Abriendo la norma
Juzgado de Paz de General la Madrid · Causa 12.503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declararme incompetente para entender en las presentes actuaciones, debiendo continuar el trámite de las mismas ante el Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de Olavarría, donde tramita la P.P … "R. J. s/ Comisión de Delito de Acción Pública" (Art. 83 del CPP; Ley 26.485).
En su consecuencia, oportunamente, remítanse las presentes actuaciones.
No obstante y por aplicación del art. 22 de la Ley 26485, art. 196 del CPCC, y lo dispuesto por la ley 26485 y 27736 corresponde dictar las siguientes medidas:
C. G. Z S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EXPTE. N° 12503-2024
General La Madrid, en la fecha que se firma la presente resolución.
por el cual C. S. I, DNI xxxx y G. C. B., DNI xxxxx reiteran la solicitud de medidas cautelares para su hija Z. a raíz de una denuncia que se efectuara con fecha 8 de Junio de 2024 contra J. R., identificando la misma como PP -xxxxx manifestando que al día de la fecha no se sabe dónde está R., que en La Madrid no se encuentra y que su hija recién inicia su independencia, viviendo a partir del lunes en la ciudad de Buenos Aires.-
2. Que habiendo realizado una búsqueda en el sistema Augusta de este Organismo surge que no se ha recepcionado ninguna causa que tenga por partes a las personas mencionadas por lo que de manera urgente V.S. solicitó comunicación telefónica con la Ayudantía Fiscal de esta localidad a efectos se sirva informar a este organismo si existe denuncia o antecedentes en relación a las partes C. G. Z y R. J., caso afirmativo, si se dispusieron medidas, en su caso cuales y a la Comisaria de la Mujer de General La Madrid, a fin de que remitan copia de la denuncia y demás actuaciones en relación a los hechos denunciados.-
3. Que habiéndose comunicado el Secretario de éste organismo con la Ayudantia Fiscal de esta ciudad, solicitando lo ordenado y siendo atendido por el Dr. Juan Antonio Malianni el mismo remite la información requerida al mail institucional de este Juzgado, el que en formato PDF se adjunta a las presentes para su correcta visualización en la Mev.
4. Que habiendo requerido telefónicamente la Auxiliar Letrada de este Organismo lo ordenado a la Comisaria de la Mujer y la Familia, la misma remite las actuaciones que se agregan en formato PDF a la presente.-
Para resolver lo solicitado a este organismo se tiene en cuenta:
A.- El contenido del mail recibido en fecha 13/6/2024;
B.- El mail recibido de la Ayudantia Fscal local C.- Las actuaciones e informe realizados por el Equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General La Madrid.
D.- Las disposiciones de las leyes 26.485, 27736 y La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Fundamentos de hecho y de Derecho:
I. Se denuncian hechos de violencia de género cometidos por R. J. contra C.
G. Z.
II. Los hechos denunciados encuadran en las conductas consideradas como violencia por la ley 26485 en su artículo 4.
III. El Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General La Madrid, propone medidas de protección sobre C. G. Z. siendo las mismas el cese de los actos de perturbación e intimidación y prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.-
IV. Que del informe acompañado por el Equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Mujer y la Familia surge una evaluación de riesgo de grado MEDIO.-
VI. La ley 26485 habilita un proceso cautelar, de carácter URGENTE, destinado a proteger a la víctima para garantizar su seguridad e integridad física o psicológica.
Por ese motivo las medidas de protección pueden ser dictadas por el Juez sin la participación de la parte denunciada. (arts. 26 y 27 de la ley 26485). Frente a estas denuncias se debe actuar de inmediato para impedir que esto hechos se sigan cometiendo y revertir los daños ocasionados. (arts. 26 y 27 de la ley 26485).
De esta manera se garantiza una tutela judicial efectiva. (Art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y Arts. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 8.1 y 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica.)
La familia y sus integrantes merecen por parte de los Estados la más amplia protección, como lo han reconocido los textos constitucionales – como la protección integral de la familia (Const. Nac. Art. 14 bis); la cláusula que impone remover los obstáculos de cualquier naturaleza que afecten o impidan el ejercicio de los derechos derivados de la familia y la niñez (Const. Prov. de Bs As., Art. 26, aps. 1º y 2º) – y las normas de tratados internacionales incorporadas a los mismos (Const. Nac. Art. 31 y 75 Inc. 22).
VII. Aplicación de la Ley Olimpia:
Que mediante la Ley 27736 conocida como Ley Olimpia se modifica la Ley 26485, incorporando como finalidad de la ley la protección y garantías de los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital (Art. 2 inc. h) de la Ley 26485), debiendo respetarse la dignidad, reputación e identidad, de las mujeres incluso en los espacios digitales.- Se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas la perpetradas desde el estado o por sus agentes. Por su parte, específicamente la ley 27736 define como violencia digital o telemática: toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basadas en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización o apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o a su grupo familiar.
En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres o la reproducción en el espacio digital de discurso de odio, misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la Ley 25326 y/o la que en el futuro la reemplace, o acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de la tecnología, de la información y la comunicación o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley. (art. 6 inc. 1) Ley 26485).- En este supuesto se denuncia la obtención de imágenes de la víctima sin su consentimiento.
VIII. Que conforme se desprende de la documental agregada por la Ayudantia Fiscal en el día de la fecha, el Ministerio Fiscal solicitó se dicte medida cautelar prevista en el art. 83 inc. 6 del CPP, y se prohíba el acercamiento del denunciado J. R., DNI ….. respecto de la victima de autos Z. C., petición que fue denegada en fecha 12/6/2024 por el Juzgado de Garantias N° 2 de la ciudad de Olavarria a cargo del Dr. Carlos Eduardo Villamarín, por considerar "... Ello así porque la denuncia y testimonio efectuado por la joven y su progenitor, no surge que con posterioridad al suceso denunciado, haya existido por parte del denunciado algún acto perturbatorio en su perjuicio que justifique el dictado de la medida que se insta.
Los hechos narrados dan cuenta de un episodio aislado no surgiendo del relato de la denunciante -ni de las constancias de autos- una situación que -a la fecha- haga presumir la reiteración del mismo y con ello amerite el dictado de la medida solicitada por la instrucción ...".-
Sin perjuicio de lo resuelto por el Dr. Villamarín, surge del informe del Equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Mujer y la Familia de General La Madrid, que la víctima manifiesta "... al retirarse el denunciado comienza a llamarla, llama al dueño de los consultorios J. M. y también llama al padre de la denunciante insistentemente sin que Z. le haya manifestado a R. nada de la grabación (simplemente le dijo que se fije lo que hacía)...".-
Asimismo del mail recibido de los denunciantes, padres de la victima, surge que: refiriéndose a Z. "... que al momento de salir de ese espacio de vulneración de derechos se sintió perseguida por esta persona a los gritos y debiendo ella tener presente tomar medidas de bloquear en su celular este contacto ... " y continúan "... el día de los hechos se recibieron cerca 14 llamadas y el día domingo 9 aún se siguieron registrando intentos de comunicarse con el padre. ...".-
Sin perjuicio de no compartir absolutamente ninguno de los fundamentos dispuestos por el Juzgado de Garantías en cuanto a los motivos por el que se procede a rechazar el pedido de las medidas cautelares solicitadas, las conductas posteriores efectuadas por el denunciado antes referidas, a criterio del suscripto, se traducen en un hostigamiento hacia la víctima que justifica la disposición de las medidas cautelares solicitadas.-
Por otro lado las decisiones adoptadas hasta el momento por los órganos jurisdiccionales intervinientes, conforme surge de la documental que se agregó a las presentes, no han permitido la posibilidad de la obtención y conservación de la prueba en tanto no surge que se haya solicitado ni ordenado el secuestro del teléfono móvil del denunciado utilizado por el mismo para cometer el hecho, es más considero que es probable que la demora y/o ausencia en la disposición de tales medidas hayan permitido que se retire del medio sin consecuencias, incluso perjudicando la prueba, en tanto que, conforme surge de los dichos de los progenitores en el mail recepcionado ".. al día de la fecha no sabemos dónde está, que en Lamadrid no se encuentra ...".- La falta de medidas en cuanto al secuestro de los dispositivos digitales correspondientes, reflejan el incumplimiento del mandato preventivo o deber convencional que impone actuar con la debida diligencia como forma de detener y prevenir conductas que importen violencias de género y/o sus repeticiones.
IX. Que la ley 26485 es de orden público y transversal a todos los fueros, incluido el penal que no está exento de la aplicabilidad de la misma.-
Dicha ley en su inc. a.7, del art. 26 dispone que el Juez puede ... ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
También opera aquí el principio de la debida diligencia por el cual la obligación de actuar ante un caso de violencia de género debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo de una pronta investigación y sanción de los hechos acaecidos, sino además el de prevenir estas prácticas degradantes (CIDH, Jessica Lenaban (Gonzalez) y otros. Caso 12.626. Informe 80/11 del 21/07/2011, párr. 131), a lo que debe adunarse el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (Art. 6 de la Convención de Belem do Pará y CEDAW); el derecho al acceso a la protección judicial consagrado en el art. 25 de la Convención Americana (CIDH "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas" 20/01/2007, Párr. 56). Dejar sin sancionar conductas como las del presente serían una clara invitación a que las mismas persistan, contrariando lo dispuesto en las Leyes 26485, 27.499 (Ley Micaela), 27736 y la resolución General 35 de Comité de la CEDAW, que en su párrafo 24.2 establece que el hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de estos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer.
X. Los hechos materia del presente configuran violencia en el marco de un delito que han dado origen a la P.P-….. "R. J. s/ Comisión de Delito de acción Pública". Por lo que, por los argumentos expuestos, resulta suficiente la denuncia, el mail y los informes incorporados para poder emitir una resolución que proteja a C. G. Z. de manera urgente.
Eso no impide que R. J., tenga derecho a solicitar el levantamiento de las medidas decretadas en su contra, según las pruebas que aporte. (Doctr. Art. 202 del Cód. Proc; Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, Expte. Nro. 16818 L. 39; Reg. 193; Libro: 40; y "MORENO, GASTON EMILIO c/ HERRERA, MARIA YAMILA s/ Protección contra la violencia familiar (Ley 12569), Registro: 07 Expte.: 16999, del 10/02/2009, entre otros).
POR ELLO. RESUELVO: 1) Declararme incompetente para entender en las presentes actuaciones, debiendo continuar el trámite de las mismas ante el Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de Olavarría, donde tramita la P.P … "R. J. s/ Comisión de Delito de Acción Pública" (Art. 83 del CPP; Ley 26.485).
En su consecuencia, oportunamente, remítanse las presentes actuaciones.
No obstante y por aplicación del art. 22 de la Ley 26485, art. 196 del CPCC, y lo dispuesto por la ley 26485 y 27736 corresponde dictar las siguientes medidas:
Se PROHIBE R. J. el acceso a la vivienda donde se domicilia C. G. Z., sito en calle xxx de General La Madrid y en calle …. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Art. 26 Inc. a.1 Ley 26485).-
También se PROHIBE a R. J. ACERCARSE A C. G. Z., a su DOMICILIO, lugar de Trabajo y/o cualquier lugar donde se encuentre a una DISTANCIA DE DOSCIENTOS (200) METROS.
En ese perímetro de doscientos metros R. J. NO PODRÁ CIRCULAR NI PERMANECER (Art. 26 Inc. a.1 Ley 26485).-
4. PROHIBICION DE CONTACTOS.CESE ACTOS DE PERTURBAC.
E INTIMIDACION
Se PROHIBE a R. J. mantener cualquier tipo de contacto con C. G. Z..
Esto implica realizar llamados telefónicos, enviar mensajes de texto, mandar mensajes por las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram y/o cualquier otro, estados de whatsapp), hacer publicaciones sobre la causa o los hechos que se investigan. (Art. 26 inc a.2 Ley 26485).
También se prohíbe intentar comunicarse a través de terceras personas o molestar a los familiares de C.G.Z.
La totalidad de las medidas ordenadas en esta causa tienen vigencia hasta el día 16/12/2024 o hasta tanto tome intervención el Organismo competente y ratifique, modifique o deje expresamente sin efecto las mismas.
Se ordena a la Policía Comunal informar si existen antecedentes penales de R. J. por ante el Registro de Antecedentes Provincial y Registro Nacional de Reincidencia, pudiendo adoptar al efecto las medidas que estimen corresponder para cumplir con dicho cometido.-
Se ordena la reserva de las presentes actuaciones, para que solo puedan acceder al contenido del expediente solamente las partes y sus abogados. (Arts. 16 Inc. f Ley 26.485 y 197 del CPCC).
Atento a que no surge de éstas actuaciones que hasta el momento se haya ordenado el secuestro del teléfono móvil del denunciado utilizado por el mismo para cometer el hecho y a fin de preservar posibles pruebas de los hechos denunciados así como del especial tipo de violencia descripta en la ley 27736 se ordena el secuestro de cualquier dispositivo móvil, celulares, tablet, netbooks, PC y/o cualquier dispositivo electrónico en poder de Rielo Javier que le permita efectuar videograbaciones, y/o almacenar la misma.
Para eso se autoriza a la autoridad policial a allanar el domicilio de R. J. sito en xxxxxx, de la ciudad de General La Madrid y en caso de no residir allí, el que surja de la búsqueda de paradero del mismo, en caso de resistencia activa y/o pasiva. También puede allanar el domicilio en caso que no exista persona alguna en el lugar donde se encuentren los dispositivos digitales.
Esta orden se debe cumplir de manera URGENTE y para ello se habilitan expresamente días y horas inhábiles. (Art. 153 del CPCC).
Se deja autorizado el uso y auxilio de un cerrajero en caso de resultar estrictamente necesario.
Para el caso de ser encontrados cualquier dispositivo digital, conforme lo descripto, la autoridad policial es designada en el carácter de depositaria de los mismos. (Art.26 a.4. Ley 26485; y Arts. 195 y 221 del C.P.C.C.) y los deberá poner a disposición de la Ufi correspondiente. (LEY 26485, y art. 195 y 221 del CPCC) con la pertinente cadena de custodia que garantice la inviolabilidad del dispositivo, a fin de investigarse los hechos denunciados y si en dichos dispositivos se encuentran grabaciones atinentes a la víctima.
Se autoriza la requisa personal del denunciado, a efectos de corroborar la tenencia de los dispositivos móviles cuyo secuestro se ordena, así como eventualmente la requisa de aquellos vehículos que resulten individualizados por la instrucción como de su propiedad o uso diario.-
Teniendo en cuenta lo manifestado por G. C. y C. S. en el mail enviado a éste organismo en el día de la fecha para el caso de ser necesario deberá la instrucción celebrar las diligencias necesarias para dar con el paradero de J. R.
10. CONSECUENCIAS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Se debe hacer saber a R. J. que en caso de no cumplir las medidas de protección que se le comunican en el día de la fecha, las consecuencias son las siguientes.
a.- La desobediencia a la orden judicial configura un delito. Y se encuentra castigado con pena de prisión de quince días a un año. (Art. 239 del Cód. Penal). La investigación y sanción del delito corresponde al fuero penal del Departamento Judicial de Azul.
b.- Además del delito se pueden aplicar varias sanciones por parte del Juzgado de Paz ( Art. 32 de la Ley 26485)
Algunas de las sanciones posibles son:
1.-) la Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
2.-) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
3.-) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas 4.-) Ordenar realizar trabajos comunitarios en los lugares y por el tiempo que se determinen.
5.-) Se puede aumentar el perímetro de prohibición de acercamiento, de 200 metros a varios kilómetros, lo que puede llegar a significar que no pueda seguir viviendo en la localidad que habita.
6.-) Se puede ordenar el secuestro del vehículo o carnet de conducir si se utilizan vehículos para violar el perímetro de prohibición de acercamiento. 7.-) Se puede ordenar el secuestro del teléfono, computadora, Tablet, etc o cualquier dispositivo electrónico que se use para violar la prohibición de comunicarse o hacer públicos los hechos denunciados en las redes sociales.
11. Ofíciese a la Comisaría de la Mujer y la Familia de General La Madrid a fin de que se ejecute lo arriba ordenado de manera URGENTE, debiendo notificar las presentes medidas en el domicilio de cada una de las partes, de manera INMEDIATA, haciéndosele saber al Funcionario a cargo de la misma que en caso de detectarse el incumplimiento o demora injustificada de la ejecución de la presente, dará lugar al inicio de las actuaciones penales y disciplinarias correspondientes (Artículos 239, 248 y 249 del Cód. Penal.).
Suscríbase por Secretaría los formularios correspondientes instituidos por Res. de la SCBA Nº 3211 del 4/12/2013 para que sean elevados por la Instrucción a la Dirección de Registro de Antecedentes.-
La presente resolución se notifica en los términos de los Arts. 10, 11 a) y 13 del Ac. 4013, texto ordenado y modificado por Ac. 4039 de la S.C.B.A.- Para el supuesto de aquellas partes que tengan su domicilio procesal constituido en los operará los días martes y viernes, o el siguiente hábil si este fuera feriado, mediante su publicación en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) (Conf. Art. 11 del Ac. 4013 de la SCBA).-
Dr. Javier Pablo Heredia Juez de Paz Subrogante
Fin de la sentencia