Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 69844424-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas de ambas instancias. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VIII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
16152/2023 KOWZEF SA (TF 69844424-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 2 de noviembre de 2023.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Kowzef S.A. interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra las resoluciones nº 153/2019, 154 /2019 y 159/2019 (DV NRR1) de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), mediante las cuales determinó de oficio su obligación tributaria en el impuesto a las salidas no documentadas (períodos fiscales 01/2013 a 12/2013), en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2013), y en el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 01/2013 a 12/2013), liquidó intereses resarcitorios y difirió el juzgamiento de la conducta de aquella de confomidad con el artículo 20 de la ley 24.769.
II. La Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: "Confirmar las Resoluciones Nros. 153/2019, 154/2019 y 155/2019 en todas sus partes, con costas" y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Preliminarmente rechazó el planteo de nulidad del trámite de las actuaciones administrativas pues consideró que "la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la [...] afectación en algún derecho de quien la pide".
Y agregó que "el error en el año -2019 en lugar de 2020- en el Anexo no ha ocasionado perjuicio alguno, ni ha impedido a la recurrente el ejercicio de ningún derecho".
Sobre el plano sustancial de la controversia, expuso diversos
i. Los ajustes discutidos tuvieron su origen en la impugnación que los funcionarios actuantes realizaron sobre las operaciones del recurrente con los proveedores Full Planch SRL y Costuritas SRL pues concluyeron en que éstos carecían de capacidad económica y operativa.
En efecto, la compulsa de las actuaciones administrativas exhibió: a) Que en relación al proveedor Full Planch SRL:
La recurrente invocó que éste prestó servicios de terminación de prendas, aunque los comprobantes fiscales revelaron que "los conceptos facturados fueron mercaderías, más precisamente diferentes prendas de vestir. Allí se identifican, por ejemplo, buzos, calzas, remeras, camisas, el precio unitario y las cantidades".
El presidente de la firma manifestó que no conocía la sociedad y que aceptó "integrar su directorio –y el de otras sociedades- por la propuesta que le hizo un contador y a cambio de dinero".
La persona que reconoció tener el control operativo comercial y administrativo de la firma, el señor Roberto Rossi, manifestó que "los cheques entregados por Kowsef S.A. en cancelación de las operaciones fueron usados en compras en distintos establecimientos como INC S.A., Mele y Cia, y que otros fueron descontados en efectivo en financieras". b) En relación al proveedor Costuritas S.A.:
La recurrente no probó "cómo era el proceso de la compra y del traslado, salvo por una descripción genérica que hace un empleado de la empresa que no tiene respaldo en la documentación agregada a las actuaciones administrativas, ni tampoco a la de este Tribunal".
ii. El peritaje contable "da cuenta que en el mismo período al involucrado en la determinación de oficio recurrida otros proveedores prestaron el servicio de terminaciones de las prendas [...] por conceptos que efectivamente se vinculan a dicho servicio, tales como 'lavado', 'teñido', 'lavada c/p + terminación +pasada de cordón+ broche x 8'".
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16152/2023 KOWZEF SA (TF 69844424-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO iii. El señor Roberto Rossi reconoció que los cheques entregados por Kowsef S.A. también fueron utilizados para pagar "las remuneraciones de la gente del taller (sic), es decir, para el pago en efectivo de sueldos". Y agregó que "Set Goods. S.A., fue la continuadora de Full Planch S.R.L., y que si bien tenía otros responsables formales (sic), él fue quien la dirigió administrativa y comercialmente. Cabe recordar aquí que el Presidente de dicha firma cuando fue circularizado por la inspección manifestó que no conocía a la empresa".
iv. La pretensión fiscal era fundada pues no se pudo corroborar la capacidad económica, financiera y operativa de los proveedores "para prestar los servicios y hacer las ventas de mercaderías de las cantidades que aparecen facturadas" en tanto éstos operaban "prácticamente sin empleados en [la] nómina [...] no tenían cuentas bancarias y en un caso su socio gerente admitió que cobró dinero por integrar el órgano de dirección".
v. El ajuste en el impuesto a las ganancias debía ser confirmado pues la firma recurrente no demostró "la efectiva realización de las operaciones identificadas en los comprobantes fiscales recibidos de los proveedores y su necesariedad, en los términos [...] de los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen".
vi. Correspondía pronunciarse en igual sentido en relación con los ajustes en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las salidas no documentadas, pues:
a) La impugnación que efectuó la AFIP de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas se fundó en las irregularidades de esos proveedores y la parte actora fracasó en la demostración de la sustantividad de esas operaciones.
b) Respecto del segundo de esos tributos: la prueba producida impedía tener por ciertas las erogaciones como aseverar que los reales beneficiarios de los pagos fueron esos proveedores. "[M]áxime cuando el relevamiento del destino de los cheques entregados por Kowsef S.A., tanto propios como de terceros [...] muestra que la mayoría de ellos fueron depositados por terceros, lo que impide conocer al perceptor de los fondos".
vii. La falta de agravios concretos respecto de los intereses resarcitorios traía aparejada la confirmación de su liquidación pues se trataba de la indemnización debida a la AFIP-DGI como resarcimiento por la mora en el pago.
III. La firma actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI.
Preliminarmente, solicita que en esta instancia se produzca prueba "testimonial pericial e informativa que [...] fue improcedente y arbitrariamente denegada" en la etapa administrativa pues sostiene que aquélla le permitiría acreditar la efectiva realización de las operaciones. Reitera el planteo de nulidad de las presentes actuaciones pues sostiene que existe "un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley" y lo relaciona con el supuesto impedimento a "producir la conducente prueba ofrecida en sede administrativa".
En el plano sustancial de la controversia asevera:
i. La sentencia del Tribunal Fiscal es arbitraria pues avala el "contexto fáctico considerado ficticiamente por el fisco en lugar de partir de las constancias de marras y/o la prueba producida".
ii. El proveedor Full Panch SRL prestó el servicio de terminación de prendas, sin embargo el organismo recaudador lo incluyó en la base eApoc debido a que "existió resistencia a la fiscalización, no obstante que esta empresa posee personal en Relación de Dependencia, tuvo consumos relevantes de GAS, emitió legalmente y por el procedimiento previsto por el fisco las facturas entregadas a mi parte, sigue realizando la actividad por su continuadora Set Goods s.a.".
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16152/2023 KOWZEF SA (TF 69844424-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO iii. El proveedor Costuritas SRL proveyó un servicio que "consistió en la compra de telas"; sin embargo la AFIP lo incluyó en la base eApoc pues al hacerse presente la inspectora en el domicilio de aquél nadie respondió a sus llamados.
iv. El peritaje contable acreditó los servicios que habían prestado esos proveedores sin los cuales "mi parte no hubiera podido vender sus productos".
v. Las informalidades de ciertos proveedores no pueden provocar un perjuicio a la recurrente.
vi. La resolución apelada cuestionó que "los conceptos facturados por Full Planch son de productos y no de servicios" sin embargo sostiene que cada "proveedor en este rubro hace una determinada tarea en la confección de las prendas".
viii."Causa agravio que se consideren apócrifas las facturas emitidas por [Costuritas S.R.L.] toda vez que tal como surge de la pericial contable se adquirieron telas de Jersey liso con lycra y se aportaron órdenes de producción y de compra, donde se detalla el proceso productivo utilizado adjuntando la documental a la pericia".
ix. "Causa también agravio irreparable a la actora, la forma en que fueran impuestas las costas como así los honorarios impuestos que resultan altos. En efecto [...] al pretender mi mandante una reversión integral de lo resuelto por el Tribunal fiscal, obviamente requiere de V.E. que la totalidad de las costas, como corresponde, sean impuestas a la contraria".
IV. El planteo de nulidad que la parte actora reitera en esta instancia y que anuda a la circunstancia de que en "sede administrativa" le fue denegada la posibilidad de producir ciertas pruebas, no puede ser admitido En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado, reiteradamente, que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no proceden en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que la declaración de una nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1649; 334 :1081; 339:480; entre otros).
Y ha explicado, asimismo, que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un prejuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos: 334:1081; 339:480). En ese mismo sentido se ha pronunciado esta sala (causas “ Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero’ LTDA c/ INAES –resol. 806/08”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012, “Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM Ley 25.871”, pronunciamiento del 13 de noviembre de 2014, “Incidente Nº 6 - s/ inc. apelación ‘Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento’”, pronunciamiento del 10 de julio de 2018, y “Catardo Emmanuel c/ ENCSJN-Resol Adm 50/11 2/13 (expte 57 /10) s/empleo público” pronunciamiento del 12 de septiembre de 2019). Ciertamente, las pruebas que se rechazaron en esa sede se dirigían a acreditar hechos y circunstancias que no se encuentran relacionados con estos ajustes y por tanto, son inconducentes para la resolución de esta causa.
V. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA ”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 16152/2023 KOWZEF SA (TF 69844424-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
VI. Desde esa perspectiva el recurso de la parte actora no puede prosperar, pues la totalidad de sus agravios se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal. Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores el aspecto que el Fisco Nacional ponderó para efectuar el ajuste fiscal. Por el contrario, sobre la base de las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que aquéllos carecían de la estructura necesaria para realizar las operaciones impugnadas.
En efecto, de la lectura de las resoluciones recurridas surge que: a) El proveedor Full Planch SRL: (i) no pudo ser localizado en su domicilio fiscal y en la puerta de ingreso había un cartel con el nombre "Set Goods S.A."; (ii) uno de los socios de la firma manifestó que desconocía a la firma y que "en los años 2003 a 2005 por intermedio de un contador [...] aceptó integrar distintas sociedades recibiendo una contraprestación dineraria por ello"; (iii) no posee cuentas bancarias ni bienes registrables; (iv) "declara empleados en relación de dependencia desde Octubre 2010 a junio 2011, habiéndose verificado operaciones de venta por los años transcurridos entre 2009 y 2013" y (v) "modificó su composición societaria mediante presentación de documentación ante la Inspección General de Justicia en el mes de junio de 2013 habiéndose notificado el inicio de la fiscalización en el mes de abril de 2013". b) El proveedor Costuritas SRL: (i) no posee bienes registrables; (ii) posee una cuenta bancaria "registrando acreditaciones por los años 2012 a 2013"; (iii) "durante el período 06/2013 a 03/2014 declara un monto muy significativo en el saldo técnico a favor del responsable y de 04/2014 a 04 /2015 presenta declaraciones juradas en las cuales la relación débito/crédito es muy estrecha"; (iv) no pudo ser localizado en su domicilio fiscal ni en los alternativos (v) no contestó las solicitudes de documentación que el organismo recaudador dejó en esos domicilios.
La reseña efectuada permite apreciar, en un sentido contrario al que sostiene en su memorial de agravios, que el Tribunal Fiscal realizó un acabado examen de los elementos probatorios acompañados a la causa. Por tanto, sus críticas, en última instancia, sólo exhiben su discrepancia respecto del criterio de selección y de valoración sobre los medios probatorios.
Debe recordarse que no basta la mera formalidad de la tenencia de comprobantes sino que éstos deben reflejar la realidad económica de los actos que respaldan, dado que sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllos (artículo 33 de la ley 11.683; esta sala, causas " Ingenieros & CIA SA" y "Nidera SA- TF 33469-I", pronunciamientos del 23 de diciembre de 2019 y del 11 de febrero de 2022).
En consecuencia, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal sobre la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado ningún error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal reseñado, por lo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
VII. En lo que atañe a la forma en que el Tribunal Fiscal impuso las costas, debe recordarse que si bien en el artículo 184 de la ley 11.683 se establece como principio general el criterio objetivo de la derrota, faculta a la sala respectiva a “eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad”.
Bajo esa pauta, las circunstancias señaladas por la parte actora en sus agravios a la luz del examen de las constancias de la causa no traducen razones suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota y modificar la decisión del Tribunal Fiscal con relación a las costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
16152/2023 KOWZEF SA (TF 69844424-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por ello, las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte actora vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VIII. Resta expedirse acerca del recurso de apelación interpuesto por la firma recurrente al considerar "por altos" los honorarios fijados en la resolución dictada por el Tribunal Fiscal el 23 de noviembre de 2022. En función de la naturaleza del proceso, de su monto —para el que debe tomarse las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal, de las etapas procesales cumplidas, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido—, SE FIJA en 57,08 UMA y 22,83 UMA —equivalentes a las sumas de $ 1.448.290,84 y de $ 579.265,59 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 2722/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del Dr. Demian Konfino y del Dr. Victor Ariel Roccattagliata, respectivamente, por la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423). Si se tiene en cuenta la calidad y la extensión del informe pericial corresponde FIJAR los honorarios del contador público Leonardo Diego Pierini en la suma de 19,02 UMA equivalentes a la suma de $284.025,66 ––de conformidad con los valores establecidos en la resolución citada–– (art. 3 del decreto ley 16.638/57).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE FIJA en 17,12 UMA y en 6,8 UMA —equivalentes a las sumas de $ 352.586,4 y de $ 140.046 de conformidad con los valores establecidos en la resolución citada— los honorarios a favor del Dr. Demian Konfino y del Dr. Victor Ariel Roccattagliata, respectivamente, por la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada en esta instancia (artículos 30 y demás concordantes de la ley 27.423). En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas de ambas instancias. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VIII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase
Fin de la sentencia