Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 24551-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar parcialmente la sentencia apelada, disponiendo que sea la actora vencida quien cargue con las costas de la instancia precedente, así como también con los de la apelación ante esta instancia (arts. 1163, CA y 68, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 69221/2022 KODAK ARGENTINA SA (TF 24551-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que mediante el pronunciamiento del 30 de junio de 2022 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar el recurso deducido por la firma actora contra la Resolución DE PRLA Nº 7970, dictada el 2/11/2007, en el marco de las Actuaciones Nº 12043-74- 2005. Por aquel acto el servicio aduanero había confirmado el cargo nº 626/03 formulado con relación al despacho de importación nº 02 073 IC04 036 080 P, disponiendo el embargo de las mercaderías suficientes para cubrir la sumas de $15.905,26, con más los intereses hasta el efectivo pago y disponiendo la suspensión del despachante interviniente, con fundamento en la falta de conformación del certificado de origen correspondiente a la destinación mencionada, por no ajustarse aquel a lo dispuesto en la Directiva 04/00 (CCM), Anexo II, b), c) y d). Distribuyó las costas de aquella instancia por su orden, en atención a la complejidad del asunto tratado (arts. 1143, 1163 in fine, CA y art 68 in fine, CPCCN).
Para decidir del modo en el que lo hizo, el a quo valoró fundamentalmente que la controversia de autos radicaba en determinar si la información contenida en el ítem 10 del certificado de origen presentado por la actora era de aquella susceptible de ser rectificada o si, al contrario, ella formaba parte de la considerada esencial o validante para que el certificado no surtiera los efectos queridos por el ordenamiento (i.e., el reconocimiento del carácter intrazona de la importación y la aplicación del arancel correspondiente). Recordó en ese sentido que el Régimen General de Origen del MERCOSUR se encuentra contenido en el Anexo II del ACE 18, que establece las condiciones para la declaración, certificación y comprobación del origen para el comercio intrazona, con el objetivo de comprobar el origen de las mercaderías, a fin de demostrar el cumplimiento de las condiciones de producción que debe tener un producto para poder acceder a los beneficios que surgen de su articulado. Agregó que las pautas generales previstas en ese Anexo II del Tratado de Asunción fueron luego complementadas por la Directiva 04/00 de la Comisión de Comercio del Mercosur, de carácter obligatorio para los signatarios del acuerdo, y cuyo análisis resultaba dirimente para la contienda. El inciso 10 del apartado D de aquella Directiva –continuódispone que en el campo 10 relativo a la denominación de la mercadería esta debe ser descripta de acuerdo a los términos de la NCM, pero sin que ello implique exigir el ajuste estricto a dichos textos; de manera que la descripción de la factura comercial deberá corresponderse, en términos generales, con esa denominación. Además, se establece que el CO podrá contener la descripción usual de la mercadería. Sin embargo –entendió el a quo- en el caso la discrepancia no es de este tipo, sino que la posición arancelaria indicada en el CO difiere de las denunciadas en la factura y en el despacho de importación.
Al mismo tiempo, el inc. 11 del apartado D establece que los errores formales en la confección del CO –por ejemplo, el caso de inversión en el número de facturas, o en fechas, errónea mención del nombre o domicilio del importador, etc.- no justifican la demora en el despacho de la mercadería, y de acuerdo al 2º párrafo de aquella norma “se considerarán errores formales todos aquellos que no modifican la calificación de origen de la mercadería”. No obstante, a criterio del Tribunal Fiscal no correspondía aplicar el procedimiento contemplado en aquella previsión dado que la diferencia de las posiciones arancelarias expuesta en este caso no puede considerarse un error formal, puesto que dentro de estos se encuentran los errores fácilmente comprobables, como los ortográficos o numéricos en relación con nombres, fechas y otras operaciones aritméticas. Añadió que la enmienda de esas equivocaciones debe admitirse sólo restrictivamente y que los errores no pueden nunca recaer sobre el contenido sustantivo del documento, lo cual acontece cuando se pretende modificar el ítem arancelario y su descripción en el CO. Por esa razón –concluye- es que el inciso 12 del apartado D de la Directiva establece que no se aceptarán Certificados de Origen que merezcan observaciones diferentes a las descriptas en el numeral 11.
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Por ello, subrayó que la concordancia entre la información contenida en el CO y la demás presentada en el despacho de importación es esencial para el desarrollo de la actividad aduanera, salvo aquellas excepciones previstas en la normativa vigente (inc. 11, sección D, Directiva 04/00 CCM). Siendo el Certificado de Origen el que sustenta la utilización de las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo de comercio, un error de esta índole le hace perder el efecto para el fin que fue creado.
En síntesis –explicó- para que la importación de las mercaderías originarias de los Estados Partes del MERCOSUR pueda beneficiarse con las reducciones de gravámenes y restricciones otorgadas recíprocamente al interior del mercado común, en la documentación correspondiente debe figurar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen, requisito que no cumple el CO acompañado por la actora.
II. Que contra el pronunciamiento reseñado en el primer considerando, el 11/07/2022 el Fisco interpuso recurso de apelación y expresó sus agravios –que no fueron replicados por la contraria. En el escrito recursivo cuestiona la decisión sobre las costas. Explica que fue la actora quien dio origen al contradictorio con su planteo y que, más allá de la cita normativa, el a quo no dio verdaderas razones para apartarse del principio objetivo de la derrota. Solicita, por eso, que se revoque en este punto el pronunciamiento y se haga cargar a la actora con las costas del recurso.
III. Que la naturaleza de la discusión ventilada en la instancia precedente, así como –en el mismo sentido- la extensión del análisis realizado en el pronunciamiento apelado, llevan a acoger el planteo de la demandada, toda vez que la actora resultó vencida y no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (arts. 1163, CA y 68, CPCCN).
IV. Que, por idénticas razones, corresponde también a la actora cargar con las costas del recurso ante esta instancia (art. 68, 1º parte, CPCCN).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar parcialmente la sentencia apelada, disponiendo que sea la actora vencida quien cargue con las costas de la instancia precedente, así como también con los de la apelación ante esta instancia (arts. 1163, CA y 68, CPCCN).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY
Fin de la sentencia