Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción · Causa 19.233/22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitiendo la excusación deducida por el señor Juez de esta Cámara de Apelaciones, Dr. Diego Lerena.-
2Admitiendo parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el amparista.-
3Revocando la sentencia apelada y haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo incoada por el señor Juan Manuel Kingma, ordenando a la Municipalidad de Río Gallegos que en el plazo de cinco días de quedar firme la presente, efectivice la liquidación final reconocida al amparista mediante Resolución del H.C.D.- Nº 099/2019, con más los intereses que -a la tasa activa para los descuentos de documentos comerciales a 30 días- aplica el Banco de la Nación Argentina, los que se devengarán desde el 20/12/2019 y hasta su efectivo pago.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Primera Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 19.233/22 Sentencia: 3490 Actor: Kingma Juan Manuel Demandada: Municipalidad de Río Gallegos Objeto: acción de amparo Fecha: 12/07/2022 Texto: TOMO CIV - SENTENCIA REGISTRO N° 3490 FOLIO N° 137/147 PROT. ELECT. A101 45 S.221 En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Eduardo Gabriel López con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Kingma Juan Manuel c/Municipalidad de Río Gallegos s/acción de amparo", Expte. Nº 15.855/21 (19.233/22), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Familia Número Dos, Secretaría Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud del recurso de apelación interpuesto por el amparista mediante PE400866-2022, código de validación su9yj5 contra la sentencia dictada a PE397501-2022, código de validación fdslkh. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Eduardo Gabriel López, 2º) Dr. Carlos E. Arenillas y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida a PE523464-2022 código de validación enyd02?, Segunda cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Tercera cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. López dijo: A PE523464-2022 código de validación enyd02 se excusa de intervenir en los presentes el señor Juez de esta Excma. Cámara de Apelaciones a tenor de lo prescripto por el art. 30 del C.P.C. y C., por encontrarse comprendido en la causal prevista por el art. 17, inc. 9º, del C.P.C. y C., por lo que corresponde sea admitida- - - - - - - - - - Por ello, Voto pues, a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - El Dr. Arenillas adhiere al Voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. López dijo:
I. Mediante su presentación a PE400866-2022, código de validación su9yj5 el Sr. Juan Manuel Kingma apela la sentencia definitiva emitida el 04/03/2022 mediante PE397501-2022, código de validación fdslkh en la que se resuelve el rechazo de la acción de amparo que articuló contra la Municipalidad de Río Gallegos y el Honorable Concejo Deliberante de esta misma localidad. Solo el Departamento Ejecutivo comunal contesta el memorial recursivo por vía del PE408184-2022, código de validación tg6ono.-
II. El caso:
Demanda. El señor Juan Manuel Kingma interpone una acción de amparo-mandamus contra la Municipalidad de Río Gallegos y el Honorable Concejo Deliberante de la misma localidad a quienes les reclama el pago de su liquidación final que le fuera reconocida mediante la Resolución N° 099/2019 del Presidente del Honorable Concejo Deliberante del 20/12/2019 con más sus intereses conforme a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. También solicita que se capitalicen tales intereses conforme a lo establecido por el inciso b) del art. 770 del Código Civil y Comercial. La demanda es reencauzada como un proceso de amparo conforme a la Ley N° 1117.- Como datos a destacar figura que en el escrito de inicio el amparista no precisa el monto de la liquidación que reclama, aunque sí detalla los conceptos que la componen: parte proporcional de sueldo anual complementario (2da. cuota año 2019), licencia anual complementaria ordinaria (correspondiente a 27 días) y nueve días del mes de diciembre de 2019.-
Refiere que sus funciones como concejal finalizaron el 10/12/2019, que se le reconoció el derecho a percibir su liquidación final pero que la misma no fue efectivizada, frente a lo cual remitió cartas documentos al Poder Ejecutivo y Legislativo Comunal (respectivamente las CD N° E3501522-9 y la CD N° 3501521-2 ambas del del 10/11/2021). Dada tal situación y, según expresa, luego de reiterados e infructuosos reclamos acude a los estrados judiciales a efectos de lograr la protección de sus derechos vulnerados. Invoca el inc. k del art. 126 de la Ordenanza N° 1378.- Informe art. 7 ley N° 1117. (PE383904-2020, código de validación 3zucey). Sólo el Departamento Ejecutivo Municipal contesta dicho requerimiento cuestionando la procedencia de la vía del amparo. Alega que en autos el Sr. Juan Manuel Kingma persigue el cobro de una deuda salarial por el desempeño de su labor como concejal ante el Honorable Concejo Deliberante. Dada tal situación entiende que la presente demanda debiera reencauzarse contra quien efectivamente fuera su patronal y quien, además, dispone de las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a las acreencias derivadas del vínculo contractual que mantuviera con el amparista. En suma, entiende que la acción intentada resultaría improcedente respecto del Departamento Ejecutivo.- Agrega que no se advierte en el caso el requisito del peligro en la demora, que no se ha demostrado una situación de urgencia por daño grave e irreparable y que tampoco existe la posibilidad de inferirlo. También menciona que el plazo para la interposición de la acción ha sido ampliamente excedido por el actor. Solicita se rechace la demanda.-
Mediante PE397501-2022, código de validación fdslkh del 02/03/2022 el magistrado resuelve el rechazo del amparo intentado estableciendo las costas en el orden causado.-
Para así resolver el a quo se interrogó acerca de si el proceso de amparo resultaba el medio judicial más idóneo para la resolución del litigio que se sometía a su consideración. Concluyó que si bien el derecho al cobro de salarios reviste carácter eminentemente alimentario no es el amparo el marco adecuado para dilucidar si la demandada había o no emitido un acto válido o bien si la misma había excedido el límite de sus facultades administrativas, ello al disponer la retención de los conceptos reclamados. Cita doctrina y jurisprudencia. Afirmó, en definitiva, que la acción de amparo no resulta la vía procesal más idónea para resolver lo planteado por el Sr. Juan Manuel Kingma quien debería articular su reclamo interponiendo una acción contencioso administrativa.- Asimismo, luego de referir a las particularidades propias del proceso regulado por la ley N° 1117, resalta que la presente acción ha sido interpuesta luego de transcurrido un tiempo muy significativo desde la toma de conocimiento del acto impugnado. En efecto, la fecha de pago del último recibo de sueldo era del 6/12/2019 siendo que la acción se interpuso el 24/11/2021 constatándose el transcurso de un período de 17 meses, lo cual -considera- desarticula la urgencia de la medida que se pretende.-
El Sr. Juan Manuel Kingma apela lo resuelto mediante PE400866-2022, código de validación su9yj5.-
En su primer agravio critica lo concluido en torno a que el proceso sumarísimo del amparo no constituye el marco adecuado para dilucidar si la demandada ha emitido o no un acto inválido o si el organismo involucrado ha excedido o no sus facultades administrativas al disponer la retención de los conceptos reclamados. La parte insiste en que en el caso que nos ocupa sí se ha cometido una arbitrariedad, que la misma es ostensible. En definitiva, sostiene que en autos sí se reúnen las condiciones para la admisibilidad de la acción interpuesta.- Agrega que su demanda debe admitirse a pesar de la existencia de otros procedimientos, dado que de acudirse a los mismos se le ocasionaría un daño grave e irreparable.-
Resalta que, en el caso, el magistrado mencionó que el proceso debía ser encarrilado por la vía de una acción contencioso administrativa pero soslaya que de adoptarse tal proceder se le ocasionaría un perjuicio material insalvable dado que tendría que recorrer el camino del agotamiento de la vía administrativa para luego obtener una sentencia en la sede contencioso administrativa. Cita jurisprudencia que refiere a que para la procedencia de una acción de amparo no corresponde agotar la vía administrativa.- Concluye que el juzgador ha incurrido en un error de derecho al fundar su decisión.-
Como segundo agravio alude a un irrazonable apartamiento del criterio previo de precedentes del propio juzgado actuante y de la jurisprudencia de esta Alzada sobre la materia. Resalta que en el caso el Sr. Juez primero admitió la procedencia formal de la acción para luego resolver su rechazo en contradicción a su pronunciamiento previo, lo que -siempre conforme a su criterio- importaría una violación a la Teoría de los Actos Propios.- Puntualiza que el magistrado se apartó de un precedente de su propio juzgado donde el 03/03/2021 había reconocido la ilegitimidad del incumplimiento de un pago ordenado mediante un decreto municipal y donde, además, se había admitido la acción de amparo.-
Detalla que los antecedentes de esta Alzada: “López Alejandra Liliana c/Municipalidad de Río Gallegos s/Amparo”, (Expte. Nº 14.386/20 (18.837/21) y “Lazada Miguel Ángel c/Municipalidad de Río Gallegos s/acción de amparo”, Expte. Nº 14.326/20 (18.820/21).-
Requiere que se revoque lo resuelto y se acoja su demanda.-
Contestación de agravios. Nuevamente es sólo el Departamento Ejecutivo Municipal el que contesta el memorial recursivo bajo PE408184-2022, código de validación tg6ono.-
Atendiendo a las quejas que se esgrimen contra lo resuelto y los motivos que han conducido al rechazo de la demanda, seguidamente analizaré lo atinente a la viabilidad de una acción de amparo para el tratamiento y resolución de un litigio con la temática del presente.-
Al respecto tengamos aquí presente que el reclamo del Sr. Juan Manuel Kingma resulta de contenido laboral dado que refiere a la efectivización de su liquidación final al haber cesado en su función de concejal el 10 de diciembre de 2019.-
Naturalmente no escapa al suscripto que, en principio, los conflictos de índole laboral -"más aún los que involucran cuestiones de empleo público, cargos electivos, etc."- no debieran ser dirimidos en el marco de un proceso con las características del amparo en el cual, por ejemplo, por definición legal no se posibilita mayor producción de prueba y siquiera debate (inc. e, art 3 de la ley N° 1117).- No obstante, no es menos cierto que existen circunstancias que posibilitan que conflictos de dicho contenido puedan ser resueltos en un amparo siendo ello precisamente lo que ha acontecido en los precedentes de esta Alzada que trae a colación el apelante. Tales actuaciones también referían a prolongadas e injustificadas demoras en el pago de liquidaciones finales de empleados públicos.- Se trata de las causas caratuladas “López Alejandra Liliana c/Municipalidad de Río Gallegos s/amparo”, Expte. Nº 14.386/20 (18.837/21) y “Lazaga Miguel Ángel c/Municipalidad de Río Gallegos s/amparo”, Expte. Nº 14.326/20 (18.820/21) donde, como se observa, interviene la misma comuna aquí demandada.-
Ahora bien, a diferencia de lo acontecido en esos litigios, en la sentencia de autos se resolvió el rechazo de la acción sobre la base de que el trámite regulado por la ley N° 1117 no constituye el marco procesal adecuado para dilucidar si una entidad pública hubiera o no emitido un acto válido o bien si la misma se hubiera o no excedido en sus facultades administrativas al disponer la retención de los conceptos que se reclaman. También se expresó que la cuestión tendría que dirimirse en el ámbito de un reclamo contencioso administrativo.- El Sr. Juan Manuel Kingma considera que tales conclusiones resultan erróneas y arbitrarias. Más aún afirma que la decisión resulta autocontradictoria desde el momento en que, al iniciarse el proceso se admitió la procedencia formal de la acción, para luego proceder al rechazo del amparo al emitirse la sentencia de fondo. A su entender, lo actuado importaría una vulneración de la Teoría de los Actos Propios.- También menciona que lo resuelto se contradice con lo precedentes del propio Juzgado y los antes mencionados de esta Alzada.-
El apelante insiste en que -en el supuesto de autos- los funcionarios municipales intervinientes incumplieron los deberes a su cargo -esto es, el pago de su liquidación final que previamente había sido reconocida y ordenada en un acto administrativo del propio municipio- constituyendo ello motivo más que suficiente para habilitar la procedencia de la acción del amparo.- Insiste en la idoneidad de la vía intentada para dirimir su reclamo dado que de no admitirse tal posibilidad se le ocasionaría “…un perjuicio material insalvable al tener que recorrer el infausto periplo de agotar la vía administrativa, para que luego de recorrer cada uno de los actos procesales que correspondan, obtener una sentencia que me reconozca un derecho que ya se encuentra reconocido en un acto administrativo vigente…” (v. págs. 3 in fine/4 del memorial recursivo).- Surgen aquí varias cuestiones a tratar.-
Primero es claro que no existe la autocontradicción que se denuncia respecto de la actuación del magistrado, ni tampoco una vulneración a la Teoría de los Actos Propios de parte del juzgador.-
En efecto, la propia ley N° 1117 establece que dentro de las 48 horas de interpuesto un amparo el Sr. Juez debe expedirse sobre su admisibilidad formal, a pesar de que en tal oportunidad tan solo cuenta con los dichos y aportes de la parte actora (cfr. art. 6). Va de suyo que una vez obtenido el informe del art. 7 de la demandada, corresponderá realizar un nuevo y más profundo análisis de la situación y ello, lógicamente, puede derivar en la eventualidad de que se rechace la admisibilidad formal o sustancial de la acción intentada.- Sobre la supuesta contradicción con un precedente de su Juzgado, se advierte que el mismo había sido dictado por el titular de aquél, mientras que el fallo aquí recurrido ha sido dictado por un juez subrogante.-
En segundo término, y este es un aspecto muy relevante para el presente litigio, no puedo dejar de resaltar que en autos no se cuestiona la validez de un acto administrativo.-
En efecto, adviértase que lo que solicita el Sr. Juan Manuel Kingma es que la Comuna cumpla con el pago de la liquidación final cuya procedencia ha sido reconocida con la Resolución N° 099 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Río Gallegos. En suma, el amparista en el año 2021 requiere que la misma comuna que ordenó ese pago en diciembre de 2019, se lo efectivice.- Nadie discute la validez de ese acto administrativo ni cuestiona su contenido o inteligencia. Lo que se pide es que se cumpla lo allí establecido.-
Atento a esta situación, es claro que el rechazo de la acción intentada por el Sr. Kingma no puede fundarse en la afirmación de que el proceso de amparo no es el ámbito adecuado para discutir la validez de los actos administrativos.-
Otra cuestión no menor a considerar reside en que nuestro sistema procedimental instituye la figura del amparo como una herramienta procesal de excepción y expeditiva para hacer cesar actos y/o conductas de órganos estatales que importen una ilegitimidad y/o arbitrariedad de carácter manifiesto. Tal instituto se reconoce a nivel legal (ley N° 1117) y en la misma Constitución Nacional (cfr. art. 43) y Provincial (cfr. art. 15).-
Considerando este dato objetivo e incuestionable es de asumir que frente a la configuración de la hipótesis normativa debiera proceder ese remedio adjetivo.-
Recordemos aquí lo dispuesto por el art. 2 de la ley N° 1117: "Procede la acción de amparo contra todo acto, acción u omisión emanada de órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, con exclusión del derecho a la libertad física.".- Por su parte el actual art. 43 Constitución Nacional dispone: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.”.- Naturalmente una conducta arbitraria o ilegítima de tales características puede producirse en el ámbito de cualquier tramitación administrativa e -incluso- aunque la misma fuere de contenido laboral.-
No obstante ello no conlleva que frente a tal hipótesis la cuestión deba ser resuelta en un proceso de amparo. Justamente es por este motivo que la ley N° 1117 impone ese análisis previo en su art. 6 sobre la admisibilidad formal de la acción y una serie de requisitos para la procedencia de esta vía de excepción.-
En términos prácticos: hay que analizar en cada caso concreto si el litigio califica para ser tratado en el proceso regulado por dicha norma. En definitiva, debe demostrarse que el amparo constituye el medio más idóneo para el tratamiento y resolución del conflicto.-
Expresado ello considero que, a diferencia de lo que se argumenta en el fallo en crisis, sí corresponde admitir la posibilidad de que el afectado acredite esos extremos en el propio proceso de amparo. Lo contrario importaría, lisa y llanamente, suprimir un herramienta procesal que es implementada a nivel constitucional y también atentaría contra el necesario resguardo al principio de la tutela jurisdiccional efectiva.- Recapitulando, la acción de amparo procede en la medida en que se acredite la configuración de sus exigencias legales y ello debe posibilitarse que suceda en el propio ámbito del proceso regulado por la ley N° 1117.-
Se sigue de lo expuesto que -para precisar si un determinado conflicto puede o no dirimirse en el marco de un amparo- debe atenderse a sus particularidades y, desde ya, debe posibilitarse que sea el propio interesado quien acredite que se reúnen las exigencias para su procedencia.-
Ahora bien, en autos lo que se denuncia es una afectación al derecho alimentario producto de una demora arbitraria e ilegítima en el pago de una liquidación final.-
Ya se encuentra acreditado en la causa que el Sr. Juan Manuel Kingma finalizó su labor como concejal el 10/12/2019 y que a la fecha -año 2022- todavía no se le ha abonado la liquidación final. Dicha acreencia le fue reconocida por un acto administrativo emitido el 20/12/2019.-
A criterio del sentenciante el reclamo no puede ser canalizado por vía de un amparo debiendo el Sr. Kingma acudir a la instancia contencioso administrativa lo cual conllevaría la articulación y agotamiento de los recursos contenidos en la ley N° 1260 (Ley de Procedimiento Administrativo) y luego sí la interposición de una demanda por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los términos de la ley N° 2600.- Lo apuntado no puede ser considerado válido para el presente litigio dado que ese recorrido procesal se encamina a impugnar, modificar y/o suprimir un acto administrativo. No obstante en autos nadie discute la plena eficacia y validez del instrumento público en cuestión. Tampoco se encuentra aquí en entredicho la inteligencia del acto administrativo; de hecho lo que el amparista solicita es que se cumpla lo que se indica en tal instrumento.- ¿Qué razonabilidad tendría articular las instancias recursivas reconocidas en la ley N° 1260 encaminadas a agotar la vía administrativa para luego interponer una demanda contencioso administrativa para invalidar un acto administrativo cuya validez y eficacia nadie ha discutido en autos?.-
Lo apuntado me conduce a concluir que la vía contencioso administrativa no puede considerarse como la más idónea para resolver el reclamo del Sr. Juan Manuel Kingma.-
En este contexto, entiendo conducente aludir a la conducta de los departamentos municipales frente al reclamo del aquí amparista.-
El primer aspecto a considerar reside en que la propia comuna emitió un acto administrativo donde reconoce el derecho del Sr. Kingma a percibir su liquidación final. Ello ocurrió en diciembre de 2019 y transitamos el 2022 sin que la misma se hubiera efectivizado.-
El ex funcionario intimó al Departamento Ejecutivo y al Deliberativo por carta documento y ninguno de ellos contestó tales misivas. Ya iniciado este proceso se les requirió la presentación del informe del art. 7 de la ley N° 1117 y únicamente lo hace el Ejecutivo manifestando: "…Pues, ahora bien, si bien es cierto que la presente acción obedece a una cuestión salarial y alimentaria, en el objeto de la acción interpuesta surge que el pago de la liquidación final correspondiente a al Sr. KINGMA JUAN MANUEL, quien se desempeñ[ó] como concejal, siendo su lugar de trabajo el Honorable Concejo Deliberante por lo tanto es una deuda salarial del Honorable Concejo Deliberante, ya que la mencionada era dependiente de aquel ente. Siendo así, la demanda debe reencau[z]arse contra quien efectivamente es la patronal, quien dispone de sus partidas presupuestarias para hacer frente a las acreencias derivadas del vínculo contractual, resultando improcedente la presente acción contra mi mandante.” (cfr. PE383904-2022, código de validación 3zucey, el resaltado del texto es propio).- Como puede advertirse es la propia comuna la que reconoce que a la fecha existe una deuda salarial no atendida en el año 2022 cuyo pago ha sido ordenado por el mismo Municipio en diciembre de 2019.-
Tampoco es menor el hecho de que a pesar de habérseles requerido que se expidan sobre “…a) Exactitud de los hechos que motivan la reclamación; b) Hechos y razones que fundamente su actitud;…" (art. 7, Ley N° 1117) el Honorable Concejo Deliberante ni siquiera ha contestado ese requerimiento mientras que el Ejecutivo -entre otras expresiones- reconoce que la deuda salarial existe y que debe ser abonada por el órgano legislativo.- Ninguna de tales dependencias ha invocado siquiera una razón atendible que justifique su postura. Peor aún, se reconoce la deuda y la demora en su atención.-
Ante este panorama, y partiendo de la premisa de que el art. 14 bis de la Constitución Nacional protege al trabajo en todas sus formas, resulta válido asumir que quien cesa en sus funciones en la administración pública -y máxime si media un acto administrativo como el mencionado- tiene el derecho a percibir su liquidación final en tiempo oportuno y razonable.- Así, no habiendo los demandados aportado razones fundadas y atendibles que justifiquen su conducta, corresponde calificar como arbitrario e ilegítimo su notorio retraso en el cumplimiento de un pago cuya procedencia se reconoció mediante un acto administrativo.-
Ha quedado así acreditada la configuración de la hipótesis descripta por el art. 2 de la ley N° 1117 y ello debe generar la revocación de lo resuelto y consiguiente acogimiento de la acción de amparo intentada. Precisamente tal ha sido el criterio confirmado por esta Alzada en los precedentes que ha mencionado el apelante en su memorial.-
Permítaseme aquí formular una precisión. Lo hasta aquí sostenido en modo alguno importa el desconocimiento de la trascendencia de la vía recursiva administrativa o bien la asunción de que cualquier temática puede dirimirse en un proceso de amparo. De lo que aquí se trata es que en este caso en concreto y por las razones antes explicitadas la vía recursiva administrativa y ulterior contencioso administrativa no puede ser caracterizada como la más idónea para resolver la pretensión del amparista.- En relación al argumento del Departamento Ejecutivo Municipal en torno a que la demanda debió dirigirse sólo al Honorable Concejo Deliberante, como empleador del señor Kingma, cabe indicar que la Resolución Nº 099/19 dictada por el Presidente de dicho cuerpo deliberativo, establece que la Contaduría Municipal debe abonar al actor los rubros que en ella se detallan.- Así las cosas, habiendo establecido el artículo 67 de la Ley Orgánica de Municipios (Nº 55) que el Contador Municipal es un auxiliar del Intendente, es claro que en el cumplimiento de dicha manda se encuentran involucrados los dos Departamentos demandados, debiendo este argumento -con el que pretende fundarse, en la práctica, una especie de falta de legitimación pasiva- ser desestimado.- A mayor abundamiento, cabe indicar que la personalidad jurídica del Estado Municipal es única (cfr. arts. 36, 46, 132 inc. 1º, 140 y sgtes., 146 y sgtes. de la Constitución Provincial).-
Marienhoff sostiene que la personalidad jurídica le corresponde al Estado, considerado como unidad y no aisladamente a cada uno de los Poderes que integran el Gobierno (cfr. Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1982, Tº I, págs. 348 y sgtes.).-
Corresponde aquí formular otra aclaración vinculada con el contenido de la pretensión actoral. Al interponer la demanda el actor solicitó que se le pague su liquidación final pero no precisó monto alguno. No obstante ello, requirió que a su acreencia se le apliquen los intereses que pudieran corresponder conforme a la Tasa Activa que publica el Banco de la Nación Argentina y, además, que tales intereses se capitalicen conforme a lo establecido por el inciso b del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Tengamos aquí presente que en la Resolución N° 099/2019 del Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante tampoco se alude a monto alguno dado que allí solo se detallan los conceptos que deben componer esa liquidación final: "…Proporcional del Sueldo Anual Complementario 2° Cuota, Licencia Anual Ordinaria veintisiete (27) días y nueve (09) días de haberes de Diciembre de 2019." (cfr. art. 2).- Es cierto que en las cartas documento de autos se alude a un cierto importe ($312.247,90) consignándose que el mismo se compone de capital e intereses aunque sin discriminar tales conceptos.-
Según criterio fijado por esta Cámara, corresponde hacer lugar parcialmente a esta petición y aplicar la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a 30 días y hasta su efectivo pago. La mora se establece desde el momento del dictado de la Resolución Nº 099/19, esto es, el 20/12/2019. (cfr. sentencias inscriptas al Tº CII - R° 3.453 del 18/03/22 dictada en los autos caratulados: "P. J. P. c/Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ordinario-cobro de pesos", Expte. Nº 19.530/18 (18.906/21); al Tº XCIX - R° 3.390 del 22/03/21 in re: "L. A. L. c/Municipalidad de Río Gallegos s/amparo", Expte. Nº 14.386/20 (18.837/21); al Tº XIX -Sec. Dos- R° 413 del 18/03/21 in re: "L. M. A. c/Municipalidad de Río Gallegos s/acción de amparo", Expte. Nº 14.326/20 (18.820/21) entre otros.).- En función de lo precedentemente expuesto concluyo que debe admitirse el recurso de apelación intentado y revocarse la sentencia de grado. Admitir parcialmente la demanda declarándose ilegítimo y arbitrario el retraso en el pago de la liquidación final correspondiente al Sr. Juan Manuel Kingma, la cual le fuera reconocida por el Resolución N° 099/2019 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Río Gallegos ordenando que la misma se efectivice dentro de los cinco (05) días de quedar firme la presente.- Atento el modo en que se resuelve, corresponde readecuar la imposición de costas realizada en la instancia de grado, debiendo ser soportadas por la accionada perdidosa. (cfr. art. 16 de la ley Nº 1117 y 278 del C.P.C. y C.).-
En lo que se refiere a las costas de esta instancia deben ser impuestas a cargo de la parte demandada perdidosa en base al principio objetivo de la derrota. (cfr. art. 16 de la ley Nº 1117).-
- - - - - - - - Por lo expuesto, Voto pues, a esta segunda cuestión por la NEGATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la tercera cuestión el Dr. López dijo:
Atento el sentido de mi voto a las anteriores cuestiones propongo el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación deducida por el señor Juez de esta Cámara de Apelaciones, Dr. Diego Lerena; 2º) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el amparista; 3°) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la acción de amparo incoada por el señor Juan Manuel Kingma, ordenando a la Municipalidad de Río Gallegos que en el plazo de cinco días de quedar firme la presente efectivice la liquidación final reconocida al amparista mediante Resolución del H.C.D.- Nº 099/2019, con más los intereses que -a la tasa activa para los descuentos de documentos comerciales a 30 días- aplica el Banco de la Nación Argentina, los que se devengarán desde el 20/12/2019 y hasta su efectivo pago; 4º) Imponer las costas de ambas instancias a la accionada perdidosa (cfr. art. 16 ley Nº 1117); 5°) Diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley Nº 3330); 6º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta tercera cuestión.- - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 12 de julio de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Admitiendo la excusación deducida por el señor Juez de esta Cámara de Apelaciones, Dr. Diego Lerena.-
2. Admitiendo parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el amparista.-
3. Revocando la sentencia apelada y haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo incoada por el señor Juan Manuel Kingma, ordenando a la Municipalidad de Río Gallegos que en el plazo de cinco días de quedar firme la presente, efectivice la liquidación final reconocida al amparista mediante Resolución del H.C.D.- Nº 099/2019, con más los intereses que -a la tasa activa para los descuentos de documentos comerciales a 30 días- aplica el Banco de la Nación Argentina, los que se devengarán desde el 20/12/2019 y hasta su efectivo pago.-
5. Difiriendo la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
Fdo: Carlos E. Arenillas - Presidente, Eduardo G. López - Juez, ante mí: Ma. Carlota Gutiérrez Meyer - Secretaria.-
Protocolización electrónica: A10145S.221 Tomo: CIV Sentencia: 3490 Folio Nº: 137/147 Secretaria: 1
Fin de la sentencia