Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 26032-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación deducida por la demandada contra la resolución del 17/02/20, con costas (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).
25189-2023 S.K.F. ARGENTINA SA (TF 26032-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 25 de agosto de 2023.- PGR Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por resolución del 17/02/20, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que el Fisco Nacional adeudaba en concepto de intereses sobre los honorarios regulados a favor del Dr. Mario Alberto Miralles la suma de $7.338 más la suma de $1.540,98 en concepto de IVA.
Para así decidir, recordó lo establecido por los artículos 49 y 61 de la ley 21.839 y, en tal sentido, sostuvo que los intereses correspondientes a los honorarios regulados debían computarse desde el 13/06/18, es decir, 30 días corridos contados de quedar firme la sentencia del 15/03/18, hasta el 01/10/19 (fecha del pago – cfr. boleta de depósito obrante a fs. 420), intereses que deberán ser calculados sobre la base de la tasa pasiva promedio que publicara el Banco Central de la República Argentina, debiendo adicionarse la suma correspondiente al IVA.
II. Que contra dicho resolutorio interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional el 12/03/20, fundándolo en el mismo acto. Corrido que fuera el pertinente traslado, su contraria no formuló réplicas. En cuanto interesa, se agravia de la adición de intereses aplicando las pautas previstas por los artículos 49 y 61 de la ley 21.839. Aduce que, el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación no es un órgano judicial y si bien la Corte ha reconocido el ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos administrativos (Fallos: 247:646; 253:485; 301:1103) para lograr una mayor protección de los intereses públicos “mediante el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia administrativa” en la decisión judicial que finalmente se adopte, así como la uniformidad y la coherencia en la regulación de la materia confiada al ente administrativo; ello denota que ante la falta de especialización y competencia clara y específica sobre un tema, deba desconocerse la competencia del Excmo. TFN.
Recuerda que, el régimen de honorarios debe integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía) por ante la Sección Despacho y Contabilidad del Departamento Judicial de la Dirección General de Aduanas.
Alega que, lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 21.839 “no aplica -al menos directamente- al caso en que los honorarios son adeudados por el Estado a los particulares, puesto que nos encontramos frente a un supuesto especial de momento de pago”; regulado específicamente por las normas antes individualizadas.
Arguye que, la competencia en razón de la materia es -de forma generalizada y en todo fuero- absoluta y de orden público (conf. C.N.Civ., Sala “D”, del 17-5-79, en L.L. 1979-C, pág. 33; E.D. 86, pág. 678). En tal sentido, pone de relieve que la competencia del Excmo.
Tribunal Fiscal no escapa a los principios señalados y tanto así que desde la perspectiva que ofrece el criterio objetivo para determinar la competencia por materia, reitera que las cuestiones relacionadas con la ley de aranceles y que deban integrarse a reglamentaciones administrativas dictadas al efecto, son sencillamente ajenas a la competencia del Excmo. Tribunal Fiscal.
Sostiene que la doctrina tiene dicho que: “Los elementos de la mora son tres: a) el retraso en el cumplimiento, vale decir el elemento objetivo. b) la culpa o el dolo en ese retardo, o sea el elemento subjetivo. c) la constitución en mora, que es elemento formal”.
Asevera que, en este caso la DGA se ajusta a un trámite legal, motivo por el cual, no corresponde la imposición de intereses sobre el honorario, máxime cuando la parte actora ni siquiera cuestionó la normativa relacionada con el trámite de cobro de honorarios vigente para todo aquel que litiga contra la AFIP – DGA (leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía).
Así, indica que “la mora es el retardo en el cumplimiento de la prestación cuando se incurre en él en las condiciones que la ley determina para asignarle consecuencias jurídicas”; lo que equivale a entender que cuando la ley no le otorga consecuencias jurídicas, no puede existir mora.
Agrega que, la culpa o el dolo tampoco puede verificarse en la especie ya que el reclamo de honorarios regido por la ley 21.839, debe integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía).
Por ello, sostiene que no puede imputarse mora alguna a su mandante.
Destaca que, la normativa citada reviste el carácter de orden público y establece un procedimiento específico e ineludible para el cobro de todas las acreencias contra el Estado (Dictámenes 243:146).
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Por tales consideraciones, solicita se revoque la resolución del 17/02/20.
III. Que, corresponde precisar que, para el cobro de la deuda de autos, resultan de aplicación, los arts. 22 de la Ley nº 23.982; 20 segunda parte de la Ley nº 24.624 y 68 de la Ley nº 26.895– modificatorio del art. 132 de la Ley nº 11.672-.
El art. 22 citado prevé que: “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”. Por su parte el art. 68 de la Ley nº 26.895 (ley de presupuesto del año 2014), que modificó el art. 132 de la Ley nº 11.672, establece que “… En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta y uno (31) de agosto del año correspondiente al envío del proyecto. Los recursos asignados por el Congreso Nacional se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal”.
Similar requisitoria exige el art. 68 de la Ley n° 26.895 (ley de presupuesto del año 2014) que modifica el art. 132 de la Ley n° 11.672 y establece que: “[l]os pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a algunos de los entes y organismos que integran la administración nacional al pago de una suma de dinero o cuando sin hacerlos, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las Leyes n° 23.982 y nº 25.344.”.
Y a párrafo seguido, que: “[e]n el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.
Por último, dispone que: “[l]os recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.”.
IV. Que sentado lo expuesto, es dable indicar que de la compulsa de las actuaciones surge que, por resolución del 15/03/18, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales del Dr. Mario Alberto Miralles en la suma de pesos trece mil quinientos ($13.500) por la actuación que cumpliera en dicha instancia en el carácter de letrado patrocinante de la actora (conf. arts. 6, 7, 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por ley 24.432), los que se encuentran a cargo de la DGA.
A su vez, dejó constancia que a los honorarios regulados se debía adicionar la suma de pesos dos mil ochocientos treinta y cinco ($2.835) en concepto de IVA.
Dicha decisión fue notificada a las partes mediante cédula con fecha 26/03/18.
Con posterioridad, a fs. 420/421 obra agregada la constancia del depósito de los honorarios e IVA regulados a favor del Dr. Mario Alberto Miralles, habiéndose efectuado el mismo con fecha 04/11/19.
A su vez, con fecha 05/11/19 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó correr traslado al Dr. Miralles del depósito efectuado por la representación fiscal en concepto de honorarios y en fecha 21/11/19 se libró cheque a su favor, en concepto de honorarios e IVA, por la suma de pesos dieciséis mil trescientos treinta y cinco ($16.335).
V. Que, ante el referido contexto normativo y tal como resulta de la reseña efectuada respecto de las actuaciones cumplidas, es claro que la pretensión recursiva de la demandada deviene improcedente.
Ha de señalarse en tal sentido que, con ajuste a la doctrina emanada del precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, expte. nº 7483/2007/2, Recurso de Queja Nº 2 “Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios” -sentencia del 3 de diciembre de 2020-, la invocación y aplicabilidad del plexo normativo concerniente al mecanismo de pago de deuda pública proveniente de pronunciamiento judiciales, así como los plazos allí establecidos, son de suyo inconducentes para fundar la improcedencia de los intereses durante la tramitación del pago, ante la falta de previsión expresa que los excluya y habida cuenta de que la oportunidad del pago, aun cuando se prevé un orden de prelación, está condicionada por la disponibilidad de los fondos que unilateralmente apruebe el Estado en el presupuesto nacional (Consid. 5).
A lo que se añade que los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del código civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, los intereses son accesorios del capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda (Llambías, Jorge J., - 6 - Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Tomo II-B, sexta edición actualizada, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 148); de tal suerte que no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la Ley n° 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la deuda judicialmente establecida mediante pronunciamiento firme (fallo cit., Consid. 6). En efecto, de las constancias de la causa surge que, el pago que la demandada alega para sustentar su posición resulta insuficiente pues solo comprende las sumas que fueron reguladas en autos, por lo que no comprende los réditos devengados entre el vencimiento del plazo de pago y el momento en que se materializó la efectiva cancelación del adeudo.
Y dado que, para considerar un pago como íntegro y cancelatorio, ha de incluir los intereses que se devengaron hasta su efectiva materialización, resulta claro que cuando como en el caso, tal situación no se verifica (en tanto las sumas depositadas solo comprenden los honorarios regulados en autos, mas no los acrecidos hasta el efectivo pago), es claro que resulta parcial y no corresponde asignarle tal efecto.
Asimismo, cabe señalar que respecto del período que debe comprender la liquidación de los intereses adeudados (que tienen por finalidad cubrir el perjuicio que sufre el acreedor por el retardo en la satisfacción de su crédito), corresponde que sean calculados desde el 13/06/18 (vencido el plazo de 30 días corridos para su pago), y hasta el plazo fijado en la resolución en crisis dado el alcance del recurso que aquí se examina.
Todo ello, siendo procedente la utilización de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (art. 10 decreto 941/91 art. 8, segundo párrafo decreto 529/91; comunicación B.C.R.A. N° 14.290), extendiendo su cómputo hasta el pago de la liquidación practicada (conf. en sentido concordante, esta Sala, in rebus: “Melillán Yolanda y otros c/EN – Mº Defensa – Armada – Dto. 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, expte. n° 30.314/11, resol. del 12/11/19 -Cons. 9°; “Vera Cucchiaro, Javier Jesús c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. n° 77.080/2016, resol. del 04/11/21 y “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. n° 64421/2014, del 30/11/21).
En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas señaladas, es claro que en tanto los réditos se devengan desde el vencimiento del plazo aplicable a la cancelación del crédito reconocido, hasta el efectivo pago, deviene improcedente la pretensión recursiva de la demandada toda vez que la resolución apelada resulta ajustada a derecho.
VI. Que en otro orden, y respecto del agravio vertido en orden a la aptitud jurisdiccional del Tribunal Fiscal para decidir la cuestion, debe desde ya advertirse que se trata de un planteo tardío y por lo mismo formalmente inatendible, habida cuenta que dicha cuestión pudo y debió ser introducida por ante dicho Tribunal, en ocasión de haberse corrido al fisco el traslado de la pretensión del letrado en punto a los intereses, frente a lo cual la demandada guardó silencio.
Y en tales condiciones, por versar el agravio sobre cuestiones no articuladas por ante la instancia anterior, ello obsta a su articulación y decisión en esta Alzada (art.277 CPCC).
Sin perjuicio de lo cual cuadra advertir que la resolución apelada en la medida que se ha limitado a fijar las pautas para la liquidación de los intereses correspondientes a los emolumentos fijados en autos, no implica un exceso de jurisdicción por parte del Tribunal administrativo, toda vez que, así como se encuentra legalmente habilitado a fijar las costas del proceso y regular los honorarios de los letrados intervinientes, resulta de toda obviedad que bien puede decidir sobre los accesorios que se derivan del incumplimiento de su pago.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: rechazar la apelación deducida por la demandada contra la resolución del 17/02/20, con costas (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia