Abriendo la norma
Secretario de Cámara Cámara Civil y Comercial – Azul, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 12/7/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios; imponiéndose las costas de alzada en el orden causado, en razón de la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes (arts.68 y 69 del C.P.C.C.), y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Causa nº: 2-71369-2023 "K. M. A. C/ A. C. M. S/SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY DE "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "K. M. A. c/ A. C. M. s/ Sociedades-Acciones Derivadas de la Ley de”" (Causa n°71369). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 12/7/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. En la sentencia que ha llegado apelada a esta alzada, se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por M. A. K. y, en consecuencia, se condenó a C. M. A. a abonar a la actora la suma de $ 8.000.000, con más intereses, en concepto de “compensación de dividendos no percibidos por la razón social T. M. SRL”. Asimismo, se acogió la pretensión de remoción del demandado C. M. A., del cargo de administrador que detenta en dicha sociedad, el que se mantendrá hasta tanto se designe su reemplazante. Por último, se rechazó el planteo formulado en la demanda, en el cual se pretendía la nulidad de dos transmisiones dominiales de vehículos de la sociedad, que se habrían realizado a favor del demandado. Las costas del juicio se impusieron en un 80% al demandado, y en el restante 20% a la actora, por haber acaecido un vencimiento parcial y mutuo (ver sentencia de la anterior instancia de fecha 12/7/2023).
Dicho decisorio estuvo basado en las motivaciones que sucintamente reseñaré en el presente apartado, dado que en la parte pertinente de este voto me explayaré sobre las mismas. En la sentencia apelada se desestimó el principal argumento del demandado, quien sostuvo que fue él quien aportó los bienes que componen la totalidad del patrimonio de T. M. SRL, y que esta sociedad fue diseñada al solo efecto de resguardar aquel acervo de los vaivenes del negocio que ejerce por cuenta propia. Así alegó el demandado que la sociedad nunca llegó a operar en lo comercial, ni tampoco en el plano fiscal y administrativo, lo que implica que la actora intervino en el instrumento constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada como una mera “prestanombre”, y, por ello, requirió que se declare a la misma como “socia aparente”, solicitando el rechazo de la acción incoada.
Para concluir en la desestimación de dicho planteo defensivo del demandado, el juzgador analizó los diversos elementos probatorios allegados al proceso -prueba documental, testimonial y pericial-, y dijo que la actora ha demostrado participación en la empresa de transporte, lo que sumado a las tareas asignadas en la distribución de roles de la pareja -dada por la unión convivencial que mantuvieron los litigantes-, impide calificarla como una mera “prestanombre” de T. M. SRL. También señaló que no puede desconocerse el ingreso dinerario que se le reconoce a la actora en función del arrendamiento que percibía en forma trimestral, sin que se haya indicado ningún destino específico con relación al mismo. Rechazó el argumento del demandado de que los bienes de la sociedad eran de su exclusiva propiedad, señalando que no se han allegado elementos objetivos de peso que permitan determinar el origen de los fondos, a los fines de adquirir los vehículos que constan inscriptos a nombre de la sociedad. Detalló las inscripciones de dominio de estos vehículos, y dijo que las mismas fueron efectuadas durante la vigencia de la convivencia entre los litigantes, que se extendió desde el año 2005 al año 2014. Dijo que pesaba sobre el demandado la carga de probar que los automotores fueron adquiridos con sus activos propios, y que esa carga probatoria no ha sido satisfecha. En consecuencia, desestimó el carácter de socia aparente que el demandado le atribuyó a la accionante.
Luego de esta conclusión, se abocó el juzgador al tratamiento de la pretensión de la actora de que se condene al demandado por el uso de efectos sociales destinados a un negocio propio -que gira bajo su CUIT y con el nombre de fantasía “I. E.”-, requiriendo que se lo obligue a “traer a la sociedad las ganancias resultantes de su uso”, en los términos del art.54, segundo párrafo, de la ley 19.550. En efecto, en su escrito de demanda dijo la actora haber detectado que el demandado, en forma ilegítima, ha violado los deberes a su cargo como administrador de la sociedad, y sin su consentimiento -ni conocimiento- utiliza los rodados de la sociedad para beneficio propio, y hasta transfirió -al menos- dos de ellos. Por ello, solicitó que se declare la nulidad de dichas transferencias dominiales, haciendo reserva de reclamar daños y perjuicios.
En la sentencia apelada se sostuvo que, de las constancias de la causa, surge que hay algunos vehículos de T. M. SRL que los utiliza la firma I. E., por lo que “no caben dudas que debe acogerse la pretensión, la que se traducirá en un importe en concepto de compensación por dividendos no percibidos (art.54 de la ley de sociedades”. No obstante, excluyó el período comprendido entre la constitución de la sociedad y hasta que finalizó la unión convivencial entre las partes (año 2014). Dicho esto, puntualizó que el perito contador interviniente en el proceso no pudo determinar los ingresos obtenidos por la firma I. E., a partir del uso de los automotores pertenecientes a la sociedad T. M. SRL. Fue así que, sobre la base de los ingresos obtenidos por el demandado que emanan de la pericia contable, de la cantidad y características de los referidos automotores, y de la prerrogativa establecida en el último párrafo del art.165 del Código Procesal, estimó prudente fijar la compensación en favor de la actora en concepto de dividendos no percibidos, por el período que va desde el año 2014 hasta la fecha del pronunciamiento (12/7/2023), en la suma de $ 8.000.000, a la cual se le adicionaron los respectivos intereses moratorios En otro orden, en el decisorio de grado se acogió la segunda pretensión de la actora consistente en la remoción del demandado como socio administrador de T. M. SRL, al señalarse que esta sanción se encuentra justificada por “el hecho que la sociedad nunca haya operado y el demandado haya reconocido que ha utilizado los bienes del ente para un uso que beneficia el negocio que ejerce por cuenta propia”. Por el contrario, se rechazó la pretensión de declaración de nulidad de dos actos jurídicos de transmisión dominial de vehículos, toda vez que “no se ha acreditado debidamente aquellas operaciones, ni alguna otra donde T. M. SRL haya efectuado algún tipo de transferencia en favor de un socio o tercero”, y que “tampoco se ha escuchado al eventual adquirente”.
II. La referida sentencia fue pasible de los recursos de apelación deducidos por ambos contendientes, quienes expresaron sus agravios en esta alzada.
El demandado vertió diversos agravios contra la sentencia de la anterior instancia, los cuales serán analizados -con detenimiento- en el curso del presente voto. A modo de breve reseña cabe señalar, que el accionado cuestiona al pronunciamiento de grado por cuanto, en su entender, incurrió en “absurdo en la valoración de la prueba” y “falta lógica en la actividad de juzgar”, más, sin embargo, de sus alegaciones no resultan las supuestas falencias que se le atribuyen a dicho decisorio. Insistiendo en su planteo inicial, dijo el demandado que la constitución de la sociedad tuvo como única finalidad la de resguardar sus bienes, ante la crisis socioeconómica que por entonces se produjo en el país. Se refirió también a la relación sentimental y a la unión convivencial que mantuvieron ambos litigantes, y se agravió porque en la sentencia apelada se le atribuyó la carga de la prueba de las alegaciones que esgrimió en su defensa. Alegó que la actora debió haber advertido que T. M. SRL nunca tuvo actividad, ni emitió facturas, y puntualizó que, en las veces que la actora concurrió a la empresa, nunca dio órdenes ni instrucciones, ni dirigió la actividad de la misma. Finalmente, se agravió del monto fijado por el Juez de grado en concepto de compensación a favor de la actora, por dividendos no percibidos de la sociedad, arguyendo que la sentencia carece de pautas de cuantificación (ver escrito de fecha 8/2/2024). Por su parte, la parte actora se queja por considerar reducida la suma de $ 8.000.000, que se estableció en la sentencia apelada como monto de condena en concepto de compensación por dividendos no percibidos. Realizó diversos cálculos a través de los cuales pretende revertir lo decidido en la anterior instancia, y concluyó estimando el monto que, a su criterio, resultaría procedente. A modo de segundo agravio, impugnó la forma en que se impusieron las costas del juicio, señalando que la misma no guarda correlato ni proporcionalidad con las sumas de la pretensión principal y, por ende, con la compensación de dividendos societarios (ver escrito presentado con fecha 5/2/2024).
Al contestar la expresión de agravios de la contraparte, aseveró la actora que corresponde declarar la deserción de dicho recurso, por cuanto el mismo adolecería de insuficiencia formal (ver presentación del 1/3/2024). Hago constar, desde ya, que este planteo de deserción debe ser desestimado, puesto que el escrito recursivo del accionado satisface la carga de fundamentación requerida por el art.260 del C.P.C.C.; por lo que en la parte pertinente de este voto me abocaré a su tratamiento.
Habiéndose cumplimentado los pasos procesales de rigor y practicado el sorteo de ley, han quedado las actuaciones en condiciones a los fines del dictado de la presente sentencia.
III. 1. La demanda de autos fue promovida por M. A. K., en su calidad de socia de T. M. SRL, y está dirigida contra C. M. A., en su carácter de socio administrador de esa sociedad. Bajo la calificación de acciones societarias, la actora delineó -con precisión- las pretensiones esgrimidas, que son las siguientes: a) Responsabilización del socio administrador por el uso de fondos y efectos de la sociedad, que destinó a un negocio de cuenta propia; con el consecuente reclamo de las ganancias resultantes (art.54, párrafo segundo, de la ley 19.550. b) Remoción del demandado como socio administrador de la sociedad T. M. SRL (art.59 de la ley 19.550). c) Declaración de nulidad de dos actos jurídicos de transferencia dominial de vehículos de la sociedad, realizados a favor del socio administrador aquí demandado (ver demanda a fs.43).
En consecuencia, la actora pretende que al demandado se lo condene por el uso de fondos y efectos sociales destinados a un negocio propio, requiriendo, en consecuencia, que se lo obligue a “traer a la sociedad las ganancias resultantes desde su uso”, en los términos del art.54, segundo párrafo, de la ley 19.550. Y sostuvo la actora, en ese orden de ideas, que el importe de las ganancias obtenidas por el demandado mediante el uso de fondos y efectos sociales “resultará de los libros y pericias a practicarse en la firma ‘T. I. E.’ que gira bajo la CUIT del demandado a la que han sido destinados indebidamente los efectos de la sociedad de responsabilidad limitada” (fs.43).
Se dijo en la demanda que T. M. SRL es una sociedad de responsabilidad limitada constituida regularmente, mediante contrato de fecha 20/9/2002, y se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con la matrícula 65378, legajo 1/117400, con fecha 30/9/2003. Se puntualizó que los socios de la sociedad son la actora y el demandado, y que su objeto es realizar por sí o por terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a la edición, publicación y distribución de diarios y revistas; transporte terrestre en general y en especial, transporte de carga mediante la explotación de vehículos propios o de terceros y de concesiones de líneas de transporte de carga, nacionales, provinciales, interprovinciales e internacionales (cláusula cuarta). Se dijo, también, que el socio administrador es el demandado, de acuerdo a lo que surge de la cláusula quinta; que el domicilio social es en calle Burgos n° 830 de esta ciudad de Azul; y que la sociedad es titular dominial, entre otros, de los siguientes vehículos automotores: dominio SEB038, dominio CXL783, dominio DVK820, dominio CNA871, dominio EVW651, dominio FNV416, dominio DLW525, dominio HJB430 (ver fs.43vta./44).
Si bien este aspecto no fue puntualizado en la demanda, cabe acotar que el capital social fue integrado en partes iguales por los socios, habiéndose establecido que el mismo es de pesos un mil ($ 1.000), dividido en cien (100) cuotas de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, y que cada cuota otorga derecho a un voto. Se aclaró, asimismo, que el capital social se suscribió e integró en su totalidad en el acto de constitución de la sociedad, habiendo suscripto e integrado el socio C. M. A. la cantidad de cincuenta (50) cuotas, lo que hace un total de pesos quinientos ($ 500), mientras que la socia M. A. K. también suscribió e integró igual cantidad de cincuenta (50) cuotas, o sea un total de pesos quinientos ($ 500) (ver contrato de sociedad y estatuto, que obra agregado a fs.121/124, pudiendo observarse a fs.123vta., la inscripción en la matrícula 65378, legajo 1/117400 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas).
Pues bien, adentrándose en las conductas que la actora le reprocha a su socio, dijo haber detectado que el demandado, en forma ilegítima, ha violado los deberes a su cargo como administrador de la sociedad, y sin su consentimiento -ni conocimiento- utiliza todos los vehículos referidos precedentemente para beneficio propio, y hasta transfirió -al menosdos de esos rodados. Por ello, pretende se declare la nulidad de dichas transferencias dominiales, haciendo reserva de reclamar daños y perjuicios por el deterioro provocado por el uso de los vehículos. En definitiva, le endilga conductas al accionado, que “además de ser manifiestamente violatorias de los deberes del administrador de la sociedad, son indicativas de un uso indebido de los bienes sociales para fin propio” (ver demanda a fs.44vta.).
Y brindando mayores precisiones, afirmó la actora en su escrito de demanda, que de la documentación acompañada “surge que los vehículos automotores antes individualizados, propiedad de la sociedad, son utilizados por el demandado para sí, en la empresa que gira bajo su CUIT y con el nombre de fantasía I. E. CUIT 20-24130098-7. Mediante las cartas documento remitidas por el demandado (y que acompaño) señaló que la firma que gira bajo el nombre ‘I. E. SRL’ es de su exclusiva propiedad” (fs.45; lo resaltado me pertenece). Y agregó a continuación: “Por consiguiente, los bienes o efectos de la sociedad son utilizados por el socio administrador para un negocio de cuenta propia, en franca inobservancia de las disposiciones societarias, en detrimento de T. M. SRL y de esta socia. Conforme los términos del art.54 párrafo segundo de la ley 19.550, el demandado ‘debe traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva’” (fs.45/45vta.).
Finalmente, al referirse a las “ganancias que deben ser ingresadas a la sociedad”, sostuvo la demandante: “De la compulsa de las declaraciones juradas impositivas, de los libros de comercio y de la pericia contable resultarán las ganancias obtenidas por el demandado con la firma que gira a su nombre desde el día 20 de septiembre de 2002 en adelante; es decir a partir de que los bienes, a medida que ingresaron a la sociedad, comenzaron a usarse indebidamente. Las ganancias obtenidas deberán calcularse hasta el día de efectivo cese en el uso de los mismos para destino propio. Destaco que sólo se tomarán en consideración las ganancias y no las pérdidas que ‘serán de cuenta exclusiva del demandado’” (fs.46). Se desprende de este párrafo que, en el escrito inicial de demanda, se supeditó la determinación de las ganancias obtenidas por el demandado, mediante el uso indebido de los bienes de la sociedad T. M. SRL, a lo que resultare de la prueba documental y pericial contable a practicarse en el presente proceso.
2. La aludida demanda fue contestada por el demandado C. M. A., quien, a modo de colofón, expresó lo siguiente: a) Entre las partes del presente juicio ha mediado una relación concubinaria y familiar, iniciada en un noviazgo en el año 1993, hasta su ruptura definitiva en los albores del año 2014. b) La sociedad T. M. SRL se constituyó al solo objeto de escindir el patrimonio de C. M. A., ante la crisis económica y financiera acaecida durante el año 2001, así como frente al riesgo empresario. c) Los integrantes de esta sociedad carecieron de affectio societatis, en razón de la ausencia total de interés en desarrollar el objeto social simulado en el contrato societario. d) La actora M. A. K. reviste la calidad de socia aparente, habiendo prestado su nombre al solo efecto de habilitar la constitución de un ente societario erigido con la finalidad de escindir el patrimonio del demandado. e) Conteste con su condición de socia aparente, la actora nunca ejerció facultad alguna derivada del contrato social, así como tampoco cumplió con sus obligaciones, por lo que carece de legitimación para formular reclamos, en atención al carácter simulado de la sociedad T. M. SRL (ver contestación de demanda a fs.169vta./170).
IV. 1. En la sentencia apelada se desestimó el argumento medular esgrimido por el demandado, quien sostuvo que fue él quien aportó los bienes que componen la totalidad del patrimonio de T. M. SRL, y que esta sociedad fue diseñada al solo efecto de resguardar aquel acervo de los vaivenes del negocio que ejerce por cuenta propia. Así alegó el demandado que la sociedad nunca llegó a operar en lo comercial, ni tampoco en el plano fiscal y administrativo, lo que implica que la actora intervino en el instrumento constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada como una mera “prestanombre”, y, por ello, requirió que se declare a la misma como “socia aparente”, rechazándose, en consecuencia, la acción entablada.
El Juez de grado sentó la conclusión antedicha, luego de un detenido análisis de los elementos probatorios aportados a la causa, donde refirió a la unión convivencial que mantuvieron los aquí litigantes, en la tarea de desentrañar los alcances del contrato constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada, que las partes formalizaron con fecha 20/9/2002 (ver instrumento de fs.121/124). Y luego de aludir a los aspectos patrimoniales de la unión convivencial, que la diferencian del matrimonio, señaló que “no resulta extraño que los convivientes además de proteger los bienes de la familia constituida bajo la égida de la unión convivencial hayan utilizado la constitución de la sociedad para dejar plasmado el régimen patrimonial de su unión; atribuyéndose en un 50% para cada uno de ellos la ‘participación societaria’ y -simultáneamente- generando un patrimonio de afectación”. Tuvo como dato embrionario que el domicilio de la sociedad se fijara en la residencia de los padres de la actora, y afirmó que ello “demuestra una clara intención de la demandante en torno a querer participar en la empresa de su compañero o, dicho de otro modo, de no mantenerse alejada de la misma”.
Valoró como especialmente relevante la declaración testimonial del Contador R. S. V., cuando al ser preguntado sobre la forma de toma de decisiones contables y administrativas, dijo haber tenido reuniones con ambos socios, en reiteradas oportunidades; aclarando que muchas veces la actora acercó documentación al estudio contable, traía los papeles, llevaba los sueldos, etc. Y agregó que el Contador V. “ha reconocido que para la constitución de T. M. S.R.L asesoró a ambos litigantes en forma conjunta e incluso llegó a manifestar que ese asesoramiento comenzó con anterioridad a la formalización de la persona jurídica”. También se mencionó en la sentencia el testimonio de S. M. C., que cuidaba de los hijos de las partes y realizaba tareas de limpieza, tanto en la casa particular como en el establecimiento “I. E.”; habiendo manifestado esta testigo que cuidaba de los niños porque la actora iba a trabajar a la oficina de esta empresa (arts.384 y 456 del C.P.C.C.).
Sobre esta base probatoria, afirmó el Juez de grado que “la actora ha demostrado participación en la empresa de transporte, lo que sumado a las tareas asignadas en la distribución de roles de la pareja dada por el concubinato, que han quedado debidamente calificadas por el demandado como ‘trabajo familiar’ (textual fs.157), impiden calificar a la accionante como una mera ‘presta nombre’ de T. M. SRL…”. Prosiguiendo con su análisis de la cuestión litigiosa, dijo que “no puede desconocerse el ingreso dinerario que se le reconoce a la actora hacia la ‘familia’ en función del arrendamiento que percibía en forma trimestral y no habiéndose indicado ningún destino específico en relación al mismo, no cabe más que imputarlo - por mínimo que sea- a la economía familiar, lo que sin dudas ha coadyuvado -directa o indirectamente- a que parte de las ganancias obtenidas por la empresa de transporte se apliquen a inversiones, como compra de nuevos vehículos” (lo destacado es propio). Tras ello, desestimó el argumento del accionado de que los bienes de la sociedad eran de su exclusiva propiedad, señalando que “no se han adunado elementos objetivos de peso que permitan determinar el origen de los fondos a los fines de adquirir los vehículos que constan a nombre de la sociedad”; y luego de detallar las inscripciones de dominio de los automotores registrados a nombre de T. M. SRL, dijo que las mismas fueron efectuadas entre el 15 de marzo de 2007 y el 11 de enero de 2011, es decir, durante el período de vigencia de la convivencia entre los litigantes, que fue desde el año 2005 al año 2014.
En línea con lo antedicho, aseveró el magistrado que el demandado “era el más interesado en pretender demostrar fehacientemente que los automotores fueron adquiridos con sus activos propios”, y luego de referirse a la respuesta del perito contador al punto 9, sostuvo que “el demandado no ha satisfecho la carga probatoria que pesaba sobre su espalda”. A modo de conclusión de los fundamentos expuestos a lo largo del decisorio, desestimó el carácter de socia aparente que el demandado le atribuyó a la actora (ver última parte del apartado II de los considerandos).
2. Se desprende de la reseña precedente, que en el decisorio apelado se efectuó una detenida ponderación de la prueba aportada al proceso, a los fines de examinar los alcances del contrato constitutivo de sociedad que las partes formalizaron con fecha 20/9/2002 (fs.121/124); habiéndose concluido en la desestimación del argumento medular esbozado por el demandado, quien alegó que la actora revestía el carácter de socia aparente y que el mencionado contrato social fue simulado. Planteada así la cuestión litigiosa, le asiste razón al Juez de grado cuando puntualizó que pesaba sobre el demandado la carga de la prueba de sus afirmaciones, y que, en el caso de autos, esta faena probatoria no ha sido satisfecha.
Emana con absoluta claridad del contrato social, que el capital de la sociedad de responsabilidad limitada se suscribió e integró en partes iguales por los socios C. M. A. y M. A. K., en efectivo y en su totalidad en el mismo acto constitutivo. De esta manera, tanto la actora como el demandado tienen la misma cantidad de cincuenta cuotas, cada uno, o sea, una idéntica porción del capital social (ver fs.121). A lo que se suma que los automotores individualizados en la demanda -cuyos certificados de dominio fueron adunados a la misma-, fueron adquiridos por la sociedad T. M. SRL (ver fs.18/30), sin que medie ninguna constancia de la causa de la que surja lo contrario (arts.375 y 384 del C.P.C.C.).
En ese orden, en la sentencia apelada se rechazó el planteo del demandado de que los bienes de la sociedad eran de su exclusiva propiedad, señalándose que “no se han adunado elementos objetivos de peso que permitan determinar el origen de los fondos a los fines de adquirir los vehículos que constan a nombre de la sociedad”. Y, como ya lo señalé precedentemente, luego de detallarse las inscripciones de dominio de los automotores registrados a nombre de T. M. SRL, se dijo que las mismas fueron efectuadas entre el 15 de marzo de 2007 y el 11 de enero de 2011, es decir, durante el período de vigencia de la convivencia entre los litigantes, que fue desde el año 2005 al año 2014. Recalando, nuevamente, en la carga probatoria que recaía sobre C. M. A. -y que no fue cumplida-, dijo el sentenciante que el demandado “era el más interesado en pretender demostrar fehacientemente que los automotores fueron adquiridos con sus activos propios”. Y aludió, seguidamente, a la respuesta dada por el perito contador al punto 9 del cuestionario del accionado, donde se le solicitó “indique si para el año 2002 Don A., C. M. contaba con vehículos propios para el cumplimiento de su actividad comercial”, a lo que el experto contestó: “De la documentación que me fue puesta a disposición, no pude verificar este punto de pericia”. Igual respuesta dio el perito al punto 11 de ese cuestionario, donde se le requirió que “indique nómina de vehículos de los cuales el mismo resultara titular al año 2002”. De esta manera, se desmorona -con estrépito- la reiterada alegación del accionado, en el sentido de que la sociedad se habría constituido a los solos fines de poner a resguardo su patrimonio personal, ante la crisis económica y financiera acaecida en el país en el año 2001, y como una forma de proteger sus bienes ante el riesgo empresario. (arts.163 inc.5, 375, 384, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
Quedan así, sin ningún asidero, las repetitivas alegaciones del demandado, quien atribuyó el carácter simulado a un acto de constitución de sociedad que se presenta manifiestamente real, pues ambos socios aportaron idénticas partes de capital, y participaron de igual manera en la gestión del negocio común, conforme emana de las declaraciones testimoniales que mencioné precedentemente, entre las cuales adquiere especial relevancia la del Contador R. S. V., que fue el profesional interviniente en los aspectos contable y societario (art.456 del C.P.C.C.).
3. Habiendo quedado perfectamente delimitados los aspectos fácticos del presente litigio, resultan vanos los esfuerzos recursivos del demandado en procura de revertir una decisión de la anterior instancia que se ajusta -con estrictez- a las constancias de la causa.
En este punto cabe reiterar que, al haber alegado el demandado el carácter simulado del contrato de sociedad, y atribuir el rol de socia aparente a la accionante, pesaba sobre él la carga de demostrar sus aseveraciones. Y aquí no debe perderse de vista que, tratándose de la alegación de una simulación entre las partes del contrato societario, se imponen exigencias específicas para la parte que invoca ese vicio del acto jurídico. Precisamente, con cita del art.960 del Código Civil, se ha señalado que “entra así en escena un elemento probatorio típico de las acciones de simulación entre las partes del acto: el contradocumento”, el que “puede ser definido como aquel instrumento escrito, generalmente secreto, mediante el cual se reconoce el fingimiento (total o parcial) de un acto aparente al cual se refiere”. Y agrega más adelante este mismo autor: “La convención ostensible y el contradocumento forman un todo único e inseparable; encierran no dos, sino una convención, cuyo verdadero carácter se restablece con el contradocumento. El contradocumento es, de este modo, el medio de prueba directo y por excelencia para demostrar la existencia de un acto simulado” (conf. Quadri Gabriel H., La Prueba en el Proceso Civil y Comercial, Bs. As. 2011, tomo II, págs.1580 y 1581; ver también sobre esta temática, los esclarecedores conceptos de Santos Cifuentes, en su obra: Negocio Jurídico, con la colaboración de Manuel O. Cobas y Jorge A. Zago, Bs. As. 1986, págs.520 a 522).
Y si bien la cuestión de autos se encuentra regida por el Código Civil, en atención al momento en que se constituyó la sociedad (art.7 del C.C.C.N.), no puede dejar de precisarse que el art.335 del C.C.C.N., reitera - en general- la solución de los arts.959 y 960 del código derogado. En comentario a esta última norma se sostiene: “La prueba de que un negocio es simulado corresponde a quien lo invoque, independientemente que se lo plantee como acción o como excepción. No es sino la aplicación particular del principio general que rige en materia del onus probandi. La particularidad consiste en que en la simulación alegada por las partes, ella debe probarse mediante un contradocumento. No se trata un requisito de viabilidad (o procedencia) de la acción sino una determinación del elemento probatorio que, como regla, debe rendirse en el juicio trabado entre las partes (como se encarga de precisarlo el precepto con la expresión ‘debe probarse’)”. Y más adelante puntualiza este mismo autor: “El principio general es la necesidad de presentar el contradocumento: de otro modo habrá que considerar -o presumir- la sinceridad del acto: lo regular es que quien da a luz un negocio mentiroso, tome las precauciones para hacer valer la verdad; más trascendente es la consideración que quedaría gravemente afectada la seguridad jurídica y la estabilidad de los negocios si el ordenamiento posibilitara el cuestionamiento ligero de todos los actos (v.gr., testimonios complacientes), con el riesgo de posibilitar, por ejemplo, que el autor de un mal negocio evada sus efectos recurriendo a todos los medios de prueba para acreditar una inexistente simulación” (conf. Tobías José W., en Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético, Jorge H. Alterini Director General, 3ª edición, Bs. As. 2019, págs.867 a 862; lo destacado es propio). Sólo resta señalar que, en forma excepcional, el mencionado artículo posibilita prescindir del contradocumento, cuando median circunstancias que inequívocamente lleven a la convicción de la existencia de la simulación (supuesto que de ningún modo se configura en este proceso).
Pues bien, en el caso que nos ocupa, el demandado ha incumplido la carga de presentar el contradocumento exigido por las normas en análisis, pero, además de ello, el alegado carácter simulado del contrato de sociedad, no emerge -ni por asomo- de los demás elementos probatorios allegados a las actuaciones (arts.163 inc.5, 375, 384, 456, 474 y ccs. del Cód. Proc.). Todo lo expuesto conduce a confirmar la desestimación del planteo del accionado, quien alegó -sin ningún asidero- que el contrato social sería simulado y que la actora revestiría el carácter de socia aparente. Cabe hacer aquí una breve digresión acerca de esta figura del socio aparente, que se encontraba prevista en el texto original del art.34 de la ley general de sociedades, pero ha quedado prohibida por la nueva redacción que a dicha norma le dio la ley 27.444, la cual expresa: “Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto”. Sobre el particular se señala en doctrina, que la reforma “busca sancionar todo acto que violare esta norma, el principio de buena fe, el principio de no abuso de un derecho o que perjudicare los derechos de los terceros. Al atenderse esta situación de socio aparente y del socio oculto, rescata pautas de la simulación de los actos jurídicos, buscando aplicar a rajatabla el principio general del art.961, CCCN” (conf. Muguillo Roberto Alfredo, Ley General de Sociedades, Bs. As. 2023, pág.116; ver también Verón Alberto Víctor, Verón Teresita, Ley General de Sociedades y otros entes asociativos, Bs. As. 2019, pág.78; lo destacado me pertenece).
Precisamente, el citado art.961 del C.C.C.N., hace referencia al principio esencial de buena fe, estableciendo en su primera parte que “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe”. En el caso de autos, la conducta del accionado no se ha ajustado a este principio cardinal de los contratos, puesto que, sin mediar ningún elemento probatorio que así lo indicare, ha procurado tachar de simulado el contrato de sociedad que celebrara con la actora, atribuyéndole a ésta el carácter de una mera socia aparente, cuando las evidencias indican todo lo contrario. Y en esta línea de pensamiento, también resulta llamativo que la sociedad T. M. S.R.L., pese a tener inscriptos a su nombre los vehículos indicados en la demanda, nunca haya tenido actividad ni emitido facturas; y que, en sentido opuesto, el demandado haya desarrollado su actividad de transporte de mercadería a título personal -utilizando su propio CUIT-, y bajo una firma cuyo nombre de fantasía es I. E. (ver las esclarecedoras respuestas de la pericia contable de fecha 22/6/2028, a los cuestionarios periciales de ambas partes; arts.163 inc.5, 375, 384, 474 y ccs. del C.P.C.C.). Por las consideraciones precedentes, considero que debe confirmarse lo decidido en la sentencia apelada, en cuanto se desestimaron los planteos del demandado en el sentido de que el contrato de sociedad sería simulado, y que la actora revestiría el carácter de una mera socia aparente (arts.959 y 960 del Código Civil; art.335 del C.C.C.N.; arts.1, 2, 4, 5, 10, 11, 38, 39 y ccs. de la ley 19.550; arts.163 inc.5, 260, 375, 384, 456, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
V. De esta manera ha quedado suficientemente abastecido el presente voto, si bien, a continuación, habré de refutar algunos de las consideraciones que vuelca el accionado en su extensa pieza recursiva. Ello, sin perjuicio de destacar que el juzgador no se encuentra compelido a abordar todas y cada una de las alegaciones de las partes, sino solamente aquellas que resulten conducentes a los fines de dar solución al litigio (esta Sala, causa n° 70809”, Enrique M. Baya Casal…”, sentencia del 10/07/2024, entre muchas otras).
El primer agravio del recurrente se ha expresado bajo la denominación: “Absurdo en la valoración de la prueba. Falta lógica en la actividad de juzgar”; más, sin embargo, del desarrollo de estas alegaciones no surgen -en modo alguno- las deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento de grado. Así se tiene que el apelante discrepa con la calificación de “tercero” con relación a la sociedad, que se le habría asignado a la contraria, puesto que, en su decir, la actora “ha formado parte de su constitución con la única finalidad confesada al contestar demanda: resguardar los bienes de nuestro mandante ante una crisis de índole socio económica harto conocida al momento de su constitución”. Pero esta aserción carece de sustento probatorio, tal como lo puse de resalto con las consideraciones precedentes, pues surge de la pericia contable que no ha podido verificarse si, para el año 2002, el demandado “contaba con vehículos propios para el cumplimiento de su actividad comercial” (ver puntos 9 y 11 de la pericia contable, cuestionario parte demandada). O sea que, al no haberse clarificado el patrimonio que ostentaba el accionado con anterioridad a la constitución de la sociedad, han quedado desprovistas de asidero sus alegaciones sobre el supuesto motivo que - según sus dichos- habría dado lugar al contrato societario formalizado entre las partes con fecha 20/9/2002. Dicho de otro modo, en el presente caso se desconoce el patrimonio del demandado anterior al mes de septiembre de 2002, por lo que deviene inadmisible sostener -como lo hace el apelanteque la sociedad se constituyó a los fines de resguardar sus bienes de la crisis socio económica y del riesgo empresario. Y en este punto se advierte un marcado déficit probatorio atribuible al accionado, ya que no ha allegado elementos de juicio que pudieran brindar algún soporte a su postura defensiva (arts.163 inc.5 y 384 del C.P.C.C.).
El segundo agravio se titula: “Absurdo en la valoración de la prueba. Errónea inversión de la carga de la prueba. Contradicción lógica en el análisis de los hechos”; y a lo largo de su desarrollo se vierten diversas apreciaciones sobre la “relación sentimental y concubinaria que uniere a nuestro mandante y la actora”. Así se señala que, cuando se constituyó la sociedad “no existía convivencia ni concubinato alguno”, y se discurre sobre el distinto domicilio que por entonces tenían los contendientes; pretendiendo enervar, de este modo, las conclusiones de la sentencia apelada. Sin embargo, estas circunstancias resultan claramente irrelevantes a los fines de dilucidar la cuestión litigiosa, que sólo se encuentra limitada a determinar la real existencia de la sociedad.
Más adelante, se queja el apelante porque en la sentencia apelada se le atribuyó la carga de la prueba de las alegaciones que esgrimió en su defensa, pero este proceder del Juez de grado se ajusta -con estrictez- a las reglas que imperan en la materia. Así lo puse de resalto en el punto 3 del apartado IV, donde señalé que, al haber alegado el demandado el carácter simulado del contrato de sociedad, y atribuir el rol de socia aparente a la accionante, pesaba sobre él la carga de demostrar sus aseveraciones, lo que de ningún modo ha sido cumplimentado (arts.959, 960 y ccs. del Cód. Civil; art.335 del C.C.C.N.; art.375 del C.P.C.C.). Por lo demás, los dichos de la actora sobre los aportes que realizó a la sociedad, no merecen ninguna clase de acreditación adicional, puesto que de los mismos términos del contrato societario se desprende -de un modo inequívoco- que el capital social se suscribió e integró en partes iguales por ambos socios, de modo que tanto la actora como el demandado tienen una idéntica porción de ese capital (cincuenta cuotas sociales cada uno), sin que obren constancias de la causa que permitan arribar a una conclusión diferente (arts.1, 2, 4, 5, 10, 11, 38, 39 y ccs. de la ley 19.550, ley general de sociedades).
Tampoco puede perjudicar la posición de la actora, que ésta no haya advertido que T. M. SRL nunca tuvo actividad, ni emitió facturas, pues esta circunstancia es exclusivamente atribuible al proceder del demandado, quien se encontraba a cargo de la administración social, desempeñando el cargo de gerente de la firma (ver contrato constitutivo a fs.121). En ese orden, carece de relevancia que la actora, en las veces que concurría a la empresa, no diera órdenes ni instrucciones ni dirigiera la actividad, porque, precisamente, esas funciones le correspondían al demandado en su condición de gerente. Y vuelvo a reiterarlo, lo único relevante a los fines de la cuestión en tratamiento, está dado por lo que emerge -con absoluta nitidez- de los términos del contrato societario, y por los vehículos que integran el patrimonio social, cuyo dominio consta inscripto a nombre de la sociedad de responsabilidad limitada.
El tercer agravio alude a una supuesta arbitrariedad de la sentencia, y refiere a una hipotética sustitución de los elementos fácticos de la litis, así como a una contradicción lógica en el análisis de los hechos. Ninguna de estas deficiencias se observa en el decisorio recurrido, y el desarrollo de este punto de la expresión de agravios se muestra claramente inaudible, ya que el mismo contiene apreciaciones genéricas relativas a la unión convivencial que mantuvieron los litigantes, y cuestionamientos sobre la perspectiva de género invocada en la sentencia apelada. De esta manera, el apelante se ha apartado del eje de la cuestión debatida en este proceso, que se limita a las pretensiones de la actora y a la oposición del demandado, tal cual lo puse de manifiesto en los puntos 1 y 2 del apartado III (arts.260, 330, 354 y ccs. del Código Procesal).
En otros términos, la cuestión litigiosa se reduce a determinar la real existencia de la sociedad, y la consecuente responsabilidad del socio administrador por el uso de fondos y efectos de la sociedad, que destinó a un negocio de cuenta propia. Y más allá de los resonantes títulos con los que el recurrente encabeza sus agravios, lo cierto es que no ha demostrado -en modo alguno- el absurdo y la arbitrariedad que le enrostra al pronunciamiento de grado. En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto desestimó la condición de socia aparente que el demandado le atribuyó a la actora, y el carácter simulado de la sociedad T. M. S.R.L., que también fue alegado por el socio administrador C. M. A. (arts.959, 960 y ccs. del Código Civil; art.335 del C.C.C.N.; arts.1, 2, 4, 5, 10, 11, 38, 39 y ccs. de la ley 19.550; arts.163 inc.5, 260, 375, 384, 456, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
VI. Habiendo quedado zanjada la temática precedente, debo ocuparme, ahora, de la condena dispuesta en el decisorio apelado, por el uso que hizo el demandado de fondos y efectos de la sociedad, con destino a un negocio de cuenta propia.
1. En este orden debo recordar que, en su escrito inicial, la actora reclama que se condene al demandado por el uso de efectos sociales destinados a un negocio propio, requiriendo, en consecuencia, que se lo obligue a “traer a la sociedad las ganancias resultantes de su uso”, en los términos del art.54, segundo párrafo, de la ley 19.550. Y luego de detallar los números de dominio de los automotores registrados a nombre de la sociedad, dijo haber detectado que el demandado, en forma ilegítima, ha violado los deberes a su cargo como administrador de la sociedad, y sin su consentimiento -ni conocimiento- utiliza todos los vehículos referidos precedentemente para beneficio propio, y hasta transfirió -al menosdos de esos rodados. Por ello, pretende se declare la nulidad de dichas transferencias dominiales, haciendo reserva de reclamar daños y perjuicios por el deterioro provocado por el uso de los vehículos. En definitiva, le endilga conductas al accionado, que “además de ser manifiestamente violatorias de los deberes del administrador de la sociedad, son indicativas de un uso indebido de los bienes sociales para fin propio” (ver demanda a fs.44vta.).
Y brindando mayores precisiones, afirmó la actora en su escrito de demanda, que de la documentación acompañada “surge que los vehículos automotores antes individualizados, propiedad de la sociedad, son utilizados por el demandado para sí, en la empresa que gira bajo su CUIT y con el nombre de fantasía I. E. CUIT 20-24130098-7. Mediante las cartas documento remitidas por el demandado (y que acompaño) señaló que la firma que gira bajo el nombre ‘I. E. SRL’ es de su exclusiva propiedad” (fs.45; lo resaltado me pertenece). Y agregó a continuación: “Por consiguiente, los bienes o efectos de la sociedad son utilizados por el socio administrador para un negocio de cuenta propia, en franca inobservancia de las disposiciones societarias, en detrimento de T. M. SRL y de esta socia. Conforme los términos del art.54 párrafo segundo de la ley 19.550, el demandado ‘debe traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva’” (fs.45/45vta.).
Finalmente, al referirse a las “ganancias que deben ser ingresadas a la sociedad”, sostuvo la demandante: “De la compulsa de las declaraciones juradas impositivas, de los libros de comercio y de la pericia contable resultarán las ganancias obtenidas por el demandado con la firma que gira a su nombre desde el día 20 de septiembre de 2002 en adelante; es decir a partir de que los bienes, a medida que ingresaron a la sociedad, comenzaron a usarse indebidamente. Las ganancias obtenidas deberán calcularse hasta el día de efectivo cese en el uso de los mismos para destino propio. Destaco que sólo se tomarán en consideración las ganancias y no las pérdidas que ‘serán de cuenta exclusiva del demandado’” (fs.46). Se desprende de este párrafo que, en el escrito inicial de demanda, se supeditó la determinación de las ganancias obtenidas por el demandado, mediante el uso indebido de los bienes de la sociedad T. M. SRL, a lo que resultare de la prueba documental y pericial contable a practicarse en el presente proceso.
2. Ahora bien, en la sentencia apelada se sostuvo que, de la contestación de demanda y particularmente de la absolución de posiciones, resulta que “hay algunos vehículos de T. M. que los utiliza I. E.”, y que los beneficios económicos por esa explotación los obtiene “la razón I. E.”, cuyo titular es “A. C. M.”. Por esta razón señaló el juzgador que “no caben dudas que debe acogerse la pretensión, la que se traducirá en un importe en concepto de compensación por dividendos no percibidos (54 de la ley de sociedades)”. Si bien excluyó el período comprendido entre la constitución de la sociedad y hasta que finalizó la relación concubinaria entre las partes (año 2014), aseverando que “durante la vigencia de la relación sentimental, que se supone de confianza y reciprocidad, debe tenerse a la actora como desinteresada -directa o indirectamente- de los dividendos obtenidos por la explotación de los bienes por aquel lapso de tiempo” (ver apartado III a) del pronunciamiento recurrido).
Pero más allá de estas categóricas conclusiones del decisorio en análisis, lo cierto es que el Juez de grado se encontró con un déficit probatorio “a los fines de determinar con mayor exactitud las ganancias devengadas por los bienes de la sociedad”. Y respaldó esta aserción en las conclusiones de la pericia contable, especialmente en la respuesta dada al punto 8 del cuestionario de la parte actora, donde se le requirió al experto que elabore un análisis de auditoría que permita establecer la composición de los ingresos de la firma I. E. durante los últimos cinco años, a partir del uso de los vehículos automotores individualizados en la demanda - de propiedad de T. M. SRL-. El perito contestó a este interrogante, señalando lo siguiente: “No me fue posible verificar este punto de pericia” (ver escrito del 22/6/2018). Y al evacuar las impugnaciones respondió el contador: “El punto de pericia 8, no se puede realizar por motivo de no tener manera de corroborar los ingresos del demandado en función al uso de los vehículos. No hay manera de obtener esta información de la documentación contable, ya que los ingresos no se identifican directamente con el uso de un vehículo específico” (ver escrito del 23/7/2018; lo destacado es propio).
Las referidas aserciones del perito contador resultan categóricas en orden a la cuestión que nos ocupa, puesto que, de la documentación que tuvo a su alcance, no surgieron los ingresos obtenidos por la firma I. E., a partir del uso de los automotores pertenecientes a la sociedad T. M. SRL. Ahora bien, ponderando los ingresos obtenidos por el demandado a través de la firma I. E., en los años 2015, 2016 y 2017 -detallados en la pericia contable-, la cantidad y características de los automotores inscriptos a nombre de la sociedad T. M. SRL -según pericia mecánica presentada con fecha 13/11/2019-, y la prerrogativa prevista en el art.165, último apartado, del Código Procesal, en la sentencia apelada se estimó prudente fijar la compensación en favor de la actora, en concepto de dividendos no percibidos, por el período que va desde el año 2014 hasta la fecha del pronunciamiento (12/7/2023), en la suma de $ 8.000.000, a la cual se le adicionaron los intereses moratorios de conformidad con lo establecido en el apartado III. a), sexto párrafo, del pronunciamiento en análisis. Esta cuantificación realizada en el decisorio, ha sido motivo de sendos agravios de los litigantes, los cuales pasaré a analizar en los desarrollos siguientes.
3. En la expresión de agravios de la parte actora, se formulan diversas consideraciones sobre los antecedentes de la cuestión litigiosa, tras lo cual, se incursiona en lo que la apelante denomina “cuestión medular que hace al agravio propiamente dicho”.
Ya en esta concreta temática, la actora considera erróneo el criterio sostenido para la apreciación de los dividendos societarios no percibidos, y estima exigua la cantidad de $ 8.000.000, que ha sido fijada en la sentencia en concepto de compensación a su favor. Así asevera que los automotores de propiedad de T. M. S.R.L., no guardan ninguna relación lógica y material con dicha suma de $ 8.000.000, que, según sus dichos, “supone la estimación del 50% de las ganancias obtenidas con el usufructo de los bienes societarios (que corresponden a esta parte) durante 8 años y 10 meses, tal como se consigna en la sentencia de fojas 568 (desde la primer carta documento remitida por esta parte, 16/09/2014, hasta la fecha de la sentencia, 12/07/2023)” (lo destacado es propio).
Seguidamente la actora, sobre la base de una regla de tres simple, realiza un cálculo estimativo del capital invertido inicial a los fines de obtener la ganancia establecida en la sentencia apelada (que en el lapso de 8 años y 10 meses ascendería a la suma de $ 16.000.000, de la cual, la suma de $ 8.000.000 correspondería a su porción societaria). Y de este modo obtiene un capital invertido inicial de $ 9.056.603,77, que reputa inverosímil e insuficiente, en relación al valor muy superior que -según sus dichos- alcanza la flota de vehículos perteneciente a la sociedad T. M. S.R.L. Así expresa que “no resulta necesario ahondar en el planteo, porque se advierte, sin necesidad de grandes cálculos, que la inversión fue exponencialmente mayor a la que se deduce a partir de las presuntas ganancias obtenidas de acuerdo a la sentencia”.
Estos cálculos de la apelante son meramente conjeturales y carecen de bases certeras, porque no se cuenta con constancias probatorias de las que surja el valor de los automotores de propiedad de la sociedad, ya que en la pericia de ingeniero mecánico solamente se detallaron las características y el estado de algunos de esos rodados, pero no se formuló ninguna estimación acerca de su valuación (ver pericia de fecha 13/11/2019). En este caso, hubiera sido de interés establecer el valor de mercado que pudiera obtenerse por el uso de esos automotores, pero nada de eso se le requirió al profesional, por lo que este aspecto del litigio ha quedado sin esclarecer (arts.384 y 474 del C.P.C.C.).
Y desde otro ángulo, también se advierten falencias en la forma en que se propusieron los puntos de pericia de la parte actora. En efecto, con relación a los ingresos del demandado en la empresa “I. E.”, se le requirió al experto que “individualice los ingresos mensuales promedio por la actividad, de los últimos 3 años desde que se desarrolla la experticia (comprenderá lo facturado y lo no facturado” (fs.51vta./52). De esta forma, el perito contador informó sobre los ingresos brutos del demandado durante los años 2015, 2016 y 2017, pero no pudo brindar ninguna información sobre sus ingresos netos, esto es, sobre la ganancia obtenida en esos períodos; siendo que la cuestión de autos versa, precisamente, sobre una compensación de dividendos no percibidos.
Esta errónea formulación de los puntos periciales, trajo como consecuencia que se desconozca un dato que podría haber sido de importancia en orden a la cuestión que nos ocupa. De todas maneras, lo que complica notoriamente la precisa determinación del monto de condena, es la categórica aserción del perito contador, a la cual aludí precedentemente, cuando concluyó en que no se pueden determinar los ingresos de la firma I. E., durante los últimos cinco años, a partir del uso de los vehículos automotores de propiedad de T. M. SRL. En efecto, al contestar las impugnaciones sobre su respuesta al punto 8 del cuestionario de la actora, sostuvo lo siguiente: “El punto de pericia 8, no se puede realizar por motivo de no tener manera de corroborar los ingresos del demandado en función al uso de los vehículos.
No hay manera de obtener esta información de la documentación contable, ya que los ingresos no se identifican directamente con el uso de un vehículo específico” (ver escrito del 23/7/2018; lo destacado es propio). Desde otro ángulo, se desconoce cuáles son los vehículos usados por el demandado en su actividad de transporte, y ni siquiera se cuenta con información sobre los rodados que son de su propiedad. En efecto, el perito no pudo contestar el punto 6 de la pericia, donde se le requirió que identifique “los rodados utilizados para la actividad del transporte en todas sus formas, se encuentren o no bajo la titularidad dominial de Agüero”. Y al contestar las observaciones expresó el experto: “En relación a este aspecto, el punto de pericia 6, no se pudo responder por no tener manera de comprobar si el Sr.
A. utiliza los rodados en su actividad, sean de su titularidad o no. Solamente podría comprobar los vehículos que están a su nombre, pero no determinar si se usan en la actividad y mucho menos, si utiliza rodados de terceros”. De esta manera, dejó planteado que estaba a su alcance verificar los vehículos que se encuentran a nombre del demandado, pero esto no fue concretado porque se tuvo por culminada la labor pericial, sin que ninguna de las partes formulara alguna petición adicional (arts.384, 473, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
En definitiva, se advierte que las falencias probatorias son marcadas, por lo que la actora no puede sentirse agraviada por la estimación realizada en la sentencia apelada, cuando las constancias de autos no ofrecen datos de significación. Vuelvo a reiterarlo, en el caso no se cuenta con el valor de los vehículos de propiedad de T. M. SRL (sobre todo de su valor de uso), no se han esclarecido los ingresos netos obtenidos por el demandado con su actividad de transporte, se desconoce cuáles son los vehículos de propiedad del accionado, y, sobre todo, no se pudieron establecer los ingresos obtenidos por el demandado a partir del uso de los automotores de propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada. Como puede apreciarse, se ha producido una evidente orfandad probatoria que condicionó la decisión apelada y condujo a una prudente estimación del monto de condena, con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo del art.165 del código ritual, que dispone: “La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto”.
En la última parte del escrito recursivo de la actora, se realizan diversos cálculos y estimaciones sobre la base de los kilómetros recorridos por los automotores de la sociedad -que surgen de la pericia mecánica-, y de los litros de gasoil que los mismos habrían consumido; y en función de ello se señala que “es posible establecer entonces que el costo de gasoil mensual actual es de $ 7.783.584,00”. A partir de esa estimación del costo del combustible, se deduce el total de gastos mensuales de la actividad de transporte ($ 19.458.960,00), y se calcula la ganancia mensual que puede obtenerse a partir del uso de los bienes societarios ($ 2.918.844). De esta manera, la apelante vuelve a realizar otro cálculo y proyecta esa estimada ganancia mensual durante el período de 111 meses, arribando a un total de ganancias actualizadas de $ 323.991.684, del cual le correspondería la mitad, o sea un monto de $ 161.995.842. Puede advertirse, prontamente, que se está ante una serie de inferencias que carecen de bases reales y que, por ende, deben ser desestimadas (art.384 del C.P.C.C.).
En efecto, los cálculos precedentes no se ajustan a ninguna constancia probatoria de la causa, pues el perito contador no ha podido brindar datos certeros sobre los aspectos relevantes del litigio, tal como lo puse de resalto en los desarrollos precedentes. Por lo demás, no es posible determinar las presuntas ganancias obtenidas en una actividad empresarial, partiendo de la cantidad de kilómetros recorridos por los automotores o del combustible consumido, dado que en la estructura de costos gravitan muchos otros componentes que, en el presente caso, se desconocen por completo. Además de ello, la incidencia porcentual de los diferentes rubros que componen los costos de una actividad empresarial, no se mantiene inalterable en los diferentes períodos, sino que experimenta variaciones a través del tiempo; de esta manera, habrá momentos en que el gasto de combustible presente una incidencia mayor, mientras que, en otras oportunidades, podrán ser superiores los costos derivados de la reparación y mantenimiento de vehículos o de instalaciones, de las obligaciones impositivas, o de las remuneraciones y cargas sociales del personal, para enumerar solo algunos. Más aún, conforme ya lo resalté, no se cuenta con los ingresos netos obtenidos por el demandado en el desarrollo de su actividad, porque en el cuestionario pericial se solicitó información sobre el total de lo facturado y de lo no facturado (o sea, de sus ingresos brutos). Es por ello que las estimaciones efectuadas por la actora en su escrito recursivo, resultan meramente conjeturales y carentes de sustento real en las constancias de la causa, por lo que de ningún modo pueden ser receptadas (arts.163 inc.5, 375, 384, 473, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
4. El demandado también ha cuestionado el monto de condena fijado en la anterior instancia, y en el cuarto agravio ha tachado de arbitrariedad a la sentencia apelada, y ha invocado absurdo en la valoración de la prueba, alegando la “ausencia de pautas de cuantificación”.
Así dice desconocer “cuáles son las pautas adoptadas por el a quo que conllevan a presumir que con el estado de los vehículos reseñados en la demanda (varios de ellos en desuso o dañados, dado que se trata de unidades de más de veinte años), la sociedad habría logrado generar a valor actual un total de dieciséis millones de pesos (de lo cual la mitad sería lo compensable a la actora”. Seguidamente alude el demandado, a los ingresos brutos de la actividad indicados en la pericia contable, y afirma que de los mismos deben descontarse los gastos propios de combustible, personal, impuestos, amortización y bienes de uso comunes de la actividad. Expresa, asimismo, que la empresa “se nutre de choferes además del trabajo personal de su titular quien también conduce vehículos y lleva adelante la gestión, gerencia y administración de su negocio”.
A través de estas manifestaciones, el apelante pretende minimizar las ganancias que habría obtenido la sociedad, señalando que ésta presenta “una plétora de vehículos antiguos sin choferes, conductores, y ningún otro elemento propio de una empresa”, y agregando que “posee su clave fiscal dada de baja, con vehículos antiguos, sin liquidez y sin ninguno de los elementos materiales e inmateriales propios de toda empresa (más allá de los vehículos”. En función de ello, dice que la sociedad nunca podría generar los dividendos que se fijaron -estimativamente- en la sentencia apelada. Las referidas críticas del accionado no son de recibo, porque se trata de apreciaciones subjetivas e imprecisas que no tienen asidero en las constancias probatorias allegadas al proceso. El apelante se ha limitado a minimizar las ganancias que pudieron obtenerse con los vehículos de la sociedad utilizados en su negocio propio, pero su planteo no supera el plano de las meras suposiciones, ya que no encuentra sustento en ningún elemento de prueba (arts.163 inc.5, 375, 384, 473, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
5. Tal como se puntualizó en la sentencia en análisis, de las constancias de la causa resulta que hay algunos vehículos de T. M. S.R.L., que son utilizados por la firma I. E., que es de exclusiva propiedad del demandado, siendo éste quien obtiene el beneficio económico derivado de la utilización de esos bienes societarios. Por esa razón, se acogió la demanda y se condenó al demandado a pagarle a la actora la suma de $ 8.000.000, en concepto de “compensación de dividendos no percibidos por la razón social T. M. SRL”, con sustento en el art.54, segundo párrafo, de la ley 19.550.
En comentario a esta norma, se ha señalado “que el socio debe adecuar su conducta al interés de la sociedad, y en tal sentido, debe actuar en todo momento con la lealtad que le es exigible a quien se ha agrupado con otras personas para la consecución de determinados fines. La actuación del socio requiere un permanente ánimo de colaboración y sacrificio de su interés personal y directo, en aras del beneficio común que han tenido en cuenta todos los integrantes de la sociedad al momento de constituir la misma” (conf. Nissen Ricardo A., Ley de Sociedades Comerciales Comentada, Bs. As. 2017, tomo I, pág.637). En consonancia con ello, se ha puntualizado que “todas las conductas referidas en el art.54 de la L.S.C. constituyen un incumplimiento, por parte del socio, del deber de lealtad”, y en comentario al art.36 de la misma ley, se sostiene que los socios están obligados a “cumplir con el deber de lealtad (que deriva del principio general en materia contractual que exige actuar de buena fe) que con diferentes matices y según las circunstancias rige en las sociedades comerciales…El deber de lealtad consiste en anteponer el interés social a los intereses personales que pudieran estar en conflicto con aquél, debiendo tenerse en cuenta que el giro ‘interés social’ adquiere contenido a través de la causa del contrato de sociedad, que es por regla general el reparto periódico de dividendos” (conf. Romano Alberto Antonio, en Código de Comercio Comentado y Anotado, Rouillón Director, Alonso Coordinador, Bs. As. 2006, tomo III, págs.94, 95 y 113; lo destacado es propio).
En atención a lo expuesto, resulta incontrovertible la obligación del demandado de abonarle a la actora una compensación por el uso indebido de los bienes de la sociedad. Y a ello cabe agregar que, en su expresión de agravios, el accionado se ha limitado a quejarse de la sentencia apelada, al alegar que en la misma no se establecieron parámetros claros de cuantificación; más, sin embargo, su planteo se reduce a una mera queja, ya que no aporta ninguna pauta certera y concreta sobre el valor que considera procedente, transgrediendo, una vez más, el deber de lealtad impuesto por los arts.36 y 54 de la ley de sociedades, al cual me he referido en el párrafo precedente.
Es por todo lo antedicho, que debe ser confirmada la estimación del monto de condena que se ha realizado en la sentencia apelada, con sustento en las circunstancias de la causa, en los elementos probatorios aportados al proceso, y en lo dispuesto en el último párrafo del art.165 del Código Procesal, que establece: “La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto”. Es condición esencial para la aplicación de esta norma, que la existencia del crédito o de los perjuicios esté legalmente comprobada, tal como lo ha señalado la Suprema Corte Provincial (L 56.134, “Pasutti” del 12/9/1995; Ac.60.664, “Novais” del 20/5/1997). Y sobre el particular se ha expresado: “Si a la postre la prueba es insuficiente para establecer el quantum, pero se acreditó que hubo un incumplimiento crediticio, o bien que se causó un daño cierto, el juez deberá prudencialmente cuantificarlos partiendo de la base de que tanto el primero como el segundo de los sucesos causaron evidentemente una disminución patrimonial que no puede quedar sin reparación sin mengua del derecho constitucional de propiedad” (conf. Camps Carlos Enrique, Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz, Bs. As.2018, tomo I, págs.737 y 738). En la doctrina se ha dado suficiente basamento a esta solución procesal, al precisarse que en apoyo a la misma “opera una directiva axiológica de gran relieve, cual es la iniquidad que significaría que un derecho comprobado jurisdiccionalmente (el de ser resarcido por un daño indubitable) dejase de ser amparado en razón de no haberse probado su preciso alcance cuantitativo. Si se ha puesto de manifiesto un perjuicio resarcible, debe dictarse un pronunciamiento de condena, pues la reparación es la consecuencia inherente a la producción indebida de un daño” (conf. Zavala de González Matilde, Resarcimiento de daños. El proceso de daños, tomo 3, Bs. As. 1993, pág.342).
Con arreglo, entonces, a las motivaciones precedentes, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto fijó la compensación en favor de la actora en concepto de dividendos no percibidos en la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000), con más los intereses allí establecidos, respecto a los cuales no ha habido agravio de las partes (art.260 del C.P.C.C.).
VII. La parte actora se agravió con respecto a la forma en que se adjudicaron las costas de la anterior instancia, requiriendo que las mismas se impongan al accionado o, en forma subsidiaria, se ajusten los porcentuales establecidos en la sentencia apelada (ver segundo agravio de la presentación de fecha 5/2/2024).
En el decisorio en crisis se consideró que en el caso se produjo un vencimiento parcial y mutuo, puesto que la actora resultó exitosa en dos de sus pretensiones (reclamo de compensación de dividendos no percibidos y remoción del accionado del cargo de administrador de la sociedad), pero resultó vencida en su pretensión de anular dos actos jurídicos de transferencia dominial de vehículos de la sociedad (ver la reseña del escrito de demanda, que realicé en el apartado III. 1. del presente voto). En consecuencia, en la sentencia se impusieron las costas en un ochenta por ciento (80%) al demandado, y en el restante veinte por ciento (20%) a la actora (art.71 del C.P.C.C.).
La actora cuestiona esta decisión al señalar que “el porcentual otorgado en la sentencia en crisis a la pretensión de nulidad, no guarda correlato como así tampoco proporcionalidad alguna con las sumas de la pretensión principal y, por ende, con la compensación de dividendos societarios”. Entiendo que este agravio debe desestimarse, porque no se advierte desproporción en la forma en que se impusieron las costas del juicio, sino que, por el contrario, se adjudicó un porcentaje muy superior de las costas al demandado que resultó vencido en las pretensiones principales (80%), mientras que a la actora se le impuso un porcentual mucho más reducido (20%), por haberse desestimado su planteo de nulidad de dos transmisiones dominiales de automotores. Por ende, considero que debe confirmarse la imposición de las costas de primera instancia dispuesta en el pronunciamiento de grado, dado que la misma se adecua al vencimiento parcial y mutuo producido en el proceso (art.71 del C.C.C.N.).
VIII. Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 12/7/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios. En lo atinente a las costas de alzada, entiendo que deben imponerse en el orden causado, en razón de la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes (arts.68 y 69 del C.P.C.C.). La regulación de honorarios debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada en el orden causado, en razón de la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes (arts.68 y 69 del C.P.C.C.), y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 12 de Agosto de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 12/7/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios; imponiéndose las costas de alzada en el orden causado, en razón de la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes (arts.68 y 69 del C.P.C.C.), y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia