Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución N° 10/2008, con costas.
2Rechazar la nulidad opuesta en relación a la Resolución N° 201/2007, con costas.
3Confirmar la Resolución N° 201/2007, con costas.
4Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo del Sr. Jaime Elías Katz, en la siguiente forma:
A) Por la primera y segunda etapa procesal, en las sumas de $19.622 por la representación procesal y $49.057 por el patrocinio letrado, por la excepción de nulidad que se rechaza, y de $ 196.229 por la representación procesal y $490.573 por el patrocinio letrado, por la cuestión de fondo, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa procesal, en la sumas sumas de $49.315 equivalente a 0,72 UMA por la representación procesal y $123.289 equivalente a 1,82 UMA por el patrocinio letrado, por la excepción de nulidad que se rechaza, y de $493.157 equivalente a 7,29 UMA por la representación procesal y de $1.232.893, equivalente a 18,23 UMA por el patrocinio letrado, por la cuestión de fondo, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme lo dispuesto por la ley 27.423. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-44881756-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Abril de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 31.352-I caratulado "KATZ JAIME ELIAS s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I.El Sr. Jaime Elías Katz interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 201/2007, en la que se ratificó la Resolución N°109/2006 y se determinaron de oficio las obligaciones en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales 06/2002 a 12/2003, y se lo intimó a ingresar $3.075.743,29, más intereses resarcitorios.
Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por los periodos fiscales 06/2002 a 12/2003, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N° 10/2008, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 y 2003, y se lo intimó a ingresar $85.887,79, más intereses resarcitorios. En dicho acto, además, se le impuso una multa de defraudación de $257.663,37 (art. 46, 47 incs. a) y b) ley 11.683) por los mismos periodos fiscales.
En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Katz informa la existencia de una Resolución – la N°109/2006- en la que se determinaron de oficio sus obligaciones el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 06/2002 a 2/2004. Agrega que la apelación contra dicho acto tramitó ante este Tribunal bajo el Exp. N°27.886-I, de la Vocalía 1°, Sala A.
Seguidamente, opone la excepción de nulidad como de previo y especial pronunciamiento, al haberse omitido el cumplimiento de formas esenciales, en violación a las normas al debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Se funda en que en la Resolución N° 109/2006 ya se determinaron de oficio los mismos períodos fiscales. Invoca que no corresponde la reserva del art. 19 de la ley 11.683 porque la fiscalización revisó toda la documentación y no quedaron elementos sin verificar que puedan dar lugar a nuevos ajustes.
Entiende así que en la Resolución N°201/2007 el Fisco Nacional modificó la determinación de oficio de los mismos períodos en la Resolución N° 109/2006, sin que estuviera firme, extralimitándose en sus funciones. Además, acusa de nulidad a la Resolución N° 10/2008 en cuanto si bien en la Planilla Anexa se hace referencia a saldos a favor del Sr. Katz por $419.233,53 y $273.440,53 en los períodos fiscales 2002 y 2003, respectivamente, en el art. 3° de dicho acto se lo intima a ingresar saldos a favor del Fisco Nacional de $16.219,71 y $69.668,08, también respectivamente. Alega que se trata de un error que invalida en forma absoluta e insanable el acto de determinación de oficio, sus accesorios y la sanción aplicada.
Además, alega la improcedencia de las Resoluciones por sustentarse en hechos inexistentes y no probados por el Fisco Nacional.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable; solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 229/258 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
Respecto a la nulidad de la resolución N° 201/2007 solicita su rechazo porque la Resolución N° 109/2006 fue parcial y lo allí determinado fue inferior a lo que correspondía en la realidad.
Agrega que dicho acto fue dictado a consecuencia de la orden dada por el Juez Federal de Tucumán en cumplimiento al art. 18 de ley 24.769 con el objeto de analizar documentación que en un allanamiento se secuestró y que correspondía a la situación fiscal del Sr. Katz, en particular referida a la compra de cueros a diferentes proveedores.
A continuación, relata que los ajustes a los créditos fiscales se originan en la impugnación de las operaciones con los proveedores Avila, Barrientos, Carraoizo, Delgadino, Fuhr, Gomez, Juarez, Liberti, Kohn y Mojano, por apócrifos. Además, al circularizar a los frigoríficos con los que el Sr. Katz operaba se detectó que era él quien figuraba en los registros, no los proveedores, por lo que se recalculan también los débitos fiscales. Así, a partir de la depuración de las cuentas bancarias del Sr. Katz se detectaron ventas sin declarar, y consecuentemente los débitos fiscales declarados en el impuesto al valor agregado, al igual que ingresos que no fueron incluidos en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias (art. 18, ley 11.683).
III. A fs. 275 se informa el concurso preventivo del recurrente y a fs. la homologación del acuerdo preventivo; a fs. 277, obra el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar a la prueba pericial contable y parcialmente a la informativa dirigida a diversas empresas y entidades. Además, se tiene por agregada la prueba documental aportada.
A fs. 542, 546/558, obran las respuestas a los oficios librados a Frigorífico Industrial del Norte S.A y Frigorífico Calchaquí S.A., respectivamente. Finalmente, luego de varias intimaciones para que el Sr. Katz arbitrara los medios necesarios para la producción íntegra de la prueba informativa, a fs.741 se le dio por decaído dicho derecho.
A fs. 398/454 obra agregado el informe pericial contable y a continuación los escritos de impugnaciones con sus respectivas contestaciones – fs. 456/457, 465/473, 486/499, 504/523 y 525/527-.
A fs. 750 se declara el cierre del período probatorio. Luego, el 13 de septiembre de 2024 se pusieron los autos para alegar, habiendo ejercido su derecho únicamente la representación. A continuación, pasan los autos a consideración de los Vocales de esta Sala. Por último, a fs. 808 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar en primer término el planteo de nulidad de la Resolución N° 201/2007 que se funda en la existencia de otra Resolución, la N° 109/2006, sobre el mismo impuesto y períodos fiscales. No desconoce el recurrente que en ésta última se aclaró que su alcance era parcial, en la forma prevista en el art. 19 de la ley 11.683, lo que dice es que en la fiscalización sustanciada antes del dictado de dicho acto se verificó en forma íntegra su situación fiscal, es decir que se compulsó la totalidad de sus registraciones.
Sin embargo, cabe recordar aquí que el art. 19 de la ley 11.683 dispone, en la parte que aquí importa, que “Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley”, lo que implica que la Administración Federal se encuentra facultada para ejercer sus facultades de fiscalización en la medida que lo haga dentro de los plazos de prescripción para hacerlo.
En el caso, surge también acreditado que los ajustes notificados en la Resolución N° 201/2007 aquí recurrida fueron a consecuencia de la solicitud de verificación ordenada en la justicia penal en cumplimiento del entonces vigente art. 18 de la ley 24.769 en virtud de haberse encontrado en un allanamiento documentación útil para analizar las compras a otros proveedores.
Con ello, aun cuando el Sr. Katz alega que en la anterior fiscalización, la que dio lugar a los ajustes notificados en la Resolución N° 109/2006, ya se habían revisado todas sus obligaciones, es decir, en forma integral, lo cierto es que a partir de la investigación iniciada por la denuncia y allanamiento ordenado en sede penal y a solicitud del juez interviniente se detectaron otras operaciones con proveedores presumiblemente apócrifos, que son los que dieron lugar a los ajustes en la Resolución aquí recurrida.
No se advierte allí vicio alguno, por el contrario, un estricto apego del juez administrativo a las normas previstas en la ley 11.683 y en el entonces vigente régimen penal tributario. El propio Sr. Katz explica que en esta nueva Resolución se detrajeron los importes determinados en la Resolución N° 109/2006, es decir no hay duplicidad de determinación de bases imponibles.
De ello da cuenta la sentencia dictada por la Sala A de este Tribunal en el expediente donde tramitó la apelación contra la determinación practicada en la Resolución N° 109/2006 que el propio recurrente cita en su recurso de apelación que resolvió confirmarla, pero respecto de créditos fiscales por compras a otros proveedores a los comprendidos en la Resolución aquí recurrida.
Por otro lado, la Resolución se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se constata violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549 como así tampoco a la ley 11.683, ni media afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio invocada. Prueba de ello es que el Sr. Jaime Elías Katz tuvo posibilidad de presentar sus descargos y defensas en la instancia administrativa previa y ahora ante este Tribunal.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar en este aspecto el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70). Distinta es la solución a adoptar respecto de la Resolución N° 10/2008.
Asiste razón al Sr. Katz cuando señala que en la liquidación de las obligaciones notificadas en el Anexo a dicho acto, se reconoce la existencia de retenciones y percepciones practicadas por $410.211,57 en el período fiscal 2002 y $273.440,53, en el 2003 que no fueron tenidas en cuenta ya que en el art. 3° se determinan diferencias y saldos a favor del Fisco Nacional por $85.887,79 ($16.219,71 + $69.668,08) que, obvio es decirlo, quedaron absorbidos por tales pagos a cuenta.
En este error se incurrió también en la liquidación en Anexo adjunta a la Resolución previa que corrió la vista de los ajustes, según el art. 17 de la ley 11.683, aún cuando en el Informe Final de Inspección se señala que las diferencias no arrojaban impuesto a ingresar considerando las retenciones y otros ingresos consignados en las DDJJ originales (v. Legajo Impuesto a las Ganancias, act. adm.).
Se advierte así que la Resolución N° 10/2008 adolece de un error esencial es uno de sus elementos esenciales que es el objeto, ya que lo que allí se resuelve no corresponde a la realidad de los hechos que se tienen por probados, máxime cuando en el mismo acto se intimó el pago de intereses (art. 4) y se aplicó una sanción (art. 5) que adolecen también de idéntico vicio de nulidad.
Por esta razón, corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 10/2008, con costas.
V. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de los ajustes notificados en la Resolución determinativa de las obligaciones del Sr. Katz en el impuesto al valor agregado.
En primer, lugar sobre los ajustes a los débitos fiscales por ventas de cuero, de carnes y hacienda sin declarar detectadas a partir de la depuración de las cuentas bancarias, el Sr. Katz no formula agravios concretos en sus presentaciones, más que alegar que los resúmenes bancarios fueron secuestrados en sede penal y difiere la prueba de sus dichos a los resultados de la pericial contable que ofreció ante este Tribunal.
Lo primero que se destaca en el Informe presentado por los expertos, que obra a fs. 434/454, es que el Sr. Katz, por tratarse de un comerciante unipersonal no llevaba registraciones contables rubricadas de acuerdo al Código de Comercio que les permitiera dar respuesta a los puntos de pericia. A criterio del perito nombrado por la representación fiscal ello impide individualizar las operaciones correctamente y asociarlas con las acreditaciones bancarias. Se dice allí que para la labor pericial no fueron exhibidos otros elementos de respaldo diferentes a los secuestrados en la causa penal sobre los cuales se erigieron los ajustes.
A ello cabe agregar que el perito designado por el Sr. Katz remite sus respuestas a lo que ya dictaminara en el Expte. N° 27.866-I que tramitó ante la Sala A de este Tribunal, pero no solo no adjunta copia del mismo, sino que, además, no debe perderse de vista que en el mismo ya se dictó sentencia que confirmó la pretensión fiscal. En ocasión de impugnar el informe pericial contable, sostuvo el Sr. Katz que no tenía obligación de llevar registraciones contables, lo cual es cierto, más ello no lo exime de su deber como contribuyente de respaldar sus operaciones comerciales con documentación en orden a permitir el ejercicio de las facultades de fiscalización y verificación que el art. 33 y ss de la ley 11.683 acuerda a la Administración Tributaria.
En el caso, además, es el propio contribuyente el interesado en probar en contra de la presunción de ventas que se le imputan omitidas, conforme al art. 18 de la ley 11.683, por lo que debió poner a disposición de los expertos la documentación necesaria para que realizaran su tarea, o bien indicar en qué lugar se encontraba con el mismo fin. En otras palabras, el hecho de ejercer la opción de ejercer la actividad como empresa unipersonal no exime al contribuyente de las mismas exigencias probatorias que para todos los contribuyentes establece la ley 11.683. Por este motivo, debe concluirse que la prueba pericial contable no acredita los agravios formulados por el Sr. Katz por lo que en este aspecto el ajuste notificado en la Resolución debe ser confirmado.
Consideró, asimismo, la fiscalización que de la circularización a los proveedores de hacienda de los Frigoríficos Calchaquí S.A. e Industrial del Norte S.A. se verificó que los cheques informados por las cobranzas venían de la cuenta del Sr. Katz y concluyó que dichos pagos correspondían a las operaciones que habrían realizado los Sres. Juan Carlos Gómez, Gustavo Vera, Blanca Díaz, Mariana Acosta, Miguel Ruiz y Fabiana Soto, quienes supuestamente faenaron en dichos frigoríficos, atribuyendo las ventas al aquí recurrente.
Respecto de la impugnación de operaciones de compras de cuero a proveedores –matarifes-, debe decirse que de los Considerandos de las Resoluciones y de los antecedentes administrativos que preceden su emisión, surge que la impugnación se funda en una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos: German Nildo Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Miguel Ángel Carrapizo, Roberto Félix Fuhr, Roque Ignacio Delgadino, Margarita Alejandra Gómez, Norma Beatriz Juárez, José Antonio Liberti, Rubén Miguel Kohn y Félix Atanasio Rojano. Tales proveedores facturaron ventas de cueros vacunos.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como su falta de capacidad económica y operativa para hacer los trabajos (vg. Nildo German Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Miguel Ángel Carrapizo, Roque Ignacio Delgadino, Margarita Alejandra Gómez, Norma Beatriz Juárez, José Antonio Liberti y Félix Anastasio Rojano); otros, como Rubén Miguel Kohn estaba incluido en la base Apoc como prestanombre y carecía de bienes registrables, no tenía tampoco personal en nómina al igual que Marcelo Ariel Barrientos; en varios casos, no se los pudo localizar en sus domicilios (vgr. Nildo German Ávila, Margarita Alejandra Gómez, José Antonio Liberti, Félix Atanasio Rojano).
Por su parte, el Sr. Marcelo Barrientos directamente desconoció ante la fiscalización las operaciones facturadas al Sr. Katz, aclarando que las firmas insertas en las fotocopias de los recibos exhibidos no eran de él. El Sr. Kohn, cuando fue localizado por la fiscalización, manifestó que no recordaba a quien le compraba los animales, y que las ventas las efectuaba a carnicerías de la Provincia de Tucumán, pero no recordó los datos de ninguno de sus clientes. Margarita Gómez, también informó que era empleada de una carnicería.
Por último, el Sr. Miguel Ángel Carrapizo manifestó que la única operación que efectuó con el Sr. Katz fue en el año 2000, es decir, antes de los períodos comprendidos en la Resolución.
En cuanto a los pagos, la fiscalización relevó que los cheques entregados al Sr. Fuhr fueron cobrados por el propio Sr. Katz; en otros casos, fueron emitidos a favor del Sr. Fuhr pero cobrados por otras personas, destacándose que la mayoría de los pagos fueron realizados en efectivo.
A la hora de impugnar las operaciones, el juez administrativo tuvo en cuenta también que los trabajos de imprenta de las facturas de los proveedores fueron encargados, retirados y pagados por el Sr. Katz o por su contador (vgr. Nildo German Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Roque Ignacio Delgadino).
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras de los comprobantes fiscales emitidos por los proveedores: Nildo German Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Miguel Ángel Carrapizo, Roberto Félix Fuhr, Roque Ignacio Delgadino, Margarita Alejandra Gómez, Norma Beatriz Juárez, José Antonio Liberti, Rubén Miguel Kohn y Félix Atanasio Rojano.
Cabe ya decir que no hay referencias concretas en los escritos presentados ante este Tribunal a las operaciones con los proveedores, es decir, no explica allí el Sr. Katz cómo fueron concretamente las compras que les hizo, bajo qué modalidad, quién intervino, ni da ningún dato que permita afirmar que las compras realmente existieron. Sus agravios se limitan a consideraciones generales y a destacar la validez formal de las facturas y de los recibos extendidos por los proveedores, mas no es eso lo que motivó su impugnación, sino la real existencia de las operaciones puestas en seria duda a partir de las inconsistencias constatadas por la fiscalización a cada uno de ellos.
Sí, en cambio, ofreció la producción de prueba informativa a los Frigoríficos con los que dijo haber contratado, y pericial contable que la entonces vocal instructora admitió (fs. 277). Los frigoríficos - Frigorífico Industrial del Norte S.A y Frigorífico Calchaquí S.A.- informaron los servicios de faena de algunos de los proveedores objetados, pero también dijeron que las guías fiscales correspondientes al ganado que éstos faenaron en los periodos junio/2002 a diciembre/2003 fueron secuestradas y que estaban en poder del Fisco Nacional (fs. 546/558).
Frigorífico Industrial del Norte S.A., además, adjuntó una planilla donde informó por mes la cantidad de animales faenados por los proveedores Nildo German Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Miguel Ángel Carrapizo, José Antonio Liberti, Rubén Kohn y Felix Atanasio Rojano. Sin embargo, la información brindada no acredita las compras del Sr. Katz a dichos proveedores, que son las impugnadas por el Fisco Nacional en la Resolución, falencia probatoria que tampoco fue subsanada con prueba idónea en esta instancia, pese a contar con amplias posibilidades para hacerlo.
Debe recordarse que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron el ganado; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
Entre ellas que algunos proveedores no pudieron ser localizados en sus domicilios (Nildo German Ávila, Margarita Alejandra Gómez, José Antonio Liberti, Félix Atanasio Rojano). El proveedor Delgadinho era empleado, inclusive, de Frigorífico Calchaquí S.A.
Rubén Miguel Kohn estaba incluido en la base Apoc como prestanombre y carecía de bienes registrables y de personal en nómina, al igual que Marcelo Ariel Barrientos. Este último, además, desconoció ante la fiscalización las operaciones con el Sr. Katz, aclarando que las firmas en los recibos exhibidos no eran de él. Dijo también que era carnicero y que estaba inhabilitado por el ONCAA para faenar. Por último, reconoció este proveedor que lo contactaron dos contadores que le hicieron firmar un poder a favor del Sr. Katz, dando cuenta así de la modalidad operativa que este último adoptara en el ejercicio de su propia actividad.
Sumado a ello, el hecho que haya sido el propio Sr. Katz el que encargara los trabajos de impresión de las facturas de algunos proveedores resta seriedad a sus dichos en esta instancia.
Se trata, entonces, de una suma de factores que llevan a dudar de la real existencia de las compras que dice el Sr. Katz haber realizado a los proveedores en cuestión.
En cuanto a la prueba pericial contable producida, ya se mencionó la principal objeción que presenta el informe obrante a fs. 434/454, que fue objeto de impugnaciones varias de las partes, y que impide extraer del mismo conclusiones que respalden los agravios del Sr. Katz. Concretamente, que por tratarse de un comerciante que no lleva registraciones contables no se pudo asociar cada una de las compras a los cheques que en pago extendiera ni a otros elementos que revelarían que fueron los proveedores los que las hicieron.
En efecto, lo que debería haberse acreditado con dicho medio de prueba es que fueron los proveedores objetados los que hicieron las operaciones con el Sr. Katz, precisamente a partir de la documentación de respaldo de las mismas. Pero no es eso lo que surge del informe.
Así, las respuestas dadas por el perito propuesto por el recurrente se remiten a un informe pericial presentado en otro Expediente cuya copia no se adjuntó pero que, de cualquier modo, se refería a operaciones con otros proveedores. Se dijo ya que la sentencia dictada en dicho expediente fue confirmando la pretensión fiscal, de lo que se sigue que el medio de prueba rendido en tales actuaciones tampoco respaldó los agravios del Sr. Katz. Por otro lado, de la prueba informativa rendida a los frigoríficos que dijo el Sr. Katz haber contratado no surgió que los Sres. Nildo German Ávila, Marcelo Ariel Barrientos, Miguel Ángel Carrapizo, José Antonio Liberti, Rubén Kohn y Félix Atanasio Rojano faenaran allí los animales que él adquirió, por lo que sus resultados tampoco respaldan sus agravios.
Como dato adicional, muchos de los pagos a los proveedores fueron efectuados en efectivo y otros con cheques endosados y descontados en entidades financieras –Finez Valores S.A. y Comafi Bursatil S.A.-. En el caso del proveedor Fuhr, se constató a través de la información obtenida de la circularización a los bancos, que los cheques los cobró directamente el Sr. Katz, todo lo cual demuestra el uso de otros contribuyentes para simular ventas y compras que incidieron en las bases imponibles declaradas.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 201/2007 por este ajuste, al no haberse rendido pruebas que permitan apartarse de sus fundamentos.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Dra. O´ Donnell.
II. Que conforme se desprende de los agravios expuestos con relación a las resoluciones recurridas en autos, el Sr. Katz plantea, en primer término, la nulidad de ambas.
En el caso de la Resolución N° 10/2008 comprensiva del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003 aduce que de una planilla anexa a la misma surgían saldos a su favor ($419.233,53 y $273.440,53, respectivamente), no obstante que en el art. 3° de la Resolución se lo intimó a ingresar el monto de $ 85.887,79, el que representa la sumatoria del impuesto ajustado en dichos años ($ 16.219,71 y $ 69.668,08), sin que puedan constituir saldos de impuestos a ingresar.
Que ello así, dado lo expuesto en el voto de la Vocal Instructora en su Considerando IV, comparto la declaración de nulidad propiciada con relación a la Resolución N° 10/2008, con costas.
Mientras que respecto de la Resolución N° 201/2007 el Sr. Katz sostiene que mediante un acto anterior, Resolución N° 109/2006, el ente fiscal, en base a la documentación oportunamente secuestrada, ya había determinado el Impuesto al Valor Agregado por los mismos períodos fiscales ahora involucrados, sin que la reserva de parcialidad allí efectuada tenga virtualidad cuando no se expresaron los aspectos susceptibles de ser modificados y ya habían sido compulsados los comprobantes respaldatorios de las operaciones y sus registros contables con las declaraciones juradas presentadas. A lo que agrega que además existía una medida de no innovar a su favor.
Que en lo que hace a los fundamentos nulificantes respecto de la determinación del IVA, de las actuaciones se desprende que el procedimiento de verificación y fiscalización que dio origen al acto apelado reconoce origen en una orden judicial en conformidad con lo establecido en el art. 18 de la ley N° 24.769, la que permitió al ente fiscal analizar la documentación que había sido secuestrada en un allanamiento practicado en fecha 10 de marzo de 2004.
A ello se agrega que la Resolución N° 109/2006 revestía carácter parcial, por lo que el Fisco tenía la potestad de modificarla con relación a aspectos no considerados expresamente en la misma, lo que así aconteció en razón de que los proveedores involucrados en uno y otro acto son diferentes, conforme dan cuentan los mismos y la sentencia dictada por la Sala “A” de este Tribunal con fecha 10/05/2012 en la causa N° 27.866-I, la que he tenido a la vista.
En lo que hace la medida cautelar invocada por el actor, cabe resaltar que la misma no enerva las facultades de verificación y determinación del ente fiscal, las que fueron ejercidas al amparo de las normas vigentes. Que ello así, se advierte que la Resolución N° 201/2007 fue emitido en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado, a lo que se agrega que también se valoraron debidamente las probanzas agregadas, consistente en distintas constancias documentales.
Que por lo tanto, corresponde rechazar la nulidad articulada en razón de que los motivos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo sometida a debate. Con costas.
III. Que en lo que hace a los ajustes practicados en la resolución determinativa del IVA, adhiero a los argumentos expuestos en el voto de la Vocal Instructora para su confirmación, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparto en lo sustancial lo expuesto por la Dra. O´Donnell para hacer lugar a la excepción de nulidad respecto a la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias por los períodos 2002 y 2003 (vide fs. 58/83). Con costas al Fisco Nacional.
Asimismo, adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora respecto al rechazo de la excepción de nulidad planteada contra el acto que determinó IVA por los períodos 6/2002 a 12/2003 (fs. 7/48), correspondiendo imponer las costas a la actora, por haberse articulado como una cuestión previa en el recurso (punto IV., fs. 198).
II. Que comparto en lo sustancial los argumentos de la Dra. O´Donnell para confirmar la resolución determinativa de IVA, con costas a la vencida.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución N° 10/2008, con costas.
2. Rechazar la nulidad opuesta en relación a la Resolución N° 201/2007, con costas.
3. Confirmar la Resolución N° 201/2007, con costas.
4. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo del Sr. Jaime Elías Katz, en la siguiente forma:
a) Por la primera y segunda etapa procesal, en las sumas de $19.622 por la representación procesal y $49.057 por el patrocinio letrado, por la excepción de nulidad que se rechaza, y de $ 196.229 por la representación procesal y $490.573 por el patrocinio letrado, por la cuestión de fondo, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa procesal, en la sumas sumas de $49.315 equivalente a 0,72 UMA por la representación procesal y $123.289 equivalente a 1,82 UMA por el patrocinio letrado, por la excepción de nulidad que se rechaza, y de $493.157 equivalente a 7,29 UMA por la representación procesal y de $1.232.893, equivalente a 18,23 UMA por el patrocinio letrado, por la cuestión de fondo, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
5. Regular los honorarios del Contador Público Luis Alfredo Picarel como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $200.689, por la realización del informe pericial técnico producido en autos, teniendo en consideración las pautas establecidas por por el decreto-ley Nº 16.638/57.
6. Regular los honorarios del Dr. Antonio Daniel Bustamante, a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en autos en el doble carácter de apoderado y patrocinante del recurrente, en la suma de $111.593, teniendo en cuenta para ello el monto del litigio, el resultado obtenido en relación a la nulidad de la Resolución N° 10/2008 y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia de que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2025.04.29 11:41:59 -03:00 Date: 2025.04.29 12:36:12 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.29 13:18:29 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.29 13:18:30 -03:00
Fin de la sentencia