Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa K-2189/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los herederos del Sr. Néstor Carlos Kirchner, a fs. 479/484; y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 442/449.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: K-2189/17-TSJ Interlocutorio N°: 703 Actor: KIRCHNER NESTOR CARLOS Demandada:
Objeto: SUCESIÓN AB-INTESTATO Fecha: 29-03-2022 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 703 FOLIO Nº 4176/4187 PROT. ELECT. TSS1 004 S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 29 días del mes de marzo de dos mil veintidós, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “KIRCHNER NESTOR CARLOS S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO", Expte. N° K-18.237/17 (K-2189/17-TSJ), Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 479/484?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la Primera Cuestión el Dr. Mariani, Dra. Mercau, Dr. Fernández y Dra. Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la Dra. Romina de los Ángeles Mercado, en representación de los sucesores del Sr. Néstor Carlos Kirchner (cfr. fs. 479/484), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 442/449, que confirmó la providencia de Primera Instancia agregada a fs. 329 y vta.. Esta última rechazó el pedido de los sucesores de no remover al administrador de la sucesión. Dicha remoción se decidió en función del oficio librado por el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que hizo saber al Juez de la Sucesión que se dispuso la remoción del administrador de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, Sr. Máximo Carlos Kirchner y la designación de un interventor judicial por el plazo de seis (6) meses (cfr. foja 323).-
II. La parte recurrente sostiene que motiva el presente la causal de violación o aplicación errónea de la ley contemplada en los artículos 1º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyCN, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 479 vta.).-
Afirma que el pronunciamiento objeto de casación ha sido dictado en contradicción a lo dispuesto por los artículos 2336, 2346, 2351, 2643 y 2644 CCyCN; y 1º y 2º CPCyC (cfr. foja 479 vta.).-
Entiende que el voto del Juez de Cámara Dr. Carlos Enrique Arenillas es contrario a la normativa vigente y que es totalmente incongruente conforme a la jurisprudencia citada; hace referencia al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicado en Fallos 323:518 (cfr. foja cit.).-
Se pregunta: ¿cuál es el juez natural de la sucesión? Reflexiona que es raro que el Dr. Arenillas lo desconozca, ya que fue el mismo el que declaró la competencia del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Río Gallegos y fue él también quien designó al Administrador de la sucesión (cfr. foja 480).-
Afirma que: “...las normas sobre la competencia de la sucesión son más que claras. Ahora bien si bien como se indicó esta parte ha apelado la irregular medida del Dr. Bonadío quien actualmente se ha declarado incompetente. ¿Podría conforme la normativa vigente y la jurisprudencia de la CSJN citada por el camarista Arenillas remover a un administrador nombrado por otro juez y designar uno nuevo? Conforme las citas jurisprudenciales, claramente no. El unico (sic) que puede remover o no al administrador de la sucesión es el juez de la sucesión. Es tan clara la norma, que creo que debe ser la primera vez en la historia que se permite lo contrario. Será también que estamos ante una persecución político judicial comparable a las épocas más oscuras de nuestra historia argentina. Lo que ha hecho el juez de primera instancia y el voto del Dr. Arenillas es crear sin normativa vigente excepciones a la competencia de los jueces.” (cfr. foja cit.).- Observa que el artículo 2336 del CCyCN establece que es competente el juez del último domicilio del causante quien deberá entender en el juicio sucesorio (cfr. foja cit.).-
Entiende que se ha configurado un sometimiento, contra legem, del Juez de la sucesión en favor del juez federal que pidió la medida, habida cuenta que el único habilitado para remover al administrador es el Juez de la Sucesión. Califica a la decisión impugnada de arbitraria y manifiestamente ilegítima en la medida que viola normas constitucionales nacionales y provinciales; derecho de fondo; y vulnera la libre decisión de los herederos para designar administrador (cfr. foja 480 vta.).-
Agrega que no puede desatenderse que la determinación del juez competente en materia sucesoria es de orden público; tanto como las cuestiones de competencia y jurisdicción. Por lo que estima que el decisorio agravia no sólo el interés legítimo de los herederos, sino también el marco constitucional de la Provincia (cfr. foja cit.).-
Expresa que ante el juez de la sucesión -Juez natural- se debería haber solicitado la remoción del administrador. Por el contrario, sigue diciendo, el juez penal federal decide en forma totalmente arbitraria que debe ser removido (cfr. foja cit.).-
Añade que: “El Dr. Arenillas no fundamenta correctamente su voto, no cita norma alguna para fundamentar su decisión y las citas de la jurisprudencia que realiza no hacen más que dar la razón a lo expuesto por esta parte, respecto de la obligatoriedad y pertinencia del juez natural.” (cfr. fs. 480 vta./481).-
Recuerda que la competencia es improrrogable (cfr. foja 481).-
Argumenta que su parte no pretende una doble intervención judicial, persiguiendo que el juez provincial, de distinta materia y de una jurisdicción diferente, revise lo decidido por el juez penal federal. Lo que solicita, sigue en su alocución, es que se respete la competencia en materia sucesoria y que sea el juez de la sucesión el que decida la remoción o no del administrador, y que se respete el procedimiento de designación del mismo (cfr. foja 481).-
Añade que: “Al haber violado el principio de juez natural -esto es el juez de la sucesión- conforme se ha indicado en los apartados anteriores V.E. entiendo que es más que manifiesta la violación de su derecho de defensa en juicio, garantía del debido proceso reconocida por el art. 18 de la Constitución Nacional, receptada por el art. 3° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. El art. 15 de dicha Constitución establece por lo demás que los Jueces (de la Provincia) prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta (la de Santa Cruz), y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves. Esta garantía de defensa de los derechos y garantías se aprecia palmariamente infringida, ya que es imposible comprender como puede ella ser tutelada disponiendo que una pretensión de derecho común civil y/o comercial, esto es una sucesión quede ‘delegada’ en un juzgado federal con competencia en lo criminal y correccional.” (cfr. foja 481 vta.).- Entiende que tanto el fallo de Primera Instancia como el de Cámara incumplen con lo estatuido en el artículo 1710 del CCyCN, en cuanto a la obligación de prevenir el daño o su agravamiento (cfr. foja cit.).-
Aduce que la causa de autos se encuentra regida por derecho común, artículo 2336 y ss. CCyCN, y por lo tanto es competencia provincial, pues constituye una facultad no delegada de las provincias (cfr. arts. 75 inc. 12, 116 y 121 de la CN). Luego afirma que: “Sólo puede concluirse entonces en la procedencia y competencia del fuero local en esta sucesión, y que la sentencia de V.E. al no haberlo entendido así ha sido manifiestamente violatoria del art. 116 de la Constitución Nacional, y el artículo 18 de la Constitución Nacional.” (cfr. foja 482).-
Argumenta que los precedentes que utilizó la Excma. Cámara de Apelaciones para fundamentar su caso (Fallos 314:95; 317:916, 924; y 321:562) no son de aplicación al sub lite (cfr. foja 482 vta.).-
Solicita la nulidad de la sentencia por quebrantamiento de forma. Plantea que el Camarista Dr. Arenillas inició la presente sucesión, designó administrador e intervino en la misma hasta emitir opinión en la Excma. Cámara de Apelaciones. Por lo que, considera, que al haber actuado en el proceso principal se debió haber excusado de intervenir en estos actuados (cfr. arts. 17, inc. 7°, 30 y 32 del CPCyC) (cfr. fs. 482 vta./483).-
Argumenta que también se han quebrantado las formas al momento de dictar sentencia, ya que la Dra. García ha adherido al voto del Vocal preopinante. Cita el precedente de este Alto Cuerpo, inscripto al Tomo XVII, Interlocutorio, Reg. 2296, Folio 3362/2268, en el que se habría afirmado, respecto de la validez del voto de adhesión, que: “...‘Se admitirá el voto de adhesión a los anteriormente emitidos, salvo cuando existieran disidencias, caso en que la totalidad deben (sic) ser fundado’...” (cfr. foja 483 vta.).-
Manifiesta que: “De aquí, que la forma de garantizar la objetividad del juzgador y evitar este temor de parcialidad está estrechamente relacionada con las pautas de organización judicial, en tanto éstas regulan la labor de los distintos sujetos del órgano jurisdiccional, en un mismo proceso. En este sentido, ‘la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél’ (Fallos: 326:3842), disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez.” (cfr. foja cit.).- Añade que no habiéndose excusado el Dr. Arenillas; y en atención a la existencia de disidencias y a la adhesión sin que surja un mínimo de estudio del caso por parte de la Dra. García que la sentencia es nula (cfr. foja cit.).-
Hace reserva de la cuestión federal (cfr. foja 484).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 496/498 vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 528/529, poniendo los autos a disposición de la parte, conforme lo dispuesto en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que la misma haga uso de ese derecho (cfr. certif. de PE204695-2021).-
En PE259054-2021 dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante, quien destaca que con la resolución de Cámara no sólo se perjudica el interés legítimo de los herederos, sino el marco constitucional de la Provincia. También advera que se ha violado la garantía del debido proceso; el principio de juez natural; y las normas de fondo y forma, implicando la decisión que se impugna “...una clara denegación de justicia con consecuencias económicas que se traducen en la paralización del funcionamiento comercial y financiero de los bienes de la sucesión, en orden al normal cumplimiento de sus obligaciones, fiscales y comerciales.”. Concluye que se han violado los artículos 2336 del CCyCN, y los artículos 1º y 2º del CPCyC. Por estas y otras razones, a las que nos remitimos en honor a la brevedad, entiende que debe hacerse lugar en forma parcial al recurso de casación interpuesto por la recurrente por haber incurrido la sentencia de Cámara en violación de la ley y arbitrariedad (cfr. PE cit.).- Que en PE274076-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE285647-2021 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por los sucesores, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto fundamentan su recurso en quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad.-
Liminarmente, debemos señalar que desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 en la causa N° 2559 (CFP 3732/2016/TO1) caratulada: “Fernández Cristina Elisabet y otros s/ infracción artículos 210, 259, 278, 303, 310 y 311 del Código Penal de la Nación” “Incidente de medidas cautelares. Intervenciones judiciales”, se libró oficio a este Alto Cuerpo, en respuesta a lo dispuesto en PE85195-2021 a fin de informar que el 06 de abril de 2021, aquel Tribunal resolvió: “…‘...I.- Dejar sin efecto las Intervenciones judiciales con facultades de información, administración y recaudación, dispuestas respecto de ‘Hotesur S.A’ (Cuit: 30708595701), ‘Los Sauces SA’ (Cuit 30709899895), el ‘Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner’ (Cuit 30715482610) y el ‘Hotel Los Sauces Casa Patagónica’; […] III.- Intimar a los accionistas de las firmas ‘Hotesur SA’, ‘Los Sauces SA’ y a los condóminos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner para que oportunamente designen las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración de las Sociedades comerciales antes señaladas, y cumplan con las obligaciones contables de rigor; como así también, se sirvan designar la persona que administrará dicho condominio […] V.- Disponer veedores informantes, respecto de las personas jurídicas ‘Hotesur S.A’ (Cuit 30708595701), ‘Los Sauces SA’ (Cuit 30709899895) y el ‘Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner’ (Cuit 30715482610); como así también del ‘Hotel Los Sauces Casa Patagónica’ por el término de doce meses (Cfr. arts. 224 y concordantes del CPCyCN). […] VII.- Decretar la inhibición general de bienes respecto de las firmas ‘Hotesur S.A’ (Cuit 30708595701), ‘Los Sauces SA’ (Cuit 30709899895) y el ‘Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner’ (Cuit 30715482610) (conf. art. 228 del CPCyCN, 23 del CP y 518 del CPPN).
VIII. Decretar la prohibición de innovar la composición accionaria de las sociedades ‘Hotesur S.A’ (Cuit 30708595701), ‘Los Sauces SA’ (Cuit 30709899895), como así también la prohibición de aquellas de distribuir dividendos; y con relación al ‘Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner’ (Cuit 30715482610), disponer la prohibición de modificar su titularidad, así como la distribución de sus dividendos (conf. art. 230 del CPCyCN, 23 del CP y 518 del CPPN…’...” (cfr. DCU00000209.pdf adjunto en PE227104-2021).- En el mencionado oficio se hace referencia a que el mismo guarda relación con su similar librado el 9 de abril de 2021 en el marco de los autos caratulados: “Kirchner, Néstor Carlos s/ Sucesión Ab-Intestato”, Expte.
N° K-18237/17 (K-2189/17-TSJ). Recordemos que mediante este oficio se solicitaba al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que informe si la remoción del administrador de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner así como la designación de un administrador judicial dispuesta mediante resolución del 14 de diciembre de 2016 en el marco de la causa: “Fernández Cristina y otros s/ Falsificación de Documentos Públicos y Enriquecimiento Ilícito”, Expte. N° 3732/2016, se encontraban vigentes. El oficio se libró el 5 de marzo de 2021 (cfr. foja 526).- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 remitió, adjunto a su oficio, copia de la citada resolución del 6 de abril de 2021.
Ésta da cuenta de distintas contingencias relevantes para la resolución del caso sub examine, las que se explicitarán en los párrafos por venir.-
En la causa N° 2559, el 14 de diciembre de 2016, el Juez a cargo de la instrucción ordenó la remoción del administrador de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, Máximo Carlos Kirchner y la designación de una interventora judicial por el plazo de seis (6) meses. Asimismo, el 30 de mayo de 2017, el mismo magistrado dispuso “...‘...extender a partir del día de la fecha la intervención ordenada en autos sobre la sucesión de Néstor Kirchner al ‘Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner’ CUIT 30-71548261-0, manteniendo la designación de la Lic. Raquel Moyano como interventor administrador del mismo y revocando todo otro administrador a partir de la fecha...’...” (cfr. AGR00017343.pdf, adjunto en PE312947-2021). Esta decisión se tomó al entender que: “…‘...la cuenta que la Sucesión [de Néstor Kirchner] tenía abierta en el Banco de Santa Cruz identificada con el 59777-01, que contaba con importantes ingresos y pagos mensuales conforme los resúmenes obrantes a fs. 353/356, dejó de tener actividad en el mes de enero de 2017, a los pocos días de ordenarse su intervención judicial. Y que con fecha, 18 de enero de 2017, se inscribió en la AFIP el ‘Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner’, el que de acuerdo a lo informado por la AFIP, continuó con el cobro y la consiguiente, facturación correspondiente a los alquileres de inmuebles que venían siendo facturados por la sucesión, sin perjuicio de no contar dicho condominio con cuentas ni acreditaciones bancarias de su titularidad…’” (cfr. PE cit).- De lo expuesto, en atención a las constancias agregadas al expediente sub examine, se advierte que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dispuesto el cese de la administración del “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner”; pero nada se dice sobre el cese de la intervención de la administración de la sucesión del Sr. Néstor Carlos Kirchner. Frente a este silencio sólo queda interpretar que continúa la intervención de la administración de la sucesión.-
El “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” fue inscripto en AFIP el 18 de enero de 2017 (según consta en la resolución remitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5), es decir, tiempo después de que dispusiese la remoción y nombramiento del administrador de la masa hereditaria (el 14 de diciembre de 2016). De la resolución de marras no consta los bienes que integran el "Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner" y menos aún si estos coinciden o no con los bienes que integran el acervo sucesorio.-
Ante esta situación, y en atención al tiempo transcurrido, corresponde, entonces, ingresar al tratamiento de los agravios de la casación.-
IV. Que tal como se encuentra articulado el recurso en tratamiento corresponde ingresar a la consideración del mismo a partir de los argumentos esgrimidos respecto del quebrantamiento de forma, por hallarse en juego la validez formal del acto jurisdiccional impugnado. Toda vez que es necesario revisar si se hallan reunidos los recaudos básicos del decisorio que permitan acceder, eventualmente, al tratamiento de las objeciones de fondo.-
a) En lo concerniente a la causal de quebrantamiento de forma, por estimar nula la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones al haberse integrado con el Dr. Carlos Enrique Arenillas, quien ya había participado en autos en su carácter de Juez de Primera Instancia, debo adelantar que tal impugnación no puede prosperar.-
La alegación que efectúa la recurrente no impone una estructura de argumentaciones convincentes y fundadas, toda vez que los reproches insinuados (parcialidad y prejuzgamiento) distan de encontrarse abonados por fundamentos normativos serios.-
Tampoco se demuestra ni se advierte que la causal invocada pueda considerarse encuadrada en un supuesto de parcialidad y/o prejuzgamiento. Más teniendo en consideración la interpretación restrictiva que se debe campear en estos casos, pues se podría afectar la garantía del juez natural (cfr. art. 18 de la CN).-
Además el planteamiento es extemporáneo, pues el remedio procesal con el que contaba la parte para esgrimir su disconformidad a la intervención del Juez Arenillas en el fallo de Cámara era a través del instituto de la recusación, el que no fue oportunamente articulado (cfr. arts. 14, 17, 18 y cctes. CPCyC).-
Es que cuando se pretende atribuir a un magistrado de la Alzada la existencia de una opinión o dictamen que se hubiese dictado con relación al pleito, la recusación -remedio procesal que contaban los sucesores- debe hacerse valer al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte o si la causal fuere sobreviviente dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de dictar sentencia (cfr. arts. 17, inc. 7º y 14 anteúltimo párrafo -en función del art. 18- del CPCyC).-
En el caso sub examine puede observarse que a foja 430 se dicta providencia, con fecha 9 de marzo de 2017, la cual es firmada por el mismo Dr. Arenillas, en su calidad de Juez de Cámara. Sin embargo, no obra constancia alguna que los sucesores hubiesen objetado en tiempo legal la integración del Tribunal de Alzada (cfr. arts. 14 y 18 CPCyC).-
En atención a lo expuesto, no es difícil concluir que la recurrente ha tenido a su alcance la posibilidad de recusar con expresión de causa en tiempo y forma oportuna, exponiendo en esa ocasión las razones que estimara pertinentes. Entonces, mal puede pretenderse ahora la existencia de un quebrantamiento de forma con fundamento en un derecho que han dejado de usar; razón por la cual la causal en tratamiento no puede tener favorable recepción.-
Desde otro cuadrante, es oportuno señalar -teniendo en cuenta el planteo nulificante de la recurrente- que cualquier hipotética y eventual nulidad vinculada con la intervención del Dr. Arenillas en la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones se encontraría subsanada tácitamente. Recordemos que el artículo 171 del código de rito establece que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto se haya consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Luego agrega que se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto; es decir, dentro de los cinco (5) días posteriores a la providencia del 9 de marzo de 2017 (firmada por el Dr. Arenillas en su calidad de Juez de Cámara, cfr. foja 430); plazo por demás superado cuando se interpuso el recurso de casación.- A mayor abundamiento y habida cuenta de la índole de la cuestión, es adecuado señalar que la causal que se intenta utilizar como sostén del alegado quebrantamiento, es aquella que en doctrina se denomina “prejuzgamiento”, es decir “…anticipar el resultado del proceso…” (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los Códigos Provinciales”, Ed. Astrea, Tomo I, pág. 99.).-
En tal sentido y analizando la intervención del magistrado en su carácter de Juez de Primera Instancia no se advierte, de las constancias del expediente, la configuración de los presupuestos reseñados; no obstante, cabe reiterar que la designación del Dr. Arenillas como miembro de la Excma. Cámara de Apelaciones fue llevada a cabo por acto público; circunstancia que se reputa conocida por las partes.-
También debe tenerse especialmente en cuenta que la jurisprudencia ha sostenido que: “...el prejuzgamiento se configura en aquellos supuestos en que el juez en el mismo proceso ha anticipado o dejado traslucir su opinión sobre el fondo de la causa u otro aspecto que sólo corresponde decidir en la sentencia definitiva. Es decir que para que se configure esta causal deben existir: 1) un pronunciamiento en la causa referido a un prejuzgamiento expreso; 2) recaído sobre la cuestión de fondo a decidir; 3) en el mismo proceso, y 4) en oportunidad en que no corresponde emitir opinión.” (cfr. SCBA, “Ticona Valdivia Ricardo c/ Soc. de Bomberos Voluntarios y Asist. Médica Privada de Lomas de Zamora s/ Despido.
Recurso de queja”, causa LP Ac 67705 I, del 02/09/1997); y “No hay prejuzgamiento cuando el magistrado tiene el deber de emitir opinión sobre el punto del hecho litigioso, porque así lo exige la naturaleza de la cuestión a decidir, mientras se mantenga dentro de los términos adecuados. Las opiniones vertidas en la debida oportunidad procesal y sobre los puntos sometidos a la decisión de los jueces no importan otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley y, de ningún modo autorizan la recusación fundada en la aludida causal.” (cfr. sum. “D’angelo José s/ Concurso civil”, causa MP 71224 I, del 14/06/1988; “Martínez de Simonini G. c/ Laborde A. s/ Desalojo Recusación con causa”, causa MP 94905 I, del 07/09/1995).- Igualmente se ha sostenido desde la doctrina que: “Se entiende por anticipación de criterio o prejuzgamiento el aporte subjetivo del magistrado, consistente en emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión final que ha de tener la causa fuera de su debida oportunidad [...] La recusación resulta improcedente cuando el juicio emitido ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado, siempre que se haya mantenido dentro de los estrictos límites del aspecto oportunamente considerado y valorado, siendo que la información de la causal debe ser restrictiva.” (cfr.
López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro - Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con leyes complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia”, La Ley, CABA, 2014, Tomo I, págs. 169 y 172).- Un criterio análogo al presente ha sido sostenido por este Alto Cuerpo al entender que el sólo hecho de haber intervenido un magistrado como Juez de Primera Instancia y luego como Juez de Cámara no podía justificar su apartamiento por la causal de prejuzgamiento (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 451, Folio 2453/2461). Precedente este que mutatis mutandi debe ser aplicado al sub lite.-
En mérito a lo expuesto, no se advierte ninguna actuación del Magistrado Dr. Arenillas que pueda ser encuadrado en un supuesto de prejuzgamiento.-
Así las cosas tampoco se presenta en autos un supuesto de deber de excusación que impone el artículo 30 del CPCyC, pues como se indicó no se da ningún supuesto de prejuzgamiento o parcialidad encuadrable en el artículo 17 del código citado, más teniendo en cuenta que es un mecanismo de excepción. Sobre el particular, es oportuno traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a saber: “Que en tal sentido ha de partirse de la base de que el instituto de la excusación -al igual que la recusación con causa creado por el legislador- es un mecanismo de excepción, interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos (arts. 30 y 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural (Fallos: 319:758)...” (Fallos 326:1512). Criterio extrapolable al presente.- Por lo tanto debe rechazarse el pedido de nulidad por la alegada parcialidad y prejuzgamiento de parte del Juez Dr. Carlos Enrique Arenillas.-
b) También debe ser rechazado el planteo de que se habrían quebrantado la formas por la adhesión de la Dra. Sandra García al voto del Dr. Carlos Enrique Arenillas.-
Analizado el voto formulado en tercer término, éste expresa que: “...adhiere al voto del Dr. Arenillas, respondiendo en igual sentido a la cuestión tratada.” (cfr. foja 448 vta.) por lo que debe tenérselo por válido. En tal sentido este Alto Tribunal ha sostenido que: “...los ‘votos de adhesión’ son válidos en los tribunales colegiados (Conf. SCBA, Ac. 13-507 ‘Borrego, Florencio c/ Achaga, Anselmo s/ Desalojo’, 30-VII-1968), ya que la ‘...adhesión de los jueces al voto del que lo funda con anterioridad, no es motivo de nulidad, aunque no se reproduzcan las razones dadas por el juez preopinante...’ (SCBA, Ac. 14.300 ‘Tascón Emilio y otros c/ Espósito Homero Aldo s/ Desalojo’, 17-XII-968, DJBA, 16-IV-69, cit. en Juan Carlos Hitters ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. 1994, págs. 467/468)...” (cfr. Sentencia, Tomo VIII, Reg. 265, Folio 1446/1460). Como consecuencia de lo expuesto la impugnación sustentada en tal circunstancia no puede prosperar.-
V. Que dilucidados los cuestionamientos dirigidos a lograr la nulidad de la sentencia, corresponde ahora analizar el resto de los agravios.-
En el caso que nos ocupa, cabe preguntarlos si la decisión del juez exhortante de remover el administrador de la sucesión e imponer en su reemplazo a un interventor deviene violatoria del orden público tanto provincial como federal.-
En atención a lo estatuido en el artículo 7º del CCyCN se sigue que las leyes, en principio, sólo operan hacia el futuro y que no tienen efecto retroactivo (cfr. Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián -Directores-“Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Título Preliminar y Libro Primero”, Infojus, CABA, 1ª ed., 2015, págs. 25/27), por lo tanto estimamos que el derecho sucesorio de fondo que se debe aplicar para resolver el caso bajo estudio es el vigente al momento del fallecimiento del causante. En este caso el regulado por el Código Civil, en atención a que la muerte se produjo durante su vigencia, el 27 de octubre de 2010 (cfr. fotocopia legalizada de certificado de defunción agregado en copia a foja 14). Recién el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 7 de la Ley Nº 26.994). En el sub lite el Juez competente es el Juez Provincial de Río Gallegos, ya que el extinto Néstor Carlos Kirchner, al tiempo de su deceso, tenía su domicilio en esta Ciudad Capital de la Provincia de Santa Cruz (cfr. fotocopia del Documento Nacional de Identidad obrante a fs. 10/13).- Esta solución también es abonada por los dichos de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, quien nos ilustra: “El derecho sucesorio del heredero ab intestado se rige por la ley vigente al momento de la muerte del causante...” (cfr. aut. cit. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 105).-
Por otro lado, tanto el Código Civil como el nuevo Código Civil y Comercial poseen reglas de naturaleza procesal que disciplinan el proceso sucesorio. Estimamos que aquellas deben aplicarse de forma inmediata, sin perjuicio de la validez de los actos procesales ya cumplidos a la luz de la anterior normativa. Sobre el particular se ha dicho: “Mayoritariamente se sostiene que las leyes procesales se aplican de forma inmediata a las causas pendientes, siempre que no se prive de validez a los actos procesales ya cumplidos, ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (CSJN, 7-2-2006, J.A. 2006. 2006-II-140; L.L. 2006-E-313 Y L.L. 2007-B-489).” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 110).- El Tribunal competente para designar y, en su caso, para remover al administrador de la sucesión es el juez con competencia en la sucesión.
En el sub lite, el Juez Provincial de Río Gallegos. En este sentido reza el artículo 693 CPCyC: “Designación de administrador. Si no mediare acuerdo entre los herederos para la designación de administrador, el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento.”. La remoción también le corresponde decidirla al Juez de la sucesión, de acuerdo con el artículo 698 del código citado, a saber: “Sustitución y remoción. La sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 693º. Podrá ser removido, de oficio o a pedido de parte, cuando su actuación importare mal desempeño del cargo.
La remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si las causas invocadas fueren graves y estuviesen prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 693.”.- También para el artículo 2336 del CCyC (aplicable a la especie dado su naturaleza procesal) establece que quien tiene que decidir lo vinculado con la administración de la herencia es el Juez de la sucesión. Dicha manda dispone, en lo que aquí nos interesa, que: “Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante...El mismo juez conoce de las acciones de la petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición.”.
Asimismo, este artículo, en su segundo párrafo, determina lo que se denomina “fuero de atracción” en favor del Juez de la Sucesión, “...puesto que, como el proceso sucesorio es un juicio universal, ante el mismo juez deben tramitar todas la cuestiones conexas con los derechos y bienes transmitidos por el causante.” (cfr. Bueres, Alberto J. -Dirección-: “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, Tomo 5, pág. 197). Entre las cuestiones que son alcanzadas por el fuero de atracción se encuentra todo lo relativo a la administración de la herencia y entre otras temas lo concerniente a la designación y remoción del administrador.
La doctrina nos indica que es competencia del Juez de la Sucesión en lo relativo a “La designación de administrador, las consecuencias de su gestión, la rendición de cuentas, su remoción y la retribución que le puede corresponder quedan comprendidas dentro de este enunciado.” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 200).- Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que las normas referidas al fuero de atracción en la sucesión son “...imperativas o de orden público...” (Fallos 307:1674). Asimismo se ha dicho que: “...La norma contenida en el art. 3284 del Cód. Civil es de orden público, por lo cual la jurisdicción no puede ser prorrogada ni aún con la conformidad de todos los interesados...” (cfr.
López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-, ob. cit., págs. 33/34).-
Ahora bien, la Ley Nº 22.172 es la que se aplica en la tramitación del pedido de la medida cautelar formulada por el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Dr. Claudio Bonadío, que dispuso remover a Máximo Kirchner como administrador de la sucesión de marras y designar en su reemplazo a un interventor judicial.-
El primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 22172, establece que el tribunal al que se dirige el oficio examinará sus formas y sin juzgar sobre la procedencia de las medidas solicitadas, se limitará a darle cumplimiento dictando las resoluciones necesarias para su ejecución. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo establece una excepción al deber de cumplimiento de la medida, a saber: “El tribunal que interviene en el diligenciamiento del oficio no dará curso a aquellas medidas que de un modo manifiesto violen el orden público local.”. En otras palabras, si bien la Ley Nº 22.172 limita las facultades del juez exhortado al estudio de los recaudos formales y veda, en principio, el examen de la procedencia de la medida, hace una excepción para el caso de que aquellas violen el orden público local (cfr.
Cciv., Sala 1, Neuquen, “Banco Bansud S.A. s /oficio directo” (Expte. Nº 681-CA-3), del 26 de junio de 2003). Este supuesto se presenta en el caso sub examine.- En atención a lo antedicho, claro está que él único tribunal competente para decidir lo relativo a la designación y/o remoción del administrador de esta sucesión es, precisamente, el Juez de la sucesión, en otras palabras: el Juez a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos. No lo es el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Por lo tanto este Juez se excedió en sus potestades al intentar, en los hechos, extraer una parcela de competencia (lo vinculado a la remoción y designación del administrador de la herencia) al Tribunal de la sucesión.
Pretendió de esta manera subvertir el reparto de competencia regulado tanto por el código de rito provincial; el Código Civil; el Código Civil y Comercial; e inclusive por la propia Constitución Nacional, ya que también se vulneró la distribución de las potestades entre el fuero ordinario y el federal.- Las reglas atributivas de competencia fijan la extensión funcional del poder jurisdiccional que posee un Tribunal, circunscribe lo que puede o no puede hacer. Estas reglas se fijan en atención a consideraciones que tienen en vista el interés general para una más eficiente administración de justicia. Por esta razón la competencia de los tribunales provinciales es, por regla, improrrogable (cfr. art. 1º del CPCyC) e indelegable (cfr. art. 3º) pues es de orden público.
Al respecto se ha dicho, al hacer referencia al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero también aplicable al de nuestra Provincia, que: “Son caracteres de la competencia la improrrogabilidad y la indelegabilidad. A la primera se refiere el art. 1° del Cód. Procesal y, a la segunda, el art. 3°. El principio general es la improrrogabilidad y la indelegabilidad, pues la competencia es de orden público, es un atributo del poder del Estado...” (cfr. Highton, Elena I, y Aréan, Beatriz A., -Dirección-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, págs. 6/7). En la misma inteligencia se ha dicho: “...Por ello la competencia derivada de los criterios objetivo y funcional reviste carácter improrrogable, diciéndose que es absoluta la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión o una petición cuyo conocimiento no ha le ha sido asignado por razón de la materia, del valor o del grado [...] Otro de los caracteres de la competencia está dado por su indelegabilidad...” (cfr.
Palacio, Lino Enrique: “Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, Tomo II, págs. 299 y 301).- Específicamente en materia sucesoria y en concordancia con lo antedicho se ha sostenido que el artículo 3284 del CC, que establece la competencia del Juez del último domicilio del causante, es de orden público (Cámara Civil de Mar del Plata, “González, Pura Lidia s/ sucesión Ab Intestato”, del 28 de marzo de 2019).-
Si se admitiese lo peticionado por el Juez Federal se violaría el orden público provincial, al detraer una parcela de la competencia de sus tribunales. Asimismo se vulneraría el orden público constitucional argentino, ya que se estaría alterando el reparto de competencias judiciales delineado por la Constitución Nacional.-
El Estado Argentino adopta para su organización la forma federal (cfr. art. 1º y cctes. de la CN), lo que implica, entre otras cuestiones que existe el fuero federal y el provincial. El Poder Judicial de la Nación ejerce su competencia circunscripta exclusivamente a los casos delimitados por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.-
También la Justicia Provincial tiene su fundamento en la Constitución Nacional (cfr. arts. 5º, 121, 122 y 75 inc. 12), como una competencia reservada (cfr. art. 121) y como una obligación para gozar y ejercer sus instituciones (cfr. art. 5º). Entre sus funciones tiene la de entender en causas regidas por el derecho común (cfr. art. 75 inc. 12), como es el caso que nos ocupa: la tramitación de un proceso sucesorio. Esta potestad es exclusiva e indelegable. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional la de organizar su administración de justicia y, por ello, la tramitación de los juicios es de incumbencia exclusiva...” (cfr. sum.
Fallos 311:2478).- En concordancia con lo que estatuye la Constitución Nacional, el Estado Provincial de Santa Cruz adopta la forma de gobierno republicana (cfr. art. 1º de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz) y estructura su propio Poder Judicial (cfr. arts. 126 a 139). Le corresponde al Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz el conocimiento y decisión de las controversias que versen sobre puntos regidos por la Constitución de Santa Cruz, tratados y más leyes de la Provincia, así como aquellos en que le corresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación (cfr. art. 131 de la Const. Provincial).- Si se accediese a lo solicitado por el Juez Federal se alteraría entonces este reparto de competencia delimitado por la Constitución Nacional.
Reglas estas, que como se adelantó son de orden público constitucional ya que refieren directamente a la forma de organización del Estado Argentino, concretamente lo relacionado al federalismo y a la administración de justicia. Sobre esta cuestión se ha dicho: “La competencia federal es ‘constitucional’ ya que los casos en los cuales el Poder Judicial nacional es llamado a conocer y decidir se encuentran expresamente enumerados en la Constitución Nacional (arts. 116 y 117). Dicha enumeración de casos es taxativa (Fallos 143-191; 234-791; 241-380, 283-429, entre otros), inmodificable, inderogable e insusceptible de ser ampliada por voluntad del legislador y de las partes, por ser normas constitucionales de ‘orden público’, y por haberse delegado por las provincias los casos en los cuales deben entender el Poder Judicial nacional, encontrándose los demás casos en la jurisdicción provincial su conocimiento y decisión (art. 5, 75 inc. 12, 116, 121 CN)...” (cfr.
Gómez, Claudio Daniel: “Competencia federal. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2003, págs. 108/109).- En coincidencia con el criterio aquí sustentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que: “A mi modo de ver, debo indicar que si bien el artículo 4° de la ley 22.172 que rige en materia de comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción, es suficientemente explícito en el sentido que el juez al que se dirige el oficio no podrá discutir la procedencia de las medidas solicitadas, esta Corte ha establecido que a fin de no convertir a un magistrado de un estado autónomo en subordinado del que hubiere librado la rogatoria, corresponde denegar la solicitud formulada cuando el pedido afecte, en forma manifiesta, la competencia del juez requerido (v.
Fallos: 294:174).” (Del Dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte comparte y hace suyo en Fallos: 310:1041). En el mismo sentido, CSJN “Castellano, Dora Beatriz y Otros c/ Nación Argentina y otros”, del 09/11/2004; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/12000/2004).- En síntesis, estimamos que acceder a la medida peticionada por el Juez de extraña jurisdicción, consistente en remover al administrador de la sucesión y designar a un interventor judicial en su reemplazo, contraría de modo manifiesto el orden público tanto provincial como federal por lo que no se le debe dar curso a la misma (cfr. arts. 5º, 75 inc. 12, 116, 117, 121 y cctes. de la CN; 1º, 131 y cctes. Constitución de la Provincia de Santa Cruz; 3284 Código Civil; 7º, 2336 y cctes.
Código Civil y Comercial; 1º, 3º, 693, 698 y cctes. del CPCyC; y 1º, 2º y 4º de la Ley Nº 22.172). Por lo tanto se debe hacer lugar parcialmente al recurso de casación, con el alcance expuesto; casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones de fs. 442/449 y, en consecuencia, revocar también la providencia de fs. 329 y vta.; y ordenar la remoción de la Administradora Judicial designada por el Juez exhortante y la reposición como Administrador de la Sucesión del Sr. Máximo Carlos Kirchner.-
VI. Que más allá de lo antedicho, estimo que se impone efectuar algunas observaciones sobre la irregular tramitación de la medida cautelar solicitada. Es que no se puede pasar por alto la ligereza con la que se aceptó la imposición de un administrador de la sucesión dispuesta por un Juez de extraña jurisdicción. Más teniendo en cuenta el impacto económico negativo que dicha medida podría producir en el patrimonio de los sucesores del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner. Véase, en este sentido, la denuncia de los bienes que componen el acervo hereditario: a) el cincuenta por ciento (50%) de 16 inmuebles (ubicados en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); b) el cincuenta por ciento (50%) de un automóvil marca Honda; c) 450 acciones correspondientes a la sociedad Los Sauces S.A.; d) 774 acciones de la sociedad CO.MA. SA.; e) 592.078 acciones de la sociedad Hotesur S.A.; e) el cincuenta por ciento (50%) de aportes irrevocables a Los Sauces S.A. por un importe de $1.900.900.-; e) el cincuenta por ciento (50%) de aportes irrevocables a Los Sauces S.A. por un importe de $330.500.-; f) Plazo fijo en dólares: el cincuenta por ciento (50%) del certificado N° 111918 U$U3.029.284,68 (dólares estadounidenses tres millones veintinueve mil doscientos ochenta y cuatro con sesenta y ocho); e) el cincuenta por ciento (50%) de 23 Certificados por montos varios expresados por un total de pesos veintidós millones novecientos sesenta y siete mil doscientos noventa y dos con cincuenta y seis centavos ($22.967.292,56); y f) el cincuenta por ciento (50%) del saldo en cuenta corriente N° 59777/0 $9.335,02 (al 27 de octubre de 2010) (cfr. fs. 83/85). Este patrimonio, por su magnitud y composición, debía ser administrado con sumo cuidado y diligencia para evitar daños económicos de magnitud.- Inclusive los sucesores, en diversas oportunidades, hicieron saber al Magistrado de Primera Instancia el alcance y gravedad de las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales si se hacía lugar a la remoción e imposición del administrador de la sucesión.-
En el escrito de fs. 293/295 los sucesores expresaron, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Romina de los Ángeles Mercado, que: “No se entiende que luego de los espectaculares y mediáticos allanamientos dispuestos por el juez Bonadio (sic) en la sede de las sociedades, en el estudio jurídico de la suscripta, en el estudio contable del Contador Manzanares, en los Bancos donde operan la familia Kirchner y sus sociedades, donde se recabó y se secuestró todo tipo de documentación e información relativo al giro comercial de las sociedades y la sucesión que pretende de forma arbitraria e ilegal intervenir, ¿cuál es el sentido legal de dicha intervención? V.S. el objeto es uno sólo, impedir el normal desenvolvimiento comercial, perjudicar económicamente a la familia Kirchner, ensuciar el honor de ellos y el nombre comercial de las sociedades que pretende intervenir.” (cfr. fs. 294 vta./295).- También los sucesores le advirtieron al Magistrado que el obrar ilegal del Juez Claudio Bonadío tendrá consecuencias legales que deberán ser soportadas por su propio patrimonio y el del Estado Nacional, y por todos aquellos funcionarios y magistrados que avalen ese proceder ilícito (cfr. foja 325 vta.).-
Los argumentos que invoca el Juez de la sucesión, para admitir el cercenamiento de su competencia, son inconsistentes. Por un lado destaca su función de “…dirigir el trámite y salvaguardar los valores e intereses cuya protección se encomienda a esta institución procesal…” y que: “…cabe estar atento a las intromisiones infundadas de cualquier especie…”, pero luego las admite. Además si bien dice desconocer los pormenores del trámite penal -que habilitaría un análisis en cuanto a la afectación o no de su competencia, también de orden público-, toma una frase de los peticionantes, fuera de contexto, en una interpretación no relacionada con lo que plantean: que “…no afecta significativamente la administración del patrimonio sucesorio…” concluyendo que: “…no se advierte el interés jurídico que motiva a la parte a resistir la orden dictada por el magistrado de la jurisdicción federal” (cfr. foja 329).- En síntesis, se observa que el Juez delega parte de su competencia, sin considerar la normativa aplicable (aquí desarrollada supra); tampoco fundamenta porqué llega a la conclusión de que la medida cautelar solicitada no afecta “significativamente” los derechos de los sucesores. Asimismo tampoco toma medidas tendientes a la preservación del acervo hereditario (cfr. foja 446 vta.).-
En similar sentido, el voto mayoritario de la Alzada, con afirmaciones dogmáticas, confirma lo resuelto por el juez de primera instancia; incluso con una fundamentación, como bien lo advierte el voto de la minoría, de la que “…se desprende justamente la tesis contraria…”.-
A la primera cuestión votamos parcialmente por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión el Dr. Peretti dice:
I. Si bien comparto el relato de los hechos efectuado por mis distinguidos colegas preopinantes, así como también la reseña de los agravios esgrimidos por la casacionista; discrepo sobre la decisión que, luego de su análisis, adopta; ello en virtud de las razones que expondré:
Este Tribunal Superior de Justicia, requirió informe al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 y al Tribunal Oral Federal N° 5, mediante oficios librados, con fecha 5 de marzo de 2021 y 9 de abril de 2021, en los términos de la Ley Nº 22.172 (cfr. fs. 526/527), a fin de saber “…si la remoción del administrador de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner así como la designación de un administrador judicial dispuesta mediante resolución del 14 de diciembre de 2016 en el marco de la causa ‘Fernández Cristina y otros s/ Falsificación de documentos Públicos y Enriquecimiento Ilícito’, Expte. N° 3732/2016 se encuentra actualmente vigente’.”.- El Tribunal oficiado, contesta con fecha 7 de julio de 2021 (recibido en este TSJ el 1-9-2021). Allí informa: “, con fecha 06 de abril de 2021, esta judicatura resolvió “…‘...I.- Dejar sin efecto las Intervenciones judiciales con facultades de información, administración y recaudación, dispuestas respecto de ‘Hotesur S.A’ (Cuit: 30708595701), ‘Los Sauces SA’ (Cuit 30709899895), el ‘Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner’ (Cuit 30715482610) y el ‘Hotel Los Sauces Casa Patagónica’...” (cfr. PE227104-2021).-
Es cierto que en dicho informe nada se dice, expresamente, respecto de la remoción del administrador de la presente sucesión y su reemplazo por un administrador judicial. Empero debe advertirse que dicha medida fue dispuesta mediante resolución de fecha 14 de diciembre de 2016 por el lapso de seis (6) meses (cfr. fs. 299/323) dicho plazo comenzó a correr el 15 de diciembre de 2016, fecha en la cual aceptó el cargo la interventora judicial designada (cfr. foja 360). Es decir que, la medida cautelar, venció el 15 de junio de 2017. El 16 de marzo del 2017, la referida funcionaria, se presentó en autos (cfr. fs. 362/364) y su última actuación fue el 19 de junio de 2017 (cfr. foja 455) cuando ya había vencido (por 4 días) su plazo de actuación. Si bien la medida en cuestión podía ser renovada a su vencimiento, no surge de autos, ni ha existido comunicación alguna del Juzgado Federal interviniente informando que se la haya restablecido. Tampoco ha informado sobre el particular la interventora judicial que, tal como indicara precedentemente, había tomado intervención en autos. Ambos tenían la carga procesal, en la hipótesis de que se hubiera continuado con la intervención, de comunicar tal decisión al Juez del sucesorio.- Ante la situación descripta, es lógico concluir que la intervención judicial decretada respecto de la administración de los bienes de ésta sucesión ha expirado por el transcurso del plazo de seis (6) meses por el cual fue decretada.
Abona esta postura que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, en su informe, ninguna referencia hace a la medida en cuestión. Sin embargo, en dicha contestación por un lado aclara que se han dejado sin efecto distintas intervenciones judiciales (que enumera) y expresa (en su última parte) que dicho informe es respuesta a la solicitud formulada por este Tribunal Superior de Justicia mediante oficio librado el 9 de abril del 2021, en el cual precisamente se consultaba solamente sobre la medida (designación de administrador judicial) decretada en esta sucesión. En efecto, en el último párrafo de la respuesta al oficio se manifiesta que “Así también, le hago saber que el presente guarda relación con su similar librado el pasado 9 de abril de 2021 -Oficio Ley 22172 n° 22/21- en el marco del expediente n° K-18237/17 (k-2189/17 TSJ) ‘Kirchner, Néstor Carlos s/ Sucesión ab intestato’” (cfr. PE227104-2021), Vencido el plazo por el cual se dispuso la cautelar, si no existe orden del Juez que lo prorrogue, la cautelar queda extinguida y eso es lo que ha ocurrido con la intervención judicial decretada en estas actuaciones. De manera tal que la medida que motivó el recurso de casación bajo estudio, a esta altura ha quedado sin efecto.-
Justifica esta conclusión el hecho que el Juzgado Federal una vez expirado el plazo dispuesto para la intervención, nunca comunicó su renovación, y tampoco lo hizo la interventora judicial que ya había tomado intervención en autos. Más aún, toda vez que las cautelares, cuando se las ha decretado por un plazo, expiran automáticamente por el transcurso de dicho término, y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, en ningún momento hace referencia alguna a la mencionada prórroga al contestar el específico y concreto requerimiento formulado por este Tribunal Superior de Justicia mediante Oficio N° 22/21.-
II. El análisis efectuado precedentemente, nos coloca ante un nuevo cuadro fáctico, distinto al que se tuvo en miras al momento de recurrir, el cual torna abstracta la cuestión, toda vez que ha desaparecido la controversia que motivó el planteo casatorio.
Ante situaciones como la aquí acaecida, este Alto Cuerpo ha señalado que: “...‘...cuando media el ‘ius superviniens’ (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto a la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada…no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevivientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo...’...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2893, Folio 4578/4581).- En igual sentido la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la presentación del recurso extraordinario (Fallos 318:342 y más reciente Fallos 339:222), estándole vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos 329:1898, entre otros).-
Asimismo, se ha expresado que: “…en situaciones en las cuales se han visto modificadas las circunstancias existentes al momento de interponer el recurso, cobra vigencia la jurisprudencia emanada del máximo Tribunal de la Nación que ha afirmado: ‘…no corresponde emitir pronunciamiento respecto de los temas propuestos por vía del recurso extraordinario si las circunstancias sobrevinientes al planteo han tornado inoficiosa su consideración por la Corte…’ (Fallos: 303:2020; 243:146; 267:499; 272:130; 274:79; 285:353; y otros)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3424, Folio 5782/5783).- Se ha dicho que: “Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta…La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577; Reg. 2893, Folio 4578/4581 y XXVII, Reg. 3232, Folio 5347/5348).-
Es por ello que, en el caso, una vez vencido el plazo de la medida cautelar adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 (lo cual ocurrió el 15 de junio del 2017), no haberse comunicado su renovación, y en virtud de lo informado por el Tribunal Oral Federal Nº 5 (PE227104-2021), se desvanecen los efectos jurídicos que dieron origen a esta controversia, tornando abstracta la misma.-
A la primera cuestión voto por la negativa.-
A la Segunda Cuestión el Dr. Mariani, Dra. Mercau, Dr. Fernández y Dra. Ludueña Campos dicen:
I. Que por las consideraciones vertidas en la primera cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los herederos del Sr. Néstor Carlos Kirchner, a fs. 479/484, con el alcance fijado en los considerandos, en consecuencia, casar la sentencia de Cámara de fs. 442/449 y, revocar la providencia de fs. 329 y vta.; ordenar la remoción de la Administradora Judicial designada por el Juez exhortante y la reposición en el cargo de Administrador de la Sucesión al Sr. Máximo Carlos Kirchner; diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.- A la Segunda Cuestión el Dr. Peretti dice:
I. Atento a lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia, declarando innecesario el tratamiento de los agravios; provocándose en consecuencia la pérdida de virtualidad del recurso de casación interpuesto, pues no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.-
En virtud de todo lo expuesto se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 29 de marzo de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante del Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani, de la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los herederos del Sr. Néstor Carlos Kirchner, a fs. 479/484; y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 442/449.-
3. Ordenar la remoción de la Administradora Judicial designada por el Juez exhortante y la reposición en el cargo de Administrador de la Sucesión al Sr. Máximo Carlos Kirchner.-
4. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández –Vocal Subrogante-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.221 Tomo: XXI Interlocutorio: 703 Folio N°: 4176/4187 Secretaría: 1
Fin de la sentencia