Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 12/2013 y 13/2013, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $ 18.824, por la representación procesal, y de $ 47.061 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-84861233-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Agosto de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 37.513-I caratulado “ Kank y Costilla S.A. s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Kank y Costilla S.A. interpone recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 12/2013 y 13/2013, emitidas ambas el 28 de febrero de 2013 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2008 y 2009, intimándole el pago de $70.530,43 para el período fiscal 2008 y estableciendo un saldo a su favor de $401.406,49 para el período fiscal 2009, y en el impuesto a las salidas no documentadas por los mismos períodos, intimándole $119.327,69, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, en dichos actos se le aplicaron sendas multas de defraudación en los términos del art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta según el art. 47 incs. a), b) y c) de la misma ley, de $211.591,26 y $357.983,07, respectivamente.
En su presentación ante este Tribunal, explica que los ajustes se sustentan en la impugnación al proveedor Soler Argentina S.A. y que una vez anoticiada de su situación por la fiscalización rectificó, en forma espontánea y unilateral, las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 2 y 8/2008 en las que había incluido los créditos fiscales de las operaciones con dicho proveedor. Agrega que ello llevó a que se le iniciara una nueva fiscalización por el impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas. Aclara a continuación que contrató con el proveedor de buena fe, que verificó antes la validez y vigencia de los comprobantes que habían sido autorizados por el Fisco Nacional, cumpliendo por ende con los requisitos de la ley 25.345; que al momento de contratar no tenía conocimiento de las falencias que luego el organismo fiscal le endilgara y que tales falencias fueron, precisamente, las que motivaron que presentara declaraciones juradas originales en forma errónea, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, por lo que concluye que dicho error no le puede ser endilgado.
Dice que los verdaderos proveedores fueron los señores Bruz, Sanchez y García quienes le entregaron las facturas de Soler Argentina S.A. en respaldo de los trabajos y servicios realizados, cuya existencia acreditó con la prueba producida en sede administrativa.
Plantea, en primer término, la nulidad absoluta de las Resoluciones, porque mediante la Resolución N° 49/2012 el juez administrativo dispuso medidas de mejor proveer a fin de constatar la efectiva realización de las operaciones comerciales con el proveedor. Dichas medidas consistieron en: 1) la circularización a otras empresas para que aportaran las facturas que con la misma numeración Soler Argentina S.A. les emitió y al encargado de la impresión de dichas facturas y, 2) indagar a los Sres. García y Sánchez por su intervención en la prestación del servicio y a las Sras. Viviana y Victoria Tolosa en su carácter de beneficiarias de los cheques emitidos por Kank y Costilla S.A.
Menciona que interpuso recurso de reconsideración contra dicha Resolución, que fue rechazado por Resolución N° 58/2012, y que luego prestó conformidad con las medidas y pidió que se le informara el día y lugar de la celebración de las indagatorias para concurrir a ejercer su derecho de defensa. Se agravia porque no se proveyó tal presentación, ni tampoco se puso en su conocimiento los resultados de tales medidas y se dispuso la clausura del período probatorio. Alega, así que se vulneró su derecho de defensa al no respetarse el principio de contradicción y bilateralidad que debe estar presente en todo procedimiento, judicial o administrativo. Plantea, en segundo lugar, la nulidad de las sanciones notificadas en las Resoluciones por haberse aplicado un tipo infraccional diferente al que ya se había aplicado cuando rectificó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, es decir se la sanciona en forma diferente por un mismo hecho. Cita que en dicha oportunidad se le impuso la pena de omisión del art. 45 de la ley 11.683 que fue recurrida ante este Tribunal -"Kank y Costilla S.A. s/ apelación" (Expte. N° 33.656-I) que tramitó ante la Sala A-, y concluye que el organismo fiscal vulneró con ello elementales garantías constitucionales, tales como el derecho de defensa, debido proceso y seguridad jurídica.
Se agravia de los ajustes practicados remitiéndose para ello a las pruebas ofrecidas y producidas en sede administrativa, entre ella, la documental aportada, los resultados de la informativa a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que adjuntó los certificados de las obras, la pericial contable y técnica, y concluye que demostró que las operaciones con Soler Argentina S.A. existieron, que fueron respaldadas por facturas válidas y vigentes, que fueron abonadas con cheques propios de Kank y Costilla S.A. emitidos a nombre del proveedor, por lo que no puede ni impugnarse la deducción del gasto ni tampoco exigirle el pago del impuesto previsto en el art. 37 de la ley de dicho gravamen ya que los verdaderos beneficiarios de los pagos se encuentran debidamente identificados.
Aclara que se trató de trabajos concretos vinculados a las obras e insiste en que fueron realizados por los Sres. Bruz y Sánchez, en el marco de la licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional 3 en el Tramo del Aeropuerto de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de la que resultó adjudicataria.
En cuanto a los resultados de las medidas para mejor proveer ordenadas en sede administrativa, afirma que el hecho que otros contribuyentes tengan en su poder facturas del mismo proveedor que coinciden con las que le entregaran demuestra una maniobra de falsificación en la que los proveedores inescrupulosos engañaron al Fisco Nacional y a Kank y Costilla S.A. también, ya que recibió los comprobantes de buena fe y constató las condiciones de validez. Entiende que existe la posibilidad cierta que Kank y Costilla S.A. haya sido víctima de clonación de facturas.
Por otro lado, respecto a las diligencias realizadas a los señores García, quien no pudo ser ubicado en su domicilio fiscal pero sí en su casa habitación, y Sánchez, que dijo desconocer a Soler Argentina S.A. y no haber realizado trabajos para Kank y Costilla S.A., insiste en que fue engañada y que las facturas recibidas eran clonadas para no tributar los verdaderos proveedores sus propios impuestos.
Sobre los testimonios recabados de las personas que cobraron los cheques, las señoras V. J. Tolosa y V. Tolosa, madre e hija, que dijeron que la primera era la autorizada para operar la caja de ahora donde se acreditaron los cheques, y haberle cedido al Sr. García su cuenta bancaria para que efectuara depósitos, sostiene que con ello se prueba la identificación del beneficiario de los pagos, de lo que extrae la improcedencia de reclamarle el ingreso del impuesto a las salidas no documentadas.
Añade que las operaciones con Soler Argentina S.A. –por los siguientes conceptos “desmonte de columnas y postes y líneas de media tensión existentes, interferencias y traslado de servicios públicos, interferencias de redes eléctricas en acceso a Cmte. Luis Piedrabuena y modificación de traza de líneas de media y baja tensión tramos 1- 2 -3”; “mano de obra y materiales, con destino a la obra repavimentación Ruta Nacional Nro. 3 Tramo Gran Bajo de San Julián- Aeropuerto de Río Gallegos, Sección Comandante Luis Piedrabuena- Estancia Los Alamos”-, no solamente fueron de mano de obra sino por compra de bienes para realizar tales obras, y que en el informe pericial técnico el ingeniero que visitó las obras constató su existencia, e invoca que no corresponde aplicar la normativa del impuesto a las salidas no documentadas por tratarse de compra de bienes, por así disponerlo el art. 38, inc a) de la ley del impuesto a las ganancias, que establece que no corresponderá este gravamen "...cuando la DGI presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes".
Se refiere a continuación a la prueba pericial contable rendida en la instancia previa que arrojó que no existen otros comprobantes en la contabilidad de Kank y Castilla S.A. por los servicios que contrató a Soler Argentina S.A. y entiende que de no haberse contratado la obra no podría haber sido realizada. Por ende, concluye que debe admitirse la deducción de los gastos en el balance impositivo de la firma tal como lo contempla el art. 55, segundo párrafo, del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias.
En cuanto a las sanciones, alega que no ha incurrido en las maniobras del art. 46 de la ley 11.683. Agrega que el juez administrativo debió acreditar el elemento subjetivo -dolo- exigido en dicha norma, al igual que las presunciones del art. 47 invocadas.
Especialmente sobre la multa impuesta por el impuesto a las salidas no documentadas, se agravia en esta instancia porque las normas no prevén su liquidación por declaraciones juradas u otra forma, calificando entonces como atípica su conducta.
Por último, se queja por los intereses resarcitorios intimados en los actos recurridos y las tasas utilizadas por irrazonable; pide que se la exima de la mora por inculpable aún en el caso en que se confirme el ajuste tributario efectuado.
Aporta en esta instancia prueba documental y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 143/158, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 202 se clausura el periodo probatorio y se elevan las actuaciones; a fs. 217 se declara a la recurrente en rebeldía; por último, a fs. 228 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde referirse al primer planteo de nulidad opuesto por la recurrente al sostener que el juez administrativo dispuso la realización de medidas de mejor proveer, sin haberle proveído su pedido para que se le informara sobre el día lugar y fecha de la celebración de las indagatorias a las personas citadas, así como tampoco se le informó sobre los resultados de tales medidas.
Aunque huelga decirlo, la facultad de ordenar medidas para mejor proveer es, precisamente, una facultad de la Administración reconocida como tal en el procedimiento administrativo general y en el específico procedimiento tributario en el último párrafo del art. 35 del decreto reglamentario de la ley 11.683. Dicha norma dispone que “El juez administrativo podrá, en cualquier momento del proceso, disponer las verificaciones, controles y demás pruebas que, como medidas para mejor proveer, considere necesarias para establecer la real situación de los hechos”.
El fundamento de estas medidas es el deber que tiene la Administración de dictar actos administrativos con arreglo al principio de verdad jurídica objetiva, principio rector que guía su actuación más aun en materia tributaria en el que se encuentra comprometida la exacta magnitud de la obligación tributaria debida por los contribuyentes.
A ellas se refirió este Tribunal al fallar en la causa “Alfader S.R.L.”, del 8 de mayo de 1997, cuando dijo que “Es obvio además que el juez administrativo puede disponer medidas para mejor proveer. Es más, debe hacerlo para esclarecer los hechos integrantes del thema probandum que restan en estado de incertidumbre o para averiguar la verdad material pero circunscribiéndose a los conceptos y períodos por los que se corrió la vista”.
Por ello, las medidas para mejor proveer no son susceptibles de recurso, ni tampoco existe deber de la Administración de citar al contribuyente fiscalizado para que participe de su realización. Uno de los preceptos que las trata en la ley 11.683, además del art. 177 cuyo destinatarios son los y las Vocales de este Tribunal, es el previsto en el art. 166 que, refiriéndose a los alcances de la prueba ante este Tribunal, dispone que “Salvo en materia de sanciones y sin perjuicio de las facultades establecidas en los artículos 164 y 177, no se podrá ofrecer la prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para reputar el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa”, mas dicha norma no ha sido aquí invocada ni tampoco se han ofrecido pruebas en este Tribunal para refutar los resultados de las diligencias ordenadas por el juez administrativo en la instancia previa.
Por otro lado, en el caso las medidas para mejor proveer ordenadas por el juez administrativo resultaron esenciales para arribar a la verdad jurídica objetiva, ya que sirvieron para determinar la existencia de facturación melliza del mismo proveedor, o de facturas clonadas como las denomina Kank y Costilla S.A. en su escrito; de ellas también surgió la utilización de personas para cobrar los cheques, en el caso dos mujeres, madre e hija, empleadas de la Provincia de Santa Cruz que manifiestan que lo hacen como un favor personal al Sr. García, como tales falsas beneficiarias de los pagos. Por ello, el planteo de nulidad carece de fundamento, tanto legal como en los hechos en la forma sucedidos y relatados, inclusive, por la propia recurrente que lo que hace es extraer conclusiones diferentes.
En cuanto al segundo planteo de nulidad efectuado en relación a que las Resoluciones recurridas se impusieron multas de defraudación, mientras que en la Resolución N° 67/2010 se encuadró la misma conducta en la figura de omisión en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 8/2008 lo cierto es que la multa aplicada en dicho acto fue consecuencia de las declaraciones juradas rectificativas presentadas por Kank y Costilla S.A. apenas iniciado el procedimiento de fiscalización cuando, según sus propios dichos, tomó conocimiento que Soler Argentina S.A. no fue el real prestador de los servicios.
Mientras que las multas aplicadas en los actos recurridos son producto de un exhaustivo análisis e investigación sobre la materialidad de las prestaciones respaldadas con comprobantes fiscales extendidos por Soler Argentina S.A. que llevaron al juez administrativo a concluir que la inexactitud de las obligaciones declaradas en el impuesto a las ganancias fue producto de maniobras ardidosas, no por negligencia.
Con ello, la nulidad de las sanciones tampoco puede prosperar. Nada impide que el organismo ante una declaración jurada rectificativa presentada en forma cercana al inicio de la fiscalización y prácticamente sin tareas previas de indagación califique la conducta del contribuyente como omisión y luego de un mayor análisis de la documentación de respaldo, de escuchar a los terceros involucrados en las mismas operaciones que desconocieron las operaciones califique la conducta como defraudación, máxime cuando la investigación se encuentra precedida de un reconocimiento del propio contribuyente, en el caso, al rectificar las declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado por las mismas operaciones porque el prestador no era el que aparecía en los comprobantes fiscales.
Adviértase así que en el Informe Final de Inspección emitido el 21 de octubre de 2009 en la fiscalización por IVA se dice “Con respecto a la incidencia del presente ajuste en el impuesto a las ganancias y/o salidas no documentadas; a entender del actuante, faltan colectar pruebas a la fecha para definir su convalidación (testimonio y realidad económica del supuesto prestador del servicio, seguimiento de la cadena de pagos con la documental que avale el cobro definitivo de los cheques, etc.) proponiéndose girar las actuaciones a Investigaciones para profundizar el análisis”.
Y es precisamente el resultado de la profundización del análisis lo que llevo al juez administrativo a que en 28 de febrero de 2013 aplicara la sanción de defraudación, sin que se adviertan los vicios que endilga la recurrente. Cabe recordar en este sentido, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, por lo que corresponde desestimar la defensa opuesta, sin costas en razón de no haberse tratado como de previo y especial pronunciamiento –Fallos 336:70, “Bolland”-.
V. Corresponde decidir entonces si las Resoluciones recurridas en esta instancia se ajustan a derecho, para lo cual es importante destacar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de sus Considerandos que en el procedimiento de fiscalización sustanciado a Kank y Costilla S.A. –cuya actividad es “Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura de transporte N.C.P. (código 452.390)” y la actividad secundaria “Explotación de Minas y canteras N.C.P. (Código 142.900)”- se objetaron los comprobantes fiscales registrados por el proveedor Soler Argentina S.A. por no haberse podido acreditar ni el pago, ni la efectiva prestación de los servicios allí descriptos –por los conceptos “desmonte de columnas, postes, líneas de media tensión existentes; interferencias y traslado de servicios públicos”; “interferencias de redes eléctricas en acceso Comandante Luis Piedrabuena y modificación de la traza de líneas de media y baja tensión tramos 1 – 2 – 3, mano de obra y materiales”-.
A la hora de evaluar tales prestaciones, que tuvieron lugar según la recurrente en obras públicas llevadas a cabo en la Ruta N° 3 en la Provincia de Santa Cruz, debe tenerse en cuenta que:
-Soler Argentina S.A. tenia su domicilio fiscal y legal en Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. -A fs. 72/75 del Cpo. Anexo I, Antecedentes Ajuste IVA que integra las act. adm, obra la respuesta al requerimiento que la cursara a dicha firma en dicho domicilio en el que informó que se dedicaba a la venta de artículos de electricidad y de plomería; dijo asimismo que nunca tuvo relación con Kank y Costilla S.A., ni le vendió mercadería.
-En dicha oportunidad Soler Argentina SA. aportó las copias de las facturas con la misma numeración de las de Kank y Costilla S.A. pero por ventas al señor Zenón Petkun, ALKO S.R.L. (Nota de Crédito) y RISTAL S.R.L. Salvo la segunda factura, el resto tiene identificado el número de Remito.
-Las facturas a Kank y Costilla S.A. objeto de investigación, que obran a fs. 82/84, tienen el mismo número pero formato diferente. Allí no se identifican mercaderías, sino servicios. Difieren además en los importes y en la imprenta al pie que hizo el trabajo de impresión. Por último, los conceptos facturados a tales firmas fueron son elementos de electricidad, vgr. tapas, fichas, portalámparas, fuentes, no servicios.
-A fs. 88/95 obran los cheques emitidos por Kank y Castilla S.A. a la orden de Soler Argentina S.A., con un primer endoso de los señores Bruz y y Castro y el deposito en las cuentas por las señoras Tolosa, madre e hija, que a esa fecha la primera de ellas, según manifestó a la fiscalización, tenía una relación personal con el señor García, uno de los verdaderos prestadores¸ según los términos usados en esta instancia por el recurrente. Cabe tener en cuenta que si bien en sede administrativa se produjeron periciales técnica y contable, obrantes a fs. 367/395 del Cpo. Principal, la compatibilidad con los servicios facturados en los comprobantes que allí refieren los expertos designados por Kank y Costilla S.A. no tiene respaldo en ningún elemento, ya que no estaba en discusión ni la efectiva existencia de la obra pública objeto de licitación ni tampoco la emisión y registración de las facturas; sus conclusiones son entonces meras manifestaciones unilaterales que no tiene valor probatorio que, como se dijo, no pueden ser corroboradas ya que en esta instancia no se ofrecieron pruebas similares. Corresponde recordar que ante las objeciones formuladas por la fiscalización, Kank y Costilla S.A. optó por conformar los ajustes fiscales, pero únicamente por el cómputo de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado; sin embargo, no hizo lo mismo en dicha oportunidad con el impuesto a las ganancias, ni ingresó pago alguno en el impuesto a las salidas no documentadas.
Deben analizarse entonces las pruebas rendidas con las que la recurrente dice haber acreditado la existencia de las operaciones, a pesar de su propia actitud al reconocer que no fue Soler Argentina S.A. el verdadero prestador de los servicios documentados en los comprobantes fiscales.
b. En el impuesto a las ganancias, para que sea procedente la deducción prevista en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, el recurrente tenía que demostrar previamente que éstas realmente existieron. Contrariamente a lo que sostiene en su recurso, los conceptos facturados fueron servicios, no bienes, por lo que no resulta aplicable la excepción que invoca, la del art. 38 de la ley 20.628, que tiene validez únicamente para bienes debido a la posibilidad de presumir su existencia por otros medios.
Los servicios se prestaron, según dice la recurrente, en la ejecución de las obras por repavimentación de la Ruta N° 3 en la Licitación Pública N° 19/05, en la que resultó adjudicataria. Agrega que si no hubiera contratado a Soler Argentina S.A. no podría haberla hecho y que probó que los mismos servicios no obran registrados en su contabilidad como prestados por otro proveedor. A fs. 383/385 del Cuerpo Principal de Ganancias y Salidas No Documentadas de los ant. adm., obra la pericia contable del CP Miguel Ángel Romero, quien además de expedirse sobre los aspectos meramente formales de la facturación, que no estaban en discusión, al contestar el punto 6) sostuvo que “Habiendo compulsado el pliego de condiciones y demás documentación de la Licitación Pública 19/05 y la nota firmada por el Sr. Bruz en representación de Soler Argentina S.A., este perito está en condiciones de afirmar que las tareas desarrolladas en los ítems 54 y 54 a) a saber, las obras de Interferencias y traslado de servicios públicos y de traslado LMT para destacamento de gendarmería y balanza DNV, de la licitación tienen una completa compatibilidad material con los conceptos facturados por Soler Argentina S.A., todo lo cual, conforme también luce plasmado con el certificado final de obra emitido por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, del cual surge que las obras correspondientes a los ítems señalados han sido efectivamente efectuadas”.
Sin embargo, de su propio texto surge la duda de la conclusión a la que arriba el experto. Claramente, no es razonable dar validez a lo allí afirmado a partir de una nota firmada por el Sr. Bruz, en representación de Soler Argentina S.A., cuya copia, además, no obra en las actuaciones administrativas. Sí obra en el Expediente ante este Tribunal por haber sido aportado como prueba documental –fs. 104-. Se trata de una nota simple firmada el 21 de septiembre de 2007 por el Sr. Bruz como apoderado de Soler Argentina S.A. en la que cotiza los servicios de desmonte, traslado y construcción de líneas de media y baja tensión.
Su valor probatorio es endeble, no solamente porque no tiene ninguna formalidad mínima que permita darle fecha cierta, sino porque ante la fiscalización el Sr. Bruz manifestó no tener relación con Soler Argentina S.A. y que nunca prestó servicios para ella, que tampoco conocía a Kank y Costilla S.A. y, con la misma importancia, desconoció además su propia letra en la firma en los cheques que coincide con la inserta en la nota de fs. 104. Bruz, además, estaba inscripto para ejercer la actividad de venta de gas envasado, es decir una actividad sin vinculación con la supuestamente prestada por Soler Argentina S.A. – fs. 194/199, act. adm-.
Por otro lado, a fs. 365 del mismo Cpo. se encuentra agregada la respuesta dada por la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz en respuesta al oficio librado en sede administrativa, que da cuenta que Kank y Costilla S.A. intervino en los trabajos realizados en la licitación pública de repavimentación, pero también agrega que no cuenta con registros de subcontratos de Kank y Costilla S.A., lo cual resulta un elemento determinante también para desconocer los servicios prestados que pretende deducir en el impuesto a las ganancias. Es que no resulta creible que una obra pública nacional de la envergadura de la adjudicada a la aquí recurrente pudiera haberse llevado a cabo mediante el empleo de subcontratistas que la autoridad de aplicación no había aprobado o no tenía conocimiento, sin atender, además, a las regulaciones, administrativas y laborales, implicadas en materia de subcontratación administrativa.
Ello así cuando el informe pericial técnico producido a través de un experto de la recurrente en sede administrativa, obrante a fs. 367/369 del Cuerpo antes citado, al contestar en el punto 2), el experto indica que la recurrente no tiene el personal profesional idóneo ni las maquinarias necesarias a los fines de desarrollar la actividad encomendada al proveedor Soler Argentina S.A. consistente en la construcción, traslado de instalaciones y líneas eléctricas de alta, media y baja tensión y obras afines. Señala también que las máquinas son aptas para desarrollar solamente tareas de pavimentación, perforación y reparación de corredores viales. Agrega que “…al servicio y bienes facturados por Soler Argentina S.A. requiere la labor profesional de Ingenieros, técnicos y auxiliares en construcción y en traslados de instalaciones o líneas eléctricas debidamente capacitados; como así también contar con máquinas específicas como guinches, grúas, escaleras acondicionadas y vehículos con elevadores de plataformas o habitáculos y otras herramientas para desarrollar actividades relacionadas con la electricidad. En base a ello, puede colegirse que Kank y Costilla S.A. no pudo realizar personalmente el servicio facturado por Soler Argentina S.A. dado que resulta ser sustancialmente ajeno a su actividad y no posee capacidad operativa (personal y maquinarias) para haber efectuado dichas tareas”. De nuevo, en dicho informe se ratifica que la ejecución de las obras estaba a cargo de la aquí recurrente, lo que no estaba en discusión, pero no acredita que para ello se haya recurrido a los servicios de Soler Argentina S.A., subcontratación que, como ya se dijo, no estaba prevista ni autorizada en el pliego de licitación, deviniendo de ello la falta de prueba sobre la efectiva existencia de tales servicios. Más aún cuando el Sr. Bruz, el que junto con el Sr. Sánchez, habrían actuado en representación de Soler Argentina S.A. según los dichos de Kank y Costilla S.A., tal lo que surge de fs. 37/38 del Cuerpo Anexo III de Medidas para Mejor Proveer de los ant. adm., manifestó que “…conoce a la firma porque se encuentra en la avenida ….de esta Ciudad, pero nunca realizó trabajos, ni de forma independiente ni como empleado de la firma”.
Lo cierto es que la recurrente pudo haber aportado otros elementos tendientes a acreditar que los servicios documentados en los comprobantes fiscales identificados de Soler Argentina S.A., aún cuando no fue esta el verdadero proveedor, y así el lo reconoció al rectificar los créditos fiscales computados en el impuesto al valor agregado por los mismos comprobantes, fueron efectivamente recibidos por ella. Pero no lo hizo, omisión que sella la suerte adversa de sus agravios.
b. Respecto a la intimación a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas, de los Considerandos de la Resolución N° 13/2012 surge que los cheques fueron emitidos a la orden de Soler Argentina S.A. y endosados en algunos casos por el Sr. Bruz (“Por Soler Argentina S.A.”) y otros por el Sr. Castro. El Sr. Bruz, sin embargo, en la instancia de la fiscalización desconoció como suya la firma en los cheques y el Sr. Castro lisa y llanamente no pudo ser ubicado como contribuyente en el padrón. Como beneficiarias que se presentaron al cobro de los cheques, aparecen dos personas de apellido Tolosa, madre e hija, que declararon que por una relación personal con el Sr. Garcia, representante de Soler Argentina S.A., prestaron su caja de ahorro del Banco Santa Cruz para acreditarlos. Desconoció conocer a Kank y Costilla S.A., al Sr. Bruz y a Soler Argentina S.A.
La madre, al ser localizada, manifestó que era docente de una Escuela de Educación Especial de la Provincia de Santa Cruz; la hija, era estudiante y vivía en La Plata, Provincia de Buenos Aires, y estaba autorizada para operar en dicha cuenta. Ninguna de las dos puede ser considerada beneficiaria de los pagos, antes bien sus manifestaciones dan cuenta de la inexistencia, por simulación, de los servicios y de los pagos documentados en los comprobantes a nombre de Soler Argentina S.A., que es, precisamente, el presupuesto de hecho para la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Dicha figura, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 323:3376, no solamente grava la inexistencia de las erogaciones sino también las erogaciones documentadas con comprobantes falsos o, como en el caso, simulados.
Dijo también en Fallos 326:2987 que "…una salida de dinero carece de documentación -a los fines de aquella norma-tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien la hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad-a su verdadero beneficiario" y, en el caso, las beneficiarias que Kank y Costilla S.A. identifica como receptoras de los pagos no constituyen las verdaderas beneficiarias de los mismos. Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios intimados allí que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, sin que se hayan esgrimido agravios con entidad suficiente para eximir a Kank y Costilla S.A. de su responsabilidad por la mora incurrida en el incumplimiento de sus obligaciones, con costas.
VI. Por último, respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Resoluciones recurridas, con sustento en el art. 46 y valiéndose de las presunciones de dolo establecidas en el art. 47, incs. a), b) y c) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Kank y Costilla S.A. en dicha figura infraccional, al presentarse en forma inexacta la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008 con gastos derivados de operaciones inexistentes con la clara intención de evadir el pago en su justa medida, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En relación al aspecto subjetivo, no aportó elementos de prueba que permitan desvirtuar fehacientemente la intención de defraudar, ni refutó las diligencias llevadas a cabo por la fiscalización que dieron cuenta que se trató de la simulación de operaciones en el marco de una licitación pública con el exclusivo propósito de sustraerse al cumplimiento de sus propias obligaciones, en perjuicio del Estado Nacional.
En cuanto a la multa aplicada en el impuesto a las salidas no documentadas, debe confirmarse también, ya que quedó demostrada la simulación también de las erogaciones habiéndose recurrido al uso de cuentas bancarias de personas ajenas a la relación comercial para ocultar a el o a los verdaderos receptores de los fondos, maniobra que solo puede ser calificada de ardidosa por su componente delictivo.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en dichos actos también.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente por análogos fundamentos.
La Dra. Gómez dijo::
I. Que en primer lugar, adhiero a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell respecto a desestimar los argumentos que sustentan el planteo nulidad formulado por la actora. Con relación a la costas y en virtud de los términos expuestos por la recurrente en su recurso (vide apartado 4° del Petitorio fs. 131 vta.) y lo solicitado por la representación fiscal (fs. 147 vta.), corresponde su imposición a la vencida.
II. Que comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por la Vocal Instructora para confirmar los ajustes efectuados en las resoluciones determinativas del Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas, los cuales consisten en la impugnación de la operatoria con la supuesta proveedora Soler Argentina S.A. A mayor abundamiento, corresponde destacar que no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos detectados respecto de la supuesta proveedora, sino que ante las circunstancias constatadas por la fiscalización, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarlas y exigen de la utilización de otros medios probatorios fehaciente para comprobar la existencia de las negociaciones, lo cual definitivamente no ocurrió en autos (cfr. CNACAF, Sala II, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, sentencia del 29/11/2012).
En tal sentido cabe concluir que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario sobre la base de documentación que presenta las inconsistencias y/o irregularidades enumeradas en los actos apelados, máxime si tal pretendido beneficio se relaciona con el cómputo de gastos que se pretenden deducibles y que se presentan justificados en una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada (criterio de esta juzgadora in re “Numen Insight S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 10 de agosto de 2017, entre otros).
Respecto a Salidas no Documentadas y tal como ha quedado expuesto en el voto de la Dra. O´Donnell, la actora no aportó elementos probatorios idóneos para acreditar las operaciones impugnadas, por lo que, frente a ello, resulta aplicable lo dispuesto por el mentado art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, el Cimero Tribunal al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26/8/2003 (en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23 de dicho decisorio), pronunciándose en igual sentido dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti, en su parte pertinente, dice que “.... ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”. Que el criterio allí fijado ha sido receptado por la suscripta en diversos precedentes, entre otros “Quality Work S.A.”, sentencia del 4 de junio de 2015 y Harengus S.A., sentencia del 26 de diciembre de 2018.
En efecto, corresponde confirmar los ajustes practicados en las resoluciones correspondientes.
II. Que corresponde referirse al cálculo de los intereses resarcitorios que surge de los actos determinativos cuestionados.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". En consonancia, la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que al concretarse el supuesto como en los presentes actuados, torna procedente la aplicación de este tipo de accesorios. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, sustenta la procedencia de las liquidar intereses resarcitorios (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, externas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En esta línea, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. "Arcana Orazio" del 3/7/84 y "Marthay, Jorge" del 6/6/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif).
III. Que corresponde dar tratamiento a las sanciones aplicadas en sendos actos apelados (fs. 60/61 y 97/98). En cuanto a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citados (Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26/8/2003, e “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” de fecha 27 de septiembre de 2011 donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti), la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas, tal como surge del acto correspondiente.
Sentado ello, la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que por su parte con relación a las presunciones establecidas por el art. 47 de la ley de rito, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314...
En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto.
Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación. Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”.
En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005.
Que del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales. En definitiva, para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 46 resulta necesario la existencia de declaraciones confeccionadas mediante ardid o engaño que, como consecuencia, arrojen una ocultación maliciosa de la liquidación tributaria (CNCAF, Sala I in re “ Mora y Araujo Manuel”, sentencia del 8 de abril de 2014).
En efecto, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales –en este caso las previstas en los incisos a) y b), c)- consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que la aquí actora merced a la operatoria impugnada ha realizado una maniobra tendiente a engañar y falsear la realidad de los hechos, ello en notoria contradicción con lo dispuesto con las normas de los gravámenes en cuestión y con el propósito de perjudicar al organismo recaudador, lo cual de no mediar actividad fiscalizadora no hubiera sido descubierta, no existiendo prueba en contrario de la cual pueda inferirse que haya existido error excusable.
En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a las sanciones impuestas tratadas en este punto como así tampoco para modificar la graduación dispuesta en sendos actos recurridos, corresponde disponer su confirmación.
IV. Por lo expuesto, corresponde: I) Rechazar el planteo de nulidad articulado, con costas; ii) Confirmar en todas sus partes los actos apelados; con costas.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría
SE
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 12/2013 y 13/2013, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $ 18.824, por la representación procesal, y de $ 47.061 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.16 09:45:47 -03:00 Date: 2022.08.16 10:01:14 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.16 11:14:10 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.16 11:14:11 -03:00
Fin de la sentencia