Abriendo la norma
Tribunal de Casación Sala I · Causa 110370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de K. A. C., y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 y 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 58 del CP; 2, 3, 6, 33, 36.3 ley 13.634; 448, 451, 454, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 110370 caratulada “C. K. A. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación:
CARRAL - MAIDANA.
En lo que interesa destacar, la señora juez a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, condenó a K. A. C. a la pena única de dieciocho (18) años de prisión, comprensiva de la de trece (13) años y seis (6) meses de prisión impuesta en dicha instancia con fecha 11 de diciembre de 2014 por resultar autor del delito de homicidio criminis causa (art. 80 inc 7 del CP), acaecido el 4 de enero 2013 en Mar del Plata; y coautor del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa (arts. 42 y 166, segundo párrafo del CP), ocurrido el 22 de marzo de 2013 en esta ciudad; así como el de homicidio en grado de tentativa (arts. 42 y 79 del CP), hecho cometido el 7 de agosto de 2012; y de la dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial La Matanza de fecha 27 de marzo de 2018 mediante la cual condenó al nombrado a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo (hecho acaecido el 17-5-2014, en La Tablada, Partido de La Matanza, C. 2239/16), y robo agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en lugar poblado y en banda, privación ilegal de la libertad agravada por la participación de tres o más personas y por tratarse de una víctima menor de edad y violación de domicilio (acaecido el 9-10-14, en la localidad de Lanús, Partido de Lanús, C. 616/16).
El señor defensor interpuso el recurso de casación bajo estudio, en tanto considera que en el caso se impone la declaración de nulidad de la sentencia atacada, por no haberse celebrado audiencia previa para el dictado de dicho pronunciamiento, señA.do también que no se dio adecuado tratamiento a una cuestión esencial.
A más de ello, el recurrente señala que no se han aplicado al caso los principios del fuero juvenil.
En tal sentido, peticiona que se case el fallo recurrido, disponiendo la nulidad de la resolución y el reenvío a fin de que un juez hábil dicte un nuevo fallo.
En subsidio, la defensa promueve que se case el decisorio puesto en crisis y se dicte un nuevo pronunciamiento, imponiendo al nombrado la pena única de 15 años de prisión, comprensiva de la pena de 13 años y 6 meses de prisión dictada en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Mar del Plata) y la pena de 10 años de prisión dictada en el fuero de adultos (La Matanza).
Finalmente, el recurrente hace reserva del Caso Federal (art. 14 de la ley 48).
Sorteadas que fueron las actuaciones se notificó a las partes (sistema informático -AUGUSTA-).
Así fue que en oportunidad de presentar su memorial, el señor defensor adjunto ante este tribunal, sostuvo y reforzó los argumentos vertidos por el recurrente (sistema informático -AUGUSTA-). Ingresada a la Sala con fecha 30 de junio de 2021, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. De la lectura del legajo recursivo obrante en el sistema informático, se desprende que la Sala IV de este tribunal dispuso que el órgano del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debía ser el que unificara las condenas impuestas a C..
Consecuentemente, la magistrada de la instancia corrió vista a las partes, y pese a la expresa solicitud de la defensa a fin de que se realice la audiencia prevista normativamente (arts. 41 del CP, 2 de la ley 13.634, 18 del CPP), dicho acto no fue cumplimentado. En tal sentido, la defensa sostiene que teniendo en cuenta que la sentenciante no ha tenido contacto con su asistido desde hace cuatro años aproximadamente, este trato directo no sólo resulta necesario por la imposición normativa ya citada, sino también por las propias circunstancias del caso, que permiten advertir la necesidad en cuanto a que C. pueda ejercer su derecho a ser oído, efectivizando de ese modo el derecho de defensa.
A su vez, el recurrente indica que la decisión bajo estudio también le causó agravio al no dar adecuado tratamiento a una cuestión esencial, violentando así lo normado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 10 del Código Procesal Penal.
Así resalta el defensor que su postulado en cuanto a que la unificación de las condenas no debía ser superior a los 15 años de prisión, de conformidad con los principios rectores del fuero penal juvenil y los instrumentos internacionales que conforman la doctrina de la protección integral y la correcta aplicación del art. 4 de la ley 22.278, no tuvo adecuado tratamiento.
Asimismo, agrega que de la condena oportunamente impuesta a C. en el fuero de adultos (10 años de prisión), al mismo sólo le restan cumplir 3 años y 6 meses de prisión. En consecuencia, si se unifican las penas (luego de casi 7 años) no debiera alongarse el encierro por un periodo mayor al señalado precedentemente, toda vez que sólo correspondería proceder a la unificación respecto a la porción que no se ha cumplido aún; y en ese orden el letrado vuelve a propiciar que se disponga la nulidad del fallo cuestionado.
Subsidiariamente, la defensa peticiona que se case la sentencia y se dicte un fallo acorde a derecho, aplicando los principios del fuero especializado, a fin de reducir la pena única impuesta por la magistrada, la que entiende excesiva y desproporcionada.
ii: En primer lugar, debo adelantar que el recurso de casación habrá de recibir favorable acogida.
En tal sentido, pasaré a desgranar y precisar cuestiones que estimo fundamentales para responder los agravios del casacionista.
Más allá de no coincidir con la totalidad de las consideraciones vertidas por el recurrente, no puedo dejar de advertir que de conformidad con lo sostenido en el remedio bajo estudio y el posterior memorial presentado por el defensor adjunto ante esta instancia, se advierte que previo a resolver la unificación de las condenas recaídas sobre C., se corrió vista a la defensa de la instancia de origen, momento en que su representante se opuso a la mencionada unificación, por tratarse de penas de distintos fueros, y además solicitó expresamente que con carácter previo, se fije una audiencia de contacto con el joven a fin de garantizar su derecho a ser oído (art. 18 CPP, arts. 2 y 3 Ley 13.634 y 12 CDN). Posteriormente, con fecha 21 de abril del 2021 la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata impuso la pena única de 18 años de prisión, comprensiva de la de 13 años y 6 meses de prisión impuesta por esa instancia con fecha 11 de diciembre de 2014 y de la dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial La Matanza de fecha 27 de marzo de 2018 mediante la cual condenó al nombrado a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, ello sin celebrarse la audiencia de contacto que previamente fue solicitada por la defensa.
A ello, cabe agregar que conforme lo plasmado en la presentación recursiva, la judicante no había tomado contacto directo con el nombrado desde un lapso aproximado de cuatro años.
Este dato, que en ningún caso resulta menor, cobra especial valor al advertir la vinculación del presente con el plus de derechos que gobierna el fuero de Responsabilidad Juvenil, el cual no resulta ajeno a la decisión bajo examen.
Ahora bien, sentado lo expuesto no puedo más que coincidir con la defensa en su exposición argumentativa referente a éste punto. Puesto que la celebración de dicha audiencia, constituye en el caso -a partir de su expresa petición-, un acto esencial a los efectos de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio.
La falta de concreción de dicha entrevista -aunque más no sea a través de medios telemáticos-, imposibilitó al joven de ejercer adecuadamente su derecho a ser oído, y consecuentemente implicó una afectación directa en el ejercicio de su defensa.
En este sentido, me permitiré tomar prestadas algunas palabras de Julio B. J. Maier, quien ha sostenido que: "La base esencial a defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente (...). El derecho a ser oído alcanza su expresión real en la audiencia del imputado ante el tribunal. (...) La audiencia del imputado no sólo se debe procurar en relación a la sentencia final sino también, según dijimos, en orden a las decisiones interlocutorias que conforman la situación del imputado durante el procedimiento. (...) el imputado está facultado a requerir que lo escuchen en cualquier momento del procedimiento (...), bajo las únicas condiciones de referirse a la imputación y no utilizar su facultad para perturbar o demorar el procedimiento." (Julio B. J. Maier, "Derecho procesal penal", Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2° edición, págs. 552, 562 y 563).
A lo expuesto, cabe agregar que ante la intervención del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y el plus de derechos que este ámbito impone, por tratarse una de las condenas a unificar de una sanción impuesta por ese régimen; no se puede dejar de tener en consideración que el art. 40.3 de la Convención de los Derechos del Niños (arts. 31 y 75 inc. 22° C.N.), establece el principio de especialidad en materia penal infanto-juvenil, en los siguientes términos: "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes".
Explicando esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el famoso precedente "Maldonado", con cita del párr. 54 de la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño-, destacó que "los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, [pero] no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos".
"En efecto, lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado -como aquel elaborado por la doctrina de la "situación irregular"- de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que derivan de su condición de persona en proceso de desarrollo".
"En suma, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, de la sociedad y el Estado..." (consid. 32°).
A nivel provincial, el legislador bonaerense mediante el dictado la ley 13.634, reconociendo "a los niños los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, y por su particular condición de ser personas en desarrollo, se les conceden derechos y garantías especiales,..." (v. Fundamentos de la ley 13.634), ha dado plena vigencia a este principio.
Ello lleva a que las normas especiales del fuero penal juvenil tengan prioridad de aplicación por sobre las subsidiarias provenientes del fuero de adultos (arts. 1 y 85 ley 13.634). En concreto, es aplicable la ley 11.922 en tanto que no resultó modificada la misma por la ley específica (art. 1), y en materia de "ejecución de penas o de medidas impuestas a los procesados, [la legislación provincial se aplicará subsidiariamente] en la medida que no restrinja los derechos reconocidos por la... ley" 13.634 (art. 85).
Tales consideraciones no pierden vigencia por el sólo paso del tiempo, es decir que la circunstancia referente a que el menor de edad imputado de un delito cumpla la mayoría de edad, no deja de imponer el cumplimiento de las exigencias particulares que fueran impuestas a partir del procedimiento trascurrido ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Estas últimas consideraciones valen ser destacadas en virtud de ciertos pasajes argumentativos expuestos por la magistrada de la instancia que parecieran alejarse de tales directrices. Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso, también debo señalar que uno de los postulados más importantes del modelo de protección integral es el de reconocer al niño como titular de derechos, con una capacidad progresiva para ejercerlos.
De este modo, la doctrina referida "...reafirma el principio de autonomía del niño como persona; así se le acuerda la facultad de ser oído, desplegando una actitud participativa, teniéndose en cuenta su opinión en cada resolución que lo afecte. Así lo establece la Convención en el art. 12, inc.1°. (...)" (Betina D. Ungaro, "Procedimiento de responsabilidad penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires", Cathedra Jorídica, Buenos Aires, 2008, pág. 49).
En esa misma línea, la Observación General n° 24 del Comité de los Derechos del Niño (ONU), ha sostenido en el punto n° 45 que: "Los niños tienen derecho a ser escuchados directamente, y no solo a través de un representante, en todas las etapas del proceso, desde el momento en que entren en contacto con el sistema.", de modo que ha dado una interpretación de las disposiciones del art. 12 de la CIDN, que impone la observancia del mismo a los operadores del sistema judicial.
A su vez, cabe destacar la trascendencia de esta cuestión, que por su obviedad parece ser pasada por alto, y por lo tanto se advierte la necesidad de su tutela en forma continua.
Justamente en este sentido se manifestó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que además de recordar que la responsabilidad internacional del estado se encuentra en juego al haberse comprometido a la adecuada tutela del "derecho a ser oído" (art. 75 inc. 22° de la CN y 12 de la CIDN), también se ocupó de resaltar la necesidad de tutelar la modalidad en la que este derecho debe ser ejercido y amparado. En ese orden, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que: "Debe recordarse que esa norma impone a los Estados Partes la obligación de garantizar a la niña o al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el "derecho de expresar su opinión libremente" en todos los asuntos que lo afecten, particularmente, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ya sea "directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" (cf. artículo 12 cit.)."; recalcando a su vez "...la necesidad de que los jueces se ocupen de velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción, "que implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y 40.2.b de la Convención sobre los Derechos del Niño)" (cf. "García Méndez" citado, considerando 10 del voto de la mayoría)." (CSJN causa "H., A. O. s/ infracción ley 23.737", sent. de 24-6-2021).
Con todo ello, entiendo que vale recordar que el bloque normativo que rige en materia penal juvenil, también permite advertir que la dimensión pedagógica de este fuero, se encuentra íntimamente vinculada con la participación activa del menor de edad en el proceso, siendo que el contacto directo en las audiencias en las que pueda intervenir directa o indirectamente se encuentra íntimamente vinculado con tal finalidad (arts. 12 de la CIDN; 2, 3, 6, 33 y 36 inc. 3° de la ley n° 13.634). Sentado lo expuesto, y a modo de conjugar la cuestión específica del caso con las garantías constitucionales referidas bajo el amparo que la especialidad impuesta por el fuero penal juvenil, cabe recordar que en el referido precedente "Maldonado" (Fallos 328: 4343) la Corte Federal, estableció la obligatoriedad para el Tribunal que fija la pena de tomar conocimiento de visu del condenado previo a ello. Al referirse a la pauta del art. 41, inc. 2º, in fine, la Corte estableció: "...Que existe otro aspecto concluyente respecto del cual ambas regulaciones coinciden, pero que al a quo no le pareció relevante: la necesidad de tomar conocimiento de visu del condenado antes de determinar la pena. Así, el art. 41, inc. 2°, in fine, del Código Penal señala claramente que "El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto... en la medida requerida para cada caso"[...] Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esta trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación. Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada".
Asimismo, teniendo en cuenta el prolongado período temporal transcurrido sin que la magistrada de la instancia tuviera contacto con C., es dable tener en cuenta que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha establecido la necesidad de que los jueces tomen conocimiento directo y de visu del imputado cuando la nueva individualización de la pena se produzca transcurrido un lapso de tiempo considerable entre el hecho delictivo y la individualización de la pena, al sostener que: "...deberá cumplirse con la manda del art. 41 inc. 2º in fine del C.P. según la cual se tendrán en cuenta para fijar la pena, entre diversas circunstancias, "las condiciones personales" del agente del delito, pues se ha producido, de hecho, una suerte de alongada cesura del juicio (contemplada en sentido estricto en el sistema procesal instaurado por la ley 11.922 y sus modif., en el art. 372 del C.P.P.) que impone no omitir el cumplimiento de dicha regla." (causa P. 73.366 "G., M.D. s/ Robo" del 31 de agosto de 2007).
Sobre la base de las consideraciones efectuadas, cabe tener en cuenta que el art. 203 del C.P.P. dispone que ante la conculcación de garantías constitucionales -como el presente caso-, la nulidad del acto que implique tal afectación se impone, incluso ante la ausencia de alguna petición de las partes; por lo tanto, no queda más que direccionar mi posición en ese sentido.
Ello así, toda vez que, como fue explicitado, el no haber realizado la audiencia oportunamente peticionada, imposibilitó a C. de ejercer su derecho a ser oído-, como así también garantizar el plus de derechos que lo ampara en orden a una de las condenas que pesan en su contra; todo lo cual, implica una afectación directa y ostensible al ejercicio de su derecho de defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 12 CDN; 2, 3, 6, 33, 36.3 ley 13.634).
Por lo tanto, todas estas consideraciones no habilitan a otra conclusión más que la ineludiblemente declaración de nulidad de la sentencia unificatoria que fue dictada sin haberse tomado contacto con el joven, conforme lo peticionara la defensa.
III. En consecuencia, propongo al acuerdo:
hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el la defensa de K. A. C., y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia, sin costas. (Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 y 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 58 del CP; 2, 3, 6, 33, 36.3 ley 13.634; 448, 451, 454, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Maidana expresó:
Adhiero a lo expuesto, por mi colega doctor Carral, por los mismos motivos y fundamentos. Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde: hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el señor defensor, y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia, sin costas. (Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 y 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 58 del CP; 2, 3, 6, 33, 36.3 ley 13.634; 448, 451, 454, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, y me pronuncio en igual sentido. Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de K. A. C., y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 y 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 58 del CP; 2, 3, 6, 33, 36.3 ley 13.634; 448, 451, 454, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N°
Fin de la sentencia