Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8113 FOLIO Nº 077/080 PROT. ELECT. JRS1089I.231
Río Gallegos, 26 de septiembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº TRES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL S/ REMITE ACTUACIONES” Expte. Nº 11368/22, Apelación Nº 8134/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 141/151, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.S.C., en orden al delito de “lesiones leves calificadas (dos hechos, seis víctimas), violación de domicilio, daño y amenazas, todo en concurso real” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 6, 150, 183, 149 bis y 55 del Código Penal). En el punto 2) dictó el procesamiento sin prisión preventiva de E.E.F., en orden al delito de “violación de domicilio, lesiones leves calificadas (seis víctimas), daño y amenazas (dos hechos), todo en concurso real” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 6, 150, 183, 149 bis y 55 del Código Penal) y, en el punto 3) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Z.A.F. y E.D.T., en orden al delito de “violación de domicilio, lesiones leves calificadas (seis víctimas), daño, todo ello en concurso real” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 6, 150, 183 y 55 del Código Penal). Por último, en el punto 4) trabó embargo sobre los bienes de los imputados por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Que a fs. 164/164vta. y 166/169 las Defensas técnicas apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 189 y 191 sostuvieron los recursos y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, seguidamente, serán tratados los planteos esgrimidos por los apelantes, en el orden en que fueron presentados ante la instrucción.
I. Agravios expresados por la defensa técnica de E.D.T.: el recurrente se agravió pues –según dijo- los dichos del denunciante no se corroboran con otro elemento de juicio. En tal sentido, advirtió que no se habría investigado la existencia o no de la participación de su pupilo, no se citó a prestar declaración a los agentes que intervinieron en los hechos, ni a los vecinos que –señaló- habrían visto llegar a su defendido después de lo ocurrido. Entendió que se habrían valorado erróneamente los elementos de cargo, endilgándole injustificadamente a su defendido un grado de participación en los hechos.
Aseguró que éste habría llegado al lugar luego de ocurridos los hechos y dijo que, al no haberse acreditado su participación, no se encuentra correlación entre los certificados médicos y las fotos de los daños.
Puso de resalto que las declaraciones de los denunciantes no mencionan a su defendido directamente, y cuando lo hacen, dicen que llegó después de ocurridos los hechos.
En otro orden de ideas, destacó que el médico que revisó a su asistido, constató la ausencia de marcas o indicios de haber estado en una pelea.
Pues bien, ingresando al tratamiento de los agravios expresados por la defensa de E.D.T., adelanto, no obtendrán favorable acogida.
Inicialmente, cabe considerar que los planteos de la defensa se encuentran íntegramente dirigidos a cuestionar la valoración de la prueba reunida por parte de la instrucción.
Así las cosas, entendemos, yerra la defensa al asegurar que los dichos del denunciante no fueran corroborados por otros elementos de juicio, pues a fin de tener por acreditada la presunta responsabilidad del imputado en los hechos, el magistrado tuvo en cuenta el parte de inicio de actuados, la declaración testimonial de los pretensos damnificados J.H.N. y V.A.C. -residentes en el domicilio afectado-, sito en calle C.C. nro. XXX –al fondo- de Río Gallegos; el acta de inspección ocular que describe el estado de cosas a la llegada de los efectivos policiales al lugar, los daños que sufriera el rodado marca Fiat idea, color negro, dominio XXX-XXX de propiedad de J.H.N., y el desorden generalizado en el interior del domicilio (ver fs. 03/03vta.). Por su parte, consideró los certificados médicos glosados en autos, que informaron acerca del grado de las lesiones constatadas en los integrantes del grupo familiar afectado (ver fs. 09 y 11 a 15).
Lo expuesto, echa por tierra la afirmación de la defensa acerca de que los dichos del denunciante no hubieran sido corroborados con otros elementos de juicio o, cuando señala que no se hubiera investigado el hecho, pues además de las declaraciones testimoniales, que lo sindican como participante de los ilícitos (al mencionarlo como el “yerno” o por su apodo “peli”), se adunaron elementos objetivos que, a primera vista, acreditan la materialidad del suceso y la coautoría responsable del encartado. Tampoco es veraz la afirmación del recurrente, acerca de que los damnificados no lo hubieran señalado directamente, pues basta recurrir a sus declaraciones para constatar que lo enumeraron entre los que agredieron a todo el grupo familiar al ingresar a la vivienda (ver fs. 72/73vta. y 75/76vta.).
En relación a la prueba que, a decir de la defensa no se habría producido en autos, cabe en principio señalar que tampoco fue ofrecida por el hoy apelante previo al procesamiento, no obstante, debemos recordar que por imperio del art. 190 del CPP, las partes podrán proponer diligencias que estimen de interés, en tanto el juez las producirá cuando las juzgue pertinentes y útiles. Por último, frente al frondoso plexo probatorio obrante en autos, deviene irrelevante la apreciación de la defensa, relativa a que el examen médico de su asistido no habría revelado rastros de participación en una gresca (fs. 10), pues en primer lugar se negó a ser examinado por el galeno y, en segundo término, pudo no haber recibido agresiones, lo cual no lo releva de su probable participación en los hechos, la cual –a la luz de la valoración de la prueba agregada- se encuentra acreditada en autos, con el grado de precariedad que caracteriza esta instancia.
II. Agravios expresados por la defensa técnica de M.S.C., E.E.F. y Z.A.F.: aquí, el recurrente se agravió pues, a su criterio, el auto atacado resultaría insostenible e infundado para sustentar la acusación. En tal sentido, sostuvo que las pruebas obrantes serían insuficientes para tener por acreditada la autoría de sus defendidos respecto de los ilícitos atribuidos, toda vez que las diligencias llevadas a cabo por los efectivos policiales se encontrarían totalmente viciadas. En dicho carril argumentativo, advirtió contradicciones en los relatos de los testigos.
En otro apartado, entendió que los actos de la policía dan cuenta de los hechos de acuerdo a la versión de los damnificados, dado que –según explicó- a su arribo al lugar ya había finalizado todo.
Refiriéndose a las declaraciones testimoniales, destacó que solo se cuenta con las versiones de los damnificados, las que se deben valorar con mayor estrictez.
Expresó que los efectivos policiales no pueden acreditar fehacientemente que sus representados ingresaron al domicilio sin el consentimiento de la Sra. V.A.C., y que hubieran provocado daños sobre su vivienda.
Remarcó que se le intenta endilgar materialidad del daño a partir de fotografías, acta de inspección ocular, y los relatos de los damnificados. Al respecto, aseguró que no hay convicción de que sus representados hubieran provocado los daños denunciados, debido a que los elementos ya se encontraban deteriorados con anterioridad.
Por otro lado, insistió en la ausencia de testigos presenciales para acreditar el delito de violación de domicilio.
Por último, cuestionó el monto de embargo fijado, por entender que resulta excesivo.
Que, estos agravios, al igual que los impetrados por el imputado E.D.T., tampoco podrán prosperar, dado que, tratándose de una agresión masiva, presuntamente llevada a cabo por los integrantes de la familia F. (y otros allegados como E.D.T.), hacia la familia N., los elementos probatorios valorados por la instrucción respecto de estos imputados, son los mismos analizados precedentemente. Así, para tener por acreditada la participación de los imputados M.S.C., E.E.F. y Z.A.F. se valoró el parte de inicio de actuados; las declaraciones de los denunciantes que, ciertamente, los incriminan; el acta de inspección ocular, que detalla los daños constatados en la vivienda y el vehículo, sumado a los certificados médicos, que dan cuenta de las lesiones sufridas por los integrantes de la familia N., razón por la cual, entendemos, yerra la defensa al asegurar que el auto de procesamiento resulta insostenible e infundado.
Asimismo, resulta imprecisa la apreciación del recurrente acerca de que las pruebas valoradas fueran insuficientes, pues recordemos que el auto de procesamiento: “… consiste en la decisión judicial sobre la presunta participación del imputado en el hecho punible que se le atribuye, una decisión que comparece ante el fundamento de la gran probabilidad de la seriedad de la imputación; no requiere la certeza que reclama la sentencia de condena, basta con la probabilidad de su existencia futura en la realidad como resultado del procedimiento judicial.” (Maier, Julio B. J.; “Derecho Procesal Penal”; ed. Ad hoc; T. III; pág. 355). En otras palabras, aquí se persigue determinar la probabilidad de la ocurrencia de los hechos, y la participación de los imputados en ellos.
Precisamente, en el orden nacional, se ha confirmado el procesamiento de los imputados, a partir de las declaraciones de las víctimas de las agresiones; diciendo: “El procesamiento del imputado en orden al delito de lesiones debe confirmarse, pues los dichos juramentados del querellante son suficientes para tener por acreditada su intervención, al sindicarlo como la persona que lo agredió físicamente…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala VII; 27/08/2018; S.,M.F. s/ Procesamiento; La Ley Online; TR LALEY AR/JUR/48955/2018). El mismo criterio debe adoptarse, respecto del delito de amenazas endilgado a M.S.C. y E.E.F., dado las contestes declaraciones de los denunciantes J.H.N. y V.A.C. en cuanto a su contenido, precisamente cuando hacen referencia a que les dispararían e incendiarían su casa.
En relación al delito de daño y violación de domicilio, se valoraron –con buen criterio- los relatos de los damnificados y las constancias de la inspección ocular llevada a cabo en la vivienda afectada, a la que hiciéramos referencia en los párrafos precedentes.
En tal sentido, se logró constatar el presunto ingreso de los integrantes de la familia F. a la morada de la familia N., alterando la privacidad y seguridad ajenas, y efectuando supuestamente los desmanes que informó el acta de inspección ocular.
En otro orden de ideas, no se advierten las contradicciones de los testigos y los vicios en las actuaciones policiales a los que, de manera de genérica y aislada, hizo referencia la defensa.
Para finalizar, al igual que se hiciera respecto de los agravios expresados por el imputado E.D.T., cabe señalar que las pruebas reunidas y valoradas por la instrucción resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, motivo por el cual, se confirmará íntegramente el decisorio apelado.
Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis, surge que el magistrado en el punto V) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual rechazaré este cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 141/151, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia