Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, consideramos que el embargo decretado en la suma de pesos ochocientos mil ($800.000) no luce irrazonable teniendo en cuenta los ilícitos endilgados y su modalidad de comisión, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. Por lo que debemos concluir, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
IV. Perspectiva de derechos:
TOMO CXLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 9472 FOLIO N° 118/120 PROT. ELECT. JR101321I.251
Río Gallegos, 04 de julio de 2025.-
La presente causa caratulada "C.K.J S/ Denuncia Daño y Amenazas" - Expte. N° C-79305/24 - Apelación/Causa JR N° 9604/25, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 96/100, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción N° Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado C.R.G., en orden al delito de Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo, Amenazas y Daños (art. 89 y 80 inc. 1º en función del art. 92, 149 bis, 183 y 55 del C.P.); en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000). Que a fs. 109/111, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 115, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
Que, en líneas generales, se agravió la defensa por considerar que el auto recurrido posee una valoración errónea, carente de elementos probatorios objetivos.
A modo explicativo, citó el hecho que se le endilga a su representado como también las pruebas agregadas en autos, y advierte, que lo único que se encuentra de manifiesto en la causa, es la existencia de conflictos intrafamiliares.
Asimismo, señaló que si bien se encuentran acreditadas las lesiones de carácter leves de fs. 30, no se logró acreditar que su defendido haya sido el autor de las mismas.
De igual manera, planteó que no existe otro elemento de prueba más que el discurso de la ex pareja del denunciado, quedando claro –a su criterio- que sólo existe un conflicto intrafamiliar entre dos adultos que se encuentran separados después de años de convivencia. Por otro lado, indicó que aplicar la perspectiva de género no debe utilizarse para presumir culpabilidad sin sustento legal, y –a su juicio- no se acreditó que los hechos denunciados encuadren en un patrón sistemático de violencia ni subordinación estructural. Cita jurisprudencia y doctrina para apoyar su tesitura. Que, analizados los agravios expresados por la defensa, adelantamos, no podrán prosperar.
Pues bien, luego de una atenta lectura del legajo, la resolución atacada y de los argumentos esbozados por la defensa, consideramos que en autos se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir, con el grado de probabilidad que esta instancia procesal requiere, la responsabilidad criminal endilgada al imputado G.C.R. Que, entendemos, yerra la defensa al afirmar que el decisorio arribado carece de elementos probatorios, y que se cuente únicamente con los dichos de la denunciante.
En este sentido, es menester recordarle a la recurrente que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso. En el caso de marras, se logró acreditar prima facie que la menor de edad M. se encontraba en su vivienda al momento de los hechos, y que el progenitor de la misma habría arribado –ofuscado- a la morada, exigiendo el número celular de la madre.
Asimismo, se encuentran constatadas las lesiones leves producidas en el cuerpo de la víctima, la Srta. M., más precisamente en la región facial, como también los daños que presentaba la puerta de acceso de la referida morada.
Aquella circunstancia, está corroborada mediante el plexo probatorio aunado en la causa, tales como la denuncia judicial, el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo, como así también los múltiples informes policiales y el certificado del Cuerpo Médico Forense. A su vez, es menester señalar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de cómo habrían sucedido los hechos aquí en disputa, se robustecen a la luz de las declaraciones testimoniales de G.G., hermano mayor de M., quien se habría hecho presente en el lugar habiendo observado a su padre agredir físicamente a su hermana menor, y de la progenitora, la Sra. C.K., quien arribó al lugar poco después de recibir un mensaje de la víctima.
Aun más, y no menos importante, los hechos tornan credibilidad a raíz de la declaración testimonial de la menor de edad -a través del procedimiento que estipula el art. 234 ter. del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz-, la cual sindica como autor de los delitos aquí investigados a su progenitor G.C.R., y su relato es conteste con las demás piezas probatorias incorporadas en autos. Dicho ello, esta Alzada concuerda con los fundamentos dados por el a quo, en tanto y en cuanto se encuentra suficientemente acreditada la materialidad de los delitos de lesiones leves, amenazas y daño, y prima facie la responsabilidad criminal -en carácter de autor material- enrostrada al Sr. G.C.R. En efecto, consideramos que los ilícitos en disputa se encuentran acreditados, no sólo con los dichos de la víctima, sino también con el resto de los elementos aunados al legajo, por cuanto resultan indicios claros y concordantes, que brindan -a nuestro criterio-, verosimilitud a la imputación efectuada.
Ahora bien, respecto a la perspectiva de género, coincidimos en un todo con el juicio arribado el Sr. Juez Subrogante, pues aplicar la citada perspectiva es fundamental en casos como el que aquí se vislumbra, no sólo porque la damnificada es una mujer, sino también porque la forma en la que habría reaccionado el imputado denotaría el poder de superioridad con respecto a la víctima, evidenciándose así una desigualdad de poder al ejercerse la violencia física dentro de la modalidad de violencia doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485. Dicho ello, entendemos que, de los argumentos expuestos por la defensa, se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr.
Juez Subrogante de grado, sin lograr controvertir lo decidido; por lo que el presente agravio, no tendrá favorable acogida.
III. Del agravio referido al monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la defensa se agravia por considerar que el monto de la medida decretada de pesos ochocientos mil ($800.000) resulta totalmente desproporcionado y desnaturalizado, en cuanto a su imposición y su monto, ello por cuanto su pupilo procesal no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada. Indica que no se realizó como medida previa el informe social establecido en el C.P, en consecuencia resulta un agravio, pues señala que genera un daño injustificado a la economía y al patrimonio integral de su asistido.
Asimismo, entiende que no se puede valorar un embargo judicial tan elevado, sin saber los medios de vida del imputado, siendo que su imposición resulta arbitraria generando un gravamen irreparable.
Para finalizar, cita doctrina para mantener su postura sobre la medida.
Que en observación al último agravio, adelantamos, no se hará lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el Magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En cuanto a que no se hubiera ponderado la situación particular del encartado para su fijación, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que señala los parámetros para la fijación de la medida. Así se sostuvo: “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “M., H.A.”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. N1). A su vez, surge en fs. 99, en el considerando II) que el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000.-).
Por lo expuesto, consideramos que el embargo decretado en la suma de pesos ochocientos mil ($800.000) no luce irrazonable teniendo en cuenta los ilícitos endilgados y su modalidad de comisión, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. Por lo que debemos concluir, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 96/100, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia