Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.830-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 76/2017 (DI VACD), recaída en las actuaciones administrativas 16596-182-2014, y, en consecuencia, revocar los cargos números VI 466; 467 y 468/2014.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-117573544-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Octubre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14ava. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “EL KIWAL DE MACEDO SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente nº 38.830-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. A fs. 25/31 se presenta la firma EL KIWAL DE MACEDO SA e interpone recurso de apelación contra la resolución 76/17 dictada en el SIGEA 16596-182-2014, que rechazó la impugnación interpuesta por la aquí actora y, en consecuencia, confirmó los cargos Nros. VI 466, 467 y 468/2014, formulados con motivo del ajuste de valor practicado en relación a las Destinaciones 09001IC04185688J, 09001IC4187710S y 09001IC04191037R. Relata los hechos y sostiene que la forma incompleta y parcial de justificar el ajuste de valor lesiona el derecho de defensa del administrado, por no contar con los elementos idóneos para cotejar si la comparación es jurídicamente correcta. Denuncia la ilegitimidad en la formulación de los cargos.
Manifiesta que el servicio aduanero sólo puso a disposición del administrado una prueba incompleta conveniente a sus pretensiones y que omitió considerar la presentación de la empresa del 25.09.14 justificando los valores declarados. Ello pone en evidencia la transgresión lisa y llana de la Decisión 6.1. del Comité de Valoración y que el ajuste pretendido constituye un acto nulo de nulidad absoluta e insanable, por carecer de causa, conforme lo prevé el art. 14 inc. b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria al caso conforme lo prevé el art. 1017 del Código Aduanero (“CA”). Impugna el ajuste de valor y alega que el ajuste se sustenta en la comparación de mercadería supuestamente similar, importada mediante 2 (dos) destinaciones individualizadas en las Notas.
Sostiene que las Notas citan normativa en abstracto, argumentos carentes de sustento y la presencia de una diferencia sustancial e injustificada de valor. Resalta que la DGA no acreditó la improcedencia del valor de transacción. Alega que la Aduana debe poner en conocimiento del importador las razones y los antecedentes considerados para apartarse del valor de transacción. Sostiene la improcedencia del ajuste por falta de antecedentes. Señala que el mercado de la fruta se encuentra afectado por un conjunto de factores que, en forma simultánea inciden directamente en el precio. Manifiesta que su mandante adquirió y recibió las mercaderías a despacho en la modalidad de bins, la forma más económica.
Sostiene que acredita con la compulsa de las facturas comerciales agregadas a las carpetas del despacho y que adjunta en esta oportunidad. Alega que de la escueta información suministrada por el Servicio aduanero a fs. 46, puede apreciarse que la mercadería tomada como antecedente no fue importada en bins sino en cajas. Resalta que las frutas compradas por su mandante son de la producción propia de Frutti Felici Sca., circunstancia que abarata los costos. Arguye que tampoco puede conocer el mercado de origen de las transacciones tomadas como antecedentes ya que, al no tratarse de un commodity, el precio del kiwi puede sufrir variaciones significativas de un mercado a otro dependiendo de múltiples factores.
Sostiene que su mandante ha concretado todas las transacciones internacionales en moneda Euro, encontrándose impedida de conocer la moneda de cambio empleada en los antecedentes como contraprestación de las mercaderías. Señala la diferencia de cantidades. Enumera una serie de antecedentes de valor de transacciones de kiwis. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la Resolución 76/2017 (DI VACD) en forma conjunta con los cargos 466, 467 y 468/2014, con costas.
II. A fs. 40/44 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso y acompaña el SIGEA 16596-182- 2014. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte o surjan de las actuaciones administrativas. Reseña los antecedentes de la causa; manifiesta que, a la fecha de oficializar la destinación en asunto, se encontraba vigente la ley 24.425 que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay. Señala su facultad de dudar acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados a los fines de la valoración y proceder en consecuencia a iniciar la investigación pertinente (art. 17 del GATT). Manifiesta que las diferencias constatadas en los informes de estudio de valor realizados dan cuenta de un valor, estimado por comparación de mercadería similar que difiere del declarado. Entiende que la recurrente tuvo la oportunidad de brindar la información requerida y que, a pesar de ello, no ha podido demostrar los extremos invocados. Resalta que formula cargo por el perjuicio fiscal y exhibe que, habiendo efectuado el análisis de valor y cumplimentado con la normativa vigente, produce un ajuste sobre el valor de la mercadería conforme el método previsto por el art. 3 del Acuerdo de Valoración. Sostiene que cuando se trata de las determinaciones tributarias, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios. Cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su defensa. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. A fs. 45 se tiene por presentada a la DGA, por contestado el traslado que le fuera conferido, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 242 se certifica que el periodo de prueba ha concluido. El 04.08.2025 se elevan los autos a la Sala “E”, y se ponen a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas 16596-182-2014 se inician con las Notas 0327/14 (SE INAG), 0326/14 (SEINAG), 0328/14 (SE INAG), de donde surge que se procedió a realizar el análisis del valor documentado en las destinaciones números 09001IC04191064R, 09001IC04185710S y 09001IC04185688J, respectivamente. El informe manifiesta que la documentación acompañada por la firma importadora resultó insuficiente y no encontrándose operaciones de mercadería idéntica, se efectuó el análisis de otras operaciones de mercadería similar, a fin de establecer el valor en aduana con arreglo a lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo Internacional; concluye que correspondería determinar el valor en aduana de las operaciones conforme los valores unitarios allí indicados, por el perjuicio fiscal. A fs. 25 obra agregado el MEMORANDO; el 10.09.14 se notifica sobre la investigación a la firma importadora. A fs. 28 la importadora presenta un informe –gestión de fiscalización de importación-. A fs. 31 con fecha 30.10.14 el Jefe (Int) Div. Bienes intermedios y de Consumo Depto. Gestión de fiscalización de Importación, comparte el cargo por diferencias tributarias a las destinaciones de importación en trato y remite las actuaciones a los fines de su competencia. A fs. 36/39 la importadora interpone recurso de impugnación contra los cargos VI 466, 467 Y 468 del año 2014. A fs. 42 se tiene por deducido el recurso de impugnación y se abre a prueba. A fs. 49/53 el Jefe (int.) Sección Insumos Agropecuario Dir. de Valoración y Comprobación de Documental (SDG CAD) emite la nota 008/2016 (SE INAG) de fecha 03.06.16 en la que se concluye “correspondería ratificar el cargo formulado, toda vez que el impugnante no ha demostrado que el acto administrativo resulta arbitrario o infundado”. A fs. 55 se ponen autos para alegar. A fs. 60/68 obra agregada la resolución 76/2017 (DI VACD) aquí apelada, notificada el 27.02.18, conforme surge de la constancia de fs. 69vta.
V. En primer término, corresponde analizar el agravio de la actora vinculado al ejercicio de su derecho de defensa. Que el mismo no puede prosperar debido a la posibilidad en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, sin restricción alguna.
Que es por ello que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que resulta así de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VI. Sentado lo expuesto, a continuación, corresponde resolver si resulta ajustada a derecho la resolución 76/2017 (DI VACD), recaída en las actuaciones administrativas 16596-182-2014, mediante la cual se le exige a la actora el pago de diferencia de tributos con más los intereses referidos a los cargos: VI 466/2014 por la suma de u$s1.651,41 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago -art. 20 ley 23.905- y u$s660.49 en concepto de IVA ADICIONAL INSCR. E IMP. A LAS GANANCIAS, al tipo de cambio vigente a la fecha de oficialización de la Destinación de Importación 09001IC04185688J; VI 467/2014 por la suma de u$s1.651,40, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago -art. 20 ley 23.905- y u$s660,49 en concepto de IVA ADICIONAL INSCR. E IMP. A LAS GANANCIAS, al tipo de cambio vigente a la fecha de oficialización de la Destinación de Importación 09001IC04185710S y, VI 468/2014, por la suma de u$s1.476,86 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago -art. 20 ley 23.905- y u$s590,67 en concepto de IVA ADICIONAL INSCR. E IMP. A LAS GANANCIAS, al tipo de cambio vigente a la fecha de oficialización de la Destinación de Importación 09001IC04191037R.
Que, en lo que aquí interesa, mediante el DI 09001IC04185688J, oficializado el 07.12.09, la importadora documentó en el ítem 1 la importación a consumo de 24.000,00 KILOGRAMOS de “Los demás los demás –Kiwis LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS.”, mercadería que clasifica en la P.A. 0810.50.00.990X, y se declaró: para el ítem 1.1 valor unitario 0,46 Euro; FOB 9.660,00 Euro; para el ítem 1.2 valor unitario 0,46 Euro, FOB 1.380,00 Euro; Valor FOB total: 11.040,00 Euro = 16.648,40; y declaró y se pagó en concepto de IVA u$s2.124,79, IVA Adicional INSCR.: u$s1.011,81; Impuesto a las ganancias: u$s607,08, Arancel SIM Impo: u$s10,00; conforme lo declarado. Asimismo, se declaró que la mercadería es de origen y procedencia: ITALIA Mediante el DI 09001IC04185710S, oficializado el 07.12.09, la actora documentó la importación a consumo de 24.000 KILOGRAMOS de “Los demás los demás –Kiwis LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS.”, mercadería que clasifica en la P.A. 0810.50.00.990X, y se declaró: para el ítem 1.1 valor unitario 0,46 Euro; FOB 9.660,00 Euro; para el ítem 1.2 valor unitario 0,46 Euro, FOB 1.380,00 Euro; Valor FOB total: 11.040,00 Euro = 16.648,40; y declaró y se pagó en concepto de IVA u$s2.124,79, IVA Adicional INSCR.: u$s1.011,81; Impuesto a las ganancias: u$s607,08, Arancel SIM Impo: u$s10,00; conforme lo declarado. Asimismo, se declaró que la mercadería es de origen y procedencia:
ITALIA.
A través del DI 09001IC04191037R, oficializado el 15.12.09, se documentó la importación a consumo DE 24.000,00 KILOGRAMOS de la mercadería “Los demás los demás –Kiwis LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS.”
mercadería que clasifica en la P.A. 0810.50.00.990X. Puntualmente se documentó la cantidad de 24.000 KILOGRAMOS; Valor FOB total: 10.209,60 Euro = u$s14.918,15 y se pagó en concepto de IVA: u$s 1.927,98; IVA Adicional Inscripto: u$s918,09; Impuesto a las Ganancias: u$s550,85; Arancel SIM Impo: u$s10,00. Asimismo, se declaró que la mercadería es de origen y procedencia: ITALIA Conforme surge de la Nota 0327/14 (SE INAG), 0326/14 (SE INAG), 0328/14 (SE INAG) -ver fs. 3/21 de las actuaciones administrativas- la Aduana realiza los ajustes de valor utilizando para cada destinación un solo antecedente, sin acompañarlo, que refiere 1) al despacho 09001IC04194727D y sostiene que, respecto a la DI 09001IC04191037R la diferencia a pagar es de u$s2.067.53 (ver fs.5 de las act. adm) y 2) al despacho 09001IC04196986M y sostiene que, respecto al DI 09001IC04185710S la diferencia a pagar es de u$s2.311,89 (ver fs.13 de las act. adm) y al DI 09001IC04185688J la diferencia a pagar es de u$s2.311,90 (ver fs.21 de las act. adm).
De la Nota referida resulta que los ajustes de valor efectuados por la Aduana, que dieron origen a los cargos VI 466/2014, VI 467/2014 y VI 468/2014, se basan en que “… no encontrándose operaciones de mercadería idéntica, se efectuó un análisis de otras operaciones de mercadería similar a fin de establecer el valor en aduana de la mercadería importada con arreglo a lo dispuesto en el art. 3 del precedentemente citado Acuerdo Internacional…”
La Aduana, en los tres informes presentados por el Jefe (Int) Sección Insumos Agropecuarios Div. Bienes intermedios y de Consumo y en el informe de fs. 49/53 de las act. adm. por el cual la misma área contesta la impugnación formulada por la actora (fs. 36/39 act. adm.), entiende que los ajustes son procedentes toda vez que en dichos informes sostuvo que: (...) “…esta instancia solicitó al importador documentación adicional respaldatoria de los valores documentados…”; “… se presentó un escrito ante esta Sección describiendo la operatoria de la empresa y acompañando solamente instrumentación bancaria (incompleta) …, resultando dicha documentación insuficiente a los fines de la determinación definitiva del valor en aduana de las mercaderías importadas, en los términos del Artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del G.A.T.T./OMC…”; “… no ha presentado ninguna información adicional respaldaría de los valores documentados, a esa del tiempo transcurrido y de las solicitudes cursadas por esta instancia” (…). A fs. 59 luce NOTA (DV IMGV) 440/2017 del 11.12.17, de donde surge que: “(...) Compartiendo el criterio vertido en el proyecto de resolución, se eleva para su consideración y eventual suscripción (…)”
Finalmente se dicta la Resolución aquí apelada y se confirman los cargos referidos en concepto de diferencia de tributos, con más intereses.
VII. Corresponde destacar que la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal se rige por el Acuerdo relativo de Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio del GATT de 1994, del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95), que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay, entre los cuales se encuentra el citado Acuerdo, relativo a la materia que aquí nos ocupa.
La valoración de mercaderías en Aduana debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en la normativa apuntada, vigente al tiempo de la importación de que se trata, que establece que el valor de transacción es la primera base para la determinación del valor en aduana, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas). El sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal (art. 1) y cuatro criterios secundarios, que deben aplicarse, en principio, sucesivamente, en el mismo orden en que se los enumera (con la salvedad de la posibilidad de invertir el orden de aplicación previsto con relación a los arts. 5 y 6).
En consecuencia, el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el art. 1, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación de dicho valor, considerado en conjunción con lo previsto en el art. 8 -ajustes del precio pagado o por pagar-. Recién cuando no pueda determinarse dicho valor conforme el art. 1 podrá recurrirse a las otras bases de valoración previstas en los artículos siguientes.
Entonces, de la lectura de las actuaciones administrativas, se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor; y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Tampoco se observa la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.
Efectuadas las aclaraciones que anteceden, puede afirmarse que el descarte del primer método de valoración -esto es, el rechazo del valor de transacción- se ha fundado en que los valores declarados se encuentran disminuidos frente a valores de transacción de mercaderías idénticas y/o similares contemporáneas a las operaciones de autos.
En lo que aquí interesa, el art. 2. dispone que: “a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. (...)”
El art. 3, establece que: “Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.”
Por otro lado, resulta pertinente destacar que el Comité Técnico, a través de la Opinión Consultiva 2.1, sostiene el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el art. 17 del Acuerdo”
Conforme la norma mencionada, sus disposiciones no pueden interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.
Se deduce de lo expuesto que las normas del Acuerdo establecen que, si la diferencia de precio se debe a que haya incumplido alguna de las condiciones del art. 1, no será aplicable el método del valor de transacción; igualmente si el motivo de la diferencia reside en que no se haya incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia del precio. Pero como ya se dijo, la diferencia que estima la Aduana en este caso es por otros motivos. Luego, si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos o similares.
Precisamente, para poder rechazarse el precio por “otros motivos” -ésta sí es la situación bajo examen-, es necesario que la aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto al del art. 1 del Acuerdo.
VIII. Aclarado lo expuesto, corresponde determinar si resulta ajustado a derecho los cargos formulados por la aduana. En primer término, la aplicación de los distintos métodos previstos en el Acuerdo debe efectuarse en forma cronológica y sucesiva.
Cabe destacar que el fisco presentó tres informes referidos a las destinaciones 09001IC04185688J, 09001IC4187710S y 09001IC04191037R, aquí en trato, y en ellos sólo se limitó a nombrar el único antecedente en el cuál basó sus argumentos para el ajuste de valor efectuado en los tres cargos imputados a la firma importadora.
Si bien dichos informes pudieron ser empleados como parámetro a fin de recabar información y determinar la inverosimilitud de los precios declarados por encontrarlos razonablemente disminuidos, dicha duda inicial debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los métodos utilizados no son arbitrarios.
Dicho esto, los antecedentes invocados por la Aduana no resultan suficientes para descartar el valor declarado. El servicio aduanero debió haber acompañado las carpetas de los DI en los que se funda para descartar el valor de transacción; no siendo suficiente, obviamente, acompañar un listado donde se indica el DI-.
La Aduana debió adjuntar la documentación pertinente para dar pleno cumplimiento a las condiciones exigidas en el art. 3 del Acuerdo, por cuanto si bien del listado obrante en sede aduanera se puede observar la P.A., valor unitario declarado y valor unitario determinado, del mismo no surge el monto FOB, la cantidad, el país de origen, el nivel comercial en que se pactaron las operaciones ni otros datos que son necesarios para efectuar una comparación válida.
Tampoco surge de los antecedentes invocados por la Aduana la descripción de la mercadería.
Tratándose de documentación en poder de la aduana -con la que se basó para efectuar el listado del antecedente para descartar el valor de transacción-, dicho organismo debió extremar los recaudos de la investigación.
Aun cuando de la comparación de mercadería idéntica y/o similar con las operaciones de marras pudiera surgir algún motivo de duda acerca de la veracidad de los valores declarados por la actora, se advierte que el servicio aduanero no realizó una investigación idónea que condujera a la conclusión de que la información aportada por la actora o los documentos por ella acompañados no resultan exactos o veraces.
En definitiva, la falta de fundamentación por parte de la Aduana de la adopción de los métodos alternativos de valoración demuestra que la sustitución del valor en aduana de la mercadería importada, resulta, en el caso, arbitraria. Dicho proceder resulta contradictorio con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia, (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente nº 10.318-A, sentencia de fecha 18/05/01, entre otros).
Asimismo, en esta instancia se abre la causa a prueba, la que obra agregada a los presentes actuados. Ella consistió en oficiar al servicio aduanero a los fines de requerirle que aporte la documental que se utilizó a los fines de formular los cargos por el estudio de valor realizado, toda vez que del análisis que pudiera caber al respecto de los precios declarados en las destinaciones se observa en las actuaciones que en ningún momento la Aduana glosó los despachos de importación tenidos en cuenta como antecedentes de valor. Véase que la única información sobre ellos yace en una brevísima descripción incorporada –por el propio servicio aduanero- en los informes técnicos (ver fs. 3/5, 11/13 y 19/21 de las act. adm.), en donde se indica mediante un cuadro la posesión arancelaria, el valor unitario declarado –u$s-, el valor unitario determinado -u$s- y el antecedente, sin acompañarse respaldo documental ni probatorio alguno.
Demás está decir que el hecho de no haber glosado al expediente los sobres contenedores de los despachos considerados como antecedentes impide a esta instancia todo tipo de análisis de los datos y elementos necesarios para determinar la procedencia o no del ajuste. En esta línea, los datos mencionados supra resultan ser básicos y mínimos. Sin perjuicio de ello, de la prueba producida en autos nótese que surge del expediente dos respuestas de la oficiada (fs. 55/153 y fs. 181/200). Ello toda vez que las destinaciones involucradas en la presente causa fueron tres - 09001IC04191064R, 09001IC04185710S y 09001IC04185688J- y fueron comparadas con destinaciones diferentes. La destinación 09001IC04191064R fue comparada con la destinación 09001IC04194727D, en la que la oficiada informó que “… la carpeta solicitada no se encuentra físicamente en el área ni tampoco fue digitalizada por parte del operador...” (fs. 198), lo que no aporta nada a la resolución del caso. Las otras dos destinaciones, fueron comparadas con la destinación 09001IC04196986M, en la que la oficiada informó que “… no se encuentra en el área operativa, sino en poder del declarante...” y acompaña copia digitalizada en los términos de la RG 2573 y modificatorias (fs. 148). Resulta del estudio de la destinación 09001IC04196986M que el servicio aduanero utilizó para comparar las destinaciones 09001IC04185710S y 09001IC04185688J una la posición arancelaria, que no es exacta sino similar y eso hace que el tipo de producto y la cantidad del mismo no sea comparable. Tratándose en un caso de fruta envasada y que el producto se identifica por unidad y el otro caso, de fruta en general y que la cantidad es medida en kilogramos, por lo que resultan de esas asimetrías los diferentes valores FOB declarados en una y otra operación. Ello, imposibilita considerarlos como antecedentes válidos a la luz del Acuerdo de Valoración para ajustar el valor de los despachos que motivaran la causa.
De todo lo expuesto se puede concluir que no existen, en el caso, circunstancias probadas que justifiquen descartar el valor de la mercadería declarada por la importadora, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como arbitrario e incierto; ello sin perjuicio de que las diferencias de valor imputadas no revisten una cuantía que permita, sin más, descartar como falso el valor de transacción declarado.
Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la recurrente y revocar la Resolución apelada, y, en consecuencia, los cargos números VI 466; 467 y 468/2014, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 76/2017 (DI VACD), recaída en las actuaciones administrativas 16596-182-2014, y, en consecuencia, revocar los cargos números VI 466; 467 y 468/2014.
2. Costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero en los sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Revocar la Resolución 76/2017 (DI VACD), recaída en las actuaciones administrativas 16596-182-2014, y, en consecuencia, revocar los cargos números VI 466; 467 y 468/2014.
2. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2025.10.22 13:38:25 ART Date: 2025.10.22 13:42:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.22 13:43:18 -03:00
Fin de la sentencia