Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-138432685-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, VOTO POR:
1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución 9548/19, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12206-5022-2009.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 552,62, con más los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en el Considerando XV, con más los intereses del art. 794 del CA.
4Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81626836-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 EX-2022-138432685- -APN-SGASAD#TFN; ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “KING MARINE S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico N° EX-2022-135651542- -APN-SGASAD#TFN y su acumulado “ ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación” – Expediente Electrónico N° EX-2022-138432685- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°9548/19, la autoridad aduanera condenó a la firma KING MARINE SA al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 070773IT14000546N, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma KING MARINE SA interpone recurso de apelación, solicitando se declare la prescripción de la acción del fisco para imponer la pena de multa y percibir los tributos. En igual sentido, solicita se decrete la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa por no haberse acompañado el despacho de importación temporal en original. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la multa y exigencia tributaria pretendidas, con costas.
III. Por su parte, en el expediente acumulado N° EX-2022-138432685-APN-SGASAD#TFN, la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA interpone recurso de apelación contra la misma resolución. En sustento de su pretensión, sostiene que su eventual responsabilidad debe circunscribirse al límite de cobertura previsto en la póliza respectiva. Asimismo, cuestiona la procedencia de la percepción de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias. Por otro lado, alega la vulneración de su derecho de defensa en juicio con motivo de la demora incurrida por la Administración en el dictado de un pronunciamiento dentro de un plazo razonable. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con imposición de costas.
IV. De su lado, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de las apelaciones planteadas. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, señala que los procedimientos llevados adelante por el servicio aduanero se han dictado de conformidad con los plazos establecidos en el CA y dentro de un plazo razonable. En lo que respecta al fondo de la cuestión, señala que las diferencias detectadas en relación a la mercadería exportada impide tener por probada la relación entre los insumos importados y los productos exportados. Finalmente, explica que la aseguradora debe responder en su calidad de garante por ante el servicio aduanero respecto de las obligaciones de su tomador. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución dictada en sede aduanera, con costas.
Primera cuestión V.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 07.11.2014, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 12.09.2019. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (23.02.2009) y la corrida de vista operada el 12.09.2019.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Segunda cuestión VI.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por las recurrentes.
VII. Así las cosas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y sancionada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 070773IT14000546N.
VIII. En dichos términos, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. A la luz de lo enunciado, se observa que la mercadería importada temporariamente se encuentra parcialmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada conforme la documentación obrante en autos:
UNIDADES EN IT A CANCELAR CANTIDADCANCELADO INFRACCIÓN 07073IT14000546N 132 122 10 DESPACHOS QUE CANCELAN LA DIT PE CANTIDAD CTIT 09001EC03003018D 122 5062/2008
Total descargado 122 X.- En los términos expuestos, de las 132 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la Destinación de Importación N°07073IT14000546N, se desprende que solo se han reexportado 122 unidades mediante el Permiso de Embarque detallado en la descarga efectuada, quedando pendientes de cancelación 10 unidades. El saldo remanente no ha sido acreditado con la documentación analizada por este Tribunal, ni ha sido debidamente justificado por la actora. En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen en relación con una parte de la mercadería importada temporalmente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
XI. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
VALOR EN ADUANA POR UNIDAD VALOR EN VALOR EN ADUANA DESTINACIÓN CANTIDAD DE UNIDADES ADUANA POR (USD)
UNIDAD 07073IT14000546N 18.925,33 143,37
132,00 UNIDADES EN INFRACCIÓN BASE DE CÁLCULO DESTINACIÓN CANTIDAD DE UNIDADES (VALOR EN ADUANA)
07073IT14000546N
10,00 1.433,70 DIT 07073IT14000546N
Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 1.433,70 Derechos de Importación 14 200,72 Tasa de Estadística 0.50 7,17 Base IVA 1.641,59 IVA 21 344,73 TOTAL 552,62 En mérito a lo expuesto, y de conformidad con la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas —efectuada a razón de 1 USD = $3,538—, el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de $ 1.955,17.
Por su parte, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de USD 552,62, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
XIII. Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que la operación de marras se encontraba asegurada por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA mediante las siguiente Póliza:
• Póliza N°929546 del 26/02/2007 (fs. 103 de las Actuaciones Administrativas), mediante la cual se aseguró a la AFIP-DGA el monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por la aplicación de las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes que resulte obligado a efectuarle KING MARINE SA como consecuencia de la “IMPORTACIÓN TEMPORAL SIN PROHI”.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada.
XIV. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
XV. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por la póliza mencionada respecto de la Destinación de Importación N° 070773IT14000546N, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del CA.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución 9548/19, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12206-5022-2009.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 552,62, con más los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en el Considerando XV, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial a la Segunda Cuestión del voto del Dr. Licht, que da fundamento a la parte resolutiva, que comparto.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución 9548/19, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12206-5022-2009.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 552,62, con más los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XIII y en los términos expuestos en el Considerando XV, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.20 16:29:29 ART Date: 2026.08.20 17:15:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:47:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:48:01 -03:00
Fin de la sentencia