Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32665-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia3 1) Rechazar el recurso del Fisco y confirmar la decisión del 23/3/23 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Elevar la regulación de honorarios del 20/4/23 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del modo en que surge del considerando 5º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
41254/2023 “KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA (TF 32665-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, octubre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 23/3/23 (fs. 259/262), el Tribunal Fiscal de la Nación: (i)
declaró la nulidad del auto de apertura del sumario que tramitó como actuación 608514- 59-2005; (ii) declaró prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria 00 001 IT16 000596E; e (iii) impuso las costas al Fisco.
Para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que el vencimiento de la operación involucrada en el caso tuvo lugar el 29/11/01, de manera que el plazo de prescripción de ambas acciones del Fisco comenzó a correr el 1/1/02 (arg. arts. 804 y 935, CA) y se cumplió el 31/12/06, al no haber mediado ninguna causal suspensiva ni interruptiva.
En particular, indicó que el auto de apertura del sumario, dictado el 11/10/06 (fs. 11, act. adm.), era nulo y no había tenido virtualidad para interrumpir ni suspender la prescripción en curso (arg. arts. 805, inc. a, y 937, inc. a, CA), dado que no contó con los elementos requeridos por el artículo 1094 del código de la materia. Remarcó, en tal sentido, que la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en supuesta infracción se practicaron el 19/9/07 (fs. 13, act. adm.), mientras que la liquidación de la multa y los tributos se efectuó el 17/6/09 (fs. 15, act. adm.); es decir, que esos requisitos no se habían cumplimentado en el mismo auto de apertura.
A mayor abundamiento, señaló que la corrida de vista tampoco pudo subsanar lo actuado ya que se dictó el 1/3/10 (fs. 18/vta., act. adm.), una vez operada la prescripción.
Citó numerosos precedentes propios y de esta Cámara en sustento de la solución que adoptó.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 292/298vta., se concedió a fs. 300 y fue replicada a fs. 306/334vta. En sustancia, planteó que la declaración de nulidad del auto de apertura del sumario se basaba en una errónea interpretación del artículo 1094 del Código Aduanero, pues resultaba irrazonable y en exceso rigorista pretender que el acto reúniese la totalidad de los elementos estipulados por la norma.
Agregó que, al no haber demostrado la actora un perjuicio concreto, era improcedente la declaración de nulidad.
Refirió también al consentimiento de lo actuado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1051 del Código Aduanero.
1 A todo evento, planteó que se estaba ante un vicio de gravedad inferior y un acto (el de apertura del sumario) de los denominados anulables, que —por consiguiente— habría tenido efectos hasta su declaració de invalidez.
Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación y pidió que se revocase la decisión apelada, con costas a la contraria.
3. Que, por otra parte, el 20/4/23 (fs. 270/271), se regularon los honorarios de la representación letrada de la empresa actora, a cargo del Fisco Nacional. El Tribunal Fiscal de la Nación explicitó con qué criterio integraba la base regulatoria para las dos primeras etapas del proceso, cumplidas bajo los términos de la ley 21.839, y para la tercera, cumplida durante la vigencia de la ley 27.423; en especial, en lo referente al cómputo de los intereses devengados sobre el importe de los tributos. A su vez, aclaró que, con relación a las dos primeras etapas, estimaba adecuado acudir a la facultad de regular los emolumentos por debajo de los mínimos legales, prevista en el artículo 13 de la ley 24.432.
Los honorarios fueron apelados por altos a fs. 278 (concedido a fs. 280) y por bajos a fs. 281/285 (concedido a fs. 286).
El Fisco Nacional no contestó la fundamentación del recurso de los letrados de la contraria.
4. Que, teniendo en cuenta las señaladas particularidades del trámite de la actuación 608514-59-2005, que concluyó con el dictado de la resolución DE PRLA 6871 del 6/10/11, la cuestión planteada resulta análoga a la que resolvió este Tribunal, entre muchas otras, en la causa 38427/19 “Mercedes-Benz Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/9/19 y sus citas; a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
5. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios del 20/4/23.
El Fisco Nacional se limitó a plantear que los honorarios regulados a los letrados de la contraria eran altos.
Éstos, por su parte, sostuvieron que correspondía incluir los intereses devengados sobre los tributos ajustados por el CER en el cálculo del monto del juicio respecto de todas las etapas cumplidas, y no solo para la que tuvo lugar bajo la vigencia de la ley 27.423. También objetaron los importes regulados por la tercera etapa del pleito, en el entendimiento de que resultaban inferiores al porcentaje mínimo de la escala aplicable. Como se adelantó, el Fisco Nacional no contestó el traslado de tales argumentos.
En este punto, se remite por razones de brevedad al criterio adoptado por esta Sala en la causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resolución del 22/3/22, en cuanto a que únicamente en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41254/2023 “KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA (TF 32665-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
corresponde incluir en la base regulatoria los intereses devengados durante el transcurso del pleito; esto así, con arreglo a lo que expresamente prevé el artículo 24 de esa norma. En ese entendimiento, se debe acceder a lo peticionado por la representación letrada de la actora y contemplar el importe determinado a fs. 283vta. como base regulatoria para la tercera etapa; que no fue concretamente impugnado por el demandado. Mientras que, con respecto a las dos primeras etapas, se contemplará el capital de los tributos ajustado por el CER, más los importes correspondientes a las multas que fijó la resolución aduanera apelada. Se hace saber que las bases de cálculo así determinadas están sujetas a la división por etapas que imponen los artículos 37 de la ley 21.839 y 29 de la ley 27.423.
Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza de las cuestiones en debate (que excedieron al planteo de nulidad y prescripción por el que se resolvió el conflicto), el resultado obtenido, el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes, y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Patricia S. Rodríguez y Francisco J. Menéndez, en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado de la parte actora, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor a las sumas de $244.193 y $97.677 (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Asimismo, corresponde ELEVAR los honorarios regulados a su favor por su actuación en igual carácter durante la tercera etapa del pleito a las sumas de: $1.065.666 y $431.341 –equivalentes a la cantidad de 42 y 17 UMAS, respectivamente– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y res. CSJN SGA 2722/23).
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR en las sumas de $393.281,5 y $158.581,25 –equivalentes a la cantidad de 15,5 y 6,25 UMAS– los honorarios de los citados profesionales por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 306/334vta.).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, se deja constancia que las regulaciones practicadas en los términos de la ley 27.423 deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en su artículo 51.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
3 1) Rechazar el recurso del Fisco y confirmar la decisión del 23/3/23 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Elevar la regulación de honorarios del 20/4/23 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del modo en que surge del considerando 5º.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia efectuadA por la parte demandada, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia