Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Ituzaingó · Causa 154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPRIMERO: Rechazar el planteo de nulidad de las actuaciones, por no verificarse irregularidad procesal alguna que justifique dicha declaración, y por resultar los actos impugnados ajustados a derecho y a los estándares convencionales aplicables, sin perjuicio del vencimiento de los plazos del denunciado de hacer valer dicho recurso conforme art. 10 de la Ley 12569.
SEGUNDO: Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 12.569 y sus modificatorias, por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos, tutela de la mujer, las niñeces y erradicación de la violencia de género, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores a los que me remito brevitatis causae.
TERCERO: MANTENER en plena vigencia el dispositivo de monitoreo electrónico al Sr. H. y las restricciones perimetrales oportunamente ordenadas, en protección de la Sra. B. y el grupo familiar, por subsistir, al menos hasta el momento, las razones que motivaron su adopción.
CUARTO: Imponer las costas al denunciado, atento el criterio objetivo de la derrota que impera en nuestro ordenamiento procesal (Art. 68 del CPCC).
QUINTO: Hacer saber al denunciado y a su letrado patrocinante que la argumentación desplegada en el escrito reproduce estereotipos de género y descredibilización de la víctima contrarios a los estándares convencionales y que implican revictimización, debiendo adecuar su actuación profesional al marco normativo vigente, bajo …
"B. R. I. C/ H. C. E. H. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR ( LEY 12.569)"
Expte. N° V-154.
Ituzaingo, 12 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados B. R. I. C/ H. C. E. H. S/ Protección Contra La Violencia Familiar ( Ley 12.569), que tramitan ante este Juzgado de Paz Letrado del Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, venidos a resolver el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 12569 incoado por el denunciado y su letrado, de cuyas constancias: RESULTA: 1) Se presenta en Inconstitucionalidad - Se Plantea (233701416000391318) el señor E. H. C., con patrocinio letrado del Dr. M.
L. D., interponiendo acción de inconstitucionalidad contra la Ley 12.569 y sus modificatorias, solicitando asimismo la declaración de nulidad de las actuaciones y el retiro del dispositivo de monitoreo electrónico que le fuera impuesto.
2. Que corrido el traslado a la denunciante, la misma contesta en Manifestacion - Formula (222501416000392120), solicitando el rechazo del pedido de inconstitucionalidad.
3. Corrido el traslado a la Fiscalía, la Sra. Agente Fiscal contesta en Vista Agente Fiscal - Contesta (238401416000391646), solicitando el rechazo de la inconstitucionalidad planteada.
4. Asimismo el representante del Ministerio Pupilar contesta su traslado solicitando el rechazo del pedido de inconstitucionalidad y de la nulidad en Asesoria De Incapaces - Se Notifica (242401416000393449), lo que coloca estas actuaciones en condiciones de resolver.
Y
Primero: LA NULIDAD: Sobre el planteo de nulidad, el peticionante sostiene que las medidas adoptadas carecen de acreditación fáctica suficiente.
Este argumento resulta totalmente absurdo, pues en materia de violencia familiar y de género, la exigencia de prueba plena para el dictado de medidas cautelares protectorias va de bruces con los estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) y los preceptos que surgen de la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres.
La declaración de la propia víctima constituye en estos casos un elemento probatorio de valor sustancial, particularmente cuando es acompañada, como en el caso de autos, de una evaluación interdisciplinaria. La ausencia de testigos directos no desvirtúa la medida adoptada, ya que como se ha reconocido pacíficamente por la doctrina y jurisprudencia, la violencia doméstica se ejerce, por definición, en el ámbito privado del hogar, lejos de la vista de terceros, lo que hace de la palabra de la víctima el elemento probatorio central, que debe analizarse con perspectiva de género.
A ello debe sumarse el informe interdisciplinario efectuado por el equipo técnico del Juzgado en Informe Equipo Tecnico (242501416000366629), del que surge plenamente la verosimilitud de los hechos denunciados por la Sra. B. y que el denunciado no solo ejerce violencia contra ella sino también respecto de los hijos menores, echando por tierra el argumento del denunciado, que resulta sesgado y desprovisto de perspectiva de género y niñez.
Asimismo el informe realizado por el equipo interdisciplinario con el denunciado H. en Informe Equipo Técnico (235101416000376461) resulta un elemento más de prueba para determinar la existencia de los hechos de violencia ocurridos y la actitud de negación del mismo. Respecto al informe psicológico del Lic. K. acompañado por el propio nulidicente, en cuanto concluye la ausencia de indicadores de agresividad, ello no enerva la medida adoptada, toda vez que la evaluación psicológica del denunciado constituye solo uno de los elementos del cuadro probatorio, por cierto parcial, que debe valorarse de manera integral y con perspectiva de género.
Segundo: El carácter urgente e inaudita parte de las medidas previstas en la ley 12569, no configura per se una violación al debido proceso en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, sino una adecuación razonable del proceso a la naturaleza del bien jurídico protegido que es la integridad física, psíquica y sexual de la mujer en situación de violencia.
Admitir la bilateralidad previa en estos casos equivaldría a hacer inoperante la protección, dado que el riesgo se consumaría durante el trámite contradictorio.
Las medidas cautelares de urgencia no requieren, por su naturaleza, el trámite contradictorio previo En el ámbito de la violencia doméstica, la doctrina internacional afirma con mayor razón este principio, por cuanto la garantía de acceso a la justicia de la víctima prevalece sobre la prerrogativa procesal del agresor de ser oído previamente a la adopción de la medida protectoria.
Tercero: Que a mayor abundamiento, el pedido de nulidad del denunciante, es interpuesto fuera del plazo que prevé el art. 10 de la Ley 12569 como una forma de revisión de una medida que ya se encontraba firme, por lo que entiendo debe ser rechazado sin más trámite.
Cuarto: LA INCONSTITUCIONALIDAD: Respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 12569 interpuesto por el denunciado, Como primera medida debemos señalar que el control de constitucionalidad resulta no solo una competencia que la constitución ha puesto en cabeza del Poder Judicial (Tanto federal como estadual: Cfr. Arts. 1, 31, 36, 43, 116 y conc. C.N.; Arts. 1, 3, 15, 20 inc.2°, 57, 161 inc. 1° y conc. Constitución Pcia Bs As; Cfr. CSJN, Fallos: 308:490 entre otros), sino un deber impuesto a los jueces que conforman dicho poder. Deber que se ha potenciado en tanto y en cuanto el desarrollo constitucional comparado y local ha dejado el paradigma del Estado de Derecho Legalista para situarse en el del Estado Constitucional Democrático (Cfr. Rawls, John, El Liberalismo Político, Ed. Critica, Barcelona, p. 268 y ss.; Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Ed. Trotta, p. 33 y ss; Garcia de Enterria, Eduardo, Democracia, Jueces y Control de la Administración, Ed. Civitas, p. 126 y ss.; Stone Sweet, Alec, Governing With Judges, Oxford University Press, p. 127 y ss.; Thury Cornejo,Valentin, Juez y División de Poderes Hoy, Ed. Ciudad Argentina; p. 251 y ss.).
En nuestro ordenamiento jurídico la configuración constitucional a partir de la reformas operadas en el año 1994, y fundamentalmente la doctrina emanada en esta materia a partir de los fallos emblemáticos de la CSJN (Entre ellos "Mill de Pereyra / Provincia de Corrientes" del año 2001, "Halabi Ernesto c/ PEN" el año 2009, "Rodriguez Pereyra c/ Ejército Argentino" del año 2012), incursionan en la potestad del control de constitucionalidad, y dan nuevos perfiles a esta importante actividad jurisdiccional.
La competencia del Poder Judicial para proceder a la ponderación de constitucionalidad de las normas y actos de los otros poderes constituidos encuentra un fuerte fundamento normativo en nuestro Derecho Público Local en el Art. 57 de nuestra Constitución Provincial, en tanto y en cuanto, impone a los jueces en forma indubitable, el deber del velar por la supremacía constitucional.
En principio el control de constitucionalidad que hace a la vigencia de la constitución no escapa a ningún tipo de proceso en especial al proceso de violencia familiar pues establecer lo contrario no solo implicaría enervar la supremacía constitucional sino crear una esfera, a priori, donde la constitucionalidad de normas o actos estatales no pudiera ser verificada. Lo que a todas luces resulta inconstitucional por contrario a las propias normas constitucionales y al principio de razonabilidad que imponen las mismas, situación que alcanza a todos los poderes del estado, incluso al Poder Judicial.
En segundo lugar es dable destacar que el control de constitucionalidad en el caso que se ventila resulta aplicable cuando se pone en juego el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y de los actos de aplicación de la norma provincial 12569 que deriva en cuestiones que afectan los derechos constitucionales y convencionales de las víctimas de violencia y ponen en peligro derechos de raigambre constitucional y los que surgen de los Tratados de Derechos Humanos reconocidos por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
En última instancia, como lo ha expresado el Dr. Hugo Echarri como Juez de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín, no cabe sino señalar que rigiendo en nuestro orden jurídico-institucional, el Estado Constitucional Democrático todo tipo de duda sobre la admisibilidad o no del control de constitucionalidad, este debe ser habilitado pues la sola duda de inconstitucionalidad compromete su juzgamiento, independientemente de su resultado. La supremacía constitucional y la tutela judicial de la misma, incluso ex officio, no pueden tener cortapisas ni exenciones si queremos que la Constitución sea una energía ordenadora y docente de las personas y de la comunidad social y política.
Hecho este primer enfoque sobre la problemática general del control de constitucionalidad y su evolución reciente es necesario ahora entrar en la ponderación constitucional de la norma impugnada. Para ello es oportuno analizar el pedido de inconstitucionalidad desde tres perspectivas. La primera estará circunscripta a la juridicidad de la misma teniendo en cuenta el marco constitucional en el que fue dictada y el marco constitucional actual. Será una ponderación hermenéutica que hace eje en la dinámica normativa y axiológica del órden constitucional.
A los efectos de poder apreciar la contingencia señalada resulta necesario hacer una breve evaluación de la génesis y el desarrollo que se ha dado a combatir la violencia contra las mujeres y a la ley que regula dicho ámbito. Haciendo hincapié no solo en la evolución general de la norma legal individualizada que la regula, esto es la ley 12569 y sus modificatorias. Así, el debate legislativo en torno a la Ley 12.569 de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires (sancionada a fines del año 2000) representó un hito en la agenda pública provincial, marcando la transición de la violencia intrafamiliar desde la esfera estrictamente privada hacia el ámbito del orden público y la responsabilidad estatal.
Los argumentos centrales expuestos durante las discusiones parlamentarias en la Legislatura bonaerense se estructuraron en varios ejes, entre ellos salir del ámbito privado y ponderar la violencia familiar como un problema del estado, la intervención pública legítima, aquí uno de los argumentos transversales fue la necesidad de derribar el mito de que "lo que pasa dentro de la casa es un asunto privado", sosteniendo que el Estado no podía ser espectador imparcial de agresiones físicas o psicológicas bajo el pretexto de la intimidad del hogar y la visibilización e intangibilidad de la persona, en lo que fue central que los derechos a la vida, la integridad física y la libertad deben primar por sobre cualquier concepción tradicional de conservación formal de la unidad familiar a toda costa.
Para ello se establecieron preceptos de celeridad procesal por sobre los procesos judiciales tradicionales, donde se requería una tutela urgente frente a la insuficiencia del proceso civil ordinario, pues los plazos procesales tradicionales resultaban incompatibles con situaciones donde la vida o la salud corrían peligro inminente.
También fue eje central para la prevalencia del principio de celeridad, el otorgar facultad de los jueces para adoptar medidas cautelares expeditas (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, restitución de bienes) en un plazo no mayor a 48 horas, aun antes de sustanciar todo el juicio o probar acabadamente si existió o no un delito penal, logrando definir la amplitud del concepto de grupo familiar adaptada a las nuevas realidades de convivencia, extendiendo el alcance a uniones de hecho, noviazgos, relaciones de pareja extintas y convivientes, determinando la legitimación ampliada, pues no solo la víctima directa podría denunciar, sino también cualquier persona o institución que tomara conocimiento de los hechos (escuelas, centros de salud, representantes legales), especialmente en casos que afectaran a las infancias, las personas ancianas o las personas con discapacidad, introduciendo un enfoque interdisciplinario donde la solución no debía ser únicamente punitiva o policial, sino asistencial y de acompañamiento integral (salud mental, contención social y abordaje institucional).
Años más tarde, la Ley 12.569 fue reformada (principalmente por las Leyes 14.509 y 14.657) para adecuar sus definiciones conceptuales a los estándares internacionales de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y a la Ley Nacional 26.485, incorporando expresamente dimensiones como la violencia económica, patrimonial y psicológica, enriqueciendo y transformando sustancialmente el marco procedimental de la Ley 12.569 en la Provincia de Buenos Aires, respondiendo a la necesidad de armonizar la normativa provincial con la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485, sancionada en 2009) y con tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Desde esta primer perspectiva podemos determinar que la Ley 12.569 (sancionada a fines del año 2000 y promulgada a comienzos de 2001) es la norma fundamental en materia de Protección contra la Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires, radicando su importancia en el cambio de paradigma normativo y social en la provincia, al visibilizar la violencia en el ámbito doméstico como un problema de orden público e interdependiente de los derechos humanos, y no como un mero asunto privado o de reserva familia, siendo el principal valor práctico de la ley, la creación de un mecanismo expeditivo de protección tuitiva que faculta a los magistrados del fuero de Familia, de Paz o Penal, a actuar de inmediato, adoptando medidas urgentes dentro de las 48 horas desde el conocimiento del hecho, facilitando de esta manera el acceso a la justicia y legitimación, siendo un mecanismo accesible adaptado a la CEDAW y la Convención de Belem do Pará, por lo que no cabe duda que resulta plenamente constitucional por ser un mecanismo de empoderamiento y fortalecimiento del rol protector y procesal de la víctima.
Quinto: En una segunda perspectiva resulta necesario realizar dentro del proceso de control de constitucionalidad de una norma un análisis de la razonabilidad de la misma, en el caso referido a la razonabilidad de la ley 12569. La razonabilidad también es un concepto que desde la esfera axiológica se acentúa en el Estado Constitucional Democrático pues como señalaba el gran filósofo político católico Maritain, la democracia es una organización racional de las libertades fundada en la ley (Cfr. Maritain, Jacques, El Hombre y el Estado, Ed. Kraft, 1952, p. 75).
Aquí se debe ponderar si, como lo afirma el denunciante, la Ley 12569 soslaya derechos reconocidos de raigambre constitucional, o si luce excesiva o arbitraria pese el fin buscado. Por otro lado debe desentrañarse si la arbitrariedad e irracionalidad se alcanza o configura por medio del cercenamiento que el dispositivo legal hoy cuestionado produce en determinadas garantías constitucionales como las que están en juego. El principio de razonabilidad viene impuesto por la propia constitución, tanto nacional (Arts. 28, 43, 99 inc. 2º C.N), como provincial (Arts. 20 inc. 2º, 57, 144 inc. 2º CPBA) y resulta, en el caso del Poder Judicial, en el deber de ponderación o juicio que debe efectuar el juez en el análisis de la norma, juicio al que se arriba en base a la evaluación de la proporcionalidad que debe existir entre el fin que persigue la norma y los medios que arbitra para la obtención de los mismos.
Como lo enseña la ciencia constitucional lo razonable es lo opuesto a lo irrazonable, arbitrario, ilógico, desmesurado, intolerable, y se refiere necesariamente a la justa relación entre medios y fines. El cumplimiento de los fines que impone la constitución y que nutren las legítimas competencias de los órganos del Estado no pueden conllevar la utilización de cualquier contenido material o modal en los medios elegidos. Solo los medios que resultan razonables y proporcionales son ontológicamente aptos desde una visión constitucional. Razonables son aquellos medios conformes o arreglados a la razón, es decir intrínsecamente justos.
Uno de los grandes doctrinarios del derecho público argentino, Rafael Bielsa, señalaba que lo razonable tiene otro sentido, que es el de proporción justa, de moderación, de equidad.
Es viable señalar que es justamente en el derecho de familia y específicamente en las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres, donde el principio de proporcionalidad juega un rol preponderante y determina que se apliquen las reglas de la interpretación Constitucional, pues lo derechos que se ven afectados son de tal magnitud que requiere que los jueces pongan especial atención en ello, pues son éstos (los jueces) el último eslabón del Estado de protección de las mujeres y que pueden cambiar realidades alarmantes ante el crecimiento exponencial de los casos de violencia familiar.
Así resulta determinante comprobar si el medio elegido, en este caso las medidas de urgencia que dispone el art. 7 de la Ley 12569 y sus modificatorias afectan el derecho de defensa en juicio, y la respuesta no se hace esperar, es claramente no, pues más allá de los caminos por los que se decida transitar al abordar la cuestión que hace a los fundamentos de la ley 12569, necesariamente habrá de llegarse a una encrucijada en la que no se puede negar que la protección del derecho de las mujeres y el las diversidades no admite dilación alguna, encontrándose en juego bienes supremos como la salud, la integridad física y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
En efecto, aún siguiendo el razonamiento propuesto por el denunciante, se advierte que una medida cautelar inaudita parte de urgencia para proteger la vida o la integridad física o psíquica de una mujer de ninguna manera puede soslayar derechos de raigambre constitucional, por lo que entiendo en esta perspectiva la ley 12569 resulta también plenamente constitucional.
Asimismo señalo que la ponderación o test de razonabilidad no puede ser efectuada escindiéndolo del marco normativo y axiológico que surge a partir de la reforma constitucional del año 1994.
La reforma de aquel año significó en materia de protección de derecho humanos, un paso más que significativo en el desarrollo de una institucionalidad que hace centro en la dignidad de la persona y en el fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático (Cfr. Arts. 1, 5, 31, 36, 38 y conc. C. N.; Arts. 1, 3, 11,15, 59 y conc. CPBA).
Señala Vigo que la reforma constitucional del año 1994 significó para el ordenamiento jurídico un marco axiológico renovado. Y es en este nuevo marco axiológico donde el juez debe ponderar la legitimidad constitucional de las normas infraconstitucionales, resolviendo si normas cuestionadas son aptas para continuar con vigencia en el nuevo diseño constitucional (Vigo, Rodolfo, Presente de los derechos humanos y algunos desafíos, E.D. T 180, págs. 1408/1426).
Sin duda que es en la interpretación constitucional donde el plano axiológico, utilizando la terminología del iusfilósofo Santafecino Rodolfo Vigo, juega un rol fundamental en la praxis hermenéutica; y es que la Constitución no solo esta formada por normas sino también por principios y valores. Y son precisamente esos valores y principios los que informan la ideología de nuestra constitución constituyéndose en el fiel, el parámetro al que deben responder y adecuarse las normas infraconstitucionales. Se trata en definitiva de captar la evolución de las instituciones jurídicas públicas que componen y nutren el ordenamiento internacional, nacional y provincial y que la Corte Suprema Nacional ha calificado como el ritmo universal de la justicia que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Cfr. Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/despido.
V.967.XXXVIII. 14/09/2004).
La necesidad de que los medios judiciales resulten idóneos también es una exigencia de los tratados internacionales vigentes, entre ellos del Pacto de San José de Costa Rica y de la doctrina legal emanada de su Órgano Jurisdiccional, esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando a Alberdi debemos señalar que frente a la razón de estado que como el mismo nos recuerda no es más que la razón del palo y la pura fuerza, se levanta la razón de la constitución. Y en la razón de la constitución de la postmodernidad, es decir de la de nuestro tiempo, todos los poderes, estatales o no estatales, están y deben estar sujetos más que nunca, al acervo de los derechos y garantías fundamentales del hombre. Entre esas garantías sagradas para la dignidad de las mujeres, luchadas, ganadas y legadas de generación en generación, resultan materia de protección fundamental para eliminar la discriminación contra las mujeres y las diversidades, para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades y para velar por el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia.
Sexto: Desde una tercer perspectiva debe analizarse si el dispositivo legal impugnado es el de la legitimidad de la norma sub discussio en cuanto a si la misma viola o no garantías constitucionales o lesiona de alguna manera su ejercicio efectivo, pues la presencia de lesión en el ejercicio de esos derechos o la degradación de la legitimidad en su ejercicio también inciden sobre el juicio de constitucionalidad de la norma. La necesidad de que las normas vigentes en el orden jurídico imperante en nuestro territorio nacional y provincial se encuentren en concordancia con la ley suprema y protejan el ejercicio de los derechos por ella reconocidos, resulta no solo una directiva expresa que emana de nuestra Constitución Nacional y Provincial (Cfr. Arts. 1, 5, 31, 36, 38 y conc. C. N.; Arts. 1, 3, 11,15, 59 y conc. C.P.B.A) tal lo ya señalado, sino también de los Pactos Internacionales que ha suscripto nuestro país, entre ellos la Convención Americana de Derecho Humanos (Preámbulo y Art. 29 inc. C), la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer que resultan en todos los casos supralegales conforme Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, con lo que sus normas devienen jerárquicamente superiores a la legislación local y en caso de conflicto entre las mismas la controversia debe ser resuelta en favor de las normas del tratado vigente de que se trate (Cfr. Doctrina caso Ekmedjian, CSJN, 315-2:1492; entre otros).
En este punto cabe preguntarse si la Ley 12569 y sus modificatorias, implican una violación a los derechos del denunciado lo cual analizado bajo la óptica de los mencionados Tratados de Derechos Humanos, resulta una respuesta negativa, pues los bienes jurídicos que protegen los mismos (Entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, la vida y la salud tanto física como psicológica de las mujeres) resultan superiores y son fruto de una lucha de décadas frente a una sociedad de tintes patriarcales que siempre ha degradado y menoscabado a las mujeres y las diversidades, siendo la ley mencionada, un mecanismo eficaz de protección de estos derechos que tanta lucha han llevado y que finalmente fueron reconocidos por el ordenamiento constitucional vigente, .con la inclusión de los Tratados de Derechos Humanos al plexo normativo constitucional conforme art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Aquí cobra especial trascendencia no solo las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino la propia doctrina legal emanada de su órgano jurisdiccional. En este sentido cabe recordar que la Corte Interamericana en varios fallos ha interpretado la necesidad de que los países ajusten su legislación a los estándares de protección de las víctimas de violencia (Entre ellos Campo Algodonero, Attala Riffo, etc.) conforme Pacto de San José de Costa Rica y los demás Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, y aquí resulta conveniente recordar la doctrina argentina que resulta vinculante para los jueces locales (Cfr. Doctrina Ekmedjian, CSJN, 315-2:1492; ED, 148:354; "Fibraca" F.316:1669; Cafés La Virginia, CSJN, LL, 1995-D-277; "Giroldi"
F.318:514; "Bramajo" F.319:1840; "Acosta" F.321:3555; "Monges"
F.319:3148; entre otros (Conforme Gordillo, Agustín "La creciente internacionalización del derecho y sus efectos" en Cien notas de Agustín, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, p. 31; Sagüés, Néstor P., La Interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional, en Derechos Humanos y Constitución en Iberoamérica (Libro Homenaje a Germán J. Bidart Campos) E. Jurídica Grijley, Peru, 2002).
Por otra parte debe señalarse que los principios o reglas que la práctica jurisprudencial ha ido creando para el sano ejercicio del control de constitucionalidad (V.g. Reglas de Cooley, Reglas de Brandais, etc. Ver Bianchi, Alberto, Control de Constitucionalidad) se cumplen totalmente en el presente caso, entendiendo que la ley 12569 y sus modificatorias han pasado el tercer test de constitucionalidad.
Séptimo: Sentado ello, los argumentos que el denunciado expone en su escrito resultan genéricos, desprovistos de sustento jurídico válido y constituyen un ataque a una ley fundamental en la protección de los derechos de las mujeres.
Lejos de lo que afirma el denunciado, en cuanto a la supuesta indeterminación de las conductas protegidas, cabe señalar que la ley 12.569 adopta una concepción amplia e integral de la violencia familiar en consonancia con el artículo 1° de la Convención de Belém do Pará, que define la violencia de manera comprensiva para no dejar fuera de protección conductas que, si bien pudieran parecer menores de manera aislada, constituyen en su conjunto manifestaciones del ciclo de violencia. La amplitud del concepto no es un defecto de técnica legislativa es una opción política constitucional y convencionalmente obligada.-
Así en las presentes actuaciones se analiza una denuncia de violencia familiar en el marco de una relación de pareja y violencia con los hijos menores, contexto en el cual resultan de aplicación obligatoria la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su artículo 2 obliga al Estado a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, incluyendo la protección jurídica de sus derechos en igualdad de condiciones y el artículo 15 garantiza la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Conforme la Recomendación General N° 19 del Comité CEDAW, la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que define e su art. 1° la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado, mientras que en sus arts. 7 y 8 impone al Estado el deber de adoptar medidas jurídicas que compelen al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer y establece la obligación de adoptar medidas específicas, inclusive de orden legislativo, para modificar patrones socioculturales de conducta que legitiman o exacerban la violencia, La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, Pacto de San José de Costa Rica), que garantiza el debido proceso; sin embargo, dicho estándar debe ser interpretado en conjunción con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad (Arts. 8 y 25) y con los deberes de los artículos 1.1 y 2 que imponen respetar y garantizar los derechos sin discriminación, la Convención de los Derechos del Niño.
Octavo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la ineficacia judicial frente a casos de violencia de género constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la CADH en relación con el artículo 1.1 (Fallo González y otras "Campo Algodonero" vs. México, 2009; fallo Fernández Ortega y otros vs. México, 2010).
Las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad considera en tal estado a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Noveno: Por otro lado resulta necesario poner de resalto el cambio de paradigma de las últimas décadas, como resultado de la lucha constante de las mujeres y las diversidades, ha establecido el método de juzgamiento con perspectiva de género, como un estándar de interpretación jurídica que visibiliza las desigualdades estructurales y la detección de asimetrías de poder, derribando los estereotipos de género fundado en la obligación convencional que surge del deber jurídico internacional derivado de la CEDAW y la Convención de Belen do Para, interpretados por los órganos de protección como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW, que obligan a los Estados suscriptores a extremar los mecanismos de defensa de los derechos que emanan de los Tratados, en especial a las mujeres, diversidades y niñeces.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha recogido estos preceptos que emanan de los Tratados de Derechos Humanos en la Guía de Buenas Prácticas Para la Organización de Audiencias en Procesos Penales Vinculados a Delitos por Razones de Género, La Guía de Buenas Prácticas Para el Abordaje Integral y Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, en las que se aconseja evitar la revictimización secundaria, la destrucción de los estereotipos de género, el derecho a ser oídos, entre otros, ello en cumplimiento de los estándares internacionales que el nuevo mapa constitucional y convencional exigen.
Sentado ello, como ya lo adelanté, el planteo del denunciado resulta un pedido totalmente desprovisto de perspectiva de género y niñez que va de bruces no solo con la Ley 12569 y sus modificatorias, sino que atenta contra los principios de la Ley Nacional 26485 de Protección Integral de las Mujeres, la Ley Nacional 27491 (Ley Micaela) replicada en la Provincia de Buenos Aires por la Ley 15134 y los preceptos rectores que emanan de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará) y la Convención de los Derechos del Niño, y el único camino posible es su rechazo.
Décimo: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: En el andarivel desarrollado resulta necesario asimismo hacer un test de convencionalidad de la norma en cuestión, esto es la Ley 12569 y sus modificatorias. El control de convencionalidad es un mecanismo nacido dentro del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina que los jueces y las autoridades de los Estados Partes en la Convención Americana, en los asuntos de sus competencias, deben aplicar además del derecho local, el derecho internacional de los Derechos Humanos y ejercer concurrentemente los controles de constitucionalidad y convencionalidad cuando una norma de alguna manera se opone a las disposiciones de los Tratados, conforme lo disponen numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre ellos "Myrna Mack Chang vs Guatemala" del 25/11/2003, "Boyce vs Barbados" del 20/11/2007, "Almonacid Arellano vs.
Chile" del 26/9/2006, "Trabajadores Cesados del Congreso vs Peru" del 30/11/2007, "Eduardo Kimel vs Argentina" del 15/11/2010 entre otros y los consecuentes fallos dictados por la CSJN entre ellos "Mazzeo" del año 2007 en el cual el Tribunal Superior de la Nación sostiene la doctrina que emerge de fallo Almonacid y establece que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, teniendo en cuenta no solo la Convención Americana de Derechos Humanos sino también la interpretación que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos hace respecto de las normas convencionales, también la CSJN en el año 2012 en el fallo "Rodriguez Pereyra c/ Ejército Argentino" determinó la importancia que exige la correspondiente y adecuada coordinación del sistema de control de constitucionalidad con el de convencionalidad, ambos difusos, fundamentando que "la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado, pues resultaría un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (Art. 75 inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y por consiguiente habilita la aplicación de la regla interpretativa (formulada por su intérprete auténtico, es decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que obliga a los tribunales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar la supremacía frente a normas locales de menor rango.
La argumentación del presentante exhibe una total ausencia de perspectiva de género, entendida ésta como una categoría analítica que permite visibilizar las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres que subyacen a los hechos de violencia denunciados. Juzgar con perspectiva de género no implica una posición favorable a la mujer per se, sino el reconocimiento de que las relaciones de poder estructurales condicionan los vínculos familiares y deben ser consideradas al momento de evaluar la verosimilitud de los hechos denunciados y la necesidad de la tutela cautelar.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la obligación de los jueces de incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos que involucran violencia contra la mujer (Fallos 342:1795, "Góngora"; Fallos 344:3238). El incumplimiento de esta obligación implicaría una nueva forma de violencia institucional hacia la víctima, expresamente vedada por el artículo 7° inciso g) de la Ley 26.485, de aplicación complementaria en la especie.
En este marco, la descalificación de los dichos de la peticionante, calificando el relato de la señora B. como "falso", "embustero", "perverso" y "malicioso", desconoce los estándares convencionales que exigen a los jueces valorar los testimonios de las víctimas de violencia de género sin reproducir estereotipos que cuestionan su credibilidad. El Comité CEDAW ha señalado que la estigmatización y la descredibilización de la víctima son patrones que el Estado debe activamente combatir.
Es claro que la ley cuestionada (12569 y sus modificatorias), si bien puede no resultar finalmente el ideal de protección de derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, es sin lugar a dudas un mecanismo de protección encuadrado a las disposiciones de los arts. 1, 2, 8, 11, 17, 19, 24, 26 y concs. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que convencionalmente resulta una ley fundamental en la lucha y respeto del derecho de las mujeres y los niños, sobre todo en lo que se refiere al derecho a vivir libre de violencias y al desarrollo pleno de su personalidad, debiendo rechazar en todos sus términos el pedido del denunciado, con costas al mismo, conforme el criterio objetivo de la derrota que emana del art. 68 del CPCC, aplicable al caso.
Décimo primero: SOBRE EL DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRONICO: El dispositivo de monitoreo electrónico (pulsera) constituye una medida de protección, no una sanción penal. Su finalidad es garantizar la eficacia de la restricción de acercamiento oportunamente dispuesta, en cumplimiento del deber estatal de tutela efectiva emergente de la Convención de Belém do Pará (art. 7°, inc. b), por ello es claro que su imposición no viola la presunción de inocencia ni ninguna garantía constitucional, pues no constituye una pena sino una medida cautelar de naturaleza civil orientada a la protección inmediata de la víctima, sobre todo cuando como en el caso, el denunciado luego de ser notificado de la medida cautelar ha intentado acercamiento violento hacia la persona de la Sra. B. siendo los argumentos del denunciado totalmente erróneos, por lo que deben ser rechazados.
Por todo lo expuesto, habiendo efectuado el control de constitucionalidad y convencionalidad que antecede en el marco de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la Ley 12.569 y sus modificatorias, la Ley 26.485 y el Código Civil y Comercial de la Nación:
PRIMERO: RECHAZAR el planteo de nulidad de las actuaciones, por no verificarse irregularidad procesal alguna que justifique dicha declaración, y por resultar los actos impugnados ajustados a derecho y a los estándares convencionales aplicables, sin perjuicio del vencimiento de los plazos del denunciado de hacer valer dicho recurso conforme art. 10 de la Ley 12569.
SEGUNDO: RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 12.569 y sus modificatorias, por ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos, tutela de la mujer, las niñeces y erradicación de la violencia de género, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores a los que me remito brevitatis causae.
TERCERO: MANTENER en plena vigencia el dispositivo de monitoreo electrónico al Sr. H. y las restricciones perimetrales oportunamente ordenadas, en protección de la Sra. B. y el grupo familiar, por subsistir, al menos hasta el momento, las razones que motivaron su adopción.
CUARTO: Imponer las costas al denunciado, atento el criterio objetivo de la derrota que impera en nuestro ordenamiento procesal (Art. 68 del CPCC).
QUINTO: Hacer saber al denunciado y a su letrado patrocinante que la argumentación desplegada en el escrito reproduce estereotipos de género y descredibilización de la víctima contrarios a los estándares convencionales y que implican revictimización, debiendo adecuar su actuación profesional al marco normativo vigente, bajo apercibimiento de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados correspondiente. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE.-
Fin de la sentencia