Abriendo la norma
Juzgado de Paz de San Fernando
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a A. D. R., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de haber insultado a terceros e incitado a la riña el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas, en ocasión de la finalización de un encuentro futbolístico celebrado en el estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE DOCE (12) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CAT, interdicción que se ejecutará en los términos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario).
A fin de efectivizar la condena, descuéntese por Secretaría las fechas en donde el imputado cumplió la carga administrativa en sede Instructora, quedando compensada para el caso de ser suficiente.
2Condenar a M. E. R., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de haber insultado a terceros e incitado a la riña el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas, en ocasión de la finalización de un encuentro futbolístico celebrado en el estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS …
R. A. D. Y OTROS S/ INFRACCIONES A LA LEY Nº 11.929
Expte. Nº834-P Registro Nº36 San Fernando, 8 de Abril de 2013 - I. Téngase presente el informe referido a la IPP nº 14-05-002751-12 de fs. 594.
II. Por recibido, agréguese el informe de la Seccional IV de San Fernando y téngase presente.
Los autos indicados en el epígrafe que se siguen contra A. D. R. (DNI nº xx.xxx.xxx), argentino, nacido el 25/04/1988, desocupado, soltero, alfabeto; M. E. R. (DNI nº xx.xxx.xxx), argentino, nacido el 03/08/1985, empleado, soltero, alfabeto; S. M. S. O. (DNI nº xx.xxx.xxx), uruguayo, nacido el 09/12/1980, jugador profesional de fútbol, soltero, alfabeto; R. C. S. (DNI nº xx.xxx.xxx), argentino, nacido el 18/01/1973, jugador profesional de fútbol, casado, alfabeto; y F. S. S. (DNI nº xx.xxx.xxx), argentino, nacido el 04/04/1981, jugador profesional de fútbol, casado, alfabeto; por infracciones a los artículos 10 y 14 de la ley nº 11.929;
Que vienen los presentes a despacho a fin de resolver las presentaciones de fs. 531/538, 539/541 y 589/592; y de corresponder la situación de fondo de los mencionados imputados;
1. Que, a fs. 1/45, se inicia la presente causa a partir del sumario policial realizado conjuntamente por personal de la Seccional San Fernando III (Victoria) y San Fernando II (Otero), en ocasión del encuentro deportivo celebrado entre el Club Atlético Tigre –en adelante, “CAT”- y el Club Atlético Boca Juniors –en adelante, “CABJ”-, disputado en el estadio del primero, por la posible comisión de las infracciones previstas en los artículos 10º y 14º de la ley nº 11.929.
También componen el sumario (i) la declaración en sede policial del Oficial Inspector Carlos Dante Mansicidor (ver foja 11), en la cual se particulariza que las personas descriptas en el acta son los sujetos A. y M. R.; (ii) un informe del CAT (ver foja 12), (iii) actas de prohibición de concurrencia relativas a los nombrados (ver fs. 15 y 17), (iv) examen médico de los señores R. (ver foja 19), (v) certificación de domicilio de los precedentemente mencionados (ver foja 20) y copia certificada del inicio de una investigación penal preparatoria (ver fs. 22/34).
2. Que, a foja 46, el Juzgado dispone (i) una compulsa en los sistemas informáticos a fin de recolectar documentación de los medios periodísticos, (ii) requerir informe al entonces ‘Comité Provincial de Seguridad Deportiva’ –COPROSEDE-, (iii) certificar lo pertinente del website del COPROSEDE, (iv) hacer saber al Ministerio Público Fiscal la existencia de la presente causa, (v) solicitar informe al ‘Centro de Monitoreo Vecinal’, y (vi) realizar impresiones de las fotografías incluidas en el efecto acompañado. Las medidas fueron cumplidas (ver fs. 51/109, 195/216, 47/50, 46 nota, 110 y 122/137).
Asimismo, se fijan audiencias testimoniales para los oficiales Matías Oros, Sebastián Mansicidor, Osvaldo Creado y Luis Cardona Griño; las que se celebraron a fs. 149/152, 157/159, 175/178 y 186/188, respectivamente. En último lugar, se reservaron en Secretaría dos CD- ROM que fueron acompañados por la Instrucción bajo el registro nº 238 del libro “Efectos”.
3. Que, a fs. 153 y 154, M. E. R. y A. D. R. designan como defensora particular a la Dra. Regina Claudia Montefusco, quien aceptó el cargo a foja 169.
4. Que, a fs. 220/226 y 392/394 se agregan las actas que acreditan la no concurrencia de los hermanos R. a los encuentros futbolísticos de los días 20/04/2012, 30/04/2012, 05/05/2012, 13/05/2012, 18/05/2012, 27/05/2012, 23/05/2012, 10/06/2012, 24/06/2012, 06/08/2012, 19/08/2012 y 02/09/2012.
5. Que, a fs. 225/226, se fijan audiencias contravencionales para M. E. R., A. D. R., S. M. S. O., R. C. S. y F. S. S.. La primera se celebró a fs. 304/307; la segunda, a fs. 263/264, la tercera a fs. 487/489, la cuarta a fs. 492/494 y la quinta a fs. 497/499, respectivamente.
6. Que, a fs. 227/229, la doctora Regina Montefusco plantea que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1º del decreto nº 1298/07; petición que fue rechazada a foja 230. Contra tal decisorio interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio; lo que también tuvo resultado adverso a la peticionante (ver fs. 245/249).
7. Que, a fs. 276/278 y 279/281, los señores A. D. R. y M. E. R., respectivamente, presentan escritos relatando sus versiones del hecho investigado.
Al primar la oralidad para este tipo de acto, conforme mi criterio, se fija audiencia ampliatoria en los términos del artículo 317 CPP para A. D. R. –la que se celebra a fs. 337/339- y se indica a M. E. R. que en ocasión de su audiencia contravencional podrá exponer todas las defensas que estime corresponder.
8. Que, a fs. 358/359, obra un informe respecto del fixture del torneo Inicial 2012/2013 del campeonato de primera división de fútbol.
9. Que, a foja 360, obra un informe del Auxiliar Letrado relativo a las constancias de cumplimiento de la cautelar administrativa.
10. Que, a foja 362, se requiere a la Instrucción y a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) que informen sobre la cautelar impuesta a los señores R.; lo que fue contestado por la Seccional III a fs. 392/402.
11. Que, a fs. 403/404, se suspendió la aplicación de la carga administrativa impuesta por el régimen de prohibición de concurrencia respecto de A. y D. R..
12. Que, a fs. 441, 442 y 443, se presentan los señores R. C. S., S. M. S. O. y F. S. S. y proponen en sus presentaciones – respectivamente- a los letrados J. S., A. P. C. y Osvaldo Juan Tevez como sus defensores particulares; habiendo exclusivamente aceptado el último mencionado.
13. Que, a foja 461, obra un informe que contiene una nota periodística del matutino La Nación respecto de la causa.
14. Que, a fs. 487/489 y 492/494, R. C. S. y S. M. S. O.
ofrecen como testigos a los señores Mario Roberto Torres, Ricardo Pablo Pyzynski y Diego Fernando Markic; cuyas audiencias se celebraron a fs. 517, 520/521 y 504, respectivamente.
15. Que, a fs. 531/538, los doctores A. P. C. y Osvaldo Tévez postulan la absolución de sus defendidos.
Arguyen que el hecho investigado es atípico respecto de las figuras de los artículos 10 y 14 de la ley nº 11.929.
En particular niegan que las acciones de sus defendidos hayan podido afectar el normal desenvolvimiento del procedimiento de seguridad ya que objetan su propia existencia.
Asimismo, entienden que los jugadores de fútbol no han alterado el orden público al alegar que los procederes de sus asistidos se produjeron una vez consumada la contravención de marras por los hermanos R..
También sostienen que las acciones de R. C. S., S. M.
S. O. y F. S. S. ocurrieron una vez agotado el proceder desplegado por los hermanos R., careciendo quien suscribe de competencia para estudiar el reproche punitivo de una eventual agresión o lesión física.
16. Que, a fs. 539/541, R. C. S., S. M. S. O. y F. S. S.
solicitan la suspensión del proceso a prueba.
Plantean que el artículo 76 bis del CPN, juntamente con los artículos 404 y 338 –inc. 5- del CPP son de aplicación supletoria en los términos del artículo 3º del decreto-ley nº 8.031/73.
Respecto de la procedencia del instituto, señalan que carecen de antecedentes penales y que cumplen con los requisitos formales del artículo 26 del CPN.
Señalan que por la naturaleza del procedimiento contravencional bonaerense, el consentimiento del fiscal no puede operar como un obstáculo formal en contra de ellos.
Cada uno de los requirentes ofrecen únicamente como reglas de conducta las previstas en los primeros tres incisos del artículo 27 bis del CPN, con más la suma de un mil pesos ($1.000,00) para ser donados a establecimientos educativos u hospitalarios del municipio.
Señalan que la interpretación del instituto debe realizarse con criterio amplio conforme el fallo in re “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 -causa N° 28/05C-.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, “Fallos” 331:858).
Formulan reserva del caso constitucional y del caso federal.
17. Que, a foja 542, se requiere al Ministerio de Seguridad Bonaerense y al Registro Nacional de Reincidencia que informen sobre R. C. S., S. M. S. O. y F. S. S., lo que fue cumplido a fs. 545/550 y 580/586.
18. Que, a fs. 552/575, la Jefatura de Policía Distrital acompaña la Orden de Servicio Especial nº 05/2012.
19. Que, a fs. 589/592, el letrado Osvaldo Juan Tévez acompaña copia simple de la resolución de archivo de la Agente Fiscal B. A. S. en la IPP nº 14-05-002751-12.
Plantea la absolución de sus pupilos procesales toda vez que -a su criterio- tal resolutivo hace los efectos de cosa juzgada en la presente causa contravencional.
Explica que “(…) sostener lo contrario e ignorar las conclusiones a las que se arribaron en sede penal, implicaría controvertir la realidad de los hechos en cuanto a la ausencia de responsabilidad de los jugadores y que su intervención fue meramente en legítima defensa ante la agresión de los hermanos R.” (el resaltado es propio).
Finalmente, requiere que la sentencia definitiva sea notificada en el domicilio constituido en autos.
20. Que, a foja 594, el Actuario glosa informe sobre la IPP precitada.
21. Que, a fs. 595/597 y 598/600, obra informe policial relativo a los hermanos R..
22. CONSIDERACIONES LIMINARES.
22.1. Al verificar que siempre hubo un Defensor Particular presente en todas las declaraciones de los imputados (vide fs. 263/264, 304/307, 337/339, 487/489, 492/494 y 497/499); corresponderá adentrarnos al fondo de los presentes obrados. Ello, en atención al estado de la causa y al haber cotejado el debido cumplimiento de todas las exigencias relativas a la garantía del debido proceso (Conf. artículo 2º de la ley nº 11.929; Capítulo V –in totum- del decreto ley nº 8031/73; 3º párrafo del artículo 308 del Código Procesal Penal, inciso 22º del artículo 75 de la Constitución Nacional, apartados “a”, “e”, “g”, del punto 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; apartados “d” y “f” del inciso 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y criterios sentados en los autos “Carfagna Dominga s/ sentencia contravencional – incidente nº 26871/III”, sentencia del 28/12/2010, Reg. Nº 3.713, Lib. Sentencias nº XXIII de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro).
22.2. A su vez, he cotejado que no existe incompatibilidad entre las defensas de los hermanos R.; cuya asistencia letrada encabeza la doctora REGINA CLAUDIA MONTEFUSCO (T. XXXV F. 412 CASI).
Lo propio puedo decir de las defensas de los jugadores R. C. S., S. M. S. O. y F. S. S., los que son asistidos por el letrado OSVALDO JUAN TEVEZ (T. XXXII F.80 CASI).
A todo evento, señalo que el artículo 94 del CPP no impide la defensa técnica de varios imputados en un único defensor.
22.3. Por otra parte, corresponde señalar que este Juzgado considera que el primer llamado a prestar declaración indagatoria - contravencional- reviste de habilidad interruptiva del curso de la prescripción (Conf. inciso “b” del artículo 67 del Código Penal de la Nación Argentina y artículo 34º del decreto-ley nº 8.031/73).
En efecto, ello es así ya que “(…) si bien en el art. 34 se prevé que ‘la prescripción de la acción (...) se interrumpirá (...), por la secuela del juicio...’, la misma normativa establece en el art. 3º que ‘Son de aplicación supletoria para los casos no previstos expresamente por esta ley las disposiciones de la parte general del Código Penal...’. De modo que el nuevo art. 67 del Código sustantivo según ley 25.990 citado rige con relación a qué actos tienen efecto interruptor en supuestos como el de autos. (…) la ley 25.990 (B.O., 11I2005) modificó las causales de interrupción de la prescripción por taxativos actos de procedimiento que enumeró en el art. 67 apartado cuarto, incs. ‘b’ a ‘e’ del Código Penal, desapareciendo a partir de entonces las dificultades interpretativas que generó la expresión ‘secuela de juicio’ contenida en el texto anterior” (SCBA, “L.,S. s/ Infracción art. 1º de la ley 11748”, P 91493, S 7-6-2006; y en igual sentido SCBA, “P.,F. s/ Recurso de queja. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, P 96532 S 23-4-2008; Basejuba, sumario nº B69933).
Habida cuenta de que el mencionado inciso “b” del artículo 67 del Código Penal le da carácter interruptivo al “(…) primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado”, y toda vez que tal acto sucedió el 01/06/2012 para todos los imputados (ver fs. 225/226), no se perfeccionó la extinción de la acción contravencional por el curso del tiempo, y por ende, deberá continuarse con el estudio de autos.
23. ANALISIS DE LA PRESENTACIÓN DE FS.
539/541.
A fin de ordenar todas las cuestiones a estudio, primeramente se tratará la suspensión del proceso a prueba.
23.1. Marco conceptual:
La suspensión del proceso a prueba es un instrumento procesal cuya finalidad es la paralización del ejercicio de la acción penal en pos del imputado, quien se obliga, por un tiempo, a cumplir satisfactoriamente determinadas medidas e instrucciones acordadas entre la Defensa y el Ministerio Público Fiscal –y controladas por el Juez-. Cumplido el compromiso, se declara extinguida la acción. Bajo estas condiciones, “(…) el acuerdo entre fiscal y defensor será vinculante para el Juez, salvo ilegalidad o irracionalidad de las obligaciones impuestas. Le quedan entonces al órgano jurisdiccional dos posibles caminos; o concede el beneficio en los términos del acuerdo, o bien lo rechaza por cualquiera de las circunstancias antes aludidas” (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala II, causa n° 19.942, “O.C. s/ recurso de queja”, 18/09/2007).
23.2. Sustento normativo:
Hay que indicar que ni la ley objeto de la presente contravención ni el decreto-ley nº 8.031/73 refieren específicamente a la suspensión del juicio a prueba.
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley nacional nº 24.316 (BO. nº 27.895 del 19/05/1994) se incorporó el instituto analizado al Código Penal de la Nación Argentina; encontrándose positivamente establecido en el Título XII del Libro I de dicho plexo punitivo.
Específicamente, el artículo 76 bis del CPN dice que “ (…) el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años...”.
A su vez, el Instituto es receptado por el CPP, el que prevé: “(…) en los casos que la ley permita suspender el proceso, a requerimiento de parte y desde la declaración del artículo 308 de este Código, el órgano jurisdiccional competente convocará a las partes a una audiencia. El acuerdo entre Fiscal y Defensor será vinculante para el Juez o Tribunal, salvo ilegalidad o irracionalidad de las obligaciones impuestas. La resolución deberá ser inmediatamente comunicada a la Secretaría de Control del Juzgado de Ejecución…” (Conf. artículo 404 del CPP, el resaltado es propio).
23.3. Análisis de la cuestión:
23.3.1. Primeramente, dejo sentado que no es obstáculo para la procedencia del instituto que esté normativamente sentado en el CPP y en el CPN. Ello en razón de una interpretación hermenéutica entre los artículos 3 del CF y 2 del RCED.
Continuando con el análisis, corresponde determinar si pueden extenderse a esta materia los beneficios penales o si, por el contrario, prima la distinción entre delitos y faltas.
En esa línea de pensamiento, es decir entre “(…)
quienes han abogado por la diferenciación ontológica entre los delitos y las faltas puede recordarse a quienes fundan la distinción en criterios naturales (como es el caso de Beccaria, Carmignani, Carrara y Feuerbach y Goldschmidt); o los que la cifran en cuestiones de antijuridicidad (como ocurre con Binding, Alimena, Goldschmidt, Rocco y Manzini); aquellos que atienden a la diversidad de riesgo (Zanardelli, Lucchini y Petrocelli); los que reparan en el elemento subjetivo (Chaveau y Hélie, Garuad, Berenini, Lanza, Negri y Massari)” (GARCÍA PULLÉS, FERNANDO; “La distinción entre delitos y faltas. El régimen jurídico circundante: una nueva y acertada doctrina de la Corte”, editorial Lexis Nexis, 2006; JA 2006-III-1206, Lexis nº 0003/012777 ó 0003/012785).
No obstante, se adelanta que no participo del criterio de los ilustres juristas.
Desde mi forma de entender la cuestión traída a estudio, tanto el derecho penal como el contravencional, participan de una matriz común resguardada por un conjunto de garantías mínimas que limitan –y coetáneamente legitiman- toda manifestación de coerción punitiva estatal. Tal conclusión se infiere en razón de que -a diferencia de los autores precitados-, no hallo diferencias sustantivas entre delitos y contravenciones.
En esta línea argumental, recuérdese que las garantías penales tienen efecto expansivo -en pos de los derechos humanos- y son aún aplicables en materia extrapenal (vgr.; CSJN, “Fallos” 330:1427, ver voto del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni).
Más aún, al no existir una diferenciación ontológica ni cualitativa con el derecho penal, son plenamente aplicables en materia contravencional e infraccional los mismos principios; como por ejemplo el de (i) inocencia, (ii) legalidad –en tanto lex certa, lex stricta et lex scripta-, (iii) lesividad –lo que excluye la tipicidad de hechos bagatelares o insignificantes-, (iv) proporcionalidad, (v) razonabilidad, y (vi) debido proceso –lo que también implica la doble instancia judicial-. En efecto, ello es así toda vez que "(…) todas las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en el que una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces, desde ese momento, ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal" (MAIER, Julio; “Derecho Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, 2004, Buenos Aires, Tomo I, pág. 548).
En el supuesto bajo estudio encontramos que la norma nacional penal participa de la misma naturaleza punitiva que la local –contravencional-, razón por la cual el instituto podría ser incorporado sólo si resulta compatible con el régimen de faltas fijado en el decreto-ley nº 8.031/73 y demás leyes especiales aplicables al caso.
Ahora bien, ello no ocurre en autos.
En efecto, destacamos que el artículo 404 del CPP alude a un acuerdo entre el Fiscal y el Defensor vinculante para el Juez; lo cual, por la propia estructura del proceso contravencional, no puede ser asimilable.
Asimismo, el CF prevé un proceso esencialmente rápido, sumario, escrito y formal; mientras que el CPP sienta sus bases sobre un proceso adversarial, oral, con una fuerte separación de funciones –especialmente entre quien instruye y persigue penalmente de quien juzga y decide la cuestión-. De ello se sigue que, al no existir un Ministerio Público Fiscal con competencia contravencional en la Provincia de Buenos Aires (conf. ley n° 12.061), el instituto exógeno no puede incorporarse satisfactoriamente. En este sentido, creo que la ausencia del dictamen fiscal no puede sustituirse judicialmente por otro acto sin desnaturalizar el propio núcleo del instituto.
Adviértase que no obra en autos ningún “Acuerdo”
susceptible de homologación, sino que se trata de una petición unilateral de los futbolistas.
También dejo en claro que el proceso contravencional no admite que un querellante o un particular damnificado controle el ofrecimiento de la defensa, ya que no pueden ser parte del proceso de faltas (Conf. artículo 133 del CF). En concreto, ni ellos ni el Ministerio Público Fiscal podrían controlar el ofrecimiento de los jugadores.
Por todo lo expuesto es que rechazo el planteo de suspensión del proceso a prueba.
23.3.2. En atención a la jurisprudencia citada en el escrito a despacho, debo precisar que lo resuelto no implica soslayar la aplicación de la ley penal más benigna, ni priorizar obstáculos rituales sobre el principio pro homine; sino que lisa y llanamente importa evitar la incorporación de un instituto extraño al proceso contravencional provincial bajo una modalidad no prevista por la ley. Sostener lo contrario implica la creación –vía interpretación jurisdiccional- de una tercera ley, distinta tanto del CF como del CPP; circunstancia que me está constitucionalmente vedada por el principio republicano de división de poderes.
Cabe recordar las palabras de Belluscio, en tanto "(…) la función de los jueces es el jus dicere y no jus condere; deben aplicar el derecho tal como es y no como estiman ellos que debería ser, respetando la jerarquía de las normas vigentes" (BELLUSCIO, Augusto; "Código Civil y leyes complementarias comentado", editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 79).
Por estas consideraciones, tampoco puedo acceder a lo peticionado.
23.3.3. Finalmente, quiero dejar en claro que lo decidido no gravita en razón de las corrientes doctrinarias referidas al instituto –las conocidas como “tesis amplia” y “tesis restringida”-; sino que se afinca en la propia estructura procesal contravencional bonaerense.
También debo indicar que lo resuelto no implica ahondar sobre el alcance que se le asigna al dictamen fiscal; sino que importa lisa y llanamente no prescindir de él; lo que me está vedado por el artículo 404 del CPP.
24. ANALISIS DE LA PRESENTACIÓN DE FS.
531/538.
24.1. Atento a los argumentos vertidos en la presentación a despacho, resta determinar si corresponde la aplicación del artículo 323º del CPP al caso bajo análisis; lo que implicará el estudio del fondo de la cuestión.
24.2. En atención al informe del Auxiliar Letrado relativo a la IPP nº 14-05-002751-12 –donde se investiga a los encartados por el presunto delito de lesiones a los hermanos R.-, y en razón de que la defensa técnica de los futbolistas arguye que “(…) ignorar las conclusiones a las que se arribaron en sede penal implicaría controvertir la realidad de los hechos en cuanto a la ausencia de responsabilidad de los jugadores y que su intervención fue meramente en legítima defensa ante la agresión de los hermanos R.” (ver foja 590), previo a ello debe establecerse el alcance que se le asigna a la copia simple de la resolución penal agregada a fs. 591/592.
Así las cosas, toda vez que la resolución de la Agente Fiscal B. A. S. de la oficina fiscal de distrito San Fernando tiene por objeto archivar su causa adoptando un “(…) temperamento expectante hasta la aparición de nuevas probanzas que den lugar a la reapertura de la investigación” (ver foja 592), su decisorio no es apto para causar estado ni para activar los efectos de la cosa juzgada. En definitiva, los motivos de la archivista no tienen efectos en la presente causa contravencional.
24.3. En este marco, la cuestión estriba en comprobar si las acciones atribuidas a M. E. R., A. D. R., S. M. S. O., R. C. S. y F. S. S. constituyen acciones típicas contravencionales en los términos de los artículos 10 y 14 de la ley nº 11.929, ley que regula el Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos, en adelante, simplemente el “RCED”.
Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 10 del RCED dispone que “(…) será sancionado con quince (15) a treinta (30) días de arresto y/o prohibición de concurrencia de seis (6) a veinte (20) fechas, quien en forma ocasional o sistemática provocare disturbios, incitare a la riña, insultare o amenazare a terceros, o de cualquier modo afecte o turbare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo”.
A su vez, el artículo 14 del RCED dice que “(…) será sancionado con cinco (5) a veinte (20) días de arresto y/o prohibición de concurrencia de tres (3) a diez (10) fechas, el concurrente, organizador, protagonista y cualquier otra persona que con sus expresiones, ademanes o provocaciones ocasionare alteraciones al orden público o incitare a ello”.
A fin de cumplir el objetivo, primeramente se valorará la plataforma probatoria común a todos los imputados en que se ciñe la cuestión a analizar.
25. EXAMEN DE LA PROBANZAS.
25.1. Primeramente corresponde señalar al acta de comprobación de foja 3, la que individualiza en el hecho a R. C. S., F. S. S., S. M. S. O., A. O. y W. E.
De la misma surge que el 15/04/2012, a las 23:00 horas, una vez finalizado el partido de fútbol, “(…) al momento de efectuarse el traslado de los jugadores de Boca desde vestuarios hasta el micro que los trasladaría de regreso a su sede […] y cuando ya los jugadores habían ingresado al micro, el jugador S. M. S. O., imprevistamente descendió del micro y comenzó a insultarse con un sujeto masculino tez blanca, de entre 20 y 30 años de edad, cabello corto, contextura delgada, de aproximadamente 1,75 metros de estatura y vestía con campera deportiva color roja con franjas verticales en ambos laterales color blanco, que se hallaba sobre la vereda, quien también lo estaba insultando; tomándose luego a golpes de puño lo que ocasionó que otros jugadores de Boca, entre ellos R. C. S., F. S. S., A. O. y W. E. desciendan también del micro, comenzando a dar manotazos y forcejeos, generándose así una reyerta en el lugar con el sujeto que lo insultara y con otro que había salido en su defensa de contextura delgada, tez blanca, entre 20 y 30 años, pelado, con bigote, de 1,70 metros de estatura y vestía con musculosa gris con vivos blancos y pantalón bombacha camuflados, debiendo personal motorizado que se hallaba en el lugar efectuar dos disparos con postas de goma al aire para que se separen y dejaran de agredirse, restableciéndose el orden en el lugar ”.
Deviene pertinente recordar que el Acta, al reunir los requisitos de rito y al no resultar debilitada por otras constancias, merece invocarse como plena prueba en rigor de los principios positivamente asidos al artículo 134 del CF (aplicable conforme al artículo 2 del RCED) y a los artículos 980 y 979 inc. 2º del Código Civil.
Al respecto, el Alto Tribunal bonaerense “(…) ha resuelto en reiteradas oportunidades —y ello es aplicable al caso de autos que el art. 134 citado sólo determina los efectos que en el terreno probatorio produce el acta de constatación policial sin invertir la carga de la prueba (P. 47.084, sent. del 14III1991, “Acuerdos y Sentencias”, 1991I728, P. 70.414, sent. del 29XII1998; P. 72.330, sent. del 17XI1999; e/o.)” (SCBA, P 74668 S 17-5-2000).
A su vez, la Corte Suprema de la Nación ha sentado sobre la validez de la norma que “(…) ella no impide al imputado aportar los elementos de información que contradigan el contenido del acta y hagan a su descargo, por lo demás, simplemente faculta, no obliga, al sentenciante a considerarla plena prueba, y no constituye, en consecuencia, sino el ejercicio de la facultad legislativa para reglamentar las garantías constitucionales sin alterar su sustancia (art. 28 de la Constitución Nacional)” (CSJN; Fallos 301:493; del dictamen del Procurador General, al que la Corte se remite).
25.2. Gran relevancia tienen los cuadros fílmicos del suceso, pues ponen de manifiesto el evento estudiado. Los mismos se encuentran reservados en Secretaría –bajo el registro nº 238 del libro Efectos- y consisten en tres (3) CD-ROMs y un (1) DVD-ROM; los que se particularizan a continuación:
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25.2.1. DVD-ROM acompañado por el CO.PRO.SE.DE.
Se trata de un DVD Sony (nº DRM5GG00001) que contiene varios archivos con material colectado por el Ente de Aplicación. Los mismos continúan verificando el hecho investigado y pueden ser invocados como elemento suficiente de prueba de conformidad al artículo 6 del RCED.
En este sentido, destacamos en su totalidad a los registros fílmicos incluidos en los archivos informáticos: (i) “CÁMARA MARTÍN.MPEG”, (ii) “INCIDENTE A LA SALIDA DE BOCA JUNIORS.MP4”, (iii) “PASO A PASO.MPEG”, (iv) “PELEA ENTRE JUGADORES DE BOCA CONTRA HINCHAS DE TIGRE (CANAL FOX).MP4” y (v) “TN.MPEG”.
Ponemos de relieve que del archivo “INCIDENTE A LA SALIDA DE BOCA JUNIORS.MP4”, desde los 55 segundos hasta los 2 minutos, 50 segundos; pueden verse y oírse a los hermanos R. –quienes claramente pronuncian los improperios que les fueron endilgados- seguido de la riña con los jugadores profesionales F. S. S., R. C. S. y S. M. S. O.
Cabe poner de manifiesto que las mismas personas que fueron indagadas son las que veo en los videos.
25.2.2. Primer CD-ROM remitido por Instrucción.
Se trata de un CD-ROM LG Blanco nº LA110245628002 que contiene los mismos registros que el DVD acompañado por el CO.PRO.SE.DE.
25.2.3. Segundo CD-ROM enviado por Instrucción.
El CD-ROM TELTRON nº 07142106 contiene únicamente el archivo de video “INCIDENTES VESTUARIO TIGRE.AVI” que da cuenta del suceso desde un ángulo mas lejano.
25.2.4. CD-ROM acompañado por los hermanos R..
El CD-ROM Ultra IPC nº 07066110 contiene un archivo de video –“HINCHAS DE TIGRE AGREDIDO POR LOS JUGADORES DE BOCA (TELEFE).MP4”- sobre una entrevista realizada por el programa “Baires Directo (BD)” a A. R.; quien expone (i) haber estado en el hecho vestido con una campera roja, que (ii) su hermano estaba con él, que (iii) había oído un rumor por el que el jugador M. denigraba a los hinchas del CAT, razón por la cual lo esperaba a la salida del vestuario para insultarlo, que (iv) M. no salió por ahí, pero que ve a S. M. S. O. insultar y “hacer señas”; y que (v) F. S. S. le escupe un chicle desde el micro.
Cabe resaltar que ni del video analizado en este apartado ni de los restantes se ve a M. en el suceso –por lo que cabe inferir que no participó en él-. Por lo demás, no hay elemento alguno en autos que compruebe el rumor marcado por el entrevistado.
También se destaca que puede verse desde los 07:46 minutos hasta los 07:51 minutos de éste video a F. S. S. escupiendo el chicle alegado por la defensa de los hermanos R..
25.3. También es de gran valor la declaración -en sede policial- del Oficial Principal Carlos Dante Mansicidor, quien tras averiguaciones pudo determinar que los simpatizantes del CAT que se ven en el video del CO.PRO.SE.DE. descriptos en el acta eran los señores M. E. R. y A. D. R. (ver foja 11), quienes si bien son simpatizantes del CAT, no se encuentran asociados a dicha institución (ver informe de foja 12).
25.4. También se suma a la prueba de cargo las declaraciones testimoniales producidas en autos.
25.4.1. Concretamente, son de gran valor los dichos del subcomisario Luis Cardona Griño, quien expone: “(…) Ese día, una vez finalizado el encuentro entre Tigre y Boca, me avoco a sacar a la hinchada de Boca (…) Una vez que certifico que la hinchada de Boca está en una distancia óptima, efectúo la desconcentración de la hinchada local, demandando eso 20 minutos aproximadamente. Cuando veo que no hubo inconvenientes entre las hinchadas me traslado (…) por el interior de la cancha y llego a la zona de vestuarios donde todavía estaban los planteles, árbitros y personal del antidoping. Permaneciendo yo en el sector de vestuarios a la espera de que ellos tiendan a retirarse de la cancha. Cuando el plantel de Boca estaba en condiciones de retirarse, salgo al exterior del estadio por la calle Fachello y observo en la zona gran cantidad de periodistas –acreditados en las transmisiones-, vecinos, curiosos y demás. No había un clima hostil. Procedemos a sacar a los jugadores de a uno, con el personal que había en ese momento desde el estadio al micro. Normalmente no había pasado un incidente de ningún tipo. Hacían notas [periodísticas a] los jugadores y así los llevamos hasta el micro. Subieron todos al mismo. Particularmente yo no escuché las agresiones de los imputados pero en un momento dado, cuando estábamos en la inmediación del micro, S. M. S. O. desciende y empieza a forcejear con uno de estos muchachos. Seguido por R. S. y F. S. S.. No me acuerdo si había otro. El personal motorizado que estaba en el lugar –aparte del personal de a pie- procede a hacer uno o dos disparos a fin de aplacar la turba que se había generado logrando reestablecer el orden. Luego pudimos subir a los jugadores al micro y los retiramos de la zona. Había tanta gente que en ningún momento tengo contacto visual con los agresores, si no fuera por los videos no los puedo identificar. No me avoqué en ese momento a ver con quien había discutido ese muchacho, sino a controlar la situación y reestablecer el orden” (el resaltado es propio).
25.4.2. A su vez, coincide el sustrato fáctico antedicho con la perspectiva del sargento Esteban Matías Ezequiel Oros.
Él indica que ese día “(…) los jugadores no querían salir.
Los subimos [al ómnibus] pese a que ya estaban esos dos muchachos que los cargaban verbalmente. Al subir todo el plantel, yo voy a la moto porque hacía el acompañamiento. En un momento, veo que se abre la puerta y todo el plantel se bajó del micro contra estos dos muchachos. Ahí se desarrolló el incidente” (ver foja 149). Respecto de las expresiones verbales señala que “(…)
eran bastantes. Decían los hinchas ‘perdedores’, ‘fracasados’…” (ver foja 150).
25.4.3. Idéntica relevancia adquiere la declaración testimonial del sargento Sebastián Gustavo Mansicidor, pues refiere: “(…) nosotros [refiriéndose a él y a Oros] estábamos adelante del micro como para indicarle el recorrido y ahí vemos que los jugadores bajan del micro -el que se encontraba mirando para Av. Libertador sobre Pasteur- y se agarran a puños” (ver foja 158).
25.4.4. Cabría agregar, además, que el Comisario Osvaldo Andrés Creado alude a las mismas circunstancias de hecho. Manifiesta “(…) recibimos a los Jugadores en Faccello y Pasteur, quedando los micros estacionados sobre Pasteur. Ese día, cuando terminó el partido, primero se fue la gente de Tigre. Aunque algunos se van caminando, otros en micro. Se comenzó a llevar a la gente de Boca sobre la vereda, de a tres o a cuatro jugadores hacia el micro, acompañado de personal policial. Ello, debido a que había mucha gente sobre la calle, mucha prensa y particulares también. Varios jugadores se sacaron fotos con gente que estaba ahí y cuando llevábamos a S. M. S. O había un grupo que le gritaba cosas a R. C. S. y a S. M. S. O. Le gritaron Uruguayo Fracasado, muerto de hambre; y se enojó. Ellos le hacían gestos a la gente y logré subirlos al micro. El último en subir fue O.; mientras que el técnico daba una conferencia con periodistas metros atrás. Ahí lo agarro a O. del brazo, llevándolo al micro; quedando personal policial con el técnico para acompañarlo. Cuando estábamos llegando a la puerta del micro, las cargadas seguían. Eran de dos muchachos que estaban en el medio de la gente. Fue ahí que abrieron la puerta del micro y se bajaron F. S. S., S. M. S. O., R. C. S. y E. O. no llega a subirse. No me acuerdo si bajó algún otro. Cuando se bajan los jugadores hay gente de seguridad de Boca que trataron de pararlos a los jugadores pero éstos arremetieron hasta llegar a los provocadores. Ahí primero empieza S. M. S. O. a pegarles y luego se suma el resto de los que se bajaron…” (ver fs. 175/176, el resaltado es propio).
25.4.5. Asimismo, interesante es la declaración del señor Ricardo Pablo Pyzynski -Gerente de Seguridad del CABJ-.
El testigo alude a las deficiencias del operativo de seguridad y relata: que “(…) finalizado el encuentro, desde la zona de vestuarios hacia la calle hay un portón que comunica, de aproximadamente 50 metros -un pasaje- desde el portón al micro donde ascienden los jugadores. Al ir saliendo los jugadores al micro, ese sector estaba muy oscuro, casi sin seguridad y con mucha gente, tanto de periodistas como simpatizantes. Mientras salían, la gente tomaba a los jugadores para sacarse fotos -medio a la fuerza-, todo de forma brusca. Hasta ese momento no había pasado nada. Al salir algunos jugadores al micro, comenzaron a ser agredidos verbalmente; sin perjuicio de lo cual se enfilaron al micro y subieron. Mientras tanto, seguían siendo víctimas de agresiones verbales todo el tiempo y con golpes en el micro. Esta situación duro algún tiempo, agravándose con el correr de los minutos. En un punto determinado, estalló la situación y los jugadores descendieron del micro. (…) Una vez que bajan los jugadores, como seguían los insultos, hasta les escupen y les tiran patadas, lo que hace que toda esta circunstancia me desborde. Ahí se produce la fricción que dura uno o dos minutos” (ver fs. 520/521).
25.4.6. Por otra parte, Mario Roberto Torres (ver foja 517) y Diego Fernando Markic (ver foja 504) describen el suceso de manera similar; sin embargo aluden a una supuesta “patada” por parte de uno de los hermanos R.. Debo señalar que ello no es verificable por el acta inicial, ni por los videos obrantes en autos, ni por las restantes declaraciones –a excepción de la de Ricardo Pablo Pyzynski-. Por tal razón, no puedo tener por probado dicho extremo alegado por la defensa.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, debo señalar que es por lo menos curioso -y contradictorio- que Mario Roberto Torres haya visto que uno de los R. haya lanzado un puntapié, pero que preguntado para que amplíe e individualice cuál de los dos fue, haya expresado: “(…) en ese quinoto que había no lo vi” (ver foja 517 vta.).
25.5. Del material fotográfico contenido en el DVD-ROM remitido por el CO.PRO.SE.DE., impreso y certificado por el Actuario a fs. 122/136, también puede probarse el asunto estudiado.
A fs. 123 y 124 se observa parte de los disturbios.
A foja 127 puede advertirse a F. S. S. en una actitud hostil.
Claramente a foja 128 puede verse a F. S. S. y a S. M.
S. O. abriéndose paso en el tumulto una vez que bajaron del micro.
A foja 129 puede ubicarse a F. S. S. en el hecho.
A foja 135 puede verse a S. M. S. O. golpeando a alguien que no puede verse –presumiblemente a uno de los hermanos R.-.
Asimismo, en la fotografía de foja 136 se ve claramente a Ricardo Pablo Pysynski (del lado izquierdo), tratando de evitar que S. M. S. O. y F. S. S. (de espaldas, centro de la foto) lleguen al lugar donde estaban los hermanos R. (de frente, al centro de la fotografía).
25.6. En otro andarivel probatorio –pero en idéntico sentido-, pueden instalarse como indiciarios los artículos periodísticos referidos al hecho; los que, por otra parte, dan cuenta del mismo suceso –con diversos matices-. Se señala -entre ellos- a Reuters (ver foja 64), Infobae (ver fs. 51/52 y 106), Ámbito (ver foja 89), La Nación (ver fs. 53/54), Clarín (ver fs. 107/108), Olé (ver fs. 65/66 y 73), La Razón (ver fs. 95/97), La Tercera (ver fs.55/56), La Gaceta (ver fs. 90 y 98), La Capital (ver fs. 57/58 y 74), ESPN (ver fs. 59/62), El Día (ver fs. 63 y 102), Opinión Calificada (ver fs. 67/68), Diario Hoy (ver foja 103), Planeta Boca Juniors (ver fs. 75/82), Agencia Federal de Noticias DERF (foja 83), El Comercio Online (ver foja 88), Primicias (ver foja 93), Cielo Sports (ver foja 94), etc. Lo propio hizo el zonal “Crónica y Análisis” (ver foja 101).
Corresponde señalar que “La Nación”, en el artículo del día 16/04/2012 titulado “Un fútbol con estados alterados”, el periodista Christian Leblebidjian -luego de relatar su versión del suceso- revela que el señor Rodolfo Arruabarrena -Director Técnico del plantel de Primera División del CAT- y Diego Markic –entonces, su ayudante- tuvieron que “entrar en la batalla” (SIC) para calmar a los jugadores (ver foja 54).
25.7. Otro punto a considerar son los dichos vertidos por los demandados en las audiencias celebradas en autos.
25.7.1. Respecto de A. D. R. cabe indicar que, por consejo de su defensora, se abstiene de declarar en su audiencia contravencional (ver fs. 263/264). Lo misma actitud procesal ha tenido M. E. R. (ver fs. 304/307). Ahora bien, a posteriori, A. D. R. declara en los términos del artículo 317 del CPP (ver fs. 337/339) y relata una versión fáctica bastante distinta. Puntualiza: “(…) terminado el partido, vamos con mi hermano a la salida (…) para sacarnos fotos con los jugadores de Tigre (…). Había chicos e hinchas (…) esperando la salida (…) para sacarse fotos. Los jugadores [del CABJ] salieron enojados, seguramente por la forma en que salió el partido, y no solamente no se sacaron fotos con esos chicos; sino que nos maltrataban y empujaban. Entonces, yo y gente que estaba cerca, le empezamos a pedir que trate bien a los chicos y a la gente mayor. Los jugadores escucharon esto, pero lo ignoraron totalmente y subieron al micro. Una vez arriba, yo ya pensaba volver a mi casa y escucho que golpean la ventanilla del mismo micro de Boca y al mirar eran S. M. S. O., el que me hacía gestos con el dedo pulgar hacia abajo. Como indicando que nos estábamos por ir a la “B”. Eso me hizo enojar mucho y comencé a hacerle señas hacia el y decirle algunas cosas. Luego F. S. S., que estaba en la puerta del micro, también de la nada me ve, y me empieza a insultar. Por eso, después lo insulto y él –F.S.- me escupe un chicle. Entra gente a separar, hinchas que estaban por ahí, y al darme cuanta que no daba para más la situación le digo a mi hermano para irnos (…). Cuando estábamos retornando, escucho a la gente gritar. Cuando me doy vuelta a ver el micro de Boca otra vez, veo que bajaban [otra vez] los jugadores. (…). Se me acercaron todos juntos (…).S. M. S. O me tira una piña que me pega en la oreja izquierda. Yo tan solo atiné a cubrirme, porque después de S. M. S. O, todos los compañeros de él empezaron a pegarme hasta que caí al piso. Una vez en el piso me patearon…”.
Si bien tal exposición contiene varias defensas que serán tratadas al momento de analizar sus conductas, desde ya dejo sentado que carece de sustento probatorio que a la salida del Estadio y de forma previa a subir al micro, los jugadores del CABJ maltrataban al público en general –incluyendo a los hermanos R.-, y que ellos les habían solicitado al plantel –y a los futbolistas- que traten de forma adecuada y respetuosa a niños y a gente mayor. Tales extremos no pudieron ser contrastados exitosamente con las restantes probanzas.
Asimismo, dejo en claro que sus dichos en el punto relativo a que una vez enfrentados los grupos, O. lo agarró y empujó; tampoco pudo ser verificado con las restantes pruebas. Lo propio ocurre respecto de las conductas de E., O., C.e I.
Había gente insultando y no había vallados. (…) Salgo, y había dos pibes muy sacados (…). Ellos nos seguían desde que salimos hasta que llegamos al micro. Primero insultaron a S. M. S. O., le decían muerto de hambre, uruguayo fracasado. Después a R.S., porque hizo un gol en contra. Le decían muerto, fracasado, como cargándolo. Ninguno de nosotros hizo nada, pasamos callados y subimos al Micro; pero esos pibes insultaban terriblemente. Otra gente que estaba ahí también insultaba, pero ellos eran los que mas lo hacían. (…) Ese día, los hinchas del CAT me vieron por la ventana de abajo del micro y me seguían insultando. Salgo por la ventanilla y les pido que me dejen de insultar. Igual no pararon. Después largué justo un chicle que tenía en la boca, hacia ellos. Pero no les pegué ni nada. Fue por mi instinto de bronca. Entonces ellos me escupen, así que tuve que cerrar la ventanilla. Cuando miro para atrás, veo que mis compañeros bajaron del micro y veo que uno de esos chicos me decía con las manos "vengan" y gritaba algo. Como para que peleáramos. Los de seguridad nuestra nos retenían para no pelear y uno de ellos largó una patada. Ahí se arma el tumulto y yo quedé en la parte de atrás y los chicos corrieron para la calle. Los policías tiraron tiros y no se bien que pasó, porque yo ya había quedado muy atrás de todo y los chicos se fueron enfrente del micro cruzando la calle. Después nos subimos al micro otra vez (…) y nos fuimos” (ver fs. 497/499, el resaltado es propio).
25.7.3. En la misma tónica deben ponderarse los dichos de R. C. S. quien expuso que “(…) ese día, esperamos para salir a que se termine el control antidopping. Cuando salimos de la cancha vimos que no había cordón policial, que hay unos 50 metros libres hasta llegar al colectivo, es una calle cortada. Saliendo había mucha gente de CAT que no sé que hacía ahí porque había terminado el partido, insultándonos, escupiéndonos. Mas que nada contra el Tanque S., que le decían muerto, uruguayo fracasado, etc. Llegamos al colectivo. Dos chicos estaban muy nerviosos. Nos siguieron desde la salida del vestuario hasta el colectivo. Nosotros subimos y veo que se bajan algunos compañeros. Me bajo a lo último y se veía que estaban estos chicos con otras personas, insultando, agrediendo, invitándonos a pelear. En un momento, uno de ellos tira una patada pegándole a Precinsky [Pysynski] -de Seguridad de Boca- quedando de espaldas a nosotros y ahí se arma un tumulto. Yo salté a defender a mis compañeros. Tiré una piña pero no pegué. Había dos policías que no pudieron hacer mucho” (ver fs. 493/494, el resaltado es propio).
25.7.4. Similar versión de los hechos surge de la declaración de su compañero S. M. S. O. (ver fs. 487/489), quien también sostiene que los hermanos R. les habrían pegado una patada inmediatamente antes de la gresca; evento que –ya dejo sentado- no se ha confirmado con las restantes probanzas.
26. OBSERVACIONES SOBRE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD.
26.1. Planificación.
Los lineamientos del operativo de seguridad para el encuentro futbolístico estudiado fueron trazados en la orden de servicio especial nº 05/2012 del 09 de abril de 2012 de la Jefatura Distrital San Fernando.
Los roles son allí claramente definidos, siendo dicha jefatura el ‘Órgano Superior de Comando, Coordinación y Control’ de todo lo concerniente a las actividades preventivas; mientras que la Seccional III de San Fernando, la comisaría jurisdiccional. También intervendría personal de Infantería y Caballería.
Del radiograma de fs. 567/569 surge que, a fin de cubrir el evento, quedaban en ‘servicio de cancha’ 4 comisarios (correspondiente a las 4 seccionales del partido), 12 Oficiales Principales, 96 oficiales subalternos, 5 móviles y 10 motos. A ellos se sumarían 98 efectivos de Infantería dentro del sistema Policía Adicional (ver volante D.S.D. nº 1373/12 de foja 571) y 18 efectivos de la Sección Mecánica Pesada de la Dirección de Automotores (ver volantes DSD nº 1357/12 y nº 1359/12 a fs. 572 y 573; respectivamente. En este último volante también se preveían 18 ‘valleros’ y 180 vallas).
De la reunión del 13 de abril de 2012 entre Horacio Alberto Piazzale -Titular de la Jefatura San Fernando-; Luis Cardona Griño –entonces Titular de la Seccional III de San Fernando-; Carlos Alberto Brites –Titular de la Seccional I de San Fernando-; Osvaldo Creado –Titular de la Seccional II de San Fernando; y Luis Sarabia –Titular de la Seccional IV de San Fernando- surge el compromiso de adoptar las medidas dispuestas por el COPROSEDE, quedando a cargo del sector conflictivo el comisario Osvaldo Creado (ver acta de foja 574).
26.2. Ejecución.
Respecto del cumplimiento del operativo, cabe recordar lo gráfico del testimonio de Sebastián Gustavo Mansicidor, quien dice “(…) previo al incidente, solo estaba el sub-comisario Cardona” (ver foja 158).
A ello debe sumarse que al momento del hecho no había separadores, cordones ni vallas de ninguna especie que evite el contacto entre el plantel y los espectadores (ver fs. 150, 158 y 177).
A su vez de las expresiones de Ricardo Pablo Pyzynski surge que el sector era oscuro –por lo que las luminarias del sector eran insuficientes- (ver fs. 520/521).
Asimismo es pertinente señalar que Osvaldo Creado alude a que el personal de Caballería no estaba en ese lugar cuando debía estarlo (ver foja 176).
Tales dichos son ampliamente verificables con todos los videos colectados.
En esta línea también debe enmarcarse el informe de la señora Jefa de Despacho de foja 110, en cuanto indica que la Central de Monitoreo y Vigilancia municipal no cuenta con una cámara de seguridad que pueda captar la intersección de las calles Faccello y Pasteur.
26.3. Desenlace.
De la lectura del informe del COPROSEDE de fs. 197/216 resulta que, a raíz del incidente investigado, se reunieron el Secretario Ejecutivo del COPROSEDE, el Presidente del CAT, el Comisario General de la Superintendencia de Seguridad de Zona Norte, el Jefe de la Distrital San Fernando y el Titular de la Comisaría III de San Fernando (Victoria) y resolvieron modificar el operativo de seguridad a fin de garantizar el egreso del estadio. En pos de tal empresa, implementaron un “Corredor de Seguridad” –de fenólico opaco- que impediría el contacto entre los protagonistas (jugadores y árbitros) de los representantes de prensa y demás concurrentes (ver especialmente fs. 214/215).
27. SUSTENTO FÁCTICO.
En definitiva, analizando la prueba recolectada en autos -siguiendo las reglas de la sana crítica (Conf. artículo 136 del decreto-ley nº 8.031/73)-, llego a la firme e íntima convicción de que el día 15/04/2012, más precisamente al promediar las 23:00 horas, en ocasión de la finalización del espectáculo deportivo futbolístico correspondiente al Torneo Clausura 2012 de Primera División celebrado entre el CABJ (Visitante) y el CAT (local), en el sector de ingreso a vestuarios del Estadio local, sito en las calles Faccello y Pasteur de la localidad de Victoria se cumplían una serie de medidas de seguridad; las que, de conformidad con el devenir de los hechos, resultaron insuficientes.
Pese a que en la orden de servicio especial nº 05/JDSF/2012 se disponía el despliegue de gran cantidad de personal policial - juntamente con vallados de seguridad-, lo cierto es que su ejecución fue muy distinta. Minutos antes del hecho sólo se encontraba visible el comisario Luis Cardona Griño asegurando la salida. Ello, mientras que los oficiales Osvaldo Andrés Creado, Esteban Matías Ezequiel Oros y Sebastián Gustavo Mansicidor custodiaban a cada uno de los grupos de tres o cuatros jugadores que transitaban el trayecto de vestuarios al micro, sobre la calle Facello –es decir, fuera del Estadio-.
También está probado que en el camino fueron insultados por los simpatizantes del CAT y que finalmente pudieron subir al autobús de traslado.
Mientras avanzaba la situación, aumentaba la tensión dentro del micro toda vez que los jugadores seguían siendo agraviados por los dos simpatizantes del CAT, quienes estaban al pie del ómnibus gritando todo tipo de improperios.
Mas específicamente, está probado que el señor A. D.
R. gritó las expresiones: ¡la concha de tu madre!…¡Fracasados!… ¡Uruguayo fracasado!. ¡Muerto de Hambre!... ¡Uruguayo puto!, ¡chupame un huevo! ¡Dale puto!” (SIC.), dirigidas al plantel visitante y especialmente al señor S. M. S. O.. Lo propio hizo M. E. R. quien coetáneamente profirió una multiplicidad de insultos con iguales destinatarios, mientas alzaba su brazo –moviendo la mano- como indicando sus intenciones de golpearlos (ver fs. 175/176, 149 y videos obrantes en la causa). Así las cosas, el suceso transitó por un punto de inflexión cuando los jugadores, encolerizados, bajaron del transporte y se dirigieron a los dos hinchas del CAT, formándose así una aglomeración violenta de personas que no pudo ser controlada por el operativo policial de prevención.
Luego de un breve intercambio de palabras, los señores F. S. S., R. C. S. y S. M. S, O. respondieron físicamente a las agresiones verbales de los simpatizantes del CAT, golpeando a los hermanos R. e iniciándose así la breve – pero intensa- gresca, en la que intervinieron los nombrados y otros jugadores y miembros del plantel.
También encuentro probado que los pocos policías que quedaban debieron dejar de hacer las tareas que tenían asignadas por el operativo para avocarse a contener inmediatamente la riña (ver fs. 149/150 y 158). De los videos surge que los oficiales Osvaldo Creado, Sebastián Gustavo Mansicidor y Esteban Matías Ezequiel Oros, estaban en las inmediaciones y se acercaron rápidamente al lugar donde transcurría la reyerta -para detenerla-. Incluso, en pos de tal cometido, este último policía debió realizar tres disparos intimidatorios al aire con balas de goma. Debe especificarse que, salvo sobre S. M. S. O., R. C. S.
y F.S. -que claramente intervenían en el hecho- no se pudo establecer con grado de certeza quienes estaban tratando de contener la situación de quienes, por el contrario, se sumaban a la gresca. Especialmente me refiero a los jugadores A. I. O., J. M. I. y W. D. E. R., entre otros. Adviértase que, sobre ellos, nunca dirigí la acción contravencional. A su vez, también tengo probado que Valentín Pacheco –Jefe de Seguridad del CAT-, Ricardo Pablo Pysynski –Gerente de Seguridad del CABJ-, Rodolfo Arruabarrena y Diego Markic colaboraron para reestablecer el orden una vez trabada la riña.
28. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE LOS HERMANOS R..
A fin de ordenar las cuestiones a estudio, primeramente analizaremos la tipicidad en relación al artículo 10 del RCED.
28.1. Bienes jurídicos tutelados por la figura.
28.1.1. Históricamente, las figuras estudiadas se encontraban establecidas en el Capítulo VI del decreto-ley nº 8.031/73 que fijaba las faltas “contra el ejercicio regular del deporte”, siendo este el principal bien jurídico guarecido.
El RCED derogó tal capítulo toda vez que estableció en su cuerpo un nuevo catálogo de figuras susceptibles de reproche contravencional bajo el Capítulo I del Título I, llamado “Régimen Contravencional”.
Lamentablemente, el título empleado por el legislador no permite una rápida individualización del bien jurídico tutelado al apartarse de la fórmula contenida en el CPN –y en el decreto ley nº 8.031- en tanto no agrupa las figuras típicas en razón del objeto de su prohibición, es decir en ‘delitos contra…’.
Por consiguiente, pasaremos revista de los fundamentos del RCED en cuanto indica que “(...) se trata de organizar un sistema destinado a erradicar los hechos de violencia que rodean al desarrollo de los espectáculos, sea tanto en los ámbitos en los cuales tienen lugar las competencias, como los hechos que se suscitan en sus inmediaciones, antes, durante y después de realizadas las mismas” (Fundamentos de la ley n° 11.929).
Asimismo, de su debate parlamentario se desprende que el proyecto “(…) persigue dar un principio de solución a una situación que viene de larga data y creciendo con intensidad alrededor de los espectáculos deportivos, en especial el futbolístico (…) La iniciativa pretende, aunque más no sea, incorporar un peldaño en la permanente lucha por la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos, lo cual, en definitiva, redundará en beneficios para el deporte mismo y por ende para la sociedad toda” (CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, “Diario de sesiones”, 14ª sesión ordinaria, 22/08/1996, págs. 4160/4161; el resaltado es propio).
Así las cosas, entiendo que la conducta prevista en el artículo 10 es de peligro abstracto, cuyo bienes jurídicos tutelados son (i) la ‘seguridad pública’ –entendida como “(…) la estructura de resguardo colectivo, es decir ‘...el complejo de las condiciones garantizadas por el orden público, que constituyen la ‘seguridad de la vida, de la integridad personal, de la sanidad, del bienestar y de la propiedad, como bienes de todos y de cada uno independientemente de su pertenencia a determinados individuos’ (LL, t. 2, pág. 869, 23/8/38, cit. por Estrella, Oscar y Godoy Lemos, Roberto, Código Penal. Parte Especial –De los delitos en particular, t.3, ed. Hammurabi, Bs.As., 2000, pág. 56)” (C. A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A., Sala I; “N.N. (Suipacha 524) s/Infracción Ley 255- (Art. 29 LPC)”, 12/11/2004, causa nº 383- 00/CC/04, sentencia nº 415 – 04), (ii) el ‘orden público’, (iii) el ‘normal desarrollo de un espectáculo público deportivo’ y (iv) la ‘tranquilidad pública’ es decir, el derecho a "(…) poder disfrutar sin riesgos, sobresaltos o temores de los demás derechos constitucionales...; ello impone dos consecuencias: a) el derecho a exigir una acción preventiva por parte del Estado a fin de impedir atentados contra los derechos constitucionales, provengan éstos de particulares o de agentes públicos; y b) el derecho a exigir, también, una acción represiva si se producen los ataques no evitados para castigar a los infractores" (SAGÜÉS, Néstor Pedro; "Elementos de Derecho Constitucional", Tomo 2, pág. 374).
Adviértase que todos ellos son bienes supraindividuales, de naturaleza difusa y por consiguiente, que pueden ser gozados por el pueblo de forma general y de manera indeterminada.
Dejo en claro que no tutela ni la integridad física de un sujeto en particular, ni su honor u honra personal; sino que, lejos de ello, protege estos bienes colectivos.
Así la cosas, concierne denotar que todos los bienes reseñados son constitucionales y atendibles en un estado constitucional de derecho.
28.1.2. Cabe puntualizar que los improperios dirigidos a una persona determinada no constituyen por sí mismos un atentado al orden público; pues no son hábiles para activar la instancia contravencional -sino la penal-. Para que un insulto pueda quedar subsumido por el tipo contravencional, debe trascender el ámbito de la ofensa privada y tener una incidencia colectiva.
Los insultos proferidos, lejos de ser violaciones intrascendentes a la ley, implicaron mermar ostensiblemente la paz social y el orden público local de dos formas. Una, toda vez que fueron gritados en la pasividad de la noche y en un lugar abierto –zona residencial de la localidad de Victoria-; y la segunda, al momento en que los jugadores reaccionaron y se enfrentaron a los hinchas del CAT. He allí su gravedad y su incidencia social.
28.1.3. Tal como fue adelantado, al examinarse una contravención de peligro abstracto, se deberá reflexionar que “(…) en estos delitos no sólo se debe comprobar la realización de una acción que supere los límites del peligro permitido. Además se requiere que la acción haya representado un peligro para un determinado bien jurídico. Este peligro —como se ha visto— puede ser concreto o bien abstracto” (BACIGALUPO, Enrique; “Derecho Penal Parte General”, 2º edición, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 312).
En autos, la peligrosidad está latente desde que los hermanos R. gritaran los improperios y es determinante en la configuración de la figura. La protección es anticipada en determinados bienes que necesitan especial amparo, - vgr. la tranquilidad pública, el orden público, la seguridad pública, etc.-. En tal sentido, la mera posibilidad de que por decir esos improperios en un ambiente apasionado –en la salida de un Estadio tras un encuentro futbolístico-, algún sujeto matara o lesionare gravemente a otro son situaciones potenciales que exteriorizarían el peligro concreto de ésta figura de peligro abstracto. Repárese que éstos espectáculos deportivos, por riesgosos, están sujetos bajo el estricto poder de policía provincial y municipal. Cuadra poner de manifiesto que tal situación, al producir inquietud social, perturbó la tranquilidad vecinal del pueblo sanfernandino -en horario nocturno-, así como también, turbó la normal desconcentración en circunstancias de la finalización de un espectáculo deportivo.
Finalmente, cabe puntualizar que la seguridad pública se vio sumamente, al punto tal que las autoridades de la fuerza policial debieron disparar al aire para restablecer el orden.
28.2. Estudio típico:
28.2.1. Bajo éste acápite se analizara si el Hecho se encuentra subsumido en el tipo establecido en el artículo 10º del RCED.
La materialidad de la contravención requiere que (i) con motivo o en ocasión de un encuentro deportivo, (ii) se verifique una conducta específica –provocar disturbios, incitar a la riña, insultar o amenazar a terceros, o bien afectar o turbar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo-.
Lo expuesto se verifica en el plano fáctico con las expresiones clamadas por A. D. R. y M. E. R. –anteriormente particularizadas-; las que, a mi parecer, son insultos, toda vez que son ofensivas y tienen la clara finalidad de irritar al plantel visitante y principalmente al señor S. M. S. O..
Como se ha dicho, la norma describe un tipo de los denominados ‘de peligro abstracto’; y se consuma con la sola realización de los actos elegidos por el legislador como objetivamente idóneos para poner en peligro el bien jurídico tutelado. En el supuesto sub-examine, los insultos.
Respecto de la conexión temporo-espacial con el espectáculo deportivo –elementos normativos del tipo-, se recuerda que el hecho se perfeccionó en ocasión del operativo de seguridad de salida del Estadio local, tras el encuentro futbolístico del 15 de abril de 2012 celebrado entre el CAT y el CABJ, relativo al Torneo Clausura del campeonato de Primera División “A” organizado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), circunstancia que queda comprendida por el artículo 1 del RCED.
Desde el aspecto subjetivo del tipo, se patentiza el dolo directo de ambos sujetos. Ellos estaban esperando a los jugadores del CABJ para agraviarlos –adviértase que permanecieron en la zona aún cuando el plantel del CAT – el equipo por el que simpatizan- ya se había retirado (ver foja 175)-. Más aún, en la entrevista periodística que acompañó la propia defensa –Programa ‘Baires Directo’ (BD) de Telefé- surge el motivo por el que se encontraba allí: insultar a M. (ver del minuto 01:00 al 01:25 del archivo ‘HINCHAS DE TIGRE AGREDIDO POR LOS JUGADORES DE BOCA (TELEFE).avi’). Como él se había retirado con su auto particular (ver foja 188), decide insultar a los restantes miembros del plantel que están a su alcance, ensañándose principalmente con S. M. S. O.
Corresponde así tener presente la jurisprudencia sobre el tema, en cuanto es conteste en que “(…) se encuentra debidamente acreditado en la causa la responsabilidad del imputado en la comisión de las contravenciones que se le atribuyen, cuando existe una clara incitación a la riña, provocando una alteración del orden público, habiendo participado activamente en la ejecución de las faltas tipificadas por la ley” ("M., A. F. C. s/ infracción arts. 10, 14, 24 de la ley 11.929", 25/11/1998, elDial W11054).
28.2.2. Sin perjuicio de que ya se ha verificado el aspecto material del tipo –como ya se ha desarrollado precedentemente-, es preciso indicar que las conductas también están comprendidas por el RCED bajo otras variantes típicas más; pues, por ejemplo, con sus acciones han provocado disturbios.
Incluso, respecto de M. E. R., el tipo establecido en el artículo 10 del RCED se verifica toda vez que ha incitado a la riña con gestos físicos –con la mano en clara invitación a pelear, ver considerando 27-; circunstancia general que devino –ulteriormente- en la gresca.
Toda vez que ya se ha desarrollado una modalidad de la figura –insultar a terceros-, resulta ocioso explayarme en las demás.
28.2.3. De éste modo, habiéndose cotejado los elementos descriptos en el tipo contravencional; la subsunción legal en el artículo 10º del RCED luce ajustada a derecho.
28.3. Sobre la antijuricidad.
28.3.1. En la presentación de fs. 276/278 y 279/281, los hermanos R. plantean que sus conductas están justificadas toda vez que se encaminaron a través de una doble vía. Por un lado en el ejercicio de la legítima defensa y por el otro, en el ejercicio legitimo de un derecho –la dignidad-. A fin de argumentar sus defensas, relatan una serie de circunstancias, a saber: que (i) los jugadores de CABJ insultaron a M. E. R. toda vez que se encontraban enfurecidos por la derrota sufrida en el espectáculo, que (ii) ellos “maltrataban” a todas las personas que se encontraban en el hecho; que (iii) S. M. S. O hizo un gesto con el pulgar hacia abajo indicando que el CAT descendería de categoría y que (iv) F. S. S. profirió insultos y les escupió un chicle.
28.3.2. Amén de lo planteado, la legítima defensa no puede ser invocada satisfactoriamente en el caso bajo estudio.
Corresponde recordar que requiere para su procedencia (a) la verificación de una agresión ilegítima; (b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la (c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende (Conf. inciso 6 del artículo 34 del CPN).
Así las cosas, en el supuesto bajo análisis no se verifica una agresión ilegítima por parte de los jugadores de forma previa a las agresiones de los hermanos R..
En efecto, no surge probanza alguna que de cuenta de actos de “maltrato” ni de expresiones agraviantes por parte de los profesionales de forma previa a las proferidas por los R.. Respecto del chicle, si bien se encuentra acreditado el hecho de haber sido escupido por F. S. S. –y hasta reconocido en su declaración-, lo cierto es que previamente había sido provocado con improperios por los hermanos R..
A mayor abundamiento, es pacífica jurisprudencia que “(…) si bien la legítima defensa o su exceso resultan posibles aún frente a una agresión inminente, para la configuración de una u otra debe siempre existir una situación objetiva de peligro que torne necesaria la protección individual y, a través de ella, el prevalecimiento del Derecho, de modo que en el caso tanto la eximente como su exceso fueron correctamente descartadas si las circunstancias probadas en autos sólo dan cuenta de gritos e insultos que obviamente no representan un peligro para la vida o la integridad física ni permiten intuir una agresión inminente de aquella naturaleza” (Tribunal de Casación, Sala II, “B.,C. s/ Recurso de casación”, TC0002 LP 5560 RSD- 253-2 S, 14-5-2002, Sumario de Base Juba nº B3285267).
Más aún, estimo que injuriar no es un medio idóneo ni racional para neutralizar improperios, razón por la cual, de haberse comprobado las circunstancias que señalan -lo que no sucedió-, tampoco correspondería atender el planteo. Máxime, cuando existen en el ordenamiento jurídico múltiples formas de hacer cesar las actitudes hostiles alegadas.
A más de ello, la legítima defensa no es puramente objetiva, sino que también requiere la prueba de una intensión defensiva; lo que no se comprueba en autos.
Firmemente debo concluir que las ofensas dichas por los hermanos R. no parecen ser una forma adecuada y oportuna de repeler la hipotética agresión primigenia de los jugadores. Especialmente, cuando ellas no fueron demostradas.
28.3.3. Sobre la segunda defensa –el ejercicio regular de un derecho-, reseño que se encuentra estipulada en el inciso 4 del artículo 34 del CPN. Debo consignar que si bien el derecho a la dignidad es un derecho natural –y por lo tanto inherente a toda persona-; también tiene reconocimiento normativo, pues está expresamente consagrado en el inciso 1 del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y nombrado en el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, no es razonable inferir que el medio empleado por los imputados –escarnios- fuera conducente para el fin –el pleno goce del derecho a la dignidad-.
En otras palabras, estimo que con insultos no es posible ejercitar –ni reconstituir- honra alguna, sino que, lejos de ello, cada injuria proferida arremete contra el propio honor de quien la pronuncia.
Completa el cuadro argumentativo la ausencia de probanzas que den cuenta del extremo alegado, pues no hay evidencia alguna que acredite que los jugadores deshonraran a los hermanos R. de forma previa al incidente. Por consiguiente, bajo estas condiciones, no cabe otra alternativa que el rechazo de este planteo defensista.
28.4. Autoría y participación contravencional.
Estimo que A. D. R. y M. E. R. desplegaron el aspecto material en calidad de autores toda vez que fueron ellos quienes insultaron y por ende, ejecutaron la conducta descripta en el verbo típico.
29. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE R. C. S., F. S. S.
Y S. M. S. O..
29.1. Estudio típico:
29.1.1. Bajo éste acápite se analizara si el Hecho se encuentra subsumido en el tipo establecido en el artículo 10º del RCED, en cuanto indica: “(…) de cualquier modo afecte o turbare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo”.
La materialidad del tipo verificada respecto de R. C. S., F. S. S. y S. M. S. O. consiste en turbar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo –en su etapa final, en el marco del procedimiento de seguridad de traslado del plantel visitante al retirarse del Estadio-, lo que se perfeccionó cuando tras los improperios gritados por los hermanos R., se bajaron del micro de traslado, haciéndose luego camino hacia ellos –empujando a quienes trataban de detenerlos o entorpecían su marcha- para embestirlos ulteriormente a los golpes; lo que produjo finalmente un mutuo y recíproco ataque violento entre los grupos de personas del CABJ y del CAT, circunstancia global que expuso a los vecinos a conductas hostiles y riesgosas, aptas para alterar el orden público, la tranquilidad comunal, la seguridad pública y la paz del barrio residencial de Victoria.
Tal como se ha particularizado anteriormente, hago mención a que el artículo 10 del RCED alude a un tipo “de peligro abstracto”; el que se consuma al perfeccionar los actos establecidos por el poder legislativo con relevancia para poner en riesgo a los bienes jurídicos tutelados, siendo el del caso turbar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo.
Es del caso indicar que la expresión ‘normal desarrollo’ alude a una evolución progresiva del evento deportivo, de la forma usual y habitual, es decir carente de eventos aptos para alterar o interrumpir su curso natural. A todas luces, la acción descripta interrumpió abruptamente el procedimiento de seguridad, acompañamiento y desplazamiento de los protagonistas; pues desde el momento en que se bajaron del micro hasta el momento del acometimiento se produjo –para los jugadores- el hecho con relevancia contravencional que complicó la quietud y tranquilidad barrial, así como también, desbordó el operativo trazado en la orden de servicio especial nº 05/JDSF/2012. Tal como se ha comprobado, para el evento deportivo se había ideado un operativo policial a fin de garantizar el orden y la seguridad pública. Sobre los detalles del mismo me remito a lo expuesto anteriormente (ver considerando 26).
En tales circunstancias, la normalidad implicaba que el plantel visitante pueda ser acompañado por escolta policial en el trayecto que comprende la salida del vestuario hasta el microómnibus, mientras otros oficiales custodian la salida y fijaban un vallado. Una vez instalados en el vehículo, personal policial con dos motos escoltarían al micro del CABJ hasta los límites de la jurisdicción. Todo ello debía haber ocurrido sin incidentes ni turbaciones.
En el supuesto analizado, la actitud de los jugadores -al bajarse del micro, abriéndose paso entre la gente hasta poder increpar a los injuriantes y enfrentarse con ellos en una gresca-, lejos de ser un proceder inocuo, son acciones violentas que alteraron el curso natural del espectáculo deportivo –en oportunidad de su finalización, dentro del marco del procedimiento de seguridad que había sido planeado para el evento-. Adviértase que las fuerzas del orden debieron rápidamente avocarse a neutralizar la riña –vgr. los oficiales Oros y Mansicidor debieron dejar sendas tareas de ‘desplazamiento’, bajarse de las motos e ir corriendo al enfrentamiento (ver fs. 157/159 y 149/152). Es palmario que tal cuadro no representa a la normalidad, la que fue rotundamente alterada por las acciones de F. S., R. S. y S. M. S. O.
Toda vez que la defensa niega la existencia de un procedimiento de seguridad –y por ende, su afectación-, señalo que de lo probado en el considerando 25 se desprende que el procedimiento existió, aunque haya sido irregularmente ejecutado. Cuadra agregar que la inconducta de los oficiales es analizada en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario (ver foja 177) y la de los encartados, en la presente causa. Todos han actuado de una manera riesgosa, ya sea por negligencia en el despliegue del operativo, o bien dolosa, al realizar las conductas estudiadas en la presente.
Por otra parte y como se ha explicitado anteriormente, la materialidad de este tipo contravencional requiere vincular en tiempo y espacio la conducta con el espectáculo deportivo.
En este sentido, encuentro que las acciones de los profesionales también están alcanzadas por el artículo 1 del RCED toda vez que fueron perfeccionadas en ocasión del operativo de seguridad de egreso del Estadio del CAT, en el marco del partido de fútbol entre el CAT y el CABJ del 15 de abril de 2012, pertinente al Torneo Clausura del campeonato de Primera División “A” organizado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
En atención a la faz subjetiva del tipo, entiendo que las conductas de S. M. S. O, R. S. y F.S. al bajarse del micro, hacerse camino empujando gente, increpar violentamente a los hermanos R. y finalmente trabarse físicamente en un enfrentamiento, implica –al menos- la aceptación de la consecuencia típica, puesto que es insustancial pensar que con todo ello no iban a turbar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo.
Por consiguiente, estimo que puede afirmarse la presencia de un dolo de segundo grado y de consecuencias necesarias, toda vez que puede llegar a plantearse que los encartados no quisieron el resultado típico directamente –turbar el normal desarrollo de un espectáculo deportivo-, pero si aceptaron de que éste se perfeccionare en la realidad como consecuencia directa y necesaria de sus actos.
Respecto de que los jugadores han dirigido sus acciones con la finalidad de reclamar explicaciones a los hermanos R., debo decir que no resulta verosímil. Especialmente atendiendo la irascible forma en que se desplazaron hasta llegar a los sujetos del CAT y en razón de que la riña acaeció tras un brevísimo plazo – de apenas unos breves instantes- de haber conseguido ubicarse frente a ellos. La motivación de todos esos movimientos fue única y violenta; no pacífica y consultiva.
29.1.2. En lo concerniente a que no debe realizarse imputación alguna referida a que los jugadores ‘embistieron físicamente’ a los hermanos R., tal como alega la defensa, deberé hacer las siguientes observaciones. La postura defensista encuentra basamento en que “(…)
ese hecho estaba siendo investigado en otro ámbito –sede penal- a raíz de la denuncia efectuada por los señores R. en la Fiscalía a cargo de la Dra. S. Y precisamente en esas actuaciones con fecha 27 de diciembre de 2012, la Agente Fiscal Dra. B. S, dispuso proceder al archivo de la IPP 2751/12 en la que se investigaba el presunto delito de lesiones que fuera denunciado por los Sres. A. y M. R. contra los jugadores del Club Atlético Boca Juniors S. M. S. O., F. S. S., A. O., J. M. I. y R. C. S.” (ver foja. 589). Ahora bien, cabe indicar que el hecho aquí examinado comienza cuando los jugadores efusivamente se bajaron del micro –una vez que ya habían subido para retirarse del Estadio-, continúa cuando –empleando la fuerza- se hicieron camino hasta llegar a los hermanos R., sigue mientras por un instante increpan a los hinchas, y finaliza en la gresca-. La acción se estudia de forma global en virtud de la especial forma de concurso que prevé el artículo 30 del decreto-ley nº 8.031/73 y entendiendo que se conjugan en un desvalor jurídico único y común. Todos esos movimientos respondieron a una sola voluntad realizadora de la figura aquí estudiada.
Es así que solamente tienen relevancia típica las acciones que ponen en juego los bienes jurídicos reseñados, las que, al ser consideradas integralmente en un único hecho; se consolidan añadiendo -en cada uno de esos momentos- mayor contenido de injusto y riesgo a los bienes jurídicos aquí abrigados.
29.1.3. A todo evento, dejo en claro que, bajo esta causa, no se analiza si los encartados agredieron –de palabra o con golpes- a otra persona en particular produciéndose un resultado concreto lesivo –para su honor, dignidad, integridad física o vida- toda vez que son conductas receptadas por figuras penales –no contravencionales- y carezco de tal competencia. Por consecuencia, esas acciones están por fuera de mi juzgamiento.
Toda vez que la defensa parece sugerir que cierta parte del hecho tratado es de naturaleza penal mas no contravencional –lo que no comparto-, pongo de relieve que aún así, por el principio de ley penal mas benigna, sería yo quien debe resolver el asunto.
Es más, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se ha trabajado en reiterados casos sobre una hipotética conexión entre las figuras contenidas en el Código de Convivencia Urbano y los delitos penales. Actualmente es conteste la jurisprudencia citadina en que “(…) si bien es posible ver (…) a muchas figuras de la parte especial del CC como prevenciones de lesiones más graves – prohibidas por el régimen penal -, no es posible exigir que su infracción genere una lesión o puesta en peligro para los bienes tutelados por el último ordenamiento. (…) La conexión que aquí se rechaza implicaría, en realidad, interpretar un tipo contravencional como una especie de adelantamiento de la punibilidad de actos preparatorios de conductas previstas como delitos. Empero ello resulta inadmisible a la luz de los principios establecidos por el art. 19 C.N. y por otra parte, desnaturalizaría el espíritu del Código de Convivencia que se propone proteger otros bienes jurídicos” (Cám. de Ap. en lo Contravencional y de Faltas de la CABA, Sala II, “Alberganti, Christian Adrián s/ infr. Art. 68 CC – Apelación”, C. 269-00-CC/2004, 27/12/2004; elDial AA2DC7, el resaltado es propio). Como se ve, entendieron que no es razonable considerar que las figuras contravencionales son meros adelantamientos de las penales; solución que comparto, y resulta aplicable al supuesto en análisis.
29.1.4. De todo lo analizado surge que quedan subsumidas las conductas enrostradas dentro del tipo asido al artículo 10º del RCED.
29.2. Sobre la antijuricidad.
29.2.1. En atención a las presentaciones de fs. 589/592 y 531/538, debe analizarse si procede la legítima defensa en el caso bajo examen. Pasando revista del esmerado planteo del Dr. Tevez, particularizo que funda la procedencia de la causal de justificación en que “(…) las contravenciones investigadas en autos fueron cometidas y se vieron configuradas por el accionar de los Sres. R. al agredir verbalmente, amenazar e invitar a pelear a los jugadores de Boca Juniors, limitándose el accionar de estos últimos simplemente a pedir explicaciones y ante nuevas agresiones físicas defenderse y repeler las mismas. (…) Sus intervenciones fueron en legítima defensa ante la agresión de los hermanos R.” (ver fs. 590).
Como le he explicado anteriormente, deben verificarse los requisitos estructurales sentados en el inciso 6 del artículo 34 del CPN para su procedencia; lo que no ocurre bajo el soporte fáctico de autos.
En efecto, el medio empleado –bajarse del micro, encaminarse hacia los injuriantes empujando a la gente que obstaculizaba el camino y golpearlos violentamente- no es un medio razonable para impedir o repeler la agresión al honor y dignidad que padecieron.
Es más, la jurisprudencia se inclina en que “(…) los insultos no configuran agresión ilegítima que justifican la defensa, porque no crean peligro para ningún bien jurídico que pueda conjurarse con ejercicio de la legítima defensa; no existe necesidad de defenderse” (Cámara Penal de La Plata, “G.,E. s/ Lesiones Leves”, CP0301 LP, P 68122 RSD-15-86 S, 25-2-1986, sumario de Base Juba nº B400044).
De todas formas, si los profesionales bajaron del micro irascibles y con ánimo revanchista a buscar a sus contrincantes –espectadores-, es pertinente inferir que asumieron el riesgo del enfrentamiento; no pudiendo así justificarse por medio de la legítima defensa.
29.2.2. Debe señalarse que tampoco se configura un estado de necesidad, ya que si bien se configura ante la presencia de un peligro concreto, actual e inminente, también requiere que no haya otro medio de evitarlo que lesionando el derecho ajeno; lo cual claramente no ocurre en autos.
Por consiguiente, bajo estas circunstancias, no cabe otra alternativa que rechazar el planteo defensista.
29.2.3. Finalmente, como no fue alegada ninguna causal de inculpabilidad, deberé inferir que los imputados pudieron comprender el carácter prohibido de sus actos y arreglar sus conductas acorde a dicha comprensión; correspondiendo tratar a continuación el régimen de autoría.
29.3. Autoría y participación contravencional.
Es de mi convencimiento que F. S. S., R. C. S. y S. M. S.
O. ejercieron la acción típica en calidad de autores.
30. CONCLUSIÓN.
De las afirmaciones anteriores llego a la firme e íntima convicción de que se verifican acciones contravencionalmente reprochables en los términos del artículo 10º del RCED, por ser típicas, antijurídicas, peligrosas e imputables a A. D. R., M. E. R., R. C. S., F. S. S. y S. M. S. O. en calidad de autores. En atención a lo resuelto precedentemente, y en virtud de lo prescripto en el artículo 30 del decreto-ley nº 8.031/73, deviene inoficioso estudiar si sus acciones también encuadran bajo el supuesto del artículo 14 del RCED.
31. QUANTUM DE LA RESPUESTA PUNITIVA.
31.1. En este estado, resta establecer la justa medida del reproche, dentro de los límites que están ya contemplados en las escalas contravencionales del artículo 10 del RCED.
En pos de cumplir tal cometido, deberé evitar cualquier tipo de referencia a la mera peligrosidad del autor, toda vez que no puede compatibilizarse con los principios constitucionales que establecen un derecho contravencional de acto, y no de autor.
Así, desde un plano positivo, el RCED establece en su artículo 10 que el tipo verificado “(…) será sancionado con quince (15) a treinta (30) días de arresto y/o prohibición de concurrencia de seis (6) a veinte (20) fechas”.
31.2. Ciertamente, es pertinente analizar si la aplicación de las penas establecidas en el marco legal citado podría repercutir en autos como una penalidad exorbitante incompatible con la finalidad del reproche y con el legítimo ejercicio del ius puniendi. Es así que “(…) los principios constitucionales no sólo tienen relevancia para establecer los límites cuantitativos de las penas constitucionales y previstas en la ley vigente, sean los legales o abstractos tanto como los concretamente fijados por la agencia judicial, sino también —y antes- para saber si cualitativamente la propia manifestación de la coerción penal es constitucional…” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro; “Derecho Penal. Parte General”, 2º edición, editorial EDIAR, 2002, Capital Federal, Pág. 923”).
Con la finalidad de cumplir el objetivo, recordamos que el Alto Tribunal particularizó en el leading case ‘Gramajo’ que “(…) la pena y cualquier otra consecuencia jurídico penal del delito impuesta con ese nombre o con el que pudiera nominársela, no puede ser cruel, en el sentido que no debe ser desproporcionada respecto del contenido injusto del hecho. Toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales” (CSJN, “Fallos” 329:3680).
Si bien tal cuestión fue decidida en el marco de la verificación de un delito, no hay razones para apartarse de ello en la presente acción contravencional, ya que –como fue fijado ut supra- ambas participan de la misma naturaleza.
Dada la versatilidad de la norma, que establece tanto la pena de prohibición de concurrencia de forma indistinta o conjunta con la de prisión, y en consideración a la amplitud entre los máximos y los mínimos, creo que la norma exhibe suficiente flexibilidad para el momento de la medición de los injustos verificados, guardando adecuada proporción –salvo en el caso de F. S.- con la inconducta cometida.
Respecto del jugador profesional F. S., debe indicarse que el injusto de su conducta es menor frente a la mayúscula gravedad del mínimo establecido en el artículo 10 del RDEC.
De este modo puedo afirmar que, para el caso exclusivo de F. S., la aplicación de tales pautas mensurativas previstas en el sistema perinormativo sobrevendría en una injusta penalidad –por exorbitante-, lindera con la arbitrariedad y desarraigada de las garantías asidas a los artículos 18º, 31º y 28º de la Constitución Nacional y 10º, 56º y 57º de la bonaerense.
31.3. También cabe ponderar los planteos de los futbolistas en cuanto alegan que (i) la pena de prohibición de concurrencia establecida por el RCED es inconstitucional por violar el 14 de la Constitución Nacional y que (ii) la mencionada penalidad no es de aplicación al caso concreto toda vez que no concurren al Estadio como meros espectadores -sino como futbolistas profesionales- (ver foja 540 vta.).
No corresponde atender la primera defensa ya que la declaración de inconstitucionalidad requiere para su procedencia la demostración clara de la manera en que la ley atacada contraría la Carta Marga, exigencia que no se encuentra satisfecha en la presentación de los interesados. La mera invocación de un artículo no es fundamentación suficiente para activar un remedio de ultima ratio. Sobre la singular interpretación de la pena de prohibición de concurrencia invocada por la Defensa, debe señalarse que, por estricta aplicación del principio de legalidad, no corresponde hacer distinciones que la ley no hace; circunstancia que, por otra parte, podría implicar un indebido privilegio a favor de los jugadores profesionales de fútbol (Conf. artículo 16 de la Constitución Nacional). A mayor abundamiento, se pone de manifiesto que los legisladores han incluido en el RCED específicamente a los futbolistas, pues “(…) la responsabilidad no se agota en los espectadores. (…) En forma personal considero que son los menos culpables y creo que la culpa se extiende a los organizadores y protagonistas que por diversas razones pueden, con su accionar (…) suscitar hechos de violencia” (CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, “Diario de sesiones”, 14ª sesión ordinaria, 22/08/1996, pág. 4161).
31.4. Sin perjuicio de lo dicho, particular reparo merece el artículo 4 del RCED en cuando sienta “A los efectos del cumplimiento de la pena, el contraventor deberá asistir a la Comisaría que se determine en la sentencia media hora antes de la iniciación del evento, y permanecer en la misma media hora después de finalizado el mismo. No podrá ser alojado junto con procesados o condenados”. Como se ve, la norma alude a una modalidad de cumplimiento en la cual el condenado debe asistir a la Comisaría durante el lapso indicado.
Para el caso de los espectadores, esta es la única manera de poder efectivizar la pena y asegurar su cumplimiento efectivo.
Ahora bien, para el caso de los jugadores es distinto, toda vez que concurren al Estadio en razón de un partido organizado por la Asociación de Fútbol Argentino y en representación de un Club. Es mediante la intervención de las mencionadas entidades que, el cumplimiento de la prohibición de concurrencia al Estadio podría efectivizarse –respecto de los jugadores- con un contenido menor de aflictividad, sin alterar el propio núcleo de la pena.
Es así que, como ningún sujeto debe ser sometido a innecesarias severidades, por irrazonable, corresponderá declarar -para éste caso en concreto- la inconstitucionalidad de la modalidad de la prohibición de concurrencia prevista en el artículo 4 del RCED; lo que importará prescindir de tal segmento de la norma en el supuesto sub-examine y únicamente respecto de los profesionales del fútbol (Conf. artículos 18º, 31º y 28º de la Constitución Nacional y 10º, 56º y 57º de la bonaerense).
Desplegados todos los fundamentos, concierne aclarar que la presente declaración de inconstitucionalidad –de oficio- no implica alterar el equilibro tripartito en la división de poderes; ni mucho menos, arrogarme facultades incompatibles con la función jurisdiccional. En realidad, la presente declaración de inconstitucionalidad, importa contrastar la aplicación de la norma a éste caso en concreto y a la luz de principios y garantías de rango supralegal –Conf. artículos 18 y 28 de la CN-. (Vistos, HITTERS, Juan C., “Legitimación democrática del poder judicial y control de constitucionalidad”, ED. T. 120, p. 903; CARRIÓ, Genaro, “Nuestro sistema de control de constitucionalidad y el principio del gobierno de la mayoría”, LL. t. 1990-C, p. 1050; NINO, Carlos, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, editorial Astrea, 1992, Buenos Aires, págs. 652 a 706; BIANCHI, Alberto B., “Control de Constitucionalidad”, Tomo 1º, Fundación de Derecho Constitucional José Manuel Estrada, Editorial Ábaco, 1998, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, págs. 29 a 344; entre otros).
31.5. Así las cosas, “(...) la cuantía del injusto no es un criterio totalmente objetivo en el sentido de que debe prescindirse de la calidad de la víctima, de las finalidades ultra-típicas perseguidas por el autor, etc., sino que, por el contrario, hacen a la ‘naturaleza de la acción' en cuanto grado de injusto. Algunos elementos subjetivos del tipo son calificantes de agravación y de atenuación captados expresamente en el dispositivo legal prohibitivo, pero ello no implica que otros fines no puedan ser tomados en cuenta por el tribunal para determinar la pena…” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; “Tratado de Derecho Penal. Parte General”, Tomo V, editorial Ediar, 1988, Buenos Aires, Pág 298).
32. CONSIDERACIONES SOBRE LOS IMPUTADOS.
En miras de dar el justo dimensionamiento de las condiciones de los encartados se ponderarán las siguientes cuestiones:
32.1. A. D. R..
No se coteja la existencia de antecedentes contravencionales y penales, lo que concurre como un atenuante.
Asimismo, no obra ningún elemento en autos que me permita afirmar la existencia de eximentes (Conf. arts. 37 inciso 3º del CPP y 3º del CF).
32.2. M. E. R..
No se verifican antecedentes contravencionales y penales relativos al imputado, lo que, al igual que en el caso anterior, entiendo como un atenuante. Lo propio ocurre en tanto tiene un trabajo en calidad de empleado (ver foja 306).
A su vez, no encuentro probado en autos ninguna circunstancia que me permita aseverar la presencia de eximentes (Conf. arts. 37 inciso 3º del CPP y 3º del CF).
32.3. S. M. S. O..
Tengo presente que S. M. S. O trabaja en una institución deportiva de gran renombre, que tiene un concepto favorable a raíz de su declaración contravencional y que no inviste antecedentes contravencionales o penales; circunstancias que, a mi criterio, son atenuantes.
A su vez, no hallo elemento alguno que verifique la existencia de eximentes (Conf. arts. 37 inciso 3º del CPP y 3º del CF).
Por otra parte, se tiene presente que es un jugador de fútbol profesional; lo que influye en la condena de dos formas: (i) al ser un protagonista, añade mayor contenido de injusto al reproche; y (ii) también obra como límite, ya que la pena no debe ser excesiva al punto tal de violentar su derecho a trabajar. Finalmente, al observar los videos pertenecientes a la causa, tengo el pleno convencimiento de que la intervención de S. M. S. O en el hecho es intensamente agresiva –y como se explicó, absolutamente injustificable-. Por tal razón, creo que su accionar tiene un mayor contenido de injusto; incluso al de su compañero F.S.. Máxime cuando fue él quien empezó a golpear (ver fs. 175/176).
32.4. F. S. S..
Concurren como atenuantes que trabaja en una prestigiosa institución deportiva, que en la entrevista contravencional ha recibido favorable concepto y que carece de antecedentes contravencionales y penales. No obra probanza que de cuenta de eximentes (Conf. arts. 37 inciso 3º del CPP y 3º del CF).
Tal como se ha explicado en oportunidad de analizar las circunstancias de S. M. S. O, aquí también se tiene en cuenta que F.S. es un jugador de fútbol profesional –protagonista-; lo que, a mi criterio, es una variable que por un lado actúa como límite sobre el cual la pena es irrazonable; y por el otro, agrega contenido de injusto a la acción reprochada, en tanto es un protagonista.
32.5. R. C. S..
Considero que son atenuantes (i) el lugar en donde trabajaba -una distinguida entidad deportiva-, (ii) la forma en que se condujo en la entrevista contravencional y que (iii) no posee antecedentes contravencionales ni penales.
Por otra parte, no hay glosado en autos documentación alguna que acredite la existencia de eximentes (Conf. arts. 37 inciso 3º del CPP y 3º del CF).
Asimismo, tengo presente que el trabajo del señor R.S.
es el de jugador de fútbol profesional, por lo que la pena no debe ser exorbitante al punto tal de afectar el carácter alimentario del salario.
33. COROLARIO FINAL.
Al arribo de las decisiones posteriormente vertidas, entiendo que es necesario precisar que la presente causa se inserta en un marco todavía más amplio que es el de la violencia; siendo los eventos deportivos el vehículo en que tal realidad se manifiesta.
En el marco descripto, “(…) el espectáculo deportivo deja de serlo para convertirse a lo más parecido al circo romano, todo en nombre del mal entendido ‘folclore del fútbol’ en donde absolutamente todo está permitido con la excusa del amor por los colores del club” (LUGONES, Gustavo; “Hacia un sistema preventivo e inclusivo en la seguridad del fútbol”, en “Fútbol y Violencia”, dirigido por ROFFÉ, Marcelo y JOZAMI, José; editorial Lugar, 1ª edición, 2010, Buenos Aires, Pág. 47). Tal como han entendido mis colegas, creo que “(…) es de público y notorio que la problemática traída a estudio no solamente afecta a esta ciudad sino a la comunidad Nacional y en este contexto el rol de Juez debe superar la conceptualización de lo concreto y el de mero espectador entre partes para pasar a tomar decisiva intervención en la protección de los derechos colectivos que pueden verse afectados ante la inseguridad que puede plantearse en un estadio de fútbol” (Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de 4ª nominación de Rosario, “Rodríguez, Maximiliano y otros”, 16/09/2010, La Ley online:
AR/JUR/49604/2010).
Por tal razón, mis decisiones no solo contemplarán la situación de cada uno de los imputados, sino que también procurarán resguardar los intereses colectivos de los vecinos de San Fernando. Máxime, cuando los episodios de violencia en espectáculos deportivos dejaron de ser esporádicos para convertirse en un problema habitual de la localidad de Victoria (vgr. los sucesos públicos ocurridos los días 19/08/2012, 24/02/2013, etc.).
Finalmente mencionaré que, “(…) lo que queremos significar, salvando las enormes distancias temáticas, es que la tendencia que debe existir en el espíritu de nuestro Fútbol, especialmente en las entidades deportivas y en la Asociación que las nuclea, es la de buscar positiva, activa e incansablemente la transformación de éste en un espectáculo-deporte ’seguro y familiar’” (ROLDAN BULNES, Facundo; “Violencia en el fútbol - ’Premios y castigos’, una posible solución”, Revista El Derecho, ED, 187-1358).
34. En rigor de todo lo expuesto, fundamentos y citas legales, de consuno con lo dispuesto en los artículos 137 inc. “e”, 138 del Código de Faltas y arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 del RCED;
1. CONDENAR a A. D. R., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de haber insultado a terceros e incitado a la riña el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas, en ocasión de la finalización de un encuentro futbolístico celebrado en el estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE DOCE (12) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CAT, interdicción que se ejecutará en los términos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario).
A fin de efectivizar la condena, descuéntese por Secretaría las fechas en donde el imputado cumplió la carga administrativa en sede Instructora, quedando compensada para el caso de ser suficiente.
2. CONDENAR a M. E. R., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de haber insultado a terceros e incitado a la riña el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas, en ocasión de la finalización de un encuentro futbolístico celebrado en el estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE DOCE (12) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CAT, interdicción que se ejecutará en los términos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario).
A fin de efectivizar la condena, descuéntese por Secretaría las fechas en donde el imputado cumplió la carga administrativa en sede Instructora, quedando compensada para el caso de ser suficiente.
3. CONDENAR a S. M. S. O., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de que el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas turbó el normal desarrollo de un espectáculo deportivo en su etapa final dentro del marco del procedimiento de seguridad de traslado del plantel visitante al retirarse del Estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE SEIS (6) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CABJ, interdicción que se hará extensiva a un radio de quinientos (500) metros del lugar y a todo otro estadio donde dicha Institución juegue de forma oficial (Conf. artículos 1, 2, 3, y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario).
Hágase saber al condenado que de no acatar la pena, será ordenada la inmediata detención del transgresor (Conf. artículo 5 del RCED).
4. CONDENAR a F. S. S., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de que el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas turbó el normal desarrollo de un espectáculo deportivo en su etapa final dentro del marco del procedimiento de seguridad de traslado del plantel visitante al retirarse del Estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE TRES (3) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CABJ, interdicción que se hará extensiva a un radio de quinientos (500) metros del lugar y a todo otro estadio donde dicha Institución juegue de forma oficial (Conf. artículos 1, 2, 3, y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario). Hágase saber al condenado que de no acatar la pena, será ordenada la inmediata detención del transgresor (Conf. artículo 5 del RCED).
5. CONDENAR a R. C. S., de las demás circunstancias personales obrantes en la presente causa, como autor contravencionalmente responsable de que el 15/04/2012 al promediar las 23:00 horas turbó el normal desarrollo de un espectáculo deportivo en su etapa final dentro del marco del procedimiento de seguridad de traslado del plantel visitante al retirarse del Estadio del CAT; lo que se encuentra prohibido en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el tipo delimitado en el artículo 10 del RCED; a la PENA EFECTIVA DE PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, POR UN LAPSO DE SEIS (6) FECHAS, EN LOS QUE PARTICIPE EL EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CABJ, interdicción que se hará extensiva a un radio de quinientos (500) metros del lugar y a todo otro estadio donde dicha Institución juegue de forma oficial (Conf. artículos 1, 2, 3, y 10 del RCED y ccds. de su decreto reglamentario). Hágase saber al condenado que de no acatar la pena, será ordenada la inmediata detención del transgresor (Conf. artículo 5 del RCED).
6. IMPONER las COSTAS a los condenados (Conf. artículo 149 del decreto-ley nº 8.031/73), quienes dentro de los TRES (3) DÍAS de consentida la presente, deberán abonar en tal concepto el importe de la Tasa de Actuación Administrativa que fija la ley impositiva ($ 10,00 por encartado).
7. DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 4 del RCED respecto de los imputados R. C. S., F. S. S. y S. M. S. O..
8. DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD del mínimo legal establecido en el artículo 10 del RCED respecto del señor F. S. S..
9. LIBRAR OFICIO a la Jefatura Departamental San Isidro a fin de que tomen conocimiento de la presente sentencia y procedan a agregarla en la causa seguida contra los oficiales intervinientes en el suceso enmarcado dentro del derecho administrativo sancionador.
10. LIBRAR OFICIO a la Seccional III de San Fernando a fin de comisionar personal policial para que durante los partidos de fútbol pertinentes monitoree el cumplimiento de la pena impuesta (Conf. artículo 140 del decreto-ley n° 8031/73).
11. LIBRAR OFICIO al presidente del Club Atlético Boca Juniors, al APREVIDE y a la Asociación del Fútbol Argentino a efectos de que arbitren las medidas indispensables para el cumplimiento de la condena recaída sobre los señores S. M. S. O. y F. S. S..
12. LIBRAR OFICIO a la Municipalidad de San Fernando a fin de que mejoren las luminarias y el sistema de cámaras del ‘Centro de Monitoreo Municipal’ sobre las calles Pasteur y Guido Spano, ambas desde Perón hasta Av. Libertador; toda vez que es allí un punto neural en la desconcentración de los espectadores y planteles deportistas –tanto locales como visitantes-.
13. SUGERIR a las autoridades del CAT y del CABJ de hacer uso de las facultades que prescribe el derecho de admisión.
14. LIBRAR OFICIO al Consulado de la República de Uruguay en Buenos Aires en relación a S. M. S. O. y en los términos del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del apartado “b”, del inciso “1” del artículo 36º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963 (Ley nacional nº 17.081). Adjúntese copia certificada de la sentencia.
15. DIFERIR la regulación de honorarios de los defensores particulares hasta tanto acrediten sus respectivas situaciones fiscales frente al Impuesto al Valor Agregado; y en el caso de corresponder, lo dispuesto en la Resolución General de AFIP nº 689/99.
16. TENER PRESENTE las reservas de inconstitucionalidad y del caso federal efectuadas por el defensor de R.S., F.S. y S. M. S. O en el punto IV de fs. 540/541.
17. TENER PRESENTE lo manifestado a foja 588 por el Dr. Alejandro Perez Chada, sin perjuicio de hacerle saber que nunca aceptó el cargo de defensor particular de los señores R.S., F.S. y S. M. S. O.
REGÍSTRESE, notifíquese a R.S., F.S., S. M. S. O., M.
R. y A. R. por correo policial y al domicilio constituido.
FIRME; líbrese el oficio dispuesto en el punto 10 del resolutivo y comuníquese a la Dirección de Antecedentes Personales, Sección Contraventores del Ministerio de Seguridad de ésta Provincia, y oportunamente archívese.
Patricia E. Carranza.
Juez
Fin de la sentencia