Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I · Causa 69617
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de apelación (arts. 10 y 13 del C.P., 19 de la ley 12.256, 32 de la ley 24.660, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.), atendiendo a lo consignado en el sexto párrafo del punto IV.
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Causa N° 69617
AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la defensora particular, Dra. Maria Fernanda Larralde, contra el auto pronunciado en fecha 14/10/2026, por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental, que no hizo lugar a la libertad condicional de J. R. K. como así tampoco al régimen de prisión domiciliaria.
Y CONSIDERANDO: I. Que el nombrado fue condenado el 4 de septiembre de 2025, por el Juzgado Correccional N° 1 departamental, en causa nro. 10682-754/2025 a la pena única de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento con la multa de un mil pesos ya estipulada y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, desobediencia reiterada -tres hechos-, amenazas simples y resistencia a la autoridad en concurso real y amenazas simples, todo en concurso real, compresivas de las causas n° 702/2021 y n° 754/2025 (10682), revocando la condicionalidad de la pena impuesta al justiciable por el Juzgado en lo Correccional N° 4 departamental, en el marco de la causa nro. ME 702/2021, sanción que vencerá el 19 de marzo de 2028.
II. Que la recurrente señala las circunstancias que han variado desde la resolución de fecha 23/12/2025 -confirmada por esta alzada el día 8/1/2026- y las constancias al 14/10/2026 -fecha de la resolución impugnada-.
Al respecto, menciona que su defendido fue promovido al régimen semiabierto, posee conducta muy buena 8, es alumno regular del 1° año del nivel secundario, realiza tratamiento psicológico hace aproximadamente 3 meses, cursó "Deconstruyendo masculinidades", espera cupo para realizar cursos de formación profesional y cuenta con dictamen viable del DTC.
Concluye que el condenado hizo exactamente lo que la magistratura y organismos técnicos le indicaron, evolución que la decisión recurrida no registró, resultando una reproducción del auto emitido en diciembre de 2025 y, en consecuencia, careciendo de la motivación que impone el art. 106 del C.P.P. bajo pena de nulidad.
Sostiene que se ha omitido el dictamen técnico favorable al punto de ni siquiera haber sido mencionado, del cual solo cabe apartarse en forma fundada.
Considera que se ha efectuado una valoración fragmentaria y descontextualizada del informe psicológico de fecha 21/6/2026, indicando que una valoración probatoria que selecciona lo desfavorable y omite lo favorable de una misma pieza no supera el control de razonabilidad.
Destaca que dicha evaluación surge reconocimiento del hecho y del consumo, tratamiento psicológico en curso y proyecto de egreso, a lo que aduna que la autocrítica o el arrepentimiento no puede ser exigido como requisito ya que la ley no lo contempla y pertenece al fuero íntimo de la persona, exento de la autoridad de los magistrados.
Se agravia de que se haya valorado en contra del penado la falta de trayectoria en el espacio de formación profesional toda vez que el mismo se encuentra a la espera de cupo y dicha carencia es del estado.
Agrega que el interno realizó tareas de mantenimiento de espacios verdes y carpintería, las cuales debió interrumpir por la artrosis de cadera que hoy lo obliga a desplazarse con muletas.
Manifiesta que la reiterancia delictiva, el consumo y la referencia a la "condición de mujer" no son obstáculos legales y fueron ponderados sin sustento, ya que su asistido no es reincidente, y tanto los antecedentes como el contexto en que se cometieron los hechos ya fueron valorados al fijar una pena única de efectivo cumplimiento y, por otro lado, reconoce el consumo de alcohol y el propio art. 13 del C.P. permite neutralizarlo mediante condiciones.
Aduna que la resolución recurrida se apoya en un dictamen fiscal construido sobre premisas erróneas y contradice la finalidad de la ejecución de la pena.
Ahora bien, en relación a la denegatoria de prisión domiciliaria, señala que la misma se resolvió sin la prueba que la magistrada de grado solicitó oportunamente.
Expresa que la condición bajo la cual la perito oficial descartó la posibilidad de idéntica medida en diciembre de 2025 no se cumplió, ya que no consta que se haya concretado la consulta con traumatología, sumado a que el perito V., en septiembre de 2026, reiteró el carácter condicional del alojamiento.
Alega que se ha omitido valorar el deterioro funcional del incurso en tanto ya no deambula por sus propios medios, sino que lo hace con ayuda de muletas, presenta limitación funcional para la actividad física y debió interrumpir las tareas que realizaba debido a sus dolores físicos.
Señala que la reticencia a operarse dentro del servicio penitenciario no puede valorarse en contra del condenado, más aún cuando no consta que se haya programado una cirugía, y si ello hubiera ocurrido, la decisión de aceptarla o no en determinadas condiciones es un derecho del paciente.
Se queja de que los fundamentos de la libertad condicional se trasladaron a la prisión domiciliaria y que se omitió tratar la situación familiar planteada.
Al respecto, indica que no pretende que la misma, por sí sola, encuadre en el inc. f del art. 10 del C.P., sino que el interés superior de la hija del penado, cuya madre y cuya abuela atraviesan enfermedades oncológicas y desamparo económico, sea ponderado.
Por último, plantea la nulidad por la falta de prueba ordenada y propone determinadas condiciones para el caso de que se otorguen los institutos en trato.
En razón de lo expuesto, solicita que se otorgue la libertad condicional de su defendido o, subsidiariamente, se disponga que cumpla el resto de la pena en detención domiciliaria. En último término, requiere que se anule el auto en crisis y se ordene la realización de la evaluación psicológica dispuesta, el informe médico con copia de historia clínica y dictamen sobre la necesidad de tratamiento extramuros, una pericia traumatológica con examen físico y el dictado de un nuevo pronunciamiento.
Cualquiera sea la solución, peticiona que se intime al SPB para que concrete la interconsulta con traumatología en un hospital extramuros e informe al órgano de grado su resultado.
III. Que una vez sentado lo anterior, desde ahora vamos adelantando que el auto en crisis, en nuestra opinión, no merece ser tildado de arbitrario como lo ha postulado la parte, pues alcanza el estándar de motivación previsto en el art. 106 del C.P.P.
Ello por cuanto se aprecia que la magistrada de grado ha volcado en el mismo el análisis efectuado frente a la situación llevada a su conocimiento, detallando lo consignado en los informes pertinentes y citando las normas que rigen los supuestos en trato, para luego tomar una decisión al respecto.
De esta forma vamos diciendo que la circunstancia de que la parte recurrente no concuerde con el mérito efectuado por la juzgadora, en modo alguno torna la decisión arbitraria.
Asimismo, cabe señalar que la circunstancia de que no se hayan producido la totalidad de las medidas probatorias señaladas por la letrada no determina, por sí sola, la nulidad del pronunciamiento, en tanto corresponde establecer si dicha omisión impidió resolver fundadamente las cuestiones sometidas a conocimiento de la magistrada de grado, extremo que no se advierte acreditado en el caso.
IV. Que el causante reúne la condición de penado, y por tanto su actual situación debe ser evaluada a la luz de los arts. 10 del C.P., 19 de la ley 12.256 y 32 de la ley 24.660.
En tal sentido, vista la decisión recurrida, advertimos que la jueza de grado, luego de evaluar el caso traído, encontró que el fundamento para peticionar la prisión domiciliaria es el estado de salud del causante.
Al respecto, la a quo valoró el informe emitido por el Dr. F. L. V., perito médico de la Asesoría Pericial departamental, quien al momento de dictaminar expresó que ".es un paciente que presenta cirugías y una enfermedad crónica y progresiva, como la Artrosis -muchas veces requiere intervenciones quirúrgicas- que si bien quizás no le impida su alojamiento en un penal, al menos requiere de una ubicación adecuada como el hecho de evitar escalones y realizar esfuerzos que comprometan su locomoción, también un seguimiento adecuado por especialista y entrega de medicación conforme a lo indicado por el mismo." .
Analizado dicho dictamen, coincidimos con la magistrada de grado en cuanto entendió que la situación actual de salud del penado no le impide permanecer en la unidad que lo aloja siempre y cuando sus dolencias sean atendidas de manera adecuada y se lo ubique en un lugar que no presente escalones.
Y cabe aclarar, que no desconocemos las limitaciones físicas señaladas por la defensa, particularmente las dificultades que presenta el condenado para desplazarse y que lo obligan a utilizar muletas, como así tampoco la falta de concreción de la interconsulta con el especialista en traumatología. Sin embargo, tales circunstancias no permiten concluir, por sí solas, que su estado de salud resulte incompatible con la permanencia en el establecimiento penitenciario, máxime cuando el profesional interviniente no descartó dicha posibilidad, sino que la supeditó a determinadas condiciones de alojamiento y atención médica que deberán ser garantizadas.
Es por ello que, deberán arbitrarse los medios necesarios desde la instancia de grado para que se proporcione al encartado el turno con el especialista en traumatología, la atención médica, las condiciones de alojamiento y los tratamientos que su caso requiera.
Ahora bien, en relación a lo manifestado por la impugnante, la situación del encausado respecto a su hija menor de edad, no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en la normativa que recepta el instituto de la prisión domiciliaria en el art. 10 del C.P., como así tampoco en los arts. 19 de la ley 12.256 y 32 de la ley 24.660, en los cuales se establecen las distintas hipótesis de procedencia del instituto de trato.
Entonces, lo cierto es que tal circunstancia no está contemplada en la letra de la ley.
Agregamos además que el derecho a que los niños crezcan en el seno de una familia no puede ser interpretado en abstracto y de manera absoluta, sino que debe ser evaluado de acuerdo a las particulares circunstancias que cada caso exhibe, y ello además, en el marco del resto del ordenamiento jurídico vigente, sumado a que el artículo 9.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, legitima la separación de los niños y sus padres cuando es producto de una detención o encarcelamiento impuesta por el Estado.
De este modo, no encontramos -por ahora- motivos para incorporar al encartado en el régimen de prisión domiciliaria, por lo que corresponde confirmar el decisorio impugnado respecto de dicho instituto.
V. Que, en relación con la denegatoria de libertad condicional, luego de analizar las constancias de la presente causa, adelantamos que no habrá una respuesta favorable para la parte recurrente, a pesar de que el penado cumple con el requisito temporal exigido por el artículo 13 del C.P. y cuenta con los aspectos positivos señalados por la defensa.
Ello así, toda vez que del análisis de su legajo surgen reservas en cuanto a su futura reinserción social, que nos conducen a apartarnos del dictamen favorable emitido por el DTC.
En primer lugar, vemos que del informe psicológico se desprende que ".Esta oscilación discursiva permite inferir mecanismos defensivos de minimización y atenuación de responsabilidad respecto de las conductas disvaliosos, y sin visualizar los daños cometidos. También se observan dificultades para reconocer sus propias conflictivas vinculares y dimensionar el impacto interpersonal de sus conductas, particularmente en contextos de frustración o activación emocional intensa. Se recomienda que continúe con las actividades que realiza y sea incorporado a talleres terapéuticos para trabajar la regulación de sus emociones.".
Lo antes detallado debe ser ponderado en concordancia con la pericia psicológica realizada por la Lic. M. S. B. -en fecha 2/7/2025 y ratificada el día 16/10/2025- de la que surge que ".En torno a sus características de personalidad, se detectan indicadores de inestabilidad emocional y conductual y de su producción gráfica se desprenden indicadores que permiten inferir que el examinado sostiene un patrón conductual basado predominantemente desde lo instintivo pulsional, es decir, donde se privilegia la acción por sobre la reflexión, y con una tendencia a actuar bajo sus propios términos, pudiendo en virtud de ello sobrepasar los límites. Se implica en distintas situaciones desadaptativas, pudiendo dar cuenta de sus conductas, impactando que las mismas son sostenidas de manera naturalizada, acorde a los contextos de socialización en los cuales habría estado inmerso a lo largo de su historia vital.En virtud de lo antes señalado y considerando que las características de su personalidad podrían verse potenciadas por el consumo de alcohol, esta perito considera que sería conveniente para el examinado llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico sostenido en el tiempo tendiente a la revisión y modificación de sus aspectos desadaptativos -entre ellos el patrón de consumo de alcohol-.".
Todo lo anteriormente detallado evidencia la falta de "recursos internos" que le permitirían desenvolverse con éxito en el medio libre de forma anticipada al cumplimiento de la pena, teniendo en cuenta que lo verdaderamente relevante en la materia que nos ocupa son los rasgos de la personalidad de quien se encuentra penado y que puedan trascender de un modo perjudicial hacia terceros.
Al respecto, somos de la postura de que mientras el contenido de los informes psicológicos tenga trascendencia jurídicamente relevante, pueden ser tenidos en cuenta para adoptar una decisión adversa a los intereses del justiciable, pues lo habilita la misma letra de la ley y no por ello puede considerarse lesivo al contenido del art. 19 de la Constitución Nacional, ni violatorio del principio de resocialización y progresión de la pena; aclarando que no en el sentido de buscar una conversión moral o una posición autoinculpatoria.
En tal sentido, cabe señalar lo sentado por la Sala V del TCP (en causa 74.120 "B. J., R. A. s/ abuso sexual agravado", entre otras), en cuanto sostiene que: "...En este esquema no es excluyente cual sea la perspectiva moral del condenado frente al delito, menos para desfavorecerlo, sino que debe prevalecer el análisis de los recursos de los que disponga, tanto internos como externos a él, para poder favorecer exitosamente las sucesivas etapas previstas para el cumplimiento de la pena...".
Por otro lado, no podemos soslayar que compulsando el sistema Augusta, observamos que recientemente -10/11/2026- la a quo confirmó la sanción disciplinaria impuesta al interno por la unidad penitenciaria n° 59, por haberse incautado entre sus pertenencias cinco cuchillos tipo tramontina de diferentes tamaños, quebrantando con su accionar el art. 47, incs. b y c de la ley 12.256, falta de carácter grave que demuestra su dificultad para observar con regularidad los reglamentos carcelarios (requisito indispensable conf. art. 13 C.P.).
Así las cosas, los elementos ut supra mencionados, desde nuestro punto de vista, dan base a un sentido negativo sobre la prognosis de reinserción social del encausado.
Consecuentemente, entendemos que el interno que nos ocupa -por el momento- no reúne las condiciones necesarias para acceder a la libertad condicional solicitada por lo que corresponde confirmar el auto impugnado también respecto de este beneficio.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de apelación (arts. 10 y 13 del C.P., 19 de la ley 12.256, 32 de la ley 24.660, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.), atendiendo a lo consignado en el sexto párrafo del punto IV.
Regístrese, notifíquese y hágase saber al órgano de grado.
Firmas
Funcionario firmante: RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: REGGI Oscar Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA Martina Soledad - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1380-2026
Fin de la sentencia