Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31677-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar el punto 4° de la sentencia apelada y declarar que la parte actora nada adeuda en concepto de tributos, con costas (artículo Alta en sistema: 02/07/2025 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2Disponer el reenvío de la presente causa al Tribunal Fiscal a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento en el que examine la procedencia de la multa en virtud de los planteos a los que se hace referencia en el considerando V.
3Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de la regulación de honorarios efectuada a favor del Fisco, la que se deja sin efecto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA (TF 31677-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 146/148vta, el Tribunal Fiscal de la Nación: 1) confirmó parcialmente la Resolución n° 4846/2011 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en tanto impuso una multa y exigió el pago de los tributos que gravan la importación para consumo de la totalidad de la mercadería que fue considerada en infracción, relativa al despacho de importación temporal n° 00 001 IT16 000218 S, con costas; 2) revocó la exigencia de los rubros: derecho adicional, IVA adicional y anticipo de Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden; 3) declaró que la firma importadora adeudaba 26.403,34 pesos en concepto de multa, al reducirla a una vez el valor de los tributos adeudados; 4) declaró que la firma Kimberly Clark Argentina S.A. adeudaba 26.403,34 pesos en concepto de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e IVA), los que debían ser ajustados por el CER y a los que se debían adicionar intereses a partir del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de total y efectivo pago. Asimismo, dispuso que debía ser imputado “…el pago efectuado por la actora conforme el comprobante de liquidación manual 11001LMAN317703U, de fs. 55ref. de las actuaciones administrativas”.
Para así resolver, destacó que no se había incorporado a la causa la documentación necesaria para efectuar la “descarga de la mercadería importada y corroborar si efectivamente se reexportó en término y conforme a la relación insumo-producto aplicable, por lo que corresponde tener por configurada la infracción del art. 970 del CA respecto a la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación 00001IT16000218S”.
Posteriormente, dispuso que debía ser modificada la liquidación de tributos practicada en sede administrativa, excluyéndose el derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n° 1439/96, por aplicación de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa F.195.XLII “Frisher S.R.L. (TF 16.236 -A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013; y las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF Alta en sistema: 02/07/2025 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
En tales condiciones, redeterminó los tributos adeudados y la multa, de conformidad con lo expresado en el primer párrafo de este considerando.
Asimismo, a fs. 188 y vta. reguló los honorarios de la representación fiscal, por las actuaciones cumplidas en las tres etapas del proceso, en 513.144 pesos.
II. Que, contra esa sentencia, la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 166/174vta, los que no fueron replicados por la parte contraria. Asimismo, a fs. 199 y vta. la parte actora apeló los honorarios regulados a la representación fiscal por considerarlos altos. En sus agravios cuestiona que, al redeterminarse los tributos adeudados en la suma de 26.403,34 pesos, más el ajuste por aplicación del CER y los intereses devengados a partir del 7 de abril de 2011, se haya omitido considerar que de la constancia obrante a fs. 55ref. de las actuaciones administrativas resulta que el 18 de julio de 2011 fue afectado el pago de 171.228,83 pesos en concepto de tributos, monto que en esa oportunidad excedía holgadamente la suma que su parte se halla obligada a pagar en tal concepto, de conformidad con los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal. Afirma que, si hubiere sido practicada la liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1166 del Código Aduanero, podría haberse establecido de manera concreta si efectivamente existía la deuda a la que se refiere el punto 4° de la parte dispositiva de la sentencia.
Posteriormente, practica la liquidación que estima pertinente y afirma que teniendo en consideración lo resuelto por el Tribunal Fiscal que dispuso la revocación de una serie de rubros tributarios y el pago oportunamente efectuado en sede administrativa, su parte nada adeuda en concepto de tributos.
En diferente orden de ideas, y en lo relativo a la multa impuesta, plantea que se halla prescripta la acción del Fisco para exigirla en atención a la excesiva duración del proceso. Asimismo, considera que debe ser declarada la condonación de la aludida multa, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley n° 27.260 y en la Resolución General AFIP 4007 -E.
Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Subsidiariamente, plantea que debe ser aplicado el beneficio de la duda teniendo en consideración que el extenso período de tiempo transcurrido en la tramitación de la causa fue lo que dificultó la consecución de la documentación tendiente a acreditar la cancelación del régimen.
Finalmente, considera que cobra virtualidad la aplicación del principio de insignificancia o bagatela, dado que al resultar inexigibles los tributos determinados en la sentencia del Tribunal Fiscal, por hallarse pagos, la causa queda reducida a la eventual exigencia de una multa que quedó establecida en 26.403,34 pesos.
III. Que, en primer término, cabe destacar que no se halla controvertido ante esta instancia que la parte actora cometió la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de la mercadería declarada en el despacho de importación temporal n° 00 001 IT16 000218 S. De igual modo, tampoco está cuestionada la revocación dispuesta por el Tribunal Fiscal de los rubros tributarios: derecho adicional, IVA adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias ni la reducción de la graduación de la multa a una vez el valor de los tributos adeudados, teniendo en consideración que el Tribunal Fiscal tuvo al Fisco por desistido del recurso interpuesto a fs. 159 (cfr. fs. 179 y 180).
En tales condiciones, la controversia se halla circunscripta a discernir si efectivamente en el caso existe un saldo pendiente de pago en concepto de tributos o si, por el contrario, y tal como afirma la apelante, aquellos se hallan íntegramente cancelados en virtud del pago efectuado en sede administrativa.
Al respecto, corresponde señalar que, si se toman en consideración los 26.403,34 pesos que el Tribunal Fiscal determinó como adeudados en concepto de tributos y se los ajusta con el índice CER del 18/07/2011, fecha en que fue afectado el pago en sede administrativa (es decir, 2,7681) se obtiene un valor ajustado en concepto de tributos de 73.087,08 pesos. Sobre ese monto actualizado corresponde adicionar la suma de 7.381,80 pesos en concepto de intereses, devengados a partir del 7 de abril de 2011 (de conformidad con lo establecido en el artículo 794 del Código Aduanero y de lo indicado expresamente en la sentencia del Tribunal Fiscal) hasta el momento de aquél pago (18 de julio de 2011).
Es decir que, tal como expone el apelante, el pago efectuado en sede administrativa excede el monto que esa parte adeuda en concepto de tributos, teniendo en consideración lo decidido Alta en sistema: 02/07/2025 por el Tribunal Fiscal. Por ello, cabe concluir que no existe suma alguna exigible a la parte actora en tal concepto, de manera tal que corresponde hacer lugar a su recurso en lo que este punto respecta, revocar el punto 4° de la sentencia apelada y declarar que la parte actora nada adeuda en concepto de tributos.
IV. Que, en diferente orden de ideas, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que se encuentra concebido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años. Con relación estrictamente en lo que refiere a la infracción aduanera cuya comisión le fue imputada a la firma importadora, lo cierto es que el plazo de 10 años transcurrido entre el hecho imponible y el dictado de la resolución definitiva no se advierte como irrazonable, a diferencia del ponderado en el precedente de Fallos 334:1264, de 23 años, eventualmente aplicable de manera analógica. Por lo demás, cabe agregar que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso, y eso impide, precisamente, convalidar las conductas omisivas de la parte interesada en obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, que desnaturalizan el procedimiento.
Al respecto, en el Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 338:1538 se ha expresó que “…la determinación judicial de que en un caso concreto se ha violado el derecho fundamental de una persona a ser juzgada en un plazo razonable no es el resultado de una simple contrastación con un término elegido en abstracto. Antes bien, ella exige una indagación detallada de los pasos de tramitación concretos que explican el retraso del procedimiento a fin de evaluar si el acusado ha sido víctima de ‘la injusticia de una indefinición que atenta contra la garantía constitucional de la defensa enjuicio’ (cf. Fallos: Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 327:327; el texto citado corresponde a la disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en Fallos: 322:360, considerando 20)”.
En tales condiciones, corresponde concluir que en el caso no se verifican circunstancias análogas a las examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012 y Fallos 334:1264, de manera tal que no es dable sostener que el proceso se haya extendido por un plazo que merezca ser calificado como “irrazonable”.
V. Que, finalmente, y en virtud de la manera en que se decide la cuestión tributaria, corresponde disponer el reenvío de las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal a fin de que se expida de manera concreta en orden a si se hallan reunidas en el caso las condiciones para disponer la condonación de la multa impuesta, por aplicación de lo establecido en el artículo 56 de la Ley n° 27.260 y en la Resolución General AFIP n° 4007-E.
Ello, teniendo consideración que en el Título II de la Ley Nº 27.260 se estableció un régimen excepcional de regularización de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras y a que la procedencia del beneficio solicitado por la actora, requiere del cumplimiento de los requisitos prescriptos en la disposición antes citada y remite al examen de cuestiones de hecho y prueba que en principio están reservadas al conocimiento del Tribunal Fiscal (arg. Fallos: 300:985; Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/09; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/09; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; esta Sala, in re: “Del Buono, Jorge Luis”, del 15/03/07; entre otros).
De igual modo, también corresponderá examinar la eventual aplicación del principio de insignificancia o bagatela.
VI. Que, en atención al modo en que se decide, se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de los honorarios regulados a favor del Fisco. Por ello, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 188 y vta. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1)
Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar el punto 4° de la sentencia apelada y declarar que la parte actora nada adeuda en concepto de tributos, con costas (artículo Alta en sistema: 02/07/2025 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2. Disponer el reenvío de la presente causa al Tribunal Fiscal a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento en el que examine la procedencia de la multa en virtud de los planteos a los que se hace referencia en el considerando V. 3) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de la regulación de honorarios efectuada a favor del Fisco, la que se deja sin efecto. Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 02/07/2025
Fin de la sentencia