Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33455-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada en fecha 29-9-2021 y confirmar la resolución del 17-9-2021, y mantener la providencia de fecha 14-9-2022; con costas a la apelante vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 69 del C.P.C.C.N.);
2Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido con fecha 1-3-2024 por la Dra. Rodríguez y revocar la resolución del 19-2-2024 con el alcance indicado en el parágrafo precedente; con costas en el orden causado atentas las particularidades de la cuestión, y
3Ordenar la remisión de las actuaciones a la instancia de grado a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
32348/2019.-
“KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. (TF 33455-A) c/D.G.A. s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 14 de marzo de 2025.- MBR Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que la Sala “F” (competencia aduanera) del Tribunal Fiscal de la Nación elevó el “Expte. 33455-A” con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 29-9-2021 contra la resolución del día 17-9-2021; y el recurso de apelación presentado con fecha 1-3-2024 por la Dra. Patricia Silvia Rodríguez, contra la resolución del 19-2-2024, ambas correspondientes a las actuaciones indicadas ( v. págs. 51/3, 61/71, 179/81 y 186/96 del documento digitalizado).
II. Que, conviene precisar que, mediante la referida resolución del 17-9-2021 el Tribunal Fiscal declaró que la D.G.A. le adeuda al Dr. Menéndez la suma de $ 44.703,83 en concepto de intereses sobre honorarios calculados desde el 4-1-2020 al 1-2-2021, con más la suma de $ 9.387,81 correspondiente a I.V.A..
Para decidir de ese modo, señalaron que la sentencia dictada por este Tribunal adquirió firmeza el 4-12-2019 y que el plazo de treinta días para el pago de los emolumentos había vencido el 3-1-2020.
Así, entendieron que la accionada incurrió en mora en el cumplimiento de la obligación.
II.1. Que, conforme surge de la fundamentación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional el día 29-9-2021, como primer agravio, señaló que no toda demora conlleva a que exista mora del deudor. Por lo cual, consideró de aplicación los arts. 886 y cctes. del C.C. y C.N.
Citó doctrina y jurisprudencia que -según entendió- avalan su postura. Sobre ello, afirmó que no existe retraso culpable en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, toda vez que se ajustó al trámite legal del pago de honorarios. Por esa razón, alegó que no corresponde la inclusión de intereses sobre el honorario del letrado.
Agregó que no puede aseverarse la configuración de culpa o dolo por el retardo en el pago y, que tampoco podría verificarse en la especie ya que el reclamo de honorarios regido por la ley 21.839, debería -según cree- integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía). Afirmó que su mandante se ajustó a la normativa vigente que no resulta regulado -en lo específico- por la ley 21.839.
Además, entendió que dicha circunstancia: “…armoniza perfectamente con lo que el codificador ilustró en la última parte del artículo 509 del Código Civil que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II consideraba que, si el motivo del incumplimiento no le era imputable, no correspondía el pago de intereses.” (sic).
Sostuvo que el criterio no cambió con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (arts. 888 y ss.).
En segundo lugar, alegó que el Tribunal Fiscal de la Nación no resulta competente respecto de las cuestiones relacionadas con la ley de aranceles y que deban integrarse a reglamentaciones administrativas dictadas al efecto. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.
En tal sentido, consideró que la competencia del Tribunal Fiscal en autos queda de manifiesto en la acción incoada al efecto y surge en materia aduanera del art. 1132 del C.A., que establece: “…un recurso de apelación para revisar las decisiones de la A.F.I.P. -D.G.A.” y que no prevé la posibilidad de que se pronuncie sobre la ley 21.839, 23.982 y/o 24.624.
Por tal motivo, solicitó que se revoque el pronunciamiento recurrido, con costas.
III. Que, asimismo, se halla cuestionado en autos, el decisorio del 19-2-2024, mediante el cual, el Tribunal Fiscal de la Nación, declaró que el pago efectuado por el Fisco Nacional a favor de la Dra. Rodríguez resultaba parcial.
Por ese motivo, señalaron que a los efectos prácticos resultaba inconveniente pronunciarse sobre la solicitud de intereses sobre honorarios planteada por la letrada.
Para decidir de ese modo, el Tribunal señaló que “[…] aun tomando el valor del U.M.A. del momento del primer depósito establecido por la Acordada 21/21 de fecha 1° de octubre de 2021 -esto es: $ 5.476- e incluso utilizando el valor del U.M.A. para el segundo depósito fijado por la Acordada 3/23 del 24 de febrero de 2023 -a saber: $ 12.479-, el monto pagado por el fisco no cubre la totalidad del que fuera regulado a la profesional referida, atento a que debió haberse depositado $ 676.506.” (sic).
En consecuencia, determinaron que el pago resultaba parcial, en tanto el importe depositado por el fisco es inferior. Por consiguiente, le hizo saber al Fisco Nacional que adeuda depositar las sumas correspondientes en concepto de diferencia de honorarios de la Dra. Rodríguez.
III.1. Que, en la presentación recursiva del 1-3-2024, la Dra. Rodríguez solicitó que se declarara la nulidad de la resolución atacada.
En primer lugar, manifestó que el Tribunal Fiscal no advirtió que los depósitos efectuados por el Fisco Nacional se vinculan a montos distintos regulados según las etapas cumplidas bajo las leyes 21.839 y 27.423.
De tal modo, indicó que no entendió los parámetros que utilizó el Tribunal fiscal para llegar a la suma de $ 676.506, que la demandada debió haber depositado, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II circunstancia que le impide efectuar los planteos correspondientes referidos a los intereses.
A su vez, advirtió que, si bien se acreditó que las sumas fueron transferidas a su cuenta el 7 de agosto de 2023, el vocal preopinante tomó como fecha de depósito genéricamente “abril de 2023”.
Por otra parte, alegó que si bien el Tribunal Fiscal declaró que el pago realizado por el Fisco fue parcial -por ser inferior a lo adeudado-, no estableció los motivos por los cuales llegó a esa conclusión y tampoco resolvió el planteo sustancial por ella efectuado, donde le atribuyó a los pagos realizados el carácter de parciales por no contemplar los intereses devengados por cada suma de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables y la correspondiente imputación de aplicar lo depositado a cancelar en primer término los intereses y el remanente al capital que continuará devengando intereses hasta su efectivo y total pago.
En esa línea, se quejó de la decisión del Tribunal Fiscal de no analizar la solicitud de intereses sobre honorarios, entendió que aquella carece de fundamentación y aparenta ser una opinión personal más que una derivación razonada del derecho vigente, conduciendo a una solución dogmática y aparente, afectando de modo directo el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Además, hizo notar que en la parte resolutiva se agregó que es “inconveniente a los efectos prácticos” -el tratamiento de los intereses-, de ese modo supuso que el Tribunal Fiscal no advirtió la naturaleza alimentaria de los honorarios. A su vez, aludió a la falta de celeridad procesal que ostenta el trámite de ejecución de los honorarios, toda vez que los planteos que ella realizó respecto del pago parcial, según mencionó, los viene reiterando desde el escrito presentado el 24 de febrero de 2022.
Agregó que mientras la demora aumenta, su crédito pierde valor.
En otro orden de ideas, cuestionó la decisión del Tribunal Fiscal de hacerle saber a la D.G.A. que adeuda depositar la diferencia de honorarios cuando ni siquiera fue calculada. Así, esbozó que tal manera de decidir no acarrea consecuencia jurídica alguna y solo se estaría apelando a la buena voluntad del deudor sin intimarlo ni fijarle plazo.
Ante tal circunstancia, señaló que la situación de indefensión en que fue colocada resulta evidente y no merece mayores comentarios.
Arguyó que: “[…] lo aquí decidido en torno a los intereses resulta en abierta y total contradicción con lo que ya había establecido esa misma Sala, el 17 de septiembre de 2021, sobre un planteo idéntico al articulado por la suscripta, al resolver hacer lugar y liquidar los intereses adeudados al Dr. Francisco J. Menéndez, resolución que fuera apelada por ambas partes y aún se encuentra pendiente de elevación a Cámara. De tal modo, la decisión alcanzada en esta oportunidad, vulnera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II el principio de congruencia y aparece como el resultado de una falta de lectura y comprensión de los actos cumplidos en el proceso y de las disposiciones aplicables (art 34 inc. 4 del C.P.C.C.N.) con serio detrimento del principio de economía procesal.” (sic).
Citó doctrina a modo de respaldo de sus argumentos.
En segundo lugar, practicó liquidación de intereses sobre honorarios.
Por tales motivos, solicitó que se declare la nulidad de la resolución en crisis y se apruebe la liquidación practicada por ella practicada, con costas.
IV. Que, sentado lo expuesto, preliminarmente cuadra indicar que si bien la materia de apelación contenida en los pronunciamientos recurridos guardan cierta similitud por tratarse de la ejecución de honorarios profesionales y sus intereses, por una cuestión de orden cronológico y el carácter que le asignó la Dra. Rodríguez a su presentación recursiva, corresponde tratar en primer lugar, el recurso interpuesto por el Fisco Nacional el 29-9-2021, contra la providencia del 17-9-2021, que debido a distintas circunstancias que emergieron durante la etapa de ejecución de honorarios dilataron que las actuaciones fueran elevadas en tiempo oportuno, situación que se prolongó hasta la concesión de la apelación del recurso interpuesto por la Dra. Rodríguez, permitiendo ahora el análisis de la apelación.
V. Que, corresponde precisar que, para el cobro de la deuda de autos, resultan de aplicación los artículos 22 de la ley 23.982; 20 segunda parte de la ley 24.624 y 68 de la ley 26.895 -modificatorio del artículo 132 de la ley 11.672-. El artículo 22 citado prevé que: “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”.
Por su parte, el artículo 68 de la ley 26.895 (ley de presupuesto del año 2014), que modificó el art. 132 de la ley 11.672, establece que “…En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta y uno (31) de agosto del año correspondiente al envío del proyecto. Los recursos asignados por el Congreso Nacional se afectarán al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal”.
Similar requisitoria exige el artículo 68 de la ley 26.895 (ley de presupuesto del año 2014) que modifica el artículo 132 de la ley 11.672 y establece que: “[l] os pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a algunos de los entes y organismos que integran la administración nacional al pago de una suma de dinero o cuando sin hacerlos, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344.”.
Y a párrafo seguido, que: “[e]n el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.”
Por último, dispone que: “[l]os recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.”.
V.1. Que, por otra parte, cabe destacar que el sistema para la satisfacción de créditos a cargo del Estado, de causa o título posterior al 1/4/1991 mencionado, obliga a los entes estatales a cumplir con determinados trámites, los cuales prorrogan indefectiblemente el plazo para la cancelación de deudas (cfr. esta Sala, in re, “Lowe Arg. S.A.C.I.F. de Cinematografía y TV S.A. (TF 19317-I) y otro c/D.G.I. y otro s/sin objeto”, expte. nº 33.830/06, del 29/12/2015, entre otros). Asimismo, el art. 132 de la ley 11.672, dispone que el organismo deudor deberá tomar conocimiento de la deuda con anterioridad al 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto (cfr. esta Sala, in re, “Lowe” ya citado y sus citas y causa: “Constructora Andrade Gutiérrez S.A. (TF 23460-A) c/D.G.A.”, del 6/12/2012).
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Al respecto, debe señalarse que la mora de la administración, que justifica el cálculo de los respectivos intereses, no se verifica hasta tanto no se encuentre incumplido el pago por vía de inclusión en el presupuesto del año siguiente al de su reconocimiento, en los términos del art. 22 de la ley 23.982, cuyas previsiones se reproducen en el art. 132 de la ley 11.672, antes citado (cfr. en este sentido, C.S.J.N., Fallos: 310:798 y 311:939; Sala III, in re: "Damianovich, Horacio Eleodoro y otros c/Estado Nacional", del 10/9/99 y sus citas: “Argarañaz”, del 10/9/96 y “Romero” del 17/7/97, y Sala IV, in re: “Vettorazzi, Mario Alejandro c/E.N –M° de Defensa – Armada Argentina s/Personal militar y civil de las FF.AA y de seguridad”, sentencia del 3/8/10, y “Maradona, Carlos Hugo c/E.N. –M° Defensa -Ejército Argentino s/personal militar y civil de las FF.AA. y de seguridad”, del 22/9/11, entre muchos otros).
VI. Que, sobre el particular y en cuanto, a los aspectos relevantes de la cuestión traída a conocimiento de este tribunal, es dable indicar que de la compulsa de las actuaciones surge que:
1. Esta Sala en la sentencia del 15-11-2019 con fundamento en el fallo del Máximo Tribunal “Establecimiento las Marías” y las tareas desempeñadas por las profesionales, elevó los honorarios de la Dra. Rodríguez y el Dr. Menéndez en las sumas de $ 154.600 y $ 61.800 -respectivamente-, por las dos primeras etapas del pleito cumplidas por su actuación como patrocinante y apoderado de la actora (arts. 6. 7. 9, 19, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839. modificada por la ley 24.432). Por otra parte, respecto de la tercera etapa del pleito cumplida bajo la vigencia de la ley 27.423, se modificaron los honorarios de la Dra. Rodríguez y el Dr. Menéndez, fijados por el Tribunal Fiscal a la suma $ 83.097 –equivalente a 31,50 UMA de aquel momento-, y la suma de $ 32.975 –equivalente a 12,50 U.M.A. de aquel momento-, respectivamente, por su actuación como patrocinante y apoderado de la actora (cfr. 16, 20. 21. 24, 29. 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 -dto. 1077/17).
Asimismo, por las tareas desarrolladas ante este Tribunal, se regularon los honorarios de la Dra. Rodríguez en la suma de $ 73.864 -equivalente a 28 U.M.A. de aquel momento- y al Dr. Menéndez la suma de $ 29.018 -equivalente a 11 U.M.A. de aquel momento-, por la actuación supra indicada (arts. 20. 21,24. 29, 30,44 inc b) y ccdtes y citados de la ley 27.423). Dejando asentado que debía adicionarse la suma en concepto de I.V.A. si el profesional revestía ese carácter.
Luego, con fecha 21-8-2020, el Tribunal Fiscal libró un certificado correspondiente a la deuda de honorarios de los letrados.
El 12-3-2021, el Fisco Nacional acreditó el pago de la suma de $ 174.613,29 (honorarios: $ 144.308,50 e I.V.A.: $ 30.304,79), correspondientes al Dr. Menéndez.
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El 20-5-2021, el Tribunal Fiscal ordenó que se transfirieran dichas sumas a la cuenta del letrado.
Posteriormente con fecha 11-6-2021, el Dr. Menéndez solicitó que se proveyera su petición de que se intimara a la demandada a pagar la diferencia de honorarios pendientes e intereses.
El 16-7-2021, el letrado informó que el 15-7-2021 ingresó a su cuenta bancaria personal la suma de $ 126.011,77.
Por otra parte, el 20-7-2021, la Dra. Rodríguez solicitó que se cancelaran sus honorarios profesionales a la cuenta que allí denunció.
Finalmente, el Tribunal Fiscal dictó la resolución venida en grado de apelación (v. págs. 2/8, 9, 11, 20, 26/30, 35, 41 y 51/3 del documento digitalizado).
2. En lo concerniente a los honorarios de la Dra. Rodríguez, el 4-1-2022, el Fisco Nacional acreditó el pago de la suma de $ 366.520 (realizado el 29-11-2021), correspondiente a honorarios. De esa manera, el 22-2-2022, el Tribunal Fiscal le corrió vista a la letrada.
Frente a ello, el 24-2-2022 la Dra. Rodríguez solicitó que se aclarara la cuestión relativa al valor de la U.M.A., entendió que el pago efectuado no alcanzaba a cubrir el monto aun tomando la fecha en que se efectivizó la transferencia. En consecuencia, solicitó que se declarara parcial el pago efectuado en la medida en que la accionada había incurrido en mora de puro derecho y que además no depositó el pago de los accesorios, ni los honorarios regulados bajo la ley 21.839. Por esos motivos practicó liquidación de actualización de U.M.A. y honorarios. Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional indicó que para proceder al pago de sus honorarios los letrados, “[…] deben primero iniciar el circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía) por ante la Sección Administrativa del Departamento Judicial de la Dirección General de Aduanas […]”. El 13-4-2022, sin perjuicio de lo manifestado por la accionada el Tribunal Fiscal la intimó para que dentro del plazo allí fijado discriminara el importe depositado en base a las etapas procesales e instancias en las que había intervenido la Dra. Rodríguez teniendo en cuenta la sentencia dictada por este Tribunal el 14-11-2019. De ese modo, el 21-4-2022, el Fisco Nacional acompañó un correo de la División de Egresos Presupuestarios donde surge que tomaron el valor U.M.A. vigente al momento de pago, considerándolo como 1 U.M.A. = 6.160, por lo tanto, señalaron que las 59,50 U.M.A. liquidadas multiplicadas por el valor expuesto obtuvo como resultado la suma de $ 366.520.
Además, en su escrito, la letrada del Fisco Nacional realizó la siguiente discriminación:
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“ACTUACION ANTE T.F.N. $ 154.600 / $ 83.097 (ALEGATO) equivalente a U.M.A. 31,50;
- ACTUACION ANTE C.N.A.C.A.F. $ 73.564 equivalente a U.M.A. 28”.
- El 23-6-2022, la Dra. Rodríguez contestó el traslado de dicha presentación y señaló que el Fisco Nacional omitió depositar las sumas correspondientes a los honorarios regulados bajo la vigencia de la ley 21.839, como así los intereses adeudados de los honorarios correspondientes a la totalidad de las etapas del pleito cumplidas.
- El 26-8-2023, el Fisco Nacional acreditó el pago de la suma de $ 154.600, correspondiente a la Dra. Rodríguez.
- El 14-2-2024, la letrada afirmó que el pago resultaba parcial y que por tal motivo las sumas depositadas se imputaran a intereses adeudados y de existir remanente al capital que continuará devengando intereses hasta su cancelación definitiva.
A su vez, reformuló la liquidación oportunamente practicada.
Por último, adjuntó constancia del Banco Galicia donde surge que el pago efectuado por la accionada impactó en la cuenta de la letrada el 7-8-2023. Por último, el Tribunal Fiscal dictó la resolución del 19-2-2024 también venida en grado de apelación (v. págs. 101/103, 111, 113, 119/27, 133, 139, 152/4, 164/66, 171/7 y 179/81 del documento digitalizado).
VII. Que, ante el referido contexto normativo, y tal como resulta de la reseña efectuada respecto de las actuaciones cumplidas, es claro que la pretensión recursiva de la demandada deviene improcedente.
Como se dijo anteriormente, corresponde tratar el agravio de la parte demandada vinculado a la mora en el pago de los emolumentos del Dr. Menéndez y la improcedencia de los intereses.
En ese marco, ha de señalarse que, con ajuste a la doctrina emanada del precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos: 343:1894, in re, “Martínez, Gabriel Rubén”, la invocación y aplicabilidad del plexo normativo concerniente al mecanismo de pago de deuda pública proveniente de pronunciamientos judiciales, así como los plazos allí establecidos, son de suyo inconducentes para fundar la improcedencia de los intereses durante la tramitación del pago, ante la falta de previsión expresa que los excluya y habida cuenta de que la oportunidad del pago, aun cuando se prevé un orden de prelación, está condicionada por la disponibilidad de los fondos que unilateralmente apruebe el Estado en el presupuesto nacional (Consid. 5).
A lo que se añade que los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (cfr. art. 744 del Código Civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En efecto, los intereses son accesorios del capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo II-B, sexta edición actualizada, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 148); de tal suerte que no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del artículo 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la deuda judicialmente establecida mediante pronunciamiento firme (fallo cit., Consid. 6).
Siguiendo esa línea, y como correctamente fue señalado en el fallo que se recurre, de las constancias de la causa surge que, el pago que la demandada alega para sustentar su posición resulta insuficiente pues sólo comprende las sumas que fueron reguladas en autos, por lo que no comprende los réditos devengados entre el vencimiento del plazo de pago y el momento en que se materializó la efectiva cancelación del adeudo.
Y dado que, para considerar un pago como íntegro y cancelatorio, ha de incluir los intereses que se devengaron hasta su efectiva materialización, resulta claro que cuando como en el caso, tal situación no se verifica (en tanto las sumas depositadas solo comprenden los honorarios regulados en autos, mas no los acrecidos hasta el efectivo pago), es claro que resulta parcial y no corresponde asignarle tal efecto.
VIII. Que, conforme lo expuesto precedentemente, cabe señalar que respecto del período que debe comprender la liquidación de los intereses adeudados (que tienen por finalidad cubrir el perjuicio que sufre el acreedor por el retardo en la satisfacción de su crédito), corresponde que los intereses sean calculados desde el 15-4-2017, ello respecto de los honorarios contenidos en la regulación dictada por este Tribunal y, en cuanto a los intereses adeudados por los emolumentos regulados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deben ser calculados desde el 17-11- 2018; ambos hasta el plazo fijado en la resolución en crisis, dado el alcance del recurso que aquí se examina.
Todo ello, siendo procedente la utilización de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. art. 10 decreto 941/91, art. 8, segundo párrafo decreto 529/91; comunicación B.C.R.A. N° 14.290), extendiendo su cómputo hasta el pago de la liquidación practicada (conf. en sentido concordante, esta Sala, in rebus: “Melillán, Yolanda y otros c/E.N. –Mº Defensa –Armada –Dto. 1104/05 751/09”, expte. n° 30.314/11, sentencia del 12/11/19, Cons. 9°; “Vera Cucchiaro, Javier Jesús c/Dirección General Impositiva”, expte. n° 77.080/2016, sentencia del 4/11/21 y “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/D.G.A.”, expte. n° 64421/2014, del 30/11/21).
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En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas señaladas, es claro que en tanto los réditos se devengan desde el vencimiento del plazo aplicable a la cancelación del crédito reconocido, hasta el efectivo pago, deviene improcedente la pretensión recursiva de la demandada.
IX. Que, en otro orden, cabe advertir que la resolución apelada en la medida que se ha limitado a fijar las pautas para la liquidación de los intereses correspondientes a los emolumentos fijados en autos, no implica un exceso de jurisdicción por parte del Tribunal administrativo, toda vez que, así como se encuentra legalmente habilitado a fijar las costas del proceso y regular los honorarios de los letrados intervinientes, resulta de toda obviedad que bien puede decidir sobre los accesorios que se derivan de aquéllos.
X. Que, finalmente, el Fisco manifiesta que, el sentenciante se apartó de lo dispuesto por las normas vigentes, por cuanto existe una ley especial que determina los intereses aplicables a supuestos como el de marras, que son los establecidos por las citadas resoluciones del Ministerio de Economía.
Sobre el punto, cabe recordar que, el artículo 61 de la ley 21.839 establece que: “Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6 %) anual. A partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina” (sic). Por tales consideraciones, corresponde desestimar el agravio intentado al efecto, debiendo estar a las consideraciones aquí expuestas.
En tales condiciones, toda vez el planteo recursivo no aporta nuevos elementos, así como tampoco demuestra de manera concreta y puntual los errores o desviaciones en que se hubiera incurrido en la determinación practicada, el recurso no puede prosperar (en igual sentido, esta Sala en autos: “Ford Argentina S.C.A. (TF 23547-A) c/D.G.A.”, expte. nº 10.143/2012, resolución del 10-07-2024).
XI. Que, despejado el punto anterior, corresponde tratar el recurso interpuesto por la Dra. Rodríguez.
Sin perjuicio de señalarse que el recurso de apelación ordinario comprende el de nulidad (mutatis mutandis art. 253, C.P.C.C.N., de aplicación supletoria), corresponde analizar el planteo efectuada por la letrada en su presentación recursiva.
Al respecto, cabe destacar que el art. 172 del C.P.C.C.N. prescribe que: "[L]a nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente de nulidad CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer […]”. A su vez, el art. el artículo 173 de dicho ordenamiento legal establece que: “[S]e desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente.”.
En ese entendimiento, es dable recordar que este Tribunal tiene dicho que: “[…] La nulidad por vicios de procedimiento carece de un fin en sí misma y su declaración procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que lo invoca […]” (cfr. esta Sala, en autos: 12349/2012, “Castiñeiras, Daniel Omar c/C.P.A.C.F.”, Expte. N° 24867/10, sentencia del 12/06/2012). A ello debe agregarse que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma (cfr. Fallos: 322:507 y 339:480, entre otros).
De lo expuesto se colige que la recurrente no indicó cuáles son las defensas de las que se vio privada. En efecto, se limitó a cuestionar la forma en que el Tribunal Fiscal dirigió el trámite de la ejecución de sus honorarios, pero no mencionó qué defensa concreta se vio privada de oponer o qué perjuicio le ocasionó la circunstancia reseñada precedentemente.
En esta inteligencia, repárese en que, dentro del ámbito del juicio ejecutivo, ya sea que la nulidad se oponga por vía de excepción o de incidente, pesa sobre quien la alega la carga de afirmar y demostrar el perjuicio que la omisión le ocasiona en los términos del art. 172 del Código Procesal (cfr. Fallos: 312:2217).
A su vez, cabe recordar que en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, más no cuando falte una finalidad práctica en su admisión.
En efecto, la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal. Su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (cfr. Fallos: 323:929; 325:1404; 331:994).
Siguiendo estos lineamientos y de acuerdo a los fundamentos brindados por el Tribunal Fiscal en su considerando cuarto, se observa que el acto cuestionado, por confuso que parezca, logró cumplir con el objetivo de reconocer que se adeuda una CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II diferencia de honorarios en tanto la totalidad de las sumas depositadas por el Fisco Nacional no alcanzaban a cubrir el total de las reguladas a favor de la Dra. Rodríguez.
A su vez, el Tribunal Fiscal no cuestionó que se deban intereses, ni omitió tratar la liquidación de la letrada, únicamente estimó que por inconvenientes prácticos no se pronunciaría sobre estos hasta tanto se deposite la totalidad de las sumas en concepto de honorarios.
Al respecto, atendiendo al carácter restrictivo del sistema de nulidades, este Tribunal entiende que las cuestiones que versen sobre ella deben reservarse como “última ratio” ante la afectación de un interés legítimo.
Frente a ello, aunque la letrada estime irregular la forma en que el Tribunal Fiscal instrumentó el proceso de ejecución de sus honorarios, la declaración de nulidad no procede, en tanto el pronunciamiento en crisis conforme lo aquí establecido puede ser remediado de acuerdo a las disposiciones que surgen del Código Procesal en materia de recursos de apelación (cfr. arts. 241 inc. 1°, 242 y 244 del C.P.C.C.N.).
XII. Que, sentadas lo anterior y establecida la conclusión respecto de la forma y carácter que la letrada le otorgó al recurso de apelación ordinario, corresponde tratar los agravios allí volcados de acuerdo al modo en que fue concedido dicho recurso (cfr. art. 242 y 244 del C.P.C.C.N.).
1. En primer lugar, la letrada entiende que el Tribunal Fiscal no advirtió el valor asignado a cada depósito en cuanto se vinculan a montos distintos conforme los honorarios regulados según las etapas cumplidas bajo la ley 21.839 y bajo la ley 27.423.
Además, se quejó de la falta de motivos brindados por el Tribunal Fiscal para llegar a razonar que la demandada le adeuda la suma de $ 676.506 en concepto de diferencia de honorarios. Asimismo, se quejó de la falta de resolución del planteo sustancial que es los intereses de honorarios que se adeudan e imputación solicitada respecto de los pagos efectuados.
En cuanto a ello, el Tribunal Fiscal advirtió que “[…] aun tomando el valor del U.M.A. del momento del primer depósito establecido por la Acordada 21/21 de fecha 10 de octubre de 2021 -esto es: $ 5.476- e incluso utilizando el valor del U.M.A. para el segundo depósito fijado por la Acordada 3/23 del 24 de febrero de 2023 -a saber: $12.479- el monto pagado por el fisco no cubre la totalidad del que fuera regulado a la profesional referida, atento a que debió haberse depositado $ 676.506 […]”. De allí se desprende que el Tribunal Fiscal al momento del primer depósito efectuado por el Fisco Nacional ($ 366.520), entendió que dicha suma cubría los $ 154.600 de los honorarios regulados bajo la vigencia de la ley 21.839 y la suma de $ 172.494 equivalentes a 31,50 U.M.A. (cfr. Ac. N° 21/21 de la C.S.J.N., del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 1/10/2021), correspondientes a las dos primeras etapas del pleito. Por lo que se entiende que dicho depósito no alcanzaba a cubrir la suma equivalente a 28 U.M.A. regulada ante esta instancia.
En cuanto al segundo depósito consideró que incluso tomando el valor de la U.M.A. a ese momento (cfr. Ac. N° 3/23, del 24/02/2023), tampoco resultaba suficiente para cancelar el total de los honorarios, siendo que los emolumentos regulados ante esta alzada alcanzaban la suma de $ 349.412.
Bajo este análisis se observa que las sumas depositadas por el Fisco Nacional ($ 520.800) no alcanzan a cubrir los $ 676.506 que el Tribunal Fiscal entiende que se le adeudan a la Dra. Rodríguez, discriminados de la siguiente manera:
- Honorarios regulados por las dos primeras etapas del proceso: $ 154.600. - Honorarios regulados por la tercera etapa del proceso: 31,50 U.M.A. x $ 5.476 (cfr. Ac. N° 21/21, del 1/10/2021): $ 172.494.
- Honorarios regulados por las tareas desarrolladas ante este Tribunal: 28 U.M.A. x 12.479 (cfr. Ac. N° 3/23 del 24/02/2023): $ 349.412.
- TOTAL: $ 676.506.-
De este modo, resulta acertado indicar por un lado, que los motivos brindados por el Tribunal Fiscal de la Nación resultan suficientemente fundados; sin embargo, entiende esta Sala que asiste razón a la Dra. Rodríguez en cuanto a que la imputación otorgada por aquel a cada uno de los depósitos resultó incorrecta.
2. En ese marco, recuérdese que el artículo 51 de la ley 27.423, establece que: “…El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de U.M.A. contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”. Asimismo, del artículo 54 de aquel texto legal, se desprende que: “…Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme la resolución regulatoria…” y que: “… Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa”.
Bajo las directrices emanadas de la normativa precitada, resulta acertado puntualizar que el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (U.M.A.) al momento del pago efectuado por la demandada con fecha 29-11-2021 (cfr. boleta de depósito) equivalía a $ 6.160,00 de acuerdo a lo dispuesto en la Ac. N° 21/2021 de la C.S.J.N. del 1-10-2021, momento en que la letrada tuvo libre disponibilidad de los fondos ya que fueron depositados en su cuenta personal.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Al respecto, teniendo en cuenta el valor de la U.M.A. de aquel momento, la suma de $ 366.520, éste alcanzó para cubrir los valores regulados hasta la cantidad de 59,5 U.M.A., al valor de la fecha del depósito.
Por otro lado, surge que en abril 2023 la demandada depositó la suma de $ 154.600 en concepto de diferencia de honorarios en la cuenta personal de la letrada; suma que alcanzó el monto regulado por las primeras dos etapas del pleito bajo la vigencia de la ley 21.839. A lo que cabe añadir que el Fisco Nacional no brindó precisiones sobre el día exacto en que se materializó el pago, ya que según la Dra. Rodríguez de la constancia que acompañó el 14-2-2024 el pago impactó el 7 de agosto de 2023.
Ahora bien, ante el criterio fijado en el considerando séptimo de la presente, el depósito realizado por el Fisco Nacional no resultó íntegro, por lo que dicho pago resulta parcial y carece por lo mismo de aptitud liberatoria total.
De esta manera, la relación jurídica obligacional no se ha extinguido, pues el interés comprometido de la acreedora no se encuentra totalmente satisfecho. En consecuencia, resulta que la ley que rige el asunto admite que se computen intereses moratorios de verificarse el incumplimiento del deudor, los que se habrán de calcular desde la regulación pertinente.
Bajo tales lineamientos, corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la Dra. Rodríguez y revocar la decisión recurrida.
XIII. Que, de acuerdo a lo decidido precedentemente y a efectos de ordenar la causa en pos de su avance a los fines de obtener la emisión de un pronunciamiento útil y por tener este Tribunal en la actual oportunidad plena jurisdicción para establecer las pautas pertinentes, corresponde formular las siguientes precisiones. La fecha de inicio para el cálculo de los intereses sobre los honorarios fijados por la actuación por las dos primeras etapas del pleito cumplidas ante la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, bajo el régimen de la ley 21.839, debe ser aquélla en que venció el plazo para el pago de los emolumentos (mora del deudor), y en cuanto a la fecha de corte del cálculo de los intereses, cabe estar al momento que se hizo saber a los acreedores de los depósitos que se fueron efectuando en autos (v.
considerando séptimo del presente).
Y con relación a aquéllos fijados bajo el régimen de la ley 27.423, recuérdese que como se dijo en el considerando que antecede, dicho precepto admite que se computen intereses moratorios de verificarse el incumplimiento del deudor, los que se habrán de calcular desde la regulación pertinente (en el caso de honorarios fijados por la actuación ante la Alzada, desde la regulación practicada por este Tribunal). En tales condiciones, cabe dejar sentado que, el cálculo de los intereses que corresponde computar en lo que se refiere a los honorarios regulados por la ley vigente, se deberá realizar sobre el monto resultante de convertir los honorarios CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II fijados en U.M.A. al momento de la regulación, aplicándose la tasa del 6% anual desde la fecha en que se practicó dicha determinación, extendiendo su cómputo hasta aquélla en que se reputa materializado el pago.
A su vez, al resultado del cálculo de los intereses realizados según las pautas brindadas precedentemente, se le debe adicionar el monto resultante de establecer el honorario adeudado fijado en U.M.A., conforme al valor vigente a la fecha de corte aquí establecida, según corresponda.
Del total así obtenido (capital por honorarios e intereses devengados), se detraerá el monto depositado por los deudores, y el saldo adeudado se transformará en U.M.A. a valor vigente al momento de los depósitos. La cantidad de U.M.A. así obtenida será la que corresponde al saldo de capital (honorarios) adeudado; de modo que al practicarse nueva liquidación se calculará el mismo atendiendo al valor de la U.M.A. a la fecha de la liquidación o pago, y la suma así resultante devengará intereses a la tasa del 6% anual, computado desde la fecha de pago hasta la oportunidad aquí indicada (cfr. esta Sala, in re, “Silva, Walter Ezequiel c/E.N. -M° Energía y Minería s/medida cautelar -autónoma-”, Expte. N° 19184/2018, resolución del 29-4-2022; en igual sentido, in re, “Libertad S.A. c/E.N. -M° Economía -D.G.A. s/Código Aduanero -ley 22.415 –art. 105”, Expte. N° 17261/2021, resolución del 7- 12-2022 y “Decavial S.A.I.C.A.C. c/E.N. -D.N.V. -RESOL 777/01 623/ 09 s/proceso de conocimiento”, Expte. N° 17703/2010, resolución del 18-10-2024).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada en fecha 29-9-2021 y confirmar la resolución del 17-9-2021, y mantener la providencia de fecha 14-9-2022; con costas a la apelante vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 69 del C.P.C.C.N.); 2º) admitir parcialmente el recurso de apelación deducido con fecha 1-3-2024 por la Dra. Rodríguez y revocar la resolución del 19-2-2024 con el alcance indicado en el parágrafo precedente; con costas en el orden causado atentas las particularidades de la cuestión, y 3°) ordenar la remisión de las actuaciones a la instancia de grado a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia