Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello y los motivos expresados, entiendo que el precedente transcripto en su parte pertinente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, debe ser acatado tanto por el A quo como por el suscripto. Establecido la aplicación del artículo 67 del C.P. a los casos en que la acción penal estuviera vigente al momento de la reforma de la ley, cabe analizar si la misma se aplica al caso de marras. En autos hubo un cambio en las proposiciones fácticas que integraron la primer imputación, y que retrotrajo en el tiempo los hechos oportunamente denunciados. Ello motivó la declaración de nulidad del acta de indagatoria en donde se intimó la conducta al imputado. Como reseñé, al precisar las proposiciones fácticas con anterioridad a la primer fecha consignada, tanto el Sr.
Defensor Particular como el A quo entendieron que la acción se encontraba prescripta. Ahora bien, allende lo expresado, cabe señalar que al momento de la modificación del art. 67 del C.P., el plazo prescriptivo no había transcurrido ni con la primer plataforma fáctica ni con la segunda, razón por la cual, el mismo a partir de ese momento quedó suspendido. Ello así por los argumentos expresados y no por los que sostuviera el Ministerio Público Fiscal. …
TOMO: CXXV REGISTRO: 002 FOLIO: 021/067
Caleta Olivia, 18 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCION (D.E.J)” Expte. Nº 83810/24, N° de Juzgado de Recursos 8563/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs.290/320 el Sr. Juez de Instrucción, decidió, en el Punto I) del auto atacado, “… ordenar el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de D. E. J. en relación al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE POR SU DURACIÓN EN EL TIEMPO, DOBLEMENTE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR EL ENCARGADO DE LA GUARDA Y CONTRA UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS, APROVECHANDO LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE (PRIMER HECHO), EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL REITERADO EN NÚMERO INDETERMINADO DE OPORTUNIDADES DOBLEMENTE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR EL ENCARGADO DE LA GUARDA Y CONTRA UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS, APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE (SEGUNDO HECHO), EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL REITERADO EN NÚMERO INDETERMINADO DE OPORTUNIDADES DOBLEMENTE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR EL ENCARGADO DE LA GUARDA Y CONTRA UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS, APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (TERCER HECHO), EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SER COMETIDO POR EL ENCARGADO DE LA GUARDA (CUARTO HECHO), EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL REITERADO EN NUMERO INDETERMINADO DE OPORTUNIDADES AGRAVADO POR CAUSARLE UN GRAVE DAÑO EN LA SALUD MENTAL DE LA VÍCTIMA, COMETIDO BAJO LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO (QUINTO HECHO) TODO EN CALIDAD DE AUTOR (Art. 119 2º y 4º párrafo Inc. b y f (PRIMER HECHOS), Art. 119 3º y 4º párrafo Inc. b y f (SEGUNDO Y TERCER HECHO), Art. 119 3º y 4º Párrafo Inc. b (CUARTO HECHO), y Art. 119 3º y 4º párrafo Inc. a (QUINTO HECHOS), 45 y 55 del C.P.)” Contra dicha resolución los Sres.
Defensores Particulares, doctores Edgardo Fabián Edelcopp y Marcelo Fernández, interponen recurso de apelación a fs. 334/357, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 358/vta. En esta instancia es mantenido a fs. 364 por los letrados defensores. Fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., la defensa no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal. A fs. 367 se ordena correr vista a la querella y al Fiscal de Cámara de los planteos de nulidad de la indagatoria y prescripción de la acción formulados por la defensa. Las vistas se corren a fs. 368 a la querella y a fs. 376 al Ministerio Público Fiscal, y son evacuadas a fs. 369/375 y 377/378 respectivamente.
A fs. 380 pasan los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso los Defensores se agravian invocando fundamentación arbitraria y aparente, y vicios fácticos en la imputación.
Solicitan la nulidad absoluta e insanable de la declaración indagatoria y auto de procesamiento. Señalan que la mencionada resolución les agravia por entender que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio habiendo afectado el principio de inocencia, el debido proceso y la exigencia de fundamentación razonada de las resoluciones judiciales (Art. 18 de la C.N.), pues el a quo sostiene la existencia de una “probabilidad suficiente” para achacar a su defendido delitos aberrantes que no ocurrieron, fundándose de manera dogmática en el relato formulado en la denuncia, sin apoyarse en elementos objetivos de convicción independientes que otorguen sustento técnico o pericial de la imputación.
Que si bien para el auto de procesamiento no se exige la certeza absoluta requerida para una condena, el juicio de probabilidad debe cimentarse en pruebas compuestas, coherentes y concordantes. Que en el presente expediente, la deducción jurisdiccional parte de meras presunciones y afirmaciones unilaterales que resultan insuficientes para sostener el grado de convicción que exige la ley para someter a proceso y restringir los derechos del imputado. Que por otro lado, al analizar la formulación de los cinco (5) hechos atribuidos a D. E. J. en el auto de procesamiento, se advierten vicios graves en la imputación que vulneran garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio. Que siguiendo estos lineamientos, del procesamiento surge que hecho uno abarca un periodo de 2 años (**/**/2024 hasta **/**/2026); Hecho dos, comprende un periodo de 6 años (**/2006 a **/2012); Tercer Hecho, abarca el periodo de 5 años (**/2012 a **/2017); Cuarto Hecho, comprende el periodo de un año (**/2016 a **/2017); y Quinto Hecho, abarca el periodo de cuatro años (**/2017 hasta **/2021). Que como se puede apreciar, la acusación es genérica y absurda, pues salvo la mención genérica del domicilio y las referencias globales que hace mención el procesamiento verbigraciauna o dos veces por día o un número indeterminado de oportunidades que habría sido abusada la denunciante, la resolución no precisa un solo día, fecha aproximada, algún evento del calendario u ocasión concreta de la comisión de los delitos endilgados a su defendido, ya que en la imputación han agrupado un lapso de tiempo de 15 años (2006 hasta 2021) de manera generalizada, imposibilitando de modo absoluto materializar una defensa eficaz, pues resulta un escollo para esta defensa intentar aportar pruebas al respecto, a saber: ausencias en el hogar del imputado, horarios de laborales o testimonios específicos al respecto de cómo era la dinámica familiar, viajes que habría hecho el imputado, y lo que más llama la atención es que en los últimos hechos imputados, la denunciante ya tenía la edad suficiente para aportar mayores datos de fechas, circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin embargo ello no sucedió en los presentes obrados, lo cual afirma le causa a esa defensa un desconcierto absoluto, vulnerando flagrantemente el derecho de defensa en juicio del imputado.
Transcribe los hechos atribuidos al imputado en su indagatoria de fs. 281/285, y entiende que el acto procesal tiene carácter de nulidad absoluta e insanable, pues surge de la redacción de los hechos, que el mismo no se ajusta a lo exigido por la ley de rito, existiendo una total imprecisión de los hechos intimados, no describiéndose en forma clara y precisa cuales fueron las circunstancias en las que habría cometido el delito. Y que se han vulnerado las garantías constitucionales que goza todo ciudadano, que es la defensa en juicio y el debido proceso consagrado en el art 18 de la C.N., pues el acto de la indagatoria se encuentra viciado, pues la forma en la redacción de los hechos que se imputan a D. E. J., hace que sea muy difícil que este pueda ejercer una defensa acorde, abarcando periodos que van del año 2006 hasta el año 2021, sin especificar al menos alguna fecha precisa, algún evento importante a destacar, lo cual termina siendo una imputación genérica, absurda, abstracta y sin lógica, por lo que debe declararse nula de nulidad absoluta la declaración indagatoria del imputado y de todos los demás actos procesales llevados a cabo en adelante.
Destaca que la exigencia de la intimatio formalis (imputación precisa, clara y circunstanciada no es un mero formalismo, pues, para que el imputado pueda intentar ejercer su derecho de defensa, negar los hechos y aportar pruebas de descargo el a quo debió haber delimitado con claridad la plataforma fáctica: que hizo, cuando lo hizo, donde lo hizo y de qué forma, sin embargo, esto no sucede en este expediente, pues la imprecisión de los hechos enrostrados al Sr. D. E. J. coloca a este en un estado de indefensión al no permitírsele refutar los extremos de los hechos atribuidos, y que dicha situación causa un agravio de difícil reparación ulterior, pues la falta absoluta de precisión a la hora de abordar y relatar los hechos y la escasa determinación fáctica con la que se ha formulado la imputación de nuestro asistido en el auto de procesamiento en crisis hace que de manera enfática solicite la nulidad absoluta e insanable de la declaración indagatoria del imputado y su posterior consecuente ( Auto de Procesamiento), todo ello según lo normado en los artículos 158, concordantes y consecuentes del Cod. Proc. Penal de la Provincia de Santa Cruz, debiendo ordenar la inmediata libertad del encartado, pues la causa carece de sustento que lo mantenga en situación de detención.
Solicita se declare extinguida la acción penal por prescripción en dos hechos.
Señala que el primer hecho intimado de abuso sexual al Sr. D. E. J. habría ocurrido aproximadamente en el mes **/2004 a **/2006, está prescripto. Es decir, que la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo ya que su asistido fue citado a declaración indagatoria el día **/**/2026, decreto que obra a (fs. 269), pero hasta entonces no existió ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción, ya que la pena para este delito del (art. 119 inc. b del C.P.) preveía una pena de 10 años como máximo, tomando como parámetro la finalización del delito en el **/2006, han pasado aproximadamente 19 años y 8 meses, por ende el delito prescribió indefectiblemente en **/2016.
Con relación al segundo hecho enrostrado a su defendido, el mismo, data de septiembre 2006 hasta septiembre 2012, sostiene que está prescripto. Es decir, la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo ya que su asistido fue citado a declaración indagatoria el día 29/05/2026, decreto que obra a (fs. 269), pero hasta entonces no existió ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción, ya que la pena para este delito del (art. 119 3 tercer y cuarto párrafo del C.P.) previa una pena de 20 años como máximo, considerando que la prescripción máxima de nuestro código es de 12 años, fijado por el art. 62 inc. 2 del C.P. para penas privativas de la libertad de ejecución condicional y efectivas superior a los 12 años, el límite fijado es este y no otro, ya que para los hechos transcurridos en el periodo de 2006 hasta octubre de 2011 no regia la ley 26.705 ( Ley Piazza) y menos aún la ley 27.206/2015. Agrega que es necesario aclarar que el presente caso se analizó a la luz de lo dispuesto por la redacción del art. 67, 4to párr. del CP –ley n° 25.990–, en la que la prescripción se interrumpía por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la esta no se encuentre firme, es por tal razón, que estos delitos enrostrados al Sr. D. E. J. se encuentran prescriptos y así lo pedimos.
Que por otro costado, la prescripción de la acción penal corre y se opera en relación con cada delito —aun cuando exista un concurso de ellos— debido a que la interpretación y aplicación estrictas de las reglas del concurso real conducen a la acumulación de penas, pero no a la de los plazos de prescripción de las acciones. Que entonces, cabe adelantar que no hay ninguna causal de suspensión del curso de la prescripción ni tampoco de su interrupción.Que no obstante, y en relación a esta última causal (interrupción), harán las siguientes consideraciones.
i. Que en primer lugar, considera fundamental traer a colación cuál es la interpretación de la CSJN en relación a la causal interruptora de la prescripción configurada por la comisión de otro delito (art. 67 CP).
Que según la jurisprudencia consolidada de la CSJN, p. ej., en los autos Reggi, Alberto, de fecha 10/05/1999, Cita Fallos Corte: 322:717, el criterio por medio del cual debe entenderse la comisión de un nuevo delito es la imposición de una sentencia judicial firme que imponga una condena al acusado y no la mera imputación por la supuesta comisión de un delito. Así, la C.S.J.N. sostuvo: “Asimismo, entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado (Fallos: 312:1351, considerando 16)”. Igualmente, la C.S.J.N en la causa Fabbrocino, Mario, de fecha 21/11/2000 (JA 2002-I-621. Fallos 323:3749).
Es decir, que lo cierto y real es que el máximo tribunal de nuestro país tiene una interpretación sólida y consolidada sobre la interpretación, motivo por el cual, no se puede dejar de atender a esta cuestión dirimente y deberá seguir la línea jurisprudencial emanada de la CSJN y desvincular del proceso penal a su defendido, al menos en los dos primeros hechos, por ser el criterio de la máxima autoridad y por razones de economía procesal. Que, en este orden de ideas, recuerda que es doctrina de la CSJN que no obstante que sus sentencias sólo deciden los procesos concretos que le son sometidos y ellas no resultan obligatorias para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber moral de conformar sus decisiones a esa jurisprudencia y, por tal razón, carecen de fundamentación los pronunciamientos de los tribunales que se apartan de los precedentes de la Corte sin proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada (Fallos: 318:2060 y sus citas). Que esta situación se vio claramente reflejado en el precedente de la CSJN (causa LOYO FRAIRE, Gabriel Eduardo y otros) en donde el máximo Tribunal del país modificó la línea jurisprudencial del TSJ Cba. en relación a la prisión preventiva.
Que en este sentido, los hechos se habrían consumado entre septiembre del año 2004 hasta **/2006 y desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2012.
ii. Alega que una vez superado el primer obstáculo, y habiendo descartado toda posibilidad de interrupción de la prescripción ante la inexistencia de sentencia judicial firme en contra de su defendido, se debe considerar a partir de cuándo se interrumpe la prescripción por el primer llamado a indagatoria (art. 67 CP), para verificar así la inexistencia de causales de interrupción del curso de la prescripción y cuando vemos el expediente entendemos que el llamado a indagatoria y la audiencia no interrumpieron la prescripción, ya que habían pasado en el primero de los hechos 19 años y 8 meses y en el segundo al menos hasta septiembre de 2011 más de los 12 años indicados por el código penal para que la acción penal prescriba.
Manifiestan que, en primer lugar, es necesario aclarar que a la luz de lo dispuesto por la actual redacción del art. 67 del CP 6 párrafo –ley n° 27.206–BO 10/11/2015, la prescripción se interrumpe por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la esta no se encuentre firme. Que conforme lo referido en el párrafo anterior, la actual redacción del art. 67, 6to párrafo del CP otorga eficacia interruptiva a ciertos actos procesales que se realicen durante la instrucción de la causa por el delito que se investigue. Que ya en este momento, se puede descartar tanto la causal de comisión de otro delito como el requerimiento acusatorio de elevación a juicio. El primero por no haber sentencia en contra del Sr. D. E. J. y el segundo por no existir ningún requerimiento en contra de su asistido con respecto a los delitos objeto de investigación. Que de este modo, se deberá focalizar el análisis en la causal referida al primer llamado a indagatoria.
Que el acto procesal con efecto y virtualidad interruptiva del curso de la prescripción de la acción penal, tal cual se deriva de la literalidad del art. 67, 6to párrafo, inc. b) del CP, es el primer llamado a prestar declaración indagatoria por el delito investigado, aclarando que dicho llamado fue tardío, pues los delitos ( hecho 1 y 2) ya se encontraban extintos, toda vez que desde las fechas señaladas hasta estos días no concurrió ninguna de las demás causales taxativamente previstas en el Código Penal (art. 67, 6to párrafo, incisos “a, c, d y “e”.), para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
De lo expuesto, y en virtud de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho desarrollados en el presente apartado, entiende que cabe entonces concluir que la pretensión penal por los delitos de abuso sexual que se le atribuyen a su asistido ( en dos hechos) se extinguieron, correspondiendo entonces que se disponga el sobreseimiento parcial del Sr. D. E. J. en los presentes obrados por encontrarse a la fecha prescripta la pretensión penal de la misma, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 63 del CP, 322 inc. 2 CPP y 319 inc. 1 CPP, lo que así pedimos.
Realizan una introducción de un caso jurisprudencial que reforzará su pedido de prescripción antes solicitado a V.S. y que consideran merece especial atención. Se trata del Fallo: “I., J. J. s/ promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/ impugnación extraordinaria.” CSJ 1245/2020/CS1. De fecha 01/07/2026.
Expresa que el caso trata del ex-sacerdote y exprefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná J. J. I., quien fue denunciado penalmente en el año 2012 por múltiples abusos sexuales cometidos entre 1988 y 1992 contra seminaristas de entre 12 y 15 años. En ese momento, los denunciantes eran ya adultos (entre 33 y 37 años). Previamente, se había desarrollado un procedimiento eclesiástico que lo sancionó disciplinariamente pero no derivó en una denuncia judicial. Con anterioridad a la denuncia judicial hubo un procedimiento eclesiástico, donde se le prohibió a I. su presencia en la Arquidiócesis de LUGAR_1 como así también comunicarse con los seminaristas. En 1998 I. abandonó la vida religiosa pero en 2000 retornó a ella y fue trasladado a la parroquia de la localidad de Monteros, Provincia de Tucumán. En 2012 fue apartado del ejercicio del sacerdocio.
Continúa diciendo que la defensa del ex-sacerdote solicitó la prescripción de la acción penal y el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos rechazo dicho planteo, argumentado que “si bien los delitos de abuso sexual - no lo incluyen en el listado de delitos de lesa humanidad descriptos en el artículo 7 del Estatuto de Roma -lo convierten [en delitos de lesa humanidad] al estar integrados por un contexto de hechos de inusitada gravedad atribuidos a altas jerarquías del Seminario Arquidiocesano de la Iglesia Católica y que afectaron y aún afectan a familias que por su fe y convicciones entregaron a sus niños para el aprendizaje sin sospechar que ellos serían víctimas de actos horrendos de abuso, que exceden los límites de los ilícitos comunes”.
Que así, el Superior Tribunal entrerriano consideró que la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados, la imposibilidad de los denunciantes de acceder a una tutela judicial efectiva y la responsabilidad estatal de hacer valer las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño determinaban que los delitos que se le imputaban a I. no se encontraban prescriptos.
Que ese fallo confirmó la pena a 25 años de prisión contra I., donde se lo había encontrado responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación -en cinco hechos- y del delito de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación.
La decisión de la Corte. Expresa que la Corte enfatizó que es aplicable al caso el plazo previsto por el artículo 62 del Código Penal, en cuanto prevé el lapso de 12 años como límite máximo para la prescripción de la acción de los delitos por los que se condenó.
Por dichos motivos, consideró que la acción penal en contra de I. estaba prescripta —cuanto menos— desde el año 2005, en cuanto no había operado ninguna de las causales de suspensión o interrupción. Por esos motivos, resolvió declarar la extinción de la acción penal y sobreseyó al acusado.
Dice que el Máximo Tribunal remarcó que ésta cuestión en debate excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas en las que también se encuentra en discusión la vigencia de la acción penal en relación con la presunta comisión de abusos sexuales contra menores de edad en el período previo a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 (5 de octubre de 2011 y 10 de noviembre de 2015 respectivamente).
Que la Corte fue sumamente crítica respecto a la posición de tribunal provincial de sostener la inaplicabilidad de normas legales sobre prescripción sin declarar su inconstitucionalidad. Que en cuanto al argumento según el cual sería aplicable la regulación propia de los delitos de lesa humanidad, referida a la prohibición de aplicar la prescripción, el indulto, la amnistía y otros eximentes de responsabilidad, la Corte expresó que se trataba de una analogía inadmisible ya que los hechos que encuadran dentro de dicha categoría son de una naturaleza radicalmente distinta de la que revisten los denunciados en la causa. Resaltó que, sin duda alguna, los delitos por los que se condenó al recurrente son aberrantes, pero que eso no basta para excluirlos del alcance de las reglas generales previstas por el legislador en el Código Penal para examinar la vigencia de la acción penal. Que en ese sentido, los magistrados remarcaron que resulta claro que los hechos del caso tampoco pueden ser subsumidos dentro de los supuestos de “graves violaciones a los derechos humanos” como argumenta el tribunal provincial. Que no todo delito que afecte derechos humanos constituye, per se, una “grave violación” que, según el derecho internacional, deba ser investigado con exclusión del instituto de la prescripción de la acción penal.
Que también consideró fundamental reparar en que no se invocó la existencia de ninguna norma procesal o sustantiva que haya impedido el efectivo ejercicio del derecho de los menores abusados a denunciar a sus agresores durante el término de vigencia de la acción penal y a ser escuchados en el proceso subsiguiente. Tuvo en cuenta que durante buena parte del plazo de la prescripción de los delitos investigados los denunciantes fueron adultos y no consta que hubiesen permanecido bajo la dependencia del acusado o dentro de su ámbito de influencia, ni que haya existido algún otro obstáculo para formular la denuncia.
Que con respecto a la invocación del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño sostuvo que este consiste en priorizar el interés superior en el marco de interpretaciones y aplicaciones jurídicas posibles, sin que pueda ser considerado como una autorización para prescindir del ordenamiento jurídico vigente.
Que para la Corte, las garantías contenidas en la Constitución Nacional (de la cual emerge el principio de legalidad) son parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que no podría alegarse proteger ésta para violar aquella: “los citados instrumentos internacionales que prevén el derecho a la tutela judicial efectiva deben guardar conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Ley Suprema (artículo 27, Constitución Nacional), no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional). Uno de esos principios de derecho público es el debido proceso legal previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 316:1669; 322:1905; 328:3193, entre otros), y en especial la previsión referida a que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, expresado en el tradicional aforismo latino nullum crimen nulla poena sine lege penali praevia (no hay crimen ni castigo sin ley penal previa). Por consiguiente, toda “flexibilización” del principio de legalidad en materia penal es abiertamente contradictoria con los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en tanto no fue alterado por la aprobación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
Que finalmente, la Corte aclaró que, si bien atendiendo a la fenomenología del problema, el legislador excluyó prospectivamente estos delitos contra menores de edad de las reglas usuales en materia de prescripción a través de la sanción de las leyes 26.705 y 27.206, estas normas, dada la fecha de su sanción, no resultan aplicables a la causa en atención al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa.
Luego, el recurrente transcribe el fallo completo. Fundamentos de derecho: La defensa entiende que se deben confrontar los siguientes institutos del derecho penal, con el fin de poder sacar conclusiones al respecto de la presente causa, dichos institutos implicados son: a) Prescripción de la acción penal – b) irretroactividad de la ley. c)– abuso sexual infantil – d) derechos del imputado. Señala que el instituto de la prescripción de la acción penal lleva ínsito el concepto de límite al ius puniendi estatal, lo que implica que, de acuerdo a cómo se regule el instituto de la prescripción de la acción penal dentro del derecho interno de un país, estará dado el límite del poder punitivo del estado, y, como consecuencia de ello, la delimitación de los derechos de los ciudadanos, ya que inexistencia del instituto de la prescripción, o la elongación indefinida de los plazos que lo prevén, coloca a los ciudadanos en un estado de incertidumbre permanente por la presunta comisión de un hecho que se le atribuye a su persona.
Que si bien todo delito, con excepción de los delitos de lesa humanidad, da origen a una potestad persecutoria estatal susceptible de extinguirse con el paso del tiempo, en la conciencia social hay ciertos delitos que se cree que, por su aberrante contenido, deberían ser imprescriptibles. Este es el supuesto de los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima es menor de edad.
Que desde la sanción del Código Penal, se ha ido modificando la regulación que el mismo realiza en relación al instituto de la prescripción y los delitos de naturaleza sexual, en respuesta a las demandas efectuadas por la sociedad en cumplimiento de los tratados internacionales oportunamente suscriptos. Lo que estas leyes buscaban era que los abusos sexuales cometidos a menores de edad no quedasen impunes por falta de denuncia de sus progenitores, ya fuere porque estos eran los protagonistas de la agresión o lo era algún familiar cercano o un amigo, o por cualquier otro motivo: la omisión, el querer evitar la revictimización del menor, y el descuido, la falta de interés, etc.
Que en relación al instituto de la prescripción, este nació como un instrumento racionalizador de la desigualdad que había en torno a la aplicación de la clemencia (desinterés estatal en perseguir y castigar), con lo cual, el paso del tiempo convirtió ese mecanismo en igualador. La prescripción es entendida como una limitación temporal al ejercicio del ius puninendi estatal. Cita doctrina en torno al instituto de la prescripción. Entienden, que el fundamento de la prescripción de la acción penal radica en que la amenaza de sufrir una sanción penal no puede mantenerse vigente indefinidamente, ya que mediante el instituto de la prescripción se garantiza la vigencia de otro derecho de raigambre constitucional que es el de ser juzgado en un plazo razonable.
Que al ser considerada la prescripción de la acción penal como de orden público, la misma puede ser declarada de oficio por el juez (art 160, 161 y 162 del C.P.P. SC), lo que quiere decir que la misma se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, ello aún en contra de la voluntad del interesado o de su deseo de que se juzgue su causa.
Que en este orden de ideas se puede apreciar que no sólo la doctrina se ha expedido respecto del contenido y vigencia del instituto de la prescripción. Así, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fundamento de la prescripción radica en “el derecho a la decisión del proceso en un plazo razonable, respecto del cual dicho instituto es un instrumento idóneo para hacerlo valer, cumpliendo “un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio”. Por eso considera que es tan importante el fallo transcripto, pues la Corte Nacional volvió a ratificar el 1/07/2025 con el fallo I., cual es el criterio a seguir y que deja sentado que un juzgado provincial no puede arrogarse desconocer el derecho vigente y menos aun instituciones tan caras del derecho como es la prescripción penal, ya que dicha situación resulta inadmisible y hace pensar a esta defensa que el juez del a-quo desconoce literalmente el derecho vigente en nuestro país, porque no se trata de libres pensadores, se trata de un juez que aplica el derecho según su ánimo o su parecer, desconociendo las reglas más básicas del derecho de nuestro país, tal como ocurrió en nuestro caso. En relación a la irretroactividad de la ley penal, expresa que se debe tener presente que como consecuencia de ella, la ley sólo va a regir para el futuro y que esta prohibición no sólo tiene raigambre constitucional, sino que también se encuentra consagrada en diversos tratados internacionales a los que nuestro país adhirió y que el juez del a-quo interpretando las normas vigentes a su gusto soslayó y aplicó normas con dirección al pasado.
Cita doctrina.
Agrega que el principio de irretroactividad de ley penal es una consecuencia directa del principio de legalidad, y cuya función primordial es la de brindar seguridad jurídica, implicando que el Estado sólo va a perseguir aquellas conductas punibles que previamente han sido tipificadas como tales mediante una ley anterior a su comisión. Que este principio encuentra su fundamento no solo en el principio de seguridad jurídica, sino también en el de confianza y el de culpabilidad, por cuanto el sujeto debe saber que el acto que cometió se encuentra prohibido, apoyándose así en la idea de autonomía de cada persona. Cita doctrina.
Que en este orden de ideas, como consecuencia de lo referido, se puede afirmar que el instituto de la prescripción se encuentra ligado al principio de legalidad, y, por lo tanto, no sería susceptible de aplicar, en perjuicio del imputado, una ley ex post facto que altere su operatividad. Que sin perjuicio de ello, tanto la normativa interna como los tratados internacionales de derechos humanos prevén una excepción a esta irretroactividad de la ley penal: la ley más benigna.
Que por último, al consagrar el artículo 27 de la Constitución Nacional la supremacía de la misma por sobre los tratados internacionales, no se encuentra permitido aplicar un tratado internacional que prevea la aplicación retroactiva de la ley penal, en tanto el principio de legalidad es un innegable principio de derecho público, también consagrado en nuestra Constitución Nacional. Que es el mismo sistema convencional el que impide la afectación del principio de legalidad por la aplicación retroactiva de una ley penal.
Consideran que la aplicación retroactiva del art. 67 del Código Penal a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206, resulta claramente violatoria no solo de las garantías constitucionales ya referidas, sino también del propio artículo 2 del mismo texto legal. Que este último artículo contempla, como ya se ha indicado, el principio de irretroactividad de la ley penal, en clara alineación con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional.
Manifiesta que si bien las previsiones legales en esta materia han variado con el tiempo y las diversas reformas legislativas que se han producido, todas ellas, como consecuencia de diversos reclamos sociales y también en cumplimiento de las obligaciones internaciones asumidas por nuestro país, no debemos interpretar que dichas normas puedan ser aplicables a cualquier caso en el tiempo.
Que en nuestro caso, la ley vigente al momento de la supuesta comisión del hecho regia el código penal tal como fue sancionado en el año 1921 (Ley 11.179), modificado por el la ley 25.990, en la cual la prescripción se fundaba exclusivamente por el paso del tiempo. El Art. 62 determinaba que la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1.º A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 2.º Después de transcurrido el máximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de ** años ni bajar de dos años…. El Art. 63. decía - La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse. Que de las normas transcriptas se observa, que nada en particular se preveía para el caso de que la víctima del delito de naturaleza sexual fuera menor de edad, por lo que la prescripción comenzaba a correr desde la medianoche del día en que se cometía el delito y que si bien se introdujeron otras causales de suspensión del plazo de la prescripción y se incorporó una causal de interrupción del instituto, nada se dijo respecto a la víctima menor de edad.
Que con la reforma constitucional de 1994, ingresan a nuestro derecho interno por imperio del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, con jerarquía constitucional, diversos tratados internacionales de relevancia en la materia, los cuales comenzaron a cambiar el modo en que se analizaba y aplicaba la ley en esta temática. Que entre ellos se destacan: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, pero afirma que el error se dio en muchos casos en el cual se confundió el deber de otorgar una consideración primordial al interés superior del niño previsto en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ello no habilita a hacer una interpretación caprichosa y ajena al derecho vigente de la época en que supuestamente se cometió el ilícito penal, ya que no puede ser interpretado un tratado internacional en el sentido de soslayar las exigencias del debido proceso. Que una interpretación literal de la norma en los términos del artículo 31 inciso 1° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados lleva a concluir en que el interés superior del niño es “una consideración primordial” que debe tenerse en cuenta al decidir sobre los derechos de un niño, lo que no excluye la posibilidad de tener en cuenta otras consideraciones igualmente primordiales, tales como el respeto de las instituciones jurídicas de orden público como la de la prescripción de la acción penal y las garantías del debido proceso, es por ello que entienden que los delitos endilgados a su defendido al menos en el primer y Segundo hecho se encuentran total y absolutamente prescriptos, con cual es deber sobreseer de forma parcial al señor D. E. J..
Agrega que uno de los pilares fundamentales del derecho del imputado es sin duda alguna es el principio de legalidad, de gran importancia en nuestro derecho penal, principio que cumple con una función que a su criterio es esencial: dar seguridad jurídica, asegurar que a la persona no se la va a juzgar por un hecho el cual, al momento de ser cometido, no se encontraba tipificado como delito o tenía un tipo de sanción jurídica distinta, etc. Cita doctrina.
Señala que el principio de legalidad se encuentra receptado en nuestra Constitución Nacional, más precisamente en el artículo 18, y complementado con el principio de reserva consagrado en el artículo 19. Que asimismo, se encuentra receptado en diversos tratados internaciones de derechos humanos, los cuales ingresaron a nuestro derecho interno a través del articulo 75 inc. 22 de nuestra constitución Nacional.
Que el principio de legalidad, tal como se encuentra receptado en las constituciones modernas, es obra del liberalismo, especialmente de la teoría del contrato social entre los ciudadanos y el Estado, el cual tiene como finalidad limitar el poder de este último frente al individuo y la sociedad en su conjunto. Cita doctrina y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Destaca que el principio de legalidad implica tres máximas no sometidas a excepción alguna:
La Primera de ellas es “nulla pena sine lege”: la existencia de una pena, supone una ley anterior; - La Segunda “nulla pene sine criminis”: la existencia de una pena, se encuentra condicionada a la existencia de una acción calificada como delito;
La tercera - “nullum crime sine pena legali”: el acto penalmente reprochado, está condicionado por la pena legal.
Que es así, entonces, que el principio de la ley previa exige que la pena y todas sus consecuencias estén determinadas con anterioridad a la comisión del hecho objeto de juzgamiento, de modo que el destinatario de la norma pueda conocer cuál es la conducta que el legislador consideró como disvaliosa y le aplicó una sanción penal. Que también, se puede afirmar que del principio de legalidad se desprenden cuatro consecuencias:
1. la prohibición de la analogía;
2. la prohibición de la retroactividad;
3. la prohibición de fundamentar la responsabilidad penal en el derecho consuetudinario;
y 4) el mandato de certeza.
Que estas cuatro consecuencias del principio de legalidad han sido distinguidas de la siguiente manera: * lex certa: las leyes deben estar redactadas con la mayor precisión posible. Esto implica que se debe determinar con precisión y certeza la conducta u omisión punible, evitando así que la ley penal quede indeterminada, reduciendo al mínimo la posibilidad de decisión personal de los jueces en la configuración del hecho que se juzga. * lex scripta: el juez debe contar con una ley escrita para poder aplicar una pena, quedando vedada la aplicación del derecho consuetudinario, al ser el mismo considerado como una práctica fundada en una convicción jurídica general. Esta veda implica que la costumbre no puede servir de base para la creación de figuras delictivas, así como tampoco para el agravamiento de las penas. * lex strica: la ley no puede ser aplicada en forma analógica en perjuicio del imputado.
Cita doctrina. * lex previa: las leyes penales se aplican a los hechos realizados después de su entrada en vigor y antes de su derogación o, en su caso, declaración de inconstitucionalidad, por lo que no pueden ser aplicadas en forma retroactiva en perjuicio del imputado. Expresa que de lo expuesto, y en virtud de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho desarrollados, cabe concluir que la pretensión penal por el delito de abuso sexual (art. 119 del C.P.) que se le atribuye a su asistido en relación al primer hecho intimado de abuso sexual al Sr. D. E. J., el que habría ocurrido aproximadamente en el mes FECHA_2 a **/2006, está prescripto. Es decir, la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo ya que su asistido fue citado a declaración indagatoria el día **/**/2026, decreto que obra a (fs. 269), pero hasta entonces no existió ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción, ya que la pena para este delito del (art. 119 inc b del C.P.) previa una pena de 10 años como máximo, tomando como parámetro la finalización del delito en el septiembre de 2006, han pasado aproximadamente 19 años y 8 meses, por ende el delito prescribió indefectiblemente en septiembre de 2016.
Con respecto al segundo hecho enrostrado a su defendido, el mismo, data de septiembre 2006 hasta septiembre 2012, está prescripto. Es decir, la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo ya que su asistido fue citado a declaración indagatoria el día 29/05/2026, decreto que obra a (fs. 269), pero hasta entonces no existió ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción, ya que la pena para este delito del (art. 119 3 tercer y cuarto párrafo del C.P.) que imponía una pena de 20 años como máximo, considerando que la prescripción máxima de nuestro código es de 12 años, fijado por el art. 62 inc. 2 del C.P. para penas privativas de la libertad de ejecución condicional y efectiva superior a los 12 años, el límite fijado este y no otro, ya que para los hechos transcurridos en el periodo de 2006 hasta octubre de 2011 no regia la ley 26.705 ( Ley Piazza) y menos aún la ley 27.206/2015.- Por tal razón, estos delitos enrostrados al Sr.
D. E. J. se encuentran prescriptos y así loc piden.
Se agravia por la PRISIÓN PREVENTIVA. Invoca inexistencia de riesgos procesales, ausencia de prueba, fundamentación genérica, dogmática y omisiva.
Se agravia la defensa por entender que se ha efectuado una incorrecta y perjudicial interpretación y aplicación de la normativa procesal vigente (arts. 300, 301 y 302 del CPP) como así también un apartamiento de la jurisprudencia vinculante (Diaz Bessone, Ramón Genero s/recurso de casación”, y Loyo Fraire, Gabriel Eduardo -CSJN), donde se autoriza en materia de excarcelación que aun cuando el pronóstico punitivo no habilite la condena condicional –como lo es en el presente caso conforme la calificación legal hoy atribuida-, se valoren en forma conjunta, para denegar o no dicha medida, otros parámetros, tales como los establecidos en el art. 302 del CPP a los fines de determinar la existencia del riesgo procesal, los cuales en el caso concreto demuestran la inexistencia de riesgo procesal alguno de parte del imputado y, en efecto, autorizan a que se deje sin efecto la prisión preventiva dictada en contra de éste.
Que, en ese sentido, descartado que el pronóstico punitivo sea un elemento determinante para habilitar la imposición de esta excepcional medida coercitiva sobre el imputado, resta analizar si existe el riesgo procesal que plantea el sentenciante que concurre en este caso. Transcribe los considerandos de la resolución apelada relativos a la prisión preventiva y dice que esta es toda la fundamentación esgrimida por el sentenciante para imponer al procesado la medida de coerción más gravosa que establece el CPP, la prisión preventiva.
Que dicha fundamentación de carácter dogmática y genérica les agravia, primero, por haber omitido reparar y analizar las condiciones personales del imputado, omitiendo tener en cuenta el arraigo del imputado, la carencia de antecedentes del imputado, la ausencia de rebeldía, la edad, las condición personal, social y económica del encartado. Que en especial deben resaltar que el Sr. D. E. J. se encuentra trabajando hace muchos años como dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, en una relación de pareja estable y con hijos que estudian en nuestra ciudad.
Que, por otro lado, no pueden dejar pasar las palabras del juez de instrucción, cuando dice que el señor D. E. J. podría entorpecer la investigación, ya que no se les ocurre cual podría ser el artilugio para lograr tal cometido, sin embargo, el juez toma la determinación de aplicar la medida más gravosa que existe para esta etapa del proceso, que es la prisión preventiva de su asistido lo cual resulta descabellado a todas luces.
Que a contrario sensu de lo que dice S.S., no existe a esta altura de la investigación posibilidad alguna de que el imputado pueda entorpecer la misma. Concretamente: Todas las medidas de prueba que el juzgado entendía que había que realizar en relación a la victima ya se han recabado, ha declarado la supuesta víctima; diferentes testigos, etc. se ha allanado el domicilio vinculado al hecho y se realizaron todas las pericias de rigor para estos casos, osea el expediente se encuentra avanzado en cuanto a la instrucción.
Agrega que vale recordar que la justificación de la prisión preventiva exige fundamentar la presencia de peligro procesal y no alcanza para ello con afirmar que hay posibilidad de entorpecimiento porque hay cosas por hacer y menos aun en nuestro caso. Que es indispensable dar cuenta de qué cosas es indispensable hacer y de por qué la libertad del imputado pone en riesgo el que esas cosas en concreto puedan llevarse a cabo. Que no es razonable en ningún caso afirmar que hay peligro de entorpecimiento sin decir en qué consiste tal peligro, qué es lo que corre peligro, qué diligencias probatorias son concretamente las potencialmente afectables, que se equivoca groseramente el a-quo cuando dice que pueden influir en las pruebas que se encuentran bajo resguardo del juzgado, que por esta razón esa parte no encuentra asidero para que el imputado siga detenido con prisión preventiva. Que en este caso concreto, esa falta de razonabilidad se agrava desde que parece evidente que no hay nada que corra hoy peligro.
Resumiendo lo dicho, entienden que no hay peligro de entorpecimiento de la investigación, puesto que: (i) el pronóstico de pena, es inidóneo como indicio de peligrosidad de entorpecimiento; (ii) los restantes indicios actúan todos en favor de la libertad de su asistido desde que: (a) no hay ninguna diligencia probatoria en concreto que aparezca actualmente como amenazada por la libertad de nuestro asistido; b) la producción de las diligencias probatorias que se consideren en peligro no existen ante el avanzado estado del expediente; (c) no hay razones valederas para afirmar que el imputado vaya a desplegar ardides sofisticados en contra del proceso penal. En cuanto al peligro de fuga, resulta infundada la afirmación del a quo al sostener que su asistido intentara profugarse, desde que el mismo tiene trabajo estable, es cabeza de familia, tiene hijos estudiando actualmente, pareja estable y demás condiciones que hacen a su derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso en su contra.
Que además, su comparecencia al presente proceso puede afianzarse con múltiples otras medidas coercitivas como ser con la prohibición de salida del país o de la provincia, la retención del pasaporte, la comparecencia incluso semanal ante los estrados del tribunal, la fijación y mantención de un domicilio, etc.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Señala que no es dable sostener tampoco en autos que el imputado tenga una posición económica exorbitante que le permita eludir la acción de la justicia y mucho menos mantenerse prófugo, pues un empleado dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, quien no supera la canasta básica tipo 3, la cual ronda en un millón trescientos mil pesos, lo que hace imposible poder emprender una fuga con dicha suma mensual.
Que lo dicho hace entonces desaparecer el peligro de fuga, o al menos lo hace desaparecer en el sentido de peligro que torne indispensable la prisión preventiva. Esto es así porque: (i) el pronóstico de pena es inidóneo como indicio de peligrosidad; (ii) los restantes indicios actúan todos en favor de la libertad de nuestro asistido desde que: (a) tiene antes de la detención residencia fija; (b) es una persona que cuenta con un trabajo fijo; (c) carece de antecedentes penales; (d) no posee medios económicos para solventar una fuga y/o mantenerse prófugo de la justicia, es una persona nacida y criada en la ciudad, vecino conocido del barrio Ceferino. Que, en conclusión, no hay fundamentos para sostener que represente para el proceso un peligro por probabilidad de fuga.
Que así las cosas, no subsisten las exigencias para una imposición legítima de la prisión preventiva, al menos no si su finalidad es genuinamente cautelar: (i) no hay peligro de entorpecimiento derivado de la libertad del procesado; (ii) no hay peligro de fuga. En consecuencia; (iii) tampoco puede ser absolutamente indispensable mantenerlo encarcelado, tal como exigen el CPP, la CN y los tratados internacionales que comparten su jerarquía normativa, más aún cuando ya han transcurrido varias semanas desde que fuera detenido.
Cita jurisprudencia.
Agrega que de dicho fallo ("Loyo Fraire" CSNJ) surgen una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de dictar una medida de coerción como la prisión preventiva:
a. La gravedad del delito: ha dicho la CSJN que “las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. En consecuencia, si bien la severidad de la sanción legal conminada para el ilícito que se atribuye al imputado resulta un primer eslabón de análisis, debe ir necesariamente acompañada de indicios concretos de peligrosidad procesal.
b. Indicios concretos de peligrosidad procesal: las prisiones preventivas tanto anteriores como posteriores a la sentencia de condena deben en principio regirse por el mismo baremo de concreción y –en términos de la CSJN-, disponerse el encierro cautelar cuando –entre otros requisitos- sea necesario, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, lo que supone su excepcionalidad (CIDH, “Chaparro Alvarez”, 21/11/2007). Ello, a criterio de la CSJN, ocurre si los imputados hubieran intentado eludir la acción de la justicia, si se hubiese dado alguna situación concreta respecto del curso de la investigación, o si circunstancias objetivamente verificadas en la causa permitieran derivar una directa conexión con alguno de los dos peligros referidos.
c. Las características personales del supuesto autor: la CSJN ha entendido que las características personales deben ser analizadas en su incidencia respecto de la situación particular de cada acusado. Así entonces, será necesario analizar estas condiciones subjetivas sin hacer foco en su mayor o menor generalidad, con específica referencia al caso y en proyección concreta a peligrosidad procesal del imputado. Aclarase, que la condición económica –en especial, la dificultad o imposibilidad de afrontar cauciones reales- no puede constituir un obstáculo en este sentido.
Que los indicios concretos de peligrosidad que sostiene el sentenciante, a estas alturas se ven desvirtuados, siendo además importante resaltar que existen otras medidas coercitivas a las que el juez puede apelar para garantizar los fines del presente proceso. En conclusión, sobre la base de una correcta y objetiva interpretación-aplicación de la ley adjetiva y de la jurisprudencia plenaria, y teniendo en cuenta la situación concreta del imputado, entiende que deberá revocarse la prisión preventiva que se ha impuesto sobre este, debiendo disponerse de manera urgente su inmediata libertad atento la inexistencia acreditada de riesgo procesales algunos.
Cita jurisprudencia.
Que en definitiva, observamos que S.S. no acreditó con argumentos y pruebas concretas cómo el estado de libertad de que el señor D. E. J. puede poner en riesgo real los fines del proceso y ello es lo que motiva la presente impugnación, por lo que solicitan se disponga su libertad y se garantice el proceso con la imposición de otras medidas de coerción menos gravosas. La defensa solicita se imponga a su defendido prisión domiciliaria o medidas alternativas.
Que en este orden de ideas y para el caso que se considere que existe algún tipo de riesgo procesal, por el cual deba atenuarse la libertad del encartado, la defensa solicita la aplicación de medidas cautelares no privativas de la libertad, fijando reglas y pautas de conductas adecuadas a dicha situación:1. Prohibición de acercamiento a la presunta víctima y de contacto por cualquier medio. 2. Obligación de comparecencia semanal o quincenal ante la sede del juzgado de instrucción. 3. Prohibición de salida de la ciudad y del país. 4. Caución real o juratoria, a los fines de asegurar el proceso y por último,5. la prisión domiciliaria, cumpliendo el arresto en su domicilio bajo supervisión de algún dispositivo electrónico o control de la fuerza policial, preservando de este modo el derecho a que el hogar y la salud del encartado siga subsistiendo.
Por otro costado, la defensa se agravia en relación al monto del embargo impuesto a nuestro pupilo, por ello solicitan se reduzca el monto de $ 15.000.000,00, por resultar una suma exorbitante y se reduzca a los límites mínimos en caso de tener que responder a gastos y costas del proceso.
RESERVA: Para el caso de una decisión contraria a los intereses de esa parte y previo los recursos legalmente previstos, formulan las correspondientes reservas de recurrir ante los tribunales superiores y también ante la CSJN por la vulneración a los derechos previstos en los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. Asimismo, formulan la correspondiente reserva del caso federal en base a las causales previstas doctrinaria y jurisprudencialmente por la propia C.S.J.N.
III.-Al contestar las vistas corrida la parte Querellante, Sra. P.D.P., con el patrocinio letrado de la doctora Manuela Ponz expresa que corresponde desestimar la pretendida anulación global de las actuaciones y la declaración de prescripción de la totalidad del segundo hecho, pues ninguna de esas consecuencias puede disponerse sin examinar las circunstancias de la imputación y los distintos regímenes temporales aplicables.
Subsidiariamente, formula planteo constitucional respecto de los tramos más antiguos y solicito que cualquier decisión parcialmente adversa delimite expresamente los episodios y actuaciones alcanzados, preservando la continuidad del proceso por los hechos subsistentes.
Sobre la nulidad de la indagatoria, refiere que el planteo defensivo identifica la amplitud de los períodos investigados con una supuesta imposibilidad de ejercer adecuadamente la defensa.
Que, sin embargo, esa conclusión exige demostrar que la intimación efectivamente practicada impidió conocer las conductas atribuidas, sus circunstancias y los elementos de cargo.
Que la exigencia de una imputación circunstanciada, establecida en el art. 281 del CPP, debe examinarse sobre el contenido del acto y la posibilidad concreta de contradicción. La ausencia de una fecha diaria exacta no permite, por sí sola, concluir que el hecho carezca de individualización.
Que la plataforma fáctica reproducida en el procesamiento y discutida por la propia defensa distingue períodos, lugares y modalidades. Que los primeros hechos se ubican en el domicilio de DIRECCION_1, durante las ausencias de la progenitora y mientras el imputado quedaba a cargo de la niña. Que se describen conductas diferentes según las etapas de su crecimiento. Que el cuarto hecho incorpora otro escenario: el inmueble de calle xxxxx N° ***y las visitas nocturnas para alimentar animales. Que el quinto incluye circunstancias específicas, como el episodio presenciado por el hermano menor y la estadía del imputado en el domicilio de xxxxx N° ***, Córdoba.
Que estas referencias deben ser ponderadas conjuntamente al evaluar si existió una comunicación suficiente de los hechos. Que la defensa invoca posibles viajes, ausencias y horarios laborales como medios de descargo; corresponde confrontar tales circunstancias con los períodos y acontecimientos imputados, identificando qué posibilidad concreta de defensa habría quedado frustrada.
Que el procesamiento, además, examina registros municipales a fs. 150/196 y testimonios relativos a las condiciones de convivencia, las ausencias de la progenitora y la visita a Córdoba. Ello ofrece elementos susceptibles de contradicción. Que, naturalmente, el alcance de cada fuente debe limitarse a los períodos y circunstancias que efectivamente comprende.
Que la valoración de esos elementos puede ser discutida, pero la discrepancia sobre su fuerza probatoria no constituye, por sí misma, un defecto de la intimación. Que para resolver este agravio, solicita cotejar directamente el acta de fs. 281/285 con las objeciones formuladas, verificando los hechos comunicados, la información sobre la prueba y su correspondencia con el procesamiento. Que las referencias posteriores al acto no sustituyen ese examen.
Que la abstención de declarar del imputado no se invoca como indicio de culpabilidad ni como convalidación de eventuales irregularidades.
Finalmente, sostiene que si se identificara algún defecto localizado, deberá establecerse su incidencia concreta y la dependencia de las actuaciones posteriores. Que conforme a los arts. 160 y 164 del CPP, solicita que se examine la posibilidad legal de rectificación o renovación y que se preserven los actos independientes. Una irregularidad circunscripta no justifica automáticamente invalidar toda la investigación.
En cuanto a la prescripción de la acción, manifiesta que la defensa solicita una consecuencia extintiva que requiere distinguir los episodios, las fechas atribuidas y la legislación aplicable a cada uno.
Que el segundo hecho comprende, según la propia imputación discutida, el período transcurrido entre septiembre de 2006 y septiembre de 2012. Por consiguiente, incluye conductas posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 26.705, que estableció, para los delitos allí previstos cometidos contra personas menores de edad, el inicio del cómputo desde su mayoría de edad. Que la aplicación de ese régimen a conductas posteriores a su entrada en vigencia no constituye aplicación retroactiva de la ley penal.
Que según la cronología del procesamiento, la querellante alcanzó la mayoría de edad en septiembre de 2017, extremo que deberá corroborarse con la partida de fs. 49. Para los accesos carnales agravados comprendidos en aquel régimen, el plazo de ** años no habría transcurrido al llamado a indagatoria que la defensa ubica el 29 de mayo de 2026. Que corresponde cotejar el decreto de fs. 269 y los hechos que comprende.
Que por ello, el comienzo del período en 2006 no habilita a declarar prescriptos todos los episodios incluidos hasta septiembre de 2012. La decisión debe diferenciar aquellos anteriores a la reforma de los posteriores, cuya persecución permanece habilitada conforme a ese cómputo.
Que tampoco se pretende trasladar artificialmente la fecha del último episodio a todos los anteriores. Precisamente, se solicita un análisis individualizado que impida extinguir conductas posteriores mediante fundamentos que sólo resulten aplicables a las más antiguas.
Que respecto del primer hecho, corresponde señalar un error en la escala penal utilizada por la defensa. El procesamiento atribuye abuso sexual gravemente ultrajante agravado por guarda y convivencia. Para esa calificación, el art. 119 del Código Penal, conforme al texto de la Ley 25.087, contempla una escala de ocho a veinte años. Que en consecuencia, el plazo aplicable conforme al art. 62, inc. 2, es de ** años.
Que esta corrección no permite afirmar, por sí sola, que la acción permanezca vigente, pero impide aceptar sin revisión el cómputo propuesto por la defensa.
Agrega que en cuanto al precedente “I., J. J.”, CSJ 1245/2020/CS1, del 1 de julio de 2025, esa parte reconoce la necesidad de abordar sus fundamentos sobre legalidad e irretroactividad. Que no se solicita atribuir carácter de lesa humanidad a los hechos ni aplicar retroactivamente las leyes 26.705 y 27.206.
Subsidiariamente, para el supuesto de considerarse agotado el plazo ordinario del primer hecho, plantea la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la aplicación de los arts. 62, inc. 2, y 63 del Código Penal en cuanto conduzca, en las circunstancias concretas del caso, a extinguir la acción mientras subsistía una situación de coerción que impedía efectivamente acceder a la protección judicial.
Que el procesamiento describe que el pedido de auxilio al padre biológico habría sido seguido de nuevas agresiones; que existían controles sobre las comunicaciones y los vínculos; y que el sometimiento habría persistido incluso durante la residencia en Córdoba. Que se trata de circunstancias que deben examinarse mediante las fuentes individualizadas en la resolución, atendiendo al alcance de cada una. Que aún tomando septiembre de 2006 como final del primer período y aplicando ** años, el agotamiento se situaría en septiembre de 2018, cuando, según la hipótesis sostenida en el procesamiento, aquella relación de sometimiento continuaba.
Que se reconoce que “I.” rechazó el desplazamiento de la prescripción sustentado únicamente en obstáculos fácticos. Que no se presenta la persistencia de la coerción como una excepción ya reconocida por la Corte. Se solicita un pronunciamiento específico sobre su incidencia constitucional en este expediente, frente a los derechos de acceso a la justicia y protección especial durante la infancia.
Que a tal efecto, se invocan los arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 7 de la Convención de Belém do Pará. Que por esta vía subsidiaria se solicita excluir del cómputo el tiempo durante el cual se tenga por acreditada la imposibilidad efectiva provocada por la coerción del imputado, mediante una declaración de inconstitucionalidad de su aplicación concreta. Expresa que cualquiera sea la solución adoptada respecto de los tramos antiguos, ella no puede extenderse sin fundamento propio a los hechos tercero, cuarto y quinto ni a los episodios posteriores a la reforma de 2011 comprendidos en el segundo.
Que una eventual declaración parcial de prescripción tampoco determina, por sí misma, la invalidez de toda la prueba incorporada regularmente. Que su utilización respecto de los hechos subsistentes deberá examinarse conforme a su pertinencia y posibilidad de contradicción, sin imponer pena por conductas cuya acción se declare extinguida.
Que del mismo modo, cualquier consecuencia sobre la situación cautelar exige una evaluación autónoma de los hechos que subsistan y de los riesgos procesales actuales. Que para el supuesto de una resolución adversa, deja planteada la cuestión federal vinculada con los derechos y garantías desarrollados, y formulo reserva de acudir por las vías locales pertinentes y, agotadas ellas, mediante el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley 48. A su turno el Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, al contestar la vista corrida sostiene que el argumento esgrimido por la defensa no debe tener acogida favorable en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas que expone.
Señala que para el tratamiento de nulidades debemos tener en cuenta dos aspectos a saber: a) la existencia de sanción legal (voluntad expresa de la ley de sancionar el acto cuando no se observen las disposiciones previstas) y b) que exista un incumplimiento de las garantías constitucionales que causen perjuicio, vulnerando especialmente el “debido proceso” y “la defensa en juicio”. Asimismo resulta trascendental que este perjuicio se demuestre efectivamente durante su sustanciación y que contenga agravio real y concreto.
Que, en sus agravios, la Defensa manifiesta la nulidad de la indagatoria, debido a que los hechos intimados resultan imprecisos en cuanto al modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los 5 hechos endilgados.
Entiende que en un orden cronológico se debe dictaminar primeramente sobre la prescripción de las acciones penales planteadas. Que en este sentido y visto el temperamento adoptado por el Sr. Defensor a fs. 334/357, entiende que los agravios no son procedentes, pues los mismos intentan, dentro del sistema general del cómputos de plazos prescriptivos establecer una modalidad de excepción al sostener que los hechos sucedieron y prescribieron antes de las reformas 26.705 y 27206 por la cual estarían prescriptos ambos delitos.
Que, analizado los primeros hechos, entiende que se debe aplicar la suspensión de la acción penal conforme la actual redacción del art. 67 del C.P. Que conforme la calificación legal dada al primer hecho como abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo, doblemente agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y contra una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente ( art. 119 2° y 4° párr inc. b y f) el cual tiene una pena máxima de 20 años de prisión y, del segundo hecho como abuso sexual con acceso carnal reiterado en un número indeterminado de oportunidades doblemente agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119 3° y 4° párr.. inc. b y f del C.P.), cuya pena máxima es de 20 años.
Dicho esto, entiende que es de aplicación al caso traído en vista la aplicación de las leyes N°26.705 y 27.206, las cuales fueron dictadas dentro del periodo en el cual las acciones penales se encontraban vigentes. Que, como se advierte, al sancionarse la primera (5/10/11) de las leyes mencionadas la acciones penales del primer y segundo hecho se encontraban vigente y en consecuencia extendió su vigencia hasta la sanción de la segunda ley mencionada, sancionada el día 10/11/15.
Que su dictamen tiene precedente en la resolución Tomo: LXXXIX, Registro: 22; Folio: 153/152 dictada por el Juez de Recursos con fecha 11 de septiembre de 2023 en autos caratulados: " Orozco, Alejandro Ramón s/ abuso sexual agravado por acceso carnal"- Expte n° 6815/22 en la que estableció que al momento de la modificación del art. 67 del C.P.., el plazo prescriptivo no había transcurrido ni con la primera plataforma fáctica ni con la segunda, cuando la niña era menor de edad, ello por aplicación de las leyes 27.705 y 27.206. Que el juez de Recursos citó para resolver la prescripción de la acción penal el fallo."Zamora, Calixto Víctor Nicolás s/ inf. arts. 119, 1° parte , 55 del C.P.
Que con respecto a la redacción de los hechos intimados en la indagatoria, entiende que los 5 sucesos ilícitos reúnen los requisitos formales y de contenido exigidos por el art. 281 del C.P., esto es, una intimación detallada de los hechos, las pruebas y la calificación legal, de manera tal que el imputado pudo comprender, proponer pruebas y hacer el descargo oportuno. Que en el procesamiento se observa que en el mismo se hace una expresa valoración de las razones que ha considerado el instructor, sustentando mínimamente los distintos elementos y en armonía con las prescripciones del código de rito y normas procesales que avalan su posición jurisdiccional.
Entiende que el juzgador analiza las probanzas de autos conforme lo requiere el art 199 del C.P.P, reuniendo con los requisitos exigidos por el art. 116 del código de forma.
Que, en lo que respecta a la motivación, nuestro precepto normativo (art 116) exige que todas la decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llego al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinadas normas, aspecto que se cumplimenta en el resolutorio en cuestión, por lo que la nulidad deviene, a mi juicio, improcedente. Que de las formulaciones expresadas por el presentante, a criterio de la fiscalía, no existe causal de nulidad alguna, no hubo lesión a garantía constitucional que requiera extirpar del proceso algún acto viciado de nulidad. Por el contrario, considero que se han respetado tanto el derecho de defensa como así también las garantías constitucionales.
Por lo expuesto, solicita se rechacen los planteos formalizados por la defensa.
IV.-Establecido ello, corresponde en primer término analizar el planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa, por ser esta una cuestión de orden público y de previo y especial pronunciamiento. La defensa plantea la prescripción de la acción penal en relación al primer y segundo hecho atribuidos al imputado en su indagatoria en función de que entiende que no resultan aplicables las leyes 26705 y 27206 referentes al modo de computar el plazo de prescripción de la acción en los delitos contra la integridad sexual, en razón de que dichas leyes fueron dictadas con posterioridad a los hechos referidos y la imposibilidad de aplicarlas retroactivamente.
Sobre el planteo ya he sentado criterio en los autos caratulados: “O. A. R. S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR ACCESO CARNAL” Expte. Nº 71.275/19, N° de Recursos 6815/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, en los que sostuve: "III.-Efectuando un racconto de los hechos y los actos procesales que dan origen a la petición defensista que termina siendo acogida por el Juez de Instrucción, se observa que la denuncia enmarca temporalmente los hechos descriptos en el acta de recepción de declaración indagatoria como ocurridos en el año 2009, fecha en la que la adolescente víctima tenía 14 años de edad. Luego de incorporada prueba suficiente, el 19 de junio de 2020 se efectúa el primer llamado a indagatoria, la cual se materializa el 2 de julio de 2020.
Con en el análisis probatorio que efectúa la vindicta pública a fs. 440 y el correspondiente pedido de nulidad de la indagatoria, se modifica la plataforma fáctica a fs. 456/460, circunscribiendo los hechos entre diciembre de 2007 y abril de 2008. Estas circunstancias, ameritaron el planteo del Sr. Defensor Particular Doctor Heraldo Juan Nanni a fs. 486 sobre la prescripción de la acción penal en favor de su cliente y defendido. En dicho planteo se hace foco en el cómputo de la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta los principios generales que gobiernan este Instituto del derecho procesal penal, en especial lo relativo a la acción. La defensa al realizar su pedido de prescripción de la acción penal, refiere que las reformas legislativas operadas respecto al cómputo del plazo prescriptivo y luego a la suspensión del mismo, no se aplican al caso de su cliente por el principio de la ley penal más benigna.
En el cómputo que hace el A quo, sin decirlo, comparte lo postulado por la defensa en cuanto a la inaplicabilidad al caso de las leyes que reformaron el instituto, en especial la última 27.206. En Ministerio Público Fiscal funda sus agravios teniendo en cuenta el bien jurídico vulnerado y la ley constitucional-convencional. En autos la cuestión central es la planteada por la defensa, la reforma introducida por la ley 27.206 al artículo 67 del C.P., se aplica o no al presente caso, pues la misma establece un supuesto de suspensión del cómputo del plazo prescriptivo. Ello así, pues regula la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal y la relaciona con el cumplimiento de la mayoría de edad de la persona víctima de abuso sexual.
Textualmente la norma establecida en el cuarto párrafo del art. 67 del C.P. establece: “En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, 130 –párrs. 2° y 3°-, 145 bis y 145 ter del C.P., se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.” La norma vigente citada a raíz de la reforma de la ley 27.206, cuya aplicación es la que debe analizarse en autos, establece la cuestión, reitero, como un supuesto de suspensión de la prescripción de ahí su anclaje en el artículo 67 del C.P., a diferencia de la reforma anterior derogada por ésta que, cuando modificaba el artículo 63 del C.P., establecía un sistema especial de comienzo de cómputo de la prescripción, diferente al general.
Es decir que nos encontramos, conforme la legislación vigente, ante el supuesto de suspensión del cómputo del plazo prescriptivo y no de una forma de computarlo distinto a la general, y ella está sujeta a las condiciones que la misma ley regula. Si la norma se aplicara al caso de marras, la formalización de la denuncia realizada a fs. 1/3 del presente expediente, es el acto inicial que se toma como referencia para comenzar a computar el plazo prescriptivo. Ahora bien, los agravios esgrimidos entiendo que no son procedentes, pues los mismos intentan, dentro del sistema general de cómputo de plazo prescriptivo, establecer una modalidad de excepción fundada en el derecho constitucional-convencional que trastoca los propios principios del sistema.
Para aclarar las cosas, respecto a este tema, en los autos caratulados “M. L. A. S/ Denuncia Amenazas”
Expte. Nº M-27740/19, N° de Recursos 6421/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular Adrian J. Garcia Lois, en su libro "La selectividad del sistema penal" editorial CATHEDRA JURIDICA, ED. DE 2011, en el capítulo X, "Prescripción de la acción penal" págs. 220 ss. y cc. señala que: "El instituto de la prescripción de la acción penal se encuentra íntimamente vinculado con la garantía constitucional de "plazo razonable" de duración de un proceso, incluido la garantía constitucional de "defensa en juicio", como lo afirmara la CSJN, 29/11/68, Mattei, Angel s/ contrabando de importación en LUGAR_2"..." En otro orden de ideas, el instituto de la prescripción esta vinculado al derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, como garantía del debido proceso e integrante del derecho de defensa en juicio...".- Por su parte, en el Código Penal de la Nación Comentado y Anotado de LA LEY dirigido por el Dr.
D´Alessio y coordinado por el Dr. Divito, en su tomo I, pág. 956, se expresa que: "...se señala que este instituto no es más que un instrumento limitador del poder punitivo propio de un estado de derecho, en el que el efecto perjudicial del ejercicio del poder penal sobre la dignidad de las personas debe ser reducido mediante la aplicación de un límite temporal. Esta misma fundamentación se deduce de razones estrictamente utilitarias. Se afirma que el límite de la persecución penal resulta impuesto por un criterio de oportunidad derivado de la capacidad limitada del sistema penal para reaccionar ante todos los hechos delictivos, por lo cual se desentiende de los asuntos alejados temporalmente.
La manifestación más importante de este fundamento es que se atribuye a la prescripción la función de garantizar el "derecho a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, consagrado en los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, y que había sido considerado un aspecto comprendido en el derecho de defensa en juicio e inherente al respeto a la dignidad humana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con anterioridad a la reforma Constitucional de 1994....Al respecto, se ha advertido que, una vez que se ha superado el término aludido, existe un impedimento de perseguibilidad que exige cancelar el ejercicio de la acción penal mediante el sobreseimiento del imputado...".- Asimismo, y al detallar los distintos supuestos interruptivos de los plazos prescriptivos, en la obra citada, págs. 1009, se señala que: "...El único acto que interrumpe el curso de la prescripción durante la instrucción preliminar consiste en la primera citación del imputado para que presente declaración indagatoria.
No se limita a una citación dispuesta por el juez de la causa, pues esa facultad en los ordenamientos procesales provinciales más modernos está en manos del fiscal instructor. Debe tenerse en cuenta que sólo el primer llamado a indagatoria interrumpe la prescripción. Quedan excluías las reiteraciones por el mismo delito aunque fueren dispuestas para indagar sobre nuevas pruebas recogidas. Si en un mismo proceso se cita nuevamente al imputado para indagarlo sobre otro hecho delictivo esta nueva citación solo tiene efecto interruptor respecto de ese delito, no en cambio sobre el que ya había sido motivo de indagatoria anterior, pues los plazos de prescripción de cada delito corren de manera paralela.
La jurisprudencia ha entendido, además, que si el Juez ordena la recepción de una declaración indagatoria pero no determina concretamente el día y la hora en que el imputado debe comparecer para ser oído, ni dispone que se lo cite, no puede sostenerse, conforme a la buena fe en el uso del lenguaje, que lo "ha llamado" a tal efecto y, en consecuencia, dicho acto no interrumpe la prescripción en curso. La Corte Suprema, en el caso "Cuatrin", analizó la posible prescripción de la acción penal en el tramo transcurrido desde el primer llamado a indagatoria del imputado hasta la requisitoria de elevación a juicio, ambos actos con entidad interruptiva de la prescripción, conforme al art. 67, cuarto párrafo del Código Penal.
El máximo Tribunal ponderó que el primer llamado a prestar declaración indagatoria estaba dado por el decreto que la había ordenado, a pesar de que la audiencia se hubiera materializado luego de dictarse una nueva providencia dos años más tarde....El llamado a prestar declaración indagatoria deberá haber previsto una fecha cierta para que se materialice dicha audiencia o, cuanto menos -y según los lineamientos de "cuatrin"- haber tenido efectos concretos para el justiciable....".- En la causa citada, es decir L. XLII - "Cuatrin, Gladis María y otros s/ contrabando -causa nº 146/91-" - CSJN - 08/04/2008, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo sobre el particular, que: "Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp.
disidencia de los jueces Fayt, Bossert, P., B. y 323:982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.- 8º) Que el presente caso constituye una prueba cabal de esa vinculación porque debido al tiempo que había transcurrido se había logrado poner fin al proceso con la prescripción declarada por el juez federal. Sin embargo, para revertir esa situación la cámara de apelaciones se apartó de las constancias de la causa que demostraban con claridad que el primer llamado a prestar declaración indagatoria -que bajo el anterior código implicaba el procesamientohabía tenido efectos concretos para el justiciable a punto tal que como consecuencia de ese acto procesal había designado a sus abogados defensores y el juez había dispuesto su inhibición general de bienes.- 9º) Que por lo demás, la grave irregularidad en la sustanciación del proceso puesta de manifiesto en la tardanza para recibirle declaración indagatoria recién en el año 1997 no puede ser ponderada en perjuicio del imputado -como se ha hecho- sin desatender la efectiva vigencia de las garantías constitucionales invocadas también por el recurrente, como son, las del debido proceso y defensa en juicio;; cabe aclarar que la demora injustificada no fue provocada por ningún comportamiento alusivo que pueda atribuirse al procesado.- 10) Que en esas condiciones, ha quedado demostrado el agravio invocado, en orden al derecho de R. a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, que le ocasionaría la continuación del proceso dispuesta por el tribunal a quo cuando -como se vio- ya se había operado la prescripción de la acción penal, según el cómputo practicado a partir del primer llamado a prestar declaración indagatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 67 del Código Penal.- Fdo.: RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).- La prescripción de la acción penal es una cuestión de previo y especial pronunciamiento, y la misma es de orden público. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "in re"
"Arancibia Clavel, Enrique L." Fallos: 327-3312 del 24/08/2004, estableció que: "...corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público...".- Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el auto apelado." Como surge claro, el planteo del Sr. Agente Fiscal, bajo estos parámetros no puede prosperar. En autos lo que debe analizarse, tal como esbocé supra, es si el artículo 67 cuarto párrafo del C.P. se aplica al caso de marras, o si el mismo no resulta alcanzado por la reforma. Para ello debemos despejar dos hipótesis, la primera es que el plazo prescriptivo haya operado en su totalidad antes de las reformas señaladas tanto del artículo 63 como del art. 67 del C.P.
En este supuesto no cabe duda que la acción penal se encuentra prescripta. El segundo universo de casos a despejar es si el hecho fue cometido después de las reformas de los artículos 63 y 67 del C.P., en ambos casos, respectivamente.- En este supuesto tampoco cabe duda que se aplica el nuevo régimen y que la acción penal se encuentra suspendida hasta la mayoría de edad de la víctima, cuando ésta formule la denuncia o ratifique la realizada por sus representantes legales. Queda un universo de casos, en el cual queda abarcado el presente, en los cuales el hecho sucedió antes de las reformas legislativas pero el plazo prescriptivo del delito endilgado no operó en su totalidad y la acción se encuentra vigente al momento de las reformas legislativas.
La respuesta a este supuesto, es decir si se encuentran alcanzados o no por la suspensión de la acción penal introducida por sendas reformas, nos llevará a determinar la decisión final del presente caso. Como en muchas cuestiones jurídicas, en un asunto que es discutible, existen dos corrientes jurisprudenciales. La primera que sostiene que no se aplica a los hechos que sucedieron antes de las reformas. La segunda, fundada en el derecho constitucional convencional, afirma que debe aplicarse la suspensión de la acción penal, conforme la redacción actual del artículo 67 del C.P. Reitero, recuérdese que estamos en ambos supuestos en casos que analizan hechos sucedidos antes de las reformas pero con la acción penal vigente al momento de las mismas.
En este universo de casos subsume el presente expediente.- Existen argumentos profundos para sostener uno u otro criterio. En el “CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO PARTE GENERAL, de Horacio Díaz de Rubinzal-Culzoni Editores, en las páginas 594 y ss. se explaya sobre ambas posturas, a los que me remito, a guisa de ejemplo, en honor a la brevedad. Asimismo, se podrá consultar dogmática actualizada a partir del año 2016, que al describir las cuestiones de la parte general del derecho penal, abordan el tema en cuestión, señalando la existencia de ambas posiciones. En la obra que acabo de citar, la diferencia de posturas se ha establecido, respecto de la primera por la CNCCC, SALA I, EN AUTOS “M.P.S. s/ ABUSO SEXUAL –ART. 119 TERCER PÁRRAFO- CAUSA 37295/2014, RESUELTA EL **-**-2017; y la segunda por la CFCP, SALA IV, “DATO_1/ RECURSO DE CASACIÓN, CAUSA 191/2012/CFC1, RESULETA EL **-**-2016.- Ahora bien, allende la posición que el A quo pueda sostener e incluso la propia, el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia tomó postura por la segunda posición. En autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "En primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción introducido por la Defensa en la audiencia de debate en esta instancia; debiendo destacarse que el recurrente no lo realizó en la etapa procesal del debate oral. Al respecto, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha sostenido en los autos "ZAMORA, CALIXTO VICTOR NICOLAS s/ INF. ART. 119, 1º PARTE, 55 C.P."
(Z-988/16/T.S.J.) registrado al Tº XXX -Interlocutorio- T.S.J., Rº 003, Fº 017/028 de fecha **/**/2021 que la aplicación de las Leyes N° 26.705 y 27.206 son plenamente operativas si fueron dictadas dentro del período en el cual la acción penal se encontraba vigente. Ello en función que con fecha 05/10/2011, se publicó en el Boletín Oficial, la modificación al art. 63 del C.P., introducido por la Ley N° 26.705 a partir del cual la prescripción de los delitos previstos en el art. 119 del C.P., comienza a correr desde la medianoche en que la víctima alcanzó la mayoría de edad, que en el caso concreto fue el **/**/2021 (conf. copia de DNI de fs. 227). Por su parte, la Ley N° 27.206, publicada en el Boletín Oficial con fecha 10/11/2015, derogó el párrafo introducido en el art. 63 del C.P. por la Ley N° 26.705 e introdujo en el cuarto párrafo del art. 67 del C.P. que, la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y, hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad, ampliándose el período de prescripción de la acción penal en los casos de los delitos previstos en el art. 119 del C.P..
Como se advierte, al sancionarse la primera de las leyes mencionadas, la acción penal del hecho cuestionado se encontraba vigente y, en consecuencia, extendió su vigencia hasta la sanción de la segunda. Es sabido que la sanción de las Leyes N° 26.705 y 27.206 promovieron la adecuación de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes (con relación a la naturaleza y la prescripción de la acción penal correspondiente) a los estándares jurídicos establecidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. En relación a este punto este Alto Cuerpo se ha expedido en el Expte. Nº O-14.345/03 (O-1.521/06-TSJ), sentencia protocolizada en el TOMO XIV Rº 491 Fº 2678/2697 PROT.
ELECT. TSS1 015 S.101 del 7 de julio de 2010 donde, con relación a la Convención de los Derechos del Niño, recalcó que se trata de "…una corriente tuitiva dirigida a los infantes que va más allá de ella, la trasciende y, a su vez, la erige como la máxima principal a la hora de juzgar situaciones que conciernen, directa o indirectamente a un menor. Son palabras y objetivos de la Convención desde su preámbulo: "… el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento…"…". Asimismo, en esa misma oportunidad este Alto Cuerpo citó que: "… En la Opinión Consultiva 17/02 la CIDH se expresa categóricamente que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contemporáneo (dentro del marco del art. 19 CADH), implica que los niños son titulares de derechos y no sólo objetos de protección…".
Respecto a la irretroactividad de la ley penal, también este Excmo. Tribunal Superior de Justicia -en los autos "ZAMORA" antes mencionados- ha sostenido que esta no abarca de modo absoluto las reglas de prescripción: voto de la doctora Argibay en el precedente "Simón"
(CSJN, Fallos: 328:2056), afirmando que se circunscribe a la prohibición material -conductapero no a la totalidad de las reglas para su persecución. Sin embargo, no escapa a este Excmo. Tribunal que, ante planteos de este tipo, nos encontramos frente a la confrontación de principios y Garantías esenciales establecidas a favor del imputado y los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas. Por ello, a fin de resolver este conflicto es necesario analizar cuál de los principios en juego tiene un mayor peso específico (conf. Alexy, Robert, "Teoría de los derechos fundamentales", Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89). En este sentido la jurisprudencia tiene dicho que "…La incorporación de dichas Convenciones a nuestro ordenamiento legal ha implicado, desde un principio, un sometimiento de todos los órganos del Estado a sus normas, obligándolos a velar porque los efectos de las disposiciones de las Convenciones no se vean mermados por la aplicación de normas nacionales contrarias a su objeto.
Así, es que los jueces se encuentran en el deber de ejercer ex officio el control de convencionalidad entre las normas internas, la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sobre la obligatoriedad de la aplicación de las disposiciones convencionales, cfr. CIDH, sentencia del 26 de septiembre de 2006, el caso "Almonacid Arellano vs. Chile"; sentencia del **/**/2011, caso "Gelman vs. Uruguay"; CSJN, caso "Mazzeo", sentencia del 13 de julio de 2007, Fallos: 330:3248 y caso "Rodriguez Pereyra", sentencia del 27 de noviembre de 2012, Fallos: 335:2333)…" (Voto del Dr. Carlos Mahiques como Juez de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa "T., C.
J." del **/**/2017). Conforme el marco normativo existente, corresponde aplicar las Leyes N° 26.705 y 27.206, en virtud que las mismas se dictaron en el período comprendido en que la acción penal que nos ocupa, era plenamente eficaz, conforme el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño -entre otras instituciones-, el cual dice que, en todas las medidas que tomen los tribunales: "…una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…". Entonces, el espíritu de la mencionada normativa y su jerarquía, se imponen sobre cualquier norma de carácter local. No está de más traer nuevamente a colación lo dicho por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los referidos autos "ZAMORA" y recordar que "…el incumplimiento de las obligaciones adquiridas al ratificar y/o adherir a los instrumentos internacionales, en la materia, hace emerger la responsabilidad internacional del Estado, en su conjunto, como sujeto de derecho internacional.
Es un principio básico, establecido por la Corte Interamericana en base a la responsabilidad del Estado, en materia de Derecho internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana. Implica, en este sentido que, los jueces, tienen a su cargo la función de controlar el debido cumplimiento de las normas convencionales, a los efectos de poder acercarse, cada vez más, a los paradigmas que proclama la Convención Americana, mediante una efectiva protección de los Derechos Humanos en la región, realizando un efectivo control de convencionalidad, habida cuenta de ser Estado parte de la Convención y, por haber ratificado la competencia de la Corte Interamericana.
El rol del Juez del Estado parte, se funda en profundizar al máximo, sus conocimientos, con el propósito de encontrar los medios legales, tomando como punto de partida la interpretación de los derechos y garantías establecidos por la Corte Interamericana, quien a su vez determinó que, los órganos del Poder Judicial, deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana (Cfr. Susana Albanese, El Control de Convencionalidad, ed.
Ediar). Por ello, los Jueces, están obligados a realizar el control de convencionalidad, basados no solo en consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana, en su desarrollada doctrina, sino que, deben a su vez, conciliarla con los mandatos de la ley suprema de la Nación, pues, quienes tienen el deber de velar por la aplicación de las normativas legales, han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, realizando el control de constitucionalidad de las leyes antes de aplicarlas, como los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte integrante de nuestra ley suprema. En virtud de lo precedentemente expuesto se concluye que, se compromete la responsabilidad internacional del Estado si las investigaciones y procesos judiciales no satisfacen plenamente los estándares internacionales; los procesos internos, en su caso, podrán ser revisados íntegramente por los tribunales internacionales a los efectos de constatar si se han aplicado o no los derechos asumidos por los Estados, debiendo los funcionarios judiciales conocer y comprender adecuadamente los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana en su labor de intérprete autorizada de la Convención Americana.Los jueces son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, debiendo optar en caso que alguna norma se muestre dudosa en su contenido, para poder resolver el conflicto, estar o pronunciarse por lo más beneficioso para el ser humano en armoniosa sintonía con la jurisprudencia que da lugar a la Convención Interamericana, camino obligatorio que deben transitar los magistrados al momento de interpretar los contenidos y alcances de la obligación internacional de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones de derechos humanos…" (conf. considerando V de dichos actuados).
Por todo lo expuesto, se rechaza el planteo de extinción de la acción penal por prescripción, incoado por la defensa técnica de B., en esta instancia procesal, con relación al hecho cuarto descripto en la sentencia a fs. 420 vta.." La contundencia y claridad expositiva, tanto de los obiter dicta como de la ratio decidendi me eximen de mayores comentarios. Resulta claro el sostenimiento de la segunda postura en cuanto a la suspensión del cómputo del plazo prescriptivo cuando los hechos que motivaron la causa penal fueron cometidos con anterioridad a la reforma, pero la acción penal se encontraba, aún, vigente. Sentada esta posición, debemos señalar ahora lo que hace a la observancia de los fallos de los cimeros tribunales provinciales cuando los mismos son dictados en otras causas y su valor para la judicatura inferior.
Lo primero que debo señalar es que no existe cuestionamiento alguno posible sobre la obediencia y acatamiento de la sentencia del máximo tribunal cuando la misma se dictó en la causa que se encuentra tramitando, pues debemos partir de las competencias constitucionales y legales asignadas al máximo órgano jurisdiccional provincial. En este sentido, señálase que los arts. 132 inc. 3° y 4° de la Constitución Provincial, sumados a los arts. 5 y 30 de la Ley Orgánica para el Poder Judicial de la Provincia, establecen competencias claras en materia de impugnación de los autos y sentencias, por lo que los fallos que se emiten y que parten del Tribunal Superior de Justicia Provincial en la misma causa, deben ser acatados por todos los niveles intervinientes de la judicatura.
El interrogante es sobre el valor de los precedentes de los máximos tribunales dictados en otras causas pero que sientan doctrina judicial, específicamente si los mismos deben ser observados. Adelanto mi opinión en sentido afirmativo, pues pesa indudablemente un deber moral y en nuestro caso provincial, jurídicoconstitucional e institucional, pues el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es el órgano jurisdiccional que encabeza este poder-función del Estado Provincial (conf. art. 126 de la Constitución Provincial).- Para graficarlo, señalaré el valor que ha tomado la doctrina del “stare decisis”, enfocado básicamente en la observancia de los precedentes que forman doctrina judicial. Y para hacerlo es necesario citar a la doctrina que ha desarrollado lo relativo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la misma es la intérprete final de la Constitución Nacional y porque idéntica economía procesal debe aplicarse respecto de nuestro cimero tribunal provincial.
Y ello así, pues en ambos casos, tanto los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que resuelven cuestiones que impactan o pueden hacerlo en un universo de casos, allende el particular, se transforman en doctrina judicial.- En la obra “RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL” del Dr. Jorge A.
Rojas, de la editorial Rubinzal-Culzoni Editores, en las págs. 285 y ss. se señala que: “Por eso, resulta conveniente partir de una premisa básica y fundamental, que consiste en describir mínimamente en qué consiste esta doctrina denominada stare decisis, y como es que el máximo tribunal del país de hecho la ha observado de una forma particular, pues ha sido adaptada a nuestras pautas culturales… El stare decicis et quieta non moveré supone que un tribunal, al fallar un caso, debe seguir obligatoriamente lo decidido en aquel en el cual se estableció la regla general de Derecho aplicable, en la medida en que entre el caso a decidir y el precedente exista una identidad sustancial de hechos, para lo cual conviene tener en cuenta lo que constituye el holding del caso, o ratio decidendi, es decir, el conjunto de principios jurídicos en los que se funda el fallo; y el dictum u obiter dictum, es decir los comentarios “al pasar”, o “a mayor abundamiento”, de los cuales podría prescindirse para su solución … que la validez de las sentencias precedentes, como fuentes de las que se extraen normas generales, resulta del stare decicis. Esa es, estrictamente, una cuestión de fundamentación lógica y de subsunción normativa. … En esta línea es dable reconocer que si bien los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan de observancia obligatoria para los tribunales inferiores, sí existe lo que L. denomina una especie de stare decicis atenuado, al recomendar la Corte el seguimiento de su doctrina como una especie de obligación de carácter moral de los Tribunales Inferiores. … Ello indirectamente impone la necesidad de observar la doctrina de la Corte Suprema a los fines no solo del planteo de un caso determinado, sino además a fin de habilitar su conocimiento en caso que se desconozca su doctrina al respecto.” Sobre este piso, se han desarrollado la doctrina del leal acatamiento y del seguimiento condicionado. En la obra “RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL”
segunda edición actualizada y ampliada de editorial LA LEY, de la DRA. SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO, en las págs., 404 y ss. se ha señalado sobre el particular, que: “La elaboración de las doctrinas del leal acatamiento y del seguimiento condicionado, se asienta sobre la base de dos importantes fundamentos, a) el deber moral de los jueces y b) la autoridad institucional de la Corte. La doctrina del leal acatamiento y del seguimiento condicionado, impone la obligación de observar los precedentes, excepto cuando se revele la inconveniencia jurídica de hacerlo o que haya razones de peso suficientes para justificar apartarse de los precedentes. La primera afirmación del deber moral, proviene de añejos pronunciamiento del Alto tribunal, en los que se hacen consideraciones de carácter ético mediante las que se proclama la obligatoriedad de los magistrados de obedecer las sentencias, fundada en la calidad de aquél como intérprete final de la Constitución Nacional. Sagües, critica que en la contemporaneidad la Corte continúe aludiendo al deber moral, exponiendo que debería hablarse de deber jurídico, pues aquella noción es confusa y jurídicamente indeterminada, respecto del valor que se concede de los precedentes y a la uniformidad de la jurisprudencia. La otra postura, que es la que hoy se aplica por ser más moderna, si bien continúa atendiendo al deber moral, pone mayor énfasis en la autoridad institucional de que están investidos los fallos de la C.S.J.N.
Consecuentemente se establece que los magistrados deben seguir los criterios fijados en causas análogas que se le presenten, siempre y cuando no concurran en el pleito elementos de juicio o de ponderación que no haya sido analizado por el Alto Tribunal y que por su entidad conduzcan a un diferente resultado.”.- Finalmente, cabe preguntarse si el fallo citado del Excmo. Tribunal Superior de Justicia sienta lo que podemos definir como doctrina judicial o una pauta de hermenéutica aplicable a otros casos aparte del sentenciado, es decir un pronunciamiento que, además de afectar la causa en la que se dicta, puede implicar una regla a observar en otras causas y supuestos semejantes. Y al analizar los párrafos de la sentencia transcripta, la respuesta surge evidente, pues la regla que establece el Tribunal Superior sobre la aplicación de las normas de la prescripción de la acción penal y su suspensión, es susceptible de ser aplicada al universo de casos que definí con anterioridad, lo que le otorga el carácter de regla general interpretativa, pues no solo afecta a la causa en si fallada, sino que se impone como doctrina, para todas las que se sustancien dentro de la provincia.
Por ello y los motivos expresados, entiendo que el precedente transcripto en su parte pertinente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, debe ser acatado tanto por el A quo como por el suscripto. Establecido la aplicación del artículo 67 del C.P. a los casos en que la acción penal estuviera vigente al momento de la reforma de la ley, cabe analizar si la misma se aplica al caso de marras. En autos hubo un cambio en las proposiciones fácticas que integraron la primer imputación, y que retrotrajo en el tiempo los hechos oportunamente denunciados. Ello motivó la declaración de nulidad del acta de indagatoria en donde se intimó la conducta al imputado. Como reseñé, al precisar las proposiciones fácticas con anterioridad a la primer fecha consignada, tanto el Sr.
Defensor Particular como el A quo entendieron que la acción se encontraba prescripta. Ahora bien, allende lo expresado, cabe señalar que al momento de la modificación del art. 67 del C.P., el plazo prescriptivo no había transcurrido ni con la primer plataforma fáctica ni con la segunda, razón por la cual, el mismo a partir de ese momento quedó suspendido. Ello así por los argumentos expresados y no por los que sostuviera el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, al fundar su impugnación se observa que el Sr. Agente Fiscal, aludió a la interrupción de la prescripción por la comisión de un nuevo delito y el equilibrio entre los derechos y garantías de las partes, haciendo base y referencia en la Convención de los Derechos del Niño y su tutela efectiva.
Sin perjuicio de ello, no señaló ninguna sentencia condenatoria firme pasada en autoridad de cosa juzgada, para afirmar que existe, como responsabilidad del imputado, la comisión de un nuevo delito. Considero que los agravios relativos a la comisión de un nuevo delito no tienen anclaje en autos, puesto que la normativa resulta precisa al respecto y no hace referencia a la comisión de un hecho, sino a la de un delito; y esta cualidad solo la adquiere mediante el dictado de una sentencia firme que así lo determine. Mientras ello no ocurra, se mantiene incólume principio de inocencia. Es unánime la dogmática contemporánea al establecer que la comisión de un nuevo delito, como causal de interrupción del plazo prescriptivo, hace referencia directa al caso de una condena firme.
Este no es el caso. Por dicha razón y por aplicación del artículo 67 del C.P. reformado por la ley 27.206, corresponde revocar el auto que declara la extinción de la acción penal, pues la misma se encontró suspendida hasta la formalización de la denuncia por parte de la víctima a fs. 1/3 de los presentes actuados, comenzando a partir de este hecho, a correr el plazo de prescripción de la acción penal, debiendo el A quo continuar con la presente investigación." Ahora bien, en relación a la aplicación al presente de la doctrina de la C.S.J.N, surgida del fallo "I."(CSJ 1245/2020/CS1), invocado por la defensa, también me he pronunciado en un caso de ribetes similares al que nos convoca, en el que entendí que no resultaba procedente dicho criterio, por fundamentos que resultan aplicables al presente, en función de las circunstancias de tiempo y modo de los hechos aquí investigados.
Así, en los autos caratulados: "JUZGADO S/INSTRUCCION (C.A.C)" Expte. Nº 81280/23, N° de Juzgado de Recursos 8121/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Como cuestión preliminar corresponde centrarnos en el planteo de prescripción esbozado por la defensa, toda vez que, sin perjuicio de que la cuestión ha sido resuelta a fs. 81/92, el defensor ha invocado como fundamento de su petición, un precedente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el año en curso en forma posterior a lo resuelto por el suscripto en autos, y conforme la doctrina que sigo del "stare decisis", explicada en aquella resolución, corresponde analizar si el antecedente citado por la defensa resulta de aplicación al caso bajo análisis.
Asimismo, el primer orden de análisis le corresponde a este planteo, pues abordar la irregularidad del acto de indagatoria interpuesta por el Sr. Fiscal de Cámara, solo procederá, obviamente, si la acción penal no ha prescripto, pues ésta, al igual que la irregularidad planteada, es una cuestión de orden público. Así lo ha sostenido nuestro cimero tribunal federal "in re" "Arancibia Clavel, Enrique L." Fallos: 327-3312 del 24/08/2004, al establecer que: "...corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público..." (el subrayado me pertenece). Es así que examinada la situación fáctica del antecedente citado, y los argumentos vertidos en el fallo por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se advierte que nos encontramos, en el caso de autos, ante un supuesto de hecho diferente, en lo atinente a la fecha de comisión de sendos delitos y el transcurso del plazo prescriptivo, por lo que entiendo que no resulta aplicable el antecedente invocado por la defensa, correspondiendo mantener la decisión adoptada a fs. 81/92, pues los argumentos allí expresados mantienen su vigencia. Es así que se observa, que en los autos "I., J. J. S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y ABUSO DESHONESTO AGRAVADO POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN S/ IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA" (CSJ 1245/2020/CS1), los hechos investigados ocurrieron entre los años 1988 y 1992, habiendo operado la prescripción de la acción penal en el año 2005, es decir, con anterioridad a las reformas de las leyes 26.705 (año 2011) y 27.206 (año 2015).
En la anterior resolución, expliqué que cuando esto sucedía, debía declararse la prescripción de la acción penal por el transcurso del lapso temporal prescriptivo, tal como lo declaró nuestro cimero tribunal federal. Distinta es la cuestión en el caso que nos convoca, en el que los hechos ocurrieron entre los años 1999 y 2011, por lo que la acción penal se encontraba plenamente vigente al momento de las reformas a los arts. 63 y 67 del C.P., debiendo entonces mantenerse el criterio interpretativo establecido por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, dictado en los autos "B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL", Expte.
Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), citado por el suscripto al resolver a fs. 81/92, remitiéndome a las consideraciones allí expuestas. Así las cosas, el tratamiento de la inconstitucionalidad del actual art. 63 del C.P. solicitada por el Sr. Fiscal de Cámara Subrogante, deviene abstracto en autos, pues la interpretación de normas legales, constitucionales y convencionales, efectuada en la resolución obrante a fs. 81/92, en la cual invoque la teoría del stare decisis, remitiendo a lo resuelto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, da solución acabada a la cuestión planteada en autos por la Defensa, sin recurrir al remedio extraordinario que implica siempre gravedad institucional, y que es la ultima ratio del orden jurídico, que implica la declaración de inconstitucionalidad de una norma del Poder Legislativo.
El control de constitucionalidad-convencionalidad y la resolución de inconstitucionalidad de una ley, como se indicó, es la controversia de carácter jurídico-procesal más grave del sistema republicano y democrático de gobierno (arts. 1, 5 36, ss. y cc. de la C.N.) pues su resolución no solo afecta al principio de división de poderes, sino que además conmueve las elementales garantías de estabilidad jurídica que encarnan las leyes en nuestro sistema, como reglamentarias de los derechos y garantías establecidas en el derecho constitucionalconvencional. (arts. 14 y 28 de la C.N.). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (fallos 315:923; 316:118 y 321:441) Que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática, piedra angular del autogobierno de los pueblos." (Conforme C.S.J.N. 25/8/2009, "ARRIOLA, SEBASTIAN Y OTROS Fallos: 332: 1963).
Como segunda pauta hermenéutica a la hora de agotar la interpretación de una ley y analizar su eventual contradicción con la norma constitucionalconvencional, debe realizarse la misma a la luz del principio de razonabilidad. Sobre el particular se ha sostenido que: "...El art. 28 (C.N.) debe leerse en paralelo con la primera frase del art. 14 de la Constitución Nacional -escrita antes de la declaración de derechos- en tanto establece que todos ellos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. La atribución reglamentaria del Congreso Federal es lo que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema -innecesariamente, a mi modo de ver- ha denominado poder de policía. La disposición del primero de los artículos mencionados funciona como un límite al ejercicio del Poder de Policía o competencia reglamentaria de los derechos y garantías constitucionales.
De lo dispuesto en el art. 28 se sigue una amplia garantía institucional derivada de la división de poderes, que implica controles entre todos ellos y fronteras para el ejercicio de las atribuciones de cada uno de los órganos de poder. En principio, el art. 28 de la Constitución fija los lindes a la competencia reglamentaria del Congreso establecida en el art. 14, en tanto esta norma declara que los derechos allí enumerados se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. De ambas disposiciones constitucionales resulta claro que los derechos no son absolutos en su ejercicio; que tal como lo sostuvo la Corte Suprema, lo contrario implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales; que, en consecuencia, existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, tiene bordes: las leyes no deben alterar los principios, los derechos y garantías.
El problema interpretativo mayor que plantea esta norma está referido al significado del término alterar. Podría afirmarse que una alteración conlleva una afectación sustantiva, esencial, desnaturalizadora del principio, derecho o garantía, que inutiliza el núcleo central de aquellos. Pero, para determinar en los casos concretos cuando las normas producen tales efectos se hace necesario elaborar criterios o pautas específicas de control. Las otras cuestiones problemáticas que suscitan el art. 28 de la Constitución se refieren a los órganos de poder a quienes esta dirigida la prohibición de alterar los principios, derechos y garantías declarados, dado que la disposición se refiere a las leyes; al alcance de los derechos y garantías protegidos contra la alteración, pues la regla indica a los reconocidos en los anteriores artículos ¿al 28? y, finalmente, si la disposición establece un principio interpretativo o un principio normativo".
(Conforme págs. 420, ss. y cc. de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, COMENTADA Y CONCORDADA por la Dra. María Angélica Gelli, cuarta edición ampliada y actualizada, editorial La Ley, Tomo I.)
Por ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción esbozado por la defensa en su libelo recursivo, y estar a lo decidido a fs. 81/92."
Sobre este piso de marcha, considero que en el caso no solo no es aplicable el precedente "Illaraz", por los argumentos ya expuestos en el antecedente citado, a los que me remito en honor a la brevedad, sino que tampoco se encuentra prescripta la acción penal respecto del primero y segundo hechos que se le atribuyeron a D. E. J. en su indagatoria, en razón de que al momento de sancionarse las leyes 26.705 y 27.206 la acción penal, en ambos hechos, se encontraba vigente. Por lo que, de conformidad con los argumentos que expuse en los autos "O. A. R. S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR ACCESO CARNAL” Expte. Nº 71.275/19, N° de Recursos 6815/22, citado precedentemente, dichas leyes son de aplicación a los supuestos de autos.
En efecto, se observa que el primer hecho abarca conductas desplegadas entre el mes de septiembre de 2004 al mes de septiembre de 2006.
Cabe tener en cuenta que la Ley 26.705 fue promulgada el 05/10/2011, y que la Ley 27.206 lo fue el 10/11/2015.
Asimismo, que en el auto de procesamiento recurrido el primer hecho se califica como abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo, doblemente agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y contra una persona menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente (art. 119 2º y 4º párrafo inc. b y f), delito que posee una pena de ocho a veinte años de prisión.
Entonces, en función de lo dispuesto por el art. 62 inc. 2 del C.P., el plazo de prescripción de la acción sería de 12 años, el que contado desde septiembre de 2006 hubiera operado en septiembre de 2018.
Es decir, al 05/10/2011, e incluso al 10/11/2015, fecha de promulgación de las leyes 26.705 y 27.206 la acción penal se encontraba vigente, por lo que la suspensión del plazo de prescripción establecido por la última citada resulta aplicable.
Lo mismo ocurre con el segundo hecho, ocurrido en el período comprendido entre septiembre de 2006 y septiembre de 2012, fecha esta última en la que comienza a computarse el plazo de prescripción de 12 años (en razón de la subsunción legal de los hechos en el art. 119 3º y 4º párrafo con una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión), de lo que surge que al momento de la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 la acción penal se encontraba vigente.
En virtud a lo expuesto corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción penal respecto de los hechos primero y segundo atribuidos al imputado, por los argumentos señalados.
En función de como se resuelve, la cuestión planteada, la inconstitucionalidad invocada por la querella deviene abstracta.
V.-Establecida la vigencia de la acción penal respecto de la totalidad de los hechos imputados a D. E. J., es turno de analizar al planteo de nulidad de la declaración indagatoria por deficiente descripción de los hechos, específicamente a las circunstancias de tiempo, que plantean los Defensores Particulares.
Como piso hermenéutico, en los autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva.” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Cuando se sabe con certeza el despliegue de acciones de cada sujeto interviniente, el mismo debe ser detallado en dicho acto procesal acusatorio y defensivo a la vez. No se puede perder de vista que el acto de indagatoria es la materialización del derecho a ser oído por el "Estado" cuando éste acusa a una persona por la supuesta comisión de un delito. Así se ha expresado que: "...A partir de ello puede verse que si bien la calidad de imputado se adquiere con anterioridad, esta audiencia es el acto formal a partir del cual se le informa la persecución que el Estado, a través del fiscal, dirige en su contra en cuanto a los hechos, calificación legal y las pruebas que al efecto se disponen de forma tal de que pueda ejercitar su derecho de defensa...Si presta conformidad para declarar podrá hacerlo libremente, invitándoselo a que exprese cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos que se le atribuyen.
Los presupuestos son de sustancial importancia en tanto demuestran que la declaración del imputado es inicialmente un medio de defensa. No se busca la confesión sino que se le otorga la posibilidad de que ejercite su defensa material. (TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL de EDUARDO JAUCHEN- EDITORIAL RUBINZAL CULZONI - TOMO II, pág. 458 y 467)".- En este sentido, la información integrada por todas y cada una de las proposiciones fácticas que integran el acto acusatorio que se realiza en la declaración del imputado y que es un acto de ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), deben ser precisas, claras, y hacer referencia a las conductas que cada persona acusada llevó adelante, sumado a la existencia de un plan y una finalidad común.
La falta de información precisa en la imputación conspira con la posibilidad de una defensa efectiva. En este sentido el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra "LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL. Estudio de los "Silencios normativos aparentes"" 3ra. edición ampliada y actualizada, Editorial Rubinzal- Culzoni, año 2013, págs. 221 y ss., señala que: "... En síntesis, cabe pensar que el derecho de defensa del imputado se encuentra lesionado, tanto cuando se omite poner en conocimiento del acusado en forma total el hecho que se le atribuye (o las pruebas obrantes en la causa) como cuando tal información es incompleta o insuficiente, pues ello hace que no se tenga un acabado conocimiento del hecho a fin de realizar la actividad judicial defensiva.
Por tal motivo pensamos que trasladar el tema de la nulidad a los actos posteriores, por ejemplo, al auto de procesamiento, no hace más que ratificar que lo que está en juego que es la validez o invalidez del acto de indagatoria pues la invalidez del procesamiento no es sino la consecuencia de la nulidad de la indagatoria a causa de la información "incompleta" del hecho, que no es otra cosa que la falta de información en debida forma del hecho imputado. Hay un conjunto de pronunciamientos que merecen citarse porque han desarrollado conceptos que constituyen aportes valiosos en torno al derecho en cuestión. En tal sentido es importante el fallo de la CNCCorr., sala I, del **/**/2000, en la causa "C.J.C.".
En este proceso el Tribunal invalidó la indagatoria en razón de que al llevarse a cabo tal acto procesal al acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no se le hizo saber qué períodos había omitido cumplir con sus obligaciones alimentarias. El Tribunal entendió acertadamente que la información respecto del hecho era incompleta y, por lo tanto, era inválida la declaración de imputado, en razón de que tal situación afectaba el derecho de defensa. En igual sentido, es decir, de "información deficiente", la CNCCorr., sala VII, causa "El viño", del FECHA_1 de 1993, pues no se informó al imputado "detalladamente" de los hechos atribuídos", o de la misma Cámara, Sala IV, causa "O.", del 14 de Marzo de 1997, aquí el tribunal se refiere a una "deficiente intimación del hecho que se efectuara al causante", aunque de la lectura del fallo no surge lo que tal vez constituye una falencia del mismo en qué consiste tal defecto, o si no se definió la imprudencia atribuida al imputado, ni tampoco de individualizó a los damnificados, CNCCorr., sala VII, causa "B.", del **/**/1998.
En esta sentencia el tribunal al declarar la nulidad de la indagatoria en razón del defecto señalado, que en este caso consistía en que frente a una imputación de un comportamiento imprudente, no se precisaban los sujetos víctima del hecho, y tal vez, lo principal en que no se delimitaba debidamente cuál era el deber de cuidado infringido por el imputado, lo que, según el fallo comentado, recién se produjo con el dictado del procesamiento, sostuvo que tal ambigüedad atenta contra el ejercicio adecuado del derecho de defensa, pero no invocó norma alguna como fundamento normativo de la declaración de invalidez. En tiempo mas reciente, la CNCCorr., sala IV, en la causa "Colucci", del **/**/2009, declaró la nulidad de la indagatoria en razón de que la imputada de ser cómplice primaria de un robo de automóvil en la vía pública, no fue informada con debida precisión del hecho que le era atribuido; específicamente se habló de una información deficiente de la acusación, respecto a cuál era el aporte que hizo a fin de que los autores pudieran trasladar el vehículo." Que al comentar la doctrina el art. 289 del CPPN.
(de idéntico tenor al art. 281 del C.P.P. de nuestra Provincia) se ha señalado que: "...Descripción del hecho. Este elemento esencial al derecho de la defensa en juicio constituye en la imposición al individuo de un actuar concreto y delimitado que se le enrostra; así como también los efectos materiales que se hallan colectado en la investigación. No debe admitirse la formulación generalizada ni la imposición de una calificación jurídica vacía de contenido fáctico...Lo trascendente es qué se imputa y cuáles son los elementos en que se basa la sospecha....Asimismo, la indicación del hecho resulta crucial a los fines de verificar el cumplimiento del principio de congruencia, comprendido dentro de la inviolabilidad de la defensa en juicio, pues todo pronunciamiento judicial debe relacionarse con los hechos sobre los cuales versó la indagatoria.
De esta manera, tal información no consiste solamente en hacer conocer al encausado la imputación o contenido de la acusación, sino que se le debe informar concretamente los hechos sobre la que recae, así como se lo debe anoticiar de los derechos que le asisten y que pueda hacer valer en juicio, ya que nadie se puede defender eficientemente de lo que no conoce... Es decir que los hechos deben serle impuestos al imputado en forma clara, precisa y circunstanciada, no pudiendo validarse una declaración por las curcinstancias concomitantes o por el mero encuadre legal de los mismos. Resulta en tal sentido necesario que sea conocida por el imputado la cuestión fáctica por la cual se lo requiere o se lo inculpa, esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer en el mundo físico, con su correspondiente significado en el mundo jurídico..." (Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR DR.
ALMEYRA, COORDINADOR DR.
BAEZ, PÁGS. 523 SS. CC. COMENTADAS POR EL DR.
MARIANO LA ROSA EDITORIAL LA LEY). Surge claro que la información que deberá brindarse a los imputados al momento de recepcionársele su declaración, debe estar detallada informando qué, cómo, cuándo y dónde, y respecto de quien o quienes se realizó el acto. Asimismo y en caso de existir calificantes por elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, deberá consignarse la ultra-finalidad específica y cuando se trate de elementos de ánimo o motivaciones especiales para calificar la conducta con agravantes que las contengan, también deberán serle señaladas. Cada una de estas pautas deben necesariamente ser integradas con proposiciones fácticas surgidas de la información recolectada en autos a través de los medios probatorios "lato sensu", que deberán ser lo más precisas posibles para garantizar la descripción de la o las conductas que son objeto de imputación penal, las que y además, deberán subsumir en una o varias figuras delictivas, según el caso, para que en su conjunto puedan ser tenidas como violatorias de las distintas normas prohibitivas que se deducen de los tipos penales.
Esta es la primera faz de la imputación penal, pues el estado solo puede imputar conductas que subsumen en tipos penales, no puede imputar conductas atípicas, a los fines de resguardar el debido proceso adjetivo. La segunda faz de la correcta imputación, es permitir fijar y precisar el objeto procesal para posibilitar una debida y efectiva defensa en juicio (Art. 18 de la C.N.). En nuestro proceso penal provincial están regulados los actos que incumplen formas procesales que hacen a la garantía de la defensa en juicio, y se establece la sanción que implica la vulneración constitucional convencional en la que puede incurrir un acto, a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta.
Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra citada, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso. El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionales- convencionales). En este sentido, tanto sea por conducto de dicha norma, como por lo expresamente normado en el artículo 281 respecto a la imputación que deberá realizarse de manera circunstanciada, dejándose constancia en el acta, bajo pena de nulidad, ambas declaraciones debe ser nulificadas.
Por lo expresado, entiendo que debe hacerse lugar al planteo articulado por la defensa debiendo declarar la nulidad de la audiencia indagatoria a ambos imputados y todos los actos posteriores a las mismas...". Y en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO
S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” Expte. Nº 66984/18, N° de Juzgado de Recursos 7185/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "Bajo estas pautas hermenéuticas, lo que puede observarse de la intimación de los hechos al imputado efectuada en autos, transcripta supra, surge que le asiste razón a la defensa en cuanto a que no se establece en la imputación, un tiempo aproximado del acaecimiento del hecho, pues si bien se hace referencia a que la víctima tenía entre diez y ** años, nada impedía consignar el lapso temporal, máxime cuando se constató, reitero, la edad de la víctima al momento de su declaración, conforme las prescripciones del art. 234 ter del C.P.P..Cabe señalar que, sobre este punto, existe información en la causa que debería haberse brindado como una proposición fáctica, para que el imputado pudiera controvertirla de alguna manera.
No comparto la explicación que brinda el Ministerio Público Fiscal respecto a que si el imputado pudo defenderse, ello implica, sin análisis crítico alguno, que la conducta, en cuanto a su imputación, estuvo bien formulada. Cuando el Estado acusa a una persona de la comisión de un delito, éste ejerce su defensa material frente a cualquier imputación que se le haga al igual que lo hará su defensa técnica, salvo que estemos ante un hipotético caso en el cual la falta de información, la ambigüedad, vaguedad, y la textura abierta del lenguaje sea tan amplia, que le resulte imposible defenderse. Aún en un hipotético supuesto como éste, puede la persona, sin entender ni comprender la acusación, negarla.
Ahora bien, que se pueda defender, no significa que la acusación este correctamente formulada. El razonamiento no puede ser esgrimido de manera dogmática para todos los casos, pues de ser ello así, se justificaría cualquier arbitrariedad. El razonamiento puede ser válido o no, depende las circunstancias de cada causa. Lo que se debe evaluar es la trascendencia de la información omitida o expresada errónea, vaga, ambiguamente, para establecer si, pese a que el imputado se haya defendido, lo pudo hacer de manera correcta. La Corte Suprema, por mayoría, utilizó un argumento similar en la causa “Schoklender” Fallos 311:340 y “Acosta” Fallos 323:935, frente a la omisión de hacerle saber al imputado su derecho a no declarar contra sí mismo.
Ahora bien, el mismo no debe trasladarse acríticamente, en lo referente al hecho y de la información que existe sobre el mismo, pues allí está en juego el principio de congruencia. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa.
Asimismo, cabe agregar, atento lo manifestado en forma general por los recurrentes, que en el sub judice incólume se mantuvo el derecho fundamental de defensa en juicio consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 18 y tratados de Derechos Humanos incluidos en el bloque de constitucionalidad de su art. 75 inc. 22. Siguiendo dichos lineamientos constitucionales, como reiteradamente lo ha recordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha asegurado no un formal sino real y efectivo ejercicio de defensa tanto material como técnica del enjuiciado. Las manifestaciones de los recurrentes no han pasado de una generalización que ausente se ha visto de ser acompañada por una circunstancia particular acontecida en este proceso judicial.
En conclusión, los hechos por los cuales se ha condenado a los recurrentes resultan ser idénticos a los atribuidos desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa del imputado, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello."(La negrita es de mi autoría) El análisis que se debe efectuar en autos es si existe información para cubrir una proposición fáctica como la que se discute, y que hace al espacio temporal en donde se habría materializado la conducta. No estamos hablando de un aspecto secundario en una imputación, que puede ser o no motivo de una proposición fáctica, como cuestiones incidentales o contextuales, que dan marco a una imputación, sino uno de los puntos centrales de toda acusación.
Asimismo, tampoco puede perderse de vista que el Estado debe producir prueba de cada proposición fáctica que afirma y asevera, es decir que las mismas deben apoyarse y sostenerse en información aportada por un medio probatorio realizado en legal forma, para llegar a la determinación de un hecho punible. Es decir que, conociendo que a la fecha de su declaración M. contaba con 17 años, así como su fecha de nacimiento -**/**/2000- (que obra en el acta de su declaración) pudo haberse determinado en qué lapso temporal aproximado (años), habrían sucedido los hechos atribuidos, esto es, en el período de tiempo comprendido entre FECHA_32 y FECHA_32, cuando la niña tenía entre ** y ** años de edad. Tampoco se hizo referencia alguna en la descripción de las circunstancias de tiempo, de la edad con que contaba la víctima al momento en que la intimación se efectuaba, lo cual sin perjuicio de no determinar tampoco un período de tiempo concreto, podría haber brindado al imputado una mejor ubicación en la línea temporal respecto de cuándo sucedieron los sucesos que se le atribuían.
Ello claro, inferencia mediante que debería haber realizado el imputado, lo que no es recomendable, por cierto, cuando hay información que puede precisarla. A guisa de ejemplo, si se hubiera mencionado “cuando M.Ch. actualmente de 17 años de edad, tenía entre diez y ** años”. Siendo ello así, entiendo que corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria por imprecisión de la determinación de las circunstancias de tiempo de los hechos imputados." Y finalmente en los autos caratulados: “B. R. A. S/Denuncia Amenazas” Expte. Nº B-52586/21, Nº de Juzgado de Recursos 7460/240, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Que establecido ello, frente al estudio de las presentes actuaciones, se advierte que en el presente se ha incurrido en una irregularidad en la declaración indagatoria que acarrea la sanción de nulidad absoluta.
Por lo que siendo ello una cuestión de orden público y por ende, de previo y especial pronunciamiento, no corresponde abordar el análisis de los agravios expuestos por el recurrente. Sobre esta plataforma de análisis y valoración, comparto "in totum" lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara de fs. 76 y vta. En referencia a lo antedicho, se evidencia que a fs. 37 y vta. obra declaración indagatoria recepcionada al imputado Sr. J. A. A., en la cual, y al realizarse la enumeración de pruebas, se indicó una certificación, pero no se sustanció la prueba documental de manera posterior, a la cual la actuaria refiere, por lo que la falta de realización de dicha medida, al no poder ser suplida con el certificado actuarial, implica una omisión probatoria que impacta en la reseña de pruebas, conforme lo establece como formalidades previas el art. 281 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Esto es así, siendo que de la lectura de la normativa procesal se establece que en el acta de indagatoria deberán ser indicadas las pruebas mediante su ubicación en el expediente, bajo pena de nulidad. El artículo 281 en su parte pertinente, establece que: "El hecho imputado deberá transcribirse circunstanciadamente en el acta y las pruebas serán indicadas mediante su ubicación en el expediente, lo que también constará en el acta, bajo pena de nulidad".- Como puede apreciarse, en autos solo existe una certificación actuarial en relación a la imputación del delito de desobediencia Judicial, no encontrándose agregadas las piezas procesales pertinentes en cuanto el auto y/o decisión jurisdiccional que así lo dispuso, la correspondiente notificación del imputado, etc., que permita asumir que el mismo conocía la existencia de dicha restricción, vale decir que no se observa en los presentes, la información suficiente para cubrir esa proposición fáctica.
Estamos ante una omisión probatoria, que impacta, directamente, en la omisión a reseñar prueba, pues va de suyo que no se puede reseñar lo que no se sustanció. La individualización de las pruebas, tal y como lo expresa la norma, de forma siguiente a la transcripción de los hechos imputados, tiene la finalidad que la persona acusada de un delito, pueda comprender de donde surge la información que se le brinda como una conducta realizada u omitida, de forma dolosa o culposa, por él. Sin la enumeración de la prueba, o de la omisión de alguna de ellas, que aportan información que se traduce en las proposiciones fácticas que integran una acusación o imputación, la garantía de una defensa en juicio eficaz se ve directamente afectada, y no puede suplirse con la lectura de la causa que regula el artículo 281 en el párrafo siguiente.
Peor aún, como en el caso, que la omisión no solo impacta, como dije, en la enumeración e individualización de la prueba, sino en la realización de la misma directamente, pues la prueba documental debe ser agregada en la causa. En este orden, y retomando el razonamiento, una vez transcripto el hecho y la prueba, el art. 281 establece que: "El juez permitirá la lectura de las mismas y de la denuncia por el imputado, si este así lo requiere otorgándosele el tiempo necesario para hacerlo". Ahora bien, como adelanté, si el imputado o su defensor, hacen uso del derecho a compulsar todas las actuaciones, ello no puede suplir la falta de enumeración de todas o algunas medidas probatorias que aportan información para la formulación de las proposiciones fácticas, pues es obligación del Estado, detallar debidamente las pruebas en las cuales basa su acusación o imputación, como forma de garantizar el principio de congruencia.
Agrégase a ello que, la norma, regula un derecho, no establece una obligación en cabeza del imputado o su defensa técnica de compulsar las actuaciones, razón por la cual, si el imputado o su defensor no hacen uso del mismo, la deficiencia en la enumeración probatoria, con más razón, tiene la misma resolución procesal que la indicada en el párrafo anterior. Tampoco puede ser suplida la omisión, dando por sentado que si está la medida probatoria o de investigación agregada en la causa, el imputado o su defensa, pueden haber tenido conocimiento de la misma, sea a través de presentación de escritos o peticiones, pues en el acto de indagatoria, debe ser específicamente reseñada la misma. Existe un orden lógico para acusar a una persona, que se inicia con la denuncia o instrucción policial de oficio, la investigación que se abre a partir de esta circunstancia, la sustanciación de medidas de investigación y probatorias, las que, a la postre, aportan información para la determinación de un hecho punible, por lo que, claramente, al momento de imputarle a una persona los hechos, deben agregarse expresamente, todas las pruebas y medidas de investigación que aportaron información al mismo.
Las remisiones a medios probatorios sustanciados en otras actuaciones, si no se cuentan con el original de las mismas acollaradas por cuerda a la causa principal dejándose debida constancia, individualizando estrictamente las fojas pertinentes; o en copia certificada, impide valorar y analizar a la defensa, tanto material como técnica, en que prueba documental, como sería en éste caso, se basa el Juez para imputar y procesar a una persona. Esta imposibilidad no se acota solo a la Defensa, sino que impide a las partes y a la función jurisdiccional, en sus distintos grados, poder analizar y valorar los hechos y la información en la cual se sostienen. ... Por todo lo expresado, corresponde declarar la nulidad absoluta del acta de declaración indagatoria y lo obrado como su consecuencia directa, y se reitera que deberá realizarse nuevamente la declaración indagatoria, debiendo detallarse al momento de celebrarse la misma, las pruebas obrantes en su contra y la ubicación de las mismas en las actuaciones.
En este caso, deberá adjuntarse en copia certificada o en sus originales, la prueba documental en la cual se basa el A quo para imputar el delito de desobediencia a la autoridad (art. 239 del C.P.); y en los autos caratulados: “L. R. L./ LESIONES LEVES, AMENAZAS CALIFICADAS ATENTADO Y RESISTENCIA” Expte. Nº L-38086/23, N° de Juzgado de Recursos 7313/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras sostuve que: "Sobre estas pautas hermenéutica, hay que tener presente que las proposiciones fácticas que integran la imputación de un hecho punible tienen como origen o causa eficiente en la información que debe haber en un legajo de investigación. La selección de las proposiciones fácticas y la necesaria subsunción de las mismas en una figura delictiva, requisito indispensable para poder ser imputadas, demanda un acto de determinación y precisión al momento de ser establecidas, a cargo de la autoridad judicial o a propuesta de la acusación (Querella Particular o Ministerio Público Fiscal), el que no puede darse por supuesto por el ejercicio de la competencia, sino que, y además de ello, debe tener un anclaje en la información agregada en la causa.
No puede la autoridad judicial establecer proposiciones fácticas sin que las mismas se funden en la información que se produjo en una causa. Esa información es la que se valora y analiza al momento de establecer y determinar un hecho punible, y esta actividad debe realizarse de manera integral, máxime cuando como en autos, existen varios órganos de prueba que aportan datos esenciales para el presente proceso. Finalmente en los autos caratulados: “INC. DE APELACIÓN EN AUTOS: "G. C. M. S/ Homicidio Simple” Expte. Nº I-60304/24, N° de Juzgado de Recursos 7806/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este camino, surge claro lo señalado por la Fiscalía de Cámara, pues y tal, como quedó redactada la imputación, no se puede establecer frente a qué estructura típica nos encontramos, es decir si estamos ante una conducta dolosa o culposa, o si lo que se le está imputando es una conducta preterintencional.
(Conf. art. 81 inciso 1, apartado b) del C.P.) En este sentido, surge de autos información suficiente para poder precisar una estructura típica determinada, razón por la cual, entiendo que le asiste razón a la Fiscalía de Cámara, pues y va de suyo, no es lo mismo defenderse de una imputación por homicidio preterintencional, que defenderse de una acusación de homicidio dolosa o culposa. Las proposiciones fácticas redactadas deben establecer claramente la conducta y la subsunción de la misma en una figura delictiva dolosa, culposa o preterintencional, y ello no puede obviarse o suplirse al momento de asignarle la calificación legal. La acción humana, para que sea delito, debe ser típica, y la estructura de tipicidad debe surgir clara de la imputación, no siendo constitucional-convencional que, ante la vaguedad de la misma o su ambigüedad, la luz la arroje la calificación provisoria que le otorgue por el a quo al momento de la indagatoria, pues además, ni siquiera es un requisito legal que la misma sea impuesta en ese momento".
Asimismo, en los autos caratulados: “B. O. A. Y OTRO S/Robo en poblado y en banda en grado de tentativa” Expte. Nº 39693/24, N° de Juzgado de Recursos 7643/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Cabe señalar que, con la prueba reunida en autos, existía información suficiente para describir correctamente la plataforma fáctica, independientemente de la calificación legal atribuida y su posible controversia o control. Es decir que se cuenta con información precisa acerca de la modalidad que llevaron adelante los coimputados para sustraer las chapas del techo de la vivienda, lo que no fue descripto en la imputación, no bastando la transcripción de los requisitos y elementos típicos que exige la figura delictiva.
Hay que precisar que lo que se imputan son conductas es decir actos y acciones disvaliosas y sus respectivos resultados típicos que afectan y lesionan bienes jurídicos por lesión o por peligro, y éstas deben subsumir un una figura delictiva precisa, no es a la inversa como se realizó en la audiencia indagatoria, es decir que se imputó una figura delictiva (léase sus medios comisivos) sin señalar la modalidad de las conductas realizadas. Así en el primer acto de defensa se estableció una calificación legal específica, pero no se describieron, reitero, qué conductas tipo de conductas realizaron los presuntos coautores, sino el verbo típico, y conforme la imputación realizada, la misma podría subsumir en los alcances de la figura delictiva de robo o de hurto, pues no existe precisión a éste respecto.
A fs.30 y 31 los hechos imputados se describen: “El hecho ocurrido en la ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, el día12 de mayo de 2024 sin horario preciso pero con anterioridad a las 17:00 horas en circunstancias en que el compareciente-en connivencia y junto al ciudadano Báez Oscar Alfredo-, se habrían apersonado en el domicilio de la ciudadana Vanesa Albarracín, sita en Avenida Ángel Bezunartea y calle Koluel Kaike de esta ciudad una vez allí se habríanapoderado ilegítimamente, de chapas del sector techo, no pudiendo lograr así sus cometidos, por circunstancias ajenas a la voluntad, dado que el personal policial los interceptaron al momento del hecho”. (La negrita y el subrayado son de mi autoría).
De la narración del hecho, se observa la utilización de los significantes típicos que no tienen que ver directamente con el caso en análisis y las acciones desplegadas por los coautores. El apoderamiento ilegítimo presupone la sustracción de una cosa total o parcialmente ajena (cosa sustraída, modalidad, actividad desplegada por casa partícipe, etc.) y depende de la existencia de fuerza en las cosas o violencia en las personas para que la misma subsuma en una figura distinta a la de hurto, y en el presente caso, esa acción concreta no se halla descripta. Estas proposiciones fácticas ausentes, reemplazadas por el relato de la figura delictiva imponen declarar la nulidad de las indagatorias y de todos aquellos actos que son su consecuencia.
Por su parte, en los autos caratulados: “T. G. A.
S/DENUNCIA” Expte. Nº 53.429/21, N° de Recursos 7869/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado", sostuve que: Por último en lo que respecta a la nulidad de la declaración indagatoria por imprecisión en los hechos narrados, se observa que el Magistrado interviniente efectúa una transcripción de los términos típicos legales, pero no realiza una descripción detallada de la proposiciones fácticas que subsimirían en dichos supuestos, invirtiendo así, el juicio de tipicidad. Comparto lo expresado por la Defensa y la fiscalía de Cámara. Es más, claramente surge el que a quo imputa segmentos de figuras delictivas (tipo objetivo sistemático) y las entrelaza con proposiciones fácticas, estableciendo una imputación, que en lo central, no señala las acciones del imputado ni describe el estado de la víctima.
Como señalé, esto impide realizar el normal juicio de subsunción típica, que debe partir de la conducta que se imputa, para luego, analizar si es o no típica, y en su caso en que figura delictiva encuadra. En los autos caratulados: “DEFENSORÍA OFICIAL PERITO MORENO S/ DENUNCIA INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.A.” Expte. Nro. D-31411/21, Nro. de Juzgado de Recursos 7889/24, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras; sostuve que: "De la lectura de la descripción de las proposiciones fácticas atribuidas al imputado, surge que, en el primero de los hechos, ocurrido en DIRECCION_3 de la localidad de Los Antiguos, se le describe a R.A.L. que le habría hecho tocar sus “partes íntimas” a la adolescente I.N..
Lo mismo sucede en el último de los hechos descriptos, ocurrido en el domicilio sito en DIRECCION_4 del Barrio Malvinas de Las Heras, en cuya descripción se detalla que el imputado le efectuó tocamientos a I.N. en sus “partes íntimas”. Dicha terminología resulta imprecisa. Todo el cuerpo de la persona pertenece a su esfera de intimidad, por lo que la acepción “tocar partes íntimas” puede tener diferentes significados o interpretaciones de acuerdo a su emisor o su receptor. Dicha oración, tenía significancia en ciertos ámbitos sociales a principios del siglo pasado (léase siglo XX, en ámbitos sociales denominados oligarcas) y se la utilizaba para indicar los genitales de varones y mujeres, pues nombrarlos, solo estaba reservado a ciertos lenguajes como el científico, Nombrarlos era señal de pertenencia a las clases sociales marginadas, en los cuales los genitales eran nombrados, aunque por sinónimos valorados como “vulgares”.
Ahora bien, la construcción de este significante, no solo carece de actualidad en el lenguaje común en donde a nadie se le ocurre señalar las “partes íntimas”, pues el cuerpo de la persona es una unidad psicofísica, ya que son nombradas abiertamente, sino y aún, no puede tener acogida cuando se detalla una acción que subsume en una figura delictiva. Las acciones no pueden ser reemplazadas por construcciones metafóricas que remitan a la inteligibilidad de cada persona. Las figuras retóricas deben ser evitadas y solo utilizar un lenguaje descriptivo, el que se enfoca como narración de acciones humanas (de allí la expresión “relato del hecho”), desprovisto de cualquier consideración que se pueda realizar de los mismos.
Ello permite el entendimiento y la comprensión de la persona que es destinataria de la acusación, y centra, fundamentalmente, el objeto procesal, al permitir una subsunción que sea transparente, allende discusiones, para cualquier persona. En otras palabras, la oración utilizada en la imputación puede significar una acción concreta para una persona y una diferente para otra. Claramente dicha terminología utilizada resulta confusa e imprecisa. Sobre todo cuando existe en autos información suficiente para poder precisarla, pues I.N. en la audiencia en cámara gesell, cuando se le pide que aclare como se llaman las partes íntimas, menciona a los pechos y la vagina en referencia a las suyas, y luego hace mención al pene en referencia al imputado.
Contándose en autos con información suficiente para efectuar una descripción precisa y detallada de la acción desplegada por el imputado, la efectuada en el acto indagatorio no satisface las exigencias del art. 281 del C.P.P. ocasionando un perjuicio para el imputado ya que no le permite conocer de qué hecho concreto se tiene que defender, cual fue la conducta específica que se le está atribuyendo. Por otra parte, de la escucha del testimonio de la adolescente, se aprecia que I.N.G. refiere a una situación precisa ocurrida en un auto, que no fue objeto de imputación. Asimismo, en la imputación de los hechos, tampoco se ha tenido en cuenta que en el último de aquellos, el imputado se encontraba bajo la guarda de hecho de la niña pues había sido dejada en la casa y al cuidado de éste y su esposa, ante un viaje de los progenitores...
Mas allá de que no se efectuó ningún análisis del mérito de la prueba, más que el referido respecto del informe pericial, ninguna consideración han merecido para el A quo los dichos de la adolescente I.N. vertidos en la audiencia realizada en cámara gesell, la que obra en filmación resguardada en el DVD incorporado a estos obrados. La prueba fundamental sobre la que se debe partir y anclarse el análisis valorativo, no fue objeto de apreciación por parte del Sr. Juez de Instrucción, lo que priva al auto de mérito de ser debidamente motivado."
Bajo estas pautas de interpretación debe analizarse el planteo de la defensa.
Sostienen los letrados "que la acusación es genérica y absurda, pues salvo la mención genérica del domicilio y las referencias globales que hace mención el procesamiento Vrg. Una o dos veces por día o un número indeterminado de oportunidades que habría sido abusada la denunciante, la resolución no precisa un solo día, fecha aproximada, algún evento del calendario u ocasión concreta de la comisión de los delitos endilgados a nuestro defendido, ya que en la imputación han agrupado un lapso de tiempo de 15 años (2006 hasta 2021) de manera generalizada, imposibilitando de modo absoluto materializar una defensa eficaz."
Y que la redacción de los hechos "no se ajusta a lo exigido por la ley de rito, existiendo una total imprecisión de los hechos intimados, no describiéndose en forma clara y precisa cuales fueron las circunstancias en las que habría cometido el delito"
Comparto con el Ministerio Público Fiscal, que de la lectura del acta de fs. 281/285 se desprende que la descripción de los hechos efectuada en la declaración indagatoria satisface adecuadamente las exigencias del art. 281 del C.P.P., al contener un detalle pormenorizado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos atribuidos al imputado.
En relación específicamente, a las circunstancias de tiempo, se observa que en cada uno de los hechos se encuentra delimitado un lapso temporal concreto en el que reiteradamente ocurrían los hechos bajo la misma modalidad allí enunciada en un número indeterminado de veces, lo que sumado al detalle del lugar en el que acontecían brindan un cuadro de situación acabado que permite al imputado conocer perfectamente de qué se lo acusa, lo que le da la posibilidad cierta de defenderse. En este orden, debemos reiterar, que lo que se juzgan son acciones o conductas humanas, las que luego de realizadas son valoradas jurídico-penalmente cuando se realiza el juicio lógico de subsunción en una norma jurídica y siempre teniendo en cuenta el principio de supremacía de la realidad.
Sobre el particular, en autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto". Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional. Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".
En este sentido, dejando de lado cualquier cuestión de valoración jurídico penal, debemos hacer foco en las acciones, actos o conductas humanas.
Sobre este piso, en las diferentes constelaciones situacionales, podemos ubicar un solo acto, acción o conducta, identificable en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, puede haber varios identificables de la misma manera, o puede existir un sinnúmero de actos similares, lo que constituye una práctica.
En su segunda acepción, en la vigésimo tercer edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE., Tomo II, (pág. 1768) define el significante “practicar” como “usar o ejercer algo continuadamente”.
Cuando nos enfrentamos a conductas, actos o acciones que constituyen una verdadera “práctica”, para establecer la circunstancia temporal, debemos individualizar en qué momento se inició y en qué momento finalizó.
Realizado ello, allende la subsunción legal que de los mismos se realice, el requisito temporal estará correctamente determinado. Ello no implica, además, que puedan haber varias “prácticas”, las que deberá individualizarse, teniendo siempre en cuenta si existe entre las mismas solución de continuidad o no. La pretensión de la defensa de que se le detalle día por día los hechos que se reiteraron en el tiempo en tan innumerable cantidad de oportunidades que no pueden determinarse, por más de 15 años, es absurda e irrazonable, además de imposible, pero que se aleja del principio de supremacía de la realidad cuando, como en el caso, se pueden relevar varias prácticas.
La imputación obrante en la indagatoria se encuentra plagada de detalles de tiempo, modo y lugar que permiten tener un cabal conocimiento de la acusación, por lo que la aludida afectación al derecho de defensa debe ser descartada.
En este sentido la jurisprudencia ha sostenido: "Por su parte, el agravio relacionado al carácter indeterminado de la imputación, en función de las imprecisiones en las que habría incurrido la víctima, también fue abordado anteriormente en otros precedentes, cuya doctrina resulta plenamente aplicable al caso. En efecto, llevo dicho a partir del precedente “Yannane”, con cita del jurista suizo S. T., que algunas pretensiones de precisión “pueden llegar a ser muy poco realistas en casos de comportamientos delictivos que se extienden durante un cierto período de tiempo. Por ejemplo, un padre puede ser acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante un período de varios años, o una persona puede ser acusada de tráfico de drogas durante meses o años.
En tales casos, muchos detalles habrán sido olvidados, mientras que, por otro lado, la esencia de la acusación puede ser enteramente evidente. En este caso, la referencia al detalle pierde gran parte de su relevancia. El grado de precisión requerido también dependerá de las legislaciones nacionales en materia de derecho sustantivo y procesal”. Tal es el caso de autos, en donde la víctima dijo haber sido abusada por el imputado desde que ella tenía 4 años hasta sus 17, es decir, bajo un contexto de cotidianeidad que lógicamente imposibilita dar detalles de cada uno de los hechos en particular, pese a que sí pudo hacerlo respecto de cuatro episodios puntuales. No obstante esta observación, y a pesar de que la víctima no pudo dar suficientes precisiones sobre fechas y horas exactas de ocurrencia de los episodios, se advierte que los ha individualizado suficientemente en la medida de sus posibilidades, indicando el lapso temporal de su ocurrencia (2001 a 2014), los domicilios y las circunstancias en que éstos se llevaron a cabo, y describiendo concretamente el contenido de las acciones, de clara relevancia jurídicopenal.
Por lo demás, y más allá de echar mano al argumento recurrente en este tipo de casos, en donde se alega una presunta afectación al derecho de defensa por carecer de una “comunicación previa y detallada” de la acusación que pesa en su contra, tampoco la parte logra demostrar fehacientemente que la determinación exacta de las fechas u horas de los episodios denunciados sea esencial para la construcción de su propia teoría del caso, o bien para refutar la de la acusación o, por algún otro motivo, definitoria de la suerte del asunto, de manera que esta crítica, por la forma en que fue planteada en el recurso, debe ser descartada."
CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1CCC 43342/2014/TO1/CNC1.
En función de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad de la indagatoria formulado por la defensa.
VI.A.-Resuelto ello, corresponde ingresar ahora al análisis de la resolución atacada en función de los agravios expuestos por los recurrentes.
En esa tarea, se observa que los agravios de la defensa fueron centrados, esencialmente, en los planteos de prescripción y nulidad tratados en los considerandos precedentes, y en forma genérica respecto de la valoración probatoria, que su juicio no alcanza a satisface el estándar de convicción requerido para esta etapa, haciendo sí hincapié en la prisión preventiva.
Plantean los abogados defensores que la prueba no alcanza la probabilidad positiva que requiere el dictado de un procesamiento, y que el mismo se funda en el relato de la denunciante sin apoyarse en elementos objetivos de convicción independientes que otorguen sustento técnico o pericial de la imputación, aduciendo que la decisión jurisdiccional parte de meras presunciones y afirmaciones unilaterales que resultan insuficientes para sostener el grado de convicción que exige la ley para someter a proceso y restringir los derechos del imputado. De la lectura del auto impugnado y del resto de las actuaciones, es posible afirmar que lo que emana de la numerosa, variada y profusa información por la prueba incorporada en autos, muy lejos está de encuadrar en las consideraciones y manifestaciones efectuadas por la defensa.
La prueba reunida en autos, allende el testimonio de la víctima es contundente para acreditar con el grado de convicción requerido la responsabilidad penal del imputado por los hechos atribuidos.
Los dichos de P.D.P., obrantes en la denuncia de fs. 1/vta. y su declaración en sede judicial de fs. 32/36, en las que relata el calvario vivido durante largos años de su infancia y adolescencia, incluso los primeros de su mayoría de edad, encuentra aval, no solo en la pericia psicológica de la víctima obrante a fs. 37/39, sino también en el testimonio brindado en autos por la perito psicóloga, Lic. Vanesa Schrager (fs. 212/213), y en las numerosas declaraciones testimoniales recabadas en autos de familiares, amigos y vecinos de la familia, y amigos de la víctima que describieron circunstancias presenciadas, que si bien obviamente no fueron los actos sexuales en sí mismos, sí resultaron situaciones extrañas que llamaron la atención de los testigos, respecto a cuestiones contextuales de los abusos que fueron referenciadas por la víctima en el marco de las practicas de abuso a la que fue sometida por el imputado.
En ese sentido, me remito a la valoración de los referidos testimonios que el a quo ha efectuado pormenorizadamente en la valoración probatoria de los hechos, al resolver la situación procesal del imputado mediante el auto puesto en crisis. Valoración que, por otra parte, no sido objeto de crítica concreta, razonada y puntualizada por la defensa, y que además comparto. Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. VI.B.-Prisión preventiva.
En cuanto a la prisión preventiva, entiendo que la decisión del Sr. Juez de Instrucción de ordenar la detención cautelar del imputado se encuentra debidamente motivada en a las circunstancias que emergen del legajo, habiendo tenido en cuenta no solo la elevada pena en expectativa que pesa sobre el imputado, sino también las características objetivas del hecho investigado y sus condiciones personales, todo lo cual denota claramente la existencia de riesgo procesal que no puede ser neutralizado sino con la detención preventiva. En ese sentido, en autos caratulados: “T. L. S. S/ Desobediencia Judicial y Lesiones Leves Calificadas” Expte. Nº T-36469/23, N° de Recursos 7021/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Respecto de los agravios centrados en la prisión preventiva decretada en autos, cabe señalar lo siguiente.
En los autos caratulados “REYNOSO, GUILLERMINA S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración.
Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa.
En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo. Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr.
Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria. El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídicopenal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390. Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.”
(Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." Y en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "A. S. E. S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES,
AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que: "Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal." Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confianza a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencias firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socioambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la tesigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socioambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aún cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso.
Finalmente en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE O. N. G. EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte. Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: " Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." Ahora bien, sobre estas pautas hermenéuticas, debemos analizar los comportamientos del imputado respecto a la víctima y su persistencia en las agresiones que implican la vulneración lisa y llana del derecho a vivir una vida libre de violencia.
Es en este andamiaje que la reiteración de la conducta indica que las medidas cautelares dispuestas con anterioridad han resultado, a todas luces, insuficientes para poder garantizar este elemental derecho humano (vida libre de violencia) de la víctima por su condición de mujer. Ello no es una situación que de manera directa o indirecta pueda ser asignada a la víctima o al Estado, sino y por el contrario, son actos voluntarios desplegados por el propio imputado en el ejercicio de su libertad. Y es en este marco de situación constelacional, que el imputado libremente decide desobedecer sin justificación alguna y sin que medie causa de exculpación, y violar las medidas coercitivas dispuestas para garantizarle a la víctima su derecho a una vida libre de violencia, que implica, además, una vida libre de intromisiones allende el grado o gravedad de los ataques.
Además, no puede perderse de vista que se ordenó la captura del encartado, quien se fue a la provincia de Misiones, habiendo el mismo logrado extraer dinero de su cuenta bancaria con el propósito de alejarse del país. En cuanto al entorpecimiento de la investigación, a pesar de existir una orden que prohibía el acercamiento, como se señaló, se apersonó a la vivienda de su ex pareja, no solo haciendo caso omiso a las órdenes impartidas, sino incluso evadiendo el control policial que se había apostado como consigna; desobedeció la prohibición y cometió un nuevo ilícito al lesionar a J. M.. Por otra parte, conforme surge del informe de fs. 91, el imputado intento presionar a los efectivos policiales, razón que permite colegir que en libertad podría tratar de influir sobre aquello llamados a deponer.
Es por ello que el análisis de la continuidad de la prisión preventiva decretada en autos, se impone como lógica y necesaria, lo que surge sin hesitación de la violencia desplegada por el imputado en sus ataques. En los autos caratulados “DIV. CRIA. PTO. DESEADO S/ Informa Desobediencia Orden Judicial” Expte. Nº 16.722/21, N° de Recursos 6356/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Analizadas las presentes actuaciones, debemos señalar que el hecho está debidamente acreditado conforme la declaración testimonial de fs. 05 prestada por la Sra. Á.T.L., constancias de orden judicial efectivamente notificada al imputado y el resto de las actuaciones realizadas por personal policial.
La defensa encaminada a señalar que la afectación al bien jurídico es mínima, no puede prosperar. Ello así, pues en primer lugar el delito lo es en perjuicio de la administración pública, específicamente la administración de justicia y el cumplimiento específico de sus órdenes u mandatos, razón por la cual, la desobediencia implica directamente la afectación del normal desarrollo del sistema judicial. No está demás señalar que la Constitución Nacional y la Provincial, al establecer en la parte orgánica los poderes-funciones que integran el Estado como persona Jurídica de Derecho Público, establecen para el cumplimiento de sus fines, conforme lo señala la parte dogmática, la posibilidad de hacer cumplir, aún con el auxilio de la fuerza pública, sus mandatos.
Además en autos no puede perderse de vista la esencia de la medida violada por el imputado. La misma fue una medida cautelar dictada para proteger a la Sra. L., víctima en autos, siendo una de las cautelares menos restrictivas de la libertad ambulatoria, porque se le estableció al Sr. S. la prohibición de acercarse al domicilio de L., pero se mantuvo el resto de sus libertades inalterables. Dicha medida precisa, necesariamente, de la voluntad y motivación en la norma particular por parte del imputado, para que la misma sea racional y el Estado no deba cautelarlo de manera más gravosa a sus intereses personales (detención preventiva). Sin embargo, frente a ello, el Sr. S. al ejercer su defensa material, no asume responsabilidad alguna en el hecho.
En primer lugar, cuando su auto se detiene cerca de las inmediaciones del domicilio de L., lugar por el cual no debería haberse acercado, deposita la responsabilidad de la detención en Dios, y lo responsabiliza tanto de la detención del vehículo como de la señal que éste le estaría dando de ir a ver a la Sra. L., sabiendo y conociendo la prohibición que pesaba sobre él. Luego y cuando se encuentra en la casa de la Sra. L., después de pedir que lo dejen pasar, le atribuye responsabilidad a su hijo L. respecto de quien su deseo de besarlo, deseo que según parece lo domina y no puede contener, le impone insistir en el ingreso a la vivienda, cosa que no puede consumar por la intervención del personal policial.
Cuando nos encontramos ante una orden de una autoridad y la misma se trata de una medida cautelar, está en juego el bien jurídico que la figura delictiva demanda su afectación para considerar consumado el delito y violada la norma prohibitiva que se deduce del tipo penal, y además de ello, los derechos de la persona o personas en cuyo resguardo y protección se dictó la medida. Ello impone en cada caso de desobediencia a la autoridad, el análisis del contexto en el cual se emite la orden. En autos nos encontramos ante conductas que constituyen ataques y violencia en perjuicio de una mujer por su condición de tal y que a través de medidas cautelares, el Estado trata de hacer cesar y/o evitar. En este sentido, en autos caratulados “A.
S. E., SERGIO EMILIO S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género. Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica.
El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal. Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretexto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra. De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia.
La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón. A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, está caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual).
Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género. Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrismo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos están fincados en el miedo, temor, adaptación y sobre adaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos están surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentario, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que está en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactúan en el sistema...".- Es claro que el presente caso se inscribe en el marco de violencia de género, siendo el imputado una persona que no se motiva en la norma y que, allende las posibilidades que el Estado le brinda para no cautelarlo de manera más gravosa, insiste con una consecución de ataques y violaciones a la privacidad y a la armonía de vida de la Sra.
L.. Decide en el momento que le plazca acercarse y agredir psicológicamente a la Sra. L., justificando luego su accionar y poniéndose él en lugar de víctima, cosa que hace también su defensa al señalar que S. es víctima del ejercicio del poder punitivo. Lejos está el imputado de ser víctima. En el presente caso la víctima indirecta de su conducta es la Sra. L. que debe soportar intromisiones del imputado pese a las prohibiciones que la Justicia le dictó. Que una víctima sea indirecta, no la transforma en menos víctima. Es claro que para erradicar la violencia en contra de las mujeres, es necesario que se arbitren los medios pertinentes para su efectiva realización. La restricción preventiva de la libertad ambulatoria del imputado, luego del incumplimiento de una medida cautelar menos gravosa, debe ser de valoración necesaria por parte de la autoridad judicial y la misma no puede solo basarse, como he sostenido en reiteradas oportunidades, en la escala penal del delito en el cual subsuma la conducta, sino, específicamente, en la conducta que realiza el imputado respecto del cumplimiento y el compromiso que asume frente a la autoridad al momento de dictar la primer medida cautelar.
No puede trasladarse a la víctima el costo que implica para ella que el imputado soporte una medida cautelar menos gravosa, cuando éste se vale de ella para seguir y persistir en las conductas de agresión y acoso. Un elemental principio de racionalidad y gradualidad impone que se parte de las medidas cautelares que menos afectan al imputado para asegurar los fines del proceso y la víctima de autos, hacia las más graves, pero una vez incumplida la medida menos gravosa, deberá asegurarse los fines del proceso con medidas de mayor restricción.
Concluyendo, en autos, la conducta por la cual fuera procesado el Sr. S. es típica objetiva (sistemática y conglobantemente) y subjetivamente, antijurídica y culpable, por lo que corresponde confirmar el auto apelado.".-Por todo ello, entiendo que corresponde confirmar la prisión preventiva decretada en autos." En función de estos lineamientos, resulta razonable y ajustada a las constancias de autos, la decisión del a quo de cautelar a imputado con la detención preventiva, atento el nivel de sometimiento psicológico bajo el cual mantuvo a la víctima durante largos años, que ocasiona el riesgo de que, estando el libertad, intente manipularla nuevamente, así como a los numerosos testigos que han declarado en autos sobre los que puede interferir en procura de modificar sus dichos para mejorar su situación procesal. Párrafo aparte merece el riesgo de fuga, el que no puede ser descartado a tenor de las manifestaciones que le efectuaba constantemente a su víctima respecto a que él no iría preso, anunciando en alguna ocasión que incluso atentaría contra su vida.
VI.C.-Embargo.
Por último, el agravio relativo al monto del embargo, entiendo que tampoco puede ser favorablemente receptado, pues el monto establecido por el A quo se ajusta a las pautas fijadas por el art. 499 del C.P.P. En los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real.
Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas... La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra.
La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados. Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".
Finalmente,en los autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Teniendo ello en cuenta, que entre las pautas del art. 499 del C.P.P. se encuentra la cantidad suficiente para cubrir una eventual indemnización civil, y el daño en la salud que la acción del imputado ha ocasionado a P.D.P., la suma de $15.000.000 muy lejos está de ser excesiva o irrazonable, por lo que corresponde sea confirmada. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción penal formulad por la defensa.
II.-RECHAZAR el planteo de nulidad de la declaración indagatoria formulado por la defensa. III.-CONFIRMAR el auto de fs. 290/320 en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
IV.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia