Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32011-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la nulidad del auto de apertura del sumario, con costas;
2Fijar los honorarios de conformidad con el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 22.901/2023 "Kimberly Clark Argentina SA (TF 32011-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" - TFN sala "G"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre del 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados "Kimberly Clark Argentina SA (TF 32011-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal resolvió: (i) declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y de todo lo actuado en consecuencia, incluida la resolución n.° 6801/2011 y, consecuentemente, (ii) declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación n.° 00 001 IT14 004038 U, en los términos de los arts. 803 y concordantes y 934 y concordantes del mismo cuerpo normativo, con costas a cargo del fisco.
Para así decidir, sostuvo que el auto de instrucción del sumario es nulo por no cumplir con los requisitos legales exigidos en el art. 1094 del Código Aduanero. Precisó que el servicio aduanero se encuentra obligado a determinar, clasificar y valorar la mercadería, así como a liquidar los tributos que correspondan, lo que en el caso se realizó con posterioridad a la apertura del sumario.
En ese entendimiento, declaró la nulidad absoluta del auto de apertura por carecer de los requisitos esenciales previstos en el art. 1094 del Código Aduanero y, en consecuencia, al no ser idóneo para suspender o interrumpir la acción del fisco destinada a imponer sanciones y cobrar tributos, declaró prescriptas dichas acciones.
II. Disconforme, apeló el fisco y expresó agravios que fueron replicados por su contraria (v. fs. 233/5 y 249/73).
Sostiene que, si el art. 1094 del Código Aduanero estableciera verdaderas “exigencias” y no simples facultades, debería configurarse un numerus clausus, lo que no surge de su texto. Por el contrario —afirma—, la norma busca atribuir diversas potestades al funcionario con el fin de esclarecer los hechos denunciados. Así, dado que el fin último del procedimiento es el establecimiento de la verdad material y rige el principio del informalismo administrativo, considerar a los incisos del art. 1094 como de cumplimiento obligatorio para el actuante importaría una visión obsoleta y contraria a las necesidades prácticas que supone un procedimiento de esta índole.
Añade que no puede declararse la nulidad de un acto que, aun cuando presente irregularidades, haya cumplido la finalidad a la que estaba destinado (art. 1050 del C.A.). Finalmente, sostiene que en el caso no se produjo una afectación al derecho de defensa de la parte interesada.
III. Atento el contenido de las críticas formuladas por la demandada, corresponde examinar si el auto de apertura del sumario cumplió con los presupuestos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero.
En el acta de denuncia n.° 2043/04, de fecha 27 de diciembre de 2004, se consignó: “la inf. a los arts. 970 y 972 del Cód. Aduan. correspondiente a la DIT 00001IT14004038U vto: 27/07/01” (v. fs. 1 de las actuaciones administrativas).
Se agregó la carpeta original de la DIT involucrada, de la que surge, entre otros elementos, el despacho de nacionalización n.° IC81 398-N, oficializado el 23 de julio de 2001, mediante el cual se descargaron 123,170 kg de la mercadería en cuestión (v. fs. 7 de las actuaciones administrativas). Por su parte, en el auto de instrucción del sumario, de fecha 10 de octubre de 2006, se imputó a la firma Kimberly Clark Argentina S.A. que “no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal n.° 00 001 IT14 004038 U con vencimiento de fecha 27/07/2001, lo cual configuraría la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero”. Asimismo, se dispuso el pase a la “Sección CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 22.901/2023 "Kimberly Clark Argentina SA (TF 32011-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" - TFN sala "G"
Procedimientos Técnicos” a fin de que informara si la mercadería amparada por la DIT había sido regularizada y, en su caso, precisara la cantidad de mercadería en infracción (v. fs. 10 de las actuaciones administrativas).
Recién el 13 de junio de 2011 el servicio aduanero determinó la cantidad de mercadería en infracción, estableciéndola en 3.148,83 kg (v. fs. 11 de las actuaciones administrativas).
IV. Las circunstancias descriptas me llevan a concluir que el pronunciamiento apelado debe ser mantenido en cuanto declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y, consecuentemente, de los actos cumplidos con posterioridad.
Ello es así, toda vez que de dichas actuaciones no surge de manera concluyente la indicación de las circunstancias que pudieran conducir a la comprobación de los hechos denunciados y, específicamente, de la mercadería en infracción según su calificación legal. Estos aspectos cobran especial relevancia por tratarse de una materia de carácter represivo, en la que se ve afectado el derecho de defensa de la encartada. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta la ambigüedad con la que procedió el servicio aduanero, lo que refuerza la necesidad de garantizar un debido proceso.
En definitiva, se advierte que no se cumplió con la finalidad del procedimiento sumario previsto en el CA (arts. 1091, 1094 y cc).
V. Sobre este punto, esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener un cabal conocimiento de las conductas investigadas —aspecto que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)—, sino que, además, implica la primera intervención de la administración aduanera, que frente a la posibilidad de desestimar la denuncia o ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por considerar que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas nro. 29/2013 “Enod SA c/ DGA”, y nro. 62.944/2019 “Federal Express Corporation, c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013 y del 17 de julio de 2020 , respectivamente, entre otras).
Si se repara, entonces, en la finalidad del auto de apertura, aparece en juego con mayor fuerza de convicción la necesidad de que éste exhiba de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causa nro. 30.455/2018 “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12 de marzo de 2019).
El art. 1090 del CA dispone que “[r]ecibidas las actuaciones, el administrador: a) [o]rdenará ampliar la investigación en aquellos aspectos que considerare necesarios; b) [d]esestimará la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera; o c) [d]ispondrá la apertura del sumario”.
Con ello en claro, se advierte de manera inequívoca que, en el acto de apertura del sumario, el servicio aduanero no determinó con precisión los hechos constitutivos de la conducta reprochada. Por el contrario, lo hizo en términos amplios y ambiguos, sin individualizar específicamente la mercadería en infracción, a pesar de contar con todos los elementos necesarios para hacerlo en la carpeta original de la DIT.
Consecuentemente, la apertura del sumario realizada por el servicio aduanero en el caso, en los términos del art, 1090 del CA, luce infundada. Lo hasta aquí expuesto resulta definitivo para desestimar el recurso de la parte demandada.
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VI. Finalmente, corresponde examinar los recursos de apelación interpuestos "por altos" —por la demandada a fs. 213— y "por bajos" —por los letrados beneficiarios a fs. 215/6 y 221—, contra la regulación de honorarios realizada por el TFN a fs. 204/5.
A tal fin, cabe ponderar la naturaleza del proceso, su monto, las etapas cumplidas bajo la vigencia de la ley 21.839, así como el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada, evaluada a la luz del resultado obtenido. En función de tales parámetros, corresponde elevar los honorarios a la suma total de setecientos seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($706.355), distribuidos del siguiente modo:
Dr. Ignacio B. Martín: por su actuación en la primera etapa en representación y patrocinio letrado de la parte actora, la suma de trescientos cincuenta y tres mil ciento setenta y seis pesos con setenta y cuatro centavos ($353.176,74);
Dres. Francisco J. Menéndez y Patricia S. Rodríguez: por su actuación en la segunda etapa en representación y patrocinio letrado de la parte actora, la suma de ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y ocho pesos con treinta y siete centavos ($176.588,37), para cada uno de ellos.
Ello, conforme lo previsto en los artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, y de acuerdo con lo resuelto por esta Sala en la causa “Grupo Milenio SA (TF 30964-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. n.° 47.142/2023, pronunciamiento del 6 de agosto de 2024. Bajo las mismas pautas, y por la actuación en la tercera etapa en representación y patrocinio letrado de la parte actora, se regulan 2,33 UMA, —equivalentes a $176.588,37, conforme los valores establecidos en la resolución SGA n.° 1860/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, para cada uno de los Dres. Francisco J. Menéndez y Patricia S. Rodríguez.
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, y atendiendo al momento en que las tareas fueron efectivamente realizadas (Fallos: 341:1063), corresponde establecer en 1,05 UMA —equivalente a la suma de $79.578,45, conforme los valores fijados en la resolución SGA n° 1860/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios de los Dres. Francisco J. Menéndez y Patricia S. Rodríguez, para cada uno de ellos, por su actuación (fs. 249/273) en ejercicio de la dirección letrada y la representación procesal ante esta instancia (arts. 16, 19, 20, 30 y concordantes de la ley 27.423). La regulación precedente no incluye el impuesto al valor agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación subjetiva de los profesionales beneficiarios frente a dicho tributo. Por las razones expuestas VOTO por: 1. Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la nulidad del auto de apertura del sumario, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.); 2. Fijar los honorarios de conformidad con lo establecido en el considerando VI.
La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la nulidad del auto de apertura del sumario, con costas; 2. Fijar los honorarios de conformidad con el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 22.901/2023 "Kimberly Clark Argentina SA (TF 32011-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" - TFN sala "G"
Fin de la sentencia