Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 79408150-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la actora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
32304/2025 KING MARINE (TF 79408150-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de febrero de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 79408150-A (v. DEOX del 28/8/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 21/03/2025 (v. IF-2025-29646354-APN-DTD#JGM), concedido el 21/03/2025 (v. PV-2025-29892363-APNVOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 12/02/2025…(v. IF-2025-15632004-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. nota en la pág. 382 del expediente citado, donde también consta que la actora expresó agravios dentro del plazo y que el Fisco los contestó); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: i) confirmó la resolución DE PRLA 590/18, recaída en la actuación SIGEA 13289- 34634-2007, en cuanto había impuesto a la firma KING MARINE SA una multa por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria 06 073 IT14 003641 L, con costas; ii) confirmó parcialmente el cargo tributario formulado en aquella resolución por los conceptos de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, declarando que la obligación tributaria ascendía a U$S 17.385,18, más los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 22/6/17 hasta la fecha de efectivo pago, con costas; iii) tuvo por allanada parcialmente a la DGA respecto de las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias por la suma de $76.963,99, con costas al Fisco.
Para resolver como lo hizo, la mayoría desestimó los planteos de nulidad y prescripción articulados por la recurrente. En ese sentido, los vocales señalaron que el plazo de permanencia de la mercadería venció el 30/11/2008, por lo que el término quinquenal de prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 1/1/2009. Destacaron que el auto de apertura del sumario, dictado el 13/3/2013 — considerado válido por haberse emitido luego de practicado el aforo de la mercadería en presunta infracción y de las liquidaciones correspondientes— interrumpió el curso de la prescripción para la imposición de sanciones y suspendió el plazo para la percepción de tributos, conforme lo previsto en los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. En consecuencia, concluyeron que, al haberse dictado la resolución apelada el 20/2/2018, las acciones no se encontraban prescriptas.
Asimismo, señalaron que tampoco resultaba aplicable la doctrina invocada por la actora relativa a la garantía del “plazo razonable”, establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Bossi y García”, del 8/11/11, y “Losicer, Jorge Alberto y Otros”, del 26/6/12. Ello, por cuanto en el primero de los casos se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado por más de veintitrés años, y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió durante casi veinte años. En cambio, en la presente causa se trataba de un procedimiento infraccional iniciado en 2009, que tramitó y fue resuelto dentro de los plazos prescriptivos previstos en el Código Aduanero. En cuanto al fondo, la mayoría del Tribunal destacó que la actora no había acreditado por medio de prueba alguno la reexportación de la mercadería en tiempo y forma ni la regularización de su situación, y aclaró que la carga probatoria recaía sobre el beneficiario del régimen de importación temporaria. Por lo tanto, tuvo por configurada la infracción al artículo 970 del código de la materia, y el hecho generador de la obligación tributaria previsto en el artículo 274.
Finalmente, en lo atinente a la impugnación de la liquidación tributaria, admitió el planteo de la actora respecto de las percepciones de tributos interiores y el simultáneo allanamiento del Fisco Nacional, con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
2. Que, disconforme, KING MARINE SA interpuso recurso de apelación, agraviándose de la decisión en cuanto confirmó la multa y, parcialmente, los tributos aplicables.
Insistió en los planteos de nulidad del procedimiento y prescripción de las acciones del Fisco. Aludió a la falta de notificación del auto de instrucción del sumario, y al hecho de que tomó conocimiento de su existencia 4 años después de su dictado. Citó jurisprudencia para sostener que las causales de suspensión e interrupción previstas por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero no podían validar una duración ilimitada de los procesos. Asimismo, refirió al incumplimiento del plazo previsto por el decreto reglamentario de la ley 19.549 para practicar la notificación de la resolución definitiva; que también se efectuó casi 4 años después de su dictado.
Por otra parte, reiteró el planteo de extinción de la acción infraccional por el mero transcurso del tiempo, dada la afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable.
Finalmente, cuestionó que la sentencia hubiese omitido toda referencia a Aseguradora de Créditos y Garantías SA, quien fue garante de la operación y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 32304/2025 KING MARINE (TF 79408150-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO debe responder solidariamente por el pago de los tributos, hasta el monto máximo garantizado en la póliza.
3. Que corresponde abordar en primer lugar los agravios vinculados con la prescripción de las acciones del Fisco.
En este punto, cabe recordar que el mero dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin tienen virtualidad para suspender e interrumpir la prescripción, con arreglo a la letra de los artículos 805 y 937 del Código Aduanero, e independientemente de su notificación al interesado (doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/22 y sus citas).
En la especie no alcanzó a operar la prescripción de las acciones del Fisco pues el vencimiento de la destinación tuvo lugar el 30/11/08, los plazos de prescripción comenzaron a correr el 1/1/09 y hubiesen vencido el 31/12/13. Sin embargo, en lo que respecta a la acción tendiente al cobro de tributos, se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura sumarial del 13/3/13, en la medida en que, hasta la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 803, 804, 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. causa citada). A su vez, en lo que hace a la acción tendiente a imponer sanciones, el curso de la prescripción se interrumpió con el dictado del auto de apertura de sumario del 13/3/13 (arg. art. 937, inc. a, CA). Como consecuencia de ello, un nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 14/3/13 (doctr. CSJN causa P.407.XXIV “Parquerama SA s/ recurso de apelación c/ ANA”, sent. del 22/02/94), el cual tampoco alcanzó a cumplirse con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA 590/18, del 20/2/18.
En consecuencia, el primer agravio de la actora no puede prosperar.
4. Que, a continuación, debe examinarse la eventual extinción de la acción infraccional del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros).
Por razones de brevedad, se remite a la explicación hecha de esta doctrina en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22.
Allí se menciona que, para evaluar si se ha afectado el derecho constitucional y convencional al plazo razonable -hoy ratificado como un principio fundamental aplicable a todo procedimiento administrativo (arg. art. 1° bis, apartado a.iv, ley 19.549 -modif. por ley 27.742-), es necesario evaluar en cada caso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento. Además, se menciona que la Corte federal resolvió favorablemente planteos de esa índole en casos en los que habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más entre el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y la resolución condenatoria; o bien, en los que se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso.
Teniendo en cuenta esos parámetros, el planteo de la parte actora no puede prosperar ya que, entre el acaecimiento del hecho infraccional en 2008 y la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación, del 12/2/25 (v. p. 322, expte. cit.), transcurrieron 17 años. Es decir que la extensión del procedimiento, incluyendo la actuación ante el tribunal administrativo, ha sido inferior a la verificada en las causas que examinó el Máximo Tribunal.
Además, no puede pasar inadvertido que durante los 9 años que duró la instrucción sumarial y los 3 años que insumió la etapa de revisión jurisdiccional ante Tribunal Fiscal de la Nación la recurrente no efectuó más presentaciones que la contestación de la vista (íd., p. 220) y la interposición de la apelación ante el órgano jurisdiccional (íd., p. 5).
En esas condiciones, se concluye que la duración del proceso, si bien extendida, no alcanza los parámetros de excepcionalidad verificados en los precedentes de la Corte federal citados por la actora. Ello, sumado al hecho de que la litigante no efectuó presentaciones instando a su pronta resolución, conduce a descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (en igual sentido, cfr. Sala II, causa 1353/14, “Bini, Fabrizio c/ DGA” sent. del 12/6/14, Sala III, causa 42279/12, “Jefferson Sudamericana c/ DGA”, sent. del 6/6/13, y esta Sala, causa 49566/16 “Visteon SA c/ DGA”, sent. del 1/12/16; entre otras).
5. Que, en lo que respecta a Aseguradora de Créditos y Garantías SA, que garantizó la importación temporaria en trato mediante la póliza de caución 9200084, se encuentra fuera de toda duda que la resolución DE PRLA 590/18 le formuló cargo por los tributos adeudados y limitó su responsabilidad al monto máximo garantizado en dicha póliza (v. p. 261 y 262, expte. cit.), sin que ello hubiese sido objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir que la responsabilidad de la compañía, en los términos antes aludido, constituía una cuestión no controvertida, ajena al debate y con respecto a la cual ninguna consideración debía efectuar el tribunal de origen; por lo que no se advierte agravio para la recurrente en este aspecto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
32304/2025 KING MARINE (TF 79408150-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 6°) Que, por las consideraciones precedentes, corresponde rechazar el recurso de la actora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio.
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párr., del CPCCN). Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la actora y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas. Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 10/9/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia