, Rubinzal Culzoni Editores, año 2008, Tomo IV, página 136/137) Luego el citado autor expone: “Los términos ordenatorios determinan la actuación antes de su vencimiento, pero si ocurrido éste los actos no pudieran cumplirse se produciría una ilógica muerte del proceso.
Por eso es que rigen para los actos que de ninguna manera pueden omitirse, como son la generalidad de los actos del tribunal, las requisitorias del ministerio fiscal, y algunos actos del imputado y su defensor, principalmente la contestación de la acusación” (Obra cit., pág. 138). El Dr. Julio B. J. Maier da otra razón sustancial para concluir en el sentido de la no perentoriedad del plazo del juez para pronunciarse sobre la decisión de mérito, al decir: “… La ley procesal penal, cuya cita textual consta antes, parece concebir –hasta allí- la regla general de que, si ella no determina una excepción, nadie puede prorrogar los plazos establecidos por la ley y la facultad concedida para la realización del acto caduca definitivamente una vez vencido el plazo previsto para su ejecución.
Sin embargo, ese no parece ser el caso en una gran cantidad de plazos establecidos por la ley y en los que la ley –o su texto- no brinda excepción alguna al carácter perentorio que rige según la regla general. Nombramos solo como ejemplo el plazo para dictar el procesamiento o la falta de mérito, cuya facultad (mejor expresado: deber, desde el punto de vista de la función) no caduca por el hecho del incumplimiento del plazo, o bien, el plazo concedido al acusador, sobre todo al acusador público, para requerir el juicio o instar el sobreseimiento que, si bien prorrogable, parece ser fatal una vez concedida la prórroga por otro plazo idéntico, plazo que, si fueran entendidos como perentorios, en el sentido de imposibilidad de realización posterior del acto, implicarían la necesidad de sobreseer el procedimiento –ante la imposibilidad de continuar formalmente la prosecución penal- y crearían así nuevos motivos de extinción de la acción penal, distintos de los establecidos, taxativamente, por la ley penal (CP, 59)…” (Julio B.
J. Maier, Derecho Procesal Penal, III. Parte General, Actos Procesales, Editores del Puerto, 2011, páginas 23/24)". Va de suyo que no cualquier violación a los términos procesales establecidos por la ley constituye una violación a la garantía del plazo razonable, que hace al derecho de defensa en juicio y que es impuesta a favor del imputado. Debe tratarse de una clara vulneración a sus derechos, debiéndose tener en cuenta que al articularse en un caso, conforme la pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no impacta sobre el delito y su atribución a una persona, sino sobre la acción penal, estableciendo como sanción a la vulneración del plazo razonable la insubtancialidad de la acción penal.
Ello lo es, reitero, sin perjuicio de los reproches administrativos y disciplinarios que pueda ocasionar dicha mora para el magistrado o funcionario judicial que está obligado a cumplir con su función en tiempo oportuno, teniendo en claro que los plazos son ordenatorios y que su dilación injustificada y excesiva, podría afectar el derecho a ser juzgado en plazo razonable. Esta garantía, reconocida expresamente en el art. 9 inc. 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, art. 7 inc. 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y que deriva del debido proceso, hace alusión al derecho que tiene todo imputado a ser juzgado, a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, y que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el ordenamiento penal.
(Conf. CSJN “Matei” Fallos: 272:188). Así, a fin de establecer si ese derecho subjetivo al plazo razonable ha sido afectado, debe evaluarse la duración total del proceso. Gozaíni explica: “La duración total del procedimiento se visualiza para estimar si hubo o no demoras injustificadas que permitan sancionar al responsable. Para ello es preciso encontrar el momento preciso donde aparecen las dilaciones, y luego que se las determina, habrá que comprobar si ellas son indebidas o injustificadas. Picó i Junoy dice que los criterios para encontrar dilaciones indebidas dependen de las circunstancia siguientes: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional; la defectuosa organización, personal y material de los tribunales; el comportamiento de la autoridad judicial; la conducta procesal de la parte; la complejidad del asunto, y la duración media de procesos del mismo tipo” (Gozaíni, Osvaldo Alfredo; "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EL DEBIDO PROCESO", Rubinzal Culzoni Editores, año 2004, página 550) Ya nuestro máximo Tribunal Federal ha dicho: “Que ratificada una vez más la inserción constitucional del derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas, corresponde señalar que la propia naturaleza de dicha garantía impide que esta Corte pueda determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues el lapso que puede ser razonable para el trámite judicial por hurto puede no serlo para una asociación ilícita compleja.
En otras palabras, la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, y en este punto, esa Corte comparte la conclusión del a quo en cuanto a que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, no puede traducirse en un número de días, meses o años (fs. 82)”; y. “Que, sin perjuicio de los inconvenientes fácticos y jurídicos señalados, este tribunal puede identificar al menos algunos factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía a obtener un juicio sin dilaciones indebida; la duración del retraso, las razones de la demora y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación. Tales factores si bien son de imprescindible consideración, no pueden ser valorados aisladamente como una condición suficiente, sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias de la causa.” (CSJN, “Kipperband, Benjamin”, Fallos: 322:360, consid. 8º y 9º, L.L. 2000-B-831) Sobre el particular, se ha sostenido además, que: "...a partir del conocido caso "M." la corte incorporó a la garantía de la defensa en juicio el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Entre otros conceptos expresó: "Que en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta un enjuiciamiento penal...la Corte en sentencias dictadas después de la vigencia en el país de la CADH ha dicho que la garantía del plazo razonable del proceso penal forma parte del derecho de defensa, así en "Egea"...En la causa "Mozzatti"...la Corte resolvió la insubsistencia de las actuaciones con posterioridad al auto de prisión preventiva (eufemismo de la nulidad) y la extinción de la acción penal por precripción..." (Conforme "LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL" ESTUDIO SOBRE LOS SILENCIOS NORMATIVOS APARENTES DE NELSON R.
PESSOA, 3 EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, pás. 93y 94) En un fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo un racconto de la jurisprudencia que mantiene en forma inveterada sobre la materia, sostuvo que: "O. G. C. A. y otro s/ infracción Ley 22.415 y art. 174 inc. 5 CP causa nº 1227. Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Buenos Aires, **/**/2010. O. 114. XLIII. Buenos Aires, 19 de octubre de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por O. G. C. A. y C. J. B. en la causa Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro s/ infracción Ley 22.415 y art. 174 inc. 5 CP -causa nº 1227-", para decidir sobre su procedencia. Considerando: 1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de la provincia de Mendoza resolvió condenar a O.
G. C. A. a la pena de dos años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por seis meses para el ejercicio del comercio e inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, por considerarlo autor del delito de contrabando calificado previsto en los arts. 864, incisos b) y c), y 865, inciso f), de la ley 22.415 (tres hechos) y a C. J. B. a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial por seis meses para el ejercicio del comercio e inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público por los mismos hechos y en función de la misma tipificación.
Contra esta decisión, la defensa de ambos condenados interpuso un recurso de casación que rechazado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, dio lugar a la presentación del recurso extraordinario cuyo rechazo motivó esta queja. 2°) Que el hecho que se tuvo por probado consistió en que en el año 1985 la firma "Liger S.A." -de la cual los imputados son accionistas y miembros del directorioimportó dos máquinas retorcedoras de hilados y un sistema de computación, valiéndose de los beneficios previstos en el régimen de promoción industrial instituido por ley 22.021 (en los términos de su art. 9°), mediante Decreto n° 1468/85 del Gobierno de la Provincia de San Luis. El instrumento legal provincial establecía que dicha firma debía iniciar los trabajos de ingeniería de obra para la construcción de un edificio en un terreno previamente asignado dentro de los 90 días y que la puesta en marcha de la fábrica debía concretarse dentro de los 18 meses a contar -en ambos casos- desde la notificación personal del decreto.
Sin embargo, también se tuvo por acreditado que los beneficios promocionales en cuestión se habían obtenido mediante la presentación de documentación falsa y que se dieron por decaídos el **/**/1990, luego de constatarse que en el terreno asignado no se habían llevado a cabo los trabajos comprometidos y que las maquinarias importadas se encontraban en un domicilio de LUGAR_1, en poder de la firma "Cayetano Gerli S.A." (principal accionista de "Liger S.A."), las que finalmente fueron rematadas en la quiebra de la firma. A partir de tales circunstancias, el tribunal de juicio concluyó que se había importado mercadería al amparo del régimen promocional referido sin cumplirse con la finalidad y el destino para el cual se había autorizado su ingreso al país, frustrándose así el adecuado ejercicio de control que compete al servicio aduanero. 3°) Que en su apelación extraordinaria, la parte recurrente alegó que el tribunal a quo había interpretado erróneamente el delito de contrabando y el régimen de promoción industrial, así como la circunstancia agravante prevista en el art. 865, inciso f, del Código Aduanero.
También invocó la afectación a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (art. 71, inciso 5°, y art. 8°, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) con base en el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso (enero de 1992); agregó que se trató de una investigación extremadamente sencilla y en la que se produjo una escasa cantidad de medidas de prueba. Sostuvo asimismo que fue el propio Tribunal Oral el que admitió la dilación indebida de este proceso aunque, en consecuencia, simplemente atenuó la pena. Por último, consideró que fue arbitraria la atribución de participación delictiva efectuada respecto de O. G. C. A.. 4°) Que corresponde que este Tribunal se expida en primer lugar sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable.
Ello toda vez que dicho agravio comprende directamente la cuestión acerca de la subsistencia de la acción penal, cuyo examen resulta previo a cualquier otro (conf. lo resuelto a partir del leading case "Grenillón, Plácido", Fallos: 186:289). 5°) Que, en efecto, toda vez que la prosecución de un pleito inusualmente prolongado -máxime de naturaleza penal conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. Causa "Mattei", Fallos: 272:188) en tanto "debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre (Y) que comporta el enjuiciamiento penal", debería resolverse esta cuestión en forma previa a todas las demás. 6°) Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado (Fallos: 323:982, entre muchos otros).
A su vez, en materia penal esta Corte ha elaborado la doctrina según la cual la prescripción es de orden público y debe ser declarada de oficio. Agregándose luego que se produce de pleno derecho (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros) y que -también por examinarse la subsistencia misma de la acción penal- ésta debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (Fallos: 322:300). 7°) Que en este cometido no debe soslayarse que sobre los imputados ha pesado durante casi 18 años el estado de incertidumbre que importa seguir sometido a un enjuiciamiento penal. En efecto, un proceso que se desarrolló durante casi dos décadas constituye una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en punto a los derechos de la personalidad vinculados a las declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia (conf.
"Mozzatti", Fallos: 300:1102). 8º) Que cabe recordar que este principio no sólo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del "speedy trial" de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Esta constelación normativa guió, entre otros, la fundamentación de los casos de esta Corte in re "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:982), "Barra" (Fallos: 327:327) y "Egea" (Fallos: 327:4815) y más recientemente sus tributarios: las causas C.2625.XL "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa 7621-" del 7 de agosto de 2007; "Acerbo" (Fallos: 330:3640) y "Cuatrín" (Fallos: 331:600), entre otros.
Fue en la causa "Egea" donde se afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa" (énfasis agregado). 9°) Que, tal como se adelantó, a partir del caso "Mozzatti" (Fallos: 300:1102) esta Corte en su calidad de "poder supremo en resguardo de la Constitución" consideró que debía examinar la posible violación de esta garantía y comenzó a insinuar que el "medio conducente" para salvaguardarla debía ser la declaración de la "extinción de la acción penal por prescripción", conf. casos "Casiraghi" (Fallos 306:1705), "Bartra Rojas" (Fallos: 305:913), "YPF" (Fallos: 306:1688); temperamento luego reafirmado en el caso "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:982 -esp. voto de los jueces Petracchi y Boggiano-) y mantenido en la actualidad en el caso I. 159.XLIV in re "Ibáñez" -del **/**/2009-, en el que la propia Corte declaró la extinción de la acción penal como vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal.
Por ello y toda vez que la prolongada duración de esta causa resulta incompatible con el derecho de defensa y el debido proceso, corresponde adoptar el criterio sentado en los fallos citados en el párrafo anterior y declarar la extinción de la acción penal por prescripción. 10) Que, por último, el sentido de la decisión alcanzada torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios de los recurrentes. Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, declarándose extinguida la acción penal en la causa y disponiéndose su sobreseimiento (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Hágase saber, y oportunamente, devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).". En el caso “Suárez Rosero” se estableció que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable: “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan un largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”. (Corte IDH, caso “Suarez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del **/**/1997, párr. 70). Asimismo, en relación a la duración de la instrucción en el caso concreto, además de lo expresado por el A quo, en los considerandos del auto apelado, es dable señalar que durante el trámite de la causa, el mundo transitó, a partir de FECHA_9 y aquí en nuestro país a partir del mes de FECHA_10, una pandemia que ocasionó la adopción por parte del Estado, tanto nacional, como provinciales y municipales, de medidas de protección de la población, entre las que se encontraban restricciones a la circulación y a la reunión o aglomeramiento de personas en lugares cerrados y aún en lugares abiertos, (aislamiento obligatorio), que modificaron durante largos meses la vida cotidiana de la población mundial, lo que llevó, a que por numerosas resoluciones el Excmo.
Tribunal de Justicia, resolviera la suspensión de los plazos procesales, motivado en la imposibilidad de cumplir con el trabajo, tanto los profesionales letrados, como los empleados judiciales, funcionarios y magistrados, de manera regular, largos meses en los que solo se tramitaron causas urgentes y con personas privadas de su libertad. Por todo ello, entiendo que el sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable solicitado por la defensa ha sido correctamente rechazado por el Sr. Juez de Instrucción.".-
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 350/363, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia