Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.292 FOLIO N° 104/107 PROT. ELECT. JR101 440I.261
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada “Juzgado de Primera Instancia Nº 2 S/ Remite actuaciones por falso testimonio“ - Expte. N° J-76717/23 - Apelación/Causa JR N° 10383/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 134/137vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.D.L., en orden al delito de “Falso Testimonio” (Art. 275 del Código Penal de la Nación), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 140 y vta., la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 166/171, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le ocasiona a su asistido un perjuicio procesal irreparable. En tal sentido, cuestionó que el Magistado haya tenido por acreditada la materialidad del hecho, sobre la base de escasos elementos probatorios, omitiendo considerar -a su entender- la orfandad probatoria que presenta el sumario. Asimismo, se agravió por la presunta falta de valoración de las explicaciones brindadas por su asistido en el acto de declaración indagatoria, señalando que el Sr. Juez no habría contemplado su edad ni el tiempo transcurrido desde los hechos investigados -febrero del año 1990-, interpretando sus dichos como elementos de sospecha.
De igual manera, sostuvo que la resolución recurrida se aparta del principio in dubio pro reo, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del imputado.
En ese marco, afirmó que el decisorio concluye la existencia de dolo a partir de conjeturas vinculadas con la memoria del imputado y de una valoración parcial de sus manifestaciones, soslayando que el tipo penal exige la conciencia de la falsedad y la explicación brindada por su representado al recordar el rol de garante que habría desempeñado.
Finalmente, se agravió por la determinación del monto del embargo decretado en la suma de pesos un millón ($1.000.000), por considerar que carece de fundamentación suficiente, teniendo en cuenta que no resultaría necesaria -aun preventivamente- dicha medida cautelar frente a una eventual condena que no contempla pena pecuniaria.
II. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que, iniciado el abordaje de los presentes motivos de agravio, adelantamos que los mismos no habrán de prosperar. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la materialidad del hecho y la intervención atribuida al imputado no se sustentan en escasos elementos probatorios, sino en una valoración armónica y conjunta de las probanzas reunidas, entre las que cabe mencionar el acta de declaración testimonial obrante a fs. 47/49, el pliego de interrogatorio de fs. 46/vta. y las copias certificadas del contrato de compraventa, en el que el imputado figura en carácter de garante (fs. 77/120, específicamente fs. 101/104).
Asimismo, del auto de procesamiento surge que el Magistrado interviniente ponderó suficientemente las explicaciones brindadas por el imputado -véase considerando II) del resolutorio atacado-, señalando, con sustento en las constancias de la causa, que la alegada “falta de memoria por el paso del tiempo” no resulta atendible, por cuanto aparece como un intento de mejorar su situación procesal. En tal sentido, advirtió la contradicción existente entre el recuerdo de detalles específicos de la operación y el supuesto desconocimiento de su propia intervención en carácter de garante, fundamento que esta Alzada comparte. Por otro lado, si bien la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia en virtud de su carácter provisorio y mutable -criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras; y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, cabe señalar que, en el caso de marras, el aspecto subjetivo de la figura penal endilgada al Sr. L.J. se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad exigido, a partir de la existencia de conocimiento y voluntad de afirmar algo falso bajo juramento de decir verdad.
En efecto, la obligación de declarar con verdad constituye una carga pública expresamente prevista en el ordenamiento (art. 224 del C.P.P.), y la concurrencia del elemento subjetivo se desprende, prima facie, de la discrepancia existente entre lo declarado por el encausado y el contenido del instrumento que suscribiera, circunstancias que fueron debidamente ponderadas por el Magistrado de grado.
En este punto, cabe recordar a la parte recurrente que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.
En efecto, recordemos que en este instancia procesal: “... basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014). De este modo, el análisis conjunto de los elementos probatorios incorporados al sumario permite sostener, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia procesal, tanto la existencia del suceso investigado como la intervención que - prima facie- se atribuye al causante, sin que los argumentos expuestos por la defensa logren desvirtuar el plexo probatorio valorado en el auto de procesamiento. En consecuencia, no se advierte la alegada orfandad probatoria ni la inversión de la carga de la prueba invocada por la recurrente. Finalmente, en relación con la determinación de monto del embargo decretado, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
A su vez, tampoco se advierte la falta de fundamentación invocada por la defensa, pues el Sr. Juez Subrogante explicitó los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos un millón ($1.000.000), conforme surge de fs. 150 – considerando VI)-, precisando que la medida se encuentra destinada a resguardar la eventual pena pecuniaria, la indemnizacion civil y las costas procesales, teniendo en consideración los conceptos que estas comprenden.
En tal sentido, la jurisprudencia ha señalado que:
"…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En consecuencia, esta Alzada comparte los fundamentos expuestos por el A Quo, como también la cifra establecida, por lo que corresponde confirmar el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante J.D.L.- Por todo lo expuesto, los agravios introducidos no habrán de prosperar.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas, y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
III. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
IV. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, de las constancias de la causa se advierte que a fs. 42 obra escrito presentado por la parte querellante, mediante el cual acompañó el comprobante de pago de la tasa de justicia, recibido a través del SNE en fecha 15/04/2024, conforme surge de la respectiva constancia de Secretaría. Seguidamente, sin registrarse actividad procesal, a fs. 42/vta. obra constancia de fecha 04/09/2024, mediante la cual se dejó asentado que la misma parte tomó vista de las actuaciones, para luego solicitar, en fecha 25 del mismo mes y año, que se cite al imputado a prestar declaración indagatoria.
No obstante ello, recién en fecha 16/10/2024 se dictó el correspondiente proveído por parte del Juzgado interviniente, verificándose así un lapso de aproximadamente seis (6) meses desde la recepción del escrito inicial sin que se advierta actividad procesal vinculada a su trámite.
La situación se reitera a fs. 64, donde obra proveído de fecha 16/12/2024, registrándose como siguiente movimiento procesal el obrante a fs. 65, de fecha 06/05/2025, lo que evidencia un nuevo período de inactividad de aproximadamente cinco (5) meses.
Asimismo, a fs. 132 consta la recepción, en fecha 19/02/2026, de las actuaciones provenientes del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, conforme surge de la correspondiente constancia actuarial. Sin embargo, el siguiente movimiento procesal se registra recién en fecha 09/06/2026, oportunidad en que se efectuó el informe de pase a resolver, transcurriendo entre ambas actuaciones un lapso cercano a cuatro (4) meses sin que se advierta impulso procesal alguno.
No podemos soslayar que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia formulada por la parte querellante en el año 2023 y que, si bien resulta atendible que durante el desarrollo de una investigación puedan suscitarse diversas circunstancias susceptibles de incidir en la celeridad de su tramitación, lo cierto es que, en el caso concreto, no se advierte justificación alguna que explique los prolongados períodos de inactividad precedentemente señalados.
De tal modo, las constancias reseñadas evidencian una prolongada e injustificada dilación en el trámite de la causa, que no resulta compatible con las pautas temporales establecidas por el art. 197 del ordenamiento procesal. En consecuencia, corresponde exhortar al Juzgado interviniente a adecuar su actuación a las previsiones contenidas en dicha norma y, particularmente, a observar los mecanismos allí establecidos para el supuesto de resultar necesaria una extensión del plazo de instrucción.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 134/137vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto IV) de los considerandos que anteceden. 3º)- TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
4. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia