Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por Título I de la Ley 27.743 en cuanto a los montos incluidos en el acogimiento en concepto de capital y accesorios que derivan del art.6 inciso b) la norma citada, en tanto éstos se encuentran discutidos en autos. Las costas sobre dichos conceptos se imponen a cargo de la actora 2) Declarar condonados los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior. Costas en el orden causado.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la patrocinio letrado en la suma de $649.828 (Pesos seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho) y por la representación procesal, la suma de $259.931 (Pesos doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y uno), teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley No 21.839, modificada por la Ley No 24.432, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 27.743 y el artículo 38 inciso b) de la Resolución General (AFIP) N° 5525/2024.
4Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Rafael De Luca, en la suma de $ 265.838 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho), en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-128132552-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Noviembre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala C del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7a. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8a. Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal subrogante de la 9a. Nominación), a fin de resolver la causa N° 44.071-I, caratulada: “KAST FREIRE, MAGDALENA s/recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
Que a fs. 127/144 vta. la actora interpone recurso de apelación contra las resoluciones Nos. 73/2015 (DV RNEU) y 74/2015 (DV RNEU) ambas de fecha 26/06/2015 dictadas por el Jefe (Int.) a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante las cuales se determina de oficio en forma parcial el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, respectivamente, y se liquidan los intereses resarcitorios, ambos por el período fiscal 2006, quedando en suspenso la aplicación de posibles multas en virtud de los dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769, entonces vigente.
Que el Fisco Nacional habría detectado, por medio de información proporcionada por la Administración Francesa en el marco del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, la existencia de una cuenta en una entidad financiera radicada en la Confederación Suiza a nombre de la recurrente, la cual no habría sido declarada en el período 2006 en los impuestos mencionados precedentemente.
Que la recurrente, en su escrito inicial, plantea la improcedencia de los ajustes practicados por cuanto expresa que la propiedad de los fondos de la citada cuenta pertenecen a su tía -según sus dichos-, toda vez que, esta última habría reconocido su titularidad y además presentó las declaraciones juradas por los períodos no prescriptos a la fecha de regularización —rectificativas—. Agrega que allí incluyó la cuenta N°9072079003 del Banco HSBC Private Bank (Suisse) desde el año 2008 hasta el cierre de ésta en el año 2011 y en los años siguientes incorporó una nueva cuenta abierta ese año con los fondos provenientes del cese anterior.
Que, asimismo, considera que la determinación a ella practicada, particularmente en el Impuesto a las Ganancias, resulta arbitraria al considerar el total del saldo de la cuenta bancaria al 30 de noviembre de 2006, ignorando la existencia del saldo inicial al 31 de diciembre de 2005.
Que expresa que, además de ser improcedente conforme las normas tributarias sustantivas, se aparta de la instrucción 2/2015 emitida por el mismo organismo fiscal para casos como el que se discute.
Que sostiene que las resoluciones apeladas son nulas por cuanto en ellas se valora arbitrariamente la prueba pericial producida en sede administrativa. En el mismo sentido, advierte que las planillas que conforman la documentación base del ajuste no tienen identidad probatoria en virtud de haber sido obtenida la información por medios ilícitos por violación de las leyes de la Confederación Suiza por parte del Sr. Hervé Falciani, técnico informático que prestaba servicios al Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Es por ello que considera que corresponde desecharlas como elementos probatorios de conformidad con la regla de la “exclusión probatoria” o doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Que, de igual manera, expresa que resulta inapropiado el uso del Convenio citado suscripto por nuestro país y la República Francesa ya que no admite el pedido de información sin previa existencia de acciones fiscalizadoras locales ni en relación a hechos acontecidos en su totalidad fuera del territorio de las partes contratantes.
Que del mismo modo, se agravia de la falta de constatación de la veracidad de la información contenida en las planillas al no haber sido autenticadas por la entidad bancaria ni por las autoridades fiscales suizas o francesas ni constatar el seguimiento de protocolos de autenticidad de información sistémica.
Que pone de manifiesto que la ausencia de traducción pública de las mencionadas planillas redactadas en idioma francés vulnera la disposición contenida en el art. 28 del Decreto 1759/72 y afecta el ejercicio de su derecho de defensa. Que señala que de las planillas y de otros elementos obrantes en los antecedentes administrativos no hay indicio válido que indique que la cuenta en cuestión sea de su propiedad. La indicación “account holder” no implica que le corresponda la propiedad de los fondos en particular si se individualiza a otra persona como “beneficial owner”. Agrega que surge de la investigación que su estilo de vida no armoniza con la hipotética propiedad de una cuenta bancaria de esa envergadura. Que hace hincapié que de las planillas nombradas surge que su tía es la propietaria de los fondos y que ella misma ha manifestado ante escribano público que son de su exclusiva y única propiedad, y que los demás cotitulares, presentes o pasados, no han detentado ni detentan derechos de propiedad respecto de los mismos, ni operan ni han operado en las referidas cuentas.
Que aclara que la cuenta indicada correspondía al número de cliente 2079003 bajo el cual se encontraban consolidadas las inversiones en títulos y valores (porfolio) y los fondos líquidos, y las cuentas corrientes Nos. 10382998 y 10392980. En la actualidad la misma se encuentra cerrada y fue abierta otra cuenta en el mismo banco con dichos fondos cuyo porfolio se encuentra consolidado bajo el Nro 5343224, vigente en la actualidad.
Que destaca que su tía la incluyó a ella y a su hermana (hoy fallecida) como cotitulares de la cuenta dado que no tiene hijos, con el fin de contar con personas de confianza que ante imposibilidad o su desaparición física pudieran administrar o disponer de esos fondos.
Que invoca prescripción del período fiscal en cuestión, agraviándose sobre la aplicación, por parte del ente fiscal para efectuar los ajustes mencionados supra, de las suspensiones previstas en las leyes 26.476 y 26.860 y plantea la inconstitucionalidad de dicha normativa.
Finalmente, expresa que los intereses resarcitorios por cuanto accesorios del principal, se tornan improcedentes. Ofrece prueba, cita jurisprudencia y solicita se dicte sentencia haciendo lugar a las consideraciones expuestas y revoque las resoluciones apeladas con imposición de costas a cargo de la AFIP.DGI.
II. Que, a fs. 234/261 vta. se presenta el Fisco Nacional, contesta el recurso interpuesto, niega los hechos alegados, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y solicita el rechazo de los planteos de nulidad y prescripción, y se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 448 la recurrente informa que regularizó la obligación apelada en los términos de la Ley N° 27.743, acompaña las declaraciones juradas correspondientes, el formulario F. 408/PD, el Formulario F. 1003 y detalle del plan de pago creado a sus efectos (vide fs. 453vta.).
IV. Que a fs. 464 se confiere traslado al ente recaudador de lo manifestado por la actora, quien responde a fs.474/474 vta. informando que las obligaciones que dieron origen a las determinaciones de oficio discutidas en autos fueron incluidas en el plan de facilidades de pago N° T404743, consolidado el 28/08/2024, correspondiente a la ley 27.743. Respecto de las causales de exclusión establecidas en el artículo 4º (inc.j y l) de la citada norma, expresa que la contribuyente de marras no se encuentra incursa en las mismas. Finalmente destaca que lo manifestado no importa aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la ley 27.743; situaciones éstas que serán discernidas por el área competente para la recepción o trámite del referido acogimiento.
V. Que oportunamente se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “C”.
VI. Que en esta oportunidad corresponde a este Vocal Instructor pronunciarse únicamente sobre el desistimiento planteado.
Que por el Título I de la ley 27.743 (B.O. 8/7/2024) se estableció un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, a fin de que los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 inclusive o infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con dichas obligaciones.
Que para el caso de aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa (incluidas las causas ante este Tribunal Fiscal) o judicial, dicha ley estableció como requisito previo para acceder al régimen allí previsto, que los interesados deberán allanarse y/o desistir, incondicionalmente de las acciones, los reclamos y recursos en trámite, renunciando a toda acción y derecho por las obligaciones y montos regularizados, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (arts. 3° de la Ley N° 27.743 y art. 35 de la Resolución General N° 5525/2024).
Que surge de las constancias de autos que la recurrente se acogió al régimen previsto en la Ley 27.743 incluyendo la suma determinada en autos, que cumplió con el desistimiento de la acción y del derecho, incluso el de repetición antes referido, acompañando el F. 408/PD, el Formulario F.1003, el detalle de las obligaciones regularizadas y del plan citado, y el VEP de donde surge la cancelación del mismo en un pago al contado (vide fs. 450 vta/454 vta. y 461/462 vta.). Asimismo, es de destacar que la actora no se encuentra incursa en alguna de las causales de exclusión del art. 4° de la citada ley. Que en efecto, ajustándose lo expuesto a lo estipulado por la Ley 27.743, corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por dicha norma en cuanto a los montos determinados en concepto de capital e intereses resarcitorios, éstos últimos en la proporción que deriva del art. 6° inciso b) de dicha normativa atento haber formulado su acogimiento dentro de los treinta y un (31) días corridos y hasta los sesenta (60) días corridos desde la entrada en vigencia de la Resolución General N° 5525/2024 (B.O. 16/7/24). Las costas se imponen a cargo de la recurrente. Se deja constancia que los honorarios a su cargo quedan reducidos en la forma dispuesta por el art. 9 de la ley 27.743 y art. 38 inciso b) de la R.G. 5525/2024.
VII. Que por otro lado, el citado art. 6 inciso b) de la ley 27.743 establece la condonación del sesenta por ciento (60%) de los intereses resarcitorios devengados a la fecha de adhesión como beneficio a partir del desistimiento formulado y los plazos de acogimiento.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en dicha normativa, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios en la proporción indicada en el párrafo precedente.
Que en lo que respecta a las costas teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de este Tribunal, éstas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la patrocinio letrado en la suma de $649.828 (Pesos seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho) y por la representación procesal, la suma de $259.931 (Pesos doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y uno), teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley No 21.839, modificada por la Ley No 24.432, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 27.743 y el artículo 38 inciso b) de la Resolución General (AFIP) N° 5525/2024.
Asimismo, cabe regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Rafael De Luca, en la suma de $ 265.838 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho), en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos, el monto del litigio y demás pautas establecidas en el art. 3º inc. e) del decreto Ley Nº 16.638/57, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el arts. 9 de la ley 27.743 y 38 inciso b) de la Resolución General (AFIP) N° 5525/2024, en concordancia con lo fijado por el art.478 del C.P.C.C.N. en cuanto dispone que “Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos”.
Se deja constancia que todos los honorarios regulados se encuentran a cargo de la actora y no incluyen el IVA. La Dra. Marmillon dijo:
Adhiero al voto que antecede, con excepción de la regulación de honorarios obrante en el último párrafo del considerando VII efectuada a favor del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional –Rafael de Luca-, la que a criterio de la subscripta no debe ser motivo de reducción alguna en el entendimiento que conforme surge del art. 98 de la ley procedimental y al que reenvía el art. 38 de la RG 5525/24, ésta solo se encuentra dirigida a los “abogados que ejerzan la representación y patrocinio del Fisco”.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Que en atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por Título I de la Ley 27.743 en cuanto a los montos incluidos en el acogimiento en concepto de capital y accesorios que derivan del art.6 inciso b) la norma citada, en tanto éstos se encuentran discutidos en autos. Las costas sobre dichos conceptos se imponen a cargo de la actora 2) Declarar condonados los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior. Costas en el orden causado.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la patrocinio letrado en la suma de $649.828 (Pesos seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho) y por la representación procesal, la suma de $259.931 (Pesos doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y uno), teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley No 21.839, modificada por la Ley No 24.432, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 27.743 y el artículo 38 inciso b) de la Resolución General (AFIP) N° 5525/2024.
4. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Rafael De Luca, en la suma de $ 265.838 (Pesos doscientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho), en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos, el monto del litigio y demás pautas establecidas en el art. 3º inc. e) del decreto Ley Nº 16.638/57.
5. Se deja constancia que todos los honorarios regulados se encuentran a cargo de la actora y no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.11.17 16:54:47 -03:00 Date: 2025.11.18 11:59:10 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.18 12:18:51 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.18 12:18:52 -03:00
Fin de la sentencia