Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Ituzaingo · Causa 4199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPRIMERO: Confirmar parcialmente el decisorio administrativo apelado emitido por el titular del Juzgado de Faltas N° 1 de la Municipalidad de Ituzaingó en la Causa N° AE 4199, reduciendo la pena de multa impuesta a la encartada, al pago del monto cercano al mínimo previsto por los artículos 38 y 130 de la Ordenanza N° 11.159/90, siendo de 30 y 70 módulos respectivamente. Quedando en definitiva establecida la sanción a 100 (CIEN) MODULOS, pena omnicomprensiva de 30 módulos por la sanción prevista en el art. 38 de la Ordenanza 11159/90 y 70 módulos por la infracción al art- 130 del mismo cuerpo normativo, atento a los argumentos vertidos en la presente a los que me remito brevitatis causae, montos que deberán ser abonados dentro del plazo de cinco días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ley (Cfme. artículos 38 y 130 de la Ordenanza 11.159/90, arts. 4, 4bis, 11, 12, 54 y concs. del Dec. Ley 8751/77 y sus modificatorias, art. 240 del CCyC, arts. 41 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 11 del Protocolo de San Salvador, art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).-
SEGUNDO: Los montos de la sanción impuesta deberán ser actualizados al momento del efectivo pago (Art. 10 de la Ordenanza 11159 y sus modificatorias).-
TERCERO: Imponer las costas de Alzada al apelante, atento lo resuelto.-REGISTRESE.
V.D.F. P. S.A.
S/ RECURSO DE APELACIÓN EXPTE N° C-1801
Ituzaingó (Bs.As), De Diciembre De 2024-
Estas actuaciones caratuladas V.D.F. P.
S.A. S/ RECURSO DE APELACIÓN, Expte. C-1801 del registro de este Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó, puestas a resolver por instancia de apelación, ante la vía recursiva concedida a fs. 26 por el Organismo de Faltas Municipales, en su Causa N° AE 4199, interpuesta por V.D.F. P. S.A., CUIT N° ..., con domicilio procesal en ... de la Localidad de Ituzaingó, cuyos demás datos obran en autos, a través de A. Y. T. S. (DNI N° ...) en su carácter de apoderada, como surge de las actuaciones notariales acreditadas a fs 12/16, por la presunta comisión de una Infracción tipificada en los artículos 38 y 130 de la Ordenanza Municipal N° 11.159/90 en la que tuvo actuación inicial el Juzgado Municipal de Faltas N° 1 de Ituzaingó, habiendo dicho organismo dictado sentencia a fs. 19/20 condenando a la causante a la pena de multa.-
Primero: Que vienen estas actuaciones a resolver atento el recurso de apelación interpuesto por la imputada V.D.F. P. S.A., quien fuera condenada -a fs. 19/20- por el Juzgado de Faltas Municipal Nro. 1 de Ituzaingó a la pena de multa de 300 módulos por infracción al artículo 38 de la Ordenanza Municipal 11.159/90 y a 700 módulos por infracción al artículo 130 del mismo plexo normativo por la autoría de las Infracciones de Faltas contra a la Autoridad Municipal tipificada por el artículo 38 de la Ley 11.159/90 y las Faltas vinculadas contra la Seguridad, el Bienestar y la Estética Urbana tipificada en el artículo 130 de la Ley 11159/90; al comprobarse, por autoridad de constatación idónea, en jurisdicción competente territorialmente (..., del Partido de Ituzaingó) que el día treinta de sancionada y en considerar la situación crítica de la Empresa, sin acreditar mediante prueba alguna dicha situación, y que por ello solicita una reducción de la sanción.-
Sobre la cuestión de fondo, que como adelanté no ha sido controvertida por el recurrente, adelantando el criterio sobre la importancia en la materia, cabe analizar los hechos imputados y en particular, lo que refiere a la infracción al artículo 130 de la Ordenanza citada, no solo corresponden ser analizados a la luz de dicha ordenanza limitando su análisis a cuestiones vinculadas a la Vía Pública y Lugares Públicos. Tal análisis, resulta acotado con la propia evolución de la consagración de los derechos que se agrupan en materia ambiental. Asimismo, producto de ese desarrollo y evolución en la materia referida, ha señalado el Dr. Torres que los litigios ambientales imponen un cambio en el rol clásico del juez. Aquí se exige un magistrado interesado, involucrado. Ya no se trata de un mero observador. Debe tener un rol comprometido, atento a los requerimientos y las necesidades de la sociedad. Su deber es con el ambiente, sin dejar de ser imparcial.-
En sintonía con ello, el artículo 41 de la Constitución Nacional incorpora como derecho fundamental humano, el reconocimiento del derecho de todos los habitantes "a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano" y el deber de preservarlo. En tal sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San Salvador", reconoce en el artículo 11 el "derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos, comprometiendo a los estados partes a promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente" (Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional).-
Llegado a este punto, como sostuvo el ministro del máximo tribunal de la SCBA., Dr. Sergio Torres, el Poder Judicial es parte del universo de autoridades alcanzadas por ese deber que excede el clásico y genérico "alterum non ladere" (el deber de no dañar) dado que la cláusula ambiental incorporada a la Carta Magna se extiende a un universo más amplio alcanzando a las generaciones futuras. (Torres, Sergio.
Perspectiva ambiental en el ejercicio de la magistratura. Revista Escuela Judicial. Año: 01/N°1 - Noviembre de 2021).-
Asimismo, conforme surge del art. 240 del CCyC en cuanto a los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, no puede dejar de mencionarse que el ejercicio de los derechos sobre estos bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y en sintonía con las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, no debiendo afectarse el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios que prevén las leyes especiales en la materia.-
Por su parte el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, consagra por un lado el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y por otro lado el deber de protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras, por lo que la sentencia dictada en Sede Administrativa, mas allá de lo excesivo de la multa impuesta, lo que será materia de análisis en la presente, se encuentra ajustada a derecho conforme mi íntima convicción y a a luz de las reglas de la sana crítica (Arts. 12, 51 del Dec. Ley 8751/77 y art. 384 del CPCC).-
Tercero: Respecto del agravio referido a que las acciones o hechos que dieran origen a las actuaciones ya se encontraban solucionadas y debidamente acreditadas. Cabe destacar que si bien en el recurso interpuesto se ofrece prueba fotográfica de lo sostenido; no se encuentra así acreditado que dicha intervención reparadora se haya efectuado y acreditado en momentos previos o durante la vida del proceso administrativo en las actuaciones en el órgano de origen, toda vez que el proceso de instancia anterior se originó el 30 de abril de 2024 y la acreditación mediante prueba se ofrece con fecha 15 de noviembre de 2024, al momento de interponer el recurso de análisis. En tal sentido, entiendo que corresponde darle acogida favorable al hecho reparador acreditado en el planteo de la apelante, máxime considerando el bien jurídico protegido en materia ambiental, pero no por ello desconocer el momento en que dicha reparación se ha efectuado y/o luce en el procedimiento, la que fue hecha a consecuencia del origen del presente proceso.-
Cuarto: En cuanto al monto de la sanción impuesta en Sede Administrativa, sin perjuicio de que corresponde al sentenciante evaluar la pena a imponer, conforme las constancias de la causa y las reglas de la sana crítica (Art. 138 del Dec. Ley 8031, art. 51 del Dec. Ley 8751/77 y art. 384 del CPCC), entiendo que la acreditación fotográfica en la mencionada presentación resulta una acción positiva sobre la problemática que diera origen a las actuaciones, pero no puede ser óbice para suprimir la pena impuesta, pues de este modo se estaría produciendo, a mi entender, una situación no equitativa, además de atentarse contra derechos de incidencia colectiva.-
Así al justipreciar la pena impuesta en la instancia anterior, cabe destacar que el Sr. Juez de Faltas actuante ha establecido como sanción el monto de 300 módulos por la infracción del artículo 38 de la Ordenanza N° 11.159/90 (entre parámetros enunciados por la norma de multa de 10 a 500 módulos y/o inhabilitación de hasta 30 días) y como sanción el monto de 700 módulos por la infracción del artículo 130 de la citada Ordenanza (entre parámetros enunciados por la norma de multa de 50 a 5.000 módulos y/o arresto de hasta 30 días, encontrándose dichas sanciones a criterio del suscripto, excesivamente alejadas de los mínimos legales, sin un sustento fáctico y legal basado en el serio análisis de circunstancias agravantes.- Atento a lo sostenido hasta aquí y lo acreditado en autos, encontrándome ante la necesidad de evaluar equilibradamente las sanciones impuestas, teniendo en cuenta que no existen ni han sido alegados eximentes de responsabilidad ni tampoco existen circunstancias agravantes y valorando como atenuantes la falta de antecedentes y la mínima afectación al medio ambiente que incluso fuera reparada y neutralizada con acciones positivas como la limpieza del lugar, entiendo que deben reducirse las multas determinadas en sede administrativa, en montos cercanos al mínimo legal (Art. 1 del CPP, art. 11 del Dec. Ley 8751/77), imponiendo la pena de 30 módulos por la sanción prevista en el art. 38 de la Ordenanza 11159/90 y 70 módulos por la infracción al art- 130 del mismo cuerpo normativo.-
Por todo lo expuesto y las consideraciones vertidas
PRIMERO: Confirmar parcialmente el decisorio administrativo apelado emitido por el titular del Juzgado de Faltas N° 1 de la Municipalidad de Ituzaingó en la Causa N° AE 4199, reduciendo la pena de multa impuesta a la encartada, al pago del monto cercano al mínimo previsto por los artículos 38 y 130 de la Ordenanza N° 11.159/90, siendo de 30 y 70 módulos respectivamente. Quedando en definitiva establecida la sanción a 100 (CIEN) MODULOS, pena omnicomprensiva de 30 módulos por la sanción prevista en el art. 38 de la Ordenanza 11159/90 y 70 módulos por la infracción al art- 130 del mismo cuerpo normativo, atento a los argumentos vertidos en la presente a los que me remito brevitatis causae, montos que deberán ser abonados dentro del plazo de cinco días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ley (Cfme. artículos 38 y 130 de la Ordenanza 11.159/90, arts. 4, 4bis, 11, 12, 54 y concs. del Dec. Ley 8751/77 y sus modificatorias, art. 240 del CCyC, arts. 41 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 11 del Protocolo de San Salvador, art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).-
SEGUNDO: Los montos de la sanción impuesta deberán ser actualizados al momento del efectivo pago (Art. 10 de la Ordenanza 11159 y sus modificatorias).-
TERCERO: Imponer las costas de Alzada al apelante, atento lo resuelto.-REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Remítanse los presentes en la forma de estilo, al órgano Administrativo actuante, quedando a su cargo la notificación a la encartada.-
DR CARLOS ALBERTO MICELI JUEZ
Fin de la sentencia