Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32663-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios expresados por la parte actora a fs. 563/584 y, por consiguiente, confirmar las sentencias de fs. 379/385vta. y fs. 544/554vta. Las costas de alzada se distribuyen en el orden causado, en virtud de lo expresado en el considerando XI.
103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, fs. 561, contra las sentencias de fs. 379/385 y fs. 544/554vta., fundado por el memorial de fs. 563/584, cuyo traslado fue contestado por el Fisco Nacional a fs. 594/598; y,
I. Que, mediante la resolución del 30 de mayo de 2014 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó, con costas, el planteo de prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas en los términos del art. 934 del CA y para reclamar tributos en los términos del art. 803 del CA. Asimismo, desestimó la nulidad del auto de apertura del sumario acusada por la importadora, por considerar que su invalidez no fue oportunamente planteada y que cumple con lo normado en el art. 1094 del CA y es válido. Tampoco admitió la aplicación de la doctrina del “plazo razonable” sentada por el Alto Tribunal en la causa “Bossi y García”, al dictar sentencia el 8 de noviembre de 2011. Por último, desechó la nulidad del procedimiento de la resolución administrativa formulada por la recurrente (cfr. fs. 379/385).
A su vez, por la sentencia del 29 de junio de 2018 confirmó parcialmente la resolución DE PRLA nº 6979/2012 en cuanto condena a la actora por la comisión de la infracción al art. 970 del Código Aduanero por la totalidad de la mercadería amparada por el despacho de importación temporaria nº 01 001IT14 002605T y por 68.701kgs de la mercadería documentada mediante la destinación nº 01 001 IT14 002825A. En su consecuencia, intimó a Kimberly Clark Argentina SA al pago de una multa, fijada en PESOS CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($101.738,69), y de tributos, por un monto de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($162.314,65), con más los intereses del art. 794 del CA, los que deben calcularse desde el 25/04/12 hasta el efectivo pago.
Alta en sistema: 27/12/2019 En cambio, revocó dicha resolución respecto de la comisión de la referida infracción y de la correspondiente exigencia tributaria, con relación a 138.158,13 kg de la mercadería involucrada en el DIT nº 01 001 IT14 002825A. Las costas fueron impuestas conforme los mutuos vencimientos (cfr. fs. 544/554vta).
II. Que, la vocal preopinante al emitir su voto –al que adhirieron parcial y totalmente sus colegas de Sala- comenzó por resumir las actuaciones administrativas. En seguida, el tribunal recordó que el art. 970 del CA sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas con motivo del otorgamiento del régimen de importación temporaria y que la obligación asumida por la parte actora era la de reexportar la mercadería y/o importarla para consumo antes del vencimiento del plazo de permanencia.
Recalcó que mediante el DIT 01 001 IT14 002605 T, oficializado el 17/05/2001, la actora importó papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares, clasificado en la posición arancelaria SIM 4818.90.00.000H, bajo el régimen del decreto1439/96, por un plazo de 360 días, operando su vencimiento el día 16/05/2002. Y que por el DIT 01 001 IT14 002825A, oficializado el 30/05/2001, documentó la importación de pasta química de madera a la soda o al sulfato, correspondiente a la posición arancelaria SIM 4703.21.00.100G, bajo el régimen del mencionado decreto, con el mismo plazo de permanencia, con vencimiento el 30/05/2002.
Destacó que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido. En cuanto a las específicas pautas que surgen del decreto 1439/96 y de la resolución ex MEOSP nº 72/92, ponderó que recepta el mismo principio del CA, permitiendo a quien se somete a sus disposiciones importar en forma temporaria mercadería con destino a un proceso industrial en el país, eximiéndose del pago de tributos que gravan la importación para consumo de dicha mercadería, con excepción de las tasas retributivas de servicios. Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Precisó que para considerar que el importador temporario cumplió debidamente con el régimen, y que no incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del CA, debe hallarse acreditada la exportación de la mercadería importada en forma temporaria y posteriormente incorporada en el producto final o, en su caso, la importación para consumo de aquella, dentro del plazo fijado. Señaló que para la comprobación de la reexportación de los insumos deben estar documentados de forma clara y correcta, de manera que no quepan dudas acerca de la identidad de la mercadería y su valor.
Citó el texto de la resolución ex. ANA 479/95, que se encontraba vigente al momento de las operaciones del caso, en cuyo art. 4.1 establece que “El beneficiario de la Importación Temporaria deberá observar estrictamente los siguientes requisitos:
a) Declaración en el Permiso de Embarque del Número de Certificado de Tipificación y Clasificación y del Número de la Circular Interna en la cual haya sido publicado o el número de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos cuando no se hubiere otorgado, aún aquel Certificado.
b) Declaración Jurada en el Permiso de Embarque que consigne que no se ha modificado la relación producción, consumo, sobrante, pérdidas, residuos y mermas que dieron lugar a dicho certificado o a la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos, por la cual se tramite el Certificado de Tipificación y Clasificación.” En cuanto a las concretas circunstancias del caso, indicó que la importadora en la oportunidad de contestar la vista, efectuó la descarga de los despachos de importación temporaria sin acompañar las copias de los permisos de embarque ni los Certificados de Tipificación y Clasificación involucrados, solicitando a la aduana la agregación de las destinaciones originales mediante las cuales había reexportado la mercadería importada temporalmente. En respuesta a ello, a fs. 47y vta., la Aduana informó que se encontraban prescriptos y separados para su destrucción. Agregó que a fs. 51 de las actuaciones administrativas la recurrente acompañó las copias de los permisos de embarque, la Alta en sistema: 27/12/2019 declaración jurada de las descargas de los DITs y los CTC involucrados, sin detallarlos en la presentación aduanera. A fs. 55 el despachante de aduanas acompañó documentación sin especificaciones. Destacó que esta documentación fue la considerada para el dictado de la resolución aduanera de condena.
Respecto de lo manifestado por la actora en el escrito de inicio, en el sentido que la mercadería importada temporariamente fue reexportada en tiempo y forma, explicó que no expresó agravios concretos para desvirtuar la imputación efectuada en el informe técnico de fs. 65 de las actuaciones administrativas, ni en la resolución aduanera. Asimismo, dejó sentado que reiterada y pacífica jurisprudencia ha sostenido que queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que se ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada por el régimen especial de importación temporaria y que, en la especie, corresponde analizar las copias de los permisos de embarque que se tienen por verosímiles, dado que la aduana no agregó los originales ni sus copias certificadas. Explicó que, no obstante, las copias de los permisos de embarque aportados por la apelante resulta insuficientes para acreditar el cumplimiento total de la reexportación de la mercadería, que la actora afirma, puesto que faltan dos permisos de embarque (nro. 01 001 EC03 016984L que corresponde al DIT 01 001 IT14 002825A; y, el nro. 01001EC03 013618C, al DIT 01 001 IT14 002605 T), ambos consignados en las declaraciones juradas del estado de despachos de importación acompañada por la recurrente en sede administrativa y ante el Tribunal Fiscal.
En un extenso cuadro, examinó detalladamente (y en conjunto) los despachos de importación temporaria, los permisos de embarque, las solicitudes de CTC y CTC acompañados (ver considerando VIII, fs. 547vta./550vta.). En cuanto al análisis de los CTC y solicitudes de CTC acompañados, concluyó que:
- el CTC nº 1135/05 se emitió como consecuencia de cuarenta y dos (42) solicitudes de CTC, de las cuales las involucradas en los DITs en trato son las siguientes 061-005992/01, 061-005991/01, 061- Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 005989/01, 061-005986/01, 061-006774/00, 061-006776/00, 061-
006775/00, 061-006390/99, 061-006389/99, 061-006391/99, 061-
006393/99, 061-006392/99, 061-006395/99, 061-005975/01, 061-
005976/01, 061-005984/01, 061-005983/01 y 061-005978/01 y tipifican la relación insumo/producto de mercaderías de la posición arancelaria 4818.90.00 y 4703.21.00, referidas a los insumos importados mediante las destinaciones de importación temporaria y la mercadería exportada. - el CTC nº 976/03 se emitió como consecuencia de la solicitud de CTC nº 061-012573/00 y tipifica la relación insumo/producto de la mercadería de la posición arancelaria 4818.90.00 referida a los insumos importados mediante el DIT 01 001 IT14 002605 T y la mercadería exportada.
- La solicitud de CTC nº 061-016971/00 no contaría con CTC definitivo –según las constancias que acompañó la parte actora- y tipificaría la relación insumo/producto de la mercadería de la posición arancelaria 4703.21.00 referida al insumo importado por la destinación 01 001 IT14 002825A y la mercadería exportada.
- La solicitud de rectificación unificada nº 0205367/05 relativa, entre otras, a las solicitudes de CTC 061-016883/00 y 061-016884/00 tipifica la relación insumo/producto de la mercadería de la posición arancelaria 4703.21.00 referida al insumo importado mediante la DTI 01 001 IT14 002825 A y la mercadería exportada.
- las CTC 061-012876 y 061-012884 consignadas en el permiso de embarque 02 038 EC03 000005 W no se encuentran agregados, de modo que no resulta posible determinar la relación insumo/producto necesaria para controlar la descarga de la mercadería importada temporariamente por el DIT 01 001 IT14 002825A.
Al culminar dicho análisis, destacó que la finalidad de los CTC es permitir al servicio aduanero verificar que la mercadería importada temporariamente se incorpore al producto terminado sometido a exportación. Precisa que la falta de agregación de los CTC impide determinar la cantidad de insumos que el CTC admite que se incorporen al bien que se exporta (puesto que al no presentarse el CTC correspondiente Alta en sistema: 27/12/2019 no es posible conocer la relación insumo/producto), como así también conocer cuál es el producto que el CTC determinaba que se debía exportar con indicación de la pertinente posición arancelaria y que debía contener los insumos importados. En definitiva, ante su ausencia, no puede considerarse reexportada la mercadería importada temporariamente. Reiteró que pesa sobre la actora la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria al que se acogiera voluntariamente; es decir, que es ella la que debe demostrar, en forma fehaciente, a través de la agregación de la documentación aduanera pertinente, que ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas dentro del plazo legal otorgado. Añadió, al respecto, que ante el vencimiento del plazo de permanencia de las mercaderías sin haberse acreditado la reexportación y/o importación de la mercadería importada, la misma debe considerarse importada para consumo y, quien la importó temporariamente es responsable de la correspondiente obligación tributaria e incursa en la infracción prevista en el art. 970 del CA.
Bajo tales premisas, concluyó que se ha configurado dicha infracción respecto de la totalidad de la mercadería documentada por el DIT 01 001 IT14 002605 T y de 68.701,87kg correspondientes al DIT 01 001 IT14 002825A y que producido el hecho generador de la obligación tributaria – la importación para consumo irregular- de conformidad con lo dispuesto por el art. 274 del CA, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, que en el caso, ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia (cfme. art. 638, inciso e) del CA).
Re liquidó la obligación tributaria y la multa, correspondientes a la mercadería en infracción al art. 970 del CA., por aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/DGA” y “Frisher SRL”, ambas sentencias del 14 de agosto de 2013, declaró la improcedencia de incluir en el cálculo de los tributos aduaneros al derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96. Confirmó la Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO procedencia de aplicar una alícuota del 11% en concepto de la percepción del impuesto a las ganancias. Aclaró que las percepciones de IVA adicional y de ganancias no fueron incluidas para calcular la multa y que sobre los tributos corresponde computar los intereses previstos en el art. 794 del CA, que deben calcularse sobre el capital nominal a partir del vencimiento del plazo de diez días computados desde la fecha de notificación de la corrida de vista (acaecida el 11/04/2012) y hasta su efectivo pago. Desestimó la reducción de la graduación de la sanción pecuniaria aplicada, confirmándola en una vez el importe de los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería en infracción III.- Que la parte actora en su expresión de agravios de fs. 563/584 formula una serie de cuestionamientos dirigidos a las sentencias dictadas el 30 de mayo de 2014 y el 29 de junio de 2018. En cuanto al rechazo, con costas, de la nulidad y la prescripción planteadas sostiene que los argumentos esgrimidos por el sentenciante demuestran un “esfuerzo en justificar el accionar excesivamente moroso del servicio aduanero –que permitió la pérdida de pruebas fundamentales por el mero paso del tiempo- de un modo tal que la propia sentencia que con posterioridad emitió sobre el fondo viene a poner de manifiesto la inactividad aduanera y la falta de fundamentación alegadas por esta parte” (cfr. fs. 367vta.). En tal sentido, señala que la única documentación con la que se cuenta es la que logró rescatar la empresa aun cuando ya su obligación de guarda había expirado.
Indica que no comparte lo afirmado por el sentenciante acerca de que el presente caso difiere de aquel que se juzgó en la causa “Hamburg SA”, puesto que de su lectura surge que en ambos casos son idénticos los términos en los que se denunció y apertura el sumario. Cita la sentencia dictada por la Sala I del fuero el 7 de junio de 2012. Precisa que según se desprende de las actuaciones administrativas, el 28 de octubre de 2004 la aduana denunció la supuesta comisión de la infracción en los siguientes términos “del control operativo surge la infracción a los arts. 970 y 972 del Código Aduanero correspondiente a las DIT 01 001 IT14 002825A y 01 001IT14 002605T, to. 16-05-2002 y 30-05-2002” (cfr. Alta en sistema: 27/12/2019 acta de denuncia obrante a fs. 1), sin que se cumpliera con lo dispuesto en el art. 1081 incs. a y c) del CA, en cuanto al relato circunstanciado de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción y de las demás circunstancias que pudieren conducir a la comprobación de los hechos denunciados en cuanto fuere posible. Puntualiza que con fecha 16 de octubre de 2007, se dispuso la apertura del sumario sin precisar el motivo, puesto que la autoridad aduanera limitó la imputación a que la firma “no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante los despachos de importación temporal” 01 001 IT14 002825A y 01 001IT14 002605T. Amplia este argumento brindando ejemplos acerca de las implicancias y los distintos modos en que la falta de regularización puede ocurrir.
Desde otra perspectiva, sostiene que “no se trata de pedir la nulidad de un acto de procedimiento, ni de la resolución apelada por la nulidad misma, sino que la nulidad absoluta e insan[e]able de los actos administrativos relevantes emitidos en él, fue llevada a conocimiento del a quo, en tanto habilitan la declaración de prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos y dado que la Administración no puede declarar por si la prescripción de la acción sino que deben hacerlo los jueces … el planteo fue correctamente efectuado en oportunidad de presentarse ante el Tribunal Fiscal” (cfr. fs. 570 y vta.) Denuncia, que el servicio aduanero “procede de manera sistemática a efectuar denuncias en forma genérica e indiscriminada sin el más mínimo sustento en la documentación que obra en su poder a la espera de que el importador presente sus constancias”, sin explicar las razones por las que tiene por configurada la infracción en intima a acompañar los elementos de que se trate “al borde del vencimiento del ‘segundo’ término de prescripción (como en el caso, diez años después del registro de las operaciones y habiendo la Aduana destruido sus propias constancias oficiales, por virtud de una resolución general que no parece lógica ni razonable, ni menos aún, cuando existe un procedimiento sumarial en curso” (cfr. fs. 570vta.). Añade que al auto de apertura del sumario ni siquiera ordena aforar la mercadería supuestamente en infracción. Recalca Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la actora que la liquidación se llevó a cabo recién en el año 2012, de tal suerte que tampoco es cierto lo afirmado en la sentencia en el sentido que se habría concretado antes de que prescribiera el curso de la acción. En adición a tales agravios, sostiene que se ha vulnerado el principio de plazo de duración razonable del proceso (cfme. art. 8º, inc. 1 de la CADDHH), dado que la infracción habría sido supuestamente cometida en el año 2002. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
En seguida, aborda las críticas a la sentencia dictada el 29 de junio de 2018. Al respecto, afirma que el servicio aduanero fundó su condena en el dictamen de la Sección Procedimientos Técnicos que opinó que no resulta factible establecer que la relación insumo/producto sea correcta; que no fueron tenidos en cuenta los permisos de embarque 01 001EC03016984L, 01001Ec03019581H, 001001Ec03019595M y 02001EC03000002R para la DIT 01 001 IT14 002825A, y los permisos de embarque 01 001EC03012784F y 01001EC03013618C para la DIT 01 001IT14 002605T; y que, en los casos de los permisos de embarque 01001EC03012087B y 01001EC030313090T tampoco se podía establecer la tipificación de la mercadería exportada ya que las cantidades exportadas están consignadas en bolsas mientras las tipificadas en unidades, desconociéndose la relación entre ambas unidades. Manifiesta que respecto de este punto el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que Kimberly Clark Argentina SA no efectuó agravios concretos que desvirtuaran la imputación que efectuó la Aduana en el informe técnico de fs. 65 ni en la resolución aduanera. Señala que esta conclusión no es acertada toda vez que su parte en el punto VI del recurso de apelación interpuesto ante el TFN expresamente analizó las descargas de los distintos permisos de embarque y demostró que no era necesario contar con el código del producto, como aducía el servicio aduanero. Reitera las precisiones allí efectuadas (cfr. fs. 578vta./579).
Con relación a la falta de agregación de los permisos de embarque nro. 01 001 EC03 016984L que corresponde al DIT 01 001 IT14 002825A y el nro. 01001EC03 013618C, al DIT 01 001 IT14 002605 Alta en sistema: 27/12/2019 T, indica que el sentenciante debió estar a las cantidades que surgen de las declaraciones juradas de descarga, toda vez que ante la destrucción por parte del servicio aduanero de las carpetas originales de los permisos de embarque, correspondía estar a aquello que surgía de las constancias agregadas por la actora. Destaca que la Aduana destruyó documentos que obraran en su poder mientras existía un sumario en trámite.
En cuanto a las descargas de los despachos de importación y la cantidad parcial que se tuvo por reexportada en término, cuestiona los motivos de la decisión del siguiente modo:
a) respecto de la circunstancia que no se haya admitido la aplicación de las CTC indicadas en el permiso de embarque al producto exportado, señala que el argumento expuesto en el dictamen extemporáneo de la aduana es una mera afirmación toda vez que quedó demostrado en el caso que no existe dificultad para identificar la mercadería exportada sin necesidad de recurrir a algún código de producto declarado en el P.E. Por lo demás, insiste en el accionar dilatorio del Fisco que llevó a la pérdida de documentación indispensable para entender la descarga. Asimismo, manifiesta que la cuestión ha sido introducida por el sentenciante, de modo que modificó el fundamento utilizado por la administración para fundar su condena, lo cual trasunta en una conculcación del derecho de defensa, puesto que este nuevo argumento implica una reformatio in pejus (cfr. fs. 579vta./581)
b) tampoco es cierto que no se pueda establecer la relación insumo/producto porque las cantidades exportadas estaban consignadas en bolsas mientras que las unidades tipificadas en unidades, dado que esta relación surge del CTC sin que importe la forma de presentación del producto. A todo evento, sostiene que lo que pudo haber ocurrido es que no pudo establecerse en los supuestos a los que refiere la sentencia, si la cantidad descargada es la declarada en la medida en que no encontró el dato relativo a las cantidades que incluye cada bolsa. También considera en este punto configurada una reformatio in pejus, puesto que el servicio aduanero solo alegó este motivo respecto de los permisos de embarque 01001EC03012087B y 01001EC030313090T.
Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En definitiva, sostiene que la sentencia emitida es una clara consecuencia de la nulidad de la resolución aduanera 6979/2012, que el juzgado se negó a declarar. Alega que descartada la nulidad, “el a quo debió limitarse a revisar la documental acompañada sólo a los fines de comprobar si las afirmaciones contenidas en la resolución apelada eran o no ciertas y no agregar motivos respecto de los cuales ahora esta parte no está en condiciones de defenderse” (cfr. fs. 582). Brinda el detalle de ciertas operaciones y formula reserva de caso federal.
IV. Que las cuestiones cuya discusión se sigue manteniendo en esta instancia son: (i) si la apertura del sumario, realizada el 16 de octubre de 2007, tuvo entidad suficiente para suspender, en los términos del arts. 805, inc. a), y 937, inc. a) del CA la prescripción de la acción de la AFIP – DGA para perseguir el cobro de tributos aduaneros y para aplicar sanciones, respectivamente, toda vez que según lo sostiene la actora carece del relato circunstanciado de los hechos que se reputan como constitutivos de la infracción; (ii) si debe declararse la nulidad de todo lo actuado puesto que la aduana ha hecho una denuncia genérica, ha dictado los actos esenciales del sumario siempre al borde de la prescripción y ha destruido sus propias constancias oficiales aun cuando el procedimiento infraccional se encontraba en trámite; (iii) si se ha vulnerado el principio de plazo de duración razonable.
En caso de ser ello descartado, el tribunal deberá examinar: a) si resulta indispensable contar con el código de producto a los efectos de practicar las descargas de los distintos permisos de embarque; b) si ante la falta de agregación de dos permisos de embarque cabe estarse a las cantidades que surgen de las declaraciones juradas de descarga, puesto que el servicio aduanero destruyó las carpetas originales; c) si en la sentencia se ha fallado extra petita respecto de la imposibilidad de establecer la relación insumo/producto, que el servicio aduanero solo había alegado respecto dos permisos de embarque.
V. Que, en los términos descriptos, corresponde establecer si se verifican los recaudos necesarios para hacer lugar al recurso articulado, para lo cual, es importante recordar que el Tribunal no se Alta en sistema: 27/12/2019 encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín Urquiola Ignacio Francisco c/ EN- M° del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07, entre otros).
Ello sentado, resulta oportuno recordar que el art. 1094 del Código Aduanero establece que "el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados". A fin de determinar, en el caso, la aptitud del acto de apertura del sumario para interrumpir o suspender el curso del plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer la multa y liquidar los tributos, es necesario recordar que el objeto y fin de las nulidades procesales -que deben ser ponderadas con criterio restrictivo- es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (esta Sala, “SMG Compañía Argentina de Seguros SA c/ EN - DGA”, sentencia del 15/9/2015 y Sala IV, “Garnero, Victor Hugo (TF 24.331-I) c/ D.G.I.”, expte. Nº 7.707/07, 30/07/09, entre otros; más recientemente, esta Sala causa 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017; causa 30.794/2016 “Garriga Marcelo”, del 27/02/2018; 42391/2018 “Curtiembre Arlei”, del 7/02/2019; 54.884/2018 Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Arcángel Maggio”, del 4/04/2019; 86967/2017 “ISAMAR SA”, 31/10/2019 ).
Ello, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener que “cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y causa nro. F. 1762. XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE), del 16 de diciembre de 2008, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (CSJN, Fallos: 205:549).
Por ello, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (esta Sala causa 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017).
De esta forma, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido v. esta Sala, expte. nro. 23005/2012, “David Lucio Alberto c/ PNA DISP 870/1”, del 4/2/2014 y nro. 19005/2013, “Rollero Guillermo Rubén c/ PNA DISP 113/12”, del 6 de mayo de 2014, entre otros).
El art. 1050 del Código Aduanero dispone que no se podrá declarar la nulidad de un acto del procedimiento si éste, no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a que estaba destinado. La Alta en sistema: 27/12/2019 norma sigue el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual los actos procesales constituyen un medio para obtener la tutela del derecho de defensa en juicio (art. 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 171 del Código Procesal Penal).
Por su parte, el art. 1104 del mismo código establece que “Dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo”.
VI. Que no es un dato menor del litigio la circunstancia que tanto la nulidad, como también la prescripción de la acción punitiva del Fisco Nacional y de la acción para percibir tributos (cfme. arts. 934 y 803 del CA) ha sido planteada recién en la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, puesto que la actora no formuló planteo alguno en oportunidad de contestar la vista conferida en el sumario aduanero (ver fs. 40/46 del expediente administrativo). Vale decir, que en esa ocasión manifestó haber regularizado las importaciones temporarias objeto del reproche infracional, las cuales resultaban de su conocimiento, toda vez que en el sumario se encuentran agregadas las impresiones de pantalla de las destinaciones aduaneras y las carpetas de los despachos de importación temporaria. En dicha oportunidad se comprometió a acompañar la documentación en su poder y requirió a la aduana que adjunte los documentos originales consignados en el cuadro que detalla las descargas.
Tampoco es posible soslayar que las operaciones aduaneras que dieron origen a esta contienda datan del año 2002 y que el servicio aduanero, según la nota (DV REEX) 873/08, manifestó que los permisos de embarque se encontraban reservados para ser destruidos. Motivo por el cual nunca los acompañó a estos actuados.
En efecto, de la compulsa de las actuaciones administrativas nº 12039-1636-2007 (a cuyos folios se referirá en lo sucesivo), surge que:
Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (i) Se iniciaron con motivo de la denuncia nº 1591/04, hecha el 20 de octubre de 2004, por la presunta infracción a los arts. 970 y 972 del CA, respecto de los despachos de importación temporaria 01 001IT14 002605T y 01 001 IT14 002825A, con vencimiento los días 16 y 30 de mayo de 2002, respectivamente (fs. 1). A fs. 7 y 12 se agregaron los despachos.
(ii) el 16 de octubre de 2007 se dispuso la instrucción del sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del CA, habiéndose precisado que el motivo es que “Kimberly Clark Argentina SA (CUIT nº 30-60960793-5) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida” mediante los referidos despachos (fs. 14). A fs. 18/19 se encuentra agregada la determinación de los tributos y la multa, habiéndose explicitado el monto de la multa mínima.
(iii) el 8 de febrero de 2012 se corrió vista de las actuaciones a la firma Kimberly Clark Argentina SA, informándole el monto mínimo de la multa y de la liquidación de los tributos aduaneros conforme la liquidación de fs. 18/19 del sumario (ver fs. 22). La importadora quedó notificada el 8 de marzo de ese año (ver fs. 27 y vta.). El día 17 de abril de 2012 el apoderado de la actora retiró el expediente administrativo para extraer fotocopias (ver fs. 38vta) y contestó la vista el 27 de abril. En el escrito de fs. 40/46 invocó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, impugnó la liquidación, solicitó la atenuación de los tributos y de la sanción, invocó el beneficio de la duda en pos de eximirse de la responsabilidad infraccional que se le reprocha y al ofrecer prueba manifestó que “se encuentra intensamente abocada a la búsqueda de los permisos de embarque y del Certificado de Tipificación y Clasificación y que serán acompañados a la mayor brevedad posible” (fs. 45vta.) (iv) a fs. 47, se agregó una copia de la nota (DV REEX) 873/08, que data del 26 de febrero de 2008, mediante la cual se informa que atento los plazos de conservación de los documentos (de seis años según el decreto 1571/81 y la disposición nº 455/98), los permisos de embarque se encuentran prescriptos estando reservados y separados para su destrucción, sin poder accederse a ellos.
Alta en sistema: 27/12/2019 (v) Kimberly Clark Argentina SA, a fs. 51, cumplió con la intimación cursada a fs. 48 por la aduana a fin de que aporte las copias de los permisos de embarque, los CTC, declaraciones juradas, y demás documentación cancelatoria. A fs. 55 el despachante de aduanas acompañó documentación sin especificaciones.
(vi) El oficio librado a la Secretaría de Industria Comercio y PYME a fin de que informe si para las solicitudes de CTC involucradas se han emitido los CTCs definitivos y, en tal caso, que los acompañe, fue contestado después de que se dictara la resolución de condena, a través de la actuación nº 13298-28619-2012, agregada según la nota de fs. 77vta.
(vii) Mediante la nota (SE PRTE) nº 5248/2012, la Sección Procedimientos Técnicos informó que la totalidad de la mercadería documentada en los DITs nros 01 001 IT14 002605 T y 01 001 IT14 002825A se encontraría en infracción al art. 970 del CA, atento a que no se logró establecer la tipificación de las mercaderías exportadas, debido a que:
1. es identificada a través de un código de producto en el permiso de embarque, mientras que en el CTIT lo hace mediante la descripción del producto exportado, siendo imposible establecer la relación insumo/producto correcta; 2) no se tuvieron en cuenta los permisos de embarque 01 001EC03016984L, 01001Ec03019581H, 001001Ec03019595M y 02001EC03000002R para la DIT 01 001 IT14 002825A, y los permisos de embarque 01 001EC03012784F y 01001EC03013618C para la DIT 01 001IT14 002605T porque no se encuentran las copias certificadas de las mismas; 3) en los casos de los permisos de embarque 01001EC03012087B y 01001EC030313090T tampoco se podía establecer la tipificación de la mercadería exportada, ya que las cantidades exportadas están consignadas en bolsas mientras las tipificadas en unidades, desconociéndose la relación entre ambas unidades (fs. 65).
(viii) agregadas que fueron las impresiones de pantalla de la consulta del Registro General de Infractores (fs. 67/72), el 5 Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de octubre de 2012, se dictó la resolución DE PRLA nº 6979/2012, la cual fue notificada a la actora el 21 de noviembre de 2012.
ix) La Secretaría de Comercio Exterior contestó el oficio nº 35/12 y adjuntó la copia autenticada de los certificados de tipificación y clasificación nº 1135, que comprende los trámites que allí individualiza (ver nota de fs. 77vta., sin fechar, y actuaciones nº 13289- 28619-2012, de cuya carátula surge como fecha de inicio el 9/10/2012).
VII. Que el auto de fs. 14 que dispuso la apertura del sumario, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1094 del CA cumple con la individualización de los hechos al consignar que el motivo del sumario es investigar la falta de regularización de los despachos de importación DIT nros. 01 001 IT14 002825A y 01 001 IT14 002605 T y comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA. Por lo demás, el cuestionamiento vinculado a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1094, inc. d, tampoco puede ser admitido, desde que la liquidación se encuentra agregada a las actuaciones administrativas y fue objeto de la réplica que incluyó la actora en la contestación de vista de fs. 40/46 del sumario.
De tal suerte que, el auto de apertura del sumario tiene efectos suspensivos respecto del plazo quinquenal de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera (art. 803 del CA), desde el 16 de octubre de 2007 hasta el momento en que se dictó la resolución DE PRLA nº 6979/2012, del 5 de octubre de 2012, de conformidad con lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del CA que establece que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el art. 937 inc. a), la prescripción de la acción punitiva quedó interrumpida el 16 de octubre de 2007 con la apertura del sumario, dando origen a un nuevo plazo de cinco años que Alta en sistema: 27/12/2019 vencía el 17 de octubre de 2012, tal como lo resolvió el Tribunal Fiscal de la Nación en la sentencia de fs. 379/385.
VIII. Que si bien resulta evidente que el servicio aduanero ha incurrido en una dilación injustificada en la sustanciación del sumario infraccional, ha dictado las sucesivas providencias y actos al borde de la prescripción y hasta ha destruido la documentación original invocando, paradójicamente, “el transcurso del tiempo”, lo cierto es que en orden a la acreditación del cumplimiento del régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, instaurado por el decreto 1439/96, la carga de la prueba recae sobre el importador.
En efecto, este régimen especial promocional obliga al interesado a “presentar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria mediante el formulario en uso ante la Aduana correspondiente, indicando además la especie, calidad, cantidad y características técnicas de la mercadería que se exportará en consecuencia” (art. 13) y exige que el importador obtenga un Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) a fin de cancelar la importación temporaria ante el servicio aduanero (art. 14), instrumento que permite establecer la relación insumo-producto y la existencia, o no, de sobrantes, residuos o mermas, de forma tal que la mercadería importada temporalmente queda vinculada con el producto reexportado a través del proceso productivo denunciado. Asimismo, la Resolución (ex ANA) 479/95 (reglamentación aplicable a las operaciones bajo examen) establece que el beneficiario del régimen deberá observar “estrictamente” (punto 4) los siguientes requisitos: (a) declaración en el PE del número de CTC y de circular interna en el que haya sido publicado o, en caso de encontrarse éste en trámite, la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos; (b) declaración jurada en el PE que consigne que no se ha modificado la relación producción, consumo, sobrante, pérdidas, residuos y mermas que dieron lugar a dicho certificado o declaración jurada; y (c) se utilizará el formulario en uso del PE, debiéndose consignar, además, lo relativo al CTC, número, año y aduana de registro del DIT y el valor total CIF de la mercadería importada temporariamente.
Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Reiteradamente se ha expresado que la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa -en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción- a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (cfr. CSJN, doctrina de Fallos: 314:1824; v. CNACAF, esta sala, “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, del 30/09/2008” y expte. nro. 41400/14, “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, del 21/4/2015).
Como corolario de ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón del otorgamiento de los beneficios previstos en el régimen de importación temporaria recae en cabeza del beneficiario (cfr. Sala IV de esta Cámara, “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sentencia del 31/8/2004) y a tal fin, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de la mercadería introducida en forma temporal son los permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto (cfr. sala IV, “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, causa 35.392/10, del 15/3/2011, y sus citas, arg. art. 14, dec. 1439/1996; esta Sala 1627/2013 -HEIL TRAILER INTERNACIONAL SA c/ EN-DGA-RESOL 5246/12 (EXPTE 12210-
2497/05) s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, sentencia del 22 de noviembre de 2016).
Y si bien se ha señalado que el permiso de embarque no es el único medio por el cual acreditar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen de importación temporaria, dado que es posible admitir otros “que lleven a la indubitable certeza” de que el importador ha satisfecho las obligaciones asumidas, en función de la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva e impedir su ocultamiento formal, como exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (v. Sala IV, “Glaxo”, expte. nro. 11/2011, del 5/5/2011, que ha quedado firme por decisión de la Alta en sistema: 27/12/2019 Corte Suprema de Justicia de la Nación, expte. nro. G.496.XLVII, de fecha 10/7/2012), es necesario advertir que en dicho caso se había acompañado copia autenticada de los CTC involucrados y producido un informe pericial cuya apreciación en conjunto con las restantes pruebas permitió establecer la “exacta coincidencia” entre los insumos importados, los productos exportados y los remanentes nacionalizados.
IX. Que con relación al plazo razonable que debe durar el proceso sin afectar los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales, cabe recordar que en oportunidad de resolver la causa 42.279/12, “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, la Sala sostuvo que: “…si bien no escapa al Tribunal que el art. 1143 del CA pone en cabeza del a quo la carga de impulsar el procedimiento y que los plazos estipulados por el art. 1155 del Código citado y el art. 32 del Reglamento de Procedimiento aprobado por la AC. 840/1993 se encontraban ampliamente vencidos; tampoco lo hace el hecho de que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado. Pues, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del máximo tribunal, existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (CSJN, in re “Losicer, Jorge”, ya cit. y sus citas)”.
De este modo, no se advierte que en el sub lite, se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional (arg. CSJN, Causa L. 216. XLV, ya cit; esta Sala Causa 1405/2011, in re “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, sentencia del 7-02-2013). Máxime si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados, sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de pronto despacho de las actuaciones (arg. CSJN, Fallos 322:663). En definitiva, tales circunstancias determinantes del rechazo de los agravios articulados por la recurrente al respecto. Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO X.- Que habiendo quedado examinados y descartados los argumentos individualizados en el considerando IV, primer párrafo, cabe adentrarse al análisis de las cuestiones explicitadas en el segundo párrafo.
En orden a cumplir dicho cometido, deviene imprescindible recordar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1180 del código aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias de apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; y este Tribunal, causa "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; Sala I, causa "Scioli", del 14/12/93; Sala V, causas "Aspitarte y Cía S.A.", del 14/8/95; "Seysu S.R.L.", del 25/3/96; "Zeneca S.A.", del 26/8/98 y "DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)", del 21/9/06, entre otras).
No cabe, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión (CSJN en Fallos: 300:985; esta Sala en las causas “Renault Argentina SA” del 07-3-95 y “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14-11-09). Puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 CA, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (esta Sala, Causa 25.245/2005, “AGENCIA MARITIMA TAGSA SA (TF 18034-A) C/ DGA”, del 20-10-
11).
En tales términos, ha de advertirse que la valoración de la reexportación total de la mercadería importada en los DITs nº 01 001 IT14 002825A –por el que se ingresaron boninas de papel- y 01 001IT14 002605T –que documenta en ingreso de pasta química de madera a la soda o al sulfato-, alegada por la actora, fue efectuada sobre las copias de los permisos de embarque acompañados por la importadora, “que se tienen por Alta en sistema: 27/12/2019 verosímiles atento que no se han agregado por la Aduana los originales de los mismos y/o su copia certificada”, circunstancia que no se encuentra controvertida ante esta Alzada. Asimismo, para arribar a la conclusión de cumplimiento parcial del régimen, el Tribunal Fiscal cotejó los CTC y solicitudes de CTC que acompañó la actora, punto que tampoco fue objetado por la contraparte.
Por otra parte, en virtud de lo ya explicitado en el considerando VIII, no puede recibir favorable acogida la pretensión de la actora referida a que ante la falta de agregación de los permisos de embarque nro. 01 001 EC03 016984L (que corresponde al DIT 01 001 IT14 002825A) y, el nro. 01001EC03 013618C (DIT afectado al 01 001 IT14 002605 T) cabe estarse a las cantidades que surgen de las declaraciones juradas de descarga, puesto que el servicio aduanero destruyó las carpetas originales.
La imposibilidad fáctica de acompañar los permisos de embarque originales, por motivos que devienen ajenos al administrado (como son los atinentes a que se ha decidido administrativamente su destrucción), y la consecuente morigeración en el análisis de la actividad probatoria a su cargo, es decir, la admisibilidad que sean consideradas las fotocopias, que ha sido admitida por la doctrina judicial del fuero en supuestos similares al presente (cfr. Sala I, “Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. c/A.N.A.s/Aduana”, expte. 22.005/94, sentencia del 2 de noviembre de 1999; esta Sala “Freudenberg SA Telas sin Tejer c/ EN- DGA s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 73650/2014, febrero de 2019 y sus citas), no puede ser llevada al extremo de eximir a la importadora de probar de algún modo o de acompañar alguna pieza que, por vía de indicio, autorice a tener por cumplida la obligación de reexportar la mercadería importada por el régimen especial.
Sólo resta agregar que frente a la resolución aduanera que condenó a la firma Kimberly Clark Argentina SA por la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA y al pago de los correspondientes tributos que gravan a la importación para consumo de la totalidad de la mercadería documentada en los despachos de importación ya Alta en sistema: 27/12/2019 103/2019 KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA TF 32663-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO individualizados, la sentencia apelada que tuvo por acreditada la reexportación parcial en término (por una cantidad de 138.158,13kg de pasta química de madera a la soda o al sulfato, correspondientes al DIT 01 001 IT14 002825A), no puede reputarse como fallada "extra petita", como aduce la agraviada, en tanto el Tribunal Fiscal no ha otorgado algo que no haya sido pedido, ni denegado algo que no fuera cuestionado. Máxime si se ponderan las amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes que el art. 1143 del CA le atribuye a ese tribunal administrativo especializado (Sala III, in re “Jaime Bernardo Coll SA (TF 14.047-A) c/D.G.A.”, sentencia del 8 de agosto de 2006, entre muchas otras).
Por consiguiente, no se advierte que la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de los hechos y pruebas agregadas a la causa resulte arbitraria o errónea en los términos del citado art. 1180 CA, en cuanto a la valoración que surge de los considerandos VIII y IX de la sentencia de fs. 544/554.
Por lo que, debe concluirse que la resolución apelada exhibe fundamentos idóneos que bastan para sustentar dicho pronunciamiento, lo cual excluye en el caso, la aplicación de la doctrina excepcional sobre arbitrariedad o error de magnitud suficiente que justifique el apartamiento del principio general que informa la materia (arg. esta Sala, Causa 46.021/2003 “Moyano Riesco Graciela (TF 17764-A) c/ DGA”, del 6-12-11), razón por la que corresponde desestimar los agravios que formula la parte actora contra la sentencia apelada.
XI. Que en cuanto a las costas de alzada, la circunstancia que el sumario infraccional se extendió desde el 20 de octubre de 2004 hasta el 5 de octubre de 2012, que la documentación original fue destruida por la aduana por motivos ajenos al sujeto aduanero antes del dictado de la resolución de condena y que en la contestación de agravios de fs. 594/598 el Fisco Nacional formula una réplica en términos genéricos, invoca antecedentes jurisprudenciales de dudosa aplicación, sin vincularlos a los hechos en debate y sin referirse a las concretas circunstancias del caso, permiten tener por configurado, en la especie, un supuesto que autoriza a Alta en sistema: 27/12/2019 apartarse al principio objetivo de la derrota, razón por la que corresponde distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, primer párrafo, del código procesal).
En mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar los agravios expresados por la parte actora a fs. 563/584 y, por consiguiente, confirmar las sentencias de fs. 379/385vta. y fs. 544/554vta. Las costas de alzada se distribuyen en el orden causado, en virtud de lo expresado en el considerando XI. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
Alta en sistema: 27/12/2019
Fin de la sentencia