Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.22 10:06:32-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Fecha: 2026.06.22 10:06:43-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.083 FOLIO Nº 037/039 PROT. ELECT. JR101 230I.261 Río Gallegos, 22 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “A.K.D. S/ LESIONES GRAVES” Expte. Nº A-80603/24, Apelación Nº 10194/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 133/138, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de K.D.A., en orden al delito de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor” (arts. 94 bis 1º y 2º párrafo del Código Penal), y en el punto 2) ordenó trabar embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-).
Que a fs. 148/150, la defensa técnica apeló dicho auto - motivándolo-; a fs. 157 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados por la recurrente, en el orden propuesto en el escrito de apelación.
I. De los agravios:
A) Errónea calificación legal – ausencia de acreditación del deber objetivo de cuidado: inicialmente, la defensa señala que el auto apelado no se sostiene en la valoración de los hechos y, a su juicio, resulta infundado en la aplicación del derecho material. En tal sentido, asegura que la valoración probatoria realizada es prematura, y se apoya en inferencias no corroboradas por peritajes técnicos concluyentes.
En esa dirección, entiende que el resolutorio está basado en una arbitraria y sesgada valoración de la prueba rendida.
Asimismo, critica la calificación legal atribuida pues, a su criterio, el procesamiento parte de una afirmación dogmática de imprudencia, sin demostrar en forma concreta cuál fue el deber objetivo de cuidado violado por el imputado. En palabras de la defensa, no se ha demostrado fehacientemente que la conducta imputada sea la causa única o relevante del resultado lesivo.
Esgrime que no se logra determinar con precisión el límite de velocidad vigente en el lugar del hecho, ni se acredita normativamente cuál sería el máximo permitido en la Av. S.M. de Río Gallegos. Al respecto, asegura que la mención de “velocidad mínima y probable” (pericia fs. 115/118) evidencia que no existe certeza técnica, sino una estimación. Asegura que la pericia no es concluyente respecto a la velocidad en la que se produjo el impacto, por lo que –a su juicio- la mecánica del hecho autoriza a suponer que ésta era sensiblemente menor. Advierte que no contiene desarrollo exhaustivo de la metodología empleada, cálculo de velocidad inicial, punto de inicio de maniobra, posible falla mecánica, algún posible obstáculo, etc., motivo por el cual postula que la decisión resulta prematura y carente de contradicción técnica.
Refiere que el aspecto volitivo del tipo penal no se encuentra fundado, ya que su pupilo no se representó la posibilidad de un resultado lesivo.
En líneas generales, esgrime que la prueba reunida resulta insuficiente, y su valoración fue parcializada, subjetiva y forzada a lograr el ajuste al pretendido tipo. Destaca que no se analizó la presencia de una irregularidad en la calzada.
Entiende que la pericia accidentológica no es concluyente, pues asevera que presenta evidentes limitaciones técnicas (v.gr. no explicita con precisión, método de cálculo, margen de error, variables consideradas). Al respecto, destaca que el evento responde a una dinámica compleja, no a una conducta lineal de embestida.
Que, analizado este primer planteo, adelantamos, será desestimado.
En tal sentido, entendemos, yerra la defensa al señalar que la valoración de la prueba resulte prematura, y se apoye en inferencias no corroboradas por peritajes técnicos concluyentes, dado que el auto se encuentra fundado en el análisis en conjunto de la prueba reunida, y no sólo de la pericial accidentológica, como refiere.
Así, un breve repaso del pronunciamiento, permite constatar que la magistrada juzgó acreditada la materialidad del ilícito, a partir de las actuaciones y diligencias policiales llevadas a cabo en el lugar del hecho, y los informes médicos que describen las lesiones que habría sufrido la víctima, su gravedad y tiempo de curación.
En tanto, la presunta autoría se acreditó, prima facie, mediante: 1) la prueba pericial accidentológica (fs. 115/118), que explicó la causa del siniestro, es decir, el exceso de velocidad del vehículo que guiaba el imputado previo al impacto, y su consecuente pérdida de control; 2) la testimonial de la víctima que declaró: “Veníamos por la avenida S.M., veníamos bastante rápido… el auto pierde el control y chocamos contra un vehículo que estaba estacionado…” (fs. 131/131 vta.), 3) el informe de laboratorio que dio cuenta que el imputado habría consumido alcohol y marihuana esa noche (fs. 24); 4) la historia clínica del damnificado y el informe del Cuerpo Médico Forense (fs. 108/108 vta.), que calificó las lesiones como graves, precisamente por el tiempo de curación (mayor a 30 días).
Entonces, tras el repaso efectuado, resulta insostenible el planteo de la defensa, referido a que la prueba reunida es insuficiente, que su valoración hubiera sido parcial, subjetiva o forzada a lograr el ajuste al pretendido tipo.
A mayor abundamiento, la recurrente se ha limitado a atacar simplemente la pericia accidentológica, sin reparar que el procesamiento se basa en el análisis integral de la prueba. Por dar un ejemplo, la apelante omite mencionar que su asistido habría estado conduciendo en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes, a exceso de velocidad, sin mantener el dominio efectivo del rodado, tal como exige el art. 39 de la ley 24449.
Que, pese a que el resolutorio no señala la velocidad a la cual se encuentra permitido conducir en el lugar del hecho, ello surge del informe de la División Accidentología Vial (fs. 51), del cual se desprende que el imputado conducía por la avda. S.M., y acababa de trasponer una encrucijada (calle C.P.), consecuentemente allí debió reducir la velocidad. Pero, además, es evidente que el impacto se produjo dentro del ejido urbano, donde es sabido que no se puede superar los 40 km/h en calles, y 60 km/h en avenidas, los cuales fueron ampliamente superados por el imputado (pues habría circulado a 99,23 km/h, conforme pericia accidentológica nro. 126/25).
Finalmente, no es cierto que la prueba pericial accidentológica no contenga un desarrollo exhaustivo de la metodología empleada, pues a partir de los puntos de pericia fijados, logró determinar la velocidad al momento del impacto, fundando su respuesta en una serie de cálculos efectuados, a los que remitimos. Asimismo, la experticia develó el rol de embistente y la mecánica del hecho, razón por la cual, se rechazará este planteo.
B) Ruptura del nexo causal – existencia de factores concurrentes no valorados: en este apartado, señala que el resolutorio no funda el nexo causal entre la conducta y el resultado.
Advierte que la pericia accidentológica describe una secuencia compleja de impactos, a su criterio, incompatible con una causalidad directa simple atribuible únicamente a la conducción. Asegura que la sola velocidad no es suficiente para sustentar un procesamiento, pues no se puede sostener que su asistido actúo con imprudencia. La agravia que sin resolver la incertidumbre, se atribuya responsabilidad.
Cuestiona que se describa el resultado, pero no se analice si éste era previsible desde la conducta atribuida. Refiere que no se acredita el grado de afectación concreta en la conducción. Explica que la resolución incurre en una presunción automática de peligrosidad, incompatible con el principio de culpabilidad.
A su modo de ver, el auto atacado presenta una motivación meramente aparente, pues reproduce prueba sin análisis crítico, omite considerar hipótesis alternativas, y no explica el razonamiento lógico que lleva a la imputación.
Finalmente, pide se revoque el auto apelado.
Que, estos planteos serán igualmente desestimados.
Ello así, pues no acierta la defensa al sostener que el pronunciamiento no establezca la relación de determinación (o nexo de causalidad como señala la apelante), dado que éste surge del análisis efectuado por la a quo a fs. 137/137 vta., donde imagina al imputado en idénticas circunstancias, acatando el límite de velocidad impuesto por la normativa vial, concluyendo que, de haber observado dichas reglas, el resultado no hubiese sobrevenido.
Por otro lado, no resiste el análisis el agravio relativo a que no se pueda sostener que su asistido actúo con imprudencia por conducir a excesiva velocidad, pues como concluyó la magistrada a fs. 136 vta., previo a la colisión que ocasionó la lesiones al damnificado, habría guiado su vehículo negligente y antirreglamentariamente, a exceso de velocidad (según determinó la pericia accidentológica), habiendo ingerido alcohol y consumido estupefacientes (conforme señaló el informe de laboratorio).
Tampoco es cierto que la resolución incurra en una presunción automática de peligrosidad, incompatible con el principio de culpabilidad, pues el resultado es objetivo, y la conducción imprudente del rodado –excediendo el límite de velocidad- se acreditó, prima facie, mediante la prueba pericial accidentológica.
Que, lo resuelto no escapa al criterio jurisprudencial imperante en la materia, pues –por dar un ejemplo- hace más de tres décadas, en un caso de similares características se sostuvo: “El exceso de velocidad con que se conduce un automóvil por la vía pública y que da lugar a la causación de un resultado disvalioso, toda vez que se provocaron lesiones graves al acompañante del conductor del vehículo, es reprochable penalmente no por la pura infracción de la norma de tránsito que fija el límite máximo, sino por haber sido superior a lo que las condiciones objetivas del tránsito, en esa circunstancia, aconsejaban para evitar resultados socialmente indeseados.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 05/07/1991; B.,A.; LA LEY1991-E, 254 - DJ1992-1, 28; Cita: TR LALEY AR/JUR/188/1991).
Y ese criterio se mantuvo, pues varios años después, se dijo: “El hecho de que al momento de perder el control del automotor, la calle por donde circulaba se encontraba en perfecto estado, sumado al hecho de que, presuntamente, iba a más de 100 kilómetros por hora, permiten concluir que el encartado actuó violando el deber objetivo de cuidado que debe tener cualquier conductor al momento de utilizar un rodado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI; 14/09/2010; T.,A.O; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/55110/2010).
Todo lo cual, permite descartar el agravio referido a que se hubiera reproducido prueba sin análisis, y autoriza a confirmar íntegramente el auto de procesamiento apelado.
C) Del embargo: aquí, considera excesivo el monto dispuesto, y entiende que correspondería su reducción de modo de asegurar los gastos derivados de costas procesales y honorarios. Que, este último planteo será rechazado, pues en el punto V) del considerando del resolutorio apelado, la magistrada fundó el embargo, y para ello tuvo en cuenta precisamente los rubros señalados por la defensa y, aun así, entendió que el monto era adecuado y razonable, criterio que compartimos.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. a fs. 133/138, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia