Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 43.937-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la defensa de nulidad impetrada, con costas 2) Revocar las resoluciones dictadas en el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales con relación a la Sra. Rosa Gladys Rejtman y confirmar parcialmente, con los alcances del considerando VII del voto del Vocal Instructor, las resoluciones emitidas en ambos impuestos con respecto de los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn.
3Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
4Confirmar los intereses resarcitorios intimados en la proporción correspondiente.
5Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-55465329-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Junio de 2022 “KOHN JOAQUIN ISIDORO s/recurso de apelación " - VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 43.937-I (y acumul. N° 43.961-I, 43.952-I, 43.957-I, 43.944-I y 43.948-I), caratulado “KOHN JOAQUIN ISIDORO s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales” El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 55/72 y 796/809 Joaquín Isidoro Kohn interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 33/2015 (DV RRTU) y N° 34/2015 (DV RRTU), ambas de fecha 22 de junio de 2015 dictadas por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
Que a fs. 633/649 y 1164/1185 Eduardo Jaime Kohn interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 49/2015 (DV RRTU) y N° 50/2015 (DV RRTU), ambas de fecha 24 de junio de 2015 dictadas por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
Que a fs. 1603/1620 y 2034/2050 Rosa Gladys Rejtman interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 55/2015 (DV RRTU) y N° 56/2015 (DV RRTU), ambas de fecha 24 de junio de 2015 dictadas por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
Oponen la prescripción al alegar que la suspensión general dispuesta por las leyes Nros. 26.476 y 26.860 no resultan de aplicación a los contribuyentes que no se acogieron a los beneficios otorgados por dichas normas. Además rechazan la aplicación de las causales suspensivas previstas en el inc. a) del art. 65 y en el art. agregado a continuación del mismo de la ley de rito fiscal.
Plantean la nulidad de los actos recurridos con fundamento en la falta de emisión de una Orden de Intervención, al no tener conocimiento que se encontraban bajo una fiscalización electrónica ya que solo se les cursó un requerimiento de información, lo que vulnera el derecho de defensa.
Afirman que tampoco se reúnen los requisitos del art. 7 de la ley N° 19.549 al no basarse en los hechos y antecedentes de la causa y en el derecho aplicable debido a que no se menciona cual es la entidad financiera suiza, ni el número de cuenta involucrado, ni el saldo o porque se les atribuyó la titularidad de las cuentas bancarias.
Se agravian de que en las actuaciones no haya constancia de la entrega y recepción del disco compacto que sirvió para sostener el reclamo fiscal, al que nunca tuvieron acceso, por lo que consideran que la contestación de la vista no implicó un verdadero acto de defensa al no haber tenido acceso a este probanza.
Afirman que no era aplicable el Convenio para evitar la doble imposición con Francia para intercambiar información respecto de un sujeto no residente en Francia (HSBC Private Bank Suiza) sobre sujetos ajenos a la jurisdicción de la Administración Tributaria Francesa, a lo que agregan que además las autoridades francesas no certificaron que la información era correcta.
Apuntan que el procedimiento de recolección de los datos fue ilegal al haberse excedido el marco territorial y subjetivo del Convenio, sumado a que previamente la prueba fue obtenida de manera ilícita por un empleado del HSBC, por lo que resulta de aplicación la doctrina del fruto del árbol venenoso.
En subsidio, señalan que resulta irrazonable que el ente fiscal haya atribuido el 100% del saldo de una misma cuenta a varias personas, cuando Jaime Eduardo Kohn reconoció la titularidad de la cuenta N° 10299EK y Joaquín Isidoro Kohn la de la N° 10250AV y los fondos depositados en cada una de ellas.
Que además, cuestionan la liquidación al haberse determinado en forma incorrecta la base imponible presuntamente omitida.
Por último ofrecen prueba documental, informativa y testimonial y por los argumentos que desarrollan piden que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hacen reserva del caso federal.
II. Que a fs. 327/352vta., 663/691, 824/852, 1198/1224, 1635/1659 y 8066/2092vta. el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Explica que se constató que los recurrentes omitieron consignar en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales el saldo de sus cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la Confederación Suiza, dejando de ingresar los gravámenes en su justa medida.
Rechaza los planteos de prescripción al argumentar que rigen los arts. 56 y siguientes de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) como así también lo establecido por el art. agregado a cont. del art. 65 de la mencionada ley. En cuanto a las suspensiones dispuestas por las leyes N° 26.476 y 26.860 afirma que resultan improcedentes los argumentos esgrimidos ya que la prórroga del plazo de prescripción apunta a la salvaguarda del acervo fiscal. Pone de resalto que las resoluciones apeladas fueron dictadas en conformidad con las normas procedimentales contenidas en la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), ya que de su simple lectura se desprenden los elementos que se tuvieron en cuenta para su dictado, sin que se haya afectado el derecho de defensa.
En cuanto al cuestionamiento de la fiscalización electrónica resalta que la ley de rito fiscal no impone formas solemnes ni requisitos expresos para dar inicio a una fiscalización, al tratarse de un procedimiento enmarcado dentro de las amplias facultades que tiene el organismo fiscal.
Expone que los cargos formulados reconocen origen en la información obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276, referida a cuentas bancarias en entidades financieras de la Confederación Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos.
Advierte que los ajustes no se sustentan en las disposiciones del citado convenio, sino en las previsiones de la ley de procedimiento fiscal, sin que haya inconveniente alguno en obtener información al amparo del convenio, al autorizarlo su art. 27.
En cuanto a la “teoría del fruto del árbol envenenado” señala que la información fue obtenida por el gobierno francés en un allanamiento regularmente efectuado, y luego proporcionada al organismo fiscal argentino, sin que sea necesaria certificación o legalización alguna al haber sido emitida por la autoridad competente francesa, ni traducción al comprender básicamente datos personales.
Explica que el Administrador Federal de Ingresos Público recibió de la Administración Francesa información en soporte magnético en la que constaba que los recurrentes poseían cuentas bancarias no declaradas, cuyo saldo fue considerado como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento fiscal.
Concluye en que los elementos probatorios reunidos resultan suficientes para relacionar el total de las acreditaciones de las cuentas bancarias con los recurrentes al no haber acompañado probanzas que sustenten sus dichos.
Sobre los intereses resarcitorios, pide que sean confirmados debido a que fueron liquidados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, sin que hayan esgrimido agravios al respecto.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 700 se acumuló la causa N° 43.961-I a la N° 43.937-I y luego a fs. 1248/1248vta. se dispuso acumular los Exptes. N° 43.952-I y 43.957-I al presente.
Que a fs. 1284 se abrió la causa a prueba y se hizo lugar a la prueba informativa.
Que a fs. 2183 se acumuló el Expte. N° 43.948-I al N° 43.944-I y a fs. 2200/2202 se dictó sentencia rechazando la excepción de prescripción opuesta por los recurrentes, con costas.
Finalmente a fs. 2211/2212vta. la causa N° 43.944-I (y su acumulado N° 43.948-I) se acumuló a la N° 43.937-I, por lo que a fs. 2239 se reordenó el trámite de la causa y se admitió la prueba informativa. Ello así, a fs. 2345 se declaró cerrado el período de instrucción, sin que los exhortos librados hayan sido respondidos. A fs. 2348 se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y mediante IF- 2022- 48177817-APN- VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que en primer término cabe tener en cuenta que los recurrentes Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn oponen la excepción de prescripción de las potestades del ente fiscal para determinar el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006.
Que teniendo en cuenta que los fundamentos esgrimidos resultan ser los mismos que fueron objeto de pronunciamiento a fs. 2200/2202 en la causa N° 43.948-I (y su acumulado N°43.944-I), corresponde estar a lo allí decidido y en consecuencia rechazar la excepción de prescripción articulada en los Exptes. Nros. 43.937-I, 43.961-I, 43.952-I y 43.957-I.
V. Que cabe resolver la defensa de nulidad opuesta con sustento en la existencia de vicios en el procedimiento, mientras que por otro lado niegan valor probatorio a la información que deriva de una entidad bancaria de Suiza, a partir de la información brindada por la República de Francia, sobre la que se sustentan las determinaciones, al cuestionar el procedimiento seguido para su obtención e incorporación a las actuaciones.
Que no puede pasarse por alto que los argumentos esgrimidos como base de tal defensa se entremezclan con la cuestión de fondo traída a resolver, a lo que cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970). Que sobre la falta de comunicación de la Orden de Intervención cabe recordar que al momento de emisión de los actos recurridos la ley de procedimiento fiscal ni su decreto preveían la notificación de la misma, ni tampoco se establecían las formalidades que debían reunir, lo cual fue recién incorporado con la reforma producida por la ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017). A mayor abundamiento cabe agregar que las fiscalizaciones electrónicas se desarrollaron en conformidad con lo dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3416/2012 y luego se iniciaron los respectivos procedimientos de determinación de oficio, en el cual los recurrentes presentaron sus descargos en resguardo de su derecho de defensa.
En cuanto a los restantes planteos nulificantes corresponde tener en cuenta que las fiscalizaciones electrónicas N° 2299188, 2299189 y 2303484 tienen origen en la información sobre cuentas bancarias en entidades financieras de la Confederación Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos que fue proporcionada en soporte magnético (CD) por la Administración Francesa al Administrador Federal de Ingresos Públicos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276.
Que en el art. 2 del Convenio se dispone su aplicación a los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio exigibles por un Estado, especificándose en el apartado 3 que para la República Argentina entre los tributos alcanzados se encuentran los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales (texto según Protocolo Modificado, ley N° 26.276 -B.O. 13/08/07-).
Por su parte en su art. 27 se estableció que “las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a lo impuestos comprendidos por el convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y solo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes competa el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades solo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales”. Que de la citada norma queda evidenciado que ambos Estados deben brindarse asistencia mutua en materia de intercambio de información y de ningún modo impide que uno de los Estados voluntariamente suministre al otro datos referidos a los impuestos previstos en el Convenio.
Que en la actualización aprobada por el Consejo de la OCDE al art. 26 del Modelo de Convenio al pronunciarse sobre el “intercambio de información” entre países contratantes se indicó que los datos en materia tributaria podían ser utilizados para otros propósitos cuando así lo permitan las leyes de ambos Estados y la autoridad competente del país que la haya suministrado lo autorice, aclarando que los Estados no tienen la libertad de participar en “expediciones de pesca”, pero si se puso de relevancia que la norma exige que exista una posibilidad razonable de que la información sea relevante para los asuntos fiscales de uno o varios contribuyentes debidamente identificados. Además, de los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE surge que la regla del art. 26 del citado permite el intercambio de información a través de una solicitud previa, de manera automática y de forma espontánea, permitiendo que el Estado informante brinde los datos que fueron obtenidos en el curso de determinada investigación y que él supone que ofrecen interés para el otro Estado. Que dicha norma en su apartado 2 prevé que la información puede comunicarse a las autoridades competentes en materia de recaudación, y en este caso ha sido proporcionada al Administrador Federal de Ingresos Públicos. Por otro lado de los arts. 1 y 3 del citado Convenio se desprende que el mismo se aplica a personas físicas, sociedades y toda otra agrupación de personas que sean residentes de uno o de ambos Estados, entendiéndose por “residente de un Estado" a "toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición de él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga” (conf. art. 4).
Que de lo expuesto se desprende que el intercambio de información se ajusta a las previsiones del tratado internacional en cuestión, en tanto la aprobación o intervención de las autoridades de la Confederación Suiza no puede plantearse como un requisito necesario para que el intercambio se hubiere realizado, ni se advierte violación alguna a la regla “pacta sunt servanda” a tenor de lo precisado en el Convenio que se ha venido analizando.
Que tampoco puede prosperar la teoría del fruto del árbol envenenado para restarle valor probatorio a la información recibida desde el exterior.
Al respecto cabe recordar que en el campo del derecho procesal tributario, cuyo fundamento último no es otro que la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo, en particular el resguardo del debido proceso adjetivo, se entiende que la 'regla de exclusión probatoria’ que deriva de su vigencia debe ceder ante la existencia de una fuente independiente de convicción sobre los hechos. En otros términos, la nulidad del acto procesal comprende a la de la prueba que él contenga, pero no puede extenderse a otras pruebas derivadas de él en la medida que no sean consecuencia inmediata de aquella irregularidad, y que exista la posibilidad de obtener la prueba cuestionada por otros medios (conf. CSJN fallos 308:733; Cámara Federal de La Plata, Sala II, “Villanueva. Héctor y otro” del 27 de diciembre de 1984).
Que en consonancia con ello, se ha dicho que "una aplicación errónea de la regla de exclusión puede desviar al proceso de la búsqueda de la verdad y torcer injustificadamente el principio de justicia que debe primar en todo pronunciamiento” (CSJN. Fallos 311:2045).
Que en el presente caso la información suministrada por la autoridad fiscal francesa fue recabada a través de un allanamiento ordenado en el marco de un proceso judicial a un domicilio de un particular que es quien obtuvo los datos vinculados a los clientes de la entidad bancaria, es decir que los funcionarios fiscales franceses no tuvieron participación directa o indirecta en la obtención de tales datos, sin que surja de autos que el procedimiento llevado a cabo por la justicia de la República de Francia hubiera adolecido de vicio alguno.
Que no puede dejarse de lado que el Fisco se encuentra facultado a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los responsables, y en tal sentido, los datos que emplea organismo recaudador para determinar el tributo adeudado en autos admiten prueba en contrario. Que en este caso los recurrentes aseveran que no son titulares de dichos fondos, lo que será objeto de análisis, debiendo descartarse los motivos en los que se basa para restarle validez a los datos que brindó la autoridad francesa. Que a tenor de lo expuesto, cabe concluir que los apelantes no han logrado demostrar cuál ha sido la defensa que se vieron privados de oponer por el intercambio de información cursado entre las autoridades fiscales francesas y de nuestro país, en tanto la misma se llevó a cabo en el marco del Convenio para evitar la doble imposición antes referido.
Que en lo que hace a la falta de legalización y apostillado de la documentación remitida por la autoridad fiscal francesas, cabe señalar que la Convención de La Haya (5/10/1961) contempla el intercambio de información entre Estados, exceptuando la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos obtenidos en el exterior, y establece para su validez un apostillado cuyo fin es dar fe de la autenticidad de la firma y el carácter o calidad en que actuó el firmante del documento. Allí se expone cuáles son considerados instrumentos públicos y las excepciones a dicha regla, disponiendo también que la apostilla no se exigirá cuando: las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al documento (art. 3° Convención de La Haya).
Que en autos, conforme ya fuera puesto de resalto la documentación fue recibida por el Administrador Federal de Ingresos Públicos y de manera directa de parte de la Dirección General de Finanzas Públicas de la República Francesa con basamento en un Convenio bilateral que prevé el intercambio de información, por lo que considero que exigir la apostilla no resulta necesario. En ese sentido se pronunció el Director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el Dictamen Dic MRECIC N° 1327/2007, emitido en un caso análogo.
Que por último en lo que hace a la falta de traducción de las copias referidas, los datos versan básicamente sobre nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y transferencias temporales, es decir que son de fácil comprensión, por lo que en caso de haber considerado los recurrentes que alguna de las referencias que hace dicho instrumento podría dar lugar a un equívoco, pudieron acompañar su traducción y no lo hicieron. Por lo cual, cabe concluir en el rechazo de la defensa de nulidad impetrada, con costas en atención a que a fs. 2185 se difirió su tratamiento para esta oportunidad procesal.
Que en el mismo sentido se pronunció esta Sala “D” en la causa “Daniels, Lawrence Chandler s/recurso de apelación” del 20/05/2019 y “Longaretti, Silvana s/recurso de apelación” del 17/07/2019.
VI. Que ello así, cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que las presentes actuaciones reconocen origen en la información proporcionada por la Administración de la República de Francia sobre cuentas bancarias no declaradas en entidades financieras de la Confederación de Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276. Que en las fiscalizaciones electrónicas Nros. 2299188, 2299189 y 2303484 se constató que omitieron declarar en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 el saldo de las cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la Confederación Suiza, dejando de ingresar los gravámenes en su justa medida. Que ello así, se originó un incremento patrimonial no justificado. Que las cuentas involucradas son la N° 10299EK la que a diciembre de 2006 registraba un saldo de U$S 10.352.618 y la N° 10250AV que a la misma fecha poseía un saldo de U$S 928.916, según planilla obrante en las actuaciones administrativas (fs. 114).
VII. Que conforme surge de las manifestaciones de los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn y de las resoluciones apeladas, el primero de ellos admitió la titularidad de la cuenta N° 10250AV mientras que el segundo reconoció que le pertenece la N°10299EK, sin perjuicio de lo cual el ente fiscal desestimó dicha circunstancia con fundamento en que no aportaron elementos fehacientes que corroboren que los fondos depositados en la cuenta cuya titularidad reconocen le pertenecen como así tampoco sobre la que niegan su pertenencia.
Que a ello cabe agregar que ambos recurrentes acreditaron mediante sus presentaciones realizadas a fs. 704/726vta. y 727/745vta. de autos la suscripción de Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) por las sumas de U$S 1.999.975 y U$S 299.975 según la ley N° 26.860, es decir que exteriorizaron parcialmente los saldos provenientes de las sumas depositadas en las cuentas respectivas en el año 2006, lo cual no es desconocido por el ente fiscal.
Que al respecto cabe traer a colación lo sostenido por esta Sala “D” en la sentencia del 15/11/2019 en el Expte. N° 43.911-I, “SERRA MARCELA CRISTINA s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales”, en el que se remitió a la causa “Daniels, Lawrence Chandler s/recurso de apelación” del 20/05/2019 en la en la que se sostuvo: “…Que no puede soslayarse que mediante la Instrucción General (AFIP) N° 2/2015 de fecha 20 de abril de 2015 (vigente a la fecha del dictado del acto en crisis), el Director General fijó los criterios técnicos a seguir para las áreas operativas competentes de la Dirección General Impositiva, aplicables a los casos originados en la detección de cuentas bancarias radicadas en el sistema financiero suizo y que no fueron oportunamente declaradas.”.
“Que si bien dicha normativa fija cuál sería el encuadre legal de determinados supuestos, no cabe dudas que la aplicación lineal de la misma queda supeditada a los hechos y la valoración de la prueba que se realice en cada caso en particular, y a tenor de lo expresado a lo largo del presente decisorio resulta evidente que en este caso el juez administrativo no tuvo en cuenta que en el punto 2.3. de la citada normativa se dispone que “en caso de conformidad total al ajuste fiscal prestada por cualquiera de los intervinientes citados precedentemente, el área que recibió la mentada conformidad deberá informar de inmediato tal circunstancia mediante nota, a las restantes dependencias involucradas en los procedimientos de determinación de oficio iniciados con relación a los fondos de dicha cuenta" a fin de analizar las circunstancias -en cada caso- a los efectos de adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo del crédito fiscal "previo a la clausura de los restantes procedimientos de determinación de oficio, si procediera”.”.
“En relación con los efectos que cabe atribuir a una Instrucción General de la AFIP, no obstante que se trata de actos administrativos emitidos por la administración pública tendiente a regular su propia organización o funcionamiento interno, ello no impide que pueda ser válidamente utilizada como parámetro a los efectos de resolver la cuestión (cfr. CNACAF, Sala II, in re "Koch Eduardo Alfredo (TF22250-I) c/ DGF sentencia del 5/2/08). En ese sentido, se advierte que la autoridad del organismo recaudador competente ha emitido una regla de carácter general, fijando una pauta que debe ser seguida por sus inferiores, salvo que estos encuentren en el caso particular ciertas particularidades que justifiquen apartarse de la misma, situación que no ha sido puesta de manifiesto en el acto recurrido.”
Que a lo expuesto cabe agregar lo establecido en el punto 2.5 de la Instrucción General (AFIP) N° 2/2015 al preceptuar que “a los fines de que, en los términos de la ley 26860, los sujetos intervinientes en una cuenta bancaria puedan, en su caso, acceder a los beneficios previstos en la citada norma respecto de los impuestos objeto de los respectivos procedimientos de determinación de oficio, la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extranjera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de sus montos nominales (por ejemplo, si en el período fiscal 2006 no se tributó por una tenencia de u$s de 50.000, la exteriorización deberá ser por u$s de 50.000). Si la tenencia de moneda extranjera exteriorizada resultara inferior, deberán determinarse los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada”.
Que no obstante lo cual se sujetó a ambos impuestos los saldos totales de las dos cuentas bancarias del exterior al asignarse el cien por ciento del saldo de la cuenta N° 10250 a Joaquín Isidoro Kohn, Eduardo Jaime Kohn y Rosa Gladys Rejtman mientras que el saldo de la cuenta N° 10299 se adjudicó de la misma forma a los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn, sin considerar que los dos últimos admitieron ser titulares de las cuentas involucradas, lo que no puede ser admitido.
Que si bien los argumentos del Fisco Nacional para proceder a reclamar el impuesto a todos los cotitulares reside en brindar un adecuado resguardo al crédito fiscal, lo cierto es que este se encuentra debidamente amparado en razón de que los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn admitieron la titularidad del cien por ciento de los fondos depositados y así lo exteriorizaron, quedando conformados el cargo referido a la detección de las cuentas bancarias que no habían sido oportunamente declaradas.
Por lo tanto, corresponde que el 100% del saldo de la cuenta N° 10250AV sea atribuido al Sr. Joaquín Isidoro Kohn y que el 100% del saldo de la cuenta N° N°10299EK sea adjudicado al Sr. Eduardo Jaime Kohn. Que siguiendo los lineamientos de la Instrucción General (AFIP) N° 2/2015 al resultar inferiores las tenencias de moneda extranjeras exteriorizadas por los recurrentes Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn en los términos de la ley N° 26.860, se deberá determinar los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada.
Que por otro lado, se deberá detraer respecto de ambas cuentas y a los efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado la tenencia correspondiente al cierre del año anterior -31/12/2005-, la que según la planilla agregada en los antecedentes administrativos, asciende a U$S 8.554.949 para la cuenta N° 10250AV y U$S 839.665 para la cuenta N° 10299EK.
VIII. Por lo cual, voto por revocar las resoluciones dictadas en el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales con relación a la Sra. Rosa Gladys Rejtman y confirmar parcialmente, con los alcances del considerando anterior, las resoluciones emitidas en ambos impuestos con respecto de los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn.
Ello así, procede ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
IX. Que en lo que se refiere a los intereses resarcitorios intimados, debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y atento que los recurrentes tampoco ha formulado agravios con relación a los mismos, procede disponer su confirmación en la proporción correspondiente.
X. Costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Teniendo en cuenta que a fs. 2200/2202 obra agregada la sentencia por la se resuelve la excepción de prescripción opuesta por la Sra. Rosa Gladys Rejtman, resta pronunciarse sobre la citada defensa articulada por los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn respecto de las facultades del ente fiscal para determinar los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales del período 2006. Al respecto, cabe recordar que conforme lo establecido por los arts. 56 y 57 de la ley de rito fiscal el plazo comenzó a correr desde el 1 de enero de 2008 y que operaba la suspensión prevista en el art. 44 de la ley 26.476 (B.O 24/12/2008), debiendo analizarse si durante su curso se produjeron otras causales suspensivas.
Que el art 17 de la ley 26.860 (BO 3/6/2013) suspendió con carácter general y por el término de un año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos. En tal sentido, poniendo de relieve que la suspensión de la prescripción consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, y toda vez que en autos la entrada en vigencia de las leyes referidas fue en ambos casos el mismo día de su publicación, es decir durante el curso del plazo de la prescripción y no cuando tal término se había agotado, es decir no se trataba de un derecho adquirido por el recurrente, no se advierte afectación alguna a derecho de la apelante por la aplicación de tales leyes como lo sostiene la actora en su recurso. A su vez, cabe aclarar que las leyes 26.476 y 26.860 establecieron que la suspensión del plazo se fija con carácter general, es decir que resulta comprensiva de la totalidad de los contribuyentes y responsables, interpretación ha sido receptada por la C.S.J.N. en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.” en fallo de fecha 26/11/91, al resolver respecto del art. 49 de la ley 23.495, situación que resulta análoga a la aquí planteada (véase La Ley, T.1992/B, pág. 456).
Que además, las disposiciones contenidas en leyes de carácter excepcional como las mencionadas, tienen por fin otorgar a los contribuyentes la posibilidad de acogerse a los beneficios que los mismos instituyen y además evitar que durante su período de vigencia el organismo fiscal practique determinaciones y/o imponga multas que se encuentren vinculados con conceptos que en definitiva pueden resultar regularizados por aquéllos mediante el pertinente acogimiento y por lo tanto -según corresponda- beneficiarse con la condonación que éstas pudiera disponer. Que tampoco se puede soslayar que durante la vigencia de dichas leyes de regularización el Fisco Nacional se hallaba impedido de ejercer sus facultades de verificación y fiscalización, produciéndose un recargo de su capacidad operativa, puesto que debía avocarse a controlar todo lo concerniente al correcto acogimiento que a las mismas hagan los responsables, por lo que resulta razonable que quedara liberado de la inminencia de los vencimientos de los planes de prescripción prolongándose de este modo el tiempo con que de acuerdo a la ley podía actuar.
Que en este caso puntual, conforme las normas reseñadas, cabe concluir que el plazo de prescripción que comenzó el 1/1/2008 fue suspendido por un año el 24/12/2008 (ley 26.476), reanudándose el 24/12/2009 hasta una nueva suspensión de un año desde el 03/06/2013 (ley 26.860) habiéndose cumplido hasta allí un plazo para contar la prescripción de poco más de cuatro años.
Sentado ello, la representación fiscal ha invocado la aplicación de la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) en cuanto dispone “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Cabe señalar que le asiste razón al Fisco Nacional en cuanto se da en el caso de autos la suspensión que fija la norma antes citada. Del cotejo de las actuaciones y no siendo objeto de controversia, surge que la vista del art. 17 de la ley de rito fue notificada dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción, empezando a correr desde allí la suspensión por 120 días. Posteriormente, se dictaron las resoluciones determinativas cuando aún no se había cumplido el plazo de prescripción.
Ello así y a la luz de las normas analizadas, cabe concluir que el Fisco se encontraba facultado para practicar las determinaciones de oficio cuestionadas en autos, correspondiendo rechazar la prescripción articulada, con costas.
En igual sentido me he pronunciado al resolver con fecha 22 de marzo de 2018 la causa “Schamir, Ana s/apelación”.
II – Sobre la nulidad planteada por las partes como respecto de los agravios vertidos con relación a la cuestión de fondo adhiero a los fundamentos expuestos en los Considerandos V a IX del voto del Vocal Instructor.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Comparto el relato de los antecedentes efectuado por el Vocal Instructor en los Considerandos I a III.
II. Con relación al planteo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para dictar las Resoluciones, cabe recordar que los arts. 56 y 57 de la ley 11.683 establecen que las acciones y poderes para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben por el transcurso del plazo de 5 años, que comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen. En el caso, dicho plazo comenzó a correr el 1°de enero de 2008, para el período fiscal 2006, por lo que su fenecimiento se produjo el 1° de enero de 2013. Ello así, teniendo en cuenta la fecha en la que fueron dictadas las Resoluciones, debe analizarse si se han verificado circunstancias que pudieran haber suspendido y/o interrumpido el curso normal de tales plazos.
En tal sentido, siempre con relación al período fiscal 2006, el plazo fue incidido tanto por la suspensión de un año dispuesta por el art. 44 de la ley 26.476 (BO 24/12/2008), como por la del art. 17 de la ley 26.860 (B.O. 3/6/2013) por lo que por mandato de tales leyes su vencimiento se produjo el 1°de enero de 2015. También, fue incidido por la suspensión de un año prevista en el art. agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, a partir de la reforma de la ley 26.063 (BO 9/2/2005) que dispuso que “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los periodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Ello así, teniendo en consideración que la notificación de la vista a la que se refiere el art. 17 fue efectuada dentro de los 180 días corridos previos a las fechas en que se hubiera producido la prescripción (1/1/15) y la fecha de las Resoluciones aquí recurridas, cabe concluir que el Fisco Nacional se encontraba habilitado para determinar de oficio las obligaciones del recurrente, por lo que debe rechazarse el planteo de prescripción, sin costas por no haberse planteado ni tratado como una excepción previa (Fallos 336:70, “Bolland”).
III. En cuanto a la nulidad por vicios en el procedimiento previo a su dictado, debe ser desestimada fundamentalmente porque es jurisprudencia de la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal, que “…con la vista prevista en el art. 17 de la ley 11.683 de las actuaciones administrativas y de los cargos formulados, se da inicio al procedimiento de determinación de oficio, esta constituye un correlato del derecho de ser oído y tener una resolución fundada, tal como lo prevé el art. 1º de la ley 19.549 y tiene por finalidad que el contribuyente oponga las defensas que hacen a sus derechos y ofrezca los medios de prueba pertinentes. (cfr. esta Cámara, Sala IV, in re: “Gramont SA (TF 25880-I) C/DGI”, sentencia del 29/11/11)” – conf. “YCRT S.A.”, sentencia del 18/8/2015-. Expresó allí también que “Si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo en el trámite ante el Tribunal, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos CSJN: 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507; entre muchos otros; y ésta Cámara, Sala II, en la Causa Nº 10.082/2011, in re "Metrópolis Casa de Cambio SA y otro c/BCRA - Resol. N 601/10”, del 15/09/11, esta Sala en la Causa nº 31.324/2014, in re “Miaca SA. s/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”)”.
Y concluyó que “De este modo y toda vez que resulta inconciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma o para la satisfacción de un interés meramente teórico; y es por ello que el principio de trascendencia requiere que quien invoca dicha sanción alegue y demuestre que el vicio en cuestión le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no se puede subsanar sino con el acogimiento de la sanción (Morello, A.M. y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", t. II, pag. 795) (conf. esta Sala causa nº 14769/2011”Asenie Ana Julia y otros c/ EN- Mº Defensa-FAA-dto 1078/84 s/personal militar y civil de las FAA y de Seg”).
En el caso, los aquí recurrentes han tenido la posibilidad de alegar sus defensas y de probar sus dichos en todas las instancias previstas para ello en la ley 11.683 y también ante este Tribunal, por lo que no puede considerarse que los actos administrativos recurridos, que, además, por ley gozan de la presunción de legitimidad que les acuerda el art. 12 de la ley 19.549, sean el resultado del ejercicio de facultades arbitrarias o discrecionales. A ello cabe agregar que a la fecha en que este pronunciamiento se emite existe ya jurisprudencia del fuero en lo Penal Económico en la que, tras un profundo análisis, se resolvió a favor de la validez de la documentación en la que el Fisco Nacional sustentó las determinaciones de oficio como las recurridas, así como sobre su obtención, que se compone de las denominadas aquí y en otros países como Fichas BUP, en las que bajo un Código se describe la situación patrimonial de personas o grupos de personas asentadas en archivos informáticos de la entidad bancaria.
En efecto, en el denominado “Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba formado en la Causa N° CPE 1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina SA s/infracción ley 24.769”, sentencia del 7 de marzo de 2017, confirmada por la Cámara el 22 de diciembre de 2017, en lo que aquí interesa se sostuvo que:
- “… tampoco se ha demostrado que la prueba incorporada al proceso – que es la misma en base a la cual se dictaron los actos apelados en autos - vulnere de manera directa y concreta algún derecho fundamental de los imputados...”;
- en cuanto al desarrollo del procedimiento “… la eventual verificación de las inobservancias alegadas por las defensas no comportan per se una causal de nulidad, sino que podrían eventualmente incidir en la fuerza probatoria con la que se valoren esos elementos”, criterio que también comprende a los defectos formales que se acusan respecto a su traducción y legalización;
- sobre la aplicación del Convenio aprobado por la ley 23.537 y sus modif. que “… el intercambio de información cuestionado se ajustó a las pautas establecidas por dicho tratado, la intervención o aprobación de la Confederación Suiza no constituía un requisito necesario para su celebración ni tampoco se verifica una violación a la regla internacional “pacta sunt servanda”, teniendo en consideración los derechos y obligaciones internacionales contraídas por Argentina y Francia”;
- que “… no se advierte, ni las partes recurrentes logran demostrar cuál habría sido el derecho subjetivo que las personas imputadas en la causa se vieron imposibilitadas de ejercer, al momento del trámite respectivo o con posterioridad, por el hecho de que las autoridades de la República Argentina y de la República Francesa hayan canalizado la transmisión de la información de la que se trata por la vía prevista por el convenio mencionado, en lugar de una distinta”.
Cabe señalar, que el criterio de dicho tribunal es acorde al adoptado por tribunales de otros países frente a prácticamente idénticos antecedentes fácticos y agravios presentados contra los mismos, tal los de la República de Francia que se cita en los precedentes del fuero penal económico y en la del Tribunal Constitucional Español –Conf. Sentencia N° 97/20199, del 16/7/2019, publicada en www.tribunalconstitucional.es-, jurisprudencia que a la fecha sigue vigente.
Es por dichas razones que deben rechazarse también los planteos de nulidad, sin imposición de costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. En cuanto a la cuestión de fondo comparto la decisión que propone el Vocal Instructor en los Considerandos VI a X de su voto, con fundamento en que no se encuentra en discusión que los señores Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Khon reconocieron la titularidad de cada una de las cuentas bancarias, sin que los motivos invocados por el Fisco Nacional para desconocer dicho reconocimiento haga variar la conclusión que con dicho acto admitieron también la materia imponible sin declarar originada en las mismas, razón suficiente para revocar las Resoluciones de determinación de oficio que, por la misma materia imponible, fueron dictadas a la señora Rosa Gladys Rejtman. Las costas corresponde imponerlas al Fisco Nacional.
Con respecto a lo informado sobre la exteriorización efectuada en los términos de la ley 26.860 también es acertada la solución propiciada por el Vocal Instructor, remitiéndome a lo resuelto por la Cámara al fallar en “Weledniger”, sentencia del 28 de julio de 2020.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar la defensa de nulidad impetrada, con costas 2) Revocar las resoluciones dictadas en el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales con relación a la Sra. Rosa Gladys Rejtman y confirmar parcialmente, con los alcances del considerando VII del voto del Vocal Instructor, las resoluciones emitidas en ambos impuestos con respecto de los Sres. Joaquín Isidoro Kohn y Eduardo Jaime Kohn.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
4. Confirmar los intereses resarcitorios intimados en la proporción correspondiente.
5. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2022.06.02 10:21:20 -03:00 Date: 2022.06.02 13:38:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.02 13:59:23 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.02 13:59:24 -03:00
Fin de la sentencia