Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-51698992-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 452/2020, dictada en el expediente SIGEA N° 12209-3979-2013, y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 2589/2018, formulado respecto de la destinación de importación N° 13 073 IC04 120272 Y.
2Imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad con lo previsto por el art. 1163 del Código Aduanero.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61880861-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Junio de 2026 INDUSTRIAL Y COMERCIAL Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “KODAK ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ RECURSO DE APELACIÓN” EX-2020-51698992- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a través de la RE-2020-51696826-APN-SGASAD#TFN se presenta, mediante apoderado, la firma importadora/exportadora KODAK ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 452/2020 de fecha 27/02/2020, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la DGA, en el expediente SIGEA N° 12209-3979-2013, mediante la cual se rechaza la impugnación articulada por la firma supra mencionada, y en consecuencia se confirma el Cargo N° 2589/2018 por su importe nominal más los intereses del art. 794 del C.A., debiendo aplicar para su liquidación las pautas establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12 y la I.G. N° 13/2016 (DG ADUA) punto “D”, esta última para el rubro Impuesto a las Ganancias (arts. 1053 inc. a) y ccdtes. del C.A.).
Explica, que mediante el despacho de importación 13 073 IC04 120272 Y el día 16 de julio 2013 documentó el ingreso de 6.630,600 kg de mercadería amparada por la PA 3215.11.00.900C y la PA 3215.19.00.911D. Que al momento de la oficialización, toda vez que el Certificado de Origen se encontraba en trámite, procedió a garantizar los importes correspondientes a la multa automática y a los derechos antidumping que pudieran corresponder, para el supuesto de no presentación del CO pertinente.
Indica que con fecha 26/08/2013 la actora presentó ante el servicio aduanero, en tiempo y forma, la digitalización del CO a través del Sistema “Web Service – Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización”- y agrega, que este CO amparaba totalmente la mercadería importada.
A pesar de ello, el 19/09/2018, fue notificada del Cargo 2589/2018 mediante el cual el servicio aduanero pretendía la ejecución de las garantías FCTX (Falta de certificado) y MUAU (Multa automática) por cuanto el organismo de control entendió que la recurrente omitió un requisito de carácter esencial a la hora de acreditar el origen de la mercadería, a saber, ratificar la digitalización efectuada en el sistema de depositario fiel. Manifiesta que en el mencionado cargo la Aduana reclama la suma de U$S 38.102,48 con más sus intereses, liquidados desde el momento de constitución de la garantía, lo cual resulta contrario a los lineamientos dispuestos por el art. 794 del C.A.
Invoca la improcedencia de la ejecución de la garantía motivo MUAU, en virtud que la apelante realizó la efectiva digitalización y ratificación del C.O. y de la garantía motivo FCTX supra aludidas, toda vez que KODAK S.A. cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos por la Resolución MEyOSP N° 763/96, entonces vigente, con relación a la validez del CO, a los fines de acreditar origen.
Aduce que, al confirmar el cargo y describir los motivos de su decisión, el servicio aduanero incorporó un extremo que con anterioridad no había mencionado, es decir expresó que “el C.O. con visado consular N°4526452 aportado por la importadora .. no resulta de aplicación toda vez que en el mismo no se expresa la siguiente información: teléfono/fax/correo electrónico del fabricante/producto final o exportador, conforme lo exige el art. 6° inc. a) de la Resolución 763/96..” Suma a su análisis, que el Fisco nada dice respecto de la multa automática ni en referencia a lo que considera una liquidación errónea, ya que fue hecha en dólares estadounidenses, como tampoco aclara la cuestión relativa a los intereses.
Fundamenta asimismo sus agravios en la invalidez de la Resolución aduanera como acto administrativo, ya que para que los cargos aduaneros sean considerados válidos y conforme a derecho, deben respetar determinados principios, uno de ellos el de “congruencia”.
Sostiene que esto fue vulnerado, en vista del contraste entre el cargo inicial formulado por el servicio aduanero, notificado el 19/09/2018 y la Resolución final dictada y notificada el 29/05/2020.
El cargo 2589/2018 sostenía que: “Atento que el informe producido por la SECC. OPERATIVA Y REGISTRAL ... establece que el C.O. del D.I. 13 073 IC04 120272 Y deberá cumplimentar la correspondiente ratificación de la digitalización efectuada en el sistema depositario fiel, .. corresponde la ejecución de la garantía motivo FCTX y MUAU, según Resolución Gral. 2987/20, art. 10”
Plantea que, para sorpresa de la apelante, la Aduana decidió rechazar la impugnación, confirmar el cargo inicial, pero argumentando que “el C.O. con visado consular N°4526452 aportado por la importadora ... no resulta de aplicación toda vez que en el mismo no se expresa la siguiente información: teléfono/fax/correo electrónico del fabricante/producto final o exportador, conforme lo exige el art. 6° inc. a) de la Resolución 763/96..” Argumenta que la decisión de la DGA resulta de un rigorismo formal, sin entidad suficiente para invalidar el CO presentado, dejándola en un estado de indefensión inadmisible.
Reitera que la importadora cumplió acabadamente con la RG AFIP 2987/2010, no correspondiendo la aplicación de una multa; que presentó el C.O. dentro del plazo correspondiente, a saber el día 26/08/2013 y la oficialización del Despacho de Importación data del 16/07/2013, remarcando que la presentación fue efectuada dentro del término de validez, en tiempo y forma, lo que se desprende del acuse de recibo emitido por la Administración Federal según copia asociada a la destinación N° 13 073 IC04 120272 Y.
Resalta que el CO también fue emitido en observancia de las exigencias formales pautadas en el art. 6° de la Resolución MEyOSP N° 763/96, que transcribe.
Expresa que por todo lo reseñado se impone la revisión de la liquidación de la multa, es decir de los criterios aplicados para su cálculo.
Insiste en sobre la improcedencia de aplicación de los intereses y que, en caso que se entienda que corresponde proceder a la ejecución de la garantía FCTX, se impone una reliquidación de los mismos, por cuanto el servicio aduanero efectuó una liquidación de intereses resarcitorios sobre el importe de los tributos y desde la fecha de constitución de la garantía, en lugar de hacerlo desde la oportunidad dispuesta en el art. 794 del C.A. que prevé que los intereses resarcitorios se devengan una vez vencido el plazo de diez (10) días contados desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, advirtiendo que el servicio aduanero en cambio, considera que el cómputo de estos accesorios, comienza a correr, con anterioridad a la notificación del cargo porque al haber una “espera” otorgada por la DGA para el pago de tributos, esto autorizaría a reclamar intereses desde el vencimiento de dicho plazo de espera y no desde la notificación de la liquidación tributaria y acusa que esta es una pretensión del servicio aduanero ilegítima.
En subsidio plantea que se declare improcedente el reclamo de los anticipos IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Cita el criterio que sobre este punto se desprende del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cladd” en tanto señaló que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de estas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario … ”
Ofrece prueba, reserva caso federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Con fecha 06/10/2020, mediante IF-2020-67056262-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el recurso de apelación y acompaña las actuaciones administrativas N° 12209-3979-2013, correspondientes a estos autos.
Cumpliendo el imperativo procesal, la Aduana niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y copias que contiene el escrito en traslado, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En relación a los hechos de la causa en primer término alega, que de lo que se trata en el presente caso es que a la luz de la Resolución AFIP 2987/10 y de las Resoluciones 763/1996 y 381/1996 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el servicio aduanero consideró que el Certificado de Origen acompañado por la recurrente no cumplía con los requisitos previstos en las mentadas resoluciones.
Refiere a la Nota N° 7100/18 (SE OPRE) de fecha 07/09/2018 en la que la Sección Operativa y Registral (DI ADEZ) refuta la postura de la actora basándose en las previsiones del art. 10° de la Resolución General AFIP N° 2987/2010, normativa aplicable en el marco de las Resoluciones 763/1996 y 381/1996 (MEYOSP)
Suma a lo indicado, que el día 30 de octubre de 2019, a través de la Nota N° 319/2019 (RB CFSZ) la sección antes citada, indica que el C.O. con visado consular N° 4526452 no resulta de aplicación, por la falta de información exigida en el art. 6 inc. a) de la Resolución MEyOSP N° 763/96.
Sostiene que la apelante intenta desconocer la normativa vigente y que en su descargo efectúa una exposición conveniente de los hechos que no desvirtúa las conclusiones a las que arribaran los diferentes sectores técnicos aduaneros.
Afirma que le corresponde a la importadora el cumplimiento de todos los requisitos que establece la normativa aplicable en su conjunto y por ello, debe responder por aquellos vicios detectados por el Servicio Aduanero en el marco del control documental realizado sobre la destinación de marras.
Insiste que debe recordarse lo expresado en el art. 2° de la Res. Gral. AFIP 2987/2010, como así también lo previsto en el considerando de la Resolución MEyOSP N° 763/96. Menciona, asimismo, lo indicado en el art. 6° de la Resolución MEYOSP 381/96 y a su vez la Resolución N° 78/87, sobre el plazo de validez de 180 días del CO, que se cuentan a partir de la fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país exportador. Manifiesta que esto último fue refrendado por la Sala 2° de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el fallo “Mercedes Benz Argentina S.A.” del 07/04/98 en tanto afirmó, sobre la exigencia del plazo de 180 días establecido en la mencionada Resolución Nro. 78/87: “no puede ser obviar, porque el plazo de vigencia del documento se vincula directamente con la aptitud del certificado para que la mercadería puede beneficiarse con los tratamientos preferenciales pactados por los participantes (cfr. art. 7° de la Resolución 78/87, del Comité de Representantes de la ALADI”.
Una interpretación contraria implicaría desnaturalizar por completo el funcionamiento de la propia preferencia arancelaria, ya que esta se concedería en forma indiscriminada y sin tener en cuenta el fundamento que la nutre que es el origen de la mercadería fehacientemente acreditado, de modo tal que la excepción que constituye dicha preferencia terminaría siendo la regla.
Finalmente, y en relación al planteo efectuado por la contraria respecto a la tasa de interés aplicable, sostiene que cabe remitirse a lo que establece el Código Aduanero en relación a los intereses en los procedimientos de impugnación.
Acompaña las actuaciones administrativas. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme en un todo la resolución aduanera objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que con fecha 13/10/2020, mediante PV-2020-68762279-APN-VOCXV#TFN, se tuvo por contestado el recurso y se dio vista a la parte actora de las actuaciones administrativas digitalizadas acompañadas por la demandada.
Con fecha 12/06/2026, a través de la PV-2026-58799169-APN-VOCXV#TFN elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. Y el mismo día, mediante IF-2026-58865130-APN-VOCXV#TFN, se llamaron autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12209-3979-2013 se inician a fs. 1/4 con el formulario del DI N° 13 073 IC04 120272 Y, la impresión de pantalla de las garantías constituidas en el marco de la destinación de referencia motivos FCTX y MUAU y la Nota N° 7100/2018 (SE OPRE) de fecha 7 de septiembre de 2018, en donde se ordena la remisión de las actuaciones a la Sección Recaudación a efectos de ejecutar las garantías FCTX y MUAU, constituidas bajo seguro de caución, en virtud de no haberse cumplimentado con lo normado en la Res. Gral. AFIP 2987/10 que establece que se debe cumplir con la correspondiente ratificación de la digitalización efectuada en el sistema de depositario fiel, correspondiente al despacho de importación en análisis.
A fs. 6 consta la liquidación del cargo formulado a la firma en trato. A fs. 14/20, la empresa importadora impugna el cargo impuesto. A fs. 27/28, obra una copia del Certificado de Origen en cuestión. A fs. 39, se tuvo por presentada a la recurrente, por parte, constituido el domicilio y por deducida la impugnación dentro del plazo legal, en los términos del art. 1053 inc. a) y ccdtes. Del Código Aduanero. A fs. 42, se da intervención a la Sección Ramo “B” – División Control y Fiscalización Simultánea (DI ADEZ), para que informe si el CO aportado por la firma importadora, resulta de aplicación y ampara la mercadería ingresada mediante el DI N° 13 073 IC04 120272 Y. A fs. 43 se expide el área indicada en el párrafo precedente, mediante Nota N° 319/2019 (RB CFSZ) indicando que “el C.O. con visado consular N° 4526452 aportado .. no resulta de aplicación, toda vez que en el mismo no se expresa la siguiente información: teléfono/fax/correo electrónico del fabricante, productor final o exportador, conforme lo exige el art. 6° inc. a) de la Resolución 763/96..” A fs. 45/45 vta., luce glosada la Resolución Nro. 452/2020, dictada el día 27 de febrero de 2020 que rechazó la impugnación articulada por la firma supra mencionada y confirmó el Cargo N° 2589/2018, por su importe nominal, más los intereses del art. 794 del C.A., debiendo aplicar para su liquidación las pautas establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12 y la I.G.
N° 13/2016 (DG ADUA) punto “D”, esta última para el rubro Impuesto a las Ganancias (arts. 1053 inc. a) y ccdtes. del C.A.). A fs. 46 consta cédula de notificación dirigida a la apelante, donde constan notificación a la apelante del fallo aduanero de fecha 29/05/2020 y a fs. 47/53, obra agregado escrito de la actora, informe y Formulario F4, que da cuenta de la interposición del recurso de apelación por ante este Tribunal Fiscal de la Nación por parte de la actora.
V. Que corresponde tratar la cuestión de fondo, esto es, si resultó ajustada a derecho la confirmación del Cargo N° 2589/2018, formulado respecto de la destinación de importación N° 13 073 IC04 120272 Y. Tal como surge de su liquidación, dicho cargo tiene naturaleza exclusivamente tributaria -concepto “gravámenes”- y comprende los rubros derechos (antidumping), tasa de estadística, IVA e impuesto a las ganancias, hallándose vinculado a la garantía constituida por el motivo FCTX con sustento en el certificado de origen (ver fs. 6 de las actuaciones administrativas).
Que, en cambio, la multa automática a que alude la apelante (garantía constituida por el motivo MUAU, en efectivo, por la suma de U$S 191,95) no integra el Cargo N° 2589/2018 ni la Resolución DE PRLA N° 452/2020 aquí apelada, que se pronunció únicamente sobre el reclamo tributario. Se trata de una garantía autónoma, ajena al acto recurrido en estos autos. En consecuencia, el agravio de la actora referido a dicha multa -y a su liquidaciónexcede el objeto del presente recurso y no corresponde su tratamiento en esta causa, sin perjuicio de los derechos que la interesada pueda ejercer respecto de esa garantía por la vía que corresponda.
Que, a fin de delimitar correctamente el marco normativo aplicable, debe precisarse que las mercaderías de las posiciones arancelarias 3215.11.00.900C y 3215.19.00.911D se hallaban sujetas a la exigencia de certificado de origen en el marco del régimen de control de origen no preferencial reglado por las Resoluciones (ex MEyOSP) Nros. 763/96 y 381/96, dictadas en los términos del Acuerdo sobre Normas de Origen del GATT de 1994 (Ley N° 24.425), como consecuencia de la medida antidumping que recaía sobre las mercaderías de dichas posiciones originarias de la República Federativa del Brasil (conf. Resolución N° 219/2009 de la ex SICPyME). En ese marco se instruyó a la Dirección General de Aduanas a exigir el certificado de origen de todas las operaciones de importación de esa mercadería, cualquiera fuera el origen declarado, precisamente a fin de determinar si quedaban o no alcanzadas por la medida. De ello se sigue que el certificado de origen cumplía aquí la función sustancial de acreditar el origen de la mercadería a efectos de definir su sujeción -o exclusión- respecto de los derechos antidumping, conforme el régimen del art. 2°, inc. b), de la Resolución (ex MEyOSP) N° 763/96.
VI. Que corresponde señalar que la medida antidumping invocada como causa del reclamo tenía por presupuesto que la mercadería fuera originaria de la República Federativa del Brasil. En efecto, la investigación dispuesta por la Resolución (ex SICPyME) N° 219/2009 se refería a la mercadería de la posición arancelaria en trato originaria de dicho país, e instruyó a la Dirección General de Aduanas a exigir el certificado de origen de todas las operaciones de importación de esa mercadería, cualquiera fuera el origen declarado, precisamente a fin de determinar si quedaban o no alcanzadas por la medida.
Que, examinada la documentación de la causa, surge de modo coincidente que la mercadería amparada por la destinación N° 13 073 IC04 120272 Y era originaria y procedente de los Estados Unidos de América. Así lo consigna expresamente el despacho de importación, que declara como país de origen y país de procedencia a los Estados Unidos; el certificado de origen acompañado, emitido en la ciudad de Rochester, Estado de Nueva York, por la Greater Rochester Chamber of Commerce, que certifica que la mercadería es producto de los Estados Unidos de América (point and country of origin: Columbus, Georgia; origin of goods: USA); y la legalización consular de dicho certificado por el Consulado General de la República Argentina en Nueva York. La circunstancia de que el medio de transporte aéreo registrara bandera brasileña carece de toda incidencia, en tanto la bandera del transportista no se confunde con el origen ni con la procedencia de la mercadería, únicos extremos relevantes a los fines del tributo.
Que, siendo ello así, la mercadería de autos no se encontraba alcanzada por la medida antidumping, en tanto esta comprendía únicamente a la de origen brasileño, mientras que el origen estadounidense se halla documentalmente acreditado y no fue desvirtuado por el servicio aduanero, que se limitó a objetar la ausencia de ciertos datos de contacto en el certificado, sin poner en tela de juicio el origen allí declarado ni producir investigación alguna que acreditara un origen distinto. En consecuencia, los derechos antidumping -y las percepciones que los acompañanresultan improcedentes por esta sola razón, con independencia de las observaciones formales formuladas respecto del certificado de origen, deviniendo en rigor irrelevante el análisis de su validez formal a los fines de la suerte del cargo. Idéntico criterio sostuvo esta Sala, mutatis mutandis, en un supuesto de divergencia de origen análogo, al revocar la imposición de derechos antidumping fundada en un origen no acreditado por la Aduana (“ELDEN S.A. (ex PERCOMIN I.C.S.A.) c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. N° 40.008-A, Sala “E”, sentencia del 30/05/2024).
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, cabe analizar el motivo en que la resolución apelada fundó la inaplicabilidad del certificado de origen con visado consular N° 4526452, esto es, la falta de consignación de teléfono, fax o correo electrónico del fabricante, productor final o exportador, conforme lo exigido por el art. 6°, inc. a), de la Resolución (ex MEyOSP) N° 763/96.
Que la mera constatación de un defecto formal del certificado de origen no autoriza, de modo directo y sin la debida investigación del origen, a desconocerlo y a ejecutar la garantía. En efecto, ante la presentación de un certificado con defectos formales, el art. 17 in fine de la Resolución (ex MEyOSP) N° 763/96 dispone que, en el marco de la sustanciación del sumario, “se practicarán las investigaciones destinadas a verificar el origen de las mercaderías a través de las consultas previstas en el segundo párrafo del Artículo 20 de la presente”; y el art. 20, segundo párrafo, prevé que tales consultas se canalicen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe destacar que la propia mecánica de verificación no exige el contacto directo del servicio aduanero con el fabricante o exportador, sino que se sustancia por vía institucional ante el organismo certificante o el consulado interviniente.
De allí que la deficiencia que la Aduana imputó al certificado -la ausencia de teléfono, fax o correo electrónico del fabricante, productor final o exportador, conforme el art. 6°, inc. a)- no obstaba en modo alguno a esa verificación: el organismo certificante (la Greater Rochester Chamber of Commerce) y el consulado interviniente (el Consulado General de la República Argentina en Nueva York, que legalizó el documento) se encontraban plenamente identificados en el propio certificado, de manera que el dato de contacto faltante resultaba, en el caso, irrelevante para activar las consultas que la norma impone. El noveno párrafo de los considerandos de la propia resolución confirma que el procedimiento allí reglado rige cuando los certificados de origen se presentan incumpliendo las formalidades establecidas al efecto, de modo que la expresión “falta de presentación en forma” comprende al certificado presentado defectuosamente, y no solo a su ausencia.
Que, en el caso, no surge de las actuaciones que la Aduana hubiera canalizado consulta o verificación alguna -por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores u otra- ante el organismo certificante o el consulado interviniente, ambos identificados en el certificado, ni que se hubiera producido informe que desacreditara la entidad emisora, la firma certificante, la legalización consular o el origen declarado de la mercadería. La resolución apelada tampoco demuestra que el origen declarado -Estados Unidos- fuera falso, inexacto o no verificable: se limita a sostener que el documento no resultaba aplicable por la ausencia de determinados datos de contacto del fabricante o exportador, sin explicar por qué esa omisión formal -que, como se vio, no impedía la verificación por las vías institucionales previstas- obstaba a tener por acreditado el origen, ni por qué resultaba procedente ejecutar la garantía por la totalidad de los conceptos reclamados.
Que, en tales condiciones, la ejecución de la garantía motivo FCTX y la confirmación del cargo aparecen insuficientemente fundadas. La existencia de un certificado de origen acompañado y digitalizado, sumada a la ausencia de actividad administrativa dirigida a verificar o desvirtuar su autenticidad, entidad certificante u origen declarado, impide tener por configurado el presupuesto necesario para confirmar el cargo impugnado. Que, atento al modo en que se resuelve, deviene inoficioso expedirse sobre los restantes agravios vinculados con los intereses liquidados (art. 794 del Código Aduanero) y con la procedencia de las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias -incluido el planteo fundado en el precedente “Cladd” de la Corte Suprema-, en tanto se encuentran comprendidos en el cargo cuya revocación se propicia y, por ende, devienen abstractos.
VIII. Que, en atención a que se propicia la revocación de la Resolución DE PRLA N° 452/2020 y del Cargo N° 2589/2018, corresponde imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota previsto en el art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 452/2020, dictada en el expediente SIGEA N° 12209-3979-2013, y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 2589/2018, formulado respecto de la destinación de importación N° 13 073 IC04 120272 Y.
2. Imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad con lo previsto por el art. 1163 del Código Aduanero.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 452/2020, dictada en el expediente SIGEA N° 12209-3979-2013, y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 2589/2018, formulado respecto de la destinación de importación N° 13 073 IC04 120272 Y.
2. Imponer las costas a la demandada vencida, de conformidad con lo previsto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación– cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.06.22 18:13:41 ART Date: 2026.06.23 14:43:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.23 14:44:49 -03:00
Fin de la sentencia