Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la defensa de nulidad interpuesta por la recurrente.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 203/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos VI a XI.
3Confirmar parcialmente la Resolución N° 204/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos XII a XIV.
4Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos.
5Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entradas de este Tribunal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-32805603-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Abril de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 30.270-I, caratulado: “KOSTALLAS, ANA GEORGIA s/Apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 119/147vta. se interpone recurso de apelación contra las resoluciones suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI, ambas de fecha 12 de septiembre de 2007. Por la primera de ellas se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2001, con más los intereses resarcitorios, haciendo reserva de aplicar sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
Asimismo, a través de la Resolución 204/07 se determinó la obligación tributaria de la contribuyente en el impuesto sobre los bienes personales por el período fiscal 2001, más los intereses resarcitorios y se aplica multa en los términos los artículos 46 y 47 incisos c) y d) de la ley 11.683 Efectúa el relato de los hechos que dieron origen a la presente causa, sintetizando que la inspección se inicia con una información suministrada por la División Servicios de las Dirección Análisis de Fiscalización Especializada –Prevención de Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas del Banco Central de la República Argentina, tratándose de personas físicas que realizaron giros al exterior a su nombre y sin la participación de otra persona (cotitular) durante el período comprendido entre el 01/07/01 al 31/12/01.
Explica que la transferencia de U$s 316.585 fue realizada con débito a la cuenta N° 66564671, donde se habían depositado los certificados de plazo fijo N° 0312019 y N° 03122020, provenientes de la Banca Nazionale del Laboro, por un monto de U$S 169.812 y dos certificados de plazo fijo N° 5804399 y N° 5804400, provenientes del HSBC, por un monto de U$S 146.773, siendo titulares de los mismos su madre y su hermano y ella, conforme acredita con las constancias originales emitidas por el LLoyds Bank que adjunta como pruebas, con lo que quedaría probado que las transferencias al exterior se hicieron desde cuentas de titularidad múltiple y hacia una cuenta con los mismos titulares.
Seguidamente, plantea la nulidad de las resoluciones apeladas por entender que la fiscalización se inicia a raíz de un informe suministrado por el Banco Central de la República Argentina en donde se señala que las transferencias mencionadas eran giros de dinero al exterior practicados por una persona física sin participación de otras personas, sin tener en cuenta que la transferencia fue efectuada a nombre de tres titulares a saber: Efstathia Coula Maracas, Nicolás A. Kostallas y Ana Georgia Kostallas, lo que acredita con la documentación emitida por LLoyds Bank, no siendo dicha situación tenida en cuenta por el Fisco Nacional.
En función de lo expuesto entiende que el procedimiento nunca habría tenido lugar de no haber sido por un irregular informe emitido por el Banco Central de la República Argentina, por aplicación de la doctrina del árbol venenoso, máxime cuando en autos se han realizado imputaciones penales.
Asimismo, entiende que las resoluciones apeladas carecen de motivación, toda vez que de la lectura de las mismas resultaría imposible conocer con precisión cuáles fueron los elementos en base a los cuales se construyeron las presunciones aplicadas.
Con relación al fondo de la cuestión, en primer lugar señala que los importes que el organismo le imputa a la contribuyente, eran fondos pertenecientes a su madre Efstathia Coula Maracas de Kostallas, ciudadana griega que emigró al país junto con su padre, don Jorge Kostallas, capitán de ultramar de la marina griega fallecido el 1 de septiembre de 1969, fecha desde la cual la madre cobró hasta su muerte producida el 23 de marzo de 2005, una pensión otorgada por el gobierno griego que ascendía a la suma de 632,36 euros mensuales, lo que se acredita con certificación emitida por el gobierno de la República de Grecia, que adjunta como documental con la traducción realizada por traductor público, certificada por el correspondiente colegio, lo que implicaría un ingreso percibido por su madre desde el año 1969 que asciende a la suma de €235.328. Agrega que la madre también era propietaria de un inmueble en la isla Syros, en un archipiélago griego, que estuvo alquilada desde antes de la muerte de su padre, produciendo la correspondiente renta hasta su venta, producida el 22 de diciembre del año 1997, cuya escritura de venta se acompaña, con la traducción realizada por traductor público, que ascendió a la suma de Dracmas 20.656.197, lo que implicaría la cantidad U$S 38.932.
Argumenta que los alquileres percibidos de la propiedad griega eran depositados en dos cuentas de cajas de ahorro en el Banco Nacional de Grecia, cuyas libretas se adjuntaron como pruebas.
Especifica que de los sueldos percibidos por su padre, una parte era depositada en una caja de ahorros en el Atlantic Bank cuyas libretas se adjuntaron como prueba en sede administrativa.
Expone que su madre también obtuvo una renta por alquileres cuyos contratos se adjuntaron, entre los años 1985 y 1992 que asciende a la suma de U$S 93.185. Y, agrega, dado que era una persona de avanzada edad y su dinero estaba colocado en el sistema financiero a su nombre, a su requerimiento, lo colocó a su nombre conjuntamente con sus hijos, por una cuestión de seguridad, hasta que decidió girarlo al exterior en el año de 2001 cuando tenía 87 años de edad. Aclara que se encontraba en perfecto sentido de la realidad y que la transferencia se hizo teniendo en cuenta las graves circunstancias del país que hacían temer por sus ahorros. La transferencia se realizó a nombre de los tres –aclara-, sin que ello implique la titularidad de los fondos, sino simplemente una disposición para que sus hijos, si sobreviniera su incapacidad, o si ocurriera su fallecimiento, pudieran acceder a sus ahorros para manejarlos, o que se dispusiera de ellos que quedarían como herencia de los hijos.
Destaca que similar criterio siguió en el año 2001 respecto de los inmuebles de su propiedad que donó la nuda propiedad y reservó el usufructo en vida.
Luego sintetiza los agravios contra las resoluciones apeladas en tres puntos, a saber: a) que el criterio fiscal no se compadece con la prueba existente en el expediente y la que se producirá en esta instancia, de manera que la apreciación de los hechos efectuada por la AFIP-DGI es errónea habida cuenta que los fondos girados al exterior provienen de plazos fijos constituidos a nombre de su madre y su hermano y otros a nombre de la primera y ella; b) la cuenta donde se concentraron los fondos girados al exterior a que se refiere el Punto I era titularidad de su madre, su hermano y ella; c) la ordenante de los giros al exterior no fue únicamente Ana G. Kostallas pues sólo giró la suma de U$S 113.594, mientras que el giro de U$S lo ordenó Nicolás Kostallas conforme así resulta de las pruebas obrantes en el expediente y d) si los fondos girados al exterior se imputan a la contribuyente, como provenientes de ejercicios anteriores, no pueden ser considerados como utilidades del ejercicio 2001, toda vez que los plazos fijos que dieron origen a las transferencias ya existían en el 2000 y lo que se cobró está compuesto por capital e intereses, estando estos últimos exentos del impuesto a las ganancias. Asimismo, con respecto al impuesto sobre los bienes personales, entiende que en ningún caso se le puede atribuir la totalidad de los fondos habida cuenta que los plazos fijos concentrados en la cuenta del LLoyds Bank, luego girados al exterior, estaban constituidos a nombre de su madre, su hermano y ella y que la titularidad de la cuenta del exterior pertenece en partes iguales a cada una de las personas citadas.
Puntualiza que no obstante haber reconocido al Fisco Nacional en dos oportunidades las dudas que rondaban la hipótesis que estaban investigando, por la sencilla razón que consideraron que la finalización del plazo de prescripción estaba próximo, procedieron sin más a la determinación de los ajustes impugnados, omitiendo recabar la información necesaria para concluir un procedimiento determinativo.
Señala que aun cuando en autos existieran indicios para presumir los hechos imponibles determinados, el quantum de las obligaciones debería reducirse en un 66,6%, toda vez que bajo ningún punto de vista puede presumirse que los fondos transferidos al exterior constituyen en su totalidad activos o ganancias no declaradas atribuibles a su parte, alcanzando los mismos a construir una presunción según la cual ella resultaría titular del 33,3% de los mismos.
Sostiene que también es falso que las transferencias hubieran sido autorizadas por su parte toda vez que puede fácilmente constatarse de las actuaciones administrativas que únicamente una de ellas fue ordenada por ella, mientras que la restante lo fue por su hermano Nicolás Kostallas. Agrega –además- que la cuenta de origen consignada en el formulario obrante en los antecedentes administrativos tampoco ha podido serle atribuida. Ahora bien, en otro orden, explica que si el indicio utilizado por el Fisco Nacional estuviera relacionado con la titularidad de las cuentas origen de los giros al exterior, tampoco podría confirmarse el criterio fiscal toda vez que de las mismas resoluciones apeladas surge que ella era cotitular de una de ellas mientras que de la restante, no ha podido establecerse su titularidad, por lo que sólo podría atribuírsele un 26% de los fondos transferidos.
En este sentido, reitera que la titularidad de la cuenta en el exterior sólo le correspondió a ella en un 33%, por lo que el porcentaje del 26% deberá reducirse en una tercera parte, esto es al 8,6%.
Enfatiza que el ente fiscal utiliza un endeble argumento para descartar la eventual imputación de titularidad a los otros cotitulares de la cuenta, limitándose a señalar que no se encontraban inscriptos ante el organismo fiscal.
Argumenta que si los indicios del organismo fiscal se encuentran basados en la titularidad de la cuenta de destino, de la documentación obrante en sede administrativa surge que la misma -ubicada en las Islas Bahamas- también era de propiedad compartida entre su madre, su hermano y ella, por lo cual sólo podría atribuírsele a su parte un 33% de los fondos allí depositados.
Sostiene, en relación al argumento del Fisco Nacional relativo a que el destino de los fondos resultaría ser una cuenta de su propiedad en la ciudad de Nueva York, que ES muy común en la práctica bancaria la triangulación en el traspaso de los fondos, dado que puede suceder que el banco tenga exceso de liquidez en la plaza de Bahamas y necesite girar fondos propios a Nueva York. En ese contexto –dice- en lugar de girar el dinero desde Argentina a Bahamas, tal como estaba pautado, y de allí, a su turno, enviar los fondos propios del Banco a Nueva York, es más sencillo y menos costoso para éste hacer una única transferencia a una cuenta propia del Banco de Nueva York con los fondos desde Argentina, acreditando, simultáneamente, los fondos equivalentes en la cuenta de las Islas Bahamas con fondos liberados del banco en dicha plaza.
Argumenta que si el Fisco Nacional en verdad creyera que los fondos transferidos no son aquellos que se acreditaron en la cuenta en el exterior, no se explica porque consideró activos y ganancias no declaradas aquellos fondos pero no a los que su parte ha confesado tener en la mentada cuenta en las Islas Bahamas. En lo que respecta a la resolución relativa al impuesto a las ganancias señala que el ente fiscal omitió observar si los fondos presuntamente ingresados a su patrimonio existían con anterioridad, sino que, en rigor, los mismos ya existían desde, por lo menos, el año 2000, por lo que estaría probado que la contribuyente no habría obtenido en el año 2001 ganancia alguna que no haya sido incluida en las declaraciones juradas. En lo que atañe a la multa aplicada en el impuesto sobre los bienes personales, entiende que se habría violado lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769, toda vez que si bien únicamente se ha efectuado la denuncia penal respecto al impuesto a las ganancias, estando ambas determinaciones fundadas en los mismos hechos, es posible que exista un escándalo jurídico con lo que luego se establezca en sede penal. En función de lo expuesto, entiende que debería haberse suspendido también la aplicación de la multa vinculada a dicho gravamen.
Subsidiariamente, entiende que toda vez que la determinación de oficio se ha efectuado por conocimiento presunto de la materia imponible no resulta posible aplicar entonces las presunciones de dolo dispuestas por el artículo 47, de conformidad con lo sostenido por la Corte suprema de Justicia de la Nación en la causa Mazza Generoso y Mazza Alberto.
Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece prueba documental, informativa y testimonial, solicita que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 159/168 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicita, por los argumentos de hecho y derecho que expone, se confirmen los actos apelados. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 225 Punto 2°) se clausura el período probatorio. A fs. 228 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” e inmediatamente se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 245/246 y fs. 247/249 los alegatos de la actora y apelada, respectivamente.
Finalmente, a fs. 252 pasan los autos a sentencia IV.- Que en primer término y por lógicas razones de precedencia, deben tratarse los argumentos esgrimidos con el objeto de obtener la nulidad de los actos venidos en recurso.
En primer lugar entiende aplicable la teoría del fruto del árbol envenenado que llevaría a anular las resoluciones apeladas. Dice que el inicio de la inspección surgió por un irregular informe de Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada del Banco Central de la República Argentina que califica a los giros al exterior realizados con fecha 18/10/01 y 22/10/01 y que dieran origen a la presente causa, como “personas físicas que realizaron giros al exterior a su nombre y sin la participación de otra persona (cotitular) durante el período comprendido entre el 01/07/01 al 31/12/01”, siendo que las cuentas de donde proviene el dinero que luego se transfiere al exterior son propiedad de tres cotitulares, entre los que se encuentra la recurrente, razón por la que sería aplicable la citada teoría.
Sobre el particular, preciso es destacar que dicho principio fue acogido por nuestro Máximo Tribunal desde sus inicios (vid. “Charles Hermanos”, 5/9/1891) con sustento en un fundamento ético verdaderamente significativo y trascendente para la época en que fue dictado el pronunciamiento. Dijo entonces la Corte: “Que auténticos o falsos, [se refiere a los documentos glosados al sumario] ellos no pueden servir de base al procedimiento ni de fundamento al juicio: si lo primero, porque siendo el resultado de una sustracción y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito o de una pesquisa desautorizada y contraria a derecho, la ley, en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declara inadmisibles; y si lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mérito alguno”.
Receptando dichos valores, esta Sala en su anterior composición en la causa “Mar Yi SA” de fecha 09/02/10, expresó que “La regla de exclusión es considerada por el Tribunal Supremo como el mejor de los remedios disuasorios frente a los abusos de autoridad, y con respecto a sus aplicaciones se halla entre otras la llamada doctrina del fruto del árbol venenoso, basada en la idea de que una vez que el árbol está envenenado, su fruto (prueba obtenida) lo estará también, resultando rechazable.
“Por lo tanto, si el procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que son su consecuencia y que se ven así alcanzados por idéntica ilegalidad. Al mismo tiempo, no sólo resultan inadmisibles en contra de los titulares de aquéllas garantías las pruebas obtenidas directamente del procedimiento inicial, sino también todas aquellas evidencias que son fruto de la ilegalidad originaria.”
“En este orden de ideas, quienes suscriben han dicho in re "Avícola Humboldt S.A. s/ apelación", de fecha 15/12/2000, que no puede hoy desconocerse la aplicación de la referenciada teoría en el campo del derecho procesal tributario, cuyo fundamento último no es otro que la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo, en particular el resguardo del debido proceso adjetivo”.
Recientemente, y también sobre dicho principio, el fuero penal económico ha señalado que “La invalidez de la prueba obtenida en violación a derechos y garantías constitucionales (regla de la exclusión) así como también la transmisión de este efecto a los que sean su consecuencia (doctrina de los frutos del árbol venenoso), cuya aplicación es requerida por las partes, tiene su origen en la jurisprudencia”. (Conf. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11 “H.S.B.C. ARGENTINA S.A. y Otros s/L. 24769. Incidente de nulidad sobre el origen de la Prueba” de fecha 07/03/17.
Bajo esta perspectiva el planteo de la recurrente no puede prosperar.
En efecto, débese destacar que si bien es cierto que la información remitida por la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada del Banco Central de la República Argentina contiene errores, toda vez que se refería a “personas físicas que realizaron giros al exterior a su nombre y sin la participación de otra persona (cotitular) durante el período comprendido entre 01/07/01 al 31/12/01”, cuando en realidad una de las cuentas desde donde fueron efectuados los giros al exterior objeto de la presente causa es de titularidad múltiple, circunstancia que por otra parte fuera reconocido por el propio ente fiscal en las resoluciones apeladas, lo cierto es que la documentación sobre la que el Fisco Nacional basa su pretensión es la aportada por la propia contribuyente a lo largo de la fiscalización, así como también por las entidades bancarias involucradas en la operatoria en cuestión, circunstancia que torna inaplicable la teoría invocada. Ella se refiere únicamente a aquellos casos en los que la documentación que sirve de base de la imputación fue obtenida ilegalmente por los agentes estatales, situación que, como fue expuesto anteriormente no ocurre en el caso de autos.
V. Que corresponde entonces analizar los agravios de la recurrente relacionados con la nulidad de las resoluciones apeladas por entender que las mismas carecerían de motivación.
Cabe señalar que la motivación consiste en la exposición de las razones que llevaron al órgano administrativo a emitir el acto, expresando los antecedentes de hecho y de derecho que precedieron al mismo y justifican su dictado. Ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que su cumplimiento depende que el administrado puede conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto” (Conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13), En ese contexto la defensa debe ser rechazada. En efecto, de la simple lectura del acto cuestionado, se desprenden claramente las explicaciones respecto a los elementos tenidos en cuenta para llegar a la conclusión inserta en su parte resolutiva. Los agravios de la recurrente se emparentan más con una discrepancia con las conclusiones del juez administrativo que con la ausencia de motivación.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la cuestión de nulidad introducida por la apelante. Con costas.
VI. Que sentado lo que antecede, se deben analizar los agravios dirigidos a obtener la revocación de los actos venidos en recurso. Para ello, entiendo oportuno efectuar un relato de la actividad fiscalizadora y determinativa que concluyó en los actos en crisis.
Conforme lo que señala el informe de inspección obrante en los antecedentes administrativos acompañados, la fiscalización tuvo su origen en un informe enviado por la Dirección Análisis de Fiscalización Especializada del Banco Central de la República Argentina, del cual surgen dos giros al exterior realizados bajo el N° de CUIT de la Sra. Kostallas, por intermedio del Ex Banco Lloyd con fecha 18/10/01 por un importe de $ 317.000 y con fecha 26/10/01 por la suma de $ 114.000.
Así, conjuntamente con el inicio de la verificación, los inspectores solicitaron a la contribuyente aporte las declaraciones juradas de los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias, correspondientes al período fiscal 2001 y extractos bancarios, papeles de trabajo para confeccionar dichas declaraciones juradas, comprobantes de giros al exterior y documentación respaldatoria de sus bienes en el país y en el exterior, correspondientes a ese período.
Con fecha 12/03/03 se presentó el Sr. Ricardo José Messina -acreditando su carácter de autorizado- y aportó copia de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del período fiscal 2001, papeles de trabajo que sirvieron de base para su confección con el detalle del patrimonio- no evidenciándose bienes declarados en el exterior y los ingresos y gastos del período, habiendo cumplido entonces parcialmente el requerimiento original, reiterándose el mismo. Vencido el nuevo vencimiento, ni la recurrente ni su representado, se hicieron presentes a efectos de completar la documentación solicitada oportunamente.
La fiscalización advirtió que con fecha 30/04/03, es decir con posterioridad al inicio de la inspección, presentó la DDJJ rectificativa del gravamen en cuestión, por el período fiscal 2001, ingresando el saldo de impuesto que arrojó su presentación.
Al momento de contestar el primero de los requerimientos, además de presentar la documentación antes mencionada, la recurrente señaló que su actividad es la de médica especializada en endocrinología y eventualmente explotación de alquileres de inmuebles, acompañó copia del título universitario. Además indicó que las sumas remitidas al exterior efectuadas en el año 2001, pertenecían a su madre, Efstathi Coula Maracas de Kostallas y que por la edad avanzada de aquélla se efectuaron a su nombre y también a nombre de su hermano (vid. cuerpo de antecedentes I).
Posteriormente, se procedió a consultar en las bases del organismo las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias período fiscal 2000 y 2001, impuesto sobre los bienes personales por el período fiscal 2000, las nóminas de cuentas bancarias, su titularidad y las acreditaciones efectuadas en los períodos 2000, 2001 y 2002, conjuntamente con las retenciones sufridas en los mencionados períodos, surgiendo de la misma los depósitos bancarios que desencadenaron las sumas giradas al exterior.
Con fecha 13/06/03 la actora acompañó fotocopias de nueve escrituras, de las cuales cinco responden a cesiones de la nuda propiedad de parte de la Sra. Coula Maracas de Kostallas, reservándose el usufructo vitalicio, a favor de sus hijos Nicolás Atanasio Kostallas y la actora, mientras que las cuatro escrituras restantes corresponden a contratos de compraventa, revistiendo esta última la calidad de compradora. Asimismo, entregó copia de los extractos bancarios de la cuenta corriente en pesos N° 06317460012 por los períodos 01/01 a 01/02.
El ente fiscal agregó que ante la ausencia de información suministrada por la contribuyente sobre los giros al exterior realizados a su nombre, la fiscalización circularizó al Lloyds Bank BL Limited con el objeto de confirmar las mentadas transferencias, acompañando este último los extractos de la caja de ahorro en dólares N° 37248826 y documentación respaldatoria de las dos transferencias realizadas al exterior, lo que permitió verificar que ambos giros tenían como destino la cuenta N° 6550819487 del Bank of América NT & S.A. de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, siendo la beneficiaria la rubrada con domicilio en el exterior. Finalmente, se verificó en los extractos bancarios la acreditación y posterior débito de fecha 26/10/01 por la suma de $ 114.000.
En función de lo expuesto, el ente fiscal entendió que se encontrarían reunidos los elementos que permiten presumir que dichos depósitos en efectivo, por $ 430.000, constituyen ingresos gravados omitidos en el impuesto a las ganancias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° Punto 1 de la ley de impuesto a las ganancias y el artículo 18 primer párrafo, así como también consideró que la contribuyente habría omitido declarar depósitos en efectivo en el exterior, habiendo infringido los artículos 16, 17, 20 inciso g) y 23 inciso b) de la ley del impuesto sobre los bienes personales.
VII. Que en ese contexto fáctico, corresponde examinar en primer lugar si la metodología empleada por el organismo recaudador, se adaptó a la preceptiva legal, aspecto cuestionado por la recurrente. Cabe precisar que si bien la ley impone al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, ya sea por errores de interpretación o por la realización de maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Es por ello que el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento, como lo tiene dicho reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que el ente fiscal actúe.
De la misma manera, la ley tributaria establece un orden cronológico que deberá seguir la administración, pues sólo podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no cuente con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Ello conlleva que, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo podrá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como enseña el Profesor Dino Jarach, “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas-, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas. Solamente en este caso…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
Como con acierto explicara Sala B de este Tribunal en el conocido precedente “Dadea, Marta Elisa”, “…debe advertirse que toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados” (22/12/83).
En la misma dirección, recientemente, la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Diagnóstico por Imágenes SRL c/DGI s/recurso directo” de fecha 21/06/17 sostuvo que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas).
Asimismo, “en algunos casos, las presunciones se caracterizan por configurar bases alternativas de medición de riqueza que pueden no guardar relación exacta con el impuesto en las que se aplican, respecto a las cuales -cabría añadir- basta con que el contribuyente demuestre una realidad distinta a la prevista como presupuesto para la proyección de aquellas, para que entonces carezca de sustento el criterio fiscal que las tuvo en cuenta para ajustar la materia imponible” (conf. Sala I en causas: “Chieza SA”, del 23/04/98, “Beraja, Alberto David”, op. cit. y “Candle SA”, op. cit.).
“A partir de ello, la validez del método de ajuste de la materia imponible seguido por la autoridad fiscal basado en la citada presunción legal, conforme a las distintas previsiones de la disposición en estudio, dependerá de lo que concreta y razonablemente resulte demostrado en cada situación particular (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David”, op. cit., y “Candle SA”, op. cit.; esta Sala in re: “Alberto A Anselmo y Ruben C Anselmo (TF 14.349-I) c/ DGI”, del 14/06/04)”.
VIII. Que bajo tales pautas, y en lo que se refiere al método empleado, la recurrente al momento de contestar las vistas conferidas en sede administrativa planteó su disconformidad con el ajuste propuesto y basó su defensa en tres ejes principales, a saber: a) señala que la titularidad de los fondos depositados en las cuentas bajo análisis pertenecían a su madre Efstathia Coula Maracas de Kostallas, proviniendo los mismos de una pensión otorgada por el gobierno de la República de Grecia, así como también de sueldos percibidos por su marido en su carácter de capitán de la Marina Mercante Griega y por alquileres percibidos por propiedades que poseía, entre los que se encontraba una propiedad en la isla griega de Syros, que posteriormente fue vendida.; b) que conforme surge de la propia información recabada por el Fisco Nacional, una de las cuentas desde donde se giraron los fondos al exterior objetados por la fiscalización, eran de titularidad conjunta de su madre y su hermano, razón por la cual no corresponde atribuirle a ella sola la titularidad de la totalidad de los fondos y c) el destino de los giros observados por el Fisco Nacional no fue una cuenta en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, propiedad de la Sra. Kostallas sino una cuenta del LLoyds TSB Bank & Trust Bahamas Limited. Teniendo en cuenta dichas manifestaciones, el juez administrativo ordenó con fecha 09/02/07 medida para mejor proveer a los fines de que personal de la División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional Centro arbitrara los medios tendientes a lograr la mayor certeza posible respecto al destino de los fondos girados al exterior al 31/12/01, constatando la cuenta bancaria utilizada, la titularidad de la misma y si los mentados importes se encontraban al cierre del ejercicio fiscal aún en la cuenta del exterior, o si fueron consumidos. Como resultado de la misma se circularizó al Lloys TSB Bank PLC con fecha 21/03/07, y ante la falta de respuesta se reiteró el 11/04/07. La mentada entidad bancaria, respondió con fecha 07/06/07 y señaló que, con motivo de la transferencia de activos y pasivos, el banco en cuestión ya no desarrolla en el país actividad bancaria alguna y, por ende, no cuenta con la información y documentación solicitada, debiéndose dirigir la solicitud al Banco Patagonia S.A., quien en su carácter de continuador del negocio bancario de Lloyd TSB Bank PLC en la Argentina podrá, en caso de corresponder, facilitar la documentación solicitada.
Sobre dicha respuesta, el organismo fiscal remitió circularización al Banco Patagonia S.A. a efectos de solicitar si la contribuyente Ana Georgia Kostallas es titular o cotitular de cuentas bancarias en la institución, sirviéndose adjuntar los extractos correspondientes desde el 01/01/01 al 31/12/01, respondiendo la misma que la mencionada no poseía cuentas durante el período en cuestión.
Finalmente, la División Fiscalización N° 2 señaló que de la documentación aportada por el Banco Lloyd durante la fiscalización surge por un lado, que los fondos fueron transferidos al Bank of América NT S.A. en Nueva York, especificándose únicamente a la Sra. Ana Kostallas como nombre del beneficiario de los mencionados giros, así como que el número de cuenta obrante en la documentación aportada por la recurrente al momento de presentar su descargo en sede administrativa relativa a la apertura de la cuenta en Bahamas (250.000.743) difiere del número de cuenta que surge de la documentación adjuntada por el Banco Lloyd. En función de lo expuesto, el juez administrativo concluyó que, más allá de sus dichos, la recurrente no ha probado que las sumas transferidas tuvieran su origen en el dinero obtenido por su madre, ni que los plazos fijos obrantes en las cuentas desde donde se giraron los fondos al exterior fueran constituidos con anterioridad al año bajo análisis, observándose que en varios el plazo y la fecha de vencimiento corresponden al año 2001.
Asimismo, el ente fiscal tuvo presente que la recurrente tampoco pudo comprobar que el destino de los giros al exterior era la cuenta de titularidad compartida en Bahamas y no la cuenta en Nueva York, en la que era beneficiaria la responsable, todo ello en función de la documentación aportada por la propia entidad financiera involucrada.
IX. Que, en ese contexto fáctico, deben analizarse los argumentos defensísticos expuestos por la recurrente.
En primer término, cabe señalar que a fin de probar que el origen de los fondos depositados en el exterior corresponde a los ahorros de su madre acompañó –en sede administrativa- numerosa prueba documental, la que será analizada pormenorizadamente a continuación.
Sobre el particular, la recurrente acompaña copia simple de dos certificaciones emitidas por la Caja de Marinos Veteranos- Dirección de prestaciones Sección Matrículas de la República de Grecia de fecha 14/05/04, debidamente traducidas por traductor público. En el primero de los documentos mencionados, aquella entidad señala que el Sr. Jorge Kostallas es jubilado “AMS” desde el 01/01/63, y que la jubilación mensual la percibe su viuda Coula Kostallas. No se especifica a cuánto ascendía la misma, obrando únicamente la leyenda “dracmas”.
En el segundo de los documentos, la entidad griega señala que la Sra. Coula, viuda del marino Kostallas Jorge, es pensionada desde el 01/08/69 bajo el número 800000/08011970 y cuando se especifica el monto de pensión mensual obra un agregado a mano que menciona la suma de “€ 632,36”, entendiendo la traductora pública que dicho importe representaría el monto mensual. Asimismo, no obstante que se indica en el documento que se adjunta certificación de prestaciones de los fueron acompañadas por la actora. Ahora bien, cabe señalar que dichos documentos adolecen de ciertas irregularidades que impiden ser consideradas como medios probatorios aptos para probar los dichos de la recurrente. En Efecto, en principio, y respecto de la pensión cobrada por la Sra. Coula de Kostallas, puede afirmarse que de la prueba acompañada no surge el monto de retribución mensual, así como tampoco el lugar donde dichos fondos eran depositados y, en caso de que fueran depositados en el Banco de Grecia como sostiene la recurrente, tampoco se encuentra probado el ingreso de dichos fondos al país.
Asimismo, y en lo relativo a la pensión otorgada a la madre de la Sra. Kostallas, aún si se considerara como válida la suma inserta en forma manuscrita al instrumento, lo cierto es que el euro como moneda común de alguno de los países que integran la Unión Europea entró en circulación el 1 de enero de 2002, razón por la cual los fondos percibidos por la Sra. Coula de Kostallas no pudieron ser efectuados en dicha moneda.
Con respecto a los contratos de locación celebrados respecto de ciertas propiedades de su madre, cabe resaltar que en atención a que los mismos son de larga data, puntualmente del 30/06/86, 06/07/87 y 12/04/89, no se acompañó prueba alguna que permita establecer el nexo temporal entre los fondos obtenidos por la Sra. Coula Kostallas y el dinero depositado en las cuentas desde donde se giraron los fondos al exterior. Por otro lado, y en lo que respecta a la venta de un local en la Isla de Syros, propiedad de la Sra. Coula de Maracas celebrada el 02/04/98, así como también su locación anterior, sólo se han acompañado copias simples de un supuesto contrato de compraventa y de unas libretas correspondientes al Atlantic Bank de Nueva York en donde se habrían depositado los importes correspondientes a la locación. Más, he de destacar que las libretas en cuestión no se encuentran traducidas y que, además, al igual que sucede respecto a la presunta jubilación y pensión que cobraría la Sra. Coula de Maracas del gobierno griego, no se ha acreditado el ingreso al país del dinero percibido por esta última tanto por la locación como por la compraventa del local en la República de Grecia.
Ello así, como ya se dijo, la prueba aportada por la contribuyente en sede administrativa y en esta instancia no resulta suficiente para demostrar fehacientemente, que la totalidad de los fondos depositados en el exterior correspondían a la Sra. Coula de Maracas.
X. Que sentado lo que antecede, deben analizarse los argumentos de la recurrente que sostienen que los fondos que dieron origen a los giros al exterior –objeto del ajuste- provienen de plazos fijos constituidos por lo menos en el año 2000, lo que impediría que se los considere incremento patrimonial no justificado del ejercicio 2001.
Para fundar su postura, la recurrente acompaña original de una boleta de depósito conjuntamente con una nota, ambos de fecha 17/10/01, correspondiente al Lloyds TSB Bank PLC de donde surge que los Sres. Coula de Maracas, Sr. Nicolás Kostallas y la actora efectúan en la cuenta en cuestión un depósito de U$S 64.940, suma a la que se arriba una vez computados dos certificados de plazo fijo provenientes del Bank Boston constituidos con fecha 19/04/01, por la suma de U$S 32.470 cada uno, siendo el primero de los mencionados efectuado por la Sra Coula Maracas de Kostallas y Ana Georgia Kostallas y el segundo, por el Sr. Nicolás Atanasio Kostallas y la Sra. Coula Maracas de Kostallas. (vide. fs. 51/55 de autos).
Asimismo, acompañó otros dos certificados de plazo fijo, que serían el origen de los señalados anteriormente, constituidos por las mismas personas con fecha 17/10/2000 por la suma de U$S 29.861, cada uno de ellos, los cuales a la fecha de vencimiento, esto es 16/04/01, totalizan US$ 31.046, cifras que resulta ser objeto de los segundos certificados mencionados (vid. fs. 66/69).
En otro orden de ideas, la actora acompañó también en original, una segunda boleta de depósito conjuntamente con una nota, ambas de fecha 22/10/01, correspondiente al Lloyds TSB Bank PLC de donde surge que la Sra. Coula de Maracas, el Sr. Nicolás Kostallas y la aquí actora efectúan en la cuenta en cuestión un depósito de U$S 48.654, suma que se encuentra compuesta por dos certificados de plazo fijo provenientes de los bancos Río y HSBC constituidos con fecha 23/04/01 y con fecha de vencimiento el 22/10/01 por las suma de U$S 24.864 y U$S 23.790, respectivamente, siendo el primero de los mencionados efectuado por la Sra Coula Maracas de Kostallas y Nicolás Kostallas y el segundo de ellos por el Sra. Ana Georgia Kostallas y la Sra. Coula Maracas de Kostallas. (vide. fs. 57/58), situación que fuera confirmada por el propio banco HSBC y por el Banco Santander Río en sus respuestas a sendos oficios librados por este Tribunal (vid. fs. 221 y fs.219, respectivamente).
Asimismo, la recurrente acompañó otros dos certificados de plazo fijo, que serían el origen de los fondos reseñados, constituidos por las mismas personas con fecha 23/10/2000 por la suma de U$S 23.026 y U$S 21.739, respectivamente, los cuales a la fecha de vencimiento, esto es 23/04/01, totalizan U$S 23.910 y U$S 22.606, cifras que resulta ser objeto de los segundos certificados mencionados (vid. fs. 70 y fs. 72). Seguidamente, la actora acompañó en original, una tercera boleta de depósito conjuntamente con una nota, ambas de fecha 12/10/01, correspondiente al Lloyds TSB Bank PLC de donde surge que conjuntamente con la Sra. Coula de Maracas y el Sr. Nicolás Kostallas efectuaron en la cuenta en cuestión un depósito de U$S 146.773, suma que se encuentra compuesta por dos certificados de plazo fijo provenientes del Banco HSBC constituidos con fecha 15/05/01 y con fecha de vencimiento el 12/10/01 por las sumas de U$S 61.059 y U$S 85.714, respectivamente, siendo el primero de los mencionados efectuado por la Sra. Coula Maracas de Kostallas y Nicolás Kostallas y el segundo la Sra. Ana Georgia Kostallas y la Sra. Coula Maracas de Kostallas. (vide. fs. 63/64).
A continuación, la recurrente acompañó otros dos certificados de plazo fijo, que serían el origen de los fondos reseñados, constituidos por las mismas personas con fecha 13/11/2000 por la suma de U$S 77.820 y U$S 55.435, respectivamente, los cuales a la fecha de vencimiento, esto es 14/05/01, totalizan U$S 58.476 y U$S 82.088, cifras que resulta ser objeto de los segundos certificados mencionados. (vide. fs. 74 y fs. 76). En función de lo expuesto, y habiendo demostrado fehacientemente la recurrente que U$S 260.367 –compuesto por los depósitos efectuados por la Sra. Coula Maracas, el Sr. Nicolás Kostallas y la Sra. Ana Kostallas de U$S 64.940, U$S 48654 y U$S 146.773- del total de U$S 430.179 girados al exterior por los mencionados con fecha 18/10/01 y 26/10/01, tienen su origen en certificados de plazo fijo constituidos en diferentes entidades bancarias en el período 2000 y luego depositadas en el año 2001 en la cuenta N° 3724826, de titularidad de los mismos, no puede entenderse, como lo hace el ente fiscal en la Resolución N° 203/07, que se trate de un incremento patrimonial del ejercicio 2001, toda vez que los mismos ya existían con anterioridad, por lo que corresponde revocar la resolución apelada respecto a este punto.
XI. Que a distinta solución debe arribarse respecto a la suma restante de U$S 169.812.-, correspondiente a un depósito efectuado por los Sres. Coula Maracas, Kostallas, Nicolás y la apelante cuyo origen serían, según los dichos de la propia recurrente, dos supuestos certificados de plazo fijo N° 3122019 y 3122020 por la suma de U$S 84.906, cada uno, constituidos con fecha 16/04/01, toda vez que únicamente se acompañó, tanto en sede administrativa como en esta instancia, documentación que acredita el depósito de la mencionada suma en la cuenta N° 3724826 a nombre de los mencionados, más no su existencia anterior, así como tampoco la situación mencionada por la recurrente que los mismos constituirían renovaciones de otros efectuados durante el año 2000, por lo que en este aspecto debe confirmarse el criterio fiscal respecto a dichas sumas.
XII. Que corresponde entonces analizar el último de los agravios de la actora relativo a que, en caso de confirmarse el criterio fiscal respecto al incremento patrimonial no justificado, tanto las cuentas desde donde se originaron los giros como la de destino de los mismos, son de titularidad conjunta con su madre y su hermano, por lo que no podría atribuírsele el 100% de los fondos.
En este sentido, y en lo relativo a la titularidad múltiple de una de las cuentas desde donde se giró el dinero al exterior, si bien dicha situación resulta en un primer momento reconocida por el propio ente recaudador en las resoluciones apeladas (vide. pag. 10 anteúltimo párrafo y 11 segundo párrafo de la resolución correspondiente al impuesto a las ganancias), luego concluye que “….la contribuyente se equivoca al considerar que el haber colocado en el circuito financiero el dinero a nombre de las tres personas, como así las remesas, no implican la titularidad de los fondos, toda vez que en una primera instancia debe considerarse un porcentaje de dominio de los fondos depositados en un 33,33%, y sobre dicha base iniciar una verificación sobre el origen de los mismos, habiéndose probado en la especie con elementos adicionales que la titularidad jurídica de la cuenta no se correspondía con la titularidad de los fondos que allí ingresaron”.
Y para justificar la conclusión a la que arriba el juez administrativo recurre a argumentos que no pueden compartirse, desde que justifica la atribución de los fondos a la recurrente en que es “sumamente engorroso, incrementado por el transcurso del tiempo, determinar el camino recorrido por estas sumas hasta, si así fuere, formar parte de los plazos fijos, que serían volcados en la cuenta bancaria de la cual se realizaron las transferencias al exterior” para finalmente tomar la decisión de atribuir la totalidad de los fondos a la recurrente y no por partes iguales a cada uno de los titulares de las cuentas –premisa primigenia del ente fiscalen la sola circunstancia de que tanto su hermano como su madre, no se encontraban inscriptos ante la AFIP-DGI. (el destacado es propio).
Tal criterio aparece alejado de toda razonabilidad en tanto achaca a la única contribuyente inscripta las consecuencias de la inacción fiscal que se tradujo –a su criterio- en la imposibilidad de establecer la trazabilidad del patrimonio sujeto a imposición y de alcanzar con los impuestos a los verdaderos sujetos pasivos, máxime si se tiene en cuenta la prueba aportada por la actora y que se analizará a continuación. En efecto, a recurrente acompaña –en esta instancia- prueba documental y produce prueba informativa. Como quedó dicho, no existe controversia acerca de que la titularidad de la cuenta N° 37268826 corresponde a los Sres. Nicolás Kostallas, Coula Maracas y a la actora, circunstancia que incluso fuera reconocida expresamente tanto por la AFIP-DGI en las resoluciones apeladas (vid. fs. 9 anteúltimo párrafo), como por el propio Banco Lloyds TSB Bank y reforzada con la documental acompañada por la actora en esta instancia relativa a las constancias de depósito obrantes a fs. 47, fs. 51, fs. 56 y fs. 60.
Ahora bien, con respecto a la supuesta cuenta corriente en dólares N° 66564671, sobre la cual el Fisco Nacional sostiene que no se habrían aportado los extractos bancarios correspondientes (vid. informe de fs. 148/150 del Cuerpo Impuesto a las ganancias N° 1) y que la actora en esta instancia manifiesta desconocer su titularidad, resulta esclarecedora la respuesta brindada por el Banco Patagonia a fs. 213/214, en donde señala que la misma era una cuenta transitoria abierta a fin de realizar la transferencia al exterior (en el caso bajo análisis al Bank of América N.A.), no siendo depósitos a plazo fijo.
En otro orden de ideas y en cuanto a la titularidad de la cuenta de destino, el Fisco Nacional en la resolución apelada señala que los giros tenían como destino final la cuenta N° 6550819487 del Bank of América NT & S.A. de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, siendo beneficiaria de la misma la apelante. Postura que la recurrente cuestiona pues considera que se encuentra probado que los giros fueron acreditados en la cuenta N° 250000743, que abriera conjuntamente con su madre y su hermano en las Bahamas, por lo que no correspondería tampoco la atribución total de los fondos a su parte.
A la luz del relato de los documentos e informes producidos considero que el argumento del ente fiscal no puede prosperar. De la simple lectura de los comprobantes de transferencia al exterior acompañados por la recurrente al momento de contestar la vista (vid. fs. 259/260 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las ganancias), surge que si bien en el mismo se aclara que la entidad bancaria que figura en el concepto “Banco a Transferir”, resulta ser la señalada por el Fisco Nacional, lo cierto es que en los “Datos del Beneficiario- Domicilio en el exterior”, se aclara específicamente que el destino final de cada uno de los giros resulta ser una cuenta en Bahamas, luciendo en la documentación la leyenda “FOR ACCOUNT OF LLOYDS TSB BANK & TRUST BAHAMAS LIMITED”, figurando como nombre del beneficiario la aquí apelante.
En efecto, la situación que los fondos transferidos desde la cuenta N° 37268826, de titularidad de los Sres. Coula Maracas, Nicolás Kostallas y la aquí apelante, pasaran previamente por el Bank of América, es una operatoria propia de la entidad bancaria que efectúa la transferencia internacional, resultando claro de la prueba reseñada anteriormente que, contrariamente a lo sostenido por el ente fiscal, dicha entidad no fue el destino final de los mismos.
Lo expresado anteriormente, se encuentra convalidado por los extractos de la cuenta en cuestión de fecha 08/11/01, es decir de fecha posterior a los giros mencionados, acompañados por la actora en sede administrativa de donde surge la suma de U$S 430.396 depositados en la misma, documentación que no fue controvertida por el Fisco Nacional en las resoluciones apeladas (vid. fs. 242/244 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias).
Aclarado ello, y vinculado con la titularidad de la mentada cuenta en las Bahamas, es dable destacar que de la prueba documental acompañada por la actora que nuevamente resulta importante destacar no fue objetada por el organismo recaudador, se desprende que aquella fue abierta conjuntamente por los Sres. Ana Georgia Kostallas, Nicolás Atanasio Kostallas y Efstathia Coula Maracas, figurando la aquí apelante como primera titular (vide. fs. 245/258 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias).
Dicha circunstancia se encuentra corroborada por la carta de bienvenida enviada a los titulares con fecha 13 de noviembre de 2001, por medio de la cual se le informa estos últimos que ha sido tramitada la apertura de su cuenta, así como también el número de la misma (vid. fs. 242/244 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias).
En ese contexto y a tenor de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N° 203/07 respecto a la suma mencionada en el Considerando XI, debiendo entonces atribuirse a la actora el 33% del mentado importe conforme las conclusiones extraídas precedentemente.
XIII. Que, finalmente, y en relación con la Resolución N° 204/07, relativa al impuesto sobre los bienes personales por el ejercicio fiscal 2001, y en función de las conclusiones vertidas en los Considerandos XII y XIII del presente pronunciamiento, corresponde confirmar parcialmente la mentada resolución apelada, debiendo atribuir a la contribuyente únicamente el 33% de los depósitos en efectivo obrantes en la cuenta de Bahamas de titularidad de la actora, conjuntamente con los Sres. Nicolás Kostallas y Efstathia Coula Maracas, resultando los mismos bienes gravados en el impuesto a los bienes personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 16 y 20 inciso g) de la ley 23.966, los cuales no fueron oportunamente declarados por la contribuyente en la declaración jurada del mentado tributo.
XIV. Que en cuanto a los intereses resarcitorios por la parte de impuesto que se confirma, en ambas resoluciones, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación.
XV. Que resta entonces tratar la sanción aplicada a la actora en el impuesto sobre los bienes personales -período fiscal 2001-, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 y 47 incisos c) y d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en relación a la proporción que se confirma.-
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada. En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En efecto, y contrariamente a lo sostenido por la actora, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa Mazza Generoso y Mazza Alberto” no implicó la imposibilidad de aplicar las presunciones contempladas en el artículo 47 de la ley 11.683, cuando la determinación se efectúa sobre base presunta sobre base presunta, sino que lo que nuestro Máximo Tribunal explicó es que si bien la presunción consagrada en el artículo 25 (actual artículo 18) de la ley 11.683 resultaba suficiente para fundar una determinación impositiva, tales consecuencias no podían extenderse al campo del hecho ilícito tributario, sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del Fisco. (el destacado me pertenece)
En virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia precedentemente expuesta se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, incisos c) y d) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de no haber declarado depósitos en efectivo en el exterior, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias, la que –por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada.
XVI. Que, finalmente, corresponde analizar el planteo subsidiario de la recurrente, respecto a la supuesta violación del artículo 20 de la ley 24.769, en virtud de haberse aplicado la multa en la Resolución N° 203/07 en el impuesto sobre los bienes personales, cuyo fundamento es idéntico al esgrimido respecto el impuesto a las ganancia, tributo respecto del cual se formuló denuncia penal, razón por la cual el ente fiscal no se encontraba habilitada a aplicar la sanción.
Sobre el particular, es dable destacar que más allá de lo sostenido por la recurrente respecto al fundamento común de las resoluciones apeladas, su argumento no puede prosperar, en atención a la claridad de la norma en el sentido de impedir a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, respecto a los tributos y períodos allí involucrados, independientemente de los efectos que la misma podría tener cuando se realizan ajuste comunes a varios tributos y en alguno de ellos no se supera la condición objetiva de punibilidad contemplada en los artículos 1° y 2°, situación que resulta específicamente contemplada en el último párrafo del artículo 20 antes mencionado.
En mérito a lo expuesto, voto por: 1°) Rechazar la defensa de nulidad interpuesta por la recurrente 2°) Confirmar parcialmente la Resolución N° 203/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos VI a XI; 3°) Confirmar parcialmente la Resolución N° 204/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos XII a XIV; 4°) Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos; 5°) Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entradas de este Tribunal.-
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán,.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la defensa de nulidad interpuesta por la recurrente.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 203/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos VI a XI.
3. Confirmar parcialmente la Resolución N° 204/07, con las salvedades indicadas en los Considerandos XII a XIV.
4. Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos.
5. Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entradas de este Tribunal.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.04.05 16:50:59 -03:00 Date: 2022.04.05 17:55:36 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.05 17:55:37 -03:00
Fin de la sentencia