Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.045-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a que condena a la firma Kimberly Clark Argentina S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 306,98 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 01001IT14004612T y declarar que el monto de los tributos asciende a u$s 2.359,55 con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/07/2013.
3Revocar la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039- 906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias.
4Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 4 % a cargo de la actora y un 96 % a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-72947265-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Junio de 2023 General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 35.045-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís, a fin de resolver en los autos caratulados “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 35.045-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 1643-1665 se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9133/13, dictada el 9/12/2013 en el expediente administrativo Actuación SIGEA N° 12039-906-2008, por la que se la condenó, en los términos del art. 970 del Código Aduanero (CA), al pago de una multa igual a una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de 4.456,904 kg. de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 01 001 IT14 004612T y se le formuló cargo conjuntamente con la firma aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en virtud de la póliza N° 292419, por los tributos adeudados. Se refiere a los antecedentes de la causa. Plantea la nulidad del procedimiento y de la resolución referida. Sostiene que el acto de apertura del sumario de fecha 18/12/2008, del cual se le corrió vista el 15/03/2013, se dictó al solo efecto interruptivo de la prescripción dado que con posterioridad no se impulsó la investigación. Afirma que no resulta válido en los términos del art. 1094 del CA dado que careció de los requisitos allí establecidos para su validez. Sostiene que la Aduana no cumplió con los pasos del procedimiento infraccional conforme lo establecen los arts. 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1112 y cctes. del CA. Alega menoscabo a los derechos de defensa y propiedad. Sostiene que la resolución apelada carece de causa y motivación. Opone la prescripción de las acciones del fisco para imponer penas y exigir tributos. En subsidio afirma que ha cumplido en tiempo y forma con el régimen del Decreto 1439/1996 y por ende ha quedado demostrada la inexistencia de la infracción endilgada e impugna la liquidación efectuada por la Aduana en cuanto exige derecho adicional, la determinación de los tributos en dólares estadounidenses, el porcentaje aplicado para el cálculo del Impuesto a las Ganancias, el tipo de cambio y tasa de interés aplicable. Pide la aplicación de los arts. 898 y 916 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 1714-1723, se presenta el representante fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y las manifestaciones de la contraria expresamente no reconocidas. Realiza consideraciones con respecto al planteo de nulidad y oposición de prescripción alegadas por la recurrente. Sostiene que la sanción impuesta es ajustada a derecho, dado que la firma importadora no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento con las obligaciones del régimen de importación temporal y ello es causa suficiente para imputarle la comisión de la infracción. Efectúa un análisis respecto del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la recurrente relativas al régimen especial del Decreto 1439/96 y la finalidad de las imposiciones del régimen de importación temporaria. Realiza consideraciones en relación al derecho adicional y percepciones, como así también respecto de la determinación de los tributos en dólares estadounidenses y la tasa de interés aplicable. Expresa su rechazo a la aplicación del beneficio de la duda del art. 898 del CA y la graduación de la multa según lo establecido en el art. 916 del referido cuerpo legal. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-906-2008 y anexo. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación, con costas.
III. Que, a fs. 1725 se abre la causa la causa a prueba. A fs. 2154 se clausura el período probatorio. A fs. 2166 se ponen los autos a alegar. A fs. 2171-2194 y fs. 2196-2220 presenta su alegato la recurrente y, a fs. 2223-2224, lo hace la demandada. A fs. 2226 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que, la representación fiscal, en fecha 19/10/2015, acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-906-2008, en soporte papel y en un cuerpo de 94 fojas —y anexo— en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional. Dichas actuaciones se encuantran agregadas por cuerda en autos.
V. Que, compulsadas las actuaciones administrativas y previamente a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo relativas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, corresponde expedirse sobre los planteos de nulidad y excepción de prescripción alegados por la firma importadora en su libelo recursivo.
La importadora plantea la nulidad de la apertura sumarial —dispuesta por el servicio aduanero el 18/12/08, según constancias de fs. 10 de las actuaciones administrativas— y cuestiona su efecto interruptivo/suspensivo de la prescripción, dado que según argumenta, dicho acto no reunió los requisitos exigidos por el art. 1094 del CA en tanto alega que fue dictado al sólo efecto de producir la interrupción del plazo de prescripción, en tanto y en cuanto no se impulsó el procedimiento ni la investigación, razón por la cual dicho acto, no constituye la resolución fundada que contempla el art. 1094 del CA. Al respecto cita la sentencia del 30/11/2010 de la Sala F del Tribunal Fiscal en autos “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. N° 27525-A. La recurrente sostiene que no se practica liquidación con anterioridad a la apertura sumarial ni se señala la razón por la cual el servicio aduanero entiende que no se habría regularizado la importación temporal en cuestión. En consecuencia, también plantea la nulidad del procedimiento seguido hasta el dictado de la resolución apelada. Asimismo sostiene que la corrida de vista, realizada casi 10 años después del vencimiento de la destinación en trato, dificultó la posibilidad de reunir elementos de prueba que hacen a su defensa, dado que la Aduana no conservó la documentación original de los permisos de embarque vinculados con la cancelación de la destinación de importación. Ello sumado a que no proveyó la prueba ofrecida en oportunidad de la contestación de vista.
En este orden de ideas, entiende que la resolución apelada excedió el marco de lo razonable en cuanto a las exigencias a la importadora y fue dictada con el único propósito de procurar eludir el límite de la prescripción, sin ahondar en la búsqueda de la verdad material. Considera que el servicio aduanero menoscabó gravemente su derecho de defensa al dictar la resolución en cuestión.
Sostiene la recurrente que, en tales condiciones, la resolución apelada carece de razones firmes que la sostengan como acto administrativo válido, dado que se encuentra viciada en sus elementos esenciales: causa y motivación Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados en el planteo recursivo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador para declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En esta inteligencia, en primer lugar y en relación a lo expresado por la recurrente respecto de la falta de cumplimiento con los requisitos del art. 1094 en oportunidad de la instrucción del sumario de marras, cabe destacar que las condiciones fácticas de la presente causa difieren sustancialmente en relación a las del precedente citado por la asistencia técnica de la recurrente, como así también las de los antecedentes citados en su escrito de alegatos, pues centralmente se colige de la compulsa de las actuaciones administrativas, que en el sobre contenedor —fs. 3—, obra la documentación relativa a la destinación de importación en cuestión. Asimismo, como ya se expresó, a fs. 1 de dichas actuaciones obra el acta de denuncia de la División Registro de Importación del 24/11/2003. Así también a fs. 4 se da intervención a la División Verificación para la determinación del valor en aduana de las mercaderías objeto de la destinación y el cálculo de tributos. A fs. 6 obra la liquidación tributaria y a fs. 11 se realiza la determinación de tributos y multa. Con lo que concluyo se hayan reunidos los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A. para otorgar validez al acto de apertura sumarial.
En segundo lugar y en relación a lo manifestado por la recurrente en cuanto a la afectación al derecho de defensa, surge de las constancias de las actuaciones administrativas, que la importadora ha tenido oportunidad, incluso antes de la apertura sumarial, de acreditar la cancelación de la destinación en trato. En efecto a fs. 2 de las actuaciones administrativas obra la constancia de la citación previa a la recurrente a fin de que en el plazo de 48 horas acredite la cancelación de la DIT. Dicha citación fue notificada a la importadora el 3/11/2003, es decir antes de efectuarse la denuncia de fs. 1. Además la recurrente ha tenido oportunidad de contestar en tiempo y forma la corrida de vista dispuesta e interponer el recurso de apelación de autos contra la resolución dictada, instancia que permite su revisión, como así también el ofrecimiento de las pruebas que considere hacen a su defensa.
Atento a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables en este sentido. Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393). Por lo expuesto no se infiere una conculcación del citado derecho, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables. Corresponde, entonces, rechazar el agravio de la recurrente en ese sentido.
En tercer lugar la recurrente basa su planteo de nulidad en la desmedida extensión de los plazos del procedimiento. Alega que los 10 años transcurridos desde el vencimiento de la DIT en cuestión y la notificación de la corrida de vista le produjo serios inconvenientes en relación a la obtención de la documentación de prueba que hace a su defensa.
Al efecto, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos es aplicable a toda índole de procedimientos, pero sobre todo, al proceso penal con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que la causa se decida prontamente. Dicho concepto fue, asimismo, aplicado a los procedimientos infraccionales.
En tal sentido, considero que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades.
Del relevamiento efectuado se advierte que ante la evidente complejidad de la cuestión (314 PE involucrados) no existió por parte de la Administración un actuar que pudiera traducirse en una extensión irrazonable del proceso.
Al respecto cabe agregar que, en cuanto a lo alegado por la recurrente respecto de las dificultades para la obtención de la documentación probatoria dado el tiempo transcurrido entre el vencimiento de la DIT y la corrida de vista dispuesta, como ya se ha señalado, luce a fs. 2 de las actuaciones administrativas de autos que, previo a disponer la instrucción sumarial, la importadora fue notificada mediante correo postal de la intimación por el plazo de 48 horas a aportar las constancias de su cancelación. Nótese que el régimen especial mediante el cual la recurrente importó la mercadería en cuestión pone en cabeza de aquella la obligación de acreditar su cumplimiento. No obstante ello, la recurrente no aportó la documentación solicitada en dicha oportunidad.
En cuarto lugar, la actora plantea la nulidad de la resolución apelada, argumentando que carece de motivación suficiente. Ello por cuanto considera que no expresa las razones por las cuales se tiene por incumplida la regularización de la importación, no obstante haber acompañado en tiempo y forma la documentación correspondiente para acreditar la reexportación de la mercadería importada. Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que, de lo expresado en los considerandos de la mentada resolución surge que la Aduana ha centrado los fundamentos para su dictado en sostener que, a su criterio, la firma importadora no ha dado cumplimiento con la normativa relativa al régimen establecido por el Decreto 1439/96. Dice haber analizado la documentación aportada por Kimberly Clark Argentina S.A., pero que la misma no resulta suficiente para desvirtuar la imputación efectuada.
La resolución cuestionada es la consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa, como también en la normativa aplicable al caso.
No se colige en la especie, que el acto administrativo cuya nulidad absoluta e insanable se plantea haya sido emitido sin motivación alguna. Por el contrario la Aduana expresa extensamente sus razones, las cuales, independientemente de ser compartidas o no, dan sustento suficiente para considerar al acto válido en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
Por último, aunque no menos importante, la recurrente plantea la nulidad del procedimiento administrativo en virtud de que la Aduana no contaba, al momento del análisis del cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación transitoria, con los permisos de embarque originales que cancelarían la DIT en trato.
Al efecto, si bien la Aduana tiene la obligación de conservar, por el plazo de ley, la documentación original de las operaciones que se realizan bajo su órbita y más aún cuando dicha documentación se encuentra vinculada a una investigación sumarial, lo cierto es que surge, de las constancias de las actuaciones administrativas (anexo) y de las pruebas producidas en autos, que se acompañaron copias de las destinaciones de exportación vinculadas (fs. 33-1622 y fs. 1668-1699 de autos) e impresiones de pantalla del Sistema Informático María (SIM) de las mismas (fs. 1761-1997 de autos). Así también se acompañó copia del CTC Nº 1644 involucrado (ver fs. 59-62 de las actuaciones administrativas, fs. 1623- 1627 y fs. 2111-2114 de autos), constancia de solicitud N° SO1: 0205367/05 (fs. 13-27 de autos) y constancias de solicitud N° SO1:0142250/06 (fs. 7-12 de autos). Cabe destacar que la documentación referida no ha sido cuestionada en cuanto a su autenticidad y validez. Con lo que concluyo que nada obsta a que el suscripto pueda resolver en base a las pruebas obrantes en la causa.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para considerar que los planteos de nulidad analizados deben ser rechazados.
VI. Que, en relación al planteo de prescripción de las acciones del Fisco para reclamar tributos e imponer penas efectuado por la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, también corresponde su rechazo.
El código rector en la materia establece que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Visto ello, el vencimiento de la importación temporaria que originó el sumario administrativo operó el 24/08/2003, por lo que el plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr el 1/1/2004 (arts. 934y 935 del CA) y fue interrumpido el 18/12/2008 por el auto de apertura del sumario (art. 937, inc. a), reanudándose al día siguiente, sin que a estos efectos se requiera su notificación (CSJN, Fallos: 332:1109). En estas condiciones, la resolución fue dictada el 9/12/2013, esto es, antes de que opere la prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa, por lo que corresponde desestimar la excepción interpuesta (arts. 937, inc. d) y 936).
Es menester recordar que la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene relevancia para el cómputo de la prescripción porque el CA es categórico al establecer en el inc. d) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera" (conf. CNACAF, en pleno, autos: "Hughes Tool S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas", del 23/09/2003, JA 2003 IV 38. Tampoco ha prescripto la acción del Fisco para reclamar los tributos, atento a que el plazo que comenzó a correr el 1/1/2004 se encuentra suspendido (arts. 803, 804, 805, inc. a) y c) del CA.
No obstante ello, la recurrente basó su argumento para alegar la prescripción en que el acto de apertura del sumario resultaba nulo, por lo que consideró, no tendría entidad suspensiva o interruptiva en los términos de los arts. 805, inc. a) y 937, inc. a) del CA.
Los argumentos relativos a la validez del acto de apertura sumarial han sido desarrollados en el considerando anterior al cual me remito en mérito a la brevedad.
Por lo expuesto corresponde rechazar la excepción de prescripción de las acciones del fisco opuesta por la recurrente.
VII. Que, en cuanto al fondo de la cuestión traída a conocimiento, no resulta controvertido que mediante la DIT 01001IT14004612T, oficializada el 30/08/2001, la firma Kimberly Clark Argentina S.A, documentó la importación temporaria, en los términos del Decreto 1439/96, de 4.946,40 Kg de monofilamentos sintéticos, clasificados en la Posición Arancelaria (P.A.) 5404.10.90.990Z, para la fabricación de pañales descartables.
El vencimiento de la destinación operaba el 24/08/2003.
Cabe señalar que obra en el expediente administrativo (fs. 3) la carpeta original de la destinación denunciada.
Vencido el plazo de la destinación en cuestión, el servicio aduanero intimó mediante citación a la importadora (ver constancias de fs. 2 de las actuaciones administrativas) para que en el plazo de 48 horas acreditara su cancelación, como así también, en caso de corresponder, aportara los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) definitivos, permiso/s de embarques y/o despachos de importación definitiva para consumo.
Ante la falta de respuesta a la intimación referida, el 24/11/2003, la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires labró el acta de denuncia N° 714/03, obrante a fs. 1 de las actuaciones, por presunta infracción a los arts. 970 y 972 del C.A.
Ahora bien, el art. 970 del C.A., cuya infracción se imputa a la firma recurrente, establece que “...El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.”, ello sin perjuicio de la exigencia de los tributos que gravaren la importación para consumo. Cabe recordar que el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas es mediante la “descarga” de la DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo; y/o mediante los despachos de importación por los que se documentara regularmente la importación para consumo de dicho insumo (importación para consumo de la mercadería importada), sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Asimismo, cabe señalar que es indispensable la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
Además, tanto la reexportación como la importación a consumo de los insumos y mermas, en caso de que corresponda, deben realizarse dentro de los plazos estipulados.
En este sentido, corrida la vista de la apertura sumarial, el 15/03/2013 la firma importadora, acompañó copias de la documentación que obraba en su poder para acreditar la cancelación de la importación temporaria. Dicha documentación se encuentra agregada como anexo a las actuaciones administrativas. La importadora sostuvo que la mercadería importada temporariamente fue reexportada en su totalidad mediante las operaciones documentadas al amparo de 314 permisos de embarque detallados a fs. 36-39 de las actuaciones administrativas. En su contestación de vista, acompañó copia del CTC N° 1644 (fs. 59-62) e hizo referencia a las solicitudes de CTC Nros. SO 1 0205367/05 y 061-012900/01, como así también a los pedidos de pronto despacho SO1 142258/06 y SO1 042243/06 aplicables, a su entender.
Cabe destacar que el servicio aduanero, en virtud de la documentación acompañada por la firma importadora para acreditar el cumplimiento con el régimen del Decreto 1439/96, consideró no regularizada la situación de 4.456,904 kg de la mercadería de la DIT en cuestión respecto de la cual, una vez concluido el sumario administrativo dispuesto, dictó la resolución aquí apelada.
Visto lo precedente corresponde analizar si, en base a la documentación obrante en autos, se puede constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de realizar la operación de importación temporaria documentada, en relación a la mercadería denunciada.
Cabe señalar que, el fundamento empleado por el servicio aduanero en instancia administrativa radicó, básicamente, en que se encontraban cancelados solo 19 de los 314 permisos de embarque (PE) vinculados con la DIT en trato puesto que, respecto de los restantes, faltaban los CTC correspondientes. De la documental obrante en las actuaciones administrativas y constancias de autos, surge que las copias de la documentación de los PE aportadas por la importadora y mediante los cuales alegó haber dado cumplimiento a su obligación de reexportación, son completas, por cuanto cuentan con el cumplido y la intervención del personal aduanero. No han sido desconocidas ni observadas por la demandada. Por otra parte, de la contestación del oficio dirigido a la Dirección General de Aduanas (DGA) surge que a fs. 1761-1997 y fs. 2030, se acompañaron las impresiones de pantalla del SIM de los PE vinculados. Así también a fs. 2023-2024 la DGA acompañó copia de la Resolución N° 229/2012 del Director de la Aduana de Mendoza mediante la cual se dispuso eliminar la documentación correspondiente a los PE de los años 2000 a 2005 y a fs. 2025 acompañó el acta de eliminación del 22/06/2012. Asimismo a fs. 2127-2145 de autos, la Administración Aduana de San Luis informó que los PE de los años 2000-2003 fueron destruidos.
Con lo cual, a pesar de no contar con los originales de los PE correspondientes a las Aduanas de Mendoza y San Luis, dicha circunstancia no impide su verificación y análisis, sobre la base de las copias de los mismos y demás documentación aportada por las partes, obrante en las actuaciones administrativas y en autos, máxime teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde las operaciones en cuestión y las dificultades para la obtención de los CTC definitivos.
Por otra parte, en la contestación del oficio dirigido a la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, dicho organismo informó a fs. 2045 que respecto la solicitud unificada N° SO1: 0205367/2005 no obra constancia de emisión de CTC. A fs. 2049-2088 acompañó copias de los antecedentes de la solicitud N° 061-016453/2000, respecto de la cual la recurrente, a fs. 2096, aclaró que integra la solicitud Nº SO1:0205367/05 y a fs. 2111-2114 de autos acompañó copia autenticada del CTC 1644/05. Por último, en relación a la solicitud Nº 061-142250/06 (pedido de pronto despacho correspondiente a solicitud N° 061- 50006/06), según lo informado a fs. 2115 el expediente fue transferido al Área de Coordinación Administrativa y no fue hallado por el personal de esa dependencia.
Corresponde analizar, entonces, en base a la documentación obrante en estos actuados y la acompañada en la instancia administrativa, si la importadora dio cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria.
Compulsados la destinación de importación temporaria, los PE, las solicitudes de CTC y CTC aportados, se corrobora:
(i) Mediante la DIT 01 001 IT14 004612T, la recurrente importó 4.946,40 kg. de monofilamentos sintéticos clasificados en la P.A. 5404.10.90.990Z, para la fabricación de pañales descartables para niños en diferentes talles y para adultos.
(ii) Asimismo obran en autos copia del CTC Nº 1644/05 (fs. 59-62 actuaciones administrativas, fs. 1623- 1627 y 2111-2114 de autos) correspondiente a las solicitudes n° 061-016887/00 (S01:0163719/02), 061- 016886/00 (S01:0163720/02), 061-016885/00 (S001:0163722/02), S01:0163727/02, S01:0163730/02, S01:0163733/02, S010163736/02, S01:0163737/02, S01:0163740/02, S01:0163741/02, S01:0163742/02, S01:0163745/02, S01:0163746/02, S01:0163749/02, S01:0163750/02, S01:0163751/02, S01:0163752/02 y S01:0163754/02 solicitud de rectificación unificada N° 025367/05 (fs. 14-27 de autos), solicitud n° 061- 016453/00 (fs. 2049-2086 de autos) y solicitudes de pronto despacho N° 061-142243/06 (fs. 13 de autos) y pronto despacho N° 142258/06 (fs. 7-12), esta última correspondiente a la solicitud de unificación de CTC N° 061-50006/06, respecto de la cual la Secretaría de Comercio informó (ver fs. 2115 de autos) que el personal de esa dependencia se encuentra abocado a la tarea de búsqueda, sin resultado positivo. (iii) DESCARGA DE LA MERCADERÍA IMPORTADA TEMPORARIAMENTE (VER ANEXO I):
De la verificación efectuada en virtud de las pruebas obrantes en autos, se colige lo siguiente: • Mediante los 303 P.E. detallados en el cuadro que se agrega como anexo I, se acreditó la cancelación de la DIT en cuestión por la cantidad de 4.715,93 kg de monofilamento sintético, clasificado en la P.A. 5404.10.90.990Z.
• Respecto de la mercadería exportada mediante los P.E. referidos en el punto anterior, el insumo importado temporariamente según la DIT en cuestión se encuentra amparado por: (i) CTC 1644/05 expedido por la Secretaría de Comercio, cuya copia obra a fs. 59-62 de las actuaciones administrativas vinculadas, fs. 1623-1627 y fs. 2111-2114 de autos, (ii) solicitud N° SO1: 0205367/05 cuyas constancias de tramitación por parte de la recurrente obran a fs. 13-27 con las correspondientes declaraciones de insumos y según lo informado por la Secretaría de Comercio a fs. 2045 de autos, no se ha encontrado emisión del CTC y (iii) solicitud 061-50006/06 y pronto despacho N° SO1:0142250/06, cuyas constancias de tramitación obran a fs. 7-12 de autos, con las correspondientes declaraciones de insumos y respecto de las cuales, según lo informado por la Secretaría de Comercio no ha podido hallarse el expediente.
• Realizados los cálculos correspondientes en base a las relaciones de insumo/producto expresadas en el CTC y solicitudes obrantes en autos, las cantidades de la mercadería importada temporariamente y la reexportada mediante los P.E. detallados en el cuadro anexo, se corrobora que no se encuentra cancelada la situación de la mercadería importada mediante la DIT en cuestión respecto de 306,98 Kg.
Asimismo, cabe realizar las siguientes aclaraciones en relación a los P.E. acompañados a fs. 33-1622 y fs. 1668-1699 de autos:
• A fs. 804-816 y 1476-1488 se acompañan copias de la documentación del P.E.
02083EC03000238H el cual no se detalla en el listado acompañado por la recurrente a fs. 28-32. Por el contrario, a fs. 28 se detalla un P.E. 02038EC03000238H perteneciente a otra aduana y cuya documentación no se acompaña, por lo que resulta imposible su verificación.
• La documentación de los P.E. 01083EC03001082E, 02001EC03001253H y 02038EC03000586N enumerados a fs. 28 vta., 30 y fs. 32, respectivamente, no se encuentra acompañada, por lo que resulta imposible su verificación.
• En relación al P.E. 02038EC03000593L detallado a fs. 28 vta. no se encuentra acompañada documentación alguna que permita su análisis. Por el contrario, a fs. 163-165 se acompaña documentación del P.E. 02083EC03000593L el cual no descarga la DIT en trato.
• En relación al P.E. 02038EC03000303A detallado a fs. 28 vta. no se encuentra acompañada documentación alguna. Por el contrario a fs. 1448-1453 de autos se acompaña P.E.
02083EC03000303A.
• Los P.E. 02083EC03000593L, 02083EC000563X, 02083EC03000555J, 02083EC03000509X cuya documentación obra a fs. 163-165, fs. 733-738, fs. 739-742 y fs. 1345-1348 de autos, respectivamente, no descargan la DIT en trato.
VIII. Que, sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de los conceptos de Derecho Adicional, Iva adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis.
En relación al derecho adicional, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en los fallos “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” y “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/ recurso de apelación” (TF 16.912-A), en consecuencia, corresponde excluir el mismo del monto reclamado a la actora.
Asimismo, en cuanto al Iva adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
En relación a las costas, teniendo en consideración las fechas del dictado de los precedentes mencionados y la falta de oportuno allanamiento, deberán ser impuestas a la demandada.
IX. Que, en relación a los agravios de la recurrente respecto al reclamo en dólares, la tasa de interés y el tipo de cambio aplicable para valorar la mercadería, establecer la base imponible y determinar la obligación tributaria, la importadora cita los arts. 637, 638 y 639 del CA y cuestiona lo dispuesto en la Resolución General AFIP N° 3271/12. Sostiene que el art. 20 de la Ley 23.905 no resulta aplicable dado que habría quedado derogado por lo previsto en el art. 9 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT, aprobado por Ley 24.245. Asimismo sostiene que el art. 20 de la Ley 23.905 prevé un mecanismo de repotenciación de deudas, prohibida por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 Cabe señalar, en primer lugar, que resulta de plena aplicación el art. 20 de la Ley 23.905, el cual estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, se determinarán “en dólares estadounidenses” y agregó que “el pago puede efectuarse (…) en dólares o en la moneda nacional”, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”. Ello por la sencilla razón de que, al ser la Ley 23.905 posterior al dictado del art. 639 del CA –y los diversos supuestos a los que éste remite, contemplados en los arts. 637 y 638 del mismo cuerpo legal–, ha de estarse a lo dispuesto en ella.
El art. 20 de la Ley 23.905 regula, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que pueden cancelarse. La conversión a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización de los créditos, sino como la manera de facilitar al obligado su pago.
La cuestión aquí debatida debe resolverse de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/05/14 (C. 1242, XLIX), que en su Considerando 7º) sostuvo que: “(...) los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues (...) no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses”. En cuanto a lo dispuesto por el art. 9 del Acuerdo de Valor del GATT queda librada a la legislación de los países miembros la determinación de la necesidad de conversión de moneda extranjera. En nuestro país, a partir del art. 20 de la ley 23.905 y al determinarse allí la liquidación de los tributos en moneda dólar deja de ser necesaria la conversión de moneda para determinar el valor en aduana, por cuanto el importe de tributos en moneda dólar se obtiene —sin convertir nada— sobre la base y/o sobre precios expresados en moneda dólar. Por lo tanto cuando se pague en pesos —y especialmente cuando se trate de una determinación suplementaria efectuada en dólares, el tipo de cambio deberá ser el legalmente dispuesto, es decir, el del día anterior al del pago.
En consecuencia debe rechazarse el planteo de la recurrente en este sentido.
En segundo lugar y respecto al agravio de la recurrente relativo a la tasa de interés aplicada cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su modificación.
X. Que, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, corresponde practicar nueva liquidación de tributos, aplicable al caso de autos:
Liquidación de tributos:
DIT 08 074 IT16 000006 X
Valor en aduana de la mercadería no cancelada: 306,98 kg.
u$s 5.515,56 Derechos de Importación (17,5%)
u$s 965,22 Estadística (0,5%)
u$s 27,58 Base imponible I.V.A. u$s 6.508,36 I.V.A. (21%)
u$s 1.366,75 El monto de tributos adeudados asciende a u$s 2.359,55 más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 11/07/2013 y hasta la fecha de su efectivo pago.
XI. Que, por último, en cuanto a la solicitud de la actora respecto de la morigeración de la multa, cabe destacar que si bien a fs. 76 de las actuaciones administrativas obra agregada la constancia de consulta al Registro de Infractores de la cual se desprende que la firma posee una infracción anterior, la misma ha quedado firme el 27/03/2012. En virtud de lo dispuesto por el art. 928, inc. a) del CA no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar a la recurrente como reincidente, por lo que estimo ajustado a derecho reducir la determinación de la multa a 1 vez el monto de los tributos exigidos.
XII. Que, en relación a los demás agravios de la recurrente y atento a la forma en que aquí se resuelve, no corresponde su tratamiento.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a que condena a la firma Kimberly Clark Argentina S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 306,98 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 01001IT14004612T y declarar que el monto de los tributos asciende a u$s 2.359,55 con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/07/2013.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 4 % a cargo de la actora y un 96 % a cargo de la demandada.
Así lo voto.
La Dra. Sarquís dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a que condena a la firma Kimberly Clark Argentina S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 306,98 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 01001IT14004612T y declarar que el monto de los tributos asciende a u$s 2.359,55 con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/07/2013.
3. Revocar la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039- 906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 4 % a cargo de la actora y un 96 % a cargo de la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo —Vocal Titular de la Vocalía de la 17ª Nominación— y la Dra. Claudia B. Sarquís —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación— en los términos del art. 59 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación (Acordada T.F.N. 840/93).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.06.26 15:59:49 -03:00 Date: 2023.06.26 18:33:30 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.26 18:33:31 -03:00
Fin de la sentencia