Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa K-1.973/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la actora a fs. 79/106, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 794/816, de los autos principales, y en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 818/821 vta. de los citados autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: K-1.973/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.130.-
Actor: KARCHER CARLOS EDUARDO Demandado: BANCO SANTA CRUZ Objeto: LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 14-8-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3130 FOLIO Nº 5129/5131 PROT. ELECT. TSS1 040 I. 151
Río Gallegos, 14 de agosto de 2015.-
Los presentes autos caratulados “KARCHER CARLOS EDUARDO C/ BANCO SANTA CRUZ S.A. S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº K-1.973/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 79/106 por los Dres. Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo -apoderados del actor- contra la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 74/77 vta., en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto (por violación de ley -art. 3º, inc. a) de la ley 1687-) contra el fallo de segunda instancia de fs. 36/49.- Ahora bien, este último fallo mencionado había confirmado la sentencia de primera instancia, en cuanto rechazaba la demanda que pretendía la correcta liquidación del rubro “Zona Desfavorable”. Asimismo había revocado la decisión del a quo, en cuanto hacía lugar a la incorporación del rubro “Voluntario Empresa” en la liquidación del referido concepto de zona, como también la imposición de las costas, estableciendo que dichos gastos serían abonados por el accionante perdidoso.-
II. El recurso de queja se fundamenta en que la Cámara “... Solo se limita a agrupar los motivos casatorios articulados como ‘violación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad’ ... y como ‘agravio referente a la imposición de costas’... omitiendo considerar de manera real su adecuación a los efectos de la admisibilidad casatoria, negándose a abordar el análisis específico de tales agravios...” (cfr. fs. 86 vta.). Por lo expuesto califica de arbitraria la sentencia de Cámara, indicando que el rechazo de la vía casatoria implica una denegación de justicia al quitar la posibilidad de entender en el remedio procesal a este Alto Cuerpo.- Por otro lado, la recurrente se agravia que la resolución de segunda instancia basara la inadmisibilidad formal del recurso en consideraciones abstractas que no surgen de las constancias de la causa ni se condicen con los planteos efectuados por su mandante (conf. fs. 87).-
Destaca en este sentido, que si bien la Cámara de Apelaciones señala que la mera cita de artículos constitucionales resulta insuficiente al momento de demostrar que fueron vulnerados derechos de esa jerarquía, lo cierto -según el recurrente- es que los magistrados no consideraron el desarrollo previo que efectuara el actor acerca de la forma en que dichos derechos fueron conculcados (conf. fs. 87 vta./88, en los que el recurrente reproduce también los argumentos ya vertidos en el recurso de casación).- Continúa su desarrollo explicando que -a su entender- la Alzada identifica erróneamente el agravio de “violación de ley” esgrimido al plantear el recurso de casación con la “doctrina de la arbitrariedad” de la Corte Suprema que habilita la vía extraordinaria; destacando que al momento de señalar la valoración de una norma en la vía casatoria no se debe demostrar la violación de derechos constitucionales o de carácter federal, sino que basta con que el agravio se refiera al derecho común para que el recurso sea admitido (conf. fs. 87).
Argumenta que lo expuesto configura una errónea aplicación del derecho -específicamente del art. 3 de la ley 1687- lo cual configura un nuevo motivo de queja.- Reproduce los agravios ya esgrimidos al presentar el recurso de casación, indicando que el ad quem incurrió en el mismo vicio que el magistrado de primera instancia al omitir el tratamiento de los agravios “… referentes al alcance y virtualidad jurídica del acta acuerdo 2005, en donde se planteó la inaplicabilidad del acta acuerdo 2005 a los incrementos remunerativos posteriores por entender que esa es la única interpretación literal y auténtica que puede hacerse de dicha acta, tanto por su texto como por tratarse de un régimen de excepción y provisorio; la inaplicabilidad de la misma al realizar una interpretación armónica del Acta Acuerdo con el CCT y ley laboral, una interpretación ateniéndose a la finalidad de las normas en juego, como asimismo una interpretación realizada a través de los principios del derecho laboral de aplicación de la norma más favorable al trabajador, a la luz del principio de progresividad…” (cfr. fs. 89 vta.).- Considera arbitrario el análisis de la Excma.
Cámara por resultar ajeno a los planteos que efectuara al apelar el fallo de primera instancia, entendiendo que evade su deber principal de resolver las controversias judiciales que se le presentan. Señala que desconoce las normas y principios tuitivos propios del derecho laboral que protegen al actor, y al no ingresar en el análisis de la petición efectuada por su parte, vulnera los derechos constitucionales del Sr. Karcher a peticionar ante las autoridades, obtener tutela judicial efectiva y una sentencia fundada en ley (conf. fs. 90 y vta.).- Señala que al tratar el segundo motivo casatorio (arbitrariedad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones y la forma en que ésta habría violado la ley), se indicó que la interpretación y consideraciones efectuadas por los magistrados resultan ilegales e inconstitucionales al entender que el Acta Acuerdo 2005 es el marco legal que regula la forma de liquidar el rubro Zona Desfavorable.
Al efecto, realiza una reseña de las consideraciones plasmadas en el fallo de Cámara, recordando los antecedentes de la causa, y citando jurisprudencia y doctrina (conf. fs. 91).- Asimismo, reitera en el apartado c) el agravio referido a la omisión de la Cámara de imponer costas a la demandada por el rechazo de la apelación con efecto diferido y que las costas de ambas instancias se hayan impuesto a la parte actora; indicando que para resolver de esta manera se omitió analizar las especiales circunstancias que rodean este caso, en tanto que el conflicto que aquí se ventila es de carácter complejo, no existiendo antecedentes judiciales al respecto.-
A continuación reproduce nuevamente y de manera textual los agravios ya esgrimidos en el recurso de casación, formulando finalmente reserva del caso federal.-
III. Corresponde ahora efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente en cuanto a la admisibilidad del recurso en cuestión y verificar si ha sido bien o mal denegado el recurso de casación (conf.. art. 18° de la ley 1687).-
En el caso que nos ocupa, del examen de la resolución que declara la inadmisibilidad del recurso surge que la Cámara realizó una ponderación razonable de las circunstancias que se cuestionan. En efecto, los Magistrados señalan que “… las alegaciones del recurrente solo exhiben un parecer discrepante con la sentencia, siendo insuficientes para alcanzar el excepcional resultado de la casación en la materia debatida. Es que, los términos del escrito del recurso que se analiza abundan en expresar la opinión de la parte, y carecen de eficaz impugnación…” (cfr. fs. 76).- En cuanto a la presunta confusión respecto de la arbitrariedad señalada por el quejoso, el ad quem explica que “… La tacha de arbitrariedad se refiere a los supuestos de omisiones o desaciertos de gravedad extrema en los que, a causa de ellos las sentencias queden descalificadas como actos judiciales, situación ajena a la sentencia definitiva impugnada. En cuanto a la invocada violación de la ley, es oportuno mencionar lo sostenido por este Alto Tribunal, el que es claro al expresar que ‘… la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos que el recurrente estime equivocados, puesto que su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista, para el caso de una absoluta falta de fundamentación…’ (cfr. Tomo XIV, Interlocutorio, Reg. 1862, Folio 2731/2733)…” (cfr. fs. 76).- Destacamos en este sentido, que el argumento traído a debate mediante la queja trata sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de convenios colectivos de trabajo que, en principio, son ajenos a la casación. Este Alto Cuerpo, en forma reiterada, ha sostenido “... que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (confr. Tomo X, Interlocutorios, Reg.1383, Folio 1924/1926, Tomo II, Sentencias, Reg. 55, Folio 219/222; ídem, Reg. 74, Folio 313/316, entre otros)...” (cfr. Tomo XXIII, Interlocutorios, Reg. 2853, Folio 4494/4497).- Por último, se agravia el quejoso de que el ad quem no diera tratamiento al agravio expresado con relación a la omisión de imposición de costas a la demandada por el recurso de apelación que le fuera denegado.-
Que al respecto, este Alto Tribunal tiene dicho que se encuentra detraída al conocimiento de esta materia en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (conf. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994; Tomo XVII, Sentencia, Reg. 583, Folio 3332/3338).- Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos pertinente efectuar una aclaración al respecto: el recurso de apelación interpuesto por la demandada fue concedido con efecto diferido por el a quo, y ante la omisión de sustento por parte del apelante en segunda instancia el remedio procesal fue denegado (conf. fs. 36 vta.) sin que fuera indicada la forma en que cabía imponer las costas respecto del mismo, por lo que el quejoso considera que la asignación de las costas a su parte efectuada en el punto cuarto del fallo incluye las devengadas por este recurso.
En estos casos se ha dicho que “…No cabe imponer costas, ni consecuentemente regular honorarios a los letrados actuantes, por resultar lo obrado por las partes y el juez, inoficioso dado que, en definitiva, no se intentó por la demandada mantener el recurso de apelación…” (cfr. Montero, R.C. y otros vs. Ángelo Paolo s. Cobro de Pesos, 22/12/93, Paraná –Entre Ríos– Cámara Tercera Laboral Sala 1, Rubinzal Online – RC J 14266/09).- Así, se ha entendido que las costas son “… una consecuencia de la derrota y un corolario del vencimiento, imponiéndose no como sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, que deben ser reembolsados por el vencido…” (ST Santiago del Estero, 2006/02/17, “González de Pereyra María c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/Daños y Perjuicios - Casación”, citado por Osvaldo A.
Gozaini; en “Costas Procesales”, Editorial Ediar, Tercera Edición, Volumen 1, pág. 42); por lo que si tenemos en consideración que el recurso de apelación interpuesto por el accionado no devengó gastos debido a que fue inoficioso, resulta claro que la imposición de costas efectuada por la Cámara en el punto cuarto de su resolución hace referencia al resultado final de la impugnación que efectuara el actor respecto de la sentencia definitiva.-
IV. Por lo expuesto, podemos afirmar que el recurso interpuesto no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el fallo atacado, derivando la crítica de una mera diferencia de criterios que, como tal, no habilita la vía recursiva intentada.-
En razón de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la actora a fs. 79/106, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en a fs. 794/816, de los autos principales, y en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 818/821 vta. de los citados autos, con costas al recurrente en virtud de lo normado en la última parte del citado art. 18 de la ley 1687.- En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la actora a fs. 79/106, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 794/816, de los autos principales, y en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 818/821 vta. de los citados autos, con costas.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales oportunamente, devuélvanse los mismos. Cumplido, archívese la queja.-
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1040I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.130.-
Folio N°: 5.129/5.131.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia