Abriendo la norma
Juzgado de Paz de General la Madrid · Causa 12.657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Impónese a G. L.M como sanción la obligación de reponer un teléfono de la misma marca y características que el teléfono destruído a saber: Motorola modelo: Moto E22 4/64., para cual se adjunta en formato Pdf para su correcta visualización en la MEV, el valor actual publicado en la pagina oficial Motorola, de un teléfono de iguales características, en favor de M.F.G, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se procederá a aplicar una multa de 50 jus arancelarios en favor de la Sra. M. ($ 38.381 x 50 = $1.919.050, computando a los efectos del presente el valor del jus al día de la fecha (Ac. 4179/2025 SCBA 1 jus: $38.381)(Art. 37 del CPCC y 804 del C.C. y C. y Arts. 7, 7 bis ss y cc de la Ley 12.569).
2Ordenar el secuestro del/los teléfono/s celular/es y SIM CARD del/los mismos que se encuentren en poder de G. L. M.
. Para ello autorizase al personal policial a allanar y registrar el domicilio de Calle xxxx , entre xxxx y xxxx de General La Madrid., ante resistencia activa y/o pasiva, y aun cuando no exista persona alguna en el lugar donde se encuentren dichos elementos. Para el caso de ser encontrado dichos elementos, la instrucción es designada en el carácter de depositario de los mismos, (Art. 7° Inc. L de la Ley 12569; y Arts. 195 y 221 del C.P.C.C.) debiendo proceder con las diligencias necesarias para garantizar la cadena de custodia pertinente y ponerlo a disposición de este Organismo; los que quedarán reservados en la caja de seguridad de este organismo. …
"M F. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR - "
EXPTE. Nº 12657-2024
General La Madrid, en la fecha en la que se firma la presente resolución.- AUTOS Y VISTOS: La resolución de fecha 14/05/2025 ; el contenido de las actuaciones policiales y las demás constancias de autos, las facultades derivadas del Art. 36 inc. 4 del C.P.C, y de los arts. 7 bis, 8 ss y cc de la Ley 12.569.
I. Que mediante resolución de fecha 14/05/2025 se ordenó como consecuencia de los graves hechos de violencia denunciados a G.L.M. que hiciera entrega inmediata del teléfono celular de propiedad de M. F. G., el cuál había sido sustraído de su propio domicilio. Además se ordenó la custodia policial fija sobre el denunciado y se prorrogaron las medidas cautelares fijadas por resolución de fecha 18/09/2024, las cuales le resultaron notificadas al denunciado en autos con fecha 14/05/2025, mediante el instrumento acompañado electrónicamente.-
II. Que las actuaciones policiales incorporadas dan cuenta que G. L.M ha incumplido las medidas cautelares.
Que por resolución antes mencionada se le hizo saber al denunciado que en caso de verificarse la desobediencia a las medidas por parte del personal policial asignado debía proceder según lo establecido por el Código Penal para el delito de desobediencia, sin perjuicio de la intervención policial ante el incumplimiento por parte del denunciado de cualquier otra ordenanza, reglamentación, y/o Ley vigente (Ley 8031, Leyes de tránsito, etc.), y que el denunciado en caso de no colaborar con esta medida o evadirla el personal policial debía informar a este Organismo para poder hacer los ajustes necesarios para garantizar la seguridad de la víctima. Que del informe acompañado por la Policía Comunal en el día de la fecha surge que : "....Desde la implementación de dicha custodia, el mencionado ciudadano ha demostrado una constante actitud de rebeldía frente a las órdenes impartidas por el personal policial asignado. En reiteradas oportunidades ha manifestado expresamente que "hará lo que quiera", negándose a acatarlas disposiciones impartidas. Asimismo, se ha retirado en diversas ocasiones del lugar sin previo aviso, montando su caballo y trasladándose a zonas fuera de la jurisdicción, lo que ha obligado a establecer postas policiales coordinadas entre diferentes destacamentos, tales como la Estación de Policía Comunal y el Comando de Patrullas Rural, a fin de garantizar continuidad de la custodia. En el día de la fecha, siendo las 16:00 horas, el ciudadano G. L. M. se subió a su caballo y manifestó al personal de esta dependencia que se dirigía hacia una quinta. En consecuencia, se coordinó con personal del Comando Patrulla Rural para que continuara con la custodia. Posteriormente, se tomó conocimiento que el ciudadano se hallaba en zona de quintas alimentando a los animales, pero luego se retiró del lugar por las vías férreas, sin autorización ni conocimiento del personal policial a cargo, comprometiendo de esta manera tanto su integridad como el efectivo cumplimiento de las medidas judiciales vigentes..."
Con ello queda evidenciado no solo la peligrosidad de la conducta desplegada por Green, sino además un nuevo y claro supuesto de desobediencia a las medidas judiciales vigentes.
III. También de las actuaciones remitidas surge que G. L.M no solo ha incumplido y evadido la custodia fija, sino que además ha manifestado de manera textual "...haber tirado el teléfono celular de F. M., en el pozo del baño de la casa de Green, por lo que no lo tiene en su poder. En ese acto se le consulta a Green, donde trabaja en la actualidad, manifestando ser jornalero y haber finalizado en el día de la fecha un trabajo con el señor A. M...." respecto del celular que se le ordeno restituír.-
Con ello queda reconocido la sustracción del celular de la víctima y su consecuente destrucción.
IV. Estas circunstancias ameritan un análisis exhaustivo de la conducta desplegada por el denunciado.
La violencia familiar es sabido que comprende variados tipos y modalidades (conforme Ley 26.485) , en ese sentido y haciendo un recorrido de la presente causa , surge que G. L.M ha ejercido en reiteradas ocasiones variados tipos de violencias dentro del contexto de violencia familiar, ahora bien este último episodio informado por la instrucción muestra a las claras la conducta desafiante, reincidente y dolosa del denunciado:
* Violación de la prohibición de acercamiento.
* Violación del perímetro de exclusión * Violación del cese de actos de perturbación * Violación de la intimidad de la víctima y sustracción de su celular. En cuanto a esta última violación, la misma debe ponderarse más aun en el contexto en el que vivimos, donde los medios/dispositivos tecnológicos son parte necesaria de nuestra cotidianidad , y en el caso de la victima de autos con todo lo que ello implica, dejar de tener comunicación con las instituciones educativas donde concurren sus hijos, como así también de impedirle con ello comunicarse con amigos, familiares, vínculos afectivos, el acceso a información personal ( fotos, contactos, redes sociales) y acceso a billeteras virtuales y con ello continuar negándole - ademas de la cuota alimentaria fijada - el acceso al dinero que tenia depositado en aquellas, limitandola nuevamente a los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y la de sus hijos.
Incluso se la priva con ello de poder requerir la ayuda policial o sanitaria necesaria en cualquier contexto de urgencia que resulte menester,. Con ello se perpetúa y consolida además la violencia económica (Conf. Art. 5 de la Ley 26485) y el aislamiento de la víctima de sus entornos al incomunicarla por sustraerse y destruir el dispositivo telefónico.
V. Frente a este panorama , la necesidad de reparar y resolver la situación actual de M.F.G es urgente.
Conforme lo dispuesto en Art. 35 de la Ley 26.485 y sin perjuicio de las acciones que puedan iniciarse en el fuero civil por los daños y perjuicios, según las normas que rigen la materia y que conllevan otros tiempos, corresponde adoptar interín otras medidas que permitan que esta conducta dañosa sea reparada de inmediato a través de una sanción que no solo brinde el resarcimiento justo a los menoscabos padecidos sino además sea una medida coercitiva/conminatoria para que G. L.M reflexione sobre su conducta.
En ese marco, las medidas coercitivas o conminatorias no tienen como finalidad castigar una conducta ya producida, sino que apuntan a vencer la resistencia al cumplimiento, sea directamente mediante la compulsión física sobre la persona obligada, o indirectamente a través de la afectación o amenaza de afectación a los derechos e intereses de esa persona, que le cause más perjuicio que la ventaja que espere obtener con el incumplimiento (Ortells Ramos, Manuel, “¿Multas o astricciones? Una definición de la nueva ejecución forzosa española”, Revista Internauta de Práctica Jurídica, n° 13, p. 1/23).-
VI. En esta linea interpretativa es necesario evaluar qué medida es la más razonable para intentar reparar en parte los daños materiales ocasionados por el denunciado y a su vez qué medida sería la más razonable, atento a que las anteriores no han sido suficientes para que G. L.M reflexione y deponga esta actitud reticente.-
VII. En relación a la sustracción y destrucción del celular de la víctima concluyo que es pertinente imponer la obligación de reintegrar un celular de iguales características por parte de G. L.M a favor de M.F.G.
Ello implica suministrar un teléfono de la misma marca y características, para cual se adjunta en formato Pdf para su correcta visualización en la MEV, el valor actual publicado en la pagina oficial Motorola , de un teléfono celular marca Motorola modelo: Moto E22 4/64. Esta obligación deberá cumplirse dentro del plazo que se dispone en la parte resolutiva y bajo el apercibimiento allí dispuesto.
VIII. Siguiendo el razonamiento de los considerandos anteriormente expuesto y la noción de conminación que se encuentra presente en la misma Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al establecer en su art. 7° el deber del Estado de adoptar “medidas jurídicas para conminar” al agresor a abstenerse de perjudicar su propiedad (inc. d). Esta medida habilita al juez a imponer al desobediente que menospreció la autoridad del Poder Judicial, medidas apropiadas con la finalidad de forzarlo al cumplimiento de la resolución judicial. Según el concepto de Peyrano, es la orden emanada de un juez que tiende a obtener el debido cumplimiento innatura de un mandato judicial primigeniamente desobedecido, a través del concurso de la voluntad del destinatario del mismo y que involucra para el desobediente la amenaza de un desmedro que podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz. El despacho de la medida únicamente se encuentra limitado por la imaginación y la mesura, y encuentra fundamento en los poderes de hecho del juez, especie del género “atribuciones judiciales implícitas”, que se caracterizan por conformar un plexo de facultades que posibilitan la materialización efectiva de lo ordenado por un tribunal de justicia y el consiguiente tránsito exitoso de lo “declarado” a lo “ejecutado” (Peyrano, Jorge, “Poderes de hecho de los jueces. Medida conminatoria”, LA LEY 1988-D-851; “Medidas conminatorias”, LA LEY 1989-E-1043; y “Las medidas de apremio en general y la conminatoria en particular (Poderes de hecho de los jueces, su contribución a la eficacia del proceso civil)”, LA LEY 1991-D-984).
En ese orden de ideas corresponde además ordenar el secuestro del teléfono móvil del denunciado y a su vez ordenar el corte de la línea/as que se encuentren a nombre de G. L.M y prohibir otorgar nuevas lineas a su nombre, durante el lapso de tiempo que demore en integrar a la víctima el celular indicado en la presente resolución.
Ello permitirá al Sr. G. reflexionar sobre lo que implica privar a la Sra. M. de comunicarse y acceder a las prestaciones propias del uso de un celular.
IX. Que la ley 26.485 dispone, en su inc. a.7, del art. 25 que el Juez puede “... ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer». Ello como consecuencia además de lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 12.569; así como el principio de la debida diligencia por el cual la obligación de actuar ante un caso de violencia de género debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo de una pronta investigación y sanción de los hechos acaecidos, sino además el de prevenir estas prácticas degradantes (CIDH, Jessica Lenaban (Gonzalez) y otros. Caso 12.626. Informe 80/11 del 21/07/2011, párr. 131), a lo que debe adunarse el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (Art. 6 de la Convención de Belem do Pará y CEDAW); el derecho al acceso a la protección judicial consagrado en el art. 25 de la Convención Americana (CIDH "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Americas" 20/01/2007, Párr. 56).
Finalmente corresponde enunciar que el Art. 7 bis de la ley 12.569 dispone que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas por el Juez, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.
POR ELLO, y sin perjuicio de la actuación que le compete al fuero penal por el delito de desobediencia (Art. 239 del C. Penal), a fin de evitar la repetición de los hechos denunciados oportunamente, y la reiteración de las desobediencias a las medidas de autos
1. Impónese a G. L.M como sanción la obligación de reponer un teléfono de la misma marca y características que el teléfono destruído a saber: Motorola modelo: Moto E22 4/64., para cual se adjunta en formato Pdf para su correcta visualización en la MEV, el valor actual publicado en la pagina oficial Motorola, de un teléfono de iguales características, en favor de M.F.G, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se procederá a aplicar una multa de 50 jus arancelarios en favor de la Sra. M. ($ 38.381 x 50 = $1.919.050, computando a los efectos del presente el valor del jus al día de la fecha (Ac. 4179/2025 SCBA 1 jus: $38.381)(Art. 37 del CPCC y 804 del C.C. y C. y Arts. 7, 7 bis ss y cc de la Ley 12.569).
2. Ordenar el secuestro del/los teléfono/s celular/es y SIM CARD del/los mismos que se encuentren en poder de G. L. M.
. Para ello autorizase al personal policial a allanar y registrar el domicilio de Calle xxxx , entre xxxx y xxxx de General La Madrid., ante resistencia activa y/o pasiva, y aun cuando no exista persona alguna en el lugar donde se encuentren dichos elementos. Para el caso de ser encontrado dichos elementos, la instrucción es designada en el carácter de depositario de los mismos, (Art. 7° Inc. L de la Ley 12569; y Arts. 195 y 221 del C.P.C.C.) debiendo proceder con las diligencias necesarias para garantizar la cadena de custodia pertinente y ponerlo a disposición de este Organismo; los que quedarán reservados en la caja de seguridad de este organismo.
Asimismo, déjase autorizada también la requisa personal del denunciado G. L. M., DNI xxxx a efectos de corroborar la tenencia de los elementos antes mencionados cuyo secuestro se ordena, así como eventualmente la requisa de aquellos vehículos que resulten individualizados por la instrucción como de su propiedad.
La presente medida deberá ser cumplimentada de manera urgente, con habilitación de días y horas inhábiles.
3. Ordenar a las empresas CLARO , MOVISTAR y PERSONAL el corte de las líneas que se encuentren a nombre de G. L.M DNI XXX , como también prohibir a CLARO, PERSONAL Y MOVISTAR otorgar nuevas líneas a nombre del denunciado hasta que exista una orden judicial en contrario., a cuyo fin librese oficio por Secretaria.-
4. ORDENAR LA REALIZACIÓN DE TAREAS COMUNITARIAS, que G. L.M deberá cumplir durante SEIS HORAS semanales, por el plazo de DOCE SEMANAS, a partir del mes de mayo de 2025; dependiendo de la disponibilidad y necesidades del Área de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Gral. La Madrid, sito en calle Sarmiento y Azcuenaga de dicha ciudad. Igualmente, hágase saber que la supervisión de los trabajos comunitarios, así como el control de su cumplimiento, le es impuesto a dicho organismo, quienes deberán informar a este Juzgado mensualmente, y/o en forma inmediata en caso de ausencias, demoras, incumplimientos, y/o problemas de cualquier tipo. A tal fin, ofíciese a dicho organismo por la Instrucción. (Art. 7 bis de la Ley 12.569).
Hágase saber a G. L.M que deberá comparecer ante el Área de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Gral. La Madrid, sito en calle Sarmiento y Azcuenaga, en el plazo de 72 hs. hábiles, a los fines de notificarse sobre el lugar, días y horarios asignados por dicha dependencia para el cumplimiento de las tareas comunitarias ordenadas, ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 7 bis de la Ley 12.569, sin perjuicio del inicio de las acciones penales que correspondan, de verificarse desobediencia a la orden judicial impartida, y hasta tanto obre nueva resolución al respecto ( Art. 7 bis Ley citada). Igualmente, se deberá hacer saber a las partes que el incumplimiento de la orden judicial se encuentra castigado con pena de prisión de quince días a un año. (Art. 239 del Cód. Penal), y que en el supuesto de comunicarse por parte de la entidad requerida que no se ha presentado a realizar las mismas, podrá ser conducido para su cumplimiento por intermedio de la fuerza pública y podrá ordenarse la retención del carnet de conducir y/o disponer demás medidas establecidas en el Art. 7 bis de la Ley 12.569. Notifíquese por la instrucción (Arts. 36 y 135 inc. 5º del CPCC).-
5. Hágase saber la presente a la UFI N° 5 de Olavarria a fin se sirvan dar inicio a la causa que corresponda por el delito de desobedienciaG. L.M XXX , a tal fin librese oficio con copia de la denuncia y de la presente resolución.-
Y remítanse también copias de la resolución de fecha 14/05/2025 y copia de la denuncia de fecha 14/05/2025.-
6. Se apercibe al Sr. G. L.M que en caso de una nueva desobediencia, y a los fines de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección vigentes, podrán adoptarse otras medidas y/o sanciones, a saber: a) aumento del perímetro de exclusión (incluso a varios kilómetros) lo que implicará tácitamente que se quien resulte infractor no podrá residir en la localidad de Gral. La Madrid; b) solicitar permiso para salir del distrito c) retención de carnets de conducir; d) duplicar , triplicar las sanciones ya dispuestas (Art. 7 inc. h de la Ley 12.569).
7. Mantener la custodia policial fija sobre la persona del denunciado debiendo las autoridades policiales llevar registro de las horas/hombre que conlleven esta custodia así como el valor del combustible utilizado en su seguimiento, para que dichas sumas sean restituidas por el Sr. Green, quien con su conducta ha originado la necesidad de adoptar estas medidas de seguridad.
8. Comuníquese a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gral. La Madrid, a fin de que se ejecute lo arriba ordenado de manera URGENTE. La presente resolución se notifica en los términos de los Arts. 10, 11 a) y 13 del Ac. 4013, texto ordenado y modificado por Ac. 4039 de la S.C.B.A.- Para el supuesto de aquellas partes que tengan su domicilio procesal constituido en los estrados del Juzgado o no hubieran constituido siguiente hábil si este fuera feriado, mediante su publicación en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) (Conf. Art. 11 del Ac. 4013 de la SCBA).- Dr. Javier Pablo Heredia Juez de Paz Subrogante
Fin de la sentencia