Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-126851764-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-18530-2007.
2Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3Devolver las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando VII in fine de la presente.
4Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-104165318-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Septiembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente EX-2022-126851764- -APN- SGASAD#TFN: “S.K.F. ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso:
Determinar si la Resolución DE PRLA N° 9038/2017 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del sumario Actuación SIGEA N° 12197-18530-2007, resulta ajustada a derecho, en cuanto dispone el archivo de la causa, en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA) y formular cargo a la importadora y a la compañía aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos adeudados por un monto equivalente a U$S 648,68 y por la suma de $ 707,05, en el marco de la presunta infracción al art. 970 el C.A. correspondiente a la DIT N° 05 001 IT16 001454 D, cuyo vencimiento operó el día 23/08/2007.
II.-Fundamentos de la apelación:
Que en fecha 24/11/2022 se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación (RE- 2022-126851150-APN-SGASAD#TFN) contra la resolución arriba mencionada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron lugar a la causa. A continuación, afirma que el servicio aduanero ha vulnerado el régimen legal que regula el procedimiento para las infracciones, así como el debido derecho de defensa. Asevera que la omisión en correr la vista que la ley impone es un vicio que no puede ser subsanado. Entiende que el auto de apertura de sumario resulta nulo por carecer de la liquidación de tributos y que fue dictado al sólo efecto de interrumpir el curso de la prescripción. Cita jurisprudencia. A la luz de lo antes expuesto, aduce que ha operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Se agravia de la duración del procedimiento, el que entiende resulta irrazonable y lesivo del derecho de defensa. Cuestiona asimismo la liquidación de tributos efectuada. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se deje sin efecto la resolución apelada.
III. Contestación del traslado:
Que la representación fiscal, en fecha 30/03/2023, contesta el traslado del recurso (IF-2023-35136204- APN-DTD#JGM) y acompaña las actuaciones administrativas digitalizadas SIGEA N° 12197-18530- 2007. En primer lugar, realiza un relato de los hechos. Acto seguido, contesta los agravios esgrimidos por la actora. En ese sentido, afirma que no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado. Sostiene que la nulidad por la nulidad misma carece de sentido. Cita jurisprudencia. Entiende que los requisitos del art. 1094 se encuentran debidamente cumplidos y que, en consecuencia, el auto de instrucción resulta válido. Asimismo, niega que se haya afectado la garantía del plazo razonable. En relación a la falta de corrida de vista, explica que la resolución aduanera no reviste carácter de condenatoria en el procedimiento para las infracciones, sino que dicho procedimiento fue archivado. Se allana exclusivamente en relación a la inclusión -en la liquidación tributaria- de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Finalmente, ofrece como prueba el expediente administrativo, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-18530-2007 (archivo embebido al IF-2023- 35133168-APNDTD#JGM) se inician a fs. 1/10 con la solicitud de devolución de la garantía vinculada a la DIT en trato. A fs. 11/16 se adjuntan copias de la destinación. A fs. 22/78 se encuentran copias de las solicitudes y certificados de tipificación y sus rectificatorias. A fs. 80 se agrega acta de denuncia N° 548/2012. A fs. 82/83 se determina clasificación arancelaria, valoración y liquidación de tributos por la mercadería en infracción. A fs. 85 se instruye sumario, en fecha 7/12/2012. A fs. 87 se encuentra la consulta de la garantía afectada a la operación y la póliza (fs. 88 y vta.). A fs. 91 se efectúa nueva liquidación. A fs. 92/93 se agrega la resolución apelada y las constancias de su notificación (fs. 94/95). A fs. 106/107 vta. la importadora da cuenta de la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que en fecha 04/04/2023 (PV-2023-36918407-APN-VOCXXI#TFN) se dispone tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora como de previo y especial pronunciamiento. En fecha 28/08/2023 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2023-100287351-APN-VOCXXI#TFN) y finalmente, en fecha 29/08/2023) pasan a sentencia (IF-2023-100782108-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, en primer lugar, cabe destacar que la resolución aduanera aquí apelada, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, como se dijo en el considerando IV, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N° 05 001 IT16 001454 D, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establece que deberá procederse al archivo de aquellas denuncias iniciadas por la presunta infracción al art. 970 del C.A. cuando el importe de la multa mínima no alcanzare la suma de $ 30.000, si el infractor careciera de antecedentes infraccionales por el artículo referido.
Que con dicho fundamento, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada el archivo de la denuncia, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $ 2.055,01 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
Que resulta indiscutible que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
VII. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo que efectúa la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera, en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras, y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa. Que el art. 1101 del C.A. dispone que “(…) cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…)”.
Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 85, ninguna intervención se le dio ni al importador ni a la aseguradora garante ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar —o en su caso, solicitar su agregado— de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria. Que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, sin que con anterioridad se notificara a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado. Que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…)”.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), esto es, conferir vista a la aseguradora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Que el proceder del servicio aduanero afecta no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nula la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora y aseguradora en su carácter de garante de la obligación en trato.
Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada.
Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
VIII. Que corresponde, a continuación, tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra discutido en autos que el vencimiento de la DIT operó el 23/08/2007. En consecuencia, y de conformidad lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 01/01/2008. Dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (07/12/2012); ello, en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Sin costas.
Por ello, voto por:
1).- DECLARAR la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-18530-2007.
2).- RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3).- DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando VII in fine de la presente.
4).- Costas a la DGA.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En primer termino cabe recordar que los jueces no estan obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan solo aquellos que estimen pertinentes para decidir la cuestion planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde examinar si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-
APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 07/12/2012 (ver fs. 85 del expte. adm.), no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2008 (tratándose de una operación de importación temporaria con vencimiento el 23/08/2007), la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2012 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de relativos al DIT Nº 05 001 IT16 001454 D.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos en relación al D.I.T. Nº 05 001 IT16 001454 D. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 9038/2017, en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-18530-2007.
2).- RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3).- DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando VII in fine de la presente.
4).- Costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.09.05 14:32:59 ART Date: 2023.09.05 15:23:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.05 16:19:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.05 16:20:07 -03:00
Fin de la sentencia