Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, estimamos adecuado el camino trazado por la instrucción para la presente investigación, donde no obstante haberse adoptado una decisión respecto de la situación procesal del encausado, queda abierta la posibilidad de incorporación de un mayor caudal probatorio, no viéndose agotada la etapa de investigación. Al respecto la doctrina se ha pronunciado manifestando que la falta de mérito es: “… un pronunciamiento intermedio, de alcance dubitativo, entre el procesamiento y el sobreseimiento. Pero desde el punto de vista formal, se muestra como un mérito desincriminador y provisional del período instructorio, con respecto al indagado como imputado y al hecho que se le atribuye.” (Clariá Olmedo, Jorge A.; "Derecho Procesal Penal"; t. II; Ed. Lerner; Córdoba, 1984; pág. 615).
Entonces, el aporte doctrinario señala que la falta de mérito para procesar o sobreseer no es un pronunciamiento definitivo, sino intermedio y provisional, y obliga al juez a continuar con la investigación, pues carece de suficientes elementos para adoptar una decisión. Como contrapartida, el procesamiento exige calibrar las pruebas de cargo y de descargo, para arribar al grado de probabilidad. Más allá de la discrepancia del recurrente, es dable recordar que los jueces pueden analizar las pruebas producidas durante el proceso y determinar libremente el alcance o valor que a ellas les asignan, con ciertos límites. …
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.233 FOLIO Nº 148/149 PROT. ELECT. JR 101 381I.261
Río Gallegos, 07 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: “A.K. S/ DENUNCIA” - Expte. N° A-82682/25 - Apelación N° 10309/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 93/95 vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 con asiento en Río Gallegos, quien en el punto I), ordenó declarar que no existe mérito para procesar ni sobreseer a M.N.P., en orden al delito de “hurto simple” (arts. 162 del Código Penal). Que a fs. 97/99, la Dra. A.K., apoderada de la parte querellante Municipalidad de Río Gallegos, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 103, y no habiendo presentado el memorial previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la parte recurrente cuestiona que se hubiera declarado la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado en orden al delito de hurto simple de energía eléctrica y la intervención del imputado se encuentra fehacientemente probada.
En su primer agravio “Acreditación plena del hecho y de la autoría de M.P.”, entiende que el apoderamiento ilegítimo del fluído eléctrico surge del acta de constatación de fs. 30/31, las secuencias fotográficas de fs. 32/35 y los informes de SPSE de fs. 44/48. Señala que personal especializado comprobó in situ la existencia de una conexión aérea clandestina que abastecía de electricidad al inmueble, eludiendo cualquier sistema de mención.
Señala que el propio imputado reconoció de manera expresa que reside en dicha vivienda de forma ininterrumpida y que hace uso de las instalaciones eléctricas del lugar.
A su entender, si el imputado es la única persona que ocupa el inmueble beneficiado por la conexión clandestina, el aprovechamiento directo e ilegítimo de dicha energía demuestra la autoría del hecho.
Considera un argumento exculpatorio la manifestación del imputado, argumentando que ninguna autoridad administrativa o municipal tiene la facultad de autorizar una conexión ilegal al margen de la empresa prestadora del servicio.
En su segundo agravio “Errónea aplicación del estándar probatorio exigido en el auto de procesamiento”, manifiesta que el fallo impugnado yerra al exigir para la presente etapa procesal un grado de certeza propia de la sentencia definitiva, considerando que los elementos reunidos sobrepasan holgadamente el umbral de probabilidad exigido.
Plasmados los agravios de la recurrente, procederemos a su análisis.
De la lectura de las constancias de autos, y que fuera ponderado por la instrucción y del cual hiciera mención la querellante, surge una Nota de la empresa Servicios Públicos, poniendo en conocimiento un informe elaborado por el departamento Fraude e Inspecciones, los cuales tienen por objeto detectar conexiones clandestinas, desvíos de medición o acciones fraudulentas, manifestando haber observado un caso de hurto de energía eléctrica en propiedad del Natatorio Municipal.
Exponen que tras una verificación que efectuara dicho personal, observaron una conexión aérea irregular sin ningún equipo de medición que registre el consumo, por lo que labran el correspondiente acta con fecha 23/07/2025.
Tras lo cual la empresa le impone al incuso multa por el lapso de 24 meses e intimación para la construcción de pilar definitivo.
Dicho elemento de prueba, permite tener por acreditada la existencia de una irregularidad, consistente en una conexión aérea irregular. Y que la empresa prestataria del servicio, adoptó las medidas que consideró pertinentes ante tales circunstancias, dejando en claro que se le efectuó al prestador el recupero de energía mediante conexión con suministro fijo autorizado.
Asimismo obra en autos nota de la misma gerencia comercial, informando en primer término que el medidor correspondiente al Natatorio fue cambiado el día 25/04/2025; y que de acuerdo a sus registros, se verifican pagos efectuados por caja de la empresa, y por medios externos de períodos del 2013, 2014 y 2015, y una compensación de deuda con la Municipalidad por los períodos comprendidos desde 11/2015 hasta 12/2022, encontrándose el servicio a nombre de P.M.
De esta forma, y en función de lo hasta aquí analizado, sólo puede tenerse por acreditado que el servicio se encontraba registrado a nombre del encausado, obrando informe de consumo y pagos hasta la fecha 12/22, con un registro de deuda hasta el período 12/2025, no obstante haberse labrado un acta en 07/2025 por conexión aérea irregular sin equipo de medición.
A ello debemos sumar, que la empresa prestataria del servicio adoptó las medidas que consideró oportunas a fin de apercibir al infractor y sanear la irregularidad detectada.
En función de lo expuesto, debemos señalar nuestra concordancia con el criterio adoptado por la instrucción, en tanto consideramos que las constancias reseñadas no permiten establecer con grado de probabilidad y exigibilidad propios de la presente etapa procesal, la efectiva responsabilidad del incuso por la irregularidad detectada, ni determinar que la conexión aérea hubiera sido realizada o mantenida por éste.
No debe soslayarse el conflicto suscitado a raíz de la anómala atribución de dicha vivienda impetrada en el terreno del Natatorio municipal al aquí imputado, encontrándose en trámite ante el Juzgado Civil actuaciones por desalojo, en función de la demanda interpuesta por el municipio local.
Como así también consideramos que los dichos manifestados por el imputado no han sido probados como así tampoco desvirtuados con los elementos aunados al legajo.
Por todo ello, estimamos adecuado el camino trazado por la instrucción para la presente investigación, donde no obstante haberse adoptado una decisión respecto de la situación procesal del encausado, queda abierta la posibilidad de incorporación de un mayor caudal probatorio, no viéndose agotada la etapa de investigación. Al respecto la doctrina se ha pronunciado manifestando que la falta de mérito es: “… un pronunciamiento intermedio, de alcance dubitativo, entre el procesamiento y el sobreseimiento. Pero desde el punto de vista formal, se muestra como un mérito desincriminador y provisional del período instructorio, con respecto al indagado como imputado y al hecho que se le atribuye.” (Clariá Olmedo, Jorge A.; "Derecho Procesal Penal"; t. II; Ed. Lerner; Córdoba, 1984; pág. 615).
Entonces, el aporte doctrinario señala que la falta de mérito para procesar o sobreseer no es un pronunciamiento definitivo, sino intermedio y provisional, y obliga al juez a continuar con la investigación, pues carece de suficientes elementos para adoptar una decisión. Como contrapartida, el procesamiento exige calibrar las pruebas de cargo y de descargo, para arribar al grado de probabilidad. Más allá de la discrepancia del recurrente, es dable recordar que los jueces pueden analizar las pruebas producidas durante el proceso y determinar libremente el alcance o valor que a ellas les asignan, con ciertos límites. Así, se ha dicho: “… el juez es libre de valorar la prueba, pero esa libertad nunca podrá ser sinónimo de sin razón … la libertad en la apreciación de la prueba de modo alguno implica una falta absoluta de reglas, sino que, por el contrario, sus decisiones deben ser motivadas en las constancias de la causa, las que deben ser apreciadas según su convicción, pero siempre en forma respetuosa de la lógica, la experiencia y el sentido común.” (Greppi, María Laura; La apreciación judicial de las pruebas; Cita: RC D 446/2012; Tomo: 2009 1 La prueba en el proceso penal – I; Revista de Derecho Procesal Penal).
De esta manera, consideramos acertada la valoración que efectuara la magistrada de la prueba incorporada al presente legajo, debiendo rechazar los agravios incoados.
II. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Asimismo, en virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente, remítase copia digitalizada bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a sus efectos. En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 93/95 vta., por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected].
4)Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia