Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121976331-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Noviembre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 34.261-I caratulado “KATZ, JAIME ELÍAS s/ Apelación”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 76/106 se interpone recurso de apelación contra la Res. 95/2010 que determinó de oficio el IVA, por los períodos 7/2005 a 8/2008, con más los intereses resarcitorios. Asimismo, se difirió la aplicación de la sanción (cfme. art. 20, ley 24.769 vigente al momento de los hechos).
La actora se agravió por no haberse tratado la nulidad articulada en la instancia anterior por no haberse formulado cargo alguno en la vista corrida. Entendió que se violó su derecho de defensa -cfme. art. 1°, inc. f) y 7°, incs. c) y d), ley 19.549-, en atención a que las pruebas ofrecidas (instrumental, informativa y pericial) fueron rechazadas sin sustanciación y con fundamentos arbitrarios, sin haberse verificado ni comprobado la invalidez de la documentación respaldatoria de las compras, lo que llevó al juez administrativo a efectuar manifestaciones carentes de causa sobre hechos falsos y antecedentes inexistentes. También se agravió porque el fisco no determinó la materia imponible del IVA en la parte dispositiva de la resolución apelada, porque la impugnación de las declaraciones juradas (ddjj) decidida en el art. 1 de la resolución apelada anuló a todos sus componentes, incluido el monto de las ventas declaradas que constituyen la base imponible del IVA, dejando un vacío –en relación a la materia imponible- no reconstruido por los artículos siguientes del acto determinativo y violando las disposiciones de los arts. 17 y 34 y 35 de la ley 11.683.
Advirtió que el crédito fiscal cuestionado por la AFIP-DGI no se encuentra impugnado o por lo menos no se desprende de la parte resolutiva del acto apelado. Agregó que no se individualizaron las operaciones desconocidas, generándose un vacío en el acto que se recurre que lo convierte en incompleto e irregular y genera, a su criterio, una afectación directa al derecho de defensa.
Destacó que la descalificación de los contribuyentes APOC que utiliza la AFIP-DGI, genera un ataque directo al proveedor pero, en el caso, pone en indefensión al Sr. Katz. Asimismo, consideró irregular al acto administrativo a través del cual se incluye a un contribuyente en la base APOC, por no ser notificado ni los responsables ni los afectados.
Adujo que el juez administrativo violó todo el conjunto normativo vigente que acredita y respalda al crédito fiscal computado por el Sr. Katz, para determinar un crédito fiscal menor al declarado, agregando que las afirmaciones de los inspectores refieren a la vida particular de los matarifes y que en nada incumbe al recurrente. Enfatizó que el juez administrativo no se refiere ni analiza respecto de: 1. La existencia de los matarifes impugnados, 2. La cantidad de ganado faenado y subproductos (cueros) comercializados, y 3. La situación regular que revestían los matarifes al momento de las operaciones, que se encontraban debidamente habilitados por la ONCCA y la AFIP y el cumplimiento de su parte de todas las obligaciones del contribuyente contratante en un acto comercial como lo es la compraventa de cueros. En este sentido, destacó que las afirmaciones de los inspectores relativas a que los matarifes proveedores carecen de capacidad económica no puede dar lugar ni “habilitar” el procedimiento de determinación de oficio, ni ser el fundamento con el que se pretende hacer caer el crédito fiscal computado en sus ddjj.
Consideró que las facturas respaldatorias de las compras realizadas fueron impugnadas sin que se haya verificado al sujeto que perfeccionó los hechos cuestionados con el fin de comprobar la veracidad o falsedad de los documentos que fueron tachados en cabeza del comprador.
Observó que la parte dispositiva de la resolución apelada prueba su manifiesta ilegitimidad por haber omitido determinar de oficio la materia imponible sujeta al gravamen de conformidad a los previstos del artículo 10 de la ley del IVA, para que el acto determinativo cumpla con la finalidad perseguida. Manifestó que si la resolución impugnó las declaraciones juradas pero omitió determinar la materia imponible tachada no constituye un acto determinativo de oficio al no cumplir con la finalidad perseguida y agregó que los vicios que se ven afectados son graves y manifiestos.
Resumió que la falta de capacidad operativa de los proveedores que fundó su inclusión en la base APOC, no acredita la inexistencia de los cueros transferidos a Katz.
Hizo hincapié en que las actuaciones correspondientes a los procedimientos de fiscalización y de determinación de oficio comprueban que la AFIP nunca verificó la documentación respaldatoria del crédito fiscal impugnado.
Advirtió que en los informes de las inspecciones realizadas a los matarifes considerados apócrifos, éstos no fueron fiscalizados, ni intimados, ni analizada la prueba relativa a las compras efectuadas sino que el único propósito fue trasladar la obligación de pago al Sr. Katz. Adujo que los proveedores se encontraban debidamente registrados como matarifes, habilitadas sus matrículas como matarifes abastecedores por la ONCCA y debidamente inscriptos ante la AFIP-DGI, al momento de efectuar las compras y que cualquier aplicación retroactiva de la condición de apócrifos de los mismos resulta improcedente. Destacó que uno de los requisitos exigidos por la autoridad competente para tramitar la matrícula de matarife constituye la presentación de un estado de situación patrimonial del interesado, para que tramite el pedido, que es evaluado por la autoridad previo al otorgamiento o rechazo de la matrícula solicitada, por lo que la capacidad económica y operativa de dichos matarifes fue evaluada oportunamente por la ONCCA, previo a otorgarse las matrículas correspondientes.
Sostuvo que todas las verificaciones desarrolladas por el organismo, tanto en los proveedores como en los frigoríficos donde operaron como usuarios de faena, corroboran la existencia de los matarifes, de la faena de ganado de su propiedad y del cuero comercializado.
Mencionó que las operaciones comerciales se respaldaron en el absoluto cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos por las normas que rigen los actos jurídicos en general y, el IVA en particular.
Luego de efectuar consideraciones respecto del principio de realidad económica, ofreció prueba y solicitó que se haga lugar al recurso de apelación, con costas.
II. Que a fs. 820/847vta. la representación fiscal contestó el traslado del recurso interpuesto, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, la confirmación de la resolución recurrida, con costas.
III. Que a fs. 854 se abrió la causa a prueba, a fs. 1071 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C” y se pusieron autos para alegar, haciendo uso de su derecho sólo el fisco a fs.1089/1095. A fs. 1097 se pusieron los autos a sentencia.
IV. Que con relación a los planteos de nulidad formulados por la actora y que fueron relatados en el segundo párrafo del Considerando I, cabe tener presente lo afirmado por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (CSJN, Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
En este sentido, debe precisarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que llevaron al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen su dictado.
En este contexto, cabe tener presente que tampoco se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el "sub lite".
Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa donde la recurrente tuvo ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida la actora vio afectada la garantía de la defensa en juicio, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, en atención a que tal como surge del propio acto apelado, el fisco expuso las razones por las que denegó las probanzas propuestas (v. fs. 144 y 145), y como ya se expuso, la actora tuvo oportunidad de ofrecer nuevamente la prueba en sede de este Tribunal.
Asimismo y con relación al agravio relativo a la ausencia de cargo en la vista conferida, debe señalarse que existen actos preliminares o preparatorios tendientes a instrumentar el procedimiento dispuesto por el art. 17 de la ley 11.683, como lo es el acto por el cual se corre vista al contribuyente de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos formulados por el fisco. En esta línea, cabe precisar que la finalidad de la vista es iniciar el procedimiento de determinación de oficio, garantizándose el derecho de defensa del contribuyente en el que se contempla como requisito legal que conste claramente el cargo formulado y, en su caso, el encuadre normativo que surge “prima facie” del acto u omisión constatados y su debida notificación, lo que –a criterio del suscripto- se encuentra debidamente cumplido en autos (fs. 261/266, a.a.). Este acto se relacionará –luego- con uno posterior en el que se evaluará no sólo el ajuste con los cargos anunciados sino también la conducta del presunto responsable a la luz del encuadre normativo efectuado –como se afirmó- prima facie, pero teniendo en cuenta las constancias y argumentos del descargo y la prueba producida por el contribuyente.
Conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis del acto apelado como de las actuaciones seguidas por el fisco no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución, ni que haya existido agravio fundado alguno al derecho de defensa de la apelante, resultando su planteo en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver. Por ello, corresponde rechazar el planteo de la actora.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
V. Que en lo atinente al fondo de la cuestión, de las actuaciones administrativas acompañadas (v. informe final de inspección obrante a fs. 247/259, Cpo. Ppal. IVA Nro. 2 y cuerpos auxiliares de cada proveedor, obrantes en el cuerpo “informes finales proveedores APOC”) y de la resolución apelada surge que la recurrente es una persona física, cuyas actividades declaradas son “venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados”, “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de Dirección en sociedades excepto las anónimas”. El origen del cargo se generó a raíz de los antcedentes remitidos por la División a fin de impugnar un crédito fiscal proveniente del contribuyente apoc., Rodríguez, Sergio Andrés.
A tal fin, corresponde analizar, en primer lugar, los elementos colectados y adjuntados en los antecedentes administrativos que motivaron el ajuste fiscal, para luego considerar las pruebas arrimadas por el contribuyente en autos.
1.Sucesión de Juan Carlos Gómez: Se encuentra incluido en la base APOC desde 10/2003, sin capacidad operativa y desde 07/2007 como prestanombres. Según declaraciones del Sr. Juan Carlos Gómez. Las compras de hacienda (que él faena), ventas, pagos y cobranzas los realiza el Sr. Katz. Los remitos y facturas se encuentran en el estudio del CP Criado. No posee automotores ni carnicerías. No posee empleados en relación de dependencia. Su esposa declaró que el Sr. Gómez era empleado administrativo del Sr. Katz, que nunca realizó operaciones comerciales ni era matarife y que le firmaba cheques en blanco al Sr. Katz. De los cheques del Banco Industrial se aprecia que no fueron emitidos a nombre del proveedor sino del Sr. Katz, apareciendo él mismo o su esposa -Juana Torres- como beneficiarios de los cheques (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 1/4, Cpo. Contr. Suc. de Juan Carlos Gomez, fs. 7/12, 15, Cpo. IVA, fs. 10, 219, aa).
2.Vera, Mario Arnaldo: Se encuentra incluido en la base APOC sin capacidad económica, no declara empleados, posee pagos como trabajador autónomo, no posee inmuebles, posee un automóvil Fiat Duna 1994. La imprenta declara que no se realizaron trabajos durante el período 2007, de la circularización al Banco Santander Río surge que la totalidad de los cheques el beneficiario es el Sr. Katz, con lo que se demuestra el retorno del dinero que primeramente el inspeccionado pagaba las facturas emitidas y posteriormente el retorno del dinero por parte del Sr. Vera al inspeccionado. Si bien el Sr. Vera, manifestó mediante acta del 06/05/2008 que mantuvo operaciones con el Sr. Katz a quien le vendía carne, nunca aportó documentación respaldatoria (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 5/8, Cpo. Contr. Mario Arnaldo Vera, fs. 20/74, Cpo. IVA, fs. 11, 219, aa).
3.Vera, Rubén Gustavo: Se encuentra incluido en la base APOC como prestanombre del Sr. Katz sin capacidad económica, se detectaron compras sin documentación respaldatoria, no posee bienes registrables, su contador coincide con la mayoría de los proveedores impugnados (CPN Criado), falta de coincidencia entre lo informado por los proveedores y lo registrado en el libro IVA compras. De la circularización a la Banca del Lavoro, los cheques girados por el Sr. Vera fueron a proveedores que no son suyos y se encuentran incluidos en la base APOC -y en algunos casos cobrados o girados al Sr. Katz-. Según sus declaraciones, los cheques entregados al Sr. Katz fueron a cambio de dinero en efectivo. Estos préstamos luego se descontaban de la venta de cuero a su único comprador, el Sr. Katz cuando se faenaban los animales sin que el Sr. Katz le cobrase interés alguno por ese adelanto de efectivo. Estos valores fueron acreditados en la cuenta corriente de Jaime Elías Katz en el HSBC. Los cheques informados por el Sr. Katz y girados sobre su cuenta del HSBC como medios de pago por sus compras de cueros a Rubén Vera. No se emitieron a nombre de éste sino de otros proveedores del Sr. Katz. En la imprenta que supuestamente imprimió las facturas, declararon que las mismas las encargó, pagó y retiró la secretaria del Sr. Katz (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 9/16, Cpo. Contr. Ruben Gustavo Vera, fs. 8, 22, Cpo. IVA, fs. 12, 219, aa).
4. Anastasio, José Rubén: Se encuentra incluido en la base APOC sin capacidad económica. No registra alta como empleador. Según sus declaraciones, por su trabajo de faena en el Frigorífico Calchaquí le abonan con cueros, que son entregados al Sr. Katz, quien le paga emitiendo cheques, que son entregados al Frigorífico por la venta de cuero. De la circularización al Banco Credicoop, surge que los cheques emitidos por el Sr. Katz en pago de los cueros adquiridos al Sr. Anastasio, no estaban emitidos a la orden de ese proveedor sino que eran emitidos a favor de la Sra. Juana Torres, por lo que los pagos al Sr. Anastasio no eran tales sino que se producía un retorno al pagador. Las facturas impugnadas no fueron reconocidas por la imprenta que supuestamente las imprimió (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 17/20, Cpo. Contr. José Ruben Anastasio, fs. 29/65, Cpo. IVA, fs. 13, 219, aa).
5. Gerez, Omar Antonio: Se encuentra incluido en la base APOC sin capacidad económica. Según el subdirector del cementerio municipal “La Piedad”, el Sr. Gerez cumplía tareas allí. Es beneficiario de un plan jefes y jefas de hogar, cobra $150 desde junio/2002 a abril/2007. El lugar donde reside no guarda relación con los ingresos declarados. Según la circularización al Banco Francés, las extracciones en efectivo acontecen dentro de las 48 hs de recibidos los importes. -Cpo. Contr. Omar Antonio Gerez, fs. 7, 12, 41/48, Cpo. IVA, fs. 219, aa- 6. Ruíz, Rubén Orlando: Se encuentra incluido en la base APOC sin capacidad económica. No se encuentra inscripto como empleador. Posee un solo automotor. Las ddjj del IVA del período 2007 se presentaron con débitos fiscales hasta marzo y después sin movimiento, siendo su relación con créditos inferior a uno. Las ddjj del IG correspondientes a los ejercicios 2003 a 2005 también sin movimientos. Según sus declaraciones no cuenta con contador para atender los requerimientos. De la circularización al Banco Nación surge que la totalidad de las extracciones fueron cobradas por caja. Según registros de AFIP se desempeña como empleado en relación de dependencia en un frigorífico (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 21/24, Cpo. Contr. Ruben Orlando Ruiz, fs. 17, 29, Cpo. IVA, fs. 14, 219, aa).
7. Ortíz, Juan José: Se encuentra incluido en la base APOC sin capacidad económica ni financiera. Se concluyó que actúa como intermediario que blanquea operaciones de compra y que carece de valor agregado en función de las ventas registradas. Al inicio de la inspección poseía todas las presentaciones de ddjj en IVA e IG por los períodos no prescriptos. Del análisis del domicilio se destaca que en el frente del domicilio comercial consta el nombre de fantasía “Itatí Perforaciones”, lo que difiere con la actividad declarada. Sus proveedores resultan ser apoc o desconocer las operaciones. Según sus declaraciones sólo tuvo un saladero en el año 2005 y por tres meses. Respecto de las guías, declaró que las compraba una vez realizada la operación y no constaba su nombre, sino el de los clientes directamente. Las operaciones eran al contado o con cheques de sus clientes aunque las transferencias que constan en la CA pertenecen a las operaciones con La Plata Agropecuaria S.A. pero luego se realizaron en efectivo (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 25/27, Cpo. Contr. Juan Jose Ortiz, fs. 9/20, 42, 153, 217, Cpo. IVA, fs. 15, 219, aa).
8. Rodríguez, Sergio Andrés: Se encuentra incluido en la base APOC como usina de única actividad venta de facturas. No posee bienes registrables; no presenta pagos en AFIP. No registra cuentas bancarias a su nombre. No pudo ser localizado. Los cheques de pagos por el cuero adquirido al Sr. Rodríguez, eran emitidos a nombre de la Sra. Torres o del mismo Katz. Esto es, que el Sr. Katz para pagar los cueros que presuntamente le vendía Sergio Andrés Rodríguez, le emitía cheques en los que el beneficiario era el mismo o su esposa (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 28/33, Cpo. Contr. Sergio Andrés Rodríguez, fs. 11/12, 38/43, 83/102, Cpo. IVA, fs. 16, 219, aa).
9. Rodríguez, Patricia Estela: Se encuentra incluida en la base APOC sin capacidad económica; su hijo declara que su madre es modista; no posee propiedades ni rodados a su nombre; no registra pagos; no posee empleados en relación de dependencia; declara no conocer a quien le compró ni vendió ni a cuánto asciende su ingreso por la actividad de matarife; la documentación se encuentra en poder del contador. De la circularización al Banco Credicoop surge que los cheques emitidos por el Sr. Katz en pago por las compras a la Sra. Rodríguez eran a nombre de la Sra. Torres cobrados por ella en ventanilla o los que eran a nombre de Patricia Rodríguez eran endosados y depositados en cuentas de terceros. No posee cuentas (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs. 34/36, Cpo. Contr. Patricia Estela Rodríguez, fs. 11, Cpo. IVA, fs. 144/160, 219, aa).
10. Acosta, Miriam Virginia: Se encuentra incluida en la base APOC sin capacidad económica. No posee empleados en relación de dependencia. No posee inmuebles y el rodado declarado resulta ser un automóvil. Posee cuentas bancarias con acreditaciones muy inferiores a las declaradas en IVA. Según sus declaraciones, las compras y ventas se realizan en su mayoría en efectivo. También declaró que los cueros de los animales faenados son dejados en el Frigorífico Calchaquí cuando las operaciones con Katz son por el mismo cuero vacuno. Durante el año 2007, trabajó bajo relación de dependencia. No presenta pagos en concepto de IVA ni IG. De la circularización al Banco Credicoop surge que los cheques emitidos por el Sr. Katz eran a nombre de la Sra. Torres o eran cobrados por ella por ventanilla. También surge que las firmas de la Sra. Acosta difieren entre los endosos y que los mismos no se condicen con sus proveedores (Cpo. Informes finales proveedores apoc, fs.37/43, Cpo. IVA, fs. 105/159, Cpo. Contr. Miriam Virginia Acosta, fs. 8, Cpo. IVA, fs. 17, aa).
Es de destacar que el contribuyente, si bien presentó sus declaraciones juradas del IVA, posee saldo a favor desde 2005 (Cpo. IVA, fs. 29/30, 219, aa).
Se confeccionó papel de trabajo con el detalle de la totalidad de las acreditaciones bancarias del contribuyente, específicamente de los siguiente Bancos: Credicoop, Itau, Nación, Macro, Patagonia, Industrial y HSBC. (Cpo. IVA, fs. 198/218, aa).
Por su parte, se detectaron numerosos cheques emitidos por el Sr. Katz, girados contra la principal cuenta del Banco Credicoop -1910470171958- y que eran destinados para pagar a proveedores apócrifos - impugnados en autos-. No estaban emitidos a la orden de los mismos, sino que estaban emitidos a favor de la Sra. Torres -quien figura como cotitular de la cuenta bancaria-, por lo que los pagos no eran tales sino que se producía un retorno al señor Katz (Cpo. IVA, fs. 134/160, aa).
En cuanto a los cheques emitidos en la cual la beneficiaria era la Sra. Miriam Virginia Acosta fueron endosados por la nombrada y depositados en la cuenta de terceras personas, destacando que, a simple vista, todas las firmas que aparecen en los cheques serían distintas (Cpo. IVA, fs. 105/159, aa). En efecto, el fisco consideró extraño que muchos proveedores cuenten con el mismo asesor contable, Gustavo Criado, quien según declaraciones se encarga de todas las operaciones. A su vez, también resulta atípico que las facturas de otros proveedores sean encargadas y recibidas por el propio Sr. Katz (Cpos. de los diferentes proveedores impugnados y detallados anteriormente), incumpliendo al cancelar muchas de las operaciones las disposiciones de la ley 25.345.
VI. Que entrando en el análisis de la cuestión, debe recordarse que el último párrafo del art. 12 de la ley del IVA (t.o. en 1997 y sus modif.), establece que: "en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Al respecto, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (Fallos 338:169, considerando 9°). Lo detallado en el considerando respecto de cada proveedor impugnado evidencia la procedencia del ajuste practicado por el fisco, sin que la actora haya podido arrimar pruebas que refuten tal conclusión. Como es sabido, en la etapa de revisión del acto, la carga impugnatoria se desplaza al contribuyente o responsable. En efecto, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente –cfme. art. 377 del CPCCN- que fue con los proveedores impugnados con quienes operó, circunstancia que, como se adelantó, no logró demostrar en autos mediante prueba indubitable, por lo que mal podría dicha parte computar el crédito fiscal proveniente de las mismas.
Adentrándome en el análisis de la documental arrimada tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, obrante en las actuaciones administrativas, cabe destacar que la inscripción de los proveedores cuestionados y la existencia de facturas formalmente válidas no demuestran que la operatoria se haya desarrollado entre la recurrente y los mencionados proveedores.
En esta línea, tampoco lo evidencia la prueba pericial contable producida a fs. 904/970 en la que se acredita el registro de las operaciones reputadas como concertadas con dichos proveedores, cuando lo que se cuestiona en autos es si dichas operaciones verdaderamente existieron con dichos sujetos. Aún con la observación realizada por el perito del fisco referida a que el Sr. Katz no lleva los libros rubricados por ser una actividad comercial unipersonal, que fuera impugnada por la actora a fs. 979/981, cabe destacar que tal aclaración resulta válida a los fines de merituar el peso de tal prueba en contraste con las restantes probanzas arrimadas y la información obtenida por el fisco. Sin embargo, es clara la intención de la actora de demostrar la formalidad de las operaciones, más ello no resulta suficiente para confirmar que las mismas se realizaron con los proveedores impugnados cuando del informe no surgen datos incontrastables que confirmen el circuito material de las operaciones. Si bien se ha pretendido acreditar con la respuesta al punto 3 de la pericia que cueros vendidos a Katz se corresponden con la cantidad de ganado faenado por cada uno de los matarifes, dicha respuesta se puso en tela de juicio al indicarse que muchos de dichos sujetos no se encontraban habilitados para operar como tales durante el período ajustado (v. respuesta del perito propuesto por parte del fisco a fs. 926), no habiéndose tenido en cuanta ninguna información de la ONCCA al respecto.
En esta misma línea, a fs. 980/980vta. la actora también impugnó la respuesta del perito del fisco en cuanto consideró que los proveedores objetados no habrían realizado las compras de ganado bovino que se les adjudica, por entender que ignoró toda documentación que el Sr. Katz puso a disposición para su control. Mas resulta razonable la respuesta del perito contador a propuesta del fisco quien indicó que para llegar a dicha conclusión tuvo en cuenta –entre otros aspectos- que la documentación presentada en ese acto por el Sr. Katz está conformada por fotocopias que fueron certificadas recién en el año 2010 cuando los hechos acaecieron entre julio de 2005 y agosto de 2008; que la certificación notarial se refiere a que las fotocopias responsen a comprobantes que le fueron exhibidos pero que no implican que el escribano se hubiese expedido sobre la veracidad de lo que reflejan tales comprobantes, que hubiese correspondido auditar con esos comprobantes, los flujos de fondos necesarios para llevar a cabo las operaciones de compras que se les adjudican a los proveedores impugnados teniendo en cuenta los movimientos bancarios que pudieran haber habido, entre las fotocopias relativas a cada proveedor observado no figura ninguna de la que se desprendieran los medios de pagos que pudieran haberse utilizado por los proveedores para cancelar las obligaciones que, a su vez, deberían haber tenido con quienes hubiesen sido sus proveedores, etc.
Finalmente, conforme las respuestas brindadas en los puntos 6, 6-a, 6-b y 6-c tampoco quedó acreditado el circuito financiero de las operaciones. Por el contrario, la actora no logró revertir la observación del fisco relativa a que casi la totalidad de los cheques librados contra el Banco Credicoop resultaron beneficiar a la Sra. Juana Torres –esposa del Sr. Katz- o al propio actor (v. contestación del perito contador designado a propuesta del fisco obrante a fs. 1000/1005, ratificado por el representante fiscal a fs. 1006). En cuanto a las respuestas de los frigoríficos oficiados -Frigorífico Calchaqui S.A. (fs. 876/887), Frigorífico Industrial del Norte S.A. (fs. 888/889), Frigorífico Coop. de Trabajo de Serv.
Agroind. Ltda. (fs. 890/893) y Bella Vista Manufacturing S.R.L. (fs. 1061/1064)-, si bien de ellos se desprende que algunos proveedores brindaron servicios a distintos frigoríficos, ello nada aporta en autos, siendo que el fisco no cuestiónó la existencia de los supuestos proveedores, sino la real existencia de las operaciones con el Sr. Katz. Respecto de la respuesta del Frigorífico Calchaquí SA, cabe destacar que además de su similitud con la del Frigorífico Coop. De Trabajo de Serv. Agroind. Ltda., el vicepresidente del mismo no acompaña la acreditación de su personería ni la certificación por escribano de la documental relevada tal como anuncia en su contestación.
Confirma las apreciaciones del fisco, la respuesta al oficio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (fs. 897/897vta. y fs. 1047/1054) al informar que los proveedores impugnados Juan Carlos Gómez, Mario Arnaldo Vera, José Rubén Anastasio, Rubén Orlando Ruíz, Sergio Andrés Rodríguez, Estela Patricia Rodríguez y Miriam Virginia Acosta poseían su matrícula denegada, suspendida o vencida a las fechas allí informadas; sumado ello a que los proveedores Omar Antonio Gerez y Juan José Ortíz no cuentan con inscripción. Asimismo, se informó que sólo Rubén Gustavo Vera contaba con inscripción habilitante. Afirmación que no logra desvirtuar la prueba documental consistente en la sentencia del 19/03/2009 del Juzgado Federal de Tucumán Nro. 1 por la que se hizo lugar a la medida cautelar solicitada autorizándose al Sr. José Rubén Anastasio como abastecedor de bovinos con ciertos frigoríficos hasta que se decida la cuestión de fondo (v. fs. 242/298), pues aunque existieran algunos períodos en los que hubiesen resultado habilitados para actuar como matarifes, lo cierto es que no se logró cerrar el circuito de la operatoria con el pago correspondiente. Las mismas consideraciones corresponde efectuar respecto de la prueba obrante a fs. 162/175 respecto de la Sra. Estela Patricia Rodríguez.
En este sentido, de las pruebas producidas no se infiere necesariamente que los datos contenidos en las facturas cuestionadas sean veraces, sólo se advierte que todo esfuerzo por acreditar la legitimidad del crédito fiscal impugnado se desvanece cuando se comprueba que el beneficiario de la mayoría de los cheques emitidos era el propio actor o su esposa. Al respecto, el perito contador propuesto por la actora puso de relieve que los resúmenes bancarios ofrecidos por el Sr. Katz sólo permiten verificar los cheques debitados (Nro. de cheque, fecha e importe), pero no comprobar el número de factura cancelada, ni verificar al beneficiario del cartular y mucho menos identificar a la persona que efectivizó el cobro (v. fs. 930), sino que dicha información surge de los cheques obrantes en el Banco cuyas copias se encuentran en las actuaciones administrativas.
En suma, las probanzas producidas en autos no logran demostrar de manera incontrastable que las operaciones hayan sido realizadas por los sujetos que informan las facturas impugnadas, careciendo las mismas de fuerza convictiva. No olvidemos que debido a la actividad en que opera el contribuyente, el mismo podría haber aportado, por ejemplo, certificados y/o autorizaciones del SENASA o cualquier documentación referida al traslado; situación que no se advirtió en autos.
Todo lo expuesto me lleva a confirmar, con costas, el ajuste practicado respecto de la impugnación del crédito fiscal del IVA originado en los proveedores Sucesión de Juan Carlos Gómez, Mario Arnaldo Vera, Rubén Gustavo Vera, José Rubén Anastasio, Omar Antonio Gerez, Rubén Orlando Ruíz, Juan José Ortiz, Sergio Andrés Rodríguez, Patricia Estela Rodríguez y Miriam Virginia Acosta.
VII. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En tal sentido cabe recordar que la Corte con fecha 01/06/2000 en la causa “Citibank NA c/DGI” expuso que: “si bien en el precedente de Fallos: 304:203 el tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del artículo 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas.”
Ello así, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios calculados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
Los Dres. Vicchi y Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y, oportunamente, archívese.- Date: 2022.11.11 11:48:44 -03:00 Date: 2022.11.11 13:07:59 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.11 13:26:21 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.11 13:26:22 -03:00
Fin de la sentencia