Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9236 FOLIO Nº 029/032 PROT. ELECT. JR101085I.251
Río Gallegos, 06 de marzo de 2025.
La presente causa caratulada: “K.D.A. S/ PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y ROBO EN TENTATIVA – OVD 572/23” Expte. Nº K-76792/23, Apelación Nº 9376/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 64/69, obra glosado el auto dictado por el Señor Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.A.K., en orden al delito de “privación ilegítima de la libertad y robo en grado de tentativa en concurso real” (arts. 142, inc. 2, 164, 42 y 55 del Código Penal).
Que a fs. 74/79, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 85 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en pos de lograr un adecuado tratamiento de los planteos esgrimidos, a continuación, separaremos las cuestiones para su análisis, respetando el orden propuesto por la recurrente en su presentación.
I. Planteo de nulidad – violación del derecho de defensa en juicio: inicialmente, señala la apelante que el hecho imputado a su representado, no encuentra sustento fáctico en la denuncia judicial realizada por la damnificada en sede policial y en la OVD. Al respecto, entiende la defensa que se ha puesto al encartado en estado de indefensión, lo cual –a su criterio- le generó un perjuicio irreparable en esta instancia del proceso. Entiende la recurrente que, habiéndose violado el derecho en defensa en juicio por no contar con una correcta imputación de los hechos, ésta alzada debe declarar la invalidez del acto de declaración indagatoria (fs. 61/62).
Asegura que se trata de un supuesto de invalidez absoluta, no imputable a su defendido, pues el acto viciado sería la base del resolutorio que intenta poner en crisis. Destaca que el perjuicio fue claro, pues la imputación fue simplista y carente de toda indicación concreta de lugar, tiempo y forma en que se desarrolló el acto, principalmente, dijo, por ser la propia denunciante quien indicó en cada oportunidad que declaró que ella no se quiso retirar de la vivienda, llamó (con su celular) a su amigo para que la busque y, cuando llegaron, se fue con ellos. Pues bien, analizado este primer planteo, adelantamos será desestimado.
En tal sentido, es propicio recordar que esta Alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. En nuestro caso, entendemos, yerra la defensa al señalar que el hecho imputado a su representado no encuentre sustento fáctico en la denuncia judicial realizada por la damnificada en sede policial y en la OVD, dado que –según expuso la denunciante-, estando en el interior de la vivienda del encartado, éste le habría arrebatado su teléfono celular e intentó desbloquearlo sin éxito, hasta que logró recuperarlo. Asimismo, relató que al llegar sus amigos a buscarla, el encartado le habría impedido egresar de la vivienda por la puerta, así que intentó hacerlo por la ventana, posibilidad que también habría sido obturada. Huelga señalar que ello, es precisamente lo que se imputó al incuso en el acto de declaración indagatoria, dado que al recuperar la víctima el celular, se le atribuyó simplemente la tentativa de robo, y al impedir la salida de la víctima se le imputó provisoriamente privación ilegítima de la libertad. Tampoco es cierto que no se hubiera descripto las circunstancias de lugar, tiempo y forma en que se desarrolló el acto, pues se indicó que habría sido en el domicilio sito en C. Nº XXX de Río Gallegos, en fecha (17/09/2023), aproximadamente a las 02:50 horas, tras mantener una discusión con la denunciante. Y ello válido, pues según enseña la doctrina, el conocimiento del hecho imputado demanda: “… la descripción de una conducta humana punible, condicionada por los siguientes requisitos: a) por determinada persona (calidad de instigador, autor o cómplice), b) de determinada manera (modo), c) en un ámbito espacial (lugar), d) en un momento o período específico (tiempo)…” (Principio de intimación, imputación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; Romero Villanueva, Horacio J.; SJA 07/11/2018; 309; Cita online: AR/DOC/3348/2018). En nuestro caso, todas estas circunstancias fueron descriptas al incuso al recibirle declaración indagatoria, motivo por el cual no se advierte perjuicio alguno derivado de dicha imputación dirigida al justiciado, capaz de invalidar el acto procesal.
II. Errónea valoración de los hechos: en este apartado, señala la defensa que el pronunciamiento apelado no realizó un lógico tratamiento de la cuestión planteada, y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, siendo la valoración de la prueba errónea o parcializada.
Refiere que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizados únicamente en contra y perjuicio de su defendido, afectando el principio in dubio pro reo.
En tal sentido, asegura que no están acreditados en autos los elementos mínimos constitutivos de las figuras penales atribuidas a su defendido.
A su modo de ver, la prueba recolectada e incorporada en el legajo, resulta insuficiente para atribuir responsabilidad a su representado como autor material de los hechos, pues la declaración de la víctima es contraria a la imputación de privación de la libertad pretendida, dado que habría estado allí por propia voluntad. Destaca que la damnificada pudo llamar por teléfono e indicar que se hicieran pasar por “uber”, y luego cuando le dijo a su defendido que la buscaban, él le abrió la puerta, por lo que –entiende- no se corrobora el extremo de la imputación. Asimismo, califica como evidente e injustificada la falta de lógica probatoria del auto apelado, colocando a su asistido en un plano de desigualdad, con seria afectación de mandatos constitucionales, tales como: la igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
Yendo al análisis de estos agravios, cabe señalar que no se advierte un ilógico tratamiento de la cuestión planteada en el auto de procesamiento, o que la valoración de la prueba adunada al legajo fuera parcial, toda vez que de adverso a lo sostenido por la defensa, en el resolutorio recurrido se ha realizado una prolija descripción de las manifestaciones, no sólo de la denunciante, sino de los demás testigos M.L.L. y E.A.R. (progenitora y amigo de la víctima respectivamente); y de la valoración que se efectuó luego de esos relatos, vinculándolos con el resto de la prueba, vale decir, el informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (fs. 24/25 vta.). De todo lo cual, se desprende la conclusión a la que finalmente se arribó, teniendo por acreditada –prima facie- la responsabilidad penal de D.A.K. En ese sentido, en el auto recurrido se sostuvo que el reproche que pesa sobre el imputado encuentra sustento probatorio en los dichos de la damnificada, quien dio cuenta pormenorizadamente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían suscitado los acontecimientos, y luce compatible con la mecánica de los hechos descripta, inclusive lo relativo a las lesiones que la víctima se habría auto inferido, golpeando la puerta de la habitación cuando el imputado se habría encerrado allí con su celular. En concordancia con lo expuesto, no podrá prosperar el planteo relativo a que la prueba valorada para el dictado del procesamiento fuera insuficiente, dado que, como dijimos, se consideraron las declaraciones de la pretensa víctima efectuadas en sede policial y en la OVD, declaraciones testimoniales de M.L.L y E.A.R., y el informe de riesgo, por citar las más relevantes.
Al respecto, hace más de una década se viene sosteniendo que: “La firme imputación de la víctima contra su ex pareja, sumado a las constancias de atención médica y el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN -que calificó su situación como de alto riesgo psicofísico- vienen a avalar el auto de procesamiento, dando por desvirtuadas las expresiones de descargo del imputado. Si bien es cierto que no existen testigos que pudieran dar fe de lo acontecido, dicha circunstancia es el denominador común de este tipo de sucesos que, tratándose de una situación de violencia de género en el contexto de una relación de pareja, siempre tienen lugar en ámbitos de intimidad y/o alejados de terceras personas ajenas a quienes se vinculan afectivamente.” (Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala V; B. S., M. J. s. Procesamiento - Recurso de apelación; 29/05/2014; Rubinzal Online; 64538/2013; RC J 8256/14). Que, compartimos el criterio del a quo, de valorar la prueba reunida con perspectiva de género, en el marco de la ley 26485 y la Convención de Belem do Pará, pues ambos instrumentos prevén, entre otras cuestiones, la tramitación con la debida diligencia reforzada, y la amplitud probatoria en casos como el que nos ocupa.
Por otro lado, resulta insostenible el planteo efectuado por la defensa acerca de que no se configura el delito de privación ilegítima de la libertad, por el hecho de que la víctima habría arribado al lugar por motivación propia, dado que aquí se le reprocha al imputado haber impedido que la víctima abandone libremente el lugar.
Simplemente por dar un ejemplo, la jurisprudencia, dice: “El procesamiento del imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad debe confirmarse, dado que el accionar atribuido excede los límites de lo razonablemente lícito en el contexto de un intercambio de palabras pues el acusado no sólo habría impedido el egreso de la víctima cerrando la puerta con llave, sino que permaneció indiferente frente sus pedidos de auxilio…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; 26/12/2024; M., S. A. s/ procesamiento y embargo; La Ley Online; TR LALEY AR/JUR/207522/2024). En virtud de lo expuesto, rechazaremos estos cuestionamientos.
III. Ausencia de tipicidad penal – falta de fundamentación – calificación jurídica – errónea adecuación al tipo penal: aquí, consideró que la conducta desplegada por el imputado no reúne los requisitos necesarios para encuadrarla en las previsiones de los art. 142 y 164 del Código Penal.
En particular, respecto a la privación de la libertad, dijo que los dichos de la denunciante resultan de imposible verificación, y dejan a su representado en estado de indefensión, invirtiendo la carga de la prueba, viéndose imposibilitado de rebatir los dichos de la denunciante, y obligándolo a tener que demostrar su inocencia, todo lo cual –dijo- es contrario a lo establecido por el Código Procesal y los principios constitucionales. Insiste en que la pretensa victima dijo que se queda en el lugar por su celular.
En cuanto al delito de tentativa de robo, señala que la denunciante describe un supuesto accionar del que no obra certificación de lesiones.
Aclara que no se encuentra probada la fuerza sobre la cosa, ni que el imputado se apropiara de la misma. Dice que esto último, emerge de las declaraciones de la denunciante, quien habría utilizado su celular sin inconveniente para llamar a su amigo.
Concluyó que la a quo no cuenta con elementos mínimos que permitan dictar el procesamiento por los delitos atribuidos, motivo por el cual, solicitó que se dicte el sobreseimiento definitivo del imputado o en su defecto se dicte la falta de mérito.
Veamos, en relación a la crítica referida a la calificación legal atribuida al imputado, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “privación ilegítima de la libertad y robo en grado de tentativa en concurso real” (arts. 142, inc. 2, 164, 42 y 55 del Código Penal). En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 64/69, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia