Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa K-1.973/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 120/139.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: K-1.973/14-TSJ Interlocutorio N°: 372.-
Actor: KARCHER CARLOS EDUARDO Demandado: BANCO SANTA CRUZ S.A Objeto: LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 11-3-16 Texto: TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 372 FOLIO Nº 1411/1415 PROT. ELECT. TSS1 004 O.161
Río Gallegos, 11 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados “KARCHER CARLOS EDUARDO c/ BANCO SANTA CRUZ S.A. S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº K-1973/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara el actor a fs. 120/139 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 114/116 vta., que rechaza su recurso de queja y declara bien denegado el recurso de casación por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (conf. fs. 116).- Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el Alto Tribunal (Fallos: 310:1789; 313:934; 332:2813; 333:360) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (conf. Tomo I -Otros Recursos-, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que lo originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- El recurrente suscita la instancia extraordinaria federal alegando la arbitrariedad de la resolución dictada a fs. 114/116 vta., mediante la cual se rechazó el recurso de queja que había planteado a fs. 79/106.-
Argumenta que “…Se configura entonces un supuesto de sentencia arbitraria por violación del art. 18 C.N., al omitir el Tribunal el tratamiento de cuestiones esenciales, no siendo el fallo derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente, vulnerando el derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un fallo que de respuesta a lo peticionado y otorgue la tutela judicial efectiva de mis derechos (art. 14 y 18 CN y art. 8 CADH), en clara violación de los derechos laborales (14 bis CN) y de propiedad (art. 17 CN) del Sr. Karcher...” (cfr. fs. 121 y vta.).- Alega, que “No trató el Excmo. Tribunal de Justicia el agravio concreto articulado por esta parte y que consiste en que el Juez omitió aplicar las normas con jerarquía superior que regían el caso, y que -en concreto- determinan una aplicación antifuncional del derecho y la violación de principios tuitivos básicos del derecho laboral que conforman el denominado ‘orden público laboral…’” (cfr. fs. 129).-
Agrega, que “…El órgano máximo provincial vadeó el agravio, limitándose a rechazarlo reiterando lo dicho por la Cámara, que se limitó a indicar que dicho agravio no podía articularse por ser una mera discrepancia con la sentencia de Cámara y que expresan sólo una opinión de parte carente de eficacia impugnativa…” (cfr. fs. 129 y vta.).-
Seguidamente, reproduce los agravios que expresara con relación a los argumentos brindados por la Cámara de Apelaciones al momento de dictar resolución, para luego concluir que “…Realmente no encontramos una respuesta razonable a lo resuelto por la Alzada, y por ello no podemos sino disentir con el TSJ cuando dice que ‘…la Cámara realizó una ponderación razonable de las circunstancias que se cuestionan…’ y que solo exhibimos ‘un parecer discrepante con la sentencia’, pues es evidente el yerro en el razonamiento de la alzada, que torna a sus conclusiones en arbitrarias y absurdas, por apartarse claramente de la solución normativa prevista, conforme la aplicación del art. 14 bis, art. 7, 8, 9, y 13 LCT (principio protectorio, norma más favorables (sic), condición más beneficiosa), art. 25 CCT 18/75 y ccds.; el art. 2.1, art. 7 y ccds. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P.I.D.E.S.C.), Art. 23 y ccds. de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Art. 2 y ccds. de la Declaración Americana de derechos y deberes del Hombre (DADH); art. 26 y ccds. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 19 inc. 8, y ccdtes. de la Constitución de la OIT; en cuanto vulnera el principio de progresividad y principio de no retrogradación de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho del trabajo; y el art. 75 inc. 22 de la C.N., que les otorga jerarquía constitucional a dichos Tratados Internacionales de Derechos Humanos…” (cfr. fs. 134 vta.).- Se agravia también porque este Alto Cuerpo considerara que el argumento traído a debate mediante la queja resulte ajeno a la casación por tratar sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de convenios colectivos de trabajo.
Sostiene que “…ha quedado demostrado que las cuestiones ventiladas en esta causa son de ‘puro derecho’, pues nos estamos refiriendo al contenido y alcance de las normas en pugna en autos, como de la interpretación que la Cámara hace de las mismas en franca contradicción con el contenido de las normas aplicables en autos y su interpretación a la luz del orden público laboral y el bloque de constitucionalidad de nuestro estado de derecho…” (cfr. fs. 135).- Continúa expresando que “…no debe escapar al elevado criterio de V.E. la trascendencia del fallo en crisis, puesto que sorpresivamente la Cámara avala con su postura el pago en negro a los trabajadores y las normativas precarizantes propias de la década del 90, que fueron tachadas de inconstitucionales por la CSJN, y lo grave es que esa postura se hace desconociendo un CCT que está vigente, y que no solo es el corpus iure que regula orgánicamente las relaciones laborales de los empleados bancarios, sino que sus normas, y en particular el art. 25, son más favorables al trabajador y establecen condiciones más beneficiosas para el trabajador…” (cfr. fs. 135 y vta.).- Manifiesta que “…De todo lo expuesto se colige que la distorsión de conceptos que realiza la Cámara lleva a desvirtuar la esencia misma del derecho laboral, subvirtiendo todos los principios de los institutos del derecho laboral que analiza y aplicándolos en contra de los derechos de los trabajadores y a favor de los intereses del Banco de Santa Cruz, lo que erradamente no fue advertido por el TSJ.
Es que subvierte y aplica antifuncionalmente los principios de la Negociación Colectiva, violando el principio de la norma más favorable y condición más beneficiosa Más en este caso, si se entendiese que hay colisión entre el Convenio Colectivo y un acta provisoria y temporal, deberá estarse a aquello que resulte más beneficioso para el trabajador, principio éste receptado en nuestra normativa interna, (LCT), como asimismo en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el ámbito de la OIT, receptado como principio de progresividad y no retrogradación…” (cfr. fs. 136 vta.).- Sostiene que “…lo fallado por la Cámara, desconociendo el alcance del Acta Acuerdo del 20 de diciembre de 2005, pretende aplicarla para extender sus efectos a supuestos que claramente no son alcanzados por ésta, con la nociva consecuencia de desconocer la letra del art. 25 del CCT que se haya plenamente vigente, violando no solo la ley aplicable sino el principio de interpretación funcional del derecho y el de interpretación más favorable del trabajador…” (cfr. fs. 138), afirmando que “…la omisión de tratamiento de una cuestión tan esencial vulnera el derecho del Sr.
Karcher a peticionar ante las autoridades y obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos garantizado por el art. 14, derecho a una sentencia fundada en ley y justa conformidad al art. 18 C.N., que respete los derechos laborales garantizados por el art. 14 bis y Tratados Internacionales de derechos Humanos con jerarquía constitucional por aplicación del art. 75 inc. 22 CN, art. 7, 8, 9, 13 y ccdtes de la LCT, art. 25 y ccdtes del CCT N° 18/75, y violando los derechos adquiridos de nuestro mandante que se encuentran protegidos por el art. 17 de la C.N….” (cfr. fs. 138 vta.).- Concluye que por los argumentos brindados se advierte la flagrante arbitrariedad de la sentencia.-
A fs. 140 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo quien dictamina a fs. 141/142. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte actora tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo previsto en el artículo 257 del CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa, que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso a la luz de la Acordada Nº 4/2007, que regula los requisitos formales que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y cumple, además, con el recaudo de no superar los veintiséis (26) renglones en cada página (conf. art. 1º de la Acordada Nº 4/2007 citada).-
Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada (cfr. fs. 119 y vta).-
Ahora bien, continuando con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple acabadamente con los recaudos previstos en los incisos d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007.-
Dicho artículo exige, que el recurrente demuestre que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y que es definitiva o equiparable a tal, según la jurisprudencia de la Corte Federal (conf. inc. a)), así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (conf. inc. b)), también la demostración de un perjuicio personal, concreto y actual que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, y que tal menoscabo no haya derivado de su propia actuación (conf. inc. c)), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio.- Sin embargo, no se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artículo 3º, ni del artículo 14 de la ley Nº 48 (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local.-
En el ‘sub lite’ el recurso de casación se declaró bien denegado porque, además de no evidenciarse en la sentencia de Cámara arbitrariedad o errores graves, groseros y manifiestos que condujeran a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, las materias traídas a juzgamiento de este Tribunal eran ajenas a la casación, se trataba, en definitiva, de cuestiones reservadas a las instancias ordinarias (conf. fs. 115 y vta.). Por lo demás, en el pronunciamiento atacado se señaló que este Tribunal ya se había expedido respecto al tratamiento de cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo, indicando que sólo procede su estudio en esta instancia extraordinaria en casos de absurdo o violación de la ley (conf. fs. 115 vta.).- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (conf. inciso d) del artículo 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el apelante debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421; 311:499; 331:2149).- No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (conf. sum. Fallos: 323:1261; 331:809). El recurrente reedita agravios que ya han tenido correcto tratamiento en el decisorio cuestionado, no consiguiendo en ningún momento desvirtuar el razonamiento desplegado en el fallo atacado.-
Por último no se advierte “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas…” (cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inc. e)).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B. “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432). (conf. Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 368, Folio 1392/1396).-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar el recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 y sus citas).- En consonancia con lo ya señalado, la Corte Federal ha establecido reiteradamente que esa doctrina no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum. Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (con. Sum. Fallos: 237:74).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, procede sólo frente a “...desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional” (cfr. el dictamen del Procurador General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 311:1950; v. asimismo Fallos: 323:3139 y el voto de la Dra. Highton de Nolasco en Fallos: 329:646).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.
Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909) (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII -Otros Recursos-, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros).- Por lo demás las críticas que el recurrente dirige contra el resolutorio de este Alto Cuerpo son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la resolución recurrida, que se haya vulnerado “...el principio de progresividad y principio de no retrogradación de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho del trabajo...” o que se haya aplicado “…antifuncionalmente el principio de ultraactividad…”, la violación del “…principio protectorio…de aplicación de la norma más favorable para el trabajado (sic)… el principio de la condición más beneficiosa…” (cfr. fs. 121) y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.- En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia extraordinaria federal, pues se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que, al margen de su acierto o error, no compete al Máximo Tribunal de la Nación revisar (conf. el dictamen de la Procuración General a cuyos fundamentos remitió la Corte Suprema en Fallos: 326:1877).
Todo lo cual lleva al rechazo del remedio federal pretendido.- A mayor abundamiento cabe agregar, sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (en el caso artículos 14 bis -principio protectorio-, 18 -tutela judicial efectiva- y 75, inc. 22 -que otorga rango constitucional a ciertos Tratados Internacionales-); y los Tratados Internacionales (PIDESC, DUDH, CADH y Constitución de la OIT), que tales dichos constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria si no se logra demostrar de qué manera han sido vulnerados tales principios.- Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (conf. sum.
Fallos: 165:62; 266:135 y Fallos 310:2306; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarde para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (conf. sum. Fallos: 310:2306).- En autos el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos constitucionales que considera menoscabados, y que la explicación brindada acerca de la forma en que fueron vulnerados se encuentra basada en una distinta interpretación de la normativa aplicable al caso.-
En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que “…para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión, la cual no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 314:458; 324:1378, entre otros). La arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica…” (cfr. Fallos: 330:3483).- Por otro lado, corresponde recordar que, en principio, las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal-, tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad, es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de Provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (conf. el dictamen de la Procuración General que la Corte hizo suyo en Fallos: 326:621 y sus numerosas citas; v. en idéntico sentido Fallos: 329:4783, entre otros).- Corresponde concluir entonces, que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 120/139.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse los mismos.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau- Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004O.161 Tomo: VIII Interlocutorio: 372.-
Folio N°: 1.411/1415.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia