Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, no podemos coincidir con el argumento de la recurrente, quien habría indicado que la aplicación de dicha perspectiva se aparta de los lineamientos establecidos para valorar el material probatorio, motivo por el cual el presente agravio tampoco prosperará.
IV. Tratamiento del agravio referido a la medida cautelar de embargo:
Finalmente, el último agravio que señala la recurrente es el embargo dispuesto por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), pues entiende que no hay consideraciones ni constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido.
Afirma la defensa que en el delito de Lesiones Leves, ni el tipo ordinario o el calificado prevé en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria, circunstancia que debería tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo. En razón de ello, es que solicita, en caso de que ésta Alzada confirme el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo.
Abordando el presente agravio, consideramos, en efecto, que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a K.F, y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cien Mil ($100.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 08, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. …
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8866 FOLIO Nº 105/109 PROT. ELECT. JR101544I.242
Río Gallegos, 15 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "K.F S/ Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo” - Expte. Nº 22589/22 - Apelación/Causa JR Nº 8952/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 58/64, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de El Calafate, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado K.F, en orden al delito de Lesiones Leves Calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, (Art. 89 y art. 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del C.P., texto según Ley 26.791 en el marco de la Ley 26.485), en tanto que en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000). Que a fs. 66/68, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 72, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la misma, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Tratamiento del agravio referido a la orfandad probatoria:
La recurrente manifestó no existen constancias probatorias que, aún con el grado de probabilidad que reina en esta etapa, pudieran determinar la responsabilidad “prima facie” de su asistido.
Señala la peticionaria, que de la simple lectura del resolutorio surge que el procesamiento tiene como único elemento incriminatorio los dichos de la presunta damnificada y el certificado médico de constatación de lesiones, sin otra prueba que indique que ello fue producto de una agresión por parte del Sr. K.F. A su vez, entiende que no existe ningún otro tipo de prueba o indicio que permita suponer que su defendido resulta ser el autor del ilícito en investigación. Es por ello, estima la defensa oficial, que el hecho endilgado no corresponde a lo denunciado por la presunta damnificada, ni a las pruebas reunidas en autos. Advierte, que el relato realizado por la presunta víctima no resulta suficiente a los fines de tener acreditado el hecho ocurrido con las modalidades denunciadas.
En este sentido, la accionante planteó que las lesiones certificadas en la integridad física de la pretensa víctima no resultan suficientes para acreditar el acaecimiento del hecho descripto y –a su juicio- mucho menos la participación de su asistido en el mismo.
Ahora bien, sumado a ello, señala la recurrente, no existe ningún relato aportado por testigos presenciales, por ello –en su opinión- nos encontramos frente a una grave vulneración del principio de inocencia y de duda razonable que necesariamente deben considerarse por el Magistrado a la hora de resolver. Por último, añade que las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia, resultan gravemente afectadas por un proceder en ese sentido. Ingresando al tratamiento del presente agravio, nos resulta necesario destacar que doctrinariamente se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). En este sentido, el Sr. Juez de Instrucción, con los elementos probatorios producidos en la causa y con aplicación de perspectiva de género, ha logrado tener por acreditada con el grado de probabilidad requerido por instancia, la materialidad del hecho enrostrado y la responsabilidad que en él le cabe a K.F, procesándolo por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo” (conforme el agravante del art. 80 incs. 1 y 11). Del mismo modo, entendemos que las pruebas aunadas en autos resultarían ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del imputado. Ello así, por cuanto advertimos que la denuncia judicial a fs. 01/vta., el certificado médico de fs. 02, la ampliación de la denuncia a fs. 07, la ratificación y la ampliación de la denuncia a fs. 11, el informe policial de fs. 03, 06, 08, 25, 28, 30, 36, entre otros; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado. En idéntico sentido, debemos advertir que el certificado médico expedido por la Dra. L.M, constata las lesiones sufridas por la víctima, y resultan ser plenamente coincidentes con el relato brindado por la misma.
Respecto del testimonio de la damnificada, consideramos oportuno resaltar lo mencionado por la jurisprudencia, en cuanto aclara “(…) pues cuando se aprovecha la intimidad y la vulnerabilidad de la víctima adquieren fundamental importancia sus dichos al extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en su declaración testimonial, siempre y cuando sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado (…)” (Ferro Podestá, Carlos Rodolfo s. Lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja y el género, amenazas (3 hechos), desobediencia judicial e incumplimiento en los deberes de asistencia familiar en perjuicio de S., D. M. y otro (M) - Recurso de casación /// Trib. Impug. Sala III, Salta, Salta; 02/02/2021; Rubinzal Online; RC J 697/21). De modo semejante, se ha asentado “(…) el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Es por todo lo expuesto que, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.
En cuanto a lo dicho por la peticionaria, respecto de no existir en el legajo testigo presencial alguno que relate el hecho investigado, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez de instrucción en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P. Adicionalmente, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021). Por lo expuesto, consideramos que no procederá el aludido agravio, porque entiende esta Alzada, que la autoría del delito, en cabeza del Sr. K.F, se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente requerido en esta instancia procesal, habiéndose superado, asimismo, el cuestionamiento relativo a los dichos de la víctima quien brindó una descripción clara y precisa de los hechos, concordantes con las lesiones certificadas en autos.
III. Tratamiento del agravio referido a la violencia de género:
Por otro lado, se agravia la defensa por decidir S.S imponer la impronta de violencia de género en una causa que, hasta el momento –en su opinión- sólo se trata de un hecho aislado.
Asimismo, advierte la accionante que no existe constancia alguna de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder, o círculo de violencia, en definitiva, nada que amerite realizar tal aseveración. A su vez, cita lo dicho por el Magistrado en el marco de la Ley 26.485, en su art. 4, que establece la definición de violencia, y resalta “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión (…) basada en una relación desigual de poder (…)”. En ese sentido, la recurrente indica que, no se han efectuado en autos, evaluaciones interdisciplinarias a fin de determinar si se está ante una situación atravesada por violencia de género. Advierte que no cualquier discusión, altercado o pelea entre un hombre y una mujer puede ser considerada como violencia de género, sino por el contrario, es una circunstancia que debe acreditarse fehacientemente toda vez que si así no se lo hiciere, redundaría en un perjuicio al imputado ya que resultaría en un menoscabo de garantías y herramientas procesales. De igual manera, plantea la defensa que la circunstancia referida anteriormente no podría obviarse, ya que la aplicación de institutos como la Convención de Belém Do Pará, producen un importante cambio de perspectiva respecto de principios, derechos y garantías constitucionales como lo son la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia. Entiende que las decisiones y fundamentos judiciales deben tener como parámetro rector, circunstancias objetivas. Finalizando los argumentos de los respectivos agravios expuestos por la defensa oficial, la misma afirma que en los casos que medie violencia de género, el relato de la víctima tiene un peso muy importante, sin embargo, la realidad es que luego el mismo debe objetivarse mediante la actuación interdisciplinaria, circunstancia que –en su parecer- en el presente trámite no se ha corroborado. Cita doctrina para apoyar sus dichos. Ingresando al análisis del presente agravio, advertimos que el argumento de la defensa consiste en eludir la circunstancia de que del caso en análisis se podría evidenciar una cuestión de violencia hacia la mujer, y que no correspondería catalogar lo ocurrido como una simple discusión, altercado o pelea entre las partes.
Entendemos que existen indicadores que permitirían asumir la existencia de violencia de género, así, la manera de reaccionar del imputado denotaría el poder de superioridad con respecto a ésta. Conforme a ello, surge de la denuncia judicial de la Sra. F.B.M.M, que ante una escena de celos del imputado K.F, éste habría empezado a agredirla físicamente, indicando la denunciante, en la ampliación de la denuncia, que siente temor por lo que pueda llegar a hacer el incuso, siendo tal sentimiento algo habitual y razonable, para quien ha padecido una situación como la que se vislumbra en autos. Por esta razón, es que no percibimos arbitrariedad por parte del Magistrado, encontrándose fundamentado el agravante cuestionado, como tampoco se vislumbra la violación de los principios argüidos por la defensa.
En otras palabras, no podemos soslayar que del contenido de estos autos y el tenor del hecho atribuído al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Así, se ha dicho jurisprudencialmente “el marco de una situación de “violencia doméstica” y “violencia de género” (...) obliga a los operadores judiciales a analizar el mismo con prudencia y en función a las obligaciones asumidas por la República Argentina, a través de instrumentos internacionales de rango constitucional, entre los que se destaca principalmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belén do Pará”), que describe a esa especie de violencia como constitutiva de “una violencia de los derechos humanos y libertades individuales” de las mujeres” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado...". (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014). A mayor abundamiento, un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia, dijo: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
Por ello, no podemos coincidir con el argumento de la recurrente, quien habría indicado que la aplicación de dicha perspectiva se aparta de los lineamientos establecidos para valorar el material probatorio, motivo por el cual el presente agravio tampoco prosperará.
IV. Tratamiento del agravio referido a la medida cautelar de embargo:
Finalmente, el último agravio que señala la recurrente es el embargo dispuesto por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), pues entiende que no hay consideraciones ni constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido.
Afirma la defensa que en el delito de Lesiones Leves, ni el tipo ordinario o el calificado prevé en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria, circunstancia que debería tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo. En razón de ello, es que solicita, en caso de que ésta Alzada confirme el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo.
Abordando el presente agravio, consideramos, en efecto, que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a K.F, y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cien Mil ($100.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 08, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Del mismo modo, advierte la jurisprudencia, que se considerarán sólo las cuestiones atinentes al proceso: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado. (Cam. Nac. De Apelaciones en lo Crim. Y Correc. Sala IV. 17/09/2009. “DanessiYnga, Carlos F. s/ Procesamiento” Expte. Nº 1234/09).” Por lo que debemos decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Sr. Juez para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso K.F.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 58/64, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia