Abriendo la norma
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de San Miguel · Causa 193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, teniendo presente que en la sentencia dictada por el TOC 4 de Mercedes, no se han valorado eximentes, ni considerado existencia de atenuantes; dejándose constancia en la cuestión quinta, que las partes no han estimado agravantes; y sosteniendo los agravantes y atenuante considerado en la cuestión anterior respecto del hecho de la presente causa; sin soslayar la conducta del encausado XXX, quien, con auto de responsabilidad firme y gozando de libertad, no dudó en volver a infringir la ley con hechos de mayor entidad criminógena que los que lo habían tenido sujeto a este Fuero, creo adecuado, coincidiendo con el Dr. Marcelo Javier Tonelli por parte de la Fiscalía del Fuero, imponer a XXXX, la pena única de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, comprensiva de LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, de EFECTIVO CUMPLIMIENTO, Y COSTAS, que he resuelto imponer en la presente en orden al delito por el cual fuera oportunamente declarado penalmente responsable como coautor ante este Juzgado; y de LA PENA DE SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, UN MIL PESOS DE MULTA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 20/02/2020, en la causa N° 3616 (testimonios obrantes a fs. 602/630).-
Finalmente, firme que se encuentre este pronunciamiento, ordenaré practicar por Secretaría, el correspondiente cómputo y liquidación de gastos causídicos (art. 500 CPP), quedando habilitada luego, la cuestión de …
/// la Ciudad de Muñiz, Partido de San Miguel, a los DIECISIETE días del mes de MARZO del año DOS MIL VEINTIDÓS, y con el objeto de dictar la resolución que prescribe el art. 4º de la ley 22.278 concordante con el art. 372 y 375 del C.P.P., en la Causa N° 193/2017, correspondiente a la IPP principal N° 15-00-021776-17, del registro de la Secretaría Única de este Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial de Gral. San Martín, SEDE SAN MIGUEL, a mi cargo, seguida al joven T.L.C, quien no posee apodos, de estado civil XX, nacionalidad XX, nacido el XX, de XX años de edad, hijo de XXXX, poseedor del DNI N° XX, con domicilio en Calle XX, actualmente a derecho en estos actuados, detenido a disposición de estos Estrados en la XX, sujeto a decisión en los términos de referencia, por haber sido declarado penalmente responsable, con fecha 16 de Enero del año 2018, en calidad de COAUTOR, del delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA (art. 166 inc. 2 párrafo 3° del Código Penal), por el hecho que damnificara a XX, ocurrido el día 14 de Mayo del año 2017, en la localidad y Partido de San Miguel, de esta provincia de Buenos Aires; sentencia que se encuentra firme a la fecha, y que, celebrada como fue el pasado 11 de Marzo del corriente año, la audiencia agregada a fs. 685/686, en los términos del art. 4° de la Ley 22278, deja los autos en condiciones de dictar el presente fallo.-
Seguidamente, conforme las prescripciones del art. 4º de la ley 22.278 concordante con el art. 372 del C.P.P, planteo y decido las siguientes -CUESTIONES- 1ra.: ¿Corresponde la aplicación de sanción penal a XXXX, en los términos del art. 58 de la Ley 13.634 y art. 2 y 4 de la Ley 22.278?
2da.: ¿Median atenuantes, eximentes o existen agravantes por considerar, y en su caso, qué escala penal corresponde aplicar?
3ra.: ¿Corresponde dictar pena única en los presentes actuados, de conformidad con lo estipulado por el art. 58 del Código Penal?
A LA PRIMERA CUESTION, DIGO:
En la audiencia llevada a cabo el día 11 de Marzo del corriente año, agregada a fs. 685/686, el Representante de la Vindicta Pública del Fuero, Dr. Néstor Adrián Grimaldi, expresó, cedida que le fuera la palabra en los términos del art. 4° de la Ley de Minoridad 22278, respecto del encausado XXX que, a su criterio, debía expedirse considerando la situación de su consorte de causa, el joven XXX.- Entendió que, si bien se había acordado imponer una pena de tres años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas por estos actuados, esta sanción debía ser reducida en los términos de la norma de referencia, y además, porque por estos actuados a su consorte XXX sólo se le había impuesto una pena muy inferior -de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y costas-, peticionando en definitiva la imposición de una pena de UN AÑO y DIEZ MESES DE PRISIÓN Y COSTAS, justificando dicha aplicación en la comisión del nuevo delito que implicó la pena dictada por el Fuero de la Justicia Ordinaria de Adultos, y ello mientras se encontraba en libertad en estos actuados, lo que indicaría la frustracíón de los fines del Fuero de la RPJ.- Aún así, entendió que esa pena que solicitó imponer, ya estaba cumplida con el tiempo que había estado detenido XXX a disposición de la Justicia de Adultos.-
Por su parte la Defensa Técnica del joven, ejercida por la Sra. Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, Dra. Maria Lucrecia Sammartino, solicitó, previendo quizá la inviabilidad del pedido fiscal de tener por compurgada la pena con la detención en otra causa (la de adultos), en cuanto a la imposición de pena en la presente causa, no obstante el exiguo pedido fiscal, que la misma no superara lo que entendió el mínimo legal de UN AÑO y SEIS MESES de Prisión y Costas.-
Ahora bien, llegado el momento de adentrarme en el análisis de la cuestión traída a estudio, en la situación de XXX, se dan por acabadas las exigencias del art. 4° de la Ley 22.278 para el dictado del pronunciamiento que nos ocupa: a esta altura del proceso, el mencionado ha sido declarado penalmente responsable en calidad de coautor [exigencia del inc. 1° de la norma], conforme el delito que se ha apuntado en el exordio, sentencia que al día de la fecha, ha adquirido firmeza, más allá de no ser requerida esta circunstancia por la norma de referencia.- El joven cuenta actualmente con la mayoría de edad (requisito del inc. 2°), y ha superado ampliamente el período fijado por la normativa legal de cumplimiento mínimo del tratamiento tutelar (inc. 3°).-
Analizados los diversos informes agregados en autos del CTA pericial social de fs. 642/644vta., conviene destacar que, se evidencia a través del aporte de la profesional interviniente, que XXX ha desarrollado una evolución que podría tildarse de favorable, aunque levemente y en forma discreta.- La Lic. Gros, en su dictamen de fs. 642/644vta., expresa: “El joven se muestra con una actitud cordial y respetuosa, claro y concreto en sus apreciaciones, observando que es necesario reafirmar su identificación con la figura paterna. Su mirada proyectiva para el momento de obtener su libertad se sostendría en la búsqueda de un empleo y el retorno al domicilio materno”.- No obstante ello, a mi criterio, surge de dicho dictamen que su tratamiento tutelar no arroja resultados óptimos, refiriendo una superficial previsión de metas futuras para el momento de recuperar la libertad, sin sustento concreto en el obrar diario del joven, y en consonancia con la conducta de desapego a las reglas de conducta impuestas en el auto de responsabilidad recaído en su contra en autos, cirunstancia que no lo mantuviera alejado de los conflictos con la ley penal, y que originara su detención y nueva condena ante el TOC N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes.-
En ese mismo andarivel, sitúo el informe del Servicio Penitenciario, agregado a fs. 565/575vta., en el que se da cuenta que, si bien el joven XXX no registra sanciones disciplinarias, calificándose su conducta como EJEMPLAR con calificación numérica de DIEZ, y su concepto como BUENO, y que "... desde el ingreso a esta dependencia no ha presentado dificultades de adaptación al régimen imperante, ..., no ha logrado capitalizar su tiempo de detención con actividades provechosas pensando en una adecuada progresividad en la ejecución de la pena..." -el resaltado me pertenece-, dejándose constancia en el mencionado informe que además se lo ha instado a su incorporación en las distintas actividades que proporciona la unidad carcelaria, y a continuar sujeto al Programa de Jóvenes Adultos.- De estas consideraciones deduzco que el proceso tutelar que el joven ha iniciado desde la fecha de inicio de las actuaciones, luego de lo cual se iniciara el tratamiento tutelar desarrollado ampliamente en el presente, ha sufrido una involución -cristalizada en la comisión de un nuevo delito-, que no puedo soslayar, y que lo hace merecedor de condena, en virtud de lo cual, sostengo adecuado imponer pena a XXX, y continuar así con las medidas que sean convenientes para el fortalecimiento de su personalidad.-
Por todos los argumentos vertidos, y siendo mi sincera y razonada convicción, a esta primera cuestión, DECIDO POR LA AFIRMATIVA (arts. 210, 375 inc. 2º, CPP; arts. 58, incs. 1°, 2° y 3° de la Ley 13634; y 2° y 4° Ley 22278)..-
A LA SEGUNDA CUESTION, DIGO:
En la sentencia de fs. 266/273vta., se difirió el tratamiento de los aspectos de esta segunda cuestión, para el momento que nos ocupa, el del tópico a que refiere el art. 4° de la Ley 22278, de tratamiento de imposición o no de pena al encausado.-
Recientemente, en la audiencia agregada a fs. 614/615, las partes se expidieron al respecto.-
Por su parte el Sr. Agente Fiscal, Dr. Adrián Grimaldi en la audiencia llevada a cabo el día 11 del corriente mes y año, esbozó como agravantes la nocturnidad y pluralidad de participantes al momento de comisión del hecho, con división de funciones entre los intervinientes, mencionando como atenuantes la falta de antecedentes del joven XXX y su minoría de edad al momento de cometer el hecho delictivo.-
La Defensa no se expidió respecto de dichos tópicos.-
Por mi parte, y guiando mi pensamiento según los lineamientos establecidos por los arts. 40 y 41 del Código Penal, no habiendo verificado la existencia de eximentes de responsabilidad, evalúo como agravantes del hecho por el cual XXX fuera declarado penalmente responsable, la pluralidad de intervinientes con una clara división de funciones para su concresión, y la nocturnidad aprovechada por los malhechores como cobijo de sus acciones contrarias a derecho, en el ilícito por el cual se le dictara sentencia mediante auto de responsabilidad (conf. fs. 266/273vta.).- Respecto de los atenuantes, y tal como lo explicito en mis pronunciamientos, en relación con la petición de la fiscalía de consideración de la franja etárea a la que pertenecía el encartado al momento de la comisión del ilícito, no considero atenuante la joven edad del sentenciado, ya que ésta está contemplada en el tratamiento especial que brinda el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil a sus justiciables, y en la reducción de la escala penal prevista para los delitos, conforme la facultad que otorga el art. 4° de la Ley 22278.- Sí tendré presente la carencia de antecedentes que peticiona la Fiscalía.-
Analizados los tópicos precedentemente expuestos, cabe considerar la escala penal aplicable al caso particular de XXX.-
Como dijera la Suscripta en la cuestión anterior, en la oportunidad de la audiencia precedentemente celebrada y agregada al legajo, el Sr. Agente Fiscal, solicitó la imposición de la exigua sanción de UN AÑO Y DIEZ MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, y ello no sin recordar antes el acuerdo pactado al respecto, por una pena de TRES AÑOS Y OCHO MESES de la misma especie citada.- Tuvo para ello en consideración, la pena impuesta por la Suscripta al consorte menor de causa de XXX, el Joven XX.- También dejó sentado que, a su parecer, la pena que peticionara imponer a XXX -de un año y diez meses de prisión-, ya se había cumplido dado que ese mismo período había sido sufrido en detención por XXX a disposición de la Justicia Ordinaria de Adultos, por lo que, entendió que esta pena ya estaba vencida.-
Por su parte la Defensa estimó subsidiariamente una pena a imponer de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con costas.-
A esta altura del análisis, y ante, a mi parecer, el sorprendente planteo del Dr. Adrián Grimaldi ante la situación de un joven que encontrándose en libertad en este legajo, no dudó en volver a delinquir -no obstante lo cual, la Fiscalía entendió vencida una condena con la detención sujeta a una causa distinta, la del Fuero Ordinario-, debo hacer un raconto de las posturas del MPF en estos actuados, en relación con la aplicación de pena a XXX, por entender que dicho ministerio es único, más allá del agente que participe en cada acto procesal, y lo actuado por cualquiera de los operadores del mismo, debe ser tomado en consideración.-
El Ministerio Público Fiscal, representado en su oportunidad, por el Dr. Marcelo Tonelli, a fs. 509/514vta., dentro de los tópicos abordados en su escrito, puntualmente al referirse a la pena a imponerse al joven XXX, mencionó el acuerdo de pena alcanzado por las partes, de TRES años y OCHO Meses de Prisión, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, refiriéndose luego, y considerando aplicable al caso, el instituto de unificación de pena dispuesto por el art. 58 del C.P., peticionando finalmente la imposición de una pena única de DIEZ años y CUATRO MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, graduación a la que arribó con la suma aritmética de la sanción pactada por las partes ( de tres años y ocho meses de prisión en estos actuados), y la condena del TOC N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, como consecuencia de lo cual se desprende que la postura del MPF en dicha oportunidad fue la de imponer a XXX el extremo sancionatorio acordado entre los litigantes (tres años y ocho meses de prisión).-
Analizados estos aspectos a la luz de la sentencia de autoría y responsabilidad de fs. 266/273vta., he formado mi opinión respecto de la conveniencia de imposición de pena a XXX, como ya lo he apuntado.- Respecto del "quantum" de la pena a imponer, entonces, considerando el hecho por el cual el encausado fue oportunamente declarado penalmente responsable, a saber: como COAUTOR, del delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA (art. 166 inc. 2 párrafo 3° del Código Penal), la posible escala penal aplicable para la graduación de pena en función de la norma aplicativa, que, conforme he adelantado, a mi criterio propicio imponer a XXXX, parte de un mínimo de TRES AÑOS DE PRISIÓN, hasta llegar a un máximo de DIEZ AÑOS.-
A esta altura, debo anticipar que, teniendo como horizonte los escasos resultados positivos obtenidos por XXX en su tratamiento tutelar, a lo que se aduna la comisión de un nuevo delito hallándose en libertad en estos actuados, y con sentencia de responsabilidad firme a la fecha de ocurrencia del mismo -perpetrado el 28 de setiembre de 2018-, queda a mi criterio excluído del beneficio que le otorga el art. 4º de la Ley de Minoridad, en cuanto proporciona al Juez la facultad de reducir la pena a imponer a la escala de la tentativa.- Como ya lo he expresado también en otros fallos (causas del Juzgado de RPJ N° 1 Departamental, sede San Miguel, N° 87/2015, pronunciamiento de fecha 15/6/2015; N° 85/2015, de fecha 13/7/2015; entre otros), según mi interpretación, de la letra de la norma prescripta por el art. 4° de la Ley 22278, emerge que la potestad de reducción de la escala para graduar la pena a imponer en los términos de los arts. 42 y 44 del Código de Fondo, es facultad exclusiva de la judicatura y debe aplicarse –según también surge de la simple lectura del precepto legal-, conforme las particularísimas características del joven cuya sanción se evalúa, los resultados parciales –o finales, depende el caso- del tratamiento tutelar, y las circunstancias también particulares de los hechos achacados: “…si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa…” (el subrayado obviamente me pertenece, y revalida lo sostenido por mi interpretación).- Y ello, más allá del alcance que pueda otorgársele al fallo “Maldonado”, pronunciamiento de la SCJN, pero sí teniendo especialmente en cuenta el Fallo de la SCJPBA, en causa P.114698, de fecha 16/10/2013, en el cual, mediante voto del Dr. Hitters, se establece que el margen de discrecionalidad establecido por el legislador en el art. 4° de la Ley 22278, para resolver sobre la consecuencia penal de la declaración de responsabilidad de un joven sujeto a su tutela, brinda tres alternativas al juzgador: facultarlo a aplicar la sanción prevista para el delito en cuestión; fijar una pena reducida en la forma prevista para la tentativa, o bien absolver.- En el caso de XXX, y por los motivos razonados, opto por la primera de las tres alternativas.-
En base a estas consideraciones, debo anticipar que me parece absurdo el planteo fiscalista de imposición de sanción a XXX de un año y diez meses de prisión pedido por el Dr. Grimaldi, por haberse impuesto en autos una condena de dos años a su consorte XXX.- Desde su postura, no puedo soslayar que el Distinguido Representante del MPF no tuvo en cuenta que consideró vencida una pena (la correspondiente a XXX en esta causa), con un período de detención sufrido por éste en otra causa -la de Adultos-, que en su caso, debería motivar el dictado de pena única (lo que no consideró viable conforme lo trataré en la cuestión siguiente); así como tampoco tuvo en cuenta que la pena impuesta al consorte XXX, fuera reducida por aplicación en su favor del beneficio de la escala de la tentativa (art. 4° de la Ley 22278), que sí se resolvió aplicar bajo un exhaustivo análisis, y considerando los resultados óptimos -sí- de su tratamiento tutelar, cuestión que no puedo tener por ocurrida respecto de XXX, tal como fuera ya detallado en la cuestión primera de este pronuncimiento; a lo que debo agregar que, si bien respecto de XXX también se dictó pena única en su contra, la misma no comprendió ilícitos cometidos en su edad adulta, como en el caso de XXX, en virtud de lo cual, se desprende como corolario, que la situación de XXX es diametralmente diferente a la del causante XXX.- Por estas consideraciones, entiendo que el planteo efectuado en la audiencia del pasado 11 del corriente por el Dr.
Grimaldi, carece de fundamento lógico y científico.- Así y entonces, siguiendo el análisis, y partiendo del mínimo legal antes apuntado, creo adecuado estar a la postura sostenida primigeniamente por el MPF, cristalizada en la petición de imposición de pena efectuada por el Dr. Marcelo Tonelli, siendo adecuado en estos actuados, imponer como sanción a XXX, de la PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO Y COSTAS, en orden al delito por el que fue declarado penalmente responsable a fs. 266/273vta.- A esta altura, y reitero mi opinión -expresada también en otros pronunciamientos: CN° 10/2013, de fecha 9/6/2014; CN° 70/2014, de fecha 16/3/2015; CN° 11/2013 de fecha 17/7/2015, del Juzgado de RPJ N° 1 Departamental, sede San Miguel, entre otros-, que tanto el proceso penal, como el período que el joven esté privado de su libertad, así como la sentencia y eventual imposición de pena tal como ocurre en este caso, deben estar regidos por la instauración de la reintegración social del joven y su conversión en un ser útil a la comunidad.-
En este orden de ideas, y en consonancia con lo anteriormente expuesto, creo conveniente que, para continuar reforzando el proceso estructurador de la personalidad de XXX, es conveniente la determinación de medidas judiciales que el mismo deberá cumplir dentro del establecimiento carcelario que lo aloje, y mientras continúe su detención, explicitadas en las siguientes reglas de conducta (art. 58, incs. 1, 2 y 3; 68, inc. 8° y art. 77, incs. 1, 2 y 3 de la Ley 13634):
Continuar en su actual lugar de alojamiento, -en su condición de detención BAJO RÉGIMEN CERRADO (art. 68, inc. 8° y 77, inc. 4° Ley 13634);
Mantener Tratamiento psicológico, especializado individual - dirigido al control de las transgresiones a la ley y otros aspectos de su vida- (art. 68, inc. 8° y 77, inc. 4° Ley 13634);
Continuar con la escolaridad formal, en el ciclo lectivo correspondiente al año 2022 y años subsiguientes, en la escuela que tiene funcionamiento dentro de la UC que lo aloja, así como su asistencia a los Talleres de acuerdo a sus preferencias (art. 68, inc. 8° , 77 inc. 1° y 78 inc. 2° de la Ley del Fuero);
Imponer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que provoquen dependencia o acostumbramiento (art. 77, inc. 3° de la Ley 13634).-
El control mensual del cumplimiento de dichas medidas, continuará a cargo de la Defensa Oficial de XXX, en los términos del art. 73 de la Ley 13634.-
Tal es mi decisión, por ser mi sincera y razonada convicción (art. 58 de la Ley 13634 y 4° de la Ley 22378, y arts. 210 y 375 inc. 2° del CPP).-
A LA TERCERA CUESTIÓN, DIGO:
En la audiencia llevada a cabo el pasado 11 de Marzo del corriente, se corrió traslado a las partes en los términos del art. 58 del CP, a efectos de que se expidan respecto de la posible pena única a imponer a XXX, comprensiva de la dictada por la Justicia Ordinaria de Adultos, sentencia firme impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes -testimonios obrantes a fs. 602/630, sentencia condenatoria recaída con fecha febrero del año 2020, en la causa N° 3616, mediante la cual se impuso a XXXX la pena de SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, UN MIL PESOS DE MULTA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el uso de arma de fuego apta para producir disparos y por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso ideal, dos hechos en concurso real, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, hechos cometidos el día 28 de septiembre de 2018, en la localidad y partido de Moreno y en perjuicio de XXXX (arts. 12, 29 inc. 3°, 42, 45, 55, 104 segundo párrafo, 166 inc. 2°, segundo párrafo y 189 bis, inc. 2°, tercer párrafo, del C.P., y 210, 373, 375, 399 y 530 del C.P.P.)-, y la pena que he resuelto imponer como resultado de la cuestión precedente, en estos actuados.-
En dicha audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa, argumentaron sus posiciones al respecto, con razonamientos distintos, no obstante lo cual ambas partes concluyeron en que no se inclinaban por la imposición de sanción unificatoria en los términos del art. 58 del Código Sustantivo.-
El Dr. Grimaldi, fundó su postura en que, habiendo sido detenido en el Fuero Ordinario de Adultos con fecha 28/9/2018, ininterrumpidamente hasta la actualidad, no habiendo sido anotado a disposición de estos Estrados hasta el 25 de febrero del corriente año (conf. decreto de fs. 680), ese largo período de detención debía ser computado como cumplimiento de la pena de esta causa, la que según su pedido de pena se encontraría vencida.- A su criterio, esto planteaba un obstáculo insalvable para la aplicación del art. 58 del Código Sustantivo, a la que se opuso.- Por su parte la Defensa, también se opuso, pero por distintas razones, como anticipé.- La Dra. Sammartino habló de la naturaleza jurídica distinta de las condenas del Fuero PJ, y de las del Fuero Ordinario, por lo que no procedía a su criterio la unificación, con sustento en fallos de la Casación Provincial.- Además, y por supuesto, hizo mención a la postura esgrimida por el Dr. Grimaldi .-
Nuevamente aquí traeré a colación, atento a la posición del Dr. Grimaldi, y al carácter señalado respecto del MPF, repito, por entender que dicho ministerio es único, más allá del agente que participe en cada acto procesal, y lo actuado por cualquiera de los operadores del mismo, debe ser tomado en consideración (como ya lo he enfatizado en la cuestión segunda), la postura expresada por el Dr. Marcelo Tonelli, a fs. 509/514vta.-
Dentro de los tópicos abordados en su escrito, puntualmente al referirse a la pena a imponerse al joven XXX, mencionó la imposición de una pena única de DIEZ años y CUATRO MESES DE PRISIÓN ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, comprensiva de la pena solicitada en esta causa (abogando la imposición de la pena acordada por las partes, como se aclaró "supra"); y la impuesta por el Tribunal Oral Criminal N° 4, del Departamento Judicial de Mercedes, de SEIS años y OCHO Meses de prisión, un mil pesos de multa, accesorias legales y costas, utilizando como también ya se dijera, el método de suma aritmética para su graduación.-
Ahora bien; el art. 58 impone que “Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto;…”; precepto que de la misma redacción de su texto es el principio general, por excelencia, establecido en esa regla penal, y que se da con exactitud en la situación particular procesal de XXX.-
A este respecto, debo iniciar el análisis con la solicitud de la Fiscalía de tener por vencida la pena de un juicio, con el tiempo de privación de libertad sufrido en otra causa, vencimiento que, según el criterio del Dr. Grimaldi, impediría la unificación analizada de sus condenas.- Entiendo que justamente la consideración de tal razonamiento es, a mi criterio, inviable.-
Así, encontrándose actualmente XXX (desde el 28/9/2018;
fs. 625), privado de su libertad a disposición de la Justicia Ordinaria de Adultos; y colocado a disposición conjunta con estos Estrados desde el 25/2/2022 (conf. fs. 680 primer párrafo), permaneciendo así, detenido simultáneamente para ambos organismos jurisdiccionales; y siendo que, si se tuviera por concluida la pena del fuero penal juvenil con su detención en el fuero de adultos, faltaría justamente ese mismo período aún por cumplir en aquellos actuados, ya que no podría cumplirse pena en dos causas distintas, al mismo tiempo, con un sólo y único período de detención; concluyo que cae por tierra el planteo del Dr. Grimaldi, cobrando importancia aquí lo sostenido por el Dr. Tonelli, en virtud de lo cual, corresponde la unificación de ambas condenas en los términos del art. 58 del Código de Fondo.-
Ahora bien; a las palabras argüidas por la Defensa, que realmente alcanzan a sorprenderme en cuanto al sostenimiento de dicho planteo a pesar de los reiterados fallos que derriban el mismo, respecto de la improcedencia del trámite unificatorio del art. 58 del Código de Fondo, debo oponer (tal como ya lo he efectuado en la sentencia condenatoria de esta Judicatura, dictada en CN° 29/2013 del Registro de la Secretaría Única del Tribunal, pronunciamiento de fecha 8/8/2016; y varios otros pronunciamientos dictados en causas de este Juzgado a mi cargo), el fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires, en CN° 63935, “Budiño Sebastián s/ Recurso de Casación”, citando en particular la conclusión a la que arriba en su voto el Dr.
Sal Llargués –al que adhiere en todos sus alcances el Dr. Carral-, en el fallo de referencia, el cual deja sentado que, en caso de corresponder el dictado de pena en los términos del art. 58 del Código Penal, debe ser efectuado el pronunciamiento por el Juez Penal Juvenil, que por su doble carácter de Juez Penal y de Juez Especializado, lo que sintetiza acabadamente la finalidad de la pena a imponerse, asegurándose que por otro lado, se alcancen –o al menos se tienda a desarrollar- los fines del Fuero Minoril, contando además este Magistrado, con más alternativas de decisión que el Juez de competencia común.- A modo ilustrativo transcribiré lo esencial del fallo, a mi exposición: “…es que si tras sustanciar el proceso en el fuero juvenil se encuentra responsable a un joven de un delito y se le aplica una pena, …, ésta debe estar orientada, como objetivo primario, a reinsertarlo lo más rápidamente posible en la sociedad, con la menor coerción posible por el mínimo tiempo que proceda….
Si ello se viera truncado por la comisión de un nuevo delito por parte del sujeto, esta vez como mayor, la incidencia que tal circunstancia tenga, debe necesariamente ser analizada por el juez especial. … la especialidad de la pena que impone el juez minoril, no cabe que sea reexaminada o evaluada por un juez del fuero común, … dejando de lado lo cualitativo, objetivo principal del proceso del joven.- Más aún, el juez del joven cuenta con el mayor abanico de posibilidades: sumar todo, componerlo, dejar sin efecto el proceso unificatorio o conciliarlo de manera más armónica… y, por supuesto, no permitir la declaración de reincidencia.- … el juez penal juvenil resulta el nexo entre ambos procesos por ser quien tiene competencia común –ya que es penal además de especial-, mejor posicionado para decidir en función de conocer el historial del sujeto, mayor cantidad de posibilidades de decisión para ajustarla al caso, y, por sobre todo, es quien examinará y decidirá qué rol juega en la vida adulta la conducta del sujeto como menor, y cómo debe interpretarse la pena especial originariamente impuesta…” Anticipando que la utilización de negritas para enfatizar el significado jurídico del párrafo que antecede me pertenece, analizaré los diversos puntos del voto del Dr.
Sal Llargués, a la luz de la situación procesal de XXX.-
El joven causante fue sentenciado en autos, mediante el auto de responsabilidad de fecha 16 de Enero del año 2018, en calidad de COAUTOR, en orden al delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA (art. 166 inc. 2 párrafo 3° del Código Penal), hallándose por ese entonces, sujeto a disposición de estos Estrados en libertad.- No obstante la gravedad de tal pronunciamiento, y teniendo a su disposición en el tratamiento tutelar que se le estaba implementando, el despliegue de todos los recursos del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, fue detenido nuevamente por la Justicia Ordinaria de Adultos debido a la comisión de un nuevo hecho delictivo cometido por el joven (cfr. fs. 590/627), motivo por el cual el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Suscripta resultó interrumpido, encontrándose actualmente detenido -con posterioridad al hecho cometido en su minoría de edad, y con sentencia condenatoria firme, que hoy se pretende unificar en estos actuados, siendo alojado bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, lugar desde el cual se efectuó la audiencia agregada precedentemente.-
En relación con el planteo de la Defensa respecto de la distinta naturaleza jurídica de la pena impuesta en el Fuero de Adultos, y la impuesta en el Fuero Penal Juvenil, debo decir que tal diferencia no existe: la sanción penal juvenil y la impuesta en la justicia ordinaria tienen la misma naturaleza jurídica: ambas son penas, y toda pena en sí es un dolor para quien la recibe, y cristalizan el "jus puniendi" del Estado.- Ambas tienden en cuanto a su finalidad, a la prevención general por un lado, y especial de los condenados, como instrumento que utiliza el Estado en su función de administrar justicia y ejercer su poder coercitivo.- Quizá pudiera haber una diferencia entre las penas en cuestión, en cuanto a la finalidad pedagógica de la sanción penal juvenil, concepto que dista mucho de indicar diferencia alguna en cuanto a su naturaleza jurídica.- Entiendo entonces que ambas penas, la del Fuero PJ, y la del Fuero Ordinario, poseen identidad en su naturaleza jurídica.-
Por ello, y trayendo nuevamente el voto del Dr. Sal Llargués “supra” transcripto, la situación procesal unificatoria de XXX, debe ser analizada por la Suscripta, como Juez de enlace entre los procesos de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Justicia Penal de Adultos, en mi doble carácter de Juez Especial y de Juez Penal, por lo que anticipo, considero que debe ser dictada respecto del mismo, pena única que comprenda las impuestas en los procesos de los Fueros que hoy confluyen ante mi conocimiento.- Con estos argumentos jurisprudenciales nuevamente concluyo que corresponde la aplicación del art. 58 del CP.-
Ahora bien; conforme lo estipula el principio general de dicha norma de fondo, ambos hechos cometidos por XXX, esto es decir, los de los presentes actuados, y los correspondientes a la condena impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mercedes, deben ser contemplados en una misma condena comprensiva de cada una de ellas, estipulándose la escala penal de valoración de la misma, sobre la base del mínimo mayor (o sea, partiendo de la base de SEIS AÑOS Y OCHO MESES de PRISIÓN –conf. fs. 625 apartado II), y como máximo, la suma de ambas condenas (NUEVE AÑOS Y OCHO MESES de PRISION, tal como lo establece el juego armónico de los arts. 55 y 58 del CP).-
Por ello, teniendo presente que en la sentencia dictada por el TOC 4 de Mercedes, no se han valorado eximentes, ni considerado existencia de atenuantes; dejándose constancia en la cuestión quinta, que las partes no han estimado agravantes; y sosteniendo los agravantes y atenuante considerado en la cuestión anterior respecto del hecho de la presente causa; sin soslayar la conducta del encausado XXX, quien, con auto de responsabilidad firme y gozando de libertad, no dudó en volver a infringir la ley con hechos de mayor entidad criminógena que los que lo habían tenido sujeto a este Fuero, creo adecuado, coincidiendo con el Dr. Marcelo Javier Tonelli por parte de la Fiscalía del Fuero, imponer a XXXX, la pena única de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, comprensiva de LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, de EFECTIVO CUMPLIMIENTO, Y COSTAS, que he resuelto imponer en la presente en orden al delito por el cual fuera oportunamente declarado penalmente responsable como coautor ante este Juzgado; y de LA PENA DE SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, UN MIL PESOS DE MULTA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 20/02/2020, en la causa N° 3616 (testimonios obrantes a fs. 602/630).-
Finalmente, firme que se encuentre este pronunciamiento, ordenaré practicar por Secretaría, el correspondiente cómputo y liquidación de gastos causídicos (art. 500 CPP), quedando habilitada luego, la cuestión de competencia correspondiente.-
Tal es mi decisión, por ser mi sincera y razonada convicción (art. 58 de la Ley 13634 y 4° de la Ley 22378, y arts. 210 y 375 inc. 2° del CPP).-
Acto seguido, en mérito a las cuestiones tratadas, y de conformidad con lo previsto por los arts. 4 de la Ley 22.278; arts. 12, 29, inciso 3º, 40, 41; 55; 166, inc. 2° tercer párrafo, del Código Penal; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia -Reglas de Beijing- 13, 17.1 punto C.; arts. 37, 40 inc. 1ro. de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 375 segundo párrafo, 500 y 531 del Código Procesal Penal de la provincia; y no quedando cuestión por analizar, FALLO DICTANDO LA SIGUIENTE -S E N T E N C I A- En atención al resultado arribado al tratar las cuestiones precedentes, RESUELVO:
I. IMPONER a T.L.C, de las demás condiciones personales obrantes en autos, la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, y COSTAS, por resultar penalmente responsable, en calidad de COAUTOR del delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA (art. 166 inc. 2 párrafo 3° del Código Penal), por el hecho que damnificara a XX, ocurrido el día 14 de Mayo del año 2017, en la localidad y Partido de San Miguel, de esta provincia; hecho en virtud del cual se dictara auto de responsabilidad penal de fecha 16 de Enero del año 2018.- Rigen los arts. 12, 29 inciso 3º, 40, 41 del CP; art. 4º ley 22.278; art. 58 de la Ley 13634; arts. 375 inc. 2°, 500, 531 del CPP.-
II. IMPONER a T.L.C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, la PENA ÚNICA de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, comprensiva: de la condena impuesta en el apartado precedente, dictada en la presente causa; y de LA PENA de SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, UN MIL PESOS DE MULTA, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 20/02/2020, en la causa N° 3616 (testimonios obrantes a fs. 602/630), mediante la cual se impuso a XXX la pena de mención, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA PRODUCIR DISPAROS Y POR SU COMISIÓN EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA, EN CONCURSO IDEAL, DOS HECHOS EN CONCURSO REAL, Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, hechos cometidos el día 28 de septiembre de 2018, en la localidad y partido de Moreno y en perjuicio de XXXX, (arts. 12, 29 inc. 3°, 42, 45, 55, 104 segundo párrafo, 166 inc. 2°, segundo párrafo y 189 bis, inc. 2°, tercer párrafo, del C.P., y 210, 373, 375, 399 y 530 del C.P.P.).- Rigen los arts. 12, 29 inciso 3º, 40, 41 y 58 del CP; art. 4º ley 22.278; art. 58 de la Ley 13634; arts. 375 inc. 2°, 500, 531 del CPP.-
III. MANTENER a T.L.C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, en calidad de DETENCIÓN BAJO RÉGIMEN CERRADO, en su actual lugar de alojamiento.- Art. 81 de la Ley 13634.-
IV. IMPONER a T.L.C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta (art. 58, incs. 1, 2 y 3; 68, inc. 8° y art. 77, incs. 1, 2 y 3 de la Ley 13634):
Continuar en su actual lugar de alojamiento, UC- 54 de FLORENCIO VARELA en su condición de detención BAJO RÉGIMEN CERRADO (art. 68, inc. 8° y 77, inc. 4° Ley 13634);
Mantener Tratamiento psicológico, especializado individual - dirigido al control de las transgresiones a la ley y otros aspectos de su vida- (art. 68, inc. 8° y 77, inc. 4° Ley 13634);
Continuar con la escolaridad formal, en el ciclo lectivo correspondiente al año 2022 y años subsiguientes, en la escuela que tiene funcionamiento dentro de la UC que lo aloja, así como su asistencia a los Talleres de acuerdo a sus preferencias (art. 68, inc. 8° , 77 inc. 1° y 78 inc. 2° de la Ley del Fuero);
Imponer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que provoquen dependencia o acostumbramiento (art. 77, inc. 3° de la Ley 13634).-
V. HACER NOTAR A LA DEFENSA OFICIAL DE T.L.C.,
que respecto del cumplimiento de dichas medidas, deberá ejercer su control mensual, en los términos del art. 73 de la Ley 13634.-
VI.-REGISTRESE.- NOTIFIQUESE, consentida o ejecutoriada que sea, efectúese por Secretaría el cómputo de pena y liquidación de gastos causídicos. OFICIESE a donde corresponda.-
Oportunamente, sígase el trámite de competencia que corresponda.-
DADA, SELLADA Y FIRMADA EN LA SALA DE MI PUBLICO DESPACHO ANTE LA SRA. ACTUARIA QUE DA FE.-
ANTE MÍ:
Fin de la sentencia