Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9433 FOLIO Nº 176/178 PROT. ELECT. JR101282I.251
Río Gallegos, 19 de junio de 2025.
La presente causa caratulada “K.A.I. S/ AMENAZAS (OVD 736/24)" - EXPTE. Nº 80395/24 APELACIÓN Nº 9563/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 51/57 obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos, quien en el punto 1º) del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.I.K., en orden al delito de “Amenazas", (Arts. 149 bis del Código Penal) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes como medida precautoria en la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000). Que a fs. 58/60 la Defensora Oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 74 (conf. cód. de validación 609f9ac3) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Estima la defensa que la resolución puesta en crisis se dicta sin elementos de prueba suficientes que acrediten con el grado requerido la materialidad del hecho y la participación punible. Que la única prueba es la denuncia de la supuesta víctima, no corroborada por testigos, lo que resulta insuficiente para fundar una resolución tan gravosa.
Considera que en el presente caso la prueba es débil, unívoca y no contrastada, agraviando la carencia de elementos de convicción.
Agravia a dicha defensa que, de ambas declaraciones testimoniales no surge prueba alguna que permita enrostrarle a su asistido el delito por el cual se lo procesa, realizando un relato casi anecdótico de una situación ocurrida con el vehículo de la presunta víctima, sin prueba alguna del accionar de su asistido y cargado de animosidad con el sólo fin de direccionar los presentes hacia el Sr. K. Esa defensa considera que no deberían ser tenidos en cuenta. Y respecto de la denuncia efectuada por la presunta víctima, en materia de doctrina y adoptando el criterio del proceso de instrucción de nuestros juzgados penales, refieren que, al contar sólo con las declaraciones de la denunciante, el mismo reviste el carácter de pretensa víctima, por lo que sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
En último término se agravia del embargo, afirmando que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada.
Manifiesta que en autos se ha ordenado trabar embargo sobre su patrimonio, por una suma mayor al máximo del perjuicio ocasionado al Estado, excediendo así el propósito de la medida cautelar.
La suma establecida, a su entender evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y su monto.
Señala que tampoco se realizó como medida previa, el informe social establecido en los arts. 26 y 41 del CP.
Sostiene que no se puede valorar un embargo judicial tan elevado, sin saber los medios de vida del imputado; su imposición resulta arbitraria, generando un gravamen irreparable.
Entrando en el análisis de los planteos efectuados, debo remarcar que para arribar al procesamiento dictado, la instrucción tuvo en cuenta el plexo probatorio, que analizado a la luz de la sana crítica, con perspectiva de género, le permitió arribar al decisorio de autos.
En los presentes actuados se ha investigado un hecho, que por sus características, habilitan a encuadrarlo dentro de hechos de violencia contra la mujer bajo la modalidad de violencia doméstica, su análisis debe ser realizado desde una perspectiva de género y con amplitud probatoria.
En casos como el presente, cobra vital importancia el relato efectuado por la damnificada dado que, generalmente, éstos hechos de violencia doméstica suceden fuera del alcance de testigos, debiendo analizarse minuciosamente sus relatos, a fin de efectuar una reconstrucción histórica de lo sucedido, en forma conjunta con el restante plexo probatorio e indicios recabados en la instrucción. Por otro lado, y en función de los planteos que efectúa la defensa, resulta pertinente recordar que el testimonio de la víctima tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal.
Al respecto los tribunales han manifestado que “...en lo atinente a los casos de violencia de género la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor que es llevado a juicio”.
(M., C. B. s. Hostigar, intimidar - Incidente de apelación /// Cám. Apel. Penal, Penal Juv., Contrav. y Faltas Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 08/03/2024; Rubinzal Online; RC J 5556/24). Ello sumado a que la valoración de la prueba efectuada por el juez y la regla de la sana crítica, "... suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica y, por otro lado, de las "máximas de experiencia", es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y realidad".
(Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 10/06/1982, in re: "F., J. R. c. G., C. y otros", AR/JUR/1980/1982). En función de lo postulado por la defensa sobre las declaraciones testimoniales recabadas en autos, si bien, como lo afirman tanto la recurrente como la instrucción, no resultan ser testigos presenciales del hecho, al haber tomado conocimiento de las distintas situaciones que vivenciara la damnificada con el encausado, resultan ser un elemento indiciario, que ponderado con los demás elementos aunados a la investigación, permitieron al instructor arribar al decisorio dictado. Consideramos oportuno, a modo ilustrativo, citar reciente jurisprudencia en lo relativo al encuadre de hechos como el presente, en los parámetros de violencia de género, y su consecuente aplicación de una perspectiva de género.
Al respecto expresan: "...En casos en que se alegue por parte de la mujer haber sido víctima de violencia de género, deben cumplirse con ciertos estándares específicos y genéricos para que la fundamentación de la sentencia resulte válida (...) La ley nacional N° 26.485 de adecuación de la legislación interna a la Convención de Belem do Pará, incluyó el principio de la amplitud probatoria en materia de violencia de género en consideración a las características propias de la violencia de género. Este principio, se fundamenta en que en la generalidad de los casos la violencia no transita a la luz de testigos, ni es sencilla la recolección de cierta clase de evidencias, y muchas víctimas tampoco han realizado denuncias previas.
El principio de amplitud probatoria incorpora la perspectiva de género, dado que sin él, muchos casos de violencia en contra de mujeres culminarían en la impunidad de los agresores o, en condenas injustas a las mujeres que aleguen esta eximente o atenuante, si se mantuviese invisibilizado que, por las características del fenómeno, se presentan dificultades para obtener determinada clase de evidencias —por ejemplo, testigos, denuncia previa—". (L., A. Q. – L., M. G. s/ causa con imputados • 12/11/2020. TR LALEY AR/JUR/60416/2020). Asimismo tampoco se observa en autos que se encuentren afectadas garantías constitucionales.
Por lo expresado, entiendo que -aún con las limitaciones propias del caso-, la prueba colectada fue valorada acertadamente por la instrucción, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Por consiguiente, los planteos formulados quedan descartados. Por último y en cuanto al agravio referido al monto de embargo, surgen del resolutorio recurrido, las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta, considerando que la misma no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función del Art. 499º del C.P.P. Por otro lado, como lo expresa la jurisprudencia, “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009). En coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).- Por lo expuesto, el presente agravio tampoco tendrá favorable acogida.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas. III) Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. En razón de lo expuesto, de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 51/57, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia