Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, precisaremos que el embargo decretado en la suma indicada no luce irrazonable, teniendo en cuenta los ilícitos endilgados y su modalidad de comisión, motivo por el cual se confirmará el monto del embargo dispuesto, por resultar ajustado a derecho y la resolución que se intentó poner en crisis.-
V. RESERVA: Formuló reserva de ocurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia y/o en su caso, por la vía del Recurso Extraordinario (Ley 48) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que será tenida en cuenta oportunamente.-
VI. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.207 FOLIO Nº 065/070 PROT. ELECT. JR101 354I.261
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE MINERIA Y FAMILIA DE RIO TURBIO S/ REMITE ACTUACION”, Expte. Nº J-17604/24 Apelación/Causa JR Nº 10289/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 202/215 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Dra. R.R.F., quien en el punto 1°) dictó el procesamiento sin prisión preventiva de C.F.J., en orden a los delitos de “Lesiones Leves doblemente agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género" -tres hechos- (art. 89 en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CPA) y "Amenazas" (art. 149 bis primer párrafo, primer apartado del C.P.A.), en concurso real entre sí, en función del art. 55 del CPA, en aplicación de las Leyes 26.485, 26.061 y 3.062) y en el punto 2°) trabó embargo sobre dinero o bienes del procesado hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).-
Que a fs. 222/230 y vta, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 135 sostuvo el recurso (cód. validación 709a95fb) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados en el orden propuesto por la recurrente en su presentación.-
I. DE LOS HECHOS: en primer lugar, la defensa se agravió de las declaraciones testimoniales de la ex-pareja y de su hijo J.; manifestó que los hechos fueron sacados de contexto, sin parámetros y desde una mirada parcializada, colocando indudablemente al imputado como una persona agresiva y maltratadora. Que en el expte. no se consignan con rigor científico, certificados médicos que consten las lesiones de ninguna persona.- Referenció acerca que la testigo L.D.D.S.
-directora del Jardín de Infantes xxx-, hizo un relato de los hechos que habría tomado conocimiento por un relato de la niña a otra seño sobre presuntas agresiones del progenitor hacia ella y su hermano.-
Continúa con su exposición diciendo que la progenitora de la niña manifestó que la pequeña realizaba dibujos de ella con vagina, que tampoco se acreditó dibujo alguno en el expte.; agregó, que la niña habría visto esos dibujos en la aplicación de youtube del celular de su padre, sin embargo, el padre, al momento de la indagatoria señaló que ese celular fue entregado por la progenitora para que la niña juegue y que él ignoraba la clave de acceso (patrón), y que al ser peritado -teléfono-, fue la progenitora quien debió informar el código de desbloqueo.-
Objetó la cámara gesell realizada sobre la menor K.A.J. -cuatro años-, ya que la niña depuso que tanto progenitor como progenitora eran los agresores, quienes le pegaban; y que tales dichos se orientaron solamente a una parcialidad en perjuicio del imputado, y no se sustanció hacia la imputación objetiva de la madre, evidenciando un trato desigual ante la ley en perjuicio de una sola de las partes. Consideró que hubo una valoración parcial y arbitraria de la prueba.-
Cuestionó los informes periciales de la Lic. S.A.C.
-fs. 67 vta.-, el de la División de Apoyo Tecnológico, las declaraciones testimoniales de G.A. y de V.G.N. -fs. 56 y vta. y fs. 106-, los informes psicológicos realizados por la Lic. S.A.C. -fs. 116/117- y el de la Lic. M.C. -fs. 119/120-.-
Planteó que la Sra. R. quería terminar la relación de pareja con el imputado y la mejor manera que encontró fue la que se materializó con el presente expediente -su visión-.- En primer lugar, podemos mencionar, que de la lectura del resolutorio recurrido, se observa que la instrucción analizó pormenorizadamente el hecho denunciado, efectuó un análisis de la totalidad de la prueba recabada durante la instrucción a la luz de la sana crítica racional, fundamentó la adopción de los tipos penales atribuidos así como las agravantes aplicables al caso, argumentando su encuadre dentro de una perspectiva de género, y el interés superior de la niñez, examinando el descargo vertido por el imputado en su declaración indagatoria.-
Para esta Alzada el auto de procesamiento dictado se encuentra debidamente motivado, cumpliéndose acabadamente con lo previsto en los arts. 115, 116 y 291 del CPP..-
Es en función de dichos lineamientos, que la instrucción tras ponderar la prueba recabada en forma íntegra, arribó a la conclusión de atribución de responsabilidad del incuso.- Al respecto, esta Alzada ha sostenido invariablemente que las declaraciones de testigos que no han percibido el hecho de manera directa, sino que han tomado conocimiento a través del relato de la propia víctima (testigos de referencia o "de oídas"), no se encuentran invalidadas per se en nuestro sistema adjetivo (Criterio seguido en Apelación N° 10061/26).-
Por el contrario, su incorporación es plenamente válida bajo el principio de libertad probatoria y debe ser sopesada conforme a las reglas de la sana crítica racional (Art. 241 del CPP de Santa Cruz).-
En delitos que se desarrollan en el ámbito de la estricta intimidad familiar, el testimonio de docentes y directivos escolares que receptan el primer anoticiamiento o "develamiento" de la víctima menor de edad adquiere una relevancia singular.- Estos relatos actúan como elementos de corroboración periférica y dotan de coherencia, persistencia y verosimilitud a la hipótesis acusatoria, al descartar sospechas de fabulación o inducción; por lo tanto, lo cuestionado no podrá prosperar.-
AUSENCIA PROBATORIA: en este punto, indicó ausencia de elementos probatorios -certificados médicos y/o pericias psicológicas- que acrediten los hechos imputados y agravantes esgrimidas.-
Respecto a la figura de amenazas, criticó que sólo encuentra sustento probatorio en los dichos de la denunciante; no hay testigos; con lo cual, por la regla "testi uno testi nulo", no se debe dar crédito a un único testimonio, debiendo primar el principio in dubio pro reo.-
Alegó que no obran en el presente expediente la historia clínica de los niños, que revestiría de mucha importancia probatoria tanto para sostener la acusación fiscal como para poder exculpar a su pupilo.-
Argumentó que no se sustanció prueba aportada por el imputado en instrucción, que también se ignoran los motivos de la ausencia de los informes requeridos al hospital.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
Solicitó que se declare la nulidad del auto de procesamiento, y en consecuencia, se decrete la absolución de su pupilo.-
La defensa técnica solicita la declaración de nulidad del auto de procesamiento, argumentando que la falta de producción de ciertas medidas probatorias en la etapa de instrucción vulnera el derecho de defensa en juicio y el debido proceso.-
Al respecto, cabe recordar que este Tribunal de Alzada —siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— ha sostenido de manera constante (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales impera un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable (Mismo criterio plasmado en Apelación N° 10109/26).-
La sanción de nulidad constituye un remedio excepcional de extrema gravedad y no procede por la mera disconformidad con la valoración probatoria efectuada por la magistrada de grado o por la falta de satisfacción de pruritos meramente formales ("la nulidad por la nulidad misma"), sino que exige la acreditación de un perjuicio efectivo, real, práctico y objetivo que haya colocado a la parte en un estado de indefensión absoluta.-
En la especie, no se vislumbra vulneración constitucional alguna, toda vez que las pruebas que la recurrente tacha de omitidas podrán, eventualmente, ser requeridas y producidas antes de la vista del art. 329 CPP o inclusive, con mayor amplitud de debate durante la etapa del plenario (juicio oral). La valoración e incorporación de medidas probatorias en la etapa sumarial, así como la determinación de su utilidad, conducencia y oportunidad, configuran facultades discrecionales de la Jueza de Instrucción interviniente en su carácter de directora del proceso penal (Art. 190 del CPP de Santa Cruz) (Criterio seguido en Apelación N° 10044/26).-
Por consiguiente, la disconformidad de la defensa con la selección del material probatorio no encuadra en ningún vicio con efectos invalidantes, correspondiendo el rechazo de plano del planteo de nulidad.-
En cuanto a lo referido que no obran certificados médicos o peritajes psicológicos de entidad suficiente para acreditar de manera directa la materialidad de las lesiones y la autoría de su pupilo procesal; debemos decir, que frente a ello, es preciso ilustrar al recurrente que, para el dictado de un auto de procesamiento, el ordenamiento procesal no exige un estándar de "certeza" -propio de la sentencia definitiva-, sino que basta con un juicio de probabilidad suficiente acerca de la existencia del/los hecho/s y de la participación del encartado en el/los mismo/s.- En relación con los certificados médicos adunados, la defensa incurre en un error conceptual recurrente al pretender que dicho instrumento certifique la identidad de su autor, tal como tiene establecido la jurisprudencia pacífica de este Tribunal (v.gr. Apelaciones Nros. 10.039/26, 10.077/26 y 10.210/26), la función del certificado médico legal no es individualizar al agresor, sino constatar objetivamente la existencia material de las afecciones físicas sufridas por la víctima (su entidad, carácter y tiempo de curación). La autoría penal, por su parte, se reconstruye a partir del análisis íntegro y conjunto del conglomerado de indicios del sumario, confrontando los dichos de la denunciante con el mecanismo de producción descripto en el relato efectuado por los menores J.N.J.R. y K.A.K.R. en Cámara Gesell -fs. 20, 23 y va., 36 y 67 y vta.-, las declaraciones testimoniales de L.D.D.S. -fs. 24/25-, S.A.L. -fs. 30/31- y de R.M.G. -108 y vta.-, los informes psicológicos elaborados por las Licenciadas C. y C. -fs. 70/71, 72/73, 116/117 y vta. y 119/120 y vta.- y el informe socio económico por la Lic. L. -fs. 148/150 y vta.-; todo ello guardando plena armonía y concordancia.-
Asimismo, la aparente falta de una certificación médica contemporánea o detallada no impide el avance del proceso, máxime en casos intrafamiliares de violencia de género, donde la asimetría de poder, el sometimiento emocional, la vergüenza y el control ejercido por el agresor suelen obstaculizar o diferir en el tiempo la asistencia a centros de salud.-
Al respecto, es dable destacar lo expresado por la A Quo: "...corresponde señalar que la ausencia de certificación médica, que certifique y consigne las lesiones sufridas por las víctimas de autos, no resta entidad a la prueba recabada en autos. En este sentido, cabe mencionar que el certificado médico constituye un medio de prueba más dentro de las restantes constancias probatorias, pero no reúne el carácter de excluyente, ni indispensable para la configuración del delio de Lesiones Leves. Empero que nuestro ordenamiento jurídico procesal se rige por el principio de libre valoración de la prueba conforme los lineamientos de la sana crítica racional. Es por ello, que la ausencia de constancias médicas no implica la inexistencia de los hechos máxime cuando acontecen en el marco de un contexto de violencia doméstica y de género..." -fs. 210 vta. /211-; criterio que compartimos.-
Por todo lo expuesto, el agravio será desestimado.-
En cuanto al punto referido a la insuficiencia de la prueba de cargo respecto de las amenazas, alegando que estas encuentran sustento únicamente en los dichos de la damnificada ante la ausencia de testigos presenciales directos, invocando en consecuencia el principio del in dubio pro reo.-
Dicho agravio, no tendrá acogida favorable. La vetusta regla de herencia inquisitiva "testis unus, testis nullus" ha sido desterrada de nuestro sistema procesal de la sana crítica racional, habiendo fijado el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz la doctrina obligatoria de que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente, útil y suficiente para enervar la presunción de inocencia (TSJ, "A.G.A. s/ abuso sexual", Expte. Nº 2665, Registro A-566/07; conforme Apelación N° 10197/26).-
Esta directriz adquiere un vigor preeminente en delitos que involucran violencia doméstica o de género, los cuales, por su especial modalidad de comisión, se desarrollan de ordinario en la estricta intimidad de la pareja, exentos de la presencia de terceros; descalificar el relato de la víctima bajo la pretensión de exigir testigos presenciales importaría imponer un estándar de prueba de imposible producción, traduciéndose en una forma de violencia institucional revictimizante vedada por los tratados internacionales.-
Por mandato constitucional y convencional (Tratados de jerarquía constitucional del Art. 75 inc. 22 de la CN; Convención de Belém do Pará y CEDAW; así como la Ley Nacional N° 26.485 y su adhesión provincial por Ley N° 3201), los magistrados estamos obligados a abordar estos hechos con una rigurosa perspectiva de género. Esto implica dotar al proceso de un principio de amplitud probatoria (Art. 16 inc. i de la Ley 26.485) para acreditar los hechos denunciados.-
En este marco, el testimonio de la ofendida goza de una trascendencia singular y valor preferente, en tanto su relato se presente coherente, circunstanciado, persistente y corroborado periféricamente por otros indicios idóneos recopilados en la instrucción; por ende, no habiéndose configurado una duda razonable e insuperable, el principio in dubio pro reo invocado por la presentante deviene inaplicable en este estadio procesal (Postura adoptada en Apelación N° 10020/26).-
De igual manera, la defensa criticó que no se ha incorporado la historia clínica de los niños y de otros informes de instrucción.-
Nuevamente, desestimaremos el planteo. Tal como se adelantó ut-supra, la Jueza de grado subrogante posee la facultad de ponderar la pertinencia de las diligencias antes de la clausura de la etapa de instrucción.-
Al estar acreditado indiciariamente los ilícitos penales cometidos contra la madre y los menores, en un contexto de violencia familiar, la ausencia temporal de la historia clínica de los niños no resta valor convictivo al procesamiento de las lesiones y amenazas proferidas de manera directa contra la denunciante principal.-
En todo caso, la defensa tiene a su entera disposición los resortes procesales para solicitar e incorporar dichas piezas documentales u ofrecer peritos de control en la posterior y oportuna etapa de juicio, donde gozará de un marco de defensa material y técnica con total plenitud.-
En consecuencia, el decisorio venido en apelación luce debidamente motivado e íntegramente fundado conforme a las reglas de la sana crítica racional, ajustándose a derecho el procesamiento dictado en contra del justiciable (Postura adoptada en Apelaciones Nos. 10016/26; 10134/26).-
III. LA VALORACION DE LA PRUEBA: señaló acerca de la motivación de las sentencias, diciendo que debe encontrar sustento en hechos fehacientemente comprobados en la investigación y que debe ser corregido merced a la construcción de un razonamiento articulado sobre principios lógicos.- Adujo que en este estadio resulta necesario convalidar lo que es verosímil y está probado, de lo que no; la defensa entendió que al Sr. J. le asiste la duda razonable del contexto de las acciones que se le achacan y la calidad de la relación con la presunta víctima, debiéndose en consecuencia otorgar al imputado el beneficio de la duda.-
El agravio de la defensa, centrado en cuestionar la valoración de la prueba efectuada por la magistrada de grado subrogante y en exigir un estándar de "hechos fehacientemente comprobados" bajo la pretensión de certeza, no puede prosperar.- Corresponde advertir a la recurrente que confunde el umbral probatorio propio de esta fase liminar con la certeza apodíctica que únicamente se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria al finalizar la etapa del debate oral (Criterio plasmado en Apelación N° 10223/26).-
Esta Alzada ha sostenido de manera constante que el auto de procesamiento no constituye un pronunciamiento definitivo ni vinculante, sino que es un juicio provisional de valor, eminentemente revocable y reformable a lo largo del proceso, por lo que de ninguna manera causa estado; como señala la doctrina procesal clásica, “el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).-
En esta etapa de la investigación, por lo tanto, no se requiere la certeza plena de culpabilidad, sino la prevalencia de elementos incriminantes (cargo) por sobre los de descargo, bastando para habilitar la vía del plenario la confirmación inicial del estado de sospecha.-
En tal línea, se ha sostenido que: "...basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014).-
Por otro lado, también es preciso recordar a la defensa, que el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá -según criterio fundado- para tener por acreditado -con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver (Postura adoptada en Apelación N° 10015/26).-
En lo atinente al planteo de que le asiste al imputado la duda razonable y que, consecuentemente, debe aplicarse el principio in dubio pro reo consagrado en el artículo 4º del digesto procesal, cabe señalar que tal postulado resulta sustancialmente ajeno a la naturaleza de esta instancia instructoria. La duda, entendida como aquel estado intelectual complejo donde una proposición presenta motivos afirmativos y negativos en idéntica proporción, halla diferentes consecuencias jurídicas según la etapa procesal.-
La garantía del in dubio pro reo como límite absoluto que impide una condena opera con plenitud al término del juicio plenario, tras la producción de la prueba en condiciones de inmediación y contradicción; por ende, los cuestionamientos de la defensa orientados a discutir "el contexto de las acciones", la "calidad de la relación con la presunta víctima" o las alegaciones exculpatorias de su defendido, configuran defensas de fondo y estrategias de descargo que deberán ser ventiladas y examinadas en profundidad en la posterior etapa de juicio oral, que es el ámbito que ofrece la mayor amplitud de debate y contradicción.- En suma, el pronunciamiento de la Sra. Jueza de instrucción se presenta como un acto jurisdiccional debidamente fundado, sustentado en las pruebas incorporadas al legajo, las cuales permiten tener por acreditadas -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- la materialidad de los hechos y la autoría atribuida al encartado, todo ello valorado conforme a la sana crítica racional y con la debida perspectiva de género y de infancia; con lo cual, rechazaremos lo planteado.-
IV. EXCESIVO MONTO DEL EMBARGO: la parte recurrente se agravió por considerar que el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000), resulta excesivo, en tanto sostuvo que no escapa del conocimiento del a quo –en virtud de los informes del art. 26 y 41 del C.P.A.- que a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conduciría a la inhibición general de sus bienes, constituyendo así un daño innecesario.-
Adicionalmente, señaló que en autos no surgen gastos producto de la sustanciación del proceso, como tampoco observa la constitución en parte de querellante de la presunta víctima, sumado a que las acciones procesales fueron llevadas a cabo por la defensa pública y peritos oficiales, por lo que no surgen gastos en tales conceptos; tornando la decisión arbitaria e infundada acerca del embargo.-
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar asimismo el embargo de bienes del imputado.-
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).-
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
A su vez, surge en fs. 215, que la Magistrada interviniente expuso que, en atención al art. 499 del C.P.P., se decretará el embargo a fines de garantizar el pago de daños, perjuicios y de costas judiciales, para estimar adecuado fijar – provisoriamente- el monto del embargo en la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).-
Es más, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.-
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden (Postura plasmada en Apelación N° 10109/26).-
Por todo lo expuesto, precisaremos que el embargo decretado en la suma indicada no luce irrazonable, teniendo en cuenta los ilícitos endilgados y su modalidad de comisión, motivo por el cual se confirmará el monto del embargo dispuesto, por resultar ajustado a derecho y la resolución que se intentó poner en crisis.-
V. RESERVA: Formuló reserva de ocurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia y/o en su caso, por la vía del Recurso Extraordinario (Ley 48) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que será tenida en cuenta oportunamente.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 202/215 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva de acudir en casación y caso federal formulada por la defensa.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia