Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-116344671-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 34/100 CVOS. (U$S 11.802,34) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-66374862-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “KING MARINE S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2022-116344671- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que vuelven los presentes a esta Sala en virtud del fallo emitido por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (dictado en fecha 12/06/2025, en autos 17644/2024) que resolvió admitir el recurso interpuesto por la representación fiscal y declarar la nulidad del pronunciamiento (registrado bajo el N° INLEG-2024-41409172-APN-VOCXXI#TFN) y, en consecuencia, remitir la causa para que este Tribunal emita un nuevo pronunciamiento.
II. Fundamentos del recurso: Mediante el IF-2022-116344572-APN-DTD#JGM, en fecha 31/10/2022, se presenta la firma KING MARINE S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, opone la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones. Asimismo, explica que la duración del procedimiento desarrollado en sede aduanera resulta irrazonable. Cita doctrina y jurisprudencia. Agrega que, a la luz del lapso transcurrido, deviene sumamente dificultoso obtener prueba de descargo, implicando una afectación a su derecho de defensa. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2023-27417178-APN-DTD#JGM, en fecha 13/03/2023, la representación fiscal, contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar una negativa genérica, explica que, habiéndose detectado la falta de regularización de la mercadería, la actora fue debidamente notificada de la formación del sumario y que pesa sobre ella la carga de la prueba de demostrar el cumplimiento del régimen legal. En el mismo sentido, se expide acerca de la naturaleza del régimen de excepción al que se adhirió voluntariamente. Se opone al planteo de prescripción formulado y defiende la vigencia de las acciones del Fisco. Asevera que no se vulneró la garantía de ser juzgado en plazo razonable. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-20890-2008 (archivo embebido al IF-2024-25685771-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 2/4 con el acta de denuncia N° 731/2008. A fs. 9 se encuentra el aforo de la mercadería y a fs. 10 la liquidación de los tributos. A fs. 16 obra el auto de apertura de sumario, dictado en fecha 30/09/2013. A fs. 19 luce nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 20 y vta. se dispone correr vista de todo lo actuado, notificada a fs. 26 y 27 vta. A fs. 28/38 y 40/46 se presentan la aseguradora y la importadora y formulan descargo. A fs. 49/52 vta. se adjunta la resolución aduanera apelada (notificada a fs. 55/56). A fs. 57/62 y vta. la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que mediante PV-2026-63820425-APN-VOCXXI#TFN se elevó la causa a la Sala “G” y por IF-2026- 63833506-APN-VOCXXI#TFN pasaron a sentencia.
VI. Preliminarmente, corresponde precisar que en la sentencia de fecha 23/04/2024 cuya nulidad fue declarada por la alzada, se dispuso declarar la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos y rechazarla respecto de la acción para imponer sanciones. Respecto a este último punto, se abordó la cuestión de fondo en lo relativo al aspecto infraccional, confirmando la multa impuesta. Apelada la sentencia por parte del Fisco, el único aspecto cuestionado fue la interpretación que el Tribunal Fiscal efectuó de la causal de suspensión del curso de la prescripción en materia tributaria (Art.805 inciso a) del C.A.), de forma tal que esa parte concluye que no habría operado la prescripción y que la acción para perseguir los tributos seguiría vigente.
Es decir que la nulidad declarada por la Exma. Cámara se refirió exclusivamente a la interpretación que el TFN efectuó de las normas relativas al cómputo de la prescripción en materia tributaria. En tal inteligencia, cabe señalar que la previsión contenida en el art. 10 del Reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto dispone el pase de Sala, tiene por finalidad preservar la independencia de criterio del Vocal interviniente. Lo que la norma procura evitar es que, luego de anulada una sentencia, el mismo Vocal se vea compelido a dictar un nuevo pronunciamiento en sentido contrario a su leal saber y entender. Ahora bien, esa finalidad no se ve comprometida cuando la nulidad dispuesta por el Superior obedece exclusivamente a razones de índole procedimental. En tal supuesto, no se encuentra en revisión la valoración sustancial efectuada por el juzgador respecto de los hechos, ni el juicio formulado sobre la responsabilidad atribuida al recurrente.
Se trata, antes bien, de una cuestión objetiva vinculada al trámite del proceso, ajena a la apreciación de mérito que pudo haber tenido el Vocal al resolver la culpabilidad o inocencia del sujeto frente al hecho investigado.
Ello se verifica con mayor claridad en el presente caso, en tanto la cuestión de fondo pasó en autoridad de cosa juzgada, al no haber sido materia de revisión. En consecuencia, expedirse ahora respecto de la faz tributaria importa pronunciarse sobre un aspecto accesorio, derivado del principal ya resuelto y no objetado.
Por ello, no se configura aquí el supuesto contemplado por el art. 10 del Reglamento, pues no se exige al Vocal alterar su criterio anterior sobre el fondo de la controversia, sino resolver una cuestión remanente que opera como consecuencia de aquél.
VII. Al respecto, se advierte que la nulidad de la sentencia de la alzada encuentra su sustento en considerar que existió una violación manifiesta de las formas legales del procedimiento al no haber sido evaluada la “virtualidad que tuvo o pudo haber tenido la notificación de la corrida de vista que contuvo la liquidación tributaria”.
En primer lugar, en relación a la alegada omisión indicada en el punto IV de la sentencia, los puntos sobre los cuales emití la decisión en esta sede fueron aquellos que eran conducentes y hacían a la resolución del conflicto.
Al respecto la CSJN dijo que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos 311:571), como tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes sino sólo aquellas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (311:836) ni a analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (311:1191).
En relación a los efectos de dicha notificación estimo además que no equivale a una cuestión de hecho y prueba, sino de derecho, donde se interpreta el alcance de ciertas previsiones del C.A.
Al respecto, he sostenido en reiteradas oportunidades (INLEG-2021-106363175-APN-VOCXXI#TFN, INLEG-2023-111437546-APN-VOCXXI#TFN, INLEG-2023-131688250-APN-VOCXXI#TFN, INLEG- 2023-151651776-APN-VOCXXI#TFN, entre muchos otros) que la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que opera inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva, en la inteligencia de que no se puede interrumpir un plazo que se encuentra suspendido. No obstante lo expuesto y considerando los términos de la sentencia de Cámara en relación a los efectos interruptivos asignados a la notificación de la corrida de vista: “Además, y en la medida en que el 30 de julio de 2018 se corrió vista (notificada el 21 de agosto de 2018) que incluyó la liquidación tributaria a la que hace referencia el artículo 806 del Código Aduanero, el plazo se interrumpió.” (el resaltado me pertenece)- criterio que en particular no comparto- toda vez que resulta inequívoco que el Superior ya se expidió sobre la virtualidad interruptiva del acto procesal sindicado por la apelante, corresponde tratar el fondo de la cuestión y dictar pronunciamiento respecto de la materia tributaria.
VIII. Que encontrándose firme el decisorio en cuanto al aspecto infraccional, a los efectos de la determinación de los tributos, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 19 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS EN VIRTUD DE LA DIT N° 07073IT14001173K SON U$S
11.802,34.
IX. Que, respecto de los intereses, corren, en el caso desde el 04/09/2018 (cfr. constancia de notificación de fs. 27 vta. de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 34/100 CVOS. (U$S 11.802,34) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2).- Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Las presentes actuaciones regresan a conocimiento de esta Sala por reenvío dispuesto por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que mediante sentencia del 12 de junio de 2025 declaró la nulidad del pronunciamiento de este Tribunal del 23 de abril de 2024 y ordenó un nuevo fallo de conformidad con lo indicado en sus considerandos.
Conviene precisar el contenido de aquella sentencia anulada. Este Tribunal resolvió dos cuestiones diferenciadas. El voto de los doctores Segura y Sarquis abordó y decidió la cuestión de fondo, esto es, la procedencia sustancial de la multa reclamada con motivo de la importación temporal n° 07 073 IT14 00173 K. Por separado, y con autonomía lógica respecto de aquel examen, declaró prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos vinculados a la infracción del artículo 970 del Código Aduanero. La multa por dicha infracción no fue recurrida por el responsable. El incumplimiento del régimen de importación temporaria luce, en ese plano, consolidado.
II. Cabe señalar, entonces, que el recurso de apelación del Fisco y la expresión de agravios de fs. 313/321 se ciñeron a la prescripción. La Dirección General de Aduanas controvirtió la interpretación que esta Sala asignó a la causal de suspensión del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero al postular la virtualidad interruptiva de la corrida de vista (artículos 806, inciso a, y 1101 del mismo código). En ningún tramo de su pieza recursiva el fisco cuestionó lo decidido en el Considerando VIII sobre la procedencia de la multa. No podía hacerlo, por lo demás, en la medida en que ese capítulo le había sido favorable.
III. En consecuencia la Cámara revisó la cuestión relativa a la prescripción del tributo. El Considerando III reconstruye el cómputo del plazo del artículo 803 del Código Aduanero y verifica la incidencia del auto de apertura de sumario (suspensión, art. 805) y de la corrida de vista notificada el 21 de agosto de 2018 (interrupción, art. 806). El Considerando IV identifica el vicio que motiva la nulidad con toda nitidez en orden a que este Tribunal omitió examinar la virtualidad que tuvo o pudo haber tenido la notificación de la corrida de vista que contuvo la liquidación tributaria, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción. Sobre esa base, y por aplicación del artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, la alzada declaró la nulidad y reenvió la causa «para que se pronuncie sobre tales aspectos».
En definitiva, la ratio decidendi de la nulidad reposa por entero en una omisión relativa a la prescripción. El fondo del asunto permaneció ajeno al juicio de la Cámara, que ni lo examinó ni lo censuró.
IV. Precisamente de esa constatación se sigue el primer límite de la competencia de esta Sala en el reenvío. El tribunal que recibe la causa anulada no recobra una jurisdicción plena ni inaugura un juicio nuevo. Queda ceñido al alcance de los agravios que abrieron la instancia revisora y a la materia que el superior identificó como viciada. Rige aquí la regla tantum devolutum quantum appellatum, que circunscribe el conocimiento de la alzada (y, por derivación, del tribunal de reenvío) a los capítulos efectivamente sometidos a revisión. Lo que no fue objeto de apelación adquirió firmeza y configura cosa juzgada parcial, sustraída por completo al reexamen.
A ello se añade la prohibición de la reformatio in peius, cuya jerarquía constitucional la Corte Suprema ha reiterado sin fisuras como derivación de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad (artículos 18 y 17 de la Constitución Nacional). El Fisco fue el único apelante. Una decisión que, con ocasión de su recurso, reabriera el examen de la procedencia de la multa (capítulo que esta Sala había resuelto en su favor) basada en el incumplimiento del régimen al que se comprometió el responsable tributario lo colocaría en posición más gravosa que la alcanzada con la sentencia que él mismo impugnó.
V. Así las cosas se impone entonces armonizar el dispositivo de la Cámara con su motivación. La sentencia revisora padece una asimetría que no puede leerse con literalidad mecánica. Razona sobre la prescripción, censura una omisión sobre la prescripción y, no obstante, fulmina con nulidad «la sentencia» en su integridad, de modo que, tomada al pie de la letra, esa declaración borraría todo lo considerado por este Tribunal.
Sin embargo, el juez no es escriba ciego de su propia parte dispositiva ni de la ajena. La razón práctica que gobierna la interpretación de las sentencias manda estar al fin que las anima (ad quem finem) por encima de la extensión gramatical de su fórmula. La nulidad, aunque recaiga nominalmente sobre el pronunciamiento entero, se mide por el vicio que la origina. Ese vicio fue, y solo fue, la falta de tratamiento de la corrida de vista en el cómputo prescriptivo. De allí que la firmeza del capítulo de fondo, ni recurrido por el Fisco ni alcanzado por la ratio de la anulación, deba reputarse subsistente.
VI. Justamente el riesgo que entraña la lectura literal confirma esta conclusión. Si la nulidad se entendiera total y la procedencia del tributo se reputara reabierta, bien podría juzgar improcedente la obligación por ausencia de los presupuestos habilitantes de la determinación. Semejante resultado convive mal con la firmeza de la multa del artículo 970 no recurrida, y con el incumplimiento del régimen de importación temporaria que de ella se desprende. Una hermenéutica que conduce a habilitar la revisión de aquello que el propio recurso dejó incólume y a desandar lo consolidado, se descalifica por sus consecuencias.
VII. En esa inteligencia del asunto, este Tribunal habrá de circunscribir su nuevo pronunciamiento a la materia que la Cámara identificó, vale decir, a determinar si la notificación de la corrida de vista del 21 de agosto de 2018 interrumpió el plazo del artículo 806 del Código Aduanero y, por esa vía, si la acción del Fisco para percibir los tributos se hallaba o no prescripta al tiempo de la determinación.
VIII. Este Tribunal asume con plena conciencia el deber de ajustarse a lo resuelto por la Alzada en cuanto le ha sido reenviada la causa, y lo hace con el respeto institucional que la jurisdicción superior merece. La doctrina del leal acatamiento, reiterada por la Corte Suprema, obliga a los tribunales inferiores a observar lo dispuesto por el órgano revisor en la misma causa (Fallos 308:215; 321:2114; 330:1236; 337:62; 341:1846, entre otros), y es a ese deber al que los suscriptos procuran ser fieles en el pronunciamiento que sigue. Ese acatamiento, por lo demás, alcanza su mejor expresión cuando el tribunal de reenvío examina con honestidad los términos del problema que la Alzada ha identificado y le devuelve, abierta y razonada, su mejor comprensión del derecho aplicable. En esa tarea, y con el ánimo de servir antes a la jurisdicción de la Cámara que a la propia, advierte este Tribunal una dificultad que estima un deber poner a su consideración. Aplicar la causal interruptiva del artículo 806, inciso a), del Código Aduanero a un plazo que, por mandato expreso del artículo 805, inciso a), se encontraba entonces suspendido, supone una tensión con el texto positivo que el decisor, llamado a aplicarlo, no se siente autorizado a resolver por sí. Confía en que la propia Alzada, a quien también obliga la legalidad que a todos compromete, no querría ver franqueado ese límite. Por eso, y precisamente para honrar la jurisdicción de la Cámara antes que, para desairarla, se expone con la franqueza que la ocasión reclama las razones por las que se expide del modo que sigue.
IX. La dificultad que se permiten poner a consideración de la Alzada se deja describir con sencillez si se vuelve, por un instante, a uno de los principios más antiguos del pensamiento occidental. Aristóteles, en el libro IV de la Metafísica (1005b 19-20), enseñó que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. La fórmula podría parecer ajena al asunto, y sin embargo permite iluminar la cuestión con una claridad que el Tribunal estima útil compartir. Un plazo de prescripción no parece poder, simultáneamente y bajo el mismo respecto, hallarse suspendido y a la vez correr. Suspensión e interrupción acaso no sean dos modos de incidir sobre un mismo fluir, sino dos estados que se excluyen entre sí. La suspensión detiene el cronómetro. La interrupción, en cambio, presupone que el reloj esté en marcha, porque lo que se interrumpe es siempre un correr previo. De allí la dificultad que los suscriptos respetuosamente elevan a la Cámara. Sostener que, dentro del mismo sumario y en virtud de un mismo hecho, la prescripción se interrumpió en el preciso momento en que la ley dispone que se hallaba suspendida, parece exigir a la vez una cosa y su contraria. El derecho, que ha hecho del principio de no contradicción su andamio silencioso, difícilmente pueda dar cabida a esa simultaneidad sin que algo se resienta en el sistema que la Cámara, como custodio último de la legalidad en esta causa, está llamada a preservar.
Llegó la hora de dejar hablar al propio legislador aduanero, cuya voluntad estos vocales se sienten llamados antes a servir que a sustituir. El artículo 805 inciso a) del Código Aduanero dispone, con palabras que vale la pena transcribir: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Durante todo ese período, y por expresa voluntad legislativa que el Tribunal no se considera autorizado a torcer, el curso del plazo de prescripción permanece detenido. Bien pudo el legislador, si hubiera querido la lectura que la Alzada sugiere, haberlo dicho con todas las letras. El legislador, sin embargo, no lo hizo. Guardó silencio donde habría podido hablar, y ese silencio, lejos de ser una omisión que el intérprete pueda suplir, es él mismo una decisión normativa. Suponer lo contrario importaría escribir en el código una cláusula de excepción que el legislador deliberó no escribir, tarea que no compete a quien está llamado a aplicar la ley sino a quien está llamado a hacerla.
X. De cuanto antecede se desprende, y dicho con prudencia que la deferencia debida a la alzada impone, una consecuencia que difícilmente pueda eludirse. Interrumpir un plazo que la ley ha tenido por suspendido parece exigir, antes que un acto procesal, una alteración del orden mismo del tiempo. La interrupción presupone que el reloj esté en marcha, y el reloj, en el supuesto del artículo 805 inciso a), permanece detenido. Aplicar el inciso a) del artículo 806, vinculado a la notificación de la liquidación tributaria, dentro del mismo procedimiento en el que rige aquella suspensión equivaldría, en el modesto entender de estos vocales, a contrariar la voluntad legislativa que el Tribunal está llamado a servir y a desatender, de paso, el principio lógico que antes se recordó. De allí que la causal interruptiva del artículo 806 inciso a), referida a «la notificación de la liquidación tributaria aduanera», encuentre su espacio natural, según los suscriptos lo entienden, en procedimientos administrativos de naturaleza distinta al sumario infraccional que dio origen al acto determinativo y sancionatorio. Aplicarla dentro del mismo procedimiento en que la prescripción se halla legalmente suspendida llevaría a una tensión con el texto positivo que estos vocales confían en que la propia Alzada no querría asumir.
Una observación más, que el suscripto ofrece con el ánimo de iluminar la cuestión y no de cerrarla. La corrida de vista de la liquidación tributaria aduanera, dentro del sumario, no parece ser mucho más que la materialización de algo que, por imperativo legal, ya había quedado ordenado en el mismo acto que dispuso la apertura. El artículo 1094 inciso d) del Código Aduanero manda que en la resolución de apertura el administrador disponga «la liquidación de los tributos que pudieren corresponder», y el artículo 1101 añade que, cumplidas las medidas del 1094, se corra vista de lo actuado al presunto responsable. La notificación de la liquidación contenida en la vista del sumario difícilmente pueda leerse, entonces, como acto autónomo sobreviniente. Más bien parece el cauce procesal por el que se da a conocer al imputado una liquidación que el propio Código colocó en el corazón del acto de apertura. Sostener que ese mismo episodio funcione, a la vez, como causal interruptiva del artículo 806 inciso a) supondría que un único hecho fuese, en un mismo procedimiento, soporte de la suspensión y soporte de la interrupción. La incongruencia o la imprevisión del legislador, según la Corte tiene dicho, no se presumen. La lectura que en el modesto entender de estos vocales armoniza el sistema reserva la referencia del artículo 806 inciso a) a los supuestos del artículo 1053 inciso a), donde la liquidación tributaria se discute en un procedimiento de impugnación autónomo y «no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones», según reza el propio texto legal. No es, vale aclararlo, el caso de autos.
Si por un momento estos vocales se hicieran eco, a modo de hipótesis, del efecto interruptivo que la Alzada atribuye a la notificación de la liquidación tributaria aduanera, cabría preguntarse en qué casos podría entonces tener lugar la prescripción de la acción tributaria. Si el plazo volviera a cero desde ese momento y así permaneciera hasta el dictado de la resolución ejecutoria, la única hipótesis de prescripción quedaría reducida al caso, francamente remoto, en que la acción ejecutiva se promoviese un lustro después de la resolución condenatoria. Un supuesto tan singular que difícilmente pueda haber sido el considerado por el legislador al sancionar el artículo 803 del Código Aduanero.
Cierto es, y los suscriptos lo conceden con naturalidad, que el legislador no alcanza a precaverlo todo. Su mirada, por amplia que sea, no abarca el infinito de los casos posibles, y en algún repliegue del sistema queda siempre un margen para lo imprevisto. Pero una cosa es reconocer ese límite, propio de toda obra humana, y otra muy distinta es suponer que el legislador haya escrito un régimen entero pensando en la rareza antes que en el caso ordinario. Las leyes, por su propia vocación, no se redactan para gobernar la excepción, sino para ordenar aquello que con frecuencia ocurre. Atribuirle al artículo 803 un diseño que solo opera en el supuesto del Fisco que demora la ejecución hasta perder el plazo, según estos vocales lo entienden, equivaldría a leer el Código Aduanero al revés. La interpretación que arroja un instituto inservible en el curso normal de las cosas, y útil apenas para el caso de laboratorio, difícilmente pueda ser la que el legislador tuvo en miras. La que aquí se propone, en cambio, devuelve al artículo 803 la operatividad sustantiva que le es propia y que su lugar en el sistema reclama.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos reclamados, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 34/100 CVOS. (U$S 11.802,34) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2).- Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 53 % a cargo de la actora y en un 47 % a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.07.03 13:38:56 ART Date: 2026.07.03 13:42:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.06 17:02:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.06 17:02:54 -03:00
Fin de la sentencia