Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el rechazo de la excepción de prescripción decidida en la sentencia, con costas de alzada al apelante en su calidad de vencido. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 1.1. y 1.2-) 2. Revocar la sentencia dictada el 02/06/2023 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida, por N… F… K… contra P… S.A. Seguros; condenado a la aseguradora a dar cumplimiento con la prestación contractual incumplida, debiendo la aseguradora demandada indemnizar al asegurado por el incendio del vehículo objeto del seguro por el monto que deberá determinarse por la instancia con la intervención de las partes, en la etapa de ejecución de sentencia, teniendo en consideración la modalidad a estos fines prevista en la cláusula CG-IN 4. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 2.1, 2.2-) 3. …
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 12 de diciembre de 2023, revocó la sentencia de grado y luego de desestimar la excepción de prescripción, condenó a la demandada por el incendio del vehículo asegurado e hizo lugar a los daños reclamados por el consumidor. En la ciudad de Necochea, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “K…, N… F… c/P… S.A. de seguros s/Daños y perjuicios incumpl.
contractual”, expte. 13970 habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Ana Clara Issin, Laura Alicia Bulesevich y Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 02/06/2023?
3a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de autos, en la sentencia del 2 de junio de 2023 el Sr. Juez de grado resuelve: 1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada y haciendo lugar a la excepción de exclusión de cobertura opuesta por P… S.A. de Seguros; 2. Rechazar la demanda interpuesta por N… F… K… contra P… Sociedad Anónima de Seguros sobre cumplimiento de contrato y daños y perjuicios; 3. Imponer las costas del juicio al actor vencido, y por la excepción de prescripción rechazada a la demandada que resultó vencida; 4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad en que obren pautas para tal fin.
Para así decidir tuvo como hecho no controvertido que “con fecha 22 de Marzo de 2015 el actor sufrió el hurto de su automotor dominio EYD-742 el que se encontraba estacionado en el frente de la casa de los padres de éste.”
Asimismo determinó como acreditado que “el mencionado rodado fue hallado horas más tarde de su sustracción incinerado” y que “el automóvil se encontraba asegurado, conforme surge de la póliza N° 4077368 (ver fs. 87/104) resultando su cobertura B1 resp. civil robo e incendio total.” Motivó el rechazo de la excepción en la aplicación del plazo trienal de prescripción de conformidad con el artículo 50 de la ley 24240 conf. ley 26361 con cita de jurisprudencia.
En este sentido interpretó que “la excepción en análisis debe rechazarse, entendiendo que sin perjuicio de la eficacia de la notificación de las cartas documentos remitidas entre partes, los presentes actuados han sido promovidos con fecha 25/11/2016, es decir cuando aún no habían transcurrido tres años siquiera desde el incendio del automotor.” Luego de referirse al contrato de seguro analizó la excepción opuesta por la demandada respecto a la exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado, la que tuvo por acreditada en los términos del artículo 70 de la ley 17418.
II. Contra dicho pronunciamiento con fecha 5 y 7 de junio de 2023 los letrados apoderados de la aseguradora demandada y el actor, respectivamente, interponen recurso de apelación expresando agravios mediante sendas presentaciones ambas de fecha 8 de agosto las que merecieran réplicas. (v. presentaciones del 23 y 24 de agosto del corriente año)
1. La parte demandada formula un único agravio, cuestionando el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por su parte aduciendo que de conformidad al art. 58 de la ley 17418 el plazo es anual, en atención a la modificación del artículo 50 de la ley 24240 a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial.
Expresa que “el hecho ocurrió el día 22/3/2015. El rechazo de la cobertura ha sido el día 21/5/2015, y el asegurado intimó por carta documento en fecha 16/11/2015, es decir que se encontraba vigente el CCyC.”
Agrega que “Conforme el art. 2541 CCyC la suspensión de la prescripción opera una sola vez y por el plazo de 6 meses, es decir que la prescripción operó el día 22/9/16.”
Señala que “La mediación esta impuesta el día 2/12/2016 , razón por lo cual, a la fecha de la mediación ya había operado la prescripción” y que “La demanda fue promovida el día 01/02/2017 -tal como surge del sistema informático MEV - o para el caso en que sostiene el a quo en su sentencia, esto es que fue promovida el 25/11/16, tanto para uno u otro caso la acción estaba prescripta.”
Con estos fundamentos solicita la revocación de la sentencia, solicitando se haga lugar a la excepción de prescripción opuesta y se revoque la imposición de costas a su cargo y se impongan las costas de ambas instancias a la actora.
2. El actor critica el rechazo de la demanda, solicitando se revoque la sentencia, haciendo lugar a la demanda en su totalidad con costas a la demandada.
Cuestiona que el juez no consideró la aceptación tácita de la cobertura producida por el silencio de la aseguradora, hecho planteado en la demanda y al contestar la excepción y ello, viola la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Expresa que “Al promover la demanda y responder la excepción de falta de cobertura planteamos que hubo aceptación tácita de la cobertura, lo que no habilitaba a la demandada a oponer defensa alguna para evitar la cobertura del siniestro” y por ello sostiene que debió ser analizado previamente.
Agrega que “La accionada, adjuntó la carta documento obrante a fs. 106, la cual tiene como fecha de envío el día del vencimiento del plazo para rechazar el siniestro o pedir información complementaria” y añade que “No acompañó constancia de recepción de la misma, y tampoco pudo probar su autenticidad, atento la caducidad decretada con fecha 6 de noviembre de 2019.”
Es decir, alega, “la demandada no prueba la autenticidad de la carta documento, el envío y su recepción, lo cual lleva a la aceptación del siniestro.”
Aduce asimismo que “tanto la inspección ocular como la pericia, se desarrollaron los días 22 de marzo de 2015 y 31 de marzo del mismo año. La aseguradora, al vencimiento del plazo para expedirse sobre el derecho del asegurado, contaba con ambas informaciones para rechazar el siniestro, y no lo hizo.”
Sostiene luego que la carta documento no cumple con la finalidad de interrumpir el plazo de 30 días para que se configure la aceptación tácita porque: “a) fue enviada el último día del vencimiento del plazo y no requirió ningún pedido de información complementaria, sino que designó un estudio liquidador para que solicite la información que estime (...) b) La designación del Estudio liquidador podría haberse realizado desde el primer día en que comenzó a correr el plazo del art. 56 LS. (…) c) La conducta descripta denota mala fe de la aseguradora, y no cumple con el fin social del seguro”, argumentando cada uno de los puntos señalados.
Por todo ello, refiere el apelante, “ello entendemos que la carta documento obrante a fs. 106 no es válida y por ende no detuvo el curso del plazo del art. 56 LS.”, recordando además que “la falta de pronunciamiento del asegurador le impide luego invocar en juicio defensas ordenadas a obtener su liberación, como la exclusión de cobertura que pretende hacer valer.”
Citando fallos de la Suprema Corte de Justicia expresa que la sentencia al no considerar la aceptación tácita de la cobertura en virtud del silencio de la aseguradora ha violado la doctrina legal del Alto Tribunal la Suprema Corte de Justicia.
Sostiene luego que el sentenciante violó el principio de congruencia en tanto “omitió el tratamiento de una pretensión que también constituye una defensa frente a la excepción de exclusión de cobertura esgrimida por parte de la demandada.”
Cuestiona seguidamente el apelante la apreciación de la prueba y aduce que el juez le otorgó mayor relevancia a una inspección ocular que a la pericia obrante a fs. 8 de la IPP que indica que en el tambor de encendido se encontró una pieza metálica similar a una llave tipo navaja, pero no indicó que el elemento es la llave y que por el modelo del auto no poseía llave de este tipo. Asegura que “las conclusiones que surgen de la investigación penal preparatoria, no tienen el nivel de certeza que el juez le asigna en su sentencia” lo que debe conjugarse con el principio que emana del artículo 3 de la ley 24240.
Luego cuestiona la valoración de la declaración de fs. 342, que fue negada e impugnada por su parte.
Asimismo critica las consideraciones realizadas por el magistrado respecto a la culpa del actor las que no fueron contextualizadas en tiempo y lugar, concluyendo que “sin perjuicio de sostener que el actor no dejó las llaves en el vehículo y que lo que se encontraba inserto en el tambor del vehículo no era una llave, entendemos que por las circunstancias de tiempo y lugar, no puede configurarse como culpa y mucho menos calificársela como grave, generando la causal de exclusión a la que fue sometido.” Respecto a la imposición de las costas, solicita en función de los agravios vertidos sean impuestas a la demandada en su calidad de vencidas, destacando que “el Sr. K…, tiene otorgado por la ley 24240 y 13.133, el beneficio de justicia gratuita.”
Aduce seguidamente que “atento los antecedentes de la presente causa, y la forma que se sucedieron los hechos, la actuación de la compañía de seguros no puede encuadrarse en el respeto al consumidor, en un trato digno, y en el cumplimiento del deber de información”, por lo que solicita se la condene a abonar una suma en concepto de daño punitivo, como lo fuera solicitado en la ampliación de demanda.
Solicita que “se tenga especialmente en cuenta al sentenciar que, versando el reclamo sobre una indemnización de daños, nos encontramos frente a una deuda de valor y no de dinero, cuyo contenido económico debe fijarse al momento más cercano a la sentencia.”
Finalmente formula reserva del caso federal.
III. Por una cuestión de orden lógico abordaré la tarea revisora comenzando por el recurso traído por la demandada en cuanto cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción.
1. De modo liminar, y respondiendo a los cuestionamientos formulados por la actora, he de señalar que en tanto la sentencia de grado rechazó con expresa imposición de costas la defensa de excepción de prescripción opuesta por la aseguradora demandada, la misma tiene interés para recurrir la decisión (arg. art. 242 CPC).
Por lo demás la fundamentación recursiva expuesta por el apelante, satisface mínimamente las exigencias del art. 260 del CPCC por lo que, más allá de la suerte que en definitiva corra la apelación deducida, no corresponde hacer lugar al acuse de deserción peticionado.
1.1. Ello sentado tal como surge de la reseña de los antecedentes, el apelante cuestiona el plazo de prescripción de tres años valorado en la sentencia con sustento en el artículo 50 ley 24.240 -conf. ley 26361- en tanto a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial se eliminó para las acciones judiciales el plazo de tres años según la redacción del artículo 50 ley 24240. Desde allí sostiene que debe aplicarse el anual establecido en la ley de seguros (art. 58 ley 17418)
Indica que el hecho ocurrió el día 22/3/2015, se rechazó la cobertura el día 21/5/2015 y que cuando el actor intimó por carta documento el 16/11/2015 ya vigente el C.C.C. conforme el artículo 2561 del C.C.C. la suspensión opera una sola vez por seis meses y que la prescripción operó el 22/9/2016, encontrándose prescripta con anterioridad a la mediación y a la demanda.
A los fines de abordar la cuestión traída, ha de mencionarse que la pretensión contenida en demanda fue por cumplimiento contractual y daños y perjuicios (v. pto.I) habiéndose reclamado la prestación obligacional incumplida (v. punto VI (apartado b, fs. 60/61), privación de uso (fs. 61), daño moral (fs. 64), y daño punitivo al ampliarse la demanda a fs. 70/73. En atención a la fecha de acaecimiento del siniestro, y del incumplimiento contractual que se denuncia, y las modificaciones introducidas respecto de los plazos de prescripción por el Código Civil y Comercial debe señalarse la relevancia que adquiere la nueva normativa respecto a los plazos de prescripción en las relaciones de consumo, que como en el caso, se encontraban en curso. (art. 2537 del C.C.C.) Cierto es que tal como lo postula el apelante, el artículo 50 de la ley 24240 que establecía el plazo trienal para acciones como la presente ha sido modificado. Pero de allí no puede afirmarse sin más, como se pretende en el recurso, que el plazo que rige es el del artículo 58 de la ley 17418, cuando de consumidor se trata.
De ello da cuenta la profusa doctrina y jurisprudencia que debate sobre la cuestión y que ha sido abordada en el Dictamen del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, en el “P. M. D. c/ Caja de Seguros S.A. s/Daños y Perjuicios. Incumplimiento contractual” C. 125.122, del 18 de abril de 2022, pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. (conf. Wajntraub, Javier H “La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo” RCCyC 2023 (octubre); Espósito, Facundo E “Plazo de prescripción aplicable sobre la acción entablada por el consumidor de seguros: un nuevo capítulo de inseguridad jurídica en RCCyC 2023 (octubre); Vázquez Ferreyra, Roberto A “Derecho de seguros y derecho del consumidor. Diálogo de fuentes a la luz de la jurisprudencia”, ED 15/11/2022 Cita Digital: ED-MMMDCCVIII-345; Sobrino, Waldo en “El nuevo plazo de prescripción de cinco años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial” www.saij.gob.ar; Cracogna, Fernando “La prescripción en el derecho de seguros. Hacia el fin de una controversia” La ley 09/02/2017; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes Sala 1, causa n° 117.842, del 5/12/19 publicada el La Ley RCyS 2020-, expte. 119515 del 9/6/2022; Sala 2 en la causa n° 31.887 del 16/03/21, Sala 3 causas n° 5.391 del 4/03/20 y 6.278 del 21/09/21, entre muchísimos otros)
Sobre la cuestión en el citado Dictamen se sostuvo que “No pocas polémicas ha suscitado el tratamiento del asunto que nos convoca tanto en el ámbito jurisprudencial -local y nacional- como en la doctrina de los autores dando paso a la elaboración de dos posiciones marcadamente opuestas, a saber: aquélla que postula que ante la ausencia de previsión normativa en el régimen protectorio de los consumidores y usuarios corresponde aplicar el plazo anual previsto en el art. 58 de la Ley de Seguros 17.418 por constituir la legislación específica (conf. Cam. Nac. de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, "Maciel", sent. de 16-IV-2019; Cám. Nac. de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, "Acosta", sent. de 11-III-2020; Cámara Primera de Apelación, Sala Tercera, Dpto.
Judicial La Plata, causa "Cañete", sent. de 25-VI-2019; Cámara Segunda de Apelación, Sala Primera, Dpto. Judicial La Plata, causa "Banega", sent. de 14-X-2021; Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Depto. Judicial La Plata, causas "Nader", sent. de 17-IX-2020 y "Masciotta", sent. de 2-XI-2021) y, en contraposición, aquella otra que predica, si bien por distintos fundamentos, que la falta de regulación de plazo prescriptivo en el cuerpo de la ley 24.240 conduce a acudir a la aplicación del término genérico de cinco años previsto por el artículo 2.560 del Código Civil y Comercial (conf. Cám. Nac. Apelaciones en lo Comercial, Sala F, "S.", sent. de 5-III-2020; Cám. Nac. de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, causa "Loto", sent. de 22-XII-2020; Cámara Segunda de Apelación, Sala Segunda, de La Plata, causa "Prado", sent. de 7-IX-2021; Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, de La Plata, causa "Noriega", sent. de 16-III-2021)” (conf. dictamen en C. 125.122, del 18 de abril de 2022), 1.2.
En el supuesto bajo análisis y sin ingresar al debate referido precedentemente, lo cierto es que aun tomando el menor plazo pretendido por el recurrente (art. 58 de la ley 17418) la acción no se encuentra prescripta, en función de lo establecido en el artículo 2537 del C.C.C. y la propia causal de suspensión introducida al plantear la excepción (v. fs. 117/vta), y actualizado al expresar agravios (v. presentación del 8/8/2023). En efecto, el artículo 2537 del C.C.C. establece que “los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.”
La doctrina sostiene que en función de esta norma en relación a la modificación introducida al artículo 50 de la ley 24240 -conf. ley 26361- pueden darse varias situaciones: 1) que la nueva norma no cambie el plazo de prescripción aplicable; 2) que el anterior plazo de prescripción sea más extenso que el que surge del Código Civil y Comercial y 3) que el nuevo plazo sea más extenso que el anterior. (conf. Chamatropulos Demetrio “La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo: sus dudas interpretativas”, RDPYC, 2021- 2 Prescripción Extintiva, Rubinzal Culzoni, pag. 376/379)
El citado autor refiere que en el caso individualizado como 2) pueden darse “distintas situaciones que dependen, a su vez de determinadas posturas que se hayan asumido al interpretar el alcance del artículo 50 LCD, texto según ley 26.361. a) Habrá plazo “viejo” superior al “nuevo” si se sostiene que el lapso trienal del artículo 50 LCD (texto ley 26361), primaba sobre el artículo 58 de la ley de seguros y que ello no se mantiene ante la eliminación del plazo de prescripción de las acciones judiciales del actual artículo 50 LCD, renaciendo por tanto la vigencia del término anual de la ley 17418”.
Esta sería la postura del recurrente. Al respecto y tal como lo sostiene el autor, en ese caso rige “como regla general, el nuevo plazo de prescripción, pero contado desde la fecha de vigencia del nuevo texto legal. La excepción estaría dada por aquellos supuestos en los cuales el plazo de prescripción que ya se encontraba corriendo tenga vencimiento con anterioridad a la fecha límite antes señaladas”. (pag. 377 ob. cit) Es decir que por imperio de la regla general establecida en el artículo 2537 del C.C.C. si tomamos la postulación pretendida en el recurso, esto es el plazo anual -menor al fijado en la ley anterior-, tiene su fecha de inicio desde la vigencia del Código Civil y Comercial, es decir el 1/8/2015, y no tal como pretende el apelante desde que la obligación era exigible.
Así el plazo mínimo de un año pretendido debe computarse a partir del 1/8/2015. Ahora bien, ese plazo quedó suspendido por la interpelación fehaciente realizada por carta documento el 16/11/2015 -cuya fecha de recepción puede determinarse el 26/11/2015 (v. f. 105)-, por el plazo de seis meses -conf. art. 2541 del C.C.C.-. Y por los efectos de la suspensión una vez transcurrido aquel plazo (conf. art. 2539 del C.C.C.), la fecha de prescripción indicada por el recurrente -22/9/2016-, no se corresponde con el adecuado computo de los plazos.
En síntesis, si el plazo de un año pretendido por el recurrente debe computarse inicialmente el 1/8/2015, al tiempo de la intimación por carta documento y su recepción el 26/11/2015 (v. rta. de fs. 105) habían transcurrido 3 meses y 26 días y operada la suspensión por seis meses, el cómputo del plazo recién puede reanudarse a fines del mes de mayo de 2016 y restando transcurrir el plazo de 8 meses aproximadamente para que opere la prescripción, lo cierto es que al 25/11/2016 fecha de promoción de las actuaciones según valorara el magistrado -que no fue criticado- la acción no estaba prescripta.
Por lo expuesto propongo rechazar el recurso de apelación de la demandada, con costas de alzada en su calidad de vencido. (art. 68 del C.P.C.C.)
2. Ingresando al análisis del recurso deducido por la actora, anticipo que el mismo ha de prosperar.
2.1. En efecto, ha de tenerse presente que en el caso examinado no existe controversia en punto a la contratación de la póliza de seguro que vinculó a las partes con relación al vehículo Renault Clío frente al riesgo de incendio, robo o hurto, ni respecto a que el asegurado denunció el 25 de marzo de 2015 el robo e incendio del automóvil ocurrido el 22 del mismo mes y año.
En tal contexto, y a tenor de los agravios traídos ante esta alzada que ya fueran reseñados, la primera cuestión a dilucidar se circunscribe a determinar, si, como aduce la actora, se ha configurado un supuesto de reconocimiento tácito de su derecho por parte de la aseguradora demandada (art. 56 L.S.), al no haberse ésta expedido en el plazo fijado por la ley de Seguros ni haberle notificado resolución alguna en el plazo legal (v. demanda, fs. 56/67, pto. III Responsabilidad de la Aseguradora). De modo liminar y si bien es cierto -como señala el apelante en sus agravios- que tal cuestión no fue tratada en la instancia, ha de tenerse presente que de conformidad a lo establecido en el art. 273 del CPC, quedan implícitamente sometidas al Tribunal de alzada aquellas cuestiones materia de la litis que, por omisión o por haberse hecho lugar a un argumento o defensa excluyente, el juez originario no las hubiese examinado. Siendo ello así, habiendo quedado la cuestión oportunamente bilateralizada (v. contestación de demanda, fs. 110/128 pto. X), ha de suplirse la omisión denunciada.
2.2. Como es sabido, una vez denunciado el siniestro, la aseguradora debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado (arts. 46 y 56, ley 17.418). La ley contempla un plazo para que la compañía se expida sobre la base de los antecedentes con que cuenta a partir de la denuncia, o los que requiera (conf. SCBA, LP C 116847 S 04/03/2015, JUBA, sum.
B4200803).
En este último caso, el asegurado está obligado a suministrar a aquél, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin (2° párrafo del artículo 46), a cuyo efecto puede solicitar al asegurado prueba instrumental, -en cuanto sea razonable que éste la suministre- y examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro.
Como se dijera precedentemente, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria, pronunciamiento que debe notificarse al asegurado en el último domicilio declarado en la póliza (art. 16 2° párrafo L.S.). La omisión de tal comunicación importa la aceptación del siniestro e impide luego invocar en juicio circunstancias que obstaculicen el derecho del asegurado (art. 56 cit.).
Ahora bien, conforme surge de las constancias de autos, al contestar demanda, la aseguradora acompañó tres cartas documentos remitidas al actor: En la primera, de fecha 22 de abril, le notifica que la compañía aseguradora designó al estudio liquidador Scan Loss “a los efectos de determinar la extensión y los alcances del siniestro”. Solicitan asimismo “se comuniquen a la mayor brevedad posible con dicho estudio a fin de aportar la INFORMACION COMPLEMENTARIA y/o toda documentación que oportunamente se estime conveniente en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Art. 46 Párrafo 2° Ley de Seguros 17.418.” Finalmente dejan “expresa constancia que hasta tanto se hallen cumplimentados las diligencias expresadas anteriormente, a partir de la presente el plazo legal establecido en el art. 56 de la citada Ley de Seguros, permanecerá interrumpido.” (v. f. 106).
Mediante la segunda misiva, fechada el 21 de mayo comunica el rechazo del siniestro “debido a que según documentación obrante en poder de esta aseguradora, el hecho se produjo con ‘Culpa grave’ del asegurado quien dejara la unidad con su llave de ignición dentro de la unidad”, declinando responsabilidad en relación al mismo (v. fs. 107/109). Finalmente, a f. 105 luce agregada la carta documento de 26 de noviembre en respuesta a la librada por el actor el 16 del mismo mes, rechazando la misma y afirmando que la aseguradora se expidió en legal tiempo y forma respecto del siniestro que afectara a la unidad Renault Clio 2, mediante C.D de fecha 21/05, comunicación que, añaden, la actora omitió retirar del correo.
La autenticidad y recepción de las referidas cartas documentos fueron desconocidas por el actor (v. fs. presentación de fs. 135/143; pto. II), razón por la cual se ordenó la producción de la prueba informativa oportunamente ofrecida por la demandada (v. fs. 120 y 158/159), la que no fue producida, decretándose su caducidad (v. res. 6/11/2019 y certificación de prueba de fecha 22/11/2022).
Siendo ello así, no puede sino concluirse que la demandada no logró acreditar la autenticidad de las cartas documento que afirma haber enviado ni las fechas en que habrían sido remitidas, ni que hubieran llegado a la esfera de conocimiento del actor y tampoco, por ende, la prueba del rechazo del siniestro en tiempo oportuno, lo que era su carga (art. 375 del C.P.C.C.) Por lo demás y aun cuando pudiera concluirse que la aseguradora haya notificado al actor el requerimiento de información complementaria -y con ello acreditar la interrupción del plazo del art. 56 L.S.-, lo cierto es que tampoco logró demostrar su razonabilidad, lo que también le incumbía (conf. Stiglitz, Derecho de Seguros, 2a. ed. actualizada y ampliada, T II, La Ley 2016, pág. 665), cuestión ésta expresamente planteada por el actor durante el proceso (v. fs. 136/vta a, 138, y expresión de agravios del 8/8/2023). En efecto, como también sostiene el citado autor (pág. 658), “La facultad del asegurador debe ser ejercida de modo razonable, a cuyo efecto habrá de tenerse presente que sólo habrá de calificarse como tal la información o la prueba requerida, si en el primer caso, es objetivamente factible de ser respondida por el asegurado, y, en el segundo (requerimiento de prueba), si es objetivamente razonable que el asegurado disponga de la misma y si, además, es necesaria.”
Y añade: “La razonabilidad del o de los requerimientos deberá juzgarse en cada caso en particular, atendiendo a la naturaleza del riesgo, las circunstancias del evento y las condiciones personales del asegurado, así como la posibilidad real de satisfacerlos por parte de éste, extremo que deberá, también, ser valorado en casa caso, pues debe evitarse que, mediante esos pedidos complementarios, se concrete una conducta frustratoria de la ley.”
Asimismo, el requerimiento de la compañía debe ser relevante, esto es, no debe ser caprichosa ni concretarse en cualquier pedido, sino referirse necesariamente a la verificación del siniestro o a la de la extensión de la prestación a su cargo o permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. Finalmente, y en consonancia con el principio de buena fe, las medidas complementarias han de ser pertinentes o necesarias.
Es que “la razonabilidad de la información complementaria requerida por el asegurador, deberá ser alegada por éste para el supuesto que el asegurado invoque el vencimiento del plazo de que dispone aquél para pronunciarse acerca de su derecho, en razón de que la irrazonabilidad de la información complementaria requerida carece de efectos interruptivos del plazo preclusivo del artículo 56, Ley de Seguros”.(ob. cit. pág. 665). En este aspecto asiste razón al recurrente respecto a la invocación que la aseguradora realizara de interrupción del plazo para expedirse, a la luz de las constancias existentes en la IPP 1533/15, donde incluso obra cd aportado de cámaras sobre el ilícito agregado el 22/3/2015 (v. f. 4 e informe de extracción de imágenes y fotografías del 11/4/2015 de fs. 26/29), declaraciones testimoniales y pericia, todo ello obrante en la investigación penal con anterioridad al 22/4/2015.
En conclusión, no habiendo la aseguradora acreditado fehacientemente la comunicación del rechazo de su responsabilidad en legal tiempo y forma, su silencio importa aceptación tácita de la garantía comprometida conforme la última parte del art. 56 de la ley 17.418 y la imposibilidad de alegar cualquier defensa -aunque la misma se encuentre justificada- que obste el cumplimiento de la obligación principal. En este marco, la solución propiciada conduce a admitir la demanda, en tanto la existencia del siniestro y sus alcances, como así también su cobertura llegan firmes a este Tribunal.
De allí que corresponde acoger el reclamo formulado por el actor, en concepto de prestación contractual incumplida, debiendo la aseguradora demandada indemnizar al asegurado por el incendio del vehículo objeto del seguro.
A tal fin, el extenso tiempo transcurrido desde el siniestro y tratándose de una deuda de valor, deberá por la instancia y en la etapa de ejecución de sentencia, cuantificarse el monto de la indemnización con intervención de las partes, teniendo en consideración la modalidad a estos fines prevista en la cláusula CG-IN 4 (v. condiciones generales de la póliza, f. 100/vta).
IV. Despejada esta cuestión, y en atención a la competencia positiva de este Tribunal, en tanto no corresponde el reenvío (exptes. 9.030 reg. 53 (S) del 10/6/2013, 11750, reg. int. 80 (S) del 8/10/2019, entre otros) corresponde ingresar al tratamiento de los rubros reclamados.
1. De modo liminar ha de tenerse presente que “Cuando se acciona en virtud de la responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio, para que sea resarcible debe ser cierto corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente, siendo ineficaz la mera posibilidad de producción de ese perjuicio. Para el derecho la prueba del daño es capital: un daño no acreditado carece de existencia” (SCBA, L70569 S, 5/7/00, B11512)” (este trib. expte. 10168, reg. int. 97 (S) 10-09-2015; íd. expte. 12574, reg. electrónico 46 (RS) 28-09-2021, expte.13463, reg. elec.199 (RS) del 29/12/2023).
Cabe recordar que, en materia de daños y perjuicios, las deudas poseen una naturaleza especial pues son de las llamadas deudas de valor, que deben justipreciarse al tiempo del dictado de la sentencia y traducidos en dinero por resultar éste el medio de pago (conf. este trib., expte. 888, reg. int. 90 (S) 30-11-2010; íd. reg. int. 17 (S) del 15/3/2011; expte. 9030, reg. int. 53 (S) del 10/6/2013, 9687; reg. int. 3 (S) del 3/2/2015, entre muchos otros, SCBA C. 119.914 sentencia del 22/6/2020).
Asimismo, es dable señalar que de conformidad a lo establecido en el art. 1740 CCyC la reparación del daño debe ser plena y consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por pago en dinero o en especie, destacándose que en el caso son de aplicación las normas contenidas en el marco protectorio del derecho del consumidor. (art. 42 de la C.N., 1, 2, 1094 y cc del C.C.yC. 1,3, 5 y cc de la ley 24240)
Y que el principio de reparación plena, “ha de ser el rector en materia de cuantificación” recordando siempre que “Los principios son normas que constituyen mandatos para la realización de un valor en su nivel óptimo.” Y que expresan “la orden cumplir con un mandato en la mayor medida posible” es decir que “establecen una dirección que debe cumplirse en la mayor medida posible.” (Lorenzetti, R. L. “Teoría de la decisión judicial” pp.139/140, Rubinzal Culzoni, 2008) (expte. 11580, reg. int. 42 (S) 11-06-2019; íd. expte. 12588 reg. elect 6 (RS) 03-08-2021)
2. En lo que concierne a la privación de uso, ha de tenerse presente al respecto que “el impedimento de la utilización de un automotor ocasionado por un hecho ilícito, es en sí mismo, suficiente para demostrar la producción de un daño, toda vez que hay una lesión al derecho de uso que integra el de propiedad (arts. 2506, 2807 y cctes. del Cód. Civ.). Su resarcimiento es entonces una consecuencia del principio de reparación integral de los daños consagrados por nuestro Código Civil.” (reg. int. 151 (S) del 28/10/99; reg. int. 21 (S) del 04/04/95)” (expte. 8645, reg. int. 80 (S) del 03/11/11). En la misma línea se sostuvo: “La sola privación de cualquier valor patrimonial, y entre ellos el uso de un automotor, ocasiona al propietario (o a quien tenía un interés en usarlo, agregamos) un daño cierto e indemnizable” (Moisset de Espanés, “Privación del uso de un automóvil, LL, 1984-C-51 y siguiente, cit. por Zavala de González, Resarcimiento de daños, 1 Daños a los automotores, Hammurabi, pág. 122) (expte. 12397, reg. elect.58 (RS) 09-05-2022; íd. expte. 13550, reg. elect. 65 RS, 13-04-2023), salvo, claro está, que se acredite lo contrario, lo que en autos no ha acontecido. Por consiguiente, como señala la citada autora, “no es menester ningún esfuerzo probatorio adicional por el actor, debiendo concederse la indemnización pertinente a partir de aquella sola situación de hecho.” (ob. cit. pág. 137) ni tampoco –como añade-, “configura obstáculo a la resarcibilidad la falta de recibos o documentos probatorios del uso sustituto.” (pág. 138) (conf. este trib. expte. 13159, reg. elec. 104 (RS) 09-08-2022). En conclusión y aun cuando en el proceso no se ha rendido prueba que acredite los gastos incurridos, resulta válido inferir que el vehículo debió ser reemplazado por otro medio de transporte. El actor no sujetó este rubro a tiempo de indisponibilidad alguno, y tampoco puede extenderse por todo el período que ha transcurrido desde el siniestro.
No obstante, a los fines de la determinación de la indemnización y reparación por este concepto, se estima un plazo de seis meses periodo este transcurrido desde que la aseguradora debió expedirse hasta que es intimada por carta documento por el actor.
Bajo estos parámetros, teniendo en consideración el tiempo de indisponibilidad estimado y lo resuelto por este Tribunal para casos análogos (expte. 12.397 reg. 34 (S) del 15/4/2021, 12863, reg. elec. 35 (RS) del 22/3/2022, expte. 13110, reg. elect. 115 (RS) sent. del 23/8/2022, expte. 13389 reg. elec. 2 (RS) del 1/2/2023) valorado conforme el costo actual de los servicios que reemplacen el uso del vehículo, propongo al acuerdo fijar en concepto de indemnización por este rubro la suma de pesos un millón ochenta mil ($1.080.000) (conf. arts. 772, 1737, 1738, 1744 del C.C.C. y 165, 384 del C.P.C.C).
3. En lo que concierne a la indemnización peticionada por las consecuencias no patrimoniales cabe señalar que tal como lo ha sostenido esta Cámara y su antecesora, “cuando de consumidores se trata, no reportan la misma estrictez en el análisis del daño extrapatrimonial que aquellos pudieren generar” (conf. expte 12416 reg. int. 134 (S) del 25/11/2020 , y los antecedentes allí citados expte. 6691 reg. int. 100 (S) del 26/09/06; expte. 7688 reg. int. 70 (S) del 27/05/08, expte. 10.750 reg. 142 (S) del 27/11/2018 entre otros), prevaleciendo las reglas especiales y específicas del microsistema de protección del consumidor -ya referidas en el presente-.
En consecuencia, no es “extrapolable a ese campo la clásica limitación o restricción a reclamar daños extrapatrimoniales derivados de una relación contractual. Así basta con advertir que en materia de consumo el trato digno es elevado a garantía constitucional (art. 42 CN) de donde su incumplimiento ya está afectando una esfera claramente extrapatrimonial, aun cuando lo que motive el reclamo tenga origen en un diferendo contractual”. (expte. 10.750 reg. 142 (S) del 27/11/2018, expte. 12416 ya referido).
En el último de los antecedentes individualizados precedentemente el distinguido colega Dr. Loiza en su voto -al que adherí- consideró que “En otros términos el rigor probatorio del “daño moral” que se predica para los contratos paritarios, debe morigerarse cuando de consumidores dañados se trata. Y esto no es nuevo ni producto de la modificación legislativa al Código Civil, pues esta Cámara ya lo ha decidido en precedentes análogos (mi voto en expte. 8918 reg. int. 63 (S) 14/8/2012; voto Dr. Garate en expte. 6691, reg. int. 100 (S) del 26/09/06 de la disuelta Cámara departamental y en expte. 8649, reg. int. 10 (S) del 15/03/2012). (…) Tal es asimismo la orientación de otras Cámaras Provinciales (CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; “Boragno, Cristian Edgardo c/Dragoun, Jorge y otro s/Daños y Perjuicios” Juba B3350686; CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015; “Arriola Maria Victoria C/Zanet S.A. y Otro S/Daños y Perjuicios” Sumario Juba B2953005).” (esta Cámara en “Montalivet, Elena C/ Nación Seguros S.A. s/Daños " expte. Nº 10.548, Reg. 105 (S) del 20/10/2016)
“Es decir, hace años ya -y más aún desde la vigencia del CCyC- que, frente a la denuncia del consumidor de padecimiento de daño moral derivado de un incumplimiento contractual, la magistratura no puede negar mecánicamente su procedencia, sino que debe detenerse a examinar si tal lesión se produjo a la luz de las pruebas reunidas.
Es que en el ámbito de vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial ya no quedan dudas que puede haber daño extrapatrimonial derivado de un incumplimiento contractual, sea el contrato paritario o del derecho del consumidor.
Así lo indica la doctrina cuando señala que ese cuerpo legal “se refiere a la reparación de los daños que sufre una persona en su esfera espiritual (…) unifica[ndo] la legitimación activa para reclamarlo, sin importar en qué ámbito se haya generado el daño” (Calvo Costa, C. “Derecho de las Obligaciones 2. Derecho de Daños” p 62, Ed. Hammurabi, 2016).
O cuando indica que “al eliminarse la diferenciación entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, no caben dudas que el daño extrapatrimonial es resarcible tanto cuando es causado por un incumplimiento obligacional como cuando deriva de un hecho ilícito.” (Márquez, Fernando (Director) “Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial” T. 1, p. 286, Ed. Zavalía 2015)” (conf. expte. 12416 citado; id. expte. 12616, reg. int. 45 (S) 27/05/2021).
Bajo los parámetros enunciados y efectuando el análisis a la luz del principio que ampara al consumidor, no pueden ignorarse los padecimientos y afecciones espirituales sufridos por el actor a raíz del siniestro padecido en un bien de su propiedad y la falta de respuesta de la demandada, los que sin lugar a dudas superan el umbral de las inquietudes propias de los negocios. En efecto, como tiene dicho este Tribunal, “conforme el curso normal y ordinario de las cosas, es dable presumir, que la impuesta pérdida de su automotor para una persona, sea consumidora o no, le genera perturbaciones y sinsabores que exceden esa normal tolerancia que la vida en sociedad impone. Máxime si, como en autos, la actora se preocupó por obtener una cobertura asegurativa que la mantuviera alejada de circunstancias como la que la propia aseguradora le impuso.” (expte. 10548, reg. int. 105 (S) 20-10-2016).
Si a ello le sumamos las intimaciones realizadas, más el tránsito por el presente proceso por más de 7 años, en los que recibió respuestas negativas de la demandada, queda claramente acreditado el daño extrapatrimonial.
Ahora bien, a los fines de la cuantificación corresponde mencionar que este Tribunal ha sostenido que el Código Civil y Comercial impone al juzgador “tener en cuenta qué sumas pueden procurar a la víctima satisfacciones que le permitan obtener una suerte de compensación con las consecuencias del acto ilícito, mediante el acceso a situaciones que le proporcionen gozo, placer o esparcimiento. Esa evaluación debe efectuarse con un criterio objetivo, que tenga en cuenta las satisfacciones que resulten suficientes para una persona media (según lo que suele suceder de acuerdo al curso ordinario de las cosas), puesta -naturalmente- en la misma situación del damnificado. (Picasso, Sebastián “El método de las satisfacciones compensatorias” en RDD 2022-1 pp. 416/417. Rubinzal).” (citado por este Tribunal en expte. 12943 “Rodriguez c. Sucesores” Reg. 72 (S) del 2/6/2022, 13101, reg. elect. 86 (RS) 28-06-2022)” (conf. expte. 13160 reg. int. 127 (RS) del 6/9/2022)
En base a ello, en atención de los padecimientos que se infiere atravesó el actor, lo decidido para casos análogos de incumplimiento contractual, ajustado a las particularidades del presente y a valores actuales (expte. 10548, reg. int. 105 (S) 20-10-2016, expte. 12071 reg. int. 77 (S) del 24/8/2020; expte. 12.158 reg. int. 81 (S) del 31/8/2020; expte. 12041 reg. int. 71 (S) del 18/8/2020; expte. 13568 reg. elec. 55 (RS) 2/5/2023, entre otros) propicio establecer una suma que además permita ponderar como satisfacción sustitutiva la posibilidad del actor de realizar un viaje por una semana por el interior del país estimando razonable y acorde a las particularidades del caso fijar por este rubro la suma de pesos novecientos mil ($ 900.000), lo que así propongo al acuerdo. (art. 1740, 1741 del C.C.C., 165 del C.P.C.C.)
A las sumas fijadas en concepto de privación de uso y consecuencias no patrimoniales que han sido calculados a valores actuales (arts. 772 del C.C.C.) deberán aplicarse intereses de conformidad con la doctrina legal que surge de la causa “Vera” y “Nidera” (SCBA C. 120.536 del 18/4/2018; C.121.134 del 3/5/2018 también SCBA C. 123.090 del 18/9/2020 y C 122687 del 17/11/2020), a la tasa del 6 % anual desde la mora, que se establece el 26/4/2015 -fecha en la que se estima debió expedirse la aseguradora- hasta la fecha de la presente sentencia y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 768 inc. "c" y 770, 1748 Código Civil y Comercial; SCBA, B 62488, 18/05/2016, “Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa”, C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21-X-2009, Ac. 118615 “Zocaro”, 11/3,2015 C.. 119176 “Cabrera, del 15/6/2016).
V. Resta analizar la procedencia del daño punitivo que la actora peticiona en la ampliación de demanda (v. fs. 70/74).
Vale recordar que esta Cámara ha entendido que “en el sistema protectorio del consumidor junto al incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales resulta recaudo para la procedencia de aquella sanción detectar en el proveedor una conducta de culpa grave (dolo eventual) o dolosa (ver expte. 10548, reg. int. 105 (S) del 20/10/2016; expte. 10804 reg. int. 15 (S) del 23/2/201 y las citas allí indicadas) y que el “enriquecimiento indebido del proveedor” no resulta requisito exigible. (expte. 12750, reg. elect. 45 RS 07-04-2022).
Sin embargo, como también se sostuvo en el recién citado precedente, “esas decisiones fueron anteriores a la decisión de la SCBA en la causa “Castelli c. Banco Galicia” Ac. 119.562 del 17/10/2018, donde parece sostenerse que tal requisito no sería exigible. Es que en el voto del dr. De Lazzari se sostiene “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales”.
“Tal contundente afirmación no ha sido expresamente refrendada por los restantes votos que hicieron mayoría lo que ha llevado a un prestigioso tribunal a entender que no existe en el caso doctrina legal (Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa Nº 64.024 "Newberry Domingo Santiago C/ Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados y Otro/A S/ Materia A Categorizar” sentencia completa disponible en http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp).”
“Más recientemente la misma SCBA se pronunció nuevamente sobre el tema (Ac. 122.044, "Umanzor González, Maritza Jesús y otro contra Peugeot Citroën Argentina S.A. y otro. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (Excepto Estado)" del 21/8/2019) sin aludir a esa doctrina ni refrendarla tácita o expresamente.”
“En ese contexto y siendo que la propia SCBA en el primer precedente citado luego de desestimar que la conducta del proveedor resulte requisito para evaluar el daño punitivo se detiene a analizarlo (conf. “Daños punitivos y factor de atribución. Dos aplicaciones particulares del precedente "Castelli" de la Suprema Corte Bonaerense” por Raschetti, Franco La Ley 09/08/2019, en especial ap. II.2; y tal como se lee en el propio fallo) es que pueda entenderse que el análisis de la conducta del proveedor continúa siendo una pauta esencial para discernir la procedencia de la multa civil.” “Así lo ha entendido la Cámara marplatense en la causa Nº167.624 "Taliercio Di Iorio Fiorella C. Telecom Personal S.A. y Buscom S.A. S. Daños y Perjuicios. Incumplimiento Contractual" (disponible en http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp) donde por voto del Dr. Monterisi se sostiene la pertinencia de analizar la conducta del proveedor, más precisamente “la estructura lógica y deóntica del art. 52 bis de la Ley 24.240 lleva a considerar que la aplicación de la sanción depende siempre de algo más que la solitaria exigencia de la ilicitud negocial. Y ese algo más necesariamente ha de ser la valoración crítica que el juez debe efectuar sobre los incumplimientos de la proveedora, tarea para la cual –también necesariamente– debe acudir a un cierto parámetro, criterio o estándar que determina y condiciona [consciente o inconscientemente, expresa o implícitamente] la conclusión decisional que vuelca en su fallo. Por cierto: una valoración exactamente igual a la que la Suprema Corte efectúa sobre la base del comportamiento del Banco Galicia en el mencionado caso “Castelli” al momento de confirmar la multa aplicada por la Cámara bahiense (v. considerando V.1.d. del voto del ministro de Lázzari).” (causa citada apartado III.b).”
Ello sentado, en este caso, estimo que no se encuentran configurados los recaudos de admisibilidad necesarios para otorgar la multa civil pretendida, pues no concurren los requisitos referidos.
En efecto, si bien ha quedado acreditado el incumplimiento de la demandada, lo cierto es que ello no ha quedado acreditado como un comportamiento irrazonable o infundado que justifique el daño pretendido, sin que en el caso se aprecie, por lo demás, la gravedad y excepcionalidad de la inconducta a disuadir respecto de la compañía aseguradora demandada.
En merito a ello no corresponde hacer lugar a la multa civil peticionada.
Por las consideraciones expuestas propongo al acuerdo; confirmar el rechazo de la excepción de prescripción; revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda, condenado a la aseguradora a dar cumplimiento con la prestación contractual que deberá determinarse en la etapa de ejecución y a abonar al actor en concepto de indemnización por privación de uso la suma de $ 1.080.000 y por daño extrapatrimonial la suma de $ 900.000, con más los intereses valorados, con costas a la demandada en su calidad de vencida.
Por las consideraciones expuestas a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA, con excepción del rechazo de la excepción de prescripción. A la misma cuestión planteada la señora jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA
DOCTORA ISSIN DIJO: Corresponde: 1. Confirmar el rechazo de la excepción de prescripción decidida en la sentencia, con costas de alzada al apelante en su calidad de vencido. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 1.1. y 1.2-) 2. Revocar la sentencia dictada el 02/06/2023 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida, por N… F… K… contra P… S.A. Seguros; condenado a la aseguradora a dar cumplimiento con la prestación contractual incumplida, debiendo la aseguradora demandada indemnizar al asegurado por el incendio del vehículo objeto del seguro por el monto que deberá determinarse por la instancia con la intervención de las partes, en la etapa de ejecución de sentencia, teniendo en consideración la modalidad a estos fines prevista en la cláusula CG-IN 4. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 2.1, 2.2-) 3. Hacer lugar a los rubros indemnizatorios reclamados, condenando a la demandada a abonar al actor en el término de diez días de quedar firme la sentencia, la suma de $ 1.080.000 en concepto de privación de uso y de $ 900.000, en concepto de daño extrapatrimonial con más los intereses a la tasa del 6 % anual desde la mora -26/4/2015 - hasta la fecha de la presente sentencia y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso valorados. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión- consid.IV). 4. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.(art. 68 CPC y art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Bulesevich votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 12 de diciembre de 2023.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: 1. Confirmar el rechazo de la excepción de prescripción decidida en la sentencia, con costas de alzada al apelante en su calidad de vencido. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 1.1. y 1.2-) 2. Revocar la sentencia dictada el 02/06/2023 y en consecuencia hacer lugar a la demanda promovida, por N… F… K… contra P… S.A. Seguros; condenado a la aseguradora a dar cumplimiento con la prestación contractual incumplida, debiendo la aseguradora demandada indemnizar al asegurado por el incendio del vehículo objeto del seguro por el monto que deberá determinarse por la instancia con la intervención de las partes, en la etapa de ejecución de sentencia, teniendo en consideración la modalidad a estos fines prevista en la cláusula CG-IN 4. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión -cons. III apartados 2.1, 2.2-) 3. Hacer lugar a los rubros indemnizatorios reclamados, condenando a la demandada a abonar al actor en el término de diez días de quedar firme la sentencia, la suma de $ 1.080.000 en concepto de privación de uso y de $ 900.000, en concepto de daño extrapatrimonial con más los intereses a la tasa del 6 % anual desde la mora -26/4/2015 - hasta la fecha de la presente sentencia y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso valorados. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestiónconsid.IV). 4. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.(art. 68 CPC y art. 31 ley 14967).
NOTIFIQUESE mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y la funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Dra. Analía Duarte-Dr.Leonardo Jimenez (Fiscalía General)
Dr. Agustin Hijano (Pat. parte actora)
Dres. Carlos Daniel Florio y Alejandro José Kasatkin Florio (Ap. parte demandada)
Fin de la sentencia