Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Ituzaingo · Causa 37.676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPRIMERO: Denegar el pedido del denunciado de nueva citación a la víctima para declarar, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores a los que me remito brevitatis causae, debiendo estarse a la resolución MEDIDA CAUTELAR EN VIOLENCIA FAM.- se ordena (230600408000546251), o en su caso a las vías de impugnación, toda vez que la denunciante ya ha efectuado su relato de los hechos y ha comparecido a la audiencia prevista por el art. 11 de la Ley 12.569, considerándose que una nueva convocatoria a los fines pretendidos podría implicar una situación de revictimización, debiendo garantizarse su protección y evitar la reiteración innecesaria de su relato, (Arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 7, 8 y concs. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Recomendación Nro. 33 del Comité de la CEDAW, arts. 3 inc. k) y 16 inc. h) de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, arts. 5 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 17 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 11, 12 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Reglas 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 67, 69, 75, 76 y concs. de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de …
"G. M. E. C/ M. J. L. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR"
EXPTE. 37676.-
Merlo, 22 de Octubre de 2026.-
Proveyendo la presentación SOLICITA (240700408000547735), Por presentado parte por constituido el domicilio procesal y electrónico a sus efectos, corresponde resolver el pedido de ampliación de la declaración de la víctima solicitado por el denunciado.-
Primero: Que solicita el denunciado en su presentación, la ampliación de declaración tendiente a que se disponga una nueva comparecencia de la víctima en esta instancia procesal, como medio que hace a su derecho de defensa en juicio. Adelanto que dicho pedido debe ser rechazado in limine, ya que dicha pretensión importa desconocer los estándares mínimos de protección integral contra la violencia de género, configurando un supuesto inadmisible de violencia procesal y revictimización institucional.-
Segundo: Al respecto, entiendo que la reiteración de testimonios o declaraciones sobre hechos de violencia ya abordados, acreditados o evaluados en el marco de las medidas urgentes, carece de sustento útil para el esclarecimiento de la verdad y, por el contrario, vulnera de manera directa los derechos humanos de la damnificada, exponiéndola a una reiterada rememoración traumática innecesaria.-
Tercero: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en sus artículos 7 y 8, impone a los Estados Parte el deber de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar patrones socioculturales de conducta y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lo que incluye inexorablemente evitar que el sistema de justicia actúe como un factor de agresión o desgaste emocional (violencia institucional).-
Cuarto: Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en sus Recomendaciones Generales del Comité (En particular la N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia) exigen que los procedimientos judiciales sean expeditos, gratuitos, accesibles y libres de estereotipos de género o prácticas procesales lesivas que revictimicen a quienes denuncian situaciones de violencia.-
Quinto: Asimismo la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres consagra expresamente el principio de no revictimización. El artículo 3 inc. k) establece dentro de los derechos protegidos, el trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta acto u omisión que produzca revictimización y el art. 16 sobre principios rectores para el procedimiento, en su inc h) determina el derecho a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización.-
Sexto: Por su parte la SCBA ha sostenido de manera pacífica en sus resoluciones, protocolos y guías de actuación para la temática de violencia familiar y de género, la plena vigencia de los principios de celeridad, inmediación con perspectiva de género y resguardo de la integridad psicofísica de la persona protegida.-
Las directrices provinciales establecen que una vez dictadas las medidas cautelares o de protección urgentes sobre la base de los elementos iniciales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, la reiteración de actos procesales innecesarios sobre la víctima desnaturaliza el fuero de familia y la finalidad tuitiva del proceso, convirtiéndolo en un mecanismo de revictimización secundaria por la vía de la litigiosidad obstructiva.-
Séptimo: Que la prohibición de revictimización funciona como límite al contradictorio, pues si bien el derecho de defensa en juicio del denunciado es una garantía de orden constitucional, este no es un derecho absoluto y encuentra su límite infranqueable en la protección de los derechos personalísimos e íntegros de la víctima.-
Pretender una nueva declaración de la víctima bajo el argumento de ejercer el derecho de defensa constituye un fraude procesal a las formas de contradicción, orientado a propiciar la fatiga procesal de la denunciante, tendiente a confrontarla, buscando entre otras cosas su desistimiento o la flexibilización de las medidas cautelares vigentes por medio de una práctica prohibida que resulta traumática para quien ha padecido violencia.-
Octavo: A mayor abundamiento, entiendo que no existe utilidad procesal pues el relato de los hechos y la situación de riesgo ya se encuentran debidamente ponderados por el Juzgado a través de los informes interdisciplinarios iniciales y las constancias de autos, por lo que someter a la víctima a un nuevo escrutinio testimonial vulnera el principio de preclusión procesal y altera el espíritu tuitivo de la Ley 12.569 y concordantes, invirtiendo la carga de protección que el Estado debe garantizar.-
Noveno: El texto constitucional provincial consagra de manera categórica la defensa de la vida, la dignidad y el bienestar integral de las personas, imponiendo a los poderes públicos el deber de remover los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. En particular, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires tutela de forma reforzada la igualdad real de oportunidades y de trato, así como la protección integral de la familia, la infancia y las personas en situación de vulnerabilidad frente a cualquier manifestación de violencia (Arts. 15 y 36 incs. 1 y 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).-
Décimo: El derecho que se pretende tutelar encuentra ensamble en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 5 y 25) que imponen a los órganos estatales la obligación ineludible de brindar respuestas rápidas, eficaces y resguardadas de cualquier práctica que agrave la situación de vulnerabilidad de la persona afectada.-
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de toda persona a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o ataques a su honor y dignidad (Art. 17), así como las garantías intrínsecas del debido proceso sustantivo que vedan la utilización del contradictorio como herramienta de asedio o perturbación psicológica.- Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la obligación estatal de asegurar el más amplio nivel de protección y asistencia a la familia y a sus integrantes, garantizando condiciones de vida libres de violencia y coacción (Arg. arts. 11, 12 y concs).-
Décimo primero: Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que constituye un instrumento de jerarquía axiológica ineludible en el ámbito judicial, establece los estándares para garantizar la efectiva tutela de los derechos de quienes se hallan en situación de vulnerabilidad, categoría en la cual se inscribe de pleno derecho la mujer víctima de violencia, conforme las Reglas 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 y 20.-
Asimismo en su Sección 3ª, relacionada con la actuación en los Procesos, imponen a los operadores del sistema de administración de justicia la obligación de adoptar medidas específicas para prevenir la revictimización conforme a las Reglas 67, 69, 75 y 76 y aseguran que el diseño de los actos procesales proteja la integridad física y psicológica de la persona afectada, garantizando una tutela judicial efectiva exenta de formalismos dilatorios u hostiles.-
Décimo segundo: Desde una perspectiva procesal y sustancial, convalidar una medida que exponga a la víctima a un desgaste evitable colisiona con el mandato constitucional de afianzar la justicia bajo criterios de tutela judicial continua, efectiva y rápida, impidiendo que los mecanismos del proceso se transformen en instrumentos de perturbación o desprotección.-
Décimo tercero: Por último, acceder al pedido del denunciado va de bruces con el deber de prevención y debida diligencia reforzada, pues el órgano jurisdiccional detenta un mandato de actuación reforzada (debida diligencia) que le prohíbe convalidar prácticas que expongan a las mujeres en situación de vulnerabilidad a dinámicas de hostigamiento a través del expediente judicial. Permitir que el agresor utilice el proceso como herramienta de perturbación contradice directamente los deberes internacionales asumidos por el Estado Argentino.-
Por ello, consideraciones vertidas y lo dispuesto por los arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 7, 8 y concs. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Recomendación Nro. 33 del Comité de la CEDAW, arts. 3 inc. k) y 16 inc. h) de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, arts. 5 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 17 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 11, 12 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Reglas 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 67, 69, 75, 76 y concs. de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad,, la Guía de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCBA, arts. 4 bis, 7, 8, 8 bis y concs, de la Ley 12569
PRIMERO: Denegar el pedido del denunciado de nueva citación a la víctima para declarar, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores a los que me remito brevitatis causae, debiendo estarse a la resolución MEDIDA CAUTELAR EN VIOLENCIA FAM.- SE ORDENA (230600408000546251), o en su caso a las vías de impugnación, toda vez que la denunciante ya ha efectuado su relato de los hechos y ha comparecido a la audiencia prevista por el art. 11 de la Ley 12.569, considerándose que una nueva convocatoria a los fines pretendidos podría implicar una situación de revictimización, debiendo garantizarse su protección y evitar la reiteración innecesaria de su relato, (Arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 7, 8 y concs. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Recomendación Nro. 33 del Comité de la CEDAW, arts. 3 inc. k) y 16 inc. h) de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, arts. 5 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 17 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 11, 12 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Reglas 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 67, 69, 75, 76 y concs. de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad,, la Guía de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCBA, arts. 4 bis, 7, 8, 8 bis y concs, de la Ley 12569).-
SEGUNDO: Respecto de la solicitud de escuchar a los niños L., M. y Y. M., como medio de prueba que hace a la defensa del denunciado, previo a resolver, dese vista a la Asesoría de Incapaces interviniente, a fin de que se expida sobre la pertinencia de la medida solicitada, atendiendo a su interés superior y evitando su exposición innecesaria a situaciones que pudieran resultar revictimizantes o traumáticas para los niños.-
TERCERO: No habiéndose acompañado a la presentación el Bono Ley 8.480 y el anticipo del Jus Previsional, hágase saber al letrado del caso, que dentro de los tres días de notificado, deberá cumplimentar con lo dispuesto por los arts. 3º de la Ley 8.480 y 13 de la Ley 6.716 (y sus modificatorias), bajo apercibimiento de ser comunicado su incumplimiento a los órganos recaudadores correspondientes.-
CUARTO: Procédase a realizar las gestiones conducentes la habilitación de los presentes obrados, en favor del requirente, para su visualización en la M.E.V. REGISTRESE. NOTIFIQUESE y dése vista al Ministerio Tutelar (Art. 103 del CCyC).-
Dr. Carlos Alberto MICELI Juez Subrogante (PD SCBA)
Fin de la sentencia