Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33798-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación intentada por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de agravios, el pronunciamiento dictado el 28/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2026.-
VISTOS estos autos 15.320/2024 caratulados “Kasdorf SA (TF 33.798-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y
I. Que por sentencia de fecha 28/2/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 5535/13 (DE PRLA), recaída en el expediente SIGEA n° 12197-8135-2005, con costas (fs.200/203 de las actuaciones administrativas digitalizadas). Para así resolver, en primer término, reseñó las posiciones de las partes y las constancias de la causa.
A continuación, rechazó el planteo de nulidad efectuado por la importadora respecto de la falta de motivación de la apertura de sumario, toda vez que la misma resultaba subsanable en una etapa jurisdiccional posterior.
Puesto ello de relieve, puntualizó que no se encontraba controvertido que mediante el DIT 04001IT144626E, la firma KASDORF S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Preparaciones que contengan triglicéridos de los ácidos caprílico y cáprico. Derivados de ácidos grasos industriales; preparaciones que contengan alcoholes grasos o ácidos carboxílicos, incluso sus derivados -Los demás PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION;
PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI
COMPREND/DOS EN OTRA PARTE”, que ubicó en la P.A.
3824.90.25.000D, por una cantidad total de 2535 kg, con un valor FOB de 8927,24 dólares estadounidenses.
Explicó que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. artículo 250 del CA- o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Explicó la normativa vigente (Res ANA 127/92 y sus modificatorias y Decreto 1439/96), y puso de relieve que al no existir -en principio- constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudado A esa altura, indicó que, conforme jurisprudencia del TFN, solamente puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Añadió que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Indicó que, de la compulsa de la documentación y la prueba obrante en la causa, se concluía que los permisos de embarque n° 04 001 EC03 033551 D, 33556 X, 33828 K, 37766 P, 41120 R, 41741 D, 05 001 EC03 003094 D, 5951 H, 6279 L, 6289 M, 6301 U y su respectiva Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos mediante la solicitud de CTC n° 0143962/03 descargan 2535 kg de los insumos importados temporariamente. Y aclaró que surgía de la citada solicitud de CTC que para el proceso productivo respectivo se reconoció un porcentaje de pérdidas que en todos los casos asciende al 4% y que no se han originado mermas.
En función de ello, consideró cancelados un total de 2535 kg de la mercadería importada temporariamente, a lo que añadió que los permisos de embarque fueron registrados entre el 21/10/2004 y el 25/2/2005, lo que corrobora que dichas exportaciones fueron perfeccionadas y cumplidas dentro del plazo de permanencia autorizado, cuyo vencimiento operaba el 30/6/2005.
II. Disconforme con lo resuelto, con fecha 17/4/2024, la parte demandada interpuso recurso de apelación, fundándolo en la misma presentación recursiva (conf. esp. fs. 213/223 de las actuaciones administrativas digitalizadas).
Al respecto señaló que la firma actora se acogió voluntariamente a un régimen preferencial, y como tal acarrea ciertos requisitos que, por su causa (situación preferencial), deben ser observados y cumplidos de la forma más estricta.
Destacó que la destinación en trato pertenece al subrégimen de las importaciones temporales con transformación, y en ese sentido es indispensable contar con el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), seguido lo cual explicó su regulación (Decreto 1330/2004, Resolución General AFIP 2147/2006) y señaló que corresponde a los beneficiarios del régimen de importación temporaria (Dto 1429/96), la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
Reiteró que para el régimen de importación temporaria de aquellas mercaderías que requieren un perfeccionamiento industrial, tal como se ha dicho, es indispensable acompañar un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) que acredite la relación insumo-producto, el cual deberá ser agregado en oportunidad de tramitar la Destinación de Importación Temporal que se pretende oficializar. En ese contexto, se agravió por cuanto la sentencia establece la validez de la solicitud de CTC acompañada, sin tener presente que el Servicio Aduanero condenó a la firma apelante, por no haberse cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable para que el Certificado mencionado sea considerado válido.
Explicó que en la sentencia se reconoció que el certificado de tipificación en cuestión no posee firma de la autoridad competente, pero sostiene que tal circunstancia no puede incidir en detrimento del otorgamiento del beneficio del régimen especial, considerando subsanadas las inconsistencias del certificado, haciendo lugar a la pretensión de la actora.
Resaltó que la norma no dice que pueda "acreditarse"
de cualquier modo la relación insumo-producto, y las mermas y/o pérdidas, sino que exige certificado de tipificación válido, validado por la autoridad de aplicación. Y añadió que concederle las ventajas al incumplidor implicaría derogar en la práctica la letra escrita de la norma, para introducirse peligrosamente en interpretaciones que nada tienen que ver ni con su espíritu, ni con sus fines, ni con la voluntad del legislador. Agregó que se pondría de manifiesto una evidente inequidad con las firmas que dieron puntual cumplimiento a la normativa. Como consecuencia directa de lo expuesto, no habiendo dado cabal cumplimiento a los requisitos para que se aplique el régimen de beneficio, no corresponde considerar cancelada la importación temporal.
En tales condiciones resulta aplicable la jurisprudencia reiterada y uniforme del Alto Tribunal en el sentido que el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (Fallos, 299:373), principio que adquiere mayor rigor cuando se trata de acceder a un régimen de beneficio.
Aseveró que el certificado de tipificación, y su presentación oportuna conforme lo requiere la normativa aplicable (con firma de la autoridad competente), es requisito indispensable para acreditar la reexportación de la mercadería involucrada.
En definitiva, indicó que de su simple lectura surgen las deficiencias a las cuales hace referencia, en cuanto a la falta de firma por parte de la autoridad competente que emite la certificación.
En base a todo lo argumentado y de los elementos probatorios agregados a las presentes actuaciones, se desprende en forma indubitable –según la recurrente– que la mercadería no resulta ser amparada por ningún certificado de tipificación de importación temporal, toda vez que aquél que ha sido presentado no posee la correspondiente firma de la autoridad de aplicación. Lo cual, a su entender, determinaría la pérdida de la exención tributaria que beneficia la operación realizada. Por todo lo expuesto, solicitó se revoque la decisión recurrida en cuanto ha sido materia de agravios, con costas.
III. Expuesto lo anterior, cuadra indicar que a esta altura únicamente se encuentra discutido el alcance de la solicitud de CTC n° 0143962/03, a los fines de acreditar la reexportación de la mercadería en el caso.
Y en cuanto refiere a la normativa aplicable al caso bajo estudio, debe destacarse que la recurrente no señaló la existencia de error en el régimen tenido en consideración por el TFN, en cambio, manifestó en su relato que la normativa aplicable era otra (el TFN indicó que se encontraba vigente el Decreto 1439/96 y la Resolución 127/92, mientras que la Aduana en su recurso indicó que la operación se produjo durante la vigencia del Decreto 1330/2004, Resolución General AFIP 2147/2006).
Así las cosas, no se encuentra discutido que mediante el DIT 04001IT144626E, oficializado el 28/06/2004, la firma KASDORF S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Preparaciones que contengan triglicéridos de los ácidos caprílico y cáprico. Derivados de ácidos grasos industriales; preparaciones que contengan alcoholes grasos o ácidos carboxílicos, incluso sus derivados -Los demás PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION;
PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI
COMPREND/DOS EN OTRA PARTE”, que ubicó en la P.A.
3824.90.25.000D, por una cantidad total de 2535 kg, con un valor FOB de 8927,24 dólares estadounidenses.
Tampoco que en los permisos de embarque n° 04 001 EC03 033551 D, 33556 X, 33828 K, 37766 P, 41120 R, 41741 D, 05 001 EC03 003094 D, 5951 H, 6279 L, 6289 M, 6301 U y su respectiva Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos mediante la solicitud de CTC n° 0143962/03, se descargan 2535 kg. de los insumos importados temporariamente, sin perjuicio del alcance que se le otorgue a dicha solicitud.
Asimismo, en cuanto a la plataforma fáctica, cabe añadir que de las constancias de las actuaciones surge que la solicitud de CTC n° 0143962/03 fue presentada ante la Dirección de Promoción de Exportaciones el día 7/8/2003 por la firma Kasdorf SA; que la misma contaba con informe técnico del INTI de fecha 5/9/2003 (que daba cuenta que el proceso productivo, las relaciones insumo/producto y las pérdidas eran adecuadas); que con fecha 19/7/2004 la firma solicitó se otorgue el correspondiente certificado de tipificación a la brevedad posible y, finalmente, que con fecha 4/4/11 se dispuso su archivo, en virtud de que el régimen de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial establecido por Resolución ex MEYOYSP 72/92 y normas reglamentarias fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto 1330/04 (ver fs. 120/148 de las actuaciones digitalizadas).
IV. Así las cosas, recuérdese que:
-la destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo (conf. artículo 250 del Código Aduanero); -la mercadería que hubiera sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiera vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar; b) no se cumpliera con las obligaciones impuestas como condición de otorgamiento del régimen, salvo que se tratare de obligaciones meramente formales. En tales supuestos, quien hubiera importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiera (conf. artículo 274 del Código Aduanero);
-quien no cumpliera con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de una a cinco veces el importe de los tributos que gravaran la importación para consumo a la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada (conf. artículo 970 del Código Aduanero); y -el incumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo (conf. artículo 972 del Código Aduanero).
-el beneficiario del régimen de importación temporal deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC), a cuyos efectos ha de presentar ante la por ese entonces Secretaría de Industria y Comercio una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos no tienen valor comercial; debiendo el importador sustituir dicha declaración jurada por el CTC en el momento de la cancelación del Despacho de importación temporaria (conf. artículo 8° de la resolución ex MEyOSP 72/1992);
-la ex Secretaría de Industria y Comercio ha de dictaminar sobre las declaraciones juradas de insumos, mermas, sobrantes y residuos, presentadas por los beneficiarios del régimen sobre la base de la Declaración Jurada que hace referencia el artículo 8º que se acaba de referir, y emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación, que mantendrá validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada (conf. artículo 9°, 1° párrafo, de la resolución ex MEyOSP 72/1992); contando a efectos de librar el mencionado documento con noventa días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen (conf. artículo 9°, 3° párrafo de la resolución ex MEyOSP 72/1992);
-el beneficiario de la importación temporaria deberá declarar en el permiso de embarque el número del CTC y el de circular interna en la cual hubiera sido publicado o el número de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos cuando no se hubiera otorgado aquel certificado (conf. resolución ex ANA 127/1992 y sus modificaciones, en especial la resolución general 479/1995, esp. artículo 4.1.a);
-al fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el artículo 9º de la resolución ex MEOySP 72/1992, el interesado ha de intimar por escrito a la ex Secretaría de Industria y Comercio cinco días antes del vencimiento del plazo de noventa días contemplado en el mencionado artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado; término que se computará a partir de la fecha de presentación de la declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos al efecto. Tal intimación ha de ser efectuada por nota con indicación del número de solicitud de CTC presentada por la Mesa General de Entradas y Salidas de la Secretaría (conf. artículo 18 de la resolución ex SIyC 18/1992).
Cabe añadir que el decreto 1330/2004 fue publicado el 1/10/2004 y que en su artículo 37 expresamente establece que “La Resolución Nº 72 del 20 de enero de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y complementarias, y el Decreto Nº 1439 del 11 de diciembre de 1996, quedan derogados a partir de la fecha en que comience a regir el presente decreto, sin perjuicio de lo cual seguirán aplicándose a aquellas operaciones que se hayan cursado al amparo de los mismos. Asimismo, los Certificados de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) emitidos en virtud de las normas citadas en el presente artículo, mantendrán su validez en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”.
V. En ese contexto, cabe señalar que, tratándose la importación temporal de un beneficio de excepción al régimen general, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas-, recae indudablemente en su beneficiario (conf., en igual sentido, esta Sala, en autos 54.327/2014 “Just International Latam SA c/EN - AFIP - DGA s/Dirección General de Aduanas”, resol. del 20/10/2020 y su cita; entre otros).
En efecto, el beneficiario es el obligado a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo y CTC), el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador el que ha de demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente (conf. esta Sala, en autos 25.886/2023 “Carraro Argentina SA (TF 30.838-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/4/2024; entre otros).
VI. Ahora bien, en el caso, según fuera previamente referenciado, la autoridad aduanera consideró que la parte actora habría incurrido en la conducta tipificada por el artículo 970 del Código Aduanero, a cuyos efectos consideró insuficiente la documentación que tuvo a disposición para determinar la reexportación en tiempo y forma de los insumos importados temporalmente, en particular por no obrar entre los antecedentes los CTC definitivos, correspondientes a la solicitud de CTC n° 0143962/03.
A esta altura cabe señalar que conforme se desprende de las constancias de la causa, la operación aquí involucrada fue documentada bajo la vigencia del Decreto 1439/1996 y de la Resolución 127/92 (complementaria de la resolución 72/1992), normativa que ha de ser considerada conjuntamente con la previsión del artículo 37 del decreto 1330/2004, en cuanto establece que las operaciones cursadas al amparo de la normativa anterior seguirán rigiéndose bajo las previsiones de aquellas.
Por lo que cabe señalar que no le asiste razón a la parte demandada respecto de la normativa bajo la cual se debe encuadrar la operación bajo estudio.
VII. Puesto ello de relieve, examinado el caso a la luz de los agravios propuestos por el recurrente, el Tribunal considera que por los fundamentos que se expondrán, la decisión adoptada ha de ser confirmada.
Es que el recurrente no se hace cargo de las previsiones normativas vigentes al momento de la operación, como así tampoco de la petición efectuada en el marco de la solicitud y sus consecuencias.
Es decir, omite tener en cuenta tanto la fecha en que fue iniciada la solicitud del CTC, como la del pedido relativo a que se expida el CTC definitivo -y sus consecuencias-, limitándose a referir y reiterar que no fue acompañado el CTC definitivo, cuestión que no se encuentra discutida.
De manera que, tras analizar con detenimiento la normativa aplicable al tiempo de los hechos en materia del certificado en cuestión y la prueba obrante en la causa, surge que la firma actora peticionó, en el marco de la solicitud del CTC, que se expidan los mismos a la mayor brevedad posible, conforme ya fuera detallado, por manera que debe estarse a la presunción establecida en el artículo 9°, 3° párrafo, de la resolución ex MEyOSP 72/1992.
Pues bien, revisado lo hasta aquí actuado, ponderando la prueba obrante en las actuaciones administrativas, así como en el expediente tramitado ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se considera que la parte recurrente no se ha hecho cargo ni de la normativa vigente ni de las constancias de la causa para dar sustento a sus manifestaciones. De este modo, conforme lo hasta aquí expuesto, se advierte que la decisión adoptada parte de un análisis y ponderación bien distinto del seguido por el recurrente.
En línea con lo que se viene sosteniendo, cuadra precisar que la decisión adoptada motivo de revisión ante esta instancia judicial, no desconoce que, atento a la especialidad del régimen al que voluntariamente se acogió la importadora, se encontraba a su cargo demostrar su cumplimiento, sino estrictamente que, en el entendimiento de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dado el modo en que fue desarrollada la actuación sumarial, correspondía tener por cumplida la reexportación de la mercadería en función de la solicitud del CTC mencionada -y las constancias que surgen de dicho trámite-; conllevando ello la revocación del acto aduanero.
VIII. Con asiento en lo hasta aquí expuesto, el Tribunal entiende que los agravios propuestos por el Fisco Nacional en modo alguno revelan error ni arbitrariedad en el temperamento adoptado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, que justifique apartarse de sus conclusiones, a las que, por consiguiente, cabe estar.
A todo evento, recuérdese que conforme la normativa imperante, la ponderación que el Tribunal Fiscal de la Nación haga de los hechos, constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever en esta instancia en atención a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (conf. artículo 1180 del Código Aduanero). Por tanto, en la medida en que no se advierta un error de magnitud suficiente, no corresponderá examinar la ponderación que de las cuestiones de hecho se haya efectuado, toda vez que resultan del ejercicio por ese organismo jurisdiccional de sus facultades propias a fin de apreciar las pruebas (conf. CSJN, Fallos, 300:985; y esta Sala, en autos 7867/2024 “Spina, Fabián Oscar - TF 27.382-A y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/11/2024; entre otros); lo que, conforme se acaba de explicar, con asiento en las postulaciones recursivas traídas a conocimiento del Tribunal, no se verificaría en la especie.
IX. En función de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de agravios, el pronunciamiento dictado el 28/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
X. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial han de ser soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación intentada por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue materia de agravios, el pronunciamiento dictado el 28/2/2024 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia