Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-20330681-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo formulado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución DE PRLA N° 3691/2023, en cuanto dispuso formular cargo tributario y ordenar su posterior intimación respecto de la firma SKF ARGENTINA S.A.
2Imponer las costas al Fisco nacional vencido.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-53016143-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Mayo de 2026 c/ D.G.A. s/ apelación”.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en el expediente EX-2024-20330681- -APN-SGASAD#TFN, “S.K.F. ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 27/02/2024, SKF ARGENTINA S.A., a través de su apoderado y mediante RE-2024-20326676-APN- SGASAD#TFN, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3691 de fecha 20/09/2023, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la DGA, en el marco del expediente administrativo SIGEA N° 12195-12572-2013. Explica que mediante tal resolución se ABSOLVIÓ a la firma apelante y al despachante de aduanas GUILLERMO ALEJANDRO MASSIMINO de la infracción prevista y penada por el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, endilgada en relación al Despacho de Importación Nro. 13 001 IC04 185888 G, en los términos del art. 1112 del citado cuerpo legal y le FORMULÓ CARGO por los tributos adeudados cuyo importe ascendía a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 08/100 (U$S 9.928,08), en concepto de Derechos de Importación e IVA, intimando al importador a su cancelación en los términos de ley. Relata que con fecha 18/09/2013, oficializó el despacho de importación, referenciado en el párrafo precedente. Como parte de la mercadería incluida en el mismo, por la NCM 8413.30.90 (ITEMS 9, 10, 11, 12, 13 y 14) que estaba sujeta a medidas antidumping para la proveniente de China, fijadas por la Resolución N° 14/2010 MIT y ante la falta de presentación del Certificado de Origen al momento de la oficialización, se garantizaron U$S 11.240,90 por diferencias tributarias y U$S 29.48 por la MA 1% VA requeridos por la normativa Resolución 763/96 MEYOYSP, requerido por la normativa para obtener la liberación a plaza de la mercadería. Describe que en el sumario aduanero se puede constatar la constancia de digitalización del Certificado de Origen N° 843066, glosada a fs. 11/14 del expediente administrativo, adunado mediante multinota electrónica postlibramiento consulta de la digitalización del legajo del DI. A que fs. 18/19 luce el informe respecto del CO aportado. Y a fs. 20, mediante Nota 1014/2014 (SE RECR), se solicita generar el cargo por las garantías constituidas en concepto de tributos y multa por aplicación del art. 2° inc. b) de la Resolución MEYOYSP 763/96 por imposición de derechos antidumping. Posteriormente se liquidan los cargos Nros. 939/15 por los TRIBUTOS por la suma de U$S 11.240,90 nominales y 940/15 por la multa automática del 1% valor en aduana por la suma de U$S 29.48, notificados ambos con fecha 15/12/2015 que diera origen al proceso de impugnación en sede aduanera y a la resolución dictada, recurrida en autos.
Se agravia respecto del fallo aduanero, toda vez que sostiene que se emitió el cargo en clara violación de lo normado por el art. 7° incisos a) y b) de la Ley 19.549, por no cumplir, el auto de apertura del sumario infraccional, con los requisitos que taxativamente están fijados en el art. 1094 del C.A. Asimismo, plantea la nulidad de la resolución en crisis, al sostener que la autoridad aduanera por un lado absuelve a la actora de la multa por la infracción prevista en el art. 954 del CA., pero la intima al pago de tributos adeudados derivados de la importación en trato dejando expedito el recurso de apelación en los términos el art. 1132 del CA., sin ningún tipo de defensa al respecto, vulnerando la garantía constitucional de defensa en juicio y la del debido proceso legal.
En referencia al primer punto se explaya y describe que el cargo es nulo, en razón de la competencia en relación a la materia, por haber sido dictado por un área que no tenía incumbencia al efecto, Sección RECAUDACIÓN (DV EXA2), ya que la competencia, en virtud de lo normado por el art. 17 de la Resolución MEYOYSP 763/96 y del informe de fs. 45 correspondía a la Secretaría de Actuación N° 3 (DE PRLA) y agrega que en consecuencia de lo expuesto por ser nulo, de nulidad absoluta el mismo no surtió efecto en cuanto a la interrupción de la prescripción en los términos del art. 806 el C.A.
Acerca del agravio referente a la nulidad del auto de apertura del sumario, acusa que este no cumple con la norma en tanto lo dispuesto en el inc. d) del art. 1094 del C.A., por no contener la liquidación de los tributos –aun cuando los manda a liquidar en el 2do. párrafo de su texto- y sostiene, que dicha providencia de apertura sumarial, del tipo pre impresa, fue dictada al solo efecto de interrumpir el curso del término de la prescripción, en detrimento del derecho de defensa en juicio. Cita doctrina y jurisprudencia.
Por último, se agravia, respecto de la resolución aduanera, toda vez que acusa que el administrador absuelve a la actora respecto de la multa por la infracción del art. 954 inc. a) del C.A. y sin más trámite la intima al pago de tributos adeudados derivados de la importación relativa a la causa, vulnerando garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
Sostiene finalmente que el auto de apertura a prueba constituyó un acto de mero trámite, que no tuvo habilidad de generar efectos suspensivos respecto del plazo quinquenal de la prescripción del Fisco para percibir tributos exigidos por la legislación aduanera -arts. 803 y 805 del CA- y, en consecuencia arguye, que la acción el Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, en tanto el plazo comenzó a correr el 01/01/2014 (hecho gravado 18/09/2013) y feneció, el 01/01/2019).
Impugna la liquidación efectuada por la DGA, para el hipotético caso de confirmación del cargo que cuestiona, contraría la fecha del cómputo de intereses y la tasa de interés aplicable. Cita jurisprudencia. Ofrece Prueba. Hace reserva del caso federal y peticiona se haga lugar a la apelación interpuesta y se decrete la prescripción de la reclamación tributaria.
II. Previo emplazamiento, el Fisco se presenta con fecha 29/07/2024, a través del IF-2024-65767611-APN- DTD#JGM, contesta el recurso de apelación y mediante IF-2025-23267042-APN-DTD#JGM del día 06/03/2025 acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12195-12572-2013, correspondientes a estos autos. Cumpliendo el imperativo procesal, la Aduana niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y copias que contenga el escrito en traslado, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En primer término opone excepción de incompetencia, por cuanto al resultar el cargo apelado una liquidación originaria de tributos, a los fines de probar la inexistencia del hecho imponible, hubiera correspondido a la contraria iniciar el procedimiento reglado por el art. 1053 inc. a) del C.A., es decir seguir discutiendo en sede administrativa la procedencia o no de los tributos en cuestión, hasta obtener decisión definitiva. Desde su perspectiva no hubo en sede aduanera resolución condenatoria sino un acto administrativo es decir que no se agotaron los procedimientos administrativos aduaneros previstos al efecto (arts. 1053 y ss. o 169 y ss. del C.A.). Cita doctrina y jurisprudencia.
En subsidio contesta el traslado del recurso de apelación que le fuera conferido y se pronuncia respecto del planteo de nulidad incoado por la contraria en cuanto a la vulneración de su derecho de defensa; manifiesta que la resolución absolutoria no formuló un cargo específico, sino que ordenó liquidar un cargo en forma posterior. Que el cargo una vez liquidado, fue notificado a la actora a fin de que tome conocimiento del mismo y pueda ejercer las defensas que estimare pertinentes. Expresa que la firma importadora en ese momento podría haber iniciado un procedimiento de impugnación contra el mismo, en los términos del art. 1053 del C.A., el que además consta perfectamente notificado mediante SICNEA en las actuaciones administrativas, cosa que voluntariamente la recurrente no hizo. Por lo tanto, considera que no existió vulneración alguna al derecho de defensa en juicio. Y respecto al planteo sobre si el acto administrativo de la emisión de dicho cargo tuvo entidad a los fines de interrumpir la prescripción para hacer lugar a su solicitud de dejar sin efecto la Resolución DE PRLA N° 3691/2023 que aquí se analiza, estima que los fundamentos traídos a cuanto por la actora carecen de suficiente fundamento, que no puede alegarse que la formulación del cargo y su notificación nunca hayan existidos, ni el desvanecimiento de sus efectos en lo que se refiere al plazo de prescripción. Remarca que el acto administrativo existió y tuvo los efectos propios de su especie. Refiere a las previsiones del art. 805 y 806 del C.A., que replica. Cita doctrina y jurisprudencia.
En relación a los hechos de la causa en primer término aduce, que de lo que se trata en el presente caso es de acreditar el origen de la mercadería para hacerse la apelante acreedora de un régimen arancelario preferencial y, que la acreditación de lo señalado, queda en cabeza de esta última, que es quien persigue beneficiarse del tratamiento especial.
Colige que por los hechos del caso el CO presentado no cumplía con los requisitos de forma establecidos en la Resolución MEYOYSP N° 763/96 mencionada, por ello aduce que desde el punto de vista infraccional, la recurrente no acreditó ante el servicio aduanero el origen de la mercadería importada, dado que esta es una obligación que en ella recae. Y debe hacerlo, además, dentro del plazo otorgado.
Insiste en que la prueba del origen de la mercadería le correspondía a la parte actora, quien no era ajena a la situación en debate y a la investigación llevada a cabo, no encontrándose obligada la DGA a efectuar consultas. Reitera que correspondía a la actora, si pretendía beneficiarse con el tratamiento arancelario preferencial, probar fehacientemente el origen de las mercaderías.
Considera que no pueden aceptarse certificados de origen emitidos en tales lugares de tránsito, sino que los mismos deben practicarse en los países originarios de las mercaderías, de modo que la responsabilidad de la declaración de origen y su certificación recae en la actora.
Finalmente, sobre el interés aplicable y su cálculo, remite a lo estipulado en los art. 794, 795, 796 ssgtes. y ccdtes. del C.A. A mayor abundamiento suma un pronunciamiento emitido por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ante un planteo similar entendió: “.. que se justifica que las leyes tributarias contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de deudas fiscales… porque gravitan en la percepción de la renta pública...”. Cita otros fallos que se pronunciaron en igual sentido, convalidando la postura desplegada en su descargo. Hace reserva del caso federal.
Ofrece como prueba las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12195-12572-2013, las que acompaña digitalizadas. Y peticiona, oportunamente se rechace la pretensión de la actora y se confirme íntegramente la resolución aduanera dictada en sede aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que con fecha 21/11/2024, mediante PV-2024-127815347-APN-VOCXV#TFN, se tuvo por presentada a la Representación Fiscal y por PV-2025-56514907-APN-VOCXV#TFN del 27/05/2025, por acompañadas las actuaciones administrativas mediante presentación IF-2025-38205337-APN-DTD#JGM.
Que el 22/05/2026 mediante providencia PV-2026-51376535-APN-VOCXV#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”, la cual, en la misma fecha dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12195-12572-2013 se inician a fs. 1/6 con las copias del Despacho de Importación Nro. 13 001 IC04 185888 G, ítems. 1/14; a fs. 12/14 luce glosado el Certificado de Origen N° 843066. A fs. 17. Copia Circ. Telex 999/97. A fs. 18/19 obra el informe emitido por el servicio aduanero respecto del CO aportado. Y a fs. 20, mediante Nota 1014/2014 (SE RECR) la solicitud de emisión del cargo por las garantías constituidas en concepto de tributos y multa por aplicación del art. 2° inc. b) de la Resolución MEYOYSP 763/96 por imposición de derechos antidumping. Posteriormente se liquidan los cargos Nros. 939/15 por los TRIBUTOS por la suma de U$S 11.240,90 nominales, a fs. 21 y a fs. 22 la liquidación del cargo 940/15 por la multa automática del 1% valor en aduana por la suma de U$S 29.48. A fs. 23. Consta cédula de notificación vía SICNEA 15092NOTI002723W donde surge la notificación de los cargos a la apelante con fecha 15/12/2015, A continuación a fs. 24/39 consta presentación de la actora mediante apoderado donde se presenta, abona el Cargo N° 940/2015 e impugna el cargo Nro. 939/2015. A fs. 47/48, luce glosada el acta de denuncia por la infracción de declaración inexacta y a fs. 49, consta el auto de apertura del sumario infraccional de fecha 28/12/2018. A fs. 50, la Aduana procede a realizar la liquidación de la multa y de la diferencia de tributos. A fs. 51 a 52 vta. luce la Resolución 3691/2023, dictada con fecha 20/09/2023, que aquí se discute. Con posterioridad a fs. 53/54 vta., consta Dictamen de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera y a fs. 56/57, con fecha 15/12/2023 luce glosada la Resolución de aprobación del fallo aduanero por parte del Director de la Dirección Legal de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. Finalmente, a fs. 58 obra la cédula de notificación correspondiente dirigida a la empresa importadora, quien fue notificada vía SICNEA de la sentencia recaída en sede administrativa, el día 26 de enero de 2024.
V. Que la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco no puede prosperar. La propia Aduana, al notificar la Resolución DE PRLA N° 3691/2023 mediante cédula SICNEA 24001NOTI019838E de fecha 01/02/2024, hizo saber expresamente a la recurrente que el acto era "pasible de los recursos previstos en el Art. 1132 y CC del CA". Esa conducta del servicio aduanero, que indujo a la importadora a interponer el recurso ante este Tribunal, impide al Fisco alegar válidamente la incompetencia del mismo, so pena de incurrir en contradicción con sus propios actos. La excepción se rechaza.
VI. Que, previo a ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo, corresponde expedirse sobre los planteos vinculados con la validez del procedimiento y de la resolución apelada, en cuanto por su artículo 1° absolvió a la recurrente de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero y, por su artículo 2°, ordenó formular cargo por los tributos presuntamente adeudados.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que el servicio aduanero instruyó sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, en relación con la destinación de importación involucrada en autos, a raíz de las observaciones formuladas respecto del certificado de origen acompañado por la firma importadora en los términos de la Resolución MEyOySP N° 763/96. Que, sin embargo, luego del dictado del auto de apertura del sumario, no se advierte que se hubiera corrido a la recurrente la vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero, a fin de que pudiera presentar sus defensas, ofrecer prueba y acompañar la documentación que estimara pertinente respecto de la imputación formulada y de la eventual exigencia tributaria derivada de los hechos investigados.
Que el art. 1101 del Código Aduanero dispone que, cumplidas las medidas ordenadas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Que dicha vista no constituye una formalidad meramente ritual, sino el acto procesal específicamente previsto por el legislador para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de defensa en el procedimiento infraccional aduanero. En ese momento procesal el interesado debe poder conocer los hechos imputados, la calificación jurídica atribuida, la liquidación eventualmente practicada y los elementos de cargo sobre los cuales la Administración pretende fundar su decisión.
VII. Que, en el caso, la omisión señalada reviste especial gravedad, pues la resolución apelada no se limitó a disponer el archivo de las actuaciones ni a dejar subsistente una cuestión tributaria pendiente de sustanciación, sino que clausuró el tramo infraccional mediante una decisión absolutoria y, en el mismo acto, dispuso la formulación del cargo tributario.
Que corresponde distinguir este supuesto de aquellos en los que el servicio aduanero dispone el archivo del trámite infraccional y, simultáneamente, mantiene una exigencia tributaria. En esos casos, he sostenido que el tramo tributario del acto puede ser reconducido a fin de garantizar la intervención del administrado, en tanto no existe una decisión de mérito absolutoria que clausure el procedimiento infraccional.
Que distinta es la situación cuando, como ocurre en autos, la propia Administración dicta una resolución definitiva que absuelve en el plano sancionatorio y, al mismo tiempo, ordena formular cargo por los tributos que entiende adeudados. En tal supuesto, no resulta jurídicamente adecuado devolver las actuaciones para que se sustancie, dentro de un procedimiento infraccional ya cerrado por absolución, una vista que debió haberse corrido con anterioridad al dictado de la resolución.
Que no escapa a este Tribunal que la expresión “formular cargo” no siempre equivale, en la práctica aduanera, a una intimación directa de pago. En determinados supuestos puede constituir una instrucción dirigida a las áreas competentes para que confeccionen el cargo, lo registren y procedan luego a su notificación conforme el trámite pertinente. Ello se advierte con mayor claridad cuando el propio acto dispone la formulación del cargo “debiendo intimar” al importador, lo que presupone una actuación posterior destinada a perfeccionar la exigencia. Que, sin embargo, esa precisión no altera la solución del caso. Aun si se entendiera que el artículo 2° de la resolución apelada no importó por sí mismo una intimación directa de pago, lo cierto es que ordenó la generación de una exigencia tributaria como consecuencia de un procedimiento infraccional que fue clausurado en el mismo acto mediante la absolución de la imputada, sin que previamente se hubiera corrido la vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero. Tal omisión impidió a la recurrente ejercer defensa útil respecto de los presupuestos fácticos y jurídicos del cargo cuya formulación se ordenó.
Que, además, la propia cédula SICNEA cursada a la recurrente hizo saber que la Resolución DE PRLA N° 3691/2023 resultaba pasible de los recursos previstos en el art. 1132 y concordantes del Código Aduanero. Ello revela que el servicio aduanero no comunicó una mera instrucción interna carente de efectos externos, sino un acto con entidad suficiente para afectar la situación jurídica de la importadora y habilitar la vía recursiva ante este Tribunal.
Que la absolución dispuesta por el artículo 1° de la resolución apelada cerró el procedimiento infraccional en cuanto a la imputación formulada. Por ello, no cabe reconstruir ex post como mera “vista” un acto que fue dictado y notificado por la propia Administración como resolución definitiva, con una decisión expresa sobre la responsabilidad infraccional y una instrucción concreta de formular cargo tributario.
Que admitir lo contrario importaría convalidar una alteración sustancial del procedimiento previsto por el Código Aduanero, desplazando hacia una instancia posterior una garantía que debía cumplirse antes del dictado del acto administrativo que definió la situación jurídica de la recurrente.
VIII. Que la omisión por parte del servicio aduanero de correr vista de las actuaciones administrativas conforme lo previsto en el art. 1101 del Código Aduanero priva al administrado de su derecho de defensa respecto de la exigencia tributaria en un procedimiento en el que se investigaba la comisión de un ilícito, al impedirle formular descargo y ofrecer o producir prueba tendiente a acreditar los hechos en que fundara su tutela. Que más allá de la independencia conceptual entre la constatación de la infracción y la configuración del hecho imponible, no puede considerarse válidamente acreditado este último si no se respeta el procedimiento legalmente establecido para determinarlo.
Que tal doctrina resulta plenamente aplicable al caso, pues la exigencia tributaria cuestionada fue formulada dentro de un procedimiento infraccional iniciado por presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, sin que se hubiera dado a la importadora intervención útil y oportuna mediante la vista prevista en el art. 1101 del citado cuerpo legal.
Que ello afecta no sólo el derecho de defensa de la recurrente, sino también la validez del tramo tributario de la resolución apelada, en tanto el cargo fue formulado sin haberse sustanciado previamente la instancia procedimental prevista por la ley para discutir los hechos, la documentación respaldatoria, el origen de la mercadería, la procedencia de la aplicación de derechos antidumping y la liquidación resultante.
IX. Que, asimismo, cabe señalar que la circunstancia de que la resolución apelada haya absuelto a la recurrente por la infracción imputada no habilita, sin más, a mantener una exigencia tributaria carente de sustanciación previa.
Que la obligación tributaria puede tener autonomía conceptual respecto de la sanción infraccional, pero esa autonomía no autoriza a prescindir del procedimiento legalmente previsto para su determinación cuando la propia Aduana decidió canalizar la cuestión dentro de un sumario por infracción aduanera.
Que, en otras palabras, la Administración no puede abrir un procedimiento infraccional, omitir la vista del art. 1101 del Código Aduanero, absolver por la infracción imputada y, simultáneamente, formular un cargo tributario como si la cuestión hubiera sido sustanciada regularmente. El procedimiento es la garantía de que el acto estatal se apoye en una determinación válida y contradictoria.
X. Que corresponde agregar, a mayor abundamiento, que en materia de certificados de origen no preferencial y derechos antidumping, la sola observación o declaración de “no aplicación” del certificado acompañado no basta, por sí misma, para tener por acreditado el presupuesto material de la obligación reclamada.
Que los derechos antidumping no gravan abstractamente una posición arancelaria con independencia del origen de la mercadería, sino determinadas mercaderías originarias de países alcanzados por una medida específica. Por ello, la falta, insuficiencia o deficiencia documental del certificado de origen puede justificar el inicio o la prosecución de una investigación, pero no reemplaza la necesidad de acreditar válidamente que la mercadería se encuentra comprendida en el supuesto material de aplicación de la medida antidumping.
Que, en el caso, precisamente, la omisión de la vista impidió a la recurrente ejercer de modo oportuno su defensa sobre ese aspecto central: la aplicabilidad o no del certificado de origen, la procedencia de la medida antidumping, la correspondencia entre origen declarado y mercadería importada, y la liquidación tributaria practicada.
Que ello confirma la relevancia sustancial -y no meramente formal- de la vista omitida.
XI. Que, en función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo formulado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la resolución apelada, en cuanto dispuso formular cargo tributario y ordenar su posterior intimación respecto de la firma SKF ARGENTINA S.A.
Que no corresponde emitir pronunciamiento respecto del artículo 1° de la resolución apelada, en cuanto absolvió a la firma recurrente por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, toda vez que dicho aspecto no ha sido materia de agravio por parte del Fisco y se encuentra firme. Que atento al modo en que se resuelve, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la actora relativos a la nulidad del cargo, prescripción, procedencia sustancial de la liquidación, rubros reclamados, moneda e intereses.
XII. Que las costas deben imponerse al Fisco nacional vencido, de conformidad con el principio objetivo de la derrota.
Por ello, VOTO POR:
1. Hacer lugar al planteo formulado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución DE PRLA N° 3691/2023, en cuanto dispuso formular cargo tributario y ordenar su posterior intimación respecto de la firma SKF ARGENTINA S.A.
2. Imponer las costas al Fisco nacional vencido.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al planteo formulado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución DE PRLA N° 3691/2023, en cuanto dispuso formular cargo tributario y ordenar su posterior intimación respecto de la firma SKF ARGENTINA S.A.
2. Imponer las costas al Fisco nacional vencido.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor Juárez y Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación-, de conformidad a lo previsto en el art. 1162 del CA y art. 52 del Reglamento de Procedimientos ante el TFN-.
Date: 2026.05.28 12:33:53 ART Date: 2026.05.28 14:20:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.28 14:21:50 -03:00
Fin de la sentencia